Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 31.034-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la Resolución n° 253/12 (AD SALO), dictada en la actuación administrativa SIGEA Nº 12509-51- 2009 con fecha 23 de marzo de 2012, y por ende, los Cargos aduaneros números 3656 a 3373, todos del año 2008;
2Revocar la Resolución n° 288/12 (AD SALO), dictada en la actuación administrativa SIGEA Nº 12509-59- 2009 con fecha 28 de marzo de 2012, y por ende, los Cargos aduaneros números 3228 a 3248, todos del año 2008;
3Revocar la Resolución n° 337/12 (AD SALO), dictada en la actuación administrativa SIGEA Nº 12509-55- 2009 con fecha 30 de marzo de 2012, y por ende, los Cargos aduaneros números 3137 a 3177, todos del año 2008;
4Revocar la Resolución n° 767/12 (AD SALO), dictada en la actuación administrativa SIGEA Nº 12509-797- 2010 con fecha 30 de agosto de 2012, y por ende, los Cargos aduaneros números 277 a 291, todos del año 2010;
5Revocar la Resolución n° 449/13 (AD SALO), dictada en la actuación administrativa SIGEA Nº 12509-1727- 2010 con fecha 19 de abril de 2013, y por ende, los Cargos aduaneros números 3436 a 3441, todos del año 2012;
6Distribuir las costas del pleito por su orden, en atención a la complejidad y a las particularidades del caso, como así también considerando las decisiones adoptadas en sede judicial sobre la temática objeto de autos y el modo en que esta Sala ha decidido precedentes que guardaban sustancial analogía con la cuestión de fondo debatida en el presente proceso recursivo; todo ello con excepción de la Tasa de …
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2022-81418997-APN-VOCXVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 5 de Agosto de 2022 En Buenos Aires, reunidos los Jueces integrantes de la Sala “F”, Dres. Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo, para resolver en los autos caratulados “MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A. c/ Dirección General de Aduanas s/ recurso de apelación”, Expediente Nº 31.034-A y sus acumulados Nros. 31.102-A, 31.124-A, 32.199-A y 33.317-A, de igual carátula, El Dr. Pablo Garbarino dijo:
I. Que a fs. 19/50 se presenta la actora, por apoderado, e interpone recurso de apelación contra la Resolución nº 253/2012 (AD SALO), dictada por el Administrador Int. de la División Aduana de San Lorenzo, en la actuación SIGEA Nº 12509-051-2009 con fecha 23 de marzo de 2012, mediante la cual se rechaza la impugnación incoada por la firma “MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A.” contra los Cargos nros. 3356 a 3373 todos del año 2008, respectivamente.
Analiza los antecedentes normativos. Destaca que todas las DJVE se encontraban amparadas por el régimen tributario vigente a la fecha de cierre de las operaciones según lo dispuesto por el artículo 6 de la ley 21.453. En primer término, sostiene que la ley 26.351 resulta modificatoria de la ley 21.453 al establecer nuevas exigencias a los efectos de la determinación de los derechos de exportación aplicables; por lo que entiende que la ley 26.351 no es “aclaratoria” tal como expresamente lo señala en el art. 5, sino que resulta ser una nueva ley modificatoria a la que se le pretende dar el carácter de aclaratoria al mero efecto de aplicarla en forma retroactiva y así afectar derechos adquiridos de MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A.
Agrega que el registro de las DJVE congeló el régimen tributario y el valor FOB oficial aplicables a la fecha de cierre de venta. Destaca lo dispuesto en art. 3º del C. Civil.
En definitiva, sostiene que la aplicación de la ley 26.351 distorsiona en perjuicio de la aquí recurrente el régimen de la ley 21.453, a cuyo amparo registró las DJVE objeto de autos, al imponerle en forma retroactiva un régimen jurídico distinto al vigente al momento de su registro, cuya existencia y aplicación no pudo prever al momento en que adquirió la mercadería que exportó. Por otro lado, aduce que el Decreto 764 resulta violatorio del artículo 17 de la Constitución Nacional y que desconoce el orden de prelación normativo previsto en el artículo 31 del referido cuerpo legal.
Asimismo, plantea la ilegitimidad de la Resolución 1898 en cuanto incluye a MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A. entre las empresas que no han acreditado la tenencia o adquisición de la mercadería a la fecha del registro de las DJVE.
Subsidiariamente, afirma que las DJVE relacionadas con los Cargos Aduaneros aquí impugnados, se encuentran plenamente justificadas por la tenencia y/o adquisición de la mercadería antes de que entren en vigencia los incrementos dispuestos por la Resoluciones 368, 369 y 125. Aduce que la ONCCA únicamente tuvo en cuenta la información proveniente del Formulario MC15 -stock de subproductos-, omitiendo considerar los stocks de granos que MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A. tenía al 9/11/07 y al 11/03/08; y computar las compras de granos pendientes de recibir (con precio fijado, fijo y/o ambos), incluyendo las compras realizadas a través del MAT. Destaca que MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A. no realiza actividades de exportación de granos, por lo que utiliza todos sus stocks, compras y producción de granos para su procesamiento y transformación en subproductos, motivo por el cual no puede desconocerse las tenencias y adquisiciones de granos a los efectos de respaldar las DJVE de subproductos. Entiende que al tomar únicamente como tenencia o adquisición los stocks de subproductos informados por su parte, la pretensión de la AFIP-DGA sustentada en el cálculo efectuado por la ONCCA en su Resolución 1898 resulta ilegal, arbitraria y discriminatoria.
A su vez, plantea la inconstitucionalidad de los derechos de exportación cuya percepción se persigue en función de que han sido establecidos por un funcionario incompetente. Alega que el artículo 755 del Código Aduanero delega exclusivamente en el PEN las facultades de establecer derechos de exportación, sin facultar a éste a que, a su vez, subdelegue las atribuciones conferidas. Subsidiariamente, plantea la improcedencia de los intereses resarcitorios establecidos por el artículo 794 de la ley 22.415, por entender que la mora no le resulta imputable. Asimismo, sostiene que es irrazonable la tasa de interés del 3% mensual para las deudas en dólares por ser mayor al límite legal establecido en el artículo 794 in fine del propio Código Aduanero.
Ofrece prueba. Efectúa reserva de caso federal y finalmente, solicita se revoque la Resolución aquí apelada, con costas.
II. A fs. 69/77 la representación fiscal contesta el traslado que le fuera oportunamente conferido. Realiza una breve reseña de los antecedentes administrativos y formula una negativa genérica de los hechos y el derecho invocados por la contraria que no sean de su expreso reconocimiento.
En primer lugar, analiza el marco social y normativo en el cual fueron dictadas las normas involucradas en autos. Cita jurisprudencia y doctrina. Aduce que el servicio aduanero puede, incluso a pesar del pago del interesado, formular cargos suplementarios. Agrega que se dan en autos todos los requisitos necesarios para aplicar la doctrina del “efecto noticia”, la que se produce cuando el ciudadano se entera por anuncios en los medios de comunicación, rumores o infidencias que se va a crear un nuevo impuesto o se va a modificar uno existente en forma más gravosa para él. Destaca lo dispuesto en el art. 755 del C.A. y que la ley 23.668 determina que el Jefe de Gabinete de Ministros y once ministros tendrán a su cargo los negocios de la Nación. Aduce que la Resolución 11/02 no resulta ser una mera interpretación ministerial, sino que constituye un acto dictado por conferir atribuciones dadas por la ley, imprimiéndole el carácter de legislación delegada. Motivo por el cual concluye que resultan exigibles los derechos de exportación aquí reclamados.
En cuanto al agravio vinculado a la ilegalidad de las resoluciones que establecen las tasas de interés, señala que atento a lo establecido por el artículo 1164 del Código Aduanero, no corresponde dicho planteo en esta instancia. Acompaña las actuaciones administrativas. Efectúa reserva de caso federal. Finalmente, solicita se rechace la pretensión de la firma actora y se confirme la Resolución apelada, con costas.
III. Que a fs. 1158 ref. y 1359 ref., por tratarse de recursos –de igual carátula- con identidad de partes y premisas de hecho comunes, y por razones de conexidad, economía y celeridad procesal, se resolvió acumular los Expedientes Nros. 31.102-A, 31.124-A, 32.199-A y 33.317-A, al que lleva el Nro. 31.034-A, en los términos del artículo 8 del Reglamento del Tribunal Fiscal de la Nación.
En tales condiciones, cabe precisar que en el Expte. Nro. 31.102-A se interpone recurso de apelación contra la Resolución nº 288/2012 (AD SALO), dictada por el Administrador Int. de la División Aduana de San Lorenzo, en la actuación SIGEA Nº 12509-59-2009, con fecha 28 de marzo de 2012, mediante la cual se rechaza la impugnación incoada por la firma “MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A.” contra los Cargos nros. 3228 a 3248, todos del año 2008 (confr. fs. 401 ref./433 ref.); que en el Expte. Nro. 31.124-A se interpone recurso de apelación contra la Resolución nº 337/2012 (AD SALO), dictada por el Administrador Int. de la División Aduana de San Lorenzo, en la actuación SIGEA Nº 12509-55-2009, con fecha 30 de marzo de 2012, mediante la cual se rechaza la impugnación incoada por la firma “MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A.” contra los Cargos nros. 3137 a 3177, todos del año 2008 (confr. fs. 688 ref./719 ref.); que en el Expte. Nro. 32.199-A se interpone recurso de apelación contra la Resolución nº 767/2012 (AD SALO), dictada por el Administrador Int. de la División Aduana de San Lorenzo, en la actuación SIGEA Nº 12509-797-2010, con fecha 30 de agosto de 2012, mediante la cual se rechaza la impugnación incoada por la firma “MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A.” contra los Cargos nros. 277 a 291, todos del año 2010 (confr. fs. 1100 ref./1132 vta. ref.); y que en el Expte. Nro. 33.317-A se interpone recurso de apelación contra la Resolución nº 449/2013 (AD SALO), dictada por el Administrador Int. de la División Aduana de San Lorenzo, en la actuación SIGEA Nº 12509-1727-2012, con fecha 19 de abril de 2013, mediante la cual se rechaza la impugnación incoada por la firma “MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A.” contra los Cargos nros. 3436 a 3441, todos del año 2012 (confr. fs. 1301 ref./1332 vta. ref.); siendo que tanto los agravios expuestos por la firma actora en sus escritos recursivos, como así también las respectivas contestaciones de traslados que formulara la DGA, resultan de contenido sustancialmente análogo, en todas las presentaciones de ambas partes, por lo que se tienen por reproducidos.
IV. Que corresponde analizar en autos si las Resoluciones nros. 253/2012 (AD SALO), 288/2012 (AD SALO), 337/2012 (AD SALO), 767/2012 (AD SALO) y 449/2013 (AD SALO), por la que se dispuso rechazar la impugnación incoada por la aquí actora contra los Cargos aduaneros números 3356 a 3373, 3228 a 3248, 3137 a 3177, todos del año 2008, 277 a 291, del año 2010, y 3436 a 3441, del año 2012, respectivamente, con más los intereses devengados hasta la fecha de la efectiva cancelación de los mismos, resultan ajustadas a derecho.
V. Que cabe destacar, como consideración preliminar, que el fundamento de todos los Cargos aduaneros impugnados en autos radica en la Resolución ONCCA 1898/2008 que dispuso en su artículo 1º: “Hágase saber a la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (AFIP), que del total de las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior analizadas, no han acreditado la tenencia o adquisiciòn de la mercadería registrada, en los términos de la Ley Nª 26.351 y su Decreto reglamentario Nº 764 de fecha 12 de mayo de 2008, las que se detallan en el Anexo I que forma parte integrante de la presente resolución, debiendo tributar las alícuotas correspondientes a la fecha de oficialización de la destinación de exportación”, entre las que se encontraban las DJVE involucradas en la causa.
VI. Que, en tal sentido, resulta procedente señalar que la ley 21.453 (BO 11/11/76) en su artículo 6 estableció que a los fines de la liquidación de los derechos de exportación, reembolsos, reintegros, contribuciones, tasas, servicios y demás tributos que gravaren o beneficiaren la exportación de la mercadería a que dicha ley se refiere (productos agrícolas), eran aplicables los regímenes tributarios, de alícuotas, arancelario y de base imponible vigentes a la fecha de cierre de cada venta.
Que, luego del dictado de dicha ley y bajo el título “Aclaración de la Ley nro. 21.453. Alícuotas correspondientes a los derechos de exportación de productos agropecuarios”, se dictó la ley 26.351 (B.O. 16/1/08), en la que en el artículo 1 se dispuso que, cuando se produjera un incremento en más de las alícuotas correspondientes a los derechos de exportación de productos agropecuarios alcanzados por las disposiciones de la ley 21.453 en el periodo comprendido entre el registro de la DJVE y el de la oficialización del permiso de embarque con el que se documente la exportación de la mercadería amparada por las referidas Declaraciones Juradas, los exportadores deberían acreditar de modo fehaciente la tenencia o, en su caso, la adquisición de tales productos con anterioridad al aludido incremento. Asimismo, agregó que, quienes no cumplieran con los requisitos establecidos por la autoridad de aplicación (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos) para el cumplimiento del artículo 1, deberían tributar la mayor alícuota en concepto de derechos de exportación entre las vigentes a la fecha de registro de las DJVE y las vigentes a la fecha oficialización de las respectivas destinaciones de exportación, disponiendo asimismo en el artículo 4, la aplicación retroactiva a aquellas DJVE que hubiesen sido registradas con anterioridad a su entrada en vigencia.
Que, con fecha 12/5/08, se dicta el Decreto 764/08 (BO 13/5/08) en el que se estableció que las disposiciones de la ley 26.351 serían aplicables a las operaciones de ventas al exterior debidamente registradas en los términos de la ley 21.453, cuando la oficialización de las respectivas destinaciones de exportación fuera posterior al 9 de noviembre de 2007, disponiéndose asimismo en el artículo 3 que la ONCCA (creada por Decreto 1067/2005) sería la encargada de llevar el registro de las DJVE a las que se refiere la ley 21.453 y de dictar la normativa correspondiente para establecer los requisitos necesarios para acreditar los extremos a que alude el artículo 1 de la ley 26.351 e informar a la AFIP las DJVE comprendidas en el artículo 2 de la misma.
Que en los términos del Decreto 764/2008, la ONCCA dictó la Resolución 543/2008 (B.O. 30/5/08), por la que se dispuso el procedimiento para acreditar la tenencia o adquisición de la mercadería en los términos del artículo 1 de la ley 26.351.
Que la ONCCA, con fecha 21/07/08, dicta la Resolución 1898 mediante la cual le informó a la AFIP cuáles eran las DJVE que debían tributar una alícuota mayor en concepto de derechos de exportación en virtud de no haber acreditado la tenencia o adquisición de la mercadería registrada en los términos de la ley 26.351 (Anexo I) y aquellas DJVE que sí la acreditaban (Anexo II).
VII. Que, conforme surge de fs. 1480 de autos, la empresa actora informó al Tribunal que con fecha 10/07/2015 interpuso recurso jerárquico contra la Resolución nº 372/201, emitida por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación el día 11 de junio de 2015, a través de la cual se rechazó el recurso de reconsideración interpuesto oportunamente contra la Resolución ONCCA 1898/2008.
Que a fs. 1795/1794 la actora manifiesta que con fecha 3/10/19 el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca dictó la Resolución RESOL-2019-79-APN-MADYP –cuya copia certificada obra agregada a fs. 1724/1732-, haciendo lugar parcialmente al recurso de reconsideración interpuesto por “MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A.”, contra la Resolución ONCCA 1898/2008.
Que la referida Resolución-2019-79-APN-MAGYP, dictada con la previa intervención de la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, en lo que aquí interesa, dispuso que: “ARTICULO 1ª.- Aceptase parcialmente el recurso de reconsideración interpuesto por MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A. contra la resolución N° 1898 de fecha 21 de julio de 2008 de la ex-OFICINA NACIONAL DE CONTROL COMERCIAL AGROPECUARIO ONCCA), organismo descentralizado en la órbita de la ex- SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION y, en consecuencia, confirmase la misma sólo respecto de aquellas mercaderías cuya tenencia y/o adquisición -en los términos de la ley 26.351 y s Decreto Reglamentario nº 764 de fecha 12 de mayo de 2008- no logró ser acreditada por la recurrente, de conformidad con el informe técnico de la SUBSECRETARIA DE MERCADOS AGROPECUARIOS Nº IF-2019-86382460-APN-SSMA·MPYT y sus Anexos, y el detalle de los IF-2019-90276682-APN-SSMA·MPYT (Anexo I) e IF-2019-90276374-APNSSMA#MPYT (Anexo II), los que forman todos ellos parte integrante de la presente medida.”
Que como se señaló precedentemente, para así resolver el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca tuvo en consideración los informes técnicos –que se encuentran incorporados a fs. 1733/1764 de autos- emitidos por el Subsecretario de la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios del Ministerio de Producción y Trabajo efectuados con relación a la totalidad de las DJVE involucradas en la Resolución (ex ONCCA) 1898/2008 en los que se examinó la documentación oportunamente acompañada por la aquí recurrente.
Bajo tales premisas, del análisis del IF-2019-90276374-APNSSMA#MPYT (Anexo II) de la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios, consignados en la Resolución RESOL-2019-79-APN.MAGYP resulta que todas las DJVE por las que se formularon los Cargos aduaneros objeto de autos acreditaron la tenencia y/o adquisición de la mercadería, con excepción de aquellas referenciadas por la firma actora en el Anexo G glosado a fs. 1777/1794, y que a continuación se detallan, y que han sido abonadas con anterioridad a la promoción del presente pleito, de acuerdo a lo que se desprende de las referidas constancias glosadas en la litis: a. la DJVE 66607 (asociada a los P.E. números 08057EC01004810M y 08057EC01004559W, por la que se formularon los Cargos Nros. 3233/2008 y 3231/2008, respectivamente;
b. la DJVE 66520 (asociada a los P.E. números 08057EC01006535S y 08057EC01006111X, por la que se formularon los Cargos Nros. 3245/2008 y 3236/2008, respectivamente;
c. la DJVE 66608 (asociada a los P.E. números 08057EC01006114L y 08057EC01006554T, por la que se formularon los Cargos Nros. 3237/2008 y 3248/2008, respectivamente;
d. la DJVE 66603 (asociada al P.E. nùmero 08057EC01006552R, por la que se formuló el Cargos Nro. 3246/2008.
Por lo tanto, teniendo en cuenta que la Resolución MAGyP N° 79/2019 hace lugar respecto de las referidas DJVE el recurso de reconsideración originariamente interpuesto por la recurrente contra la Res. ONCCA 1898/08, los cargos emitidos por la DGA -con fundamento en lo dispuesto por dicha Resolución ONCCA- devienen inaplicables. Ello así, en tanto fue en virtud de ésta última -como surge palmariamente de las actuaciones- que los mismos fueron formulados. De este modo, se torna abstracta la cuestión debatida en autos.
VIII. Que, en virtud de lo resuelto en la Resolución RESOL-2019-79-APN-MAGYP, como así también teniendo en consideración los pagos efectuados en relación a la DJVE 66607 (asociada a los P.E. números 08057EC01004810M y 08057EC01004559W, por la que se formularon los Cargos Nros. 3233/2008 y 3231/2008, respectivamente; a la DJVE 66520 (asociada a los P.E. números 08057EC01006535S y 08057EC01006111X, por la que se formularon los Cargos Nros. 3245/2008 y 3236/2008, respectivamente; a la DJVE 66608 (asociada a los P.E. números 08057EC01006114L y 08057EC01006554T, por la que se formularon los Cargos Nros. 3237/2008 y 3248/2008, respectivamente; y a la DJVE 66603 (asociada al P.E. número 08057EC01006552R, por la que se formuló el Cargos Nro. 3246/2008, en la especie corresponde concluir que todos los Cargos aduaneros cuestionados en autos carecen de sustento y fundamentación fáctica, resultando improcedente analizar los agravios esgrimidos por la actora con relación a ellos.
Siendo ello así, corresponde revocar las Resoluciones aduaneras aquí apeladas y por ende, los cargos confirmados por la Aduana, atento a que respecto de las DJVE involucradas en la presente causa pudo ser efectivamente demostrada la tenencia y/o adquisición de la mercadería, resultando inaplicable a su respecto lo dispuesto mediante la Res. ONCCA 1898/08, o bien fueron canceladas con anterioridad a la promoción del presente pleito, de acuerdo a lo supra señalado. Todo ello sin perjuicio de los reparos de índole constitucional que el suscripto tiene en relación al tratamiento y discusión que tuvo la ley 26.351 (B.O. 16/1/2008) en el Senado de la Nación, donde se modificara el proyecto votado por la Cámara de Diputados en base a afirmaciones que no guardaban debido correlato con la realidad de aquel momento histórico (confr. voto del suscripto in re “MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A.” –Expte. Nro. 31.116-A-, que tramitara por ante la Vocalía de la 18° Nominación, entre muchos otros). En efecto, es deber de este Tribunal Fiscal, atento ser el único tribunal del país especializado en la materia aduanera, velar muy especialmente por la custodia del orden jurídico en todos sus aspectos. Ello así, en el ejercicio de su sublime misión de impartir justicia tiene la obligación de adoptar decisiones justas basadas en el cabal respeto al debido proceso adjetivo establecido en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, garantizando en todo momento una tutela jurisdiccional-judicial imparcial, plena, amplia y efectiva, dentro del marco legal de su competencia legal, constitucional y convencionalmente atribuida (confr. voto del suscripto en disidencia in re “ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. c/D.G.A.” -Expte. Nro. 15.598-A-, del 5 de diciembre de 2013; entre muchos otros).
IX. Que en cuanto a las costas del pleito, corresponde distribuirlas por su orden en atención a la complejidad y a las particularidades del caso, como así también considerando las decisiones adoptadas en sede judicial sobre la temática objeto de autos y el modo en que esta Sala ha decidido precedentes que guardaban sustancial analogía con la cuestión de fondo debatida en el presente proceso recursivo; todo ello con excepción de la Tasa de Actuación, la que queda íntegramente a cargo de la empresa actora, y se tiene por cancelada, de conformidad con las constancias obrantes a fs. 58/60, 444 ref./446 ref., 723 ref./727 ref. y 1140 ref./1142 ref. Que cabe señalar que en igual se ha expedido esta Sala “F”, entre otras, en la causa nº 33.662-A, caratulada “Nidera S.A.”, donde se ventilaban cuestiones de contenido similar a las analizadas en autos, que tramitara por ante la Vocalía de la 18° Nominación, mediante sentencia del 2 de octubre de 2019, entre muchas otras.
Por ello, VOTO por:
1. Revocar la Resolución n° 253/12 (AD SALO), dictada en la actuación administrativa SIGEA Nº 12509-51- 2009 con fecha 23 de marzo de 2012, y por ende, los Cargos aduaneros números 3656 a 3373, todos del año 2008;
2. Revocar la Resolución n° 288/12 (AD SALO), dictada en la actuación administrativa SIGEA Nº 12509-59- 2009 con fecha 28 de marzo de 2012, y por ende, los Cargos aduaneros números 3228 a 3248, todos del año 2008;
3. Revocar la Resolución n° 337/12 (AD SALO), dictada en la actuación administrativa SIGEA Nº 12509-55- 2009 con fecha 30 de marzo de 2012, y por ende, los Cargos aduaneros números 3137 a 3177, todos del año 2008;
4. Revocar la Resolución n° 767/12 (AD SALO), dictada en la actuación administrativa SIGEA Nº 12509-797- 2010 con fecha 30 de agosto de 2012, y por ende, los Cargos aduaneros números 277 a 291, todos del año 2010;
5. Revocar la Resolución n° 449/13 (AD SALO), dictada en la actuación administrativa SIGEA Nº 12509-1727- 2010 con fecha 19 de abril de 2013, y por ende, los Cargos aduaneros números 3436 a 3441, todos del año 2012;
6. Distribuir las costas del pleito por su orden, en atención a la complejidad y a las particularidades del caso, como así también considerando las decisiones adoptadas en sede judicial sobre la temática objeto de autos y el modo en que esta Sala ha decidido precedentes que guardaban sustancial analogía con la cuestión de fondo debatida en el presente proceso recursivo; todo ello con excepción de la Tasa de Actuación, la que queda íntegramente a cargo de la empresa actora;
7. Tener por cancelada la Tasa de Actuación, de plena conformidad con las constancias de pago obrantes a fs. 58/60, 444 ref./446 ref., 723 ref./727 ref. y 1140 ref./1142 ref.
El Dr. Christian M. González Palazzo dijo:
Que adhiero en lo sustancial al voto precedente.
Que, en virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Revocar la Resolución n° 253/12 (AD SALO), dictada en la actuación administrativa SIGEA Nº 12509-51- 2009 con fecha 23 de marzo de 2012, y por ende, los Cargos aduaneros números 3656 a 3373, todos del año 2008;
2. Revocar la Resolución n° 288/12 (AD SALO), dictada en la actuación administrativa SIGEA Nº 12509-59- 2009 con fecha 28 de marzo de 2012, y por ende, los Cargos aduaneros números 3228 a 3248, todos del año 2008;
3. Revocar la Resolución n° 337/12 (AD SALO), dictada en la actuación administrativa SIGEA Nº 12509-55- 2009 con fecha 30 de marzo de 2012, y por ende, los Cargos aduaneros números 3137 a 3177, todos del año 2008;
4. Revocar la Resolución n° 767/12 (AD SALO), dictada en la actuación administrativa SIGEA Nº 12509-797- 2010 con fecha 30 de agosto de 2012, y por ende, los Cargos aduaneros números 277 a 291, todos del año 2010;
5. Revocar la Resolución n° 449/13 (AD SALO), dictada en la actuación administrativa SIGEA Nº 12509-1727- 2010 con fecha 19 de abril de 2013, y por ende, los Cargos aduaneros números 3436 a 3441, todos del año 2012;
6. Distribuir las costas del pleito por su orden, en atención a la complejidad y a las particularidades del caso, como así también considerando las decisiones adoptadas en sede judicial sobre la temática objeto de autos y el modo en que esta Sala ha decidido precedentes que guardaban sustancial analogía con la cuestión de fondo debatida en el presente proceso recursivo; todo ello con excepción de la Tasa de Actuación, la que queda íntegramente a cargo de la empresa actora;
7. Tener por cancelada la Tasa de Actuación, de plena conformidad con las constancias de pago obrantes a fs. 58/60, 444 ref./446 ref., 723 ref./727 ref. y 1140 ref./1142 ref.
Regístrese, notifíquese al Dr. Octavio Krause (20-36727208-3) y al Dr. Eduardo Mallea (23-24312017-9), devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente los Dres. Garbarino y González Palazzo por encontrarse vacante la Vocalía de la 18° Nominación (art. 1162 del C.A.)
Date: 2022.08.05 16:38:34 -03:00 Date: 2022.08.05 19:21:46 -03:00 Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocal Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.08.05 19:21:46 -03:00
Fin de la sentencia