Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa EX-2020-91669654-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la Resolución N° 97/17 (SDG OAI), correspondiente al SIGEA 12542-4483-2014, con costas (art. 1163 del C.A.).
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-72187933-APN-VOCXIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 3 de Julio de 2025 Se reúnen los Vocales miembros de la Sala “E”, Dres. Juan Manuel Soria, Héctor Hugo Juárez y Claudia B. Sarquis (subrogante), con la presidencia del Sr. Vocal nombrado en segundo término, a fin de resolver en los autos caratulados “ MOLINOS RIO DE LA PLATA SA c/ DGA s/ recurso de apelación”, expediente Expte. 38.626-A El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I. A fs. 60/74 se presenta la firma Molinos Río de la Plata SA e interpone recurso de apelación contra la resolución 97/17 (SDG OAI) recaída en las actuaciones administrativas SIGEA 12542-4483-2014, mediante la cual no se hace lugar a la solicitud de devolución de $903.513,13 vinculado al Permiso de Embarque (“PE”) 12052EC01007275K con más intereses -importe pagado en concepto de derechos de exportación fijados por el Poder Ejecutivo mediante el decreto 100/12-. Manifiesta que registró el PE en trato con la finalidad de proceder a la exportación de biodiesel, clasificado en la posición arancelaria (PA) 3824.90.29.100P, liquidados por el SIM con fundamento en el decreto 100/12. Explica que mediante el decreto 509/07 el Poder Ejecutivo fijó la alícuota de derechos de exportación de biodiesel en un 5%, la que fue ilegítimamente ratificada por el Congreso Nacional a través de la resolución 41/07 de la Honorable Cámara de Senadores y la resolución 49/07 de la Honorable Cámara de Diputados, atento a que dichas resoluciones no califican como ley formal y no revisten la naturaleza jurídica de una convalidación legislativa.
Agrega que en el lapso transcurrido entre el dictado de las resoluciones 41 y 49 se incrementaron las alícuotas previstas en el referido decreto, por lo que las supuestas convalidaciones operaron sobre normas distintas. No obstante, refiere que por la repetición de autos solo solicita la devolución de las sumas pagadas en exceso del 5% previstas en el decreto 509, la que asume como válida a los efectos del presente planteo. Sostiene que las posteriores modificaciones a tal alícuota fueron dispuestas por resoluciones y decretos que no fueron ratificados ni convalidados por ley formal del Congreso, por lo que resultan ilegitimas, radicando aquí el pedido de su devolución. Indica que luego se dictaron la resolución 126/08 y el decreto 100/12, que fijaron los derechos de exportación del biodiesel en la alícuota del 20%, y tampoco fueron objeto de convalidación por el Congreso.
En virtud de ello, sostiene que resulta plenamente aplicable al caso la doctrina del fallo Camaronera Patagónica, siendo inconstitucionales las alícuotas fijadas por la resolución 126/08 y el decreto 100/12, por haber sido dictados en base a normas delegantes inválidas y que no transfieren este tipo de potestades al PEN. Luego refiere a la justificación y procedencia de la acción intentada, indicando que se encuentran cumplidos todos los requisitos para que se ordene la devolución solicitada. Cita jurisprudencia. Plantea su derecho a mantener incólume el crédito tributario, sosteniendo que la prohibición de actualización de los créditos fiscales y la tasa de interés aplicable a los casos de repetición afectan su derecho de propiedad y violan los principios constitucionales de igualdad, legalidad, razonabilidad y seguridad jurídica.
Ofrece prueba, hace reserva de caso federal y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. A fs. 85/96, se presenta la representación fiscal, contesta el traslado del recurso que le fuera conferido y acompaña las actuaciones administrativas SIGEA 12542-4483-2014 y 12542-4483-2014/1. Efectúa una negativa genérica de las afirmaciones de la actora que no sean objeto de su reconocimiento expreso. Realiza una reseña de los antecedentes normativos. Aduce que la interpretación que efectúa la recurrente respecto del fallo “Camaronera” es desacertada. Cita los artículos 664, 666 y 755 del CA, y jurisprudencia que hace a su derecho. Explica que la delegación establecida por el art. 755 se justifica en las cambiantes circunstancias de la economía, que ameritan en determinadas situaciones la adopción de medidas cuya oportunidad es incompatible con los tiempos del debate que normalmente requiere el dictado de una ley. Señala que el Tribunal Fiscal no tiene facultades para declarar la inconstitucionalidad, en virtud de lo establecido por el art. 1164 CA. En relación al planteo efectuado por la contraria respecto a la tasa de interés aplicable, se remite a lo que establece el CA en relación a los intereses aplicables en los procedimientos de repetición y cita el art. 811 y 812. Solicita el rechazo del planteo de actualización de los créditos fiscales peticionada por la actora. Efectúa reserva de caso federal. Finalmente, solicita se confirme la Resolución apelada, con costas.
III. Con fecha 12.06.18 se abre la presente causa a prueba (fs. 97). A fs.242/244 el perito contador presenta su informe. Con fecha 06.05.25 se tiene por cerrado el periodo probatorio y se elevan los autos a la Sala “E”. Con fecha 28.05.25 se poner los autos a disposición de las partes para alegar, haciendo uso de su derecho a fs. 260/vta la representación fiscal y a fs 262/267 la parte actora. El 02.07.25.25 se llaman los autos a sentencia.
IV. Que las actuaciones administrativas 12542-4483-2014 se inician con fecha 19.12.14 con la solicitud de repetición de los tributos pagados en relación al PE 12052EC01007275K. Previa intimación a la firma en los términos resolución general 2365/2007, la que es cumplida conforme fs. 43, se agregan print de pantalla del resumen de devolución cargada carga y SIM. A fs. 50 se tiene por presentada la repetición, no se hace lugar la prueba pericial ofrecida y se intima al despachante a que aporte el sobre contenedor del PE, agregado finalmente a fs. 55. La parte interpone recurso de revocatoria contra la providencia de fecha 05.03.15, la que es rechazada a fs. 60. A fs. 66 se dicta la nota 172/15 (Secc. Econón. Finan.). Se agrega el alcance 12542-4483-2014/1. A fs. 67 se solicita que se resuelva y a fs. 68 se emite el Informe 105/16 (SECC. INSP. SIM). Se vuelve a intimar a la firma en los términos resolución general 2365/2007, la que es cumplida con la presentación de fs. 75 y conforme nota 870/2016 (AD ROSA) de fecha 07.09.16. A fs. 85/86 se emite el dictamen 92/2017 (DV RJU2) y con fecha 22.09.17 se dicta la resolución 97/17 (SDG OAI), rechazando la repetición solicitada (fs. 91/94).
V. Que, corresponde resolver si se ajusta a derecho la resolución 97/17 (SDG OAI), mediante la cual se dispuso no hacer lugar a la devolución pretendida por la actora.
La actora solicita la devolución, en el marco del expediente SIGEA 12542-4483-2014, de la suma de $903.513,13, que según refiere habría abonado en demasía con relación al PE 12052EC01007275K. Mediante tal PE documentó la exportación de mercadería ubicada en la PA 3826.00.00.100L –Biodiesel Y SUS MEZCLAS, SIN ACEITRES DE PETROLÉO O DE MINERAL BITUMINOSO O CON UN CONTENIDO INFERIOR AL 70% EN PESO DE ESTOS ACEITES - abonando los derechos de exportación liquidados por el Sistema María a una alícuota del 20% (art. 2). La actora manifiesta que la alícuota abonada fue fijada por el decreto 100/12, que tilda de nulo, de nulidad absoluta e insanable, conforme el precedente de la Corte Suprema in re “Camaronera Patagónica” (Fallos: 337:388) del 15/04/14. En esta línea, sostiene que la alícuota que correspondía aplicar era la del 5%, que según refiere fue establecida por el decreto 509/07.
A todo evento por los fundamentos expuestos en mi voto en la causa “RIVARA S.A.” (EX-2020-91669654- -APN- SGASAD#TFN, ver en https://jurisprudenciatfn.mecon.gob.ar/wp-content/uploads/2022/12/EX-2020-91669654-APN - SGASADTFN-19-10-2022.pdf), sentencia del 19/10/22, no resulta aplicable al caso el plenario de este tribunal del 26/04/22. Sin perjuicio de los amplios fundamentos allí expuestos, me interesa rescatar de allí, por su conducencia para este caso, que la prohibición al Tribunal Fiscal de declarar la inconstitucionalidad de la leyes -art. 1164 del CA- que data del año 1981 –en rigor del año 1960, pues el CA replicó el art. 185 de la ley 11.683-, así como el art. 1 del referido plenario predican, exclusivamente, respecto al instituto clásico del control de constitucionalidad. Tal prohibición nunca pudo alcanzar, por una evidente razón temporal, al régimen de validez de los arts. 76 y 99 inc. 3 de la Carta Magna, incorporado a la Constitución con la reforma de 1994. En consecuencia, aun cuando se consideraran válidos el art. 1 del plenario del 26.04.22 y la prohibición del art. 1164 del CA (que data del año 1960), dichos instrumentos prohibitivos no pueden predicar respecto del régimen de validez constitucional de normas delegadas de los arts. 76 y 99 inc. 3 de la Constitución reformada del año 1994, ni sobre la proyección de dichas normas constitucionales sobre las legales vigentes (e.g. art. 755 del CA). El legislador de 1960 y 1981 jamás pudo prohibir la aplicación de un régimen de validez supralegal que se sancionó recién en 1994, régimen de validez que de ningún modo puede confundirse con el instituto clásico del control de constitucionalidad prohibido en 1960.
Asimismo, en relación a la interpretación que corresponde a dichas normas constitucionales y legales (arts. 76 y 99 inc. 3 de la Constitución y art. 755 del CA) me remito, para ser breve, a los fundamentos que, en un caso análogo al presente, expuse en mi voto en los autos de esta Sala E, sentencia del 29.10.21, “PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA” (EX2020-24698973-APN-SGASAD#TFN), en donde se tratan los argumentos expuestos por las partes la cual, en mérito a la brevedad, se considera integrando este voto (puede verse en https://jurisprudenciatfn.mecon.gob.ar/wpcontent/uploads/2022/02/EX-2020-24698973-APN - SGASADTFN-29-10-2021.pdf).
VI. Dicho lo anterior corresponde, en primer lugar, señalar que mediante el dictado del decreto 509/07 (BO: 23.05.07) se efectuaron ajustes en la Nomenclatura Común del MERCOSUR y se fijaron las alícuotas de derechos de exportación para un determinado listado de PA, conforme surge del art. 16 y Anexo XIV del referido decreto. Entre tales PA no se encontraba la correspondiente a la mercadería objeto de autos.
Como es de público conocimiento, el referido decreto delegado 509/07 –dictado con base en una delegación constitucionalmente inválida de facultades legislativas, conforme la jurisprudencia de Fallos: 337:388 (“Camaronera Patagónica”)- fue luego sometido a la aprobación parlamentaria establecida por la ley 26.122. Así, fue declarado válido por resolución del Senado de la Nación del 22/08/07 y por resolución de la Cámara de Diputados del 28/11/07. Bajo el estándar constitucional del considerando 11 del fallo “Camaronera”, aplicado al procedimiento de la ley 26.122 y al trámite seguido en el Congreso respecto al decreto delegado 509/07, puede decirse que su ratificación –estando el juego el principio de legalidad en materia tributaria- solamente tuvo la virtualidad de purgar el vicio originario de nulidad que padecía -relativa a aumentar las alícuotas de derechos de exportación- recién al completarse la intervención de las dos cámaras del Congreso, adquiriendo validez y vigencia constitucional también desde ese momento. En el caso ello ocurrió el 28/11/07 con la aprobación del decreto 509/07 por la Cámara de Diputados.
Ahora bien, de manera posterior a tal ratificación por el Congreso del decreto 509/07, recién se dictó la resolución MEyP 126/08 (BO: 12.03.08), a través de la cual se incorporó al anexo XIV del decreto 509/07 la posición arancelaria P.A 3824.90.29, fijándose, inicialmente, una alícuota de derechos de exportación del 5%, con excepción de las mezclas de ésteres monoalquílicos de ácidos grasos de cadena larga derivados de aceites vegetales o grasas animales ("biodiesel") –mercadería objeto de autos-, a la que se le fijó una alícuota del 20%.
Luego, se dictó el decreto 100/12 (BO: 31/01/12), también modificatorio del decreto 509/07, a través del cual se efectuaron nuevos ajustes en la Nomenclatura Común del MERCOSUR y se mantuvo en el 20% la alícuota de derechos de exportación para las mezclas de ésteres monoalquílicos de ácidos grasos de cadena larga derivados de aceites vegetales o grasas animales ("biodiesel") –ahora P.A 3826.00.00- (Art. 7 y Anexo VII).
Posteriormente, el decreto 1339/12 (BO: 10/08/12) sustituyó el Anexo XIV del decreto 509/07, elevando al 32% las alícuotas correspondientes a la P.A 3826.00.00 (Art. 2). Más tarde, se dictó el decreto 1719/12 (BO: 20/09/12), que modificó la alícuota correspondiente a la P.A 3826.00.00 -consignada en el Anexo XIV del decreto 509/07-, estableciendo un sistema de alícuota móvil o de formula (art. 1).
Tres años más tarde, se publicó el decreto 160/15 (BO: 21/12/15), que fijó en 0% la alícuota para las mercaderías comprendidas en las P.A de los capítulos 28 a 40 de la Nomenclatura Común, con excepción de las mercaderías que clasifican en la PA 3826.00.00, para las que se mantuvo una alícuota del 32% (Art. 1), volviéndose así a lo establecido por el decreto 1339/12, previo al decreto 1719/12 –sistema móvil o de formula-. Luego de ello, se dictó el decreto 25/16 (BO: 07/01/16), que sustituyó el art. 1 del decreto 160/15 para volver al sistema previsto por el decreto 1719/12 -alícuota móvil o de formula-. Casi dos años más tarde, se dictó el decreto 1025/17 (BO: 13/12/17), que derogó el decreto 1719/12 (art. 1), y fijó en el 8% la alícuota correspondiente a la PA 3826.00.00 (Art. 2). Pocos días más tarde, se dictó el decreto 1126/17 (BO: 02/01/18), que mantuvo para la PA en trato la alícuota del 8% (Art. 11 y Anexo XIII).
Posteriormente, se dictó el decreto 486/18 (BO: 28/05/18), que sustituyó el Anexo XIII del decreto 1126, fijando para la P.A 3826.00.00 una alícuota del 15% (Art. 1). Asimismo, derogó el artículo 2 del decreto 1025/17. Más tarde, se dictó el decreto 793/18 (BO: 04/09/18), que fijó un derecho de exportación del 12% para todas las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR, hasta el 31/12/20.
Por último, se destaca que recién con el dictado de la ley 27.467 (BO: 04/12/18), el Congreso de la Nación interviene y dispone mantener la validez y vigencia de los decretos 1126/17, 486/18 y 793/18 (art. 82).
En el caso de marras, el PE en trato fue oficializado el 20.07.12 abonándose los derechos de exportación establecidos por el decreto 100/12 (BO: 31.01.12), que fijó, para la P.A 3824.00.00.100L –Biodiesel-, la alícuota del 20% (Art. 2 y Anexo II).
VII. Aclarado ello, es menester recordar, en segundo lugar, que el art. 76 de la Constitución establece, como requisitos de validez inexcusables que debe revestir la legislación delegante (en el caso, la resolución 126/08), tres exigencias claras: ley delegante previa, que contenga las bases de la delegación, con plazo para su ejercicio.
En tercer lugar, debe señalarse la relevancia que tiene en autos la jurisprudencia de la Corte Suprema in re “Camaronera Patagónica” (Fallos: 337:388), sentencia del 15/04/14, en cuanto establece, para la materia tributaria, el estándar jurisprudencial de ratificación por el Congreso de una norma delegada nula de nulidad absoluta e insanable por inexistencia de norma delegante o, de existir, incumplimiento de los requisitos del art. 76 de la Constitución. Específicamente, véase que las normas delegantes de facultades que se invocan para el dictado de la resolución 126/08 (de modo genérico el CA, la ley de ministerios, el decreto 2275/94 y sus modificaciones y el decreto 2752/91) que deberían haber habilitado al Poder Ejecutivo Nacional a fijar o aumentar las alícuotas para las exportaciones de la mercadería objeto de autos, son normas que, prima facie, no superan el test del art. 76 de la Constitución -materia delegable, clara política legislativa, con plazo para su ejercicio-. Lo mismo sucede con sus normas sucesivas, como el decreto 100/12 (BO: 31/01/12)
Así, resulta claro que la resolución 126/08 (BO: 12/03/08) y sus normas sucesivas –e.g. el decreto 100/12- no se dictaron con base en una delegación constitucionalmente válida de facultades legislativas, conforme la jurisprudencia de Fallos: 337:388 (“Camaronera Patagónica”). Asimismo, como ya se expuso, la resolución 126/08 incorporó al Anexo XIV del decreto 509/07 la PA del biodiesel con las alícuotas iniciales del 5% y 20% recién el 12/03/08, es decir con meses de posterioridad a la ratificación legislativa del decreto 509/07, que tuvo lugar el 28/11/07 (aprobación de Cámara de Diputados) y que no contenía la PA de biodiesel del Anexo XIV incorporada por la resolución 126/08 (BO: 12/03/08).
Por ello, y porque tampoco la Resolución 126/08 y el decreto 100/12 han sido objeto de ratificación posterior por el Congreso -de acuerdo al mencionado estándar jurisprudencial establecido por la Corte- las alícuotas establecidas por dicha normativa padecen el vicio de nulidad absoluta e insanable (conf. Camaronera Patagónica, considerandos 9º, 10º y 11).
En consecuencia, las alícuotas establecidas por la resolución 126/08 y sus sucesivas modificaciones como el decreto 100/12 (BO: 31/01/12) –cuyas alícuotas son aplicadas por el SIM en autos- deben invalidarse (por su naturaleza materialmente legislativa y como norma tributaria emanada del PEN sin intervención del Congreso), como nulas de nulidad absoluta e insanable, conforme el art. 76 de la Constitución, por lo que el reclamo de repetición de la actora deviene legítimo y procedente.
VIII. En relación a las costas entiendo que deben imponerse a la Aduana.
Entiendo que, a esta altura, ni el Poder Ejecutivo, ni extensivamente la Aduana -mucho menos los vocales de este tribunal- pueden seguir comportándose como si: (i) la reforma constitucional del año 1994 no hubiera existido; (ii) la jurisprudencia de la Corte Suprema en el caso “Camaronera” fuera letra muerta; (iii) el mito jurídico de que la “administración no puede declarar la inconstitucionalidad de las leyes u otras normas” fuera aplicable respecto a previsiones constitucionales que constituyen un régimen de validez autónomo, inconfundible con el instituto clásico del control de constitucionalidad –en “Camaronera” y su jurisprudencia conexa la Corte dictamina la nulidad absoluta, no la inconstitucionalidad-.
En tal sentido, resulta carga primaria de la propia administración -especialmente del Presidente de la Nación y los ministros del ramo- verificar atentamente el cumplimiento de dichas previsiones constitucionales cuando dicen actuar cumpliendo con una delegación legislativa. En caso que incumplan esta carga y los administrados lo opongan, el Poder Ejecutivo debe evitar apelar al mito jurídico –un inadmisible cliché- de que tienen prohibido declarar la inconstitucionalidad de las normas para obviar el correcto tratamiento y eventual resolución, en sede administrativa, de controversias donde se aplican los arts. 76 y 99 inc. 3 de la Constitución.
La reforma de 1994 se encuentra vigente y es al Poder Ejecutivo y la administración activa a quienes compete cumplir sus mandas de modo primario, antes y después de dictar normas delegadas, teniendo presente para ello las decisiones aplicables de los tribunales, especialmente las de la Corte Suprema. Se evitaría así que se repitan discusiones y juicios que, con un correcto examen jurídico -previo y posterior al dictado de normas “delegadas”- nunca se generarían. Por todo lo anterior VOTO POR:
1. Declarar la nulidad absoluta e insanable del decreto 100/12 (BO: 31.01.12) en toda su vigencia (art. 76 y 99 inc. 3 de la Constitución).
2. Revocar la resolución 97/17 (SDG OAI), dictada en marco de las actuaciones administrativas SIGEA 12542-4483- 2014, haciendo lugar a la devolución de la suma de $903.513,13, con más los intereses de los arts. 811 y 812 del Código Aduanero, que deberán calcularse desde la fecha en que la actora presentó su reclamo hasta la fecha del pago efectivo y total.
3. Imponer las costas a la Aduana.
El Dr. Héctor H. Juárez dijo:
I. Que me remito al relato de los hechos expuestos en los Considerandos I al IV del Voto del Dr. Juan Manuel Soria.
II. Corresponde resolver en autos si la Resolución apelada Nro. 97/17 (SDG OAI), en cuanto denegó la devolución de las sumas pretendidas por la firma MOLINOS RÍO DE LA PLATA S.A. en concepto de diferencia de derechos de exportación abonados con relación al PE 12052EC01007275K, correspondiente al SIGEA 12542-4483-2014, se ajusta a derecho.
Mediante dicho PE la actora documentó la exportación de biodiesel (P.A. 3824.90.29.100P) - abonando los derechos de exportación establecidos por el decreto 100/12 que fijó la alícuota en 20% pero pretende tomar como válidos los tributos del decreto 509/07 que establecían una alícuota del 5%, reclamando una diferencia del 15%.
Cabe destacar que, el decreto 100/12 se dicta en ejercicio de las facultades conferidas al PODER EJECUTIVO NACIONAL por los incisos 1 y 2 del Artículo 99 de la CONSTITUCION NACIONAL y los Artículos 11, apartado 2, y 12 de la Ley Nº 22.415 y sus modificaciones (Código Aduanero) y por la Ley Nº 25.561 prorrogada por su similar Nº 26.729.
Que la ley 25.561 (BO: 07.01.02) en cuanto declaró la emergencia cambiaria y económica que motivó la creación por el Congreso del derecho de exportación y la delegación en el Poder Ejecutivo de las facultades legislativas para fijar las alícuotas, fue prorrogada por el Congreso mediante las leyes 25.972 (BO: 17.12.2004); 26.077 (BO: 10.01.2006); 26.204 (BO: 20.12.2006); 26.339 (BO: 04.01.2008); 26.456 (BO: 16.12.2008); 26.563 (BO: 22.12.2009); 26.729 (BO: 28.12.2011); 26.896 (BO: 22.10.13) y 27.200 (BO: 04.11.15) que extendió su vigencia hasta el 31.12.17 donde las condiciones de emergencia determinadas por la ley 25.561 no habían variado para el Congreso de la Nación, con un intervalo que duró hasta el dictado del decreto 793/18 el 4 de septiembre de 2018, ratificado por ley 27.467 del Congreso de la Nación con vigencia hasta finales del año 2020.
En tal sentido, durante un periodo de 15 años desde su creación y mediante sus sucesivas prórrogas existió una indubitable y clara voluntad del Congreso de gravar con derechos de exportación a las operaciones de este tipo. Del mismo modo, el Congreso de la Nación, tanto en la ley 26.217 como en la 26.732 además de crear y prorrogar por cinco años el impuesto a la exportación que había creado, delegó en el PEN -por cada una de esas leyes- las facultades para establecer las alícuotas correspondientes (art. 6 de la ley 25.561 y art. 1 de las leyes mencionadas), así como ratificó y ordenó expresa y nominalmente la continuación en vigencia de las normas delegadas dictadas previamente por el PEN que fijaban las alícuotas de los derechos (art. 2 de ambas leyes, 26.217 y 26.732) en base precisamente a las normas delegantes mencionadas en primer término (arts. 6 de la ley 25.5.61 y arts. 1 de las leyes 26.217 y 26.732). Las regulaciones legales del Congreso, especiales y específicas, se dispusieron además sin perjuicio del régimen general de delegación legislativa de la ley constitucional 26.122 (sancionada por el Congreso conforme la manda del art. 99 inc. 3 cuarto párrafo de la Constitución), vigente desde el 28.07.06 para todas las normas delegadas dictadas por el PEN -es decir previo al dictado del decreto 509/07 que modificó las alícuotas de la N.C.M. y sus posteriores modificaciones mediante resoluciones Ministeriales y la resolución MEyP 126/08, conforme se liquidaron los tributos en estos actuados. Son fundamentales los arts. 17 y 24 de la Ley 26.122, los cuales, establecen la vigencia de las normas delegadas dictadas por el PEN desde su entrada en vigencia y hasta su ratificación o derogación por parte del Congreso. En caso de ratificación de la norma delegada por el Congreso, tal ratificación tiene efecto retroactivo y aún en el caso de su derogación, los efectos de tal acto derogatorio son prospectivos.
III. Dicho ello y atento los diversos planteos efectuados por la recurrente, en este punto corresponde dejar sentado que conforme lo dispuesto en el artículo 1164 del C.A., el Tribunal Fiscal de la Nación no puede pronunciarse sobre la falta de validez constitucional de las leyes tributarias o aduaneras y sus reglamentaciones, salvo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación hubiera declarado la inconstitucionalidad de las mismas, en cuyo caso este Tribunal podrá seguir la interpretación del Alto Tribunal.
IV. Que en relación a las facultades del Poder Ejecutivo Nacional para establecer los derechos de exportación corresponde estarse a la doctrina legal (art 151 de la Ley 11.683) fijada con fecha 26/04/2022, por este Tribunal en el Fallo Plenario IF-2022-40809437-APN-VOCXIX#TFN dictado en la causa EX-2020-24600163- -APN-SGASAD#TFN, caratulada “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación”, en donde por mayoría se acordó lo siguiente: “ARTICULO 1°.- … ARTICULO 2°.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero.”.
V. Que en relación a la presunta vulnerabilidad del Principio de Reserva Legal planteado por la recurrente, debemos tener presente que al momento de los hechos de autos -y en la actualidad-, estas normas constitucionales interactuaban en forma conjunta al declarar la “vigencia” de la ley 22.415, ha declarado, en consecuencia, la vigencia de las delegaciones en ella dispuestas, y en los términos en ella consignados, y fundamentalmente, con la ley 26.122 (publicada en el Boletín Oficial con fecha 28-07-2006) que, precisamente, ha establecido un mecanismo adecuado de control y aprobación “a posteriori” (con posterioridad) del Congreso de la Nación, de los actos emitidos por el Poder Ejecutivo en el ejercicio de las facultades delegadas.
Al respecto, tiene dicho la C.S.J.N. que la interpretación de las leyes debe hacerse siempre evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras; y adoptando como verdadero el que las concilie y deje a todas con valor y efecto, a la vez que debe darse pleno efecto a la intención del legislador, computando la totalidad de sus preceptos, de manera que armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional. (Conforme doctrina de la Corte Suprema in re: “Ford Motor Argentina S.A. c/ Administración Nacional de Aduanas”; “Obras Sanitarias de la Nación c/ Emilia Irma Frieboes de Bencich y otro”; “Gowland Acosta, Elena Sauze de c/ Provincia de Córdoba y otros”; entre muchos otros).
La ley 26.122, que se publicó en el Boletín Oficial el 28/07/2006 y que se incorpora al ordenamiento jurídico nacional como norma vigente a partir del 06/08/2006, es de nuclear importancia para comprender el tratamiento que a partir de esa fecha corresponde dar a los decretos del Poder Ejecutivo dictados por delegación legislativa, los cuales, a partir de entonces, si bien mantienen la fuerza ejecutoria desde su dictado, se encuentran sometidos al control posterior por parte de la autoridad delegante, el Congreso de la Nación. Es una norma central, que concilia los dos valores en juego: la eficacia de la administración y el principio de legalidad.
La C.S.J.N. tiene dicho que “Las normas de la Constitución y de toda ley, deben ser interpretadas en forma coherente, de manera que armonicen entre ellas y no traben el eficaz y justo desempeño de los poderes atribuidos al Estado para el cumplimiento de sus fines, del modo más beneficioso para la comunidad...”. (CSJN, 1956/04/23: Grisolía, Francisco M. LL, 82, 690) (el subrayado me pertenece).
Corresponde en primer lugar efectuar una diferenciación y precisión conceptual: una cosa es establecer o fijar una alícuota de un tributo y otra muy distinta es “aprobar” o convalidar una alícuota ya fijada por un órgano competente (por delegación) pero sujeta a aprobación por parte del órgano delegante. Con respecto al primer supuesto, rige el principio de irretroactividad de la ley, es decir, la alícuota fijada solo rige desde su publicación, en cambio, en el segundo supuesto, la alícuota rige desde el dictado de la norma aprobada y no desde su aprobación.
Se trata de normas “condicionadas” o “ad referendum” de su aprobación por parte del órgano delegante investido con tal competencia originaria, pero que gozan de plena fuerza ejecutoria desde su dictado.
El artículo 17 de la ley 26.122, aplicable al caso de autos, establece precisa-mente que los decretos delegados dictados por el Poder Ejecutivo tienen plena vigencia de conformidad a lo establecido en el artículo 2º del Código Civil (actual Art. 5° del Código Civil y comercial de la Nación), es decir, que son plenamente válidos desde su dictado y publicación, mientras no sean rechazados por el Poder Legislativo.
En otros términos, los Decretos del Poder Ejecutivo, dictados en el ejercicio de facultades delegadas, gozan de plena validez y fuerza ejecutoria desde su dictado, y la misma se mantiene en tanto y en cuanto, el órgano delegante, el Congreso de la Nación, no proceda a su desaprobación o rechazo.
En este punto debe tenerse presente que el artículo 18 de la ley 26.122 prevé la intervención de oficio del Congreso de la Nación ante la falta de comunicación por parte del Poder Ejecutivo, por lo que el Congreso se encontraba claramente habilitado para intervenir y convalidar lo actuado.
VI. Cabe destacar que, las cuestiones planteadas en el presente caso, son análogas a lo resuelto por el Tribunal Fiscal de la Nación en el fallo Plenario comentado “ut-supra”, donde con fecha 26/04/2022, mediante IF-2022-40809437-APN- VOCXIX#TFN dictado en la causa EX-2020-24600163- -APN-SGASAD#TFN, caratulada “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación”, por mayoría acordó fijar la siguiente doctrina legal: “ARTICULO 1°.- … ARTICULO 2°.- … ARTICULO 3°.- No corresponde declarar la invalidez del Decreto 793/2018 en aquellos casos en que el Tribunal Fiscal deba expedirse respecto de resoluciones emanadas de la Dirección General de Aduanas que deniegan la repetición de derechos de exportación abonados por el exportador por aplicación de lo dispuesto por el Decreto 793/2018 respecto de Destinaciones de Exportación registradas a partir del día 04/09/2018, fecha en que entró en vigencia el aludido Decreto, y hasta el día 04/12/2018, fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467”.
VII. Por último, corresponde aclarar que no es factible extender -como lo solicita la parte actora- al presente caso la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente Camaronera Patagónica S.A. (Fallos 337:388) toda vez que dicha causa trata de hechos acaecidos en el año 2002 y en consecuencia, el plexo jurídico (subsistema jurídico) y sus circunstancias concomitantes, difieren sustancialmente de las que rodean el presente caso, en donde el Poder Legislativo ha declarado vigentes las facultades delegadas (Ley 26.939), y previsto su intervención “a posteriori” del dictado el Decreto Delegado (Ley 26.122).
VIII. Por lo expuesto, los derechos de exportación fijados en el decreto 100/12, y sus posteriores modificaciones de las alícuotas con sustento en la Emergencia Económica resultan legítimamente exigibles y correctamente abonados al momento de documentarse la exportación a consumo 12052EC01007275K, correspondiendo, en consecuencia, confirmar la Resolución N° 97/17 (SDG OAI) en cuanto deniega la acción de repetición interpuesta por la actora.
IX. En relación a las costas, considero que las mismas deben ser impuestas a la actora vencida en conformidad a lo dispuesto en el art. 1163 del C.A..
Por lo expuesto, VOTO POR:
Confirmar la Resolución N° 97/17 (SDG OAI), correspondiente al SIGEA 12542-4483-2014, con costas (art. 1163 del C.A.).
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que, sin perjuicio de mi opinión personal respecto del régimen de costas en supuestos similares, en este caso en particular adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Juárez.
En virtud de la votación precedente, por mayoría, SE
Confirmar la Resolución N° 97/17 (SDG OAI), correspondiente al SIGEA 12542-4483-2014, con costas (art. 1163 del C.A.).
Regístrese, notifíquese y archívese.
Suscriben la presente los Dres. Soria, Juárez y Sarquis por encontrarse vacante la Vocalía de la 14a. Nominación (arts. 52 del R.T.F.N. y 1162 del CA).
Date: 2025.07.03 13:54:54 ART Date: 2025.07.03 16:45:11 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Hector Hugo Juarez Vocal Subrogante Vocal Vocalía XIV Sala E Competencia Aduanera Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.07.03 17:27:23 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Juan Manuel Soria Vocal Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.07.03 17:27:43 -03:00
Fin de la sentencia