Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 31523-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor unanimidad: 1)
Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Fisco Nacional (AFIP-DGA) y confirmar la sentencia apelada en cuanto fue materia de agravios. Por mayoría: 2) Rechazar el recurso de la actora; y 3) Distribuir las costas de esta instancia en el orden causado.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
25380/2023 MOLINOS RIO DE LA PLATA SA (TF 31523-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de noviembre de 2023.-
VISTOS Y CONSIDERANDO:
El Sr. Juez de Cámara, Dr. Jorge F. Alemany dijo:
I. Que a fs. 51/52vta. el Tribunal Fiscal de la Nación revocó la Resolución nº 551/2012, mediante la cual el Administrador de la Aduana de San Lorenzo había condenado a la firma exportadora al pago de 28.448 dólares estadounidenses en concepto de tributos, más los intereses previstos por el artículo 794 del Código Aduanero y le había aplicado una multa de 127.845,3 pesos, equivalente a una vez y media el valor de los tributos adeudados, en los términos del artículo 954, apartado 1, inciso a) del Código Aduanero.
Para así resolver puso de manifiesto que no se hallaba controvertido en la causa que la firma actora había documentado la Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE) n° 04 052 DJVE 001233 R, mediante la cual había registrado la venta al exterior de 17.778 toneladas métricas de harina de soja, con un valor FOB unitario de venta de 150 dólares estadounidenses por tonelada métrica. Asimismo, destacó que tampoco se hallaba controvertido que al tiempo de documentarse la exportación de dicha mercadería la parte actora se había excedido del 5% de tolerancia admitida. Ello, en la medida en que había exportado un total de 18.667 toneladas métricas mientras que, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 21.453 y en la Resolución General n° 1365/2002, se hallaba autorizada a exportar hasta un total de 18.666,9 toneladas métricas. Es decir, que se había excedido en 0,1 toneladas métricas de la medida de tolerancia prevista. Destacó que el eventual perjuicio fiscal debía ser examinado considerando la medida del exceso al límite de tolerancia para la exportación. Ello, ya que “[e]l beneficio del congelamiento del Alta en sistema: 29/11/2023 régimen tributario establecido por el art. 6 de la Ley 21.453 a cuyo amparo se realizaron las operaciones en trato, se extiende al 105% permitido y no a las 0,10 toneladas [métricas] exportadas en exceso del mismo, de conformidad con lo establecido en la ley 21.453”.
En tales condiciones, puso de manifiesto que al tiempo de documentarse la DJVE el precio oficial para la mercadería en trato era de 150 dólares estadounidenses por tonelada métrica mientras que; al momento de documentarse las exportaciones, aquél era de 160 dólares estadounidenses. Por ello, concluyó que el valor de la mercadería en infracción (0,1 toneladas métricas) era de 16 dólares estadounidenses y que al hallarse gravada con un 20% de derechos de exportación, la firma debió pagar por la mercadería exportada en exceso la cantidad de 3,20 dólares estadounidenses. Destacó que la parte actora había calculado y pagado tales tributos sobre la base de un precio oficial por tonelada métrica de 150 dólares estadounidenses, es decir, 3 dólares por la medida que se considera exportada en exceso, de modo que el perjuicio fiscal resultante de la situación descripta era de 0,20 dólares estadounidenses y que la multa pretendida por el Fisco, graduada en una vez y media respecto de tales tributos, ascendía a 0,30 dólares estadounidenses (0,90 pesos, a razón de 2,996 pesos por cada dólar). Consideró que dada “…la insignificancia del monto de la multa y tributos resultantes de la liquidación efectuada…debe dejarse sin efecto el reclamo por aplicación del principio de bagatela. Ello no significa revocar la aplicación de la multa y los tributos por no haberse dado la configuración de la infracción investigada en autos, sino por la insignificancia del monto y el costo administrativo que irrogaría su percepción”.
Finalmente, y por mayoría, consideró que las costas debían ser establecidas por su orden en la medida en que si bien se había configurado la infracción, su revocación obedecía a la aplicación del principio de bagatela.
Alta en sistema: 29/11/2023 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V II.- Que, contra la referida sentencia la parte actora apeló y expresó agravios a fs. 58/61, los que no fueron replicados por la parte contraria.
Por su parte, el Fisco apeló y expresó agravios a fs. 69 /70vta, los que fueron replicados a fs. 76/80.
El Fisco se agravia al considerar que el Tribunal Fiscal, mediante la pretendida aplicación del principio de bagatela haya dispuesto la revocación de la resolución apelada y; por ende, de los tributos y de la multa pretendidos por su parte. Indica que se trata de un principio de excepción “…que únicamente tiene que ser utilizado en los menos de los casos, atendiendo a la naturaleza menor de las infracciones cometidas, caso en el cual no nos encontramos ya que JAMÁS podría ser considerada a la infracción tipificada y penada en el art. 954 del Código Aduanero (“CA”) como una infracción menor”. Considera que en el presente caso no existió por parte del Tribunal Fiscal una justificación acabada de las razones en las que fundó la aplicación de tal principio.
La actora, por su parte, se agravia de la manera en que fueron impuestas las costas.
III. Que, con relación a los agravios planteados por el Fisco, cabe aclarar de manera preliminar que no se encuentra en discusión la punibilidad de la conducta desplegada por la parte, sino que la cuestión a resolver se circunscribe a determinar si se halla debidamente fundada la decisión del Tribunal Fiscal de revocar la resolución apelada sobre la base de la aplicación del principio de bagatela.
En tal sentido, cabe señalar que las razones invocadas por el Fisco en su escrito de expresión de agravios no resultan suficientes para rebatir la aplicación del principio de bagatela, con base en la insignificancia del monto en el que quedó fijada la multa por la mercadería considerada en infracción.
Alta en sistema: 29/11/2023 Al respecto, corresponde señalar que la posibilidad de revocación de las penas resulta ser una consecuencia derivada de la facultad de atenuación de las mismas prevista en el artículo 916 del Código Aduanero, la que en el caso, se motivó en la escasa cuantía y en la aplicación del “principio de bagatela”. En orden a la interpretación que corresponde asignarle a las facultades previstas en el mencionado artículo, cabe destacar que las mismas incluyen la posibilidad de absolución del imputado. Ello toda vez que la práctica operativa del comercio exterior pone de relieve cuantiosas circunstancias que, sin perjuicio de configurar alguna de las infracciones previstas por el régimen, por sus caracteres y consecuencias no debieran resultar punidas ni siquiera con el mínimo aplicable pues tal temperamento traería aparejado un exceso en orden a la sanción a imponer. En tal sentido, el artículo 916 del Código Aduanero proporciona una solución justa y adecuada al posibilitar al juzgador no solamente perforar el mínimo legal sino inclusive imponer una multa simbólica y hasta eximir de pena al presunto infractor (cfr. Bonzón Rafart, Juan Carlos en “Derecho Infraccional Aduanero”, Ed. Hammurabi, 1987, página 94, y Alsina, Mario Á., Barreira, Enrique C., Basaldúa, Ricardo Xavier, Cotter Moine Juan Patricio y Vidal Albarracín, Héctor G. en la obra “Código Aduanero Comentado”, Tomo III, Ed. Abeledo Perrot, 2011, pág. 331 /332).
En consecuencia, no se advierte irrazonabilidad en la medida adoptada por el Tribunal Fiscal con base en el principio de insignificancia o bagatela, en atención a que las facultades de atenuación de las penas con las que cuenta admiten la posibilidad de eximición de responsabilidad evaluando las circunstancias particulares del caso, la naturaleza y la gravedad de las infracciones y los antecedentes del infractor (cfr. artículos 915 y 916 del Código Aduanero).
En sentido concordante con lo precedentemente expuesto se pronunció esta Sala V en la resolución dictada el 26 de noviembre de 2013 en la causa n° 5.624/2013, caratulada “Argenova S.A. (TF 24.536-I) c/DGI”.
Alta en sistema: 29/11/2023 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V Asimismo, y en lo relativo al aspecto tributario, cabe destacar que el Fisco no formula consideraciones en orden al modo en que el Tribunal Fiscal determinó la medida de la mercadería en infracción y los derechos de exportación que resultarían adeudados como consecuencia de haberse excedido el límite de tolerancia. Tampoco explica de manera concreta y circunstanciada las razones en virtud de las cuales considera que correspondería exigir a la firma exportadora el monto especificado en concepto de tributos en la resolución apelada, de manera que los agravios planteados en lo relativo a este punto resultan infundados.
Finalmente, corresponde señalar que le asiste la razón a la parte actora en orden a que las costas de la instancia precedente debieron ser establecidas a cargo de la parte vencida. Ello, toda vez que la imputación infraccional formulada por el servicio aduanero tomó en consideración la totalidad de la mercadería exportada y le exigió al exportador el pago de la suma 28.448 dólares estadounidenses en concepto de diferencia de tributos y de 127.845,3 pesos en concepto de multa. Ahora bien y, tal como propuso el apelante al recurrir ante el Tribunal Fiscal, en el caso correspondía considerar que el beneficio derivado del congelamiento del régimen tributario establecido por el artículo 6 de la Ley 21.453 -a cuyo amparo se habían realizado las operaciones involucradas en autos-, debía extenderse hasta el 105% de la mercadería comprometida en la Declaración Jurada de Venta al Exterior.
En tales condiciones fue que el referido tribunal hizo lugar a ese planteo, redeterminó la diferencia tributaria considerando exclusivamente la cantidad de mercadería exportada en exceso de la tolerancia y; del mismo modo, también recalculó la multa. La procedencia de tales fundamentos implicó que el Tribunal Fiscal reliquidara las sumas exigibles, reduciendo la medida del perjuicio fiscal de 28.448 a 0,20 dólares estadounidenses y la multa pretendida por el Fisco, graduada en una vez y media respecto de tales tributos, de 127.845,3 a 0,30 dólares estadounidenses (0,90 pesos, a razón de 2,996 pesos por cada dólar). Ante esa circunstancia, es decir, habiendo hecho lugar a los planteos de Alta en sistema: 29/11/2023 la recurrente respecto a la manera en que debían ser calculados los tributos y la multa, es que concluyó que resultaba aplicable el principio de bagatela, por la insignificancia de las sumas exigibles, pretensión que también fue oportunamente introducida por la parte actora ante el mencionado tribunal.
En consecuencia, la solución adoptada por el Tribunal Fiscal implicó el examen de una primera pretensión de la parte actora que evidenció que las sumas que le eran exigidas no habían sido debidamente liquidadas y que fueran reducidas a punto tal que, por su insignificancia, determinaron la revocación de la resolución apelada, por aplicación del principio de bagatela. En consecuencia, se advierte razonable que las costas sean establecidas a cargo de la parte demandada.
Por lo demás, es de relevancia señalar que el efecto de la revocación de la multa también cobra virtualidad en orden a que aquella no será registrada como antecedente, aspecto respecto del cual la parte actora también tenía interés.
En las condiciones señaladas, corresponde hacer lugar al recurso interpuesto por la parte actora e imponer las costas de la anterior instancia a cargo de la demandada vencida.
Por todo lo expuesto, VOTO POR: 1) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Fisco y confirmar la sentencia apelada en cuanto fue materia de agravios, con costas (artículo 68, primera parte, del Código Procesal, Civil y Comercial de la Nación); 2) Hacer lugar al recurso interpuesto por la parte actora y modificar la sentencia apelada en lo relativo a la manera en que deben ser impuestas las costas; 3) Diferir la regulación de honorarios por las actuaciones cumplidas en esta instancia hasta tanto sean regulados los de la instancia precedente.
El Sr. Juez de Cámara, Guillermo F. Treacy dijo:
I. Que adhiero al voto que antecede, excepto en lo relativo al tratamiento de la apelación de la actora, referida a las costas Alta en sistema: 29/11/2023 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V de la instancia anterior, así como en lo atinente a la imposición de las de esta instancia. En este punto, tal como puso de resalto el a quo (por mayoría), el fundamento en el que se apoyó la decisión apelada para revocar el acto del servicio aduanero (y que no implicó desconocer la ocurrencia de la infracción [conf. consid. XI de la resolución apelada]) hace adecuado confirmar la distribución de costas en el orden causado dispuesta en la instancia precedente. Por idénticos motivos, también las costas de esta instancia deben distribuirse de ese modo (arts. 68, 2º parte, CPCCN; y 1163, CA).
II. Que, por ello, correspondería: 1) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Fisco Nacional (AFIP-DGA) y confirmar la sentencia apelada en cuanto fue materia de agravios; 2) Rechazar el recurso de la actora; y 3) Distribuir las costas de esta instancia en el orden causado.
El Sr. Juez de Cámara, Dr. Pablo Gallegos Fedriani adhiere al voto del Dr. Treacy.
En consecuencia, SE RESUELVE: Por unanimidad: 1)
Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Fisco Nacional (AFIP-DGA) y confirmar la sentencia apelada en cuanto fue materia de agravios. Por mayoría: 2) Rechazar el recurso de la actora; y 3) Distribuir las costas de esta instancia en el orden causado.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvanse.-
Jorge F. Alemany Guillermo F. Treacy (en disidencia parcial)
Pablo Gallegos Fedriani Alta en sistema: 29/11/2023
Fin de la sentencia