Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 33338-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar la apelación deducida por el Fisco Nacional, con costas de esta instancia judicial a su cargo, y, en consecuencia, confirmar el pronunciamiento del 30/11/2023 del Tribunal Fiscal de la Nación, en cuanto es materia de agravio, con costas (arts. 68, 1º parte del C.P.C.C.N. y 1163 del C.A).
14.333/2024 MOLINOS RIO DE LA PLATA SA (TF 33338-A) C/ DGA S/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO
Buenos Aires, 20 de septiembre de 2024.-
VISTOS y CONSIDERANDO:
I. Que mediante el pronunciamiento de fecha 30/11/2023, la Sala E del Tribunal Fiscal de la Nación, revocó la Resolución 392/13 (AD ROSA) y por ende el cargo 790/12, con costas a la demandada.
Para así decidir, el tribunal administrativo, en primer lugar señaló que, correspondía resolver en autos si la resolución apelada, en cuanto disponía rechazar la impugnación incoada por la firma Molinos Río de la Plata S.A. y confirmar el cargo 790/12, se ajustaba a derecho. Precisó que, dicho cargo fue formulado con fundamento en la Resolución ONNCA 1898/08, respecto del permiso de embarque de exportación PE 08052EC01007181L, que se encontraban asociado a la declaración jurada de venta al exterior DJVE 71652.
Señaló que, la ley 21.453 (BO 11.11.76) estableció, en su art. 6, que a los fines de la liquidación de los derechos de exportación, reembolsos, reintegros, contribuciones, tasas, servicios y demás tributos que gravaren o beneficiaren la exportación de la mercadería a que dicha ley se refiere (productos agrícolas), eran aplicables los regímenes tributarios, de alícuotas, arancelario y de base imponible vigentes a la fecha de cierre de cada venta.
Indicó que, luego, y bajo el título “Aclaración de la ley 21.453. Alícuotas correspondientes a los derechos de exportación de productos agropecuarios”, se dictó la ley 26.351 (BO 16.01.08) a través de la cual se dispuso, en su art. 1, que cuando se produjera un incremento en más de las alícuotas correspondientes a los derechos de exportación de productos agropecuarios alcanzados por las disposiciones de la ley 21.453 en el período comprendido entre el registro de la DJVE y el de la oficialización del permiso de embarque con el que se documente la exportación de la mercadería amparada por las referidas Declaraciones Juradas, los exportadores deberían acreditar de modo fehaciente la tenencia o, en su caso, la adquisición de tales productos con anterioridad al aludido incremento. Asimismo, agregó que, quienes no cumplieran con los requisitos establecidos por la autoridad de aplicación (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos) para el cumplimiento del art. 1, deberían tributar la mayor alícuota en concepto de derechos de exportación entre las vigentes a la fecha de registro de las DJVE y las vigentes a la fecha de oficialización de las respectivas destinaciones de exportación, disponiendo su art. 4 la aplicación retroactiva a aquellas DJVE que hubiesen sido registradas con anterioridad a su entrada en vigencia.
Adujo que, con fecha 12.05.08, se dictó el decreto 764/08 (BO 13.05.08) en el que se estableció que las disposiciones de la ley 26.351 serían aplicables a las operaciones de ventas al exterior debidamente registradas en los términos de la ley 21.453, cuando la oficialización de las respectivas destinaciones de exportación fuera posterior al 09.11.07, disponiéndose asimismo en el art. 3 que la ONCCA (creada por Decreto 1067/05) sería la encargada de llevar el registro de las DJVE a las que se refiere la ley 21.453 y de dictar la normativa correspondiente para establecer los requisitos necesarios para acreditar los extremos a que alude el art. 1 de la ley 26.351 e informar a la AFIP las DJVE comprendidas en el art. 2 de la misma.
Añadió que, en estos términos, la ONCCA dictó la resolución 543/08 (BO 30.05.08) por la que se dispuso el procedimiento para acreditar la tenencia o adquisición de la mercadería en los términos del art. 1 de la ley 26.351.
Posteriormente, con fecha 21.07.08, la ONCCA informó a la AFIP, mediante el dictado de la resolución 1898/08, cuáles eran las DJVE que debían tributar una alícuota mayor en concepto de derechos de exportación en virtud de no haber acreditado la tenencia o adquisición de la mercadería registrada en los términos de la ley 26.351 (Anexo I) y aquellas DJVE que sí la acreditaban (Anexo II). Tal resolución sirvió de fundamento al servicio aduanero para formular el cargo objeto de autos. Destacó que, luego de producida la apertura a prueba en el procedimiento sustanciado ante ese tribunal la actora informó, a fs. 406, que el 10.07.15 interpuso recurso jerárquico contra la resolución 372/15 emitida por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Dicha resolución -372/15- había rechazado el recurso de reconsideración oportunamente interpuesto por Molinos contra la resolución ONCCA 1898/08.
Puso de relieve que, a fs. 435/438 Molinos puso en conocimiento el dictado del decreto 774/18, a través del cual se revocó la resolución 372/15. Finalmente, a fs. 442/490 se puso en conocimiento el dictado de la resolución RESOL-2019-79-APN-MAGYP, por la que se hizo lugar parcialmente al recurso de reconsideración interpuesto por Molinos contra la resolución ONCCA 1898/08. Dicha resolución confirma la resolución ONCA 1898/08 solo respecto de aquellas mercaderías cuya tenencia y/o| adquisición no logro ser acreditada por la recurrente, conforme el informe técnico y los anexos que allí se agregan. Expresamente indica: “ARTÍCULO 1°.- Acéptase parcialmente el recurso de reconsideración interpuesto por MOLINOS RÍO DE LA PLATA S.A. contra la Resolución N° 1.898 de fecha 21 de julio de 2008 de la ex - OFICINA NACIONAL DE CONTROL COMERCIAL AGROPECUARIO (ONCCA), organismo descentralizado en la órbita de la ex -SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCION y, en consecuencia, confirmase la misma sólo respecto de aquellas mercaderías cuya tenencia y/o adquisición -en los términos de la Ley N° 26.351 y su Decreto Reglamentario N° 764 de fecha 12 de mayo de 2008- no logró ser acreditada por la recurrente, de conformidad con el informe técnico de la SUBSECRETARIA DE MERCADOS AGROPECUARIOS N° IF-2019-86382460-APN- SSMAVMPYT y sus Anexos, y el detalle de los 1F-2019-90276682-APN- SSMAttMPYT (Anexo I) e IF-2019-90276374-APN-SSMA# MPYT (Anexo II), los que forman todos ellos, parte integrante de la presente medida ”. En tales condiciones, ponderó que, era dable destacar que para así resolver el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca tuvo en consideración los informes técnicos emitidos por el Subsecretario de la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios del Ministerio de Producción y Trabajo efectuados con relación a la totalidad de las DJVE involucradas en la resolución ONCCA 1898/08 en los que se examinó la documentación oportunamente acompañada por la firma “Molinos Río de la Plata SA”.
Observó que, del análisis de los IF-2019-86382460-APN- SSMA#MPYT, IF-2019-90276682-APN-SSMA#MPYT (Anexo I) e IF- 2019-90276374-APNSSMA# MPYT (Anexo II) de la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios, consignados en la Resolución RESOL-2019-79- APN-MAGYP resultaba que la Declaración Jurada de Venta: DJVE 71652, asociada al PE 08052EC01007181L, por el que se formuló el cargo involucrado en la causa, acreditó tenencia y/o adquisición.
En consecuencia, consideró que, el cargo 790/12 cuestionado en autos carecía de sustento y fundamentación fáctica, resultando improcedente analizar los agravios esgrimidos por la actora en relación al mismo y siendo ello así correspondía revocar la resolución apelada y por ende el cargo confirmado por la Aduana, con costas al fisco nacional.
II. Que contra dicho pronunciamiento con fecha 23/08/2024 interpuso recurso de apelación, el Fisco Nacional, expresando agravios el en el mismo acto, los que no fueron por la contraria.
Se gravia respecto de la imposición de costas resuelta por el Tribunal Fiscal, en tanto, considera que existen, en las presentes actuaciones, circunstancias que habilitan el apartamiento del principio general de la derrota.
En este sentido, destaca que, por las particularidades del caso, las divergentes opiniones anteriormente mantenidas por los organismos estatales intervinientes (entre ellos, la ONCCA) y que la Aduana oportunamente se consideró con derecho a litigar, atento la letra de la normativa en cuestión, la solución equitativa y justa del caso sugiere imponer las costas por su orden, como ha ocurrido en numerosos precedentes similares al presente caso.
Señala que mediante la sentencia recurrida el Tribunal Fiscal revocó las resoluciones aduaneras con fundamento en la resol 2019-79- APN-MAGYP dictada por el ministerio de Agricultura, ganadería y Pesca recién el 3/10/2019.
Es decir, que -sin dudas- su parte se consideró con derecho a litigar hasta el dictado de dicho pronunciamiento, por cuanto el mismo Estado Nacional se encontraba continuando la vía recursiva correspondiente respecto de las DJVE aquí involucradas.
Destaca que, el pronunciamiento judicial en base al cual el Tribunal Fiscal resolvió el caso de autos recién adquirió firmeza el 3/10/2019, que es de fecha posterior a la apelación deducida por la contraria ante el Tribunal Fiscal de la Nación.
En tales condiciones, entiende que, de lo expuesto, surge claramente la convicción y el derecho a litigar de la representación fiscal. Pondera que, en la especie existen motivos para imponer las costas en el orden causado por cuanto, del relato de los antecedentes de la causa realizado por el Tribunal Fiscal, se observa que, al momento del dictado de la resolución aduanera apelada que confirmó los cargos no existía ningún impedimento que obstaculizara su emisión.
En este contexto, precisa que, el principio general objetivo de la derrota no es absoluto, sino que admite excepciones, cuando existen motivos objetivamente considerados que permitan inferir la existencia de una justa causa para litigar, lo cual se ha dado en autos.
Por lo expuesto, considera que, no caben dudas de que en los presentes se configuran circunstancias que permiten eximir a su parte del pago de costas, y que las mismas constituyen mérito suficiente para apartarse del principio general que ordena la imposición de costas al litigante vencido.
Cita jurisprudencia favorable a su postura.
III. Que el artículo 1163 del C.A. establece que “[l]a parte vencida en el juicio deberá pagar todos los gastos causídicos y costas de la contraria, aún cuando ésta no lo hubiere solicitado. Sin embargo, la Sala respectiva podrá eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al litigante vencido, siempre que encontrare mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento bajo pena de nulidad de la eximición (…) Cuando en función de las facultades que otorga el artículo 1143, el Tribunal Fiscal de la Nación recalifique la conducta o reduzca la sanción a aplicar, las costas se impondrán por el orden causado. No obstante, el Tribunal podrá imponer las costas al Fisco Nacional, cuando la tipificación o la cuantía de la sanción recurrida se demuestre temeraria o carente de justificación”. Es decir que, el principio general es que las costas se impondrán al vencido, por aplicación del principio objetivo de la derrota. Por lo tanto, su eximición debe ser excepcional y de carácter restrictivo.
En el sub examine, el tribunal a quo revocó la resolución aduanera nro. 392/2013 (AD ROSA), con fundamento en que del análisis de los IF- 2019-86382460-APN-SSMA#MPYT,IF-2019-90276682-APN-SMA#MPYT (Anexo I) e IF- 2019-90276374-APNSSMA# MPYT (Anexo II) de la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios, consignados en la Resolución RESOL-2019-79-APN-MAGYP resultaba que la Declaración Jurada de Venta: DJVE 71652, asociada al PE 08052EC01007181L, por el que se formuló el cargo involucrado en la causa, había acreditado la tenencia y/o adquisición previa.
En tales condiciones, no hay duda alguna de que la demandada ha resultado perdidosa, en su totalidad, en el asunto llevado a conocimiento del organismo jurisdiccional administrativo por lo que corresponde que cargue con los accesorios, por ser la consecuencia necesaria, teniendo en cuenta la forma en que se ha dirimido la cuestión planteada. En este sentido, corresponde recordar que, la activación del mecanismo jurisdiccional generó gastos a la firma exportadora (interpuso el presente recurso de apelación), los cuales en virtud del principio de la derrota adoptado por nuestro ordenamiento procesal, deben ser soportados por el perdidoso (conf. esta Sala, "De Elizalde Diego Agustín c/ EN- SC- Resol 100/10 s/amparo ley 16.986", del 28/6/11; "Mena Gelvez, Lisa M. c/EN -H. Cámara Senadores de la Nación s/amparo ley 16.986", del 15/12/16, entre otros).
Así las cosas, no advirtiéndose en el caso que exista una circunstancia objetiva que justifique la exoneración, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada y confirmar el pronunciamiento del 30/11/2023, en cuanto es materia de agravio, con costas (arts. 68, 1º parte del C.P.C.C.N. y 1163 del C.A.).
Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: desestimar la apelación deducida por el Fisco Nacional, con costas de esta instancia judicial a su cargo, y, en consecuencia, confirmar el pronunciamiento del 30/11/2023 del Tribunal Fiscal de la Nación, en cuanto es materia de agravio, con costas (arts. 68, 1º parte del C.P.C.C.N. y 1163 del C.A).
Regístrese, notifíquese y oportunamente, devuélvase a la instancia de origen.
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA MARÍA CLAUDIA CAPUTI LUIS MARÍA MÁRQUEZ
Fin de la sentencia