Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 38343-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la sentencia apelada y las resoluciones aduaneras impugnadas y, en consecuencia, ordenar la devolución de los derechos de exportación abonados por aplicación del Dto. 1719/12 en exceso del que quedó consentido por la exportadora de acuerdo a lo expresado en los puntos VIII y XI de la presente. Las costas de ambas instancias se imponen a la vencida (arts. 279 y 68, primer párrafo, CPCCN).
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se hace constar que -por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Salasuscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán, quien integra este Tribunal en los términos de la Ac. 2/24 de esta Cámara.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III
Expte. nro. 41273/2023 MOLINOS RIO DE LA PLATA SA (TF 38343-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de abril de 2024.- MLF Y VISTOS, CONSIDERANDO:
I. Que el Tribunal Fiscal de la Nación resolvió a fs. 117/118 confirmar las Resoluciones nro. 76/17 y 80/17 (DI RAHI) recaídas en las actuaciones SIGEA nros. 12509-315-2015 y 17134-833-2015 y distribuyó las costas por su orden.
Para así decidir, aplicó al caso la doctrina emanada del fallo plenario dictado el 26/4/2022 en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/ DGA s/ recurso de apelación” (EX2020-24600163-APN-SGASAD#TFN)
donde se fijó como doctrina legal: a) el Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una ley, en un caso concreto y ante un planteo efectuado por un recurrente; b) el Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el artículo 755 del Código Aduanero; c) no corresponde declarar la invalidez del decreto 793/18 respecto de destinaciones de exportación registradas a partir de su entrada en vigencia (4/9/18) y hasta la fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467 (4/12/18). Sobre estas bases, rechazó la pretensión de devolución de los derechos abonados por la empresa actora en virtud de lo dispuesto por el Dto. 1719/12, mediante el cual se creó un régimen de alícuotas móviles que se calculan a través de la aplicación de una fórmula que tiene en cuenta un precio de referencia fijado por la Unidad Interdisciplinaria de Monitoreo y los costos totales.
II. Que el pronunciamiento fue apelado por la exportadora, cuyo recurso fue concedido a fs. 127 y fundado a fs. 128/135. Los agravios fueron replicados a fs. 139/142.
Sostiene la recurrente que el plenario precedentemente individualizado no resulta aplicable a este caso; al respecto, señala que no es válido para definir la primer cuestión ya que el tribunal no quedó integrado con los vocales con competencia impositiva, teniendo en cuenta que lo resuelto en relación al art. 1164 del código aduanero seria predicable respecto del art. 185 de la ley 11683; añade que el TFN es competente para resolver el objeto de esta causa y está obligado a realizar el control de constitucionalidad a fin de garantizar el debido proceso del administrado. En cuanto a la segunda y tercer cuestión, advierte que el plenario también es inaplicable porque versa sobre una norma distinta a la que sustenta el pedido de repetición que dio origen a esta causa (Dto. 1719/12) y porque contradice la doctrina de la Corte Suprema (fallo “Camaronera”).
En cuanto al fondo del asunto, funda la inconstitucionalidad del Decreto 1719/12, por haber sido emitida en violación al principio de legalidad y no contar con ratificación legislativa. Relata la sucesión de normas que definieron las alícuotas aplicables a las exportaciones de biodisel y manifiesta que asume como válida la alícuota de 5% impuesta por el Dto. 509/07, por lo que su pedido de repetición se refiere a lo abonado en exceso a ella. Entiende aplicable al caso la doctrina del precedente “Camaronera Patagónica”. A todo evento, mantiene sus fundamentos en relación a la tasa de interés establecida en el art. 3 de la Res. 314/04.
III. Que el 7 de marzo del corriente año el representante del ministerio público emitió su dictamen (nro. 614/24)
IV. Que, para el examen de la apelación, cabe comenzar por reseñar brevemente las constancias que surgen de los antecedentes administrativos. Así, en el sobre contenedor obrante a fs. 42 de las actuaciones 12509-315-2015 obra el despacho de exportación nro. 14 057 EC03 000733 L en el cual con fecha 3/6/2014 se oficializó la exportación para consumo con DIT para transformación de la mercadería cuya posición arancelaria es PA3826.00.00.100L. A fs. 51 obra constancia del monto abonado ($484.394,42) y de los informes de fs. 59/60 y 63 se desprende que los derechos de exportación fueron abonados conforme lo dispone el Dto. 100/12, por ser la norma vigente al momento del hecho imponible. El 12/6/17 se dictó la Res. 76/17 (DI RAHI) rechazando el pedido de repetición formulado por la empresa Molinos Rio de la Plata SA.
En el sobre contenedor obrante a fs. 41 de las actuaciones 17134- 833-2015 obra el despacho de exportación nro. 14 057 EC 001286 P en el cual con fecha 12/11/2014 se oficializó la exportación para consumo con DIT para CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III Expte. nro. 41273/2023 MOLINOS RIO DE LA PLATA SA (TF 38343-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO transformación de la mercadería cuya posición arancelaria es PA3826.00.00.100L. A fs. 45 obra constancia del monto abonado ($1.088.385,85) y del informe de fs. 53/54 se desprende que los derechos de exportación fueron abonados conforme lo dispone el Dto. 100/12, por ser la norma vigente al momento del hecho imponible. El 13/6/17 se dictó la Res. 80/17 (DI RAHI) rechazando la repetición.
V. Que las cuestiones planteadas en los agravios resultan sustancialmente análogas a las examinadas y resueltas por esta Sala en las sentencias recaídas el 18 de octubre de 2022 en la causa “Catajuy SRL c/ EN DGA s/ DGA”, expte. nro. 377/21, y el 29 de diciembre de 2022 en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA (TF 25041338-A) c/ DGA” (expte. nro. 26963/2022).
En las causas mencionadas fue puesta de resalto la naturaleza “delegada” del reglamento allí cuestionado (Dto. 793/18) en tanto fija derechos de exportación, señalando que al dictarlo el Poder Ejecutivo ejerció potestades materialmente legislativas, sin que se encuentren reunidos los recaudos exigidos por el art. 76 de la Constitución Nacional para considerar que hubiera mediado una delegación legislativa válida. Asimismo, declaró la aplicación de la doctrina emanada del precedente “Camaronera Patagónica” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos 337:338), señalando que la ratificación legislativa, como regla general, carece de efectos retroactivos respecto de decretos que adolecen de insanable inconstitucionalidad original, como en el caso. Indicó también el Tribunal que el planteo relacionado con la ley 26122 no altera la decisión, dado que el vicio fue congénito y superado con la ley del Congreso posterior. Finalmente, también se pronunció en sentido negativo respecto a la necesidad de probar que el tributo no fue trasladado al precio de la mercadería. En función de estas consideraciones, admitió la repetición por el periodo comprendido entre el dictado del Dto. 793/18 y su ratificación legislativa.
VI. Que los fundamentos y conclusiones de los precedentes mencionados resultan aplicables al presente caso.
En efecto; el Dto. 1719/12 (BO 20/9/2012) dispuso la modificación de la alícuota correspondiente al Derecho de Exportación aplicable a la posición arancelaria da la Nomenclatura Común del Mercosur 3826.00.00, consignada en el anexo XIV del Decreto 509/07 del 15/5/2007 y sus modificaciones, la que se fijará según la fórmula consignada en su primer artículo. Esta modificación no ha sido objeto de ratificación legislativa a la fecha en que fueron oficializadas las operaciones de exportación ya mencionadas, lo cual determina su invalidez constitucional, de conformidad con la doctrina emanada del precedente “Camaronera Patagónica” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya citado (en sentido análogo, v. esta Sala, causa “LDC ARGETNINA SA (TF 36454-A) c/ DGA” expte. nro. 65461/2022, del 2/2/2024).
VII. Que la Sala IV de esta Cámara se pronunció en el mismo sentido, declarando la invalidez constitucional del decreto 1719/12, en la sentencia dictada el 7/3/2024 en la causa “Molinos Rio de la Plata SA (TF 39038-A) c/ DGA” (expte. nro. 41274/2023).
Para ello, el mencionado Tribunal puntualizó que el aumento o disminución de alícuotas de derechos de exportación por parte del Poder Ejecutivo, dentro de un margen claramente delimitado por una ley del Congreso, podría hallar fundamento válido tanto en el ejercicio de la potestad reglamentaria prevista en el artículo 99, inciso 2º, de la Constitución Nacional, como en la técnica de la delegación legislativa y bajo los lineamientos del artículo 76 de la Constitución, siempre que el Congreso establezca previamente pautas y límites precisos en lo relativo al aspecto cuantitativo del tributo o, por lo menos, la alícuota máxima aplicable, a fin de proporcionar una “clara política legislativa” o una “base de delegación suficiente”, y así dar plena satisfacción al principio de reserva de ley en materia tributaria (cfr. Sala IV, “Bunge Argentina SA”, expte. 51372/2022, sentencia del 13/12/2022). Sin embargo, observó que este recaudo no se encontraba satisfecho en el caso del decreto 1719/12, en la medida en que éste no cumple con el principio de reserva de ley a la luz de la doctrina de “Camaronera Patagónica”
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Expte. nro. 41273/2023 MOLINOS RIO DE LA PLATA SA (TF 38343-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO (cfr. Sala IV, causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA”, expte. nro. 20415/2021, sentencia del 31/5/22 en especial su décimo considerando). En razón de lo expuesto, concluyó en la invalidez del decreto 1719/12, toda vez que por su intermedio se creó una carga tributaria y se fijó una alícuota de derechos de exportación sin que existiese una clara política legislativa, incursionando de esta manera el Poder Ejecutivo Nacional en una materia reservada exclusivamente al Congreso de la Nación.
VIII. Que, por ello, se debe revocar la sentencia apelada y las resoluciones aduaneras cuestionadas, declarar la invalidez del Dto. 1719/12 y ordenar la devolución de los derechos de exportación abonados por aplicación de dicha norma en exceso del que quedó consentido por la exportadora (cfr. liquidaciones y comprobantes de pago obrantes en la causa y lo resuelto por la CSJN en “Cencosud (TF 29.535-A) c/ DGA", sentencia del 15/5/2014), más los intereses reclamados (art. 811 del Código Aduanero).
IX. Que, en atención a lo solicitado y conforme a lo decidido por esta Sala en las causas “Thomas de Sudamérica SA c/DGA s/recurso directo de organismo externo” (expte. nro. 37.527/16) y “Oleaginosa Moreno Hermanos SA c/ Administración Nacional de Aduanas s/recurso directo de organismo externo” (expte. nro. 2267/18), del 12/10/2017 y 30/08/2018 respectivamente, así como lo resuelto por la Sala IV de esta Cámara en las causas homónimas “Oleaginosa Moreno Hermanos SA” (exptes. nro. 49628/18 y 19255/21), sentencias del 26/3/19 y 10/2/22, respectivamente, corresponde que los intereses que habrán de acceder al crédito reconocido sean liquidados desde el momento de formularse el reclamo y hasta la entrada en vigencia de la Resolución Nº 598/19, aplicando la tasa pasiva promedio que publica mensualmente el Banco Central de la República Argentina - Comunicado Nº 14.290 BCRA (en el mismo sentido, v. esta Sala, causas “VELEDA, CARLOS ALBERTO c/ DGI”, expte. nro. 68267/18, del 7/11/2019 y “TETRA PACK SRL (TF 38243-A ) c/ DGA”, expte. nro. 3092/2021, del 30/11/2021, entre otras).
Por ello, SE RESUELVE: revocar la sentencia apelada y las resoluciones aduaneras impugnadas y, en consecuencia, ordenar la devolución de los derechos de exportación abonados por aplicación del Dto. 1719/12 en exceso del que quedó consentido por la exportadora de acuerdo a lo expresado en los puntos VIII y XI de la presente. Las costas de ambas instancias se imponen a la vencida (arts. 279 y 68, primer párrafo, CPCCN).
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se hace constar que -por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Salasuscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán, quien integra este Tribunal en los términos de la Ac. 2/24 de esta Cámara.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ JORGE EDUARDO MORÁN
Fin de la sentencia