Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 38381-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar al recurso interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, revocar la sentencia apelada, y reconocer el derecho de la firma Molinos Río de la Plata S.A. a obtener el reintegro de los derechos de exportación abonados en más sin causa con más los intereses, de conformidad con lo establecido en el considerando X y XI; con costas de ambas instancias a la parte demandada vencida.
Se hace saber a las partes que podrán consultar copia de los precedentes citados en el sitio web de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
CAF 19858/2024; “MOLINOS RIO DE LA PLATA SA (TF 38381-A) C/ DGA S/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala– suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada N° 3/25 de esta Cámara.
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Buenos Aires, de octubre de 2025. IDM Y VISTOS;
I. Sentencia del Tribunal Fiscal La Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, mediante la sentencia que obra a fs. 151-152, confirmó las resoluciones nº 57/17, 58/17, 60/17 y 63/17 dictadas en el marco de las actuaciones administrativas nº 12542-4488-2014, 12542-4490-2014, 12542-4486- 2014 y 12509-419-2015. Asimismo, distribuyó las costas en el orden causado.
Para decidir de esa forma, puntualizó que la DGA había rechazado la solicitud de devolución de las sumas abonadas en concepto de derecho de exportación, realizadas por Molinos Rio de la Plata S.A., documentadas en los PE 12 052 EC01 007276 L, 12 052 EC01 007277 M, 12 052 EC01 007273 X y 12 057 EC03 001111 A.
Expuso los argumentos esgrimidos por las partes en las principales presentaciones ante el Tribunal Fiscal y, recordó que la causa fue declarada como de puro derecho.
Seguidamente, advirtió que en la presente controversia, asiste razón a la Aduana, y que el planteo es sustancialmente análogas a las consideradas en el Acuerdo Plenario del 26/04/2022, “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/ DGA s/ recurso de apelación”.
Transcribió parte de la doctrina del plenario y teniendo en expresa consideración lo ordenado en el referido artículo 151 de la ley 11.683, a los fines de la resolución de la causa resulta plenamente aplicable, mutatis mutandi, la posición legal establecida en el referido Acuerdo Plenario, en tanto la operatoria dispuesta por el Decreto Nro. 126/2008 y 100/12 -que fijara derechos de exportación a las posiciones arancelarias allí estipuladas- resulta similar, a aquella establecida en el Decreto Nro. 793/2018, cuya validez ha sido expresamente receptada en la doctrina plenaria de referencia. Por ese motivo, decidió confirmar la resolución apelada, en cuanto dispuso rechazar el pedido de devolución de derechos de exportaciones abonados por la recurrente.
En virtud de lo expuesto, rechazó la pretensión de la devolución de los derechos de exportación abonados por la actora. Finalmente, en atención a la complejidad de la cuestión tratada, distribuyó las costas por su orden.
II. Agravios de la parte actora Contra aquel pronunciamiento, la parte actora interpuso recurso de apelación a fs.170 y expresó agravios a fs. 179, los cuales fueron contestados por el fisco nacional a fs. 192.
En primer lugar, aduce que el plenario “Petroquimica Comodoro Rivadavia” no es aplicable a la presente causa, ya que se trata de decretos distintos.
En segundo lugar, aduce la inconstitucionalidad del decreto 100/12 por haber sido emitido por el Poder Ejecutivo en abierta violación al principio de legalidad y por no contar con ratificación legislativa.
Por último, se agravia de la tasa de interés prevista en la resolución MEyP 314/04, manifestando que vulnera los derechos constitucionales de propiedad y razonabilidad. Solicita que se aplique la tasa de interés pasiva promedio del Banco Central de la República Argentina.
III. Agravios del Fisco Nacional Por su parte, la demandada interpuso recurso de apelación y expresó agravios a fs.162/164, los que fueron contestados por la actora a fs. 175/178.
Se agravia únicamente de la distribución de las costas en el orden causado.
IV. Alcances del pronunciamiento CAF 19858/2024; “MOLINOS RIO DE LA PLATA SA (TF 38381-A) C/ DGA S/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
De manera preliminar, es necesario advertir que esta Sala no se encuentra obligada a seguir a los apelantes en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que proponen a consideración de la alzada, sino tan sólo aquéllas que son conducentes para decidir el caso y bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (cfr. CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970; esta Sala, in rebus: “ACIJ c/ EN- ley 24240- Mº Planificación s/ proceso de conocimiento”, del 29/5/2008; “Multicanal S.A. y otro c/ EN- SCI DLC (Actas 2600/09 y otras) s/ amparo ley 16.986”, del 21/5/2009; “Ciudadanos Libres Calidad Institucional Asoc Civil c/ EN- Dto 67/10 s/ medida cautelar (autónoma)”, del 21/10/2010; “CPACF- Inc Med (2-III- 11) c/ BCRA- Comunicación ‘A’ 5147 y otro s/ proceso de conocimiento”, del 18/4/2011; “Nardelli Moreira Aldo Alberto c/ EN- DNM Disp 1207/11 –Legajo 13975- (S02:9068/11) s/ medida cautelar (autónoma)”, del 25/8/2011, “Rodríguez Rubén Omar c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, del 7/8/2014, “Laham, Alberto Elías c/DGI s/Recurso directo de organismo externo”, del 7/5/2015; “Araujo Medina Alexander Javier c/ EN –M Interior OP y V-DNM s/ recurso directo DNM”, del 27/4/2018, entre otros).
V. Carácter limitado de la revisión judicial sobre las cuestiones de hecho En este orden de ideas, es menester recordar que, por principio, no cabe revisar en esta instancia cuestiones atinentes a la valoración de los elementos fácticos en los que el Tribunal Fiscal de la Nación ha fundado su decisión, puesto que, en virtud de lo normado por el art. 1180 del Código Aduanero, está reservada a dicho tribunal la apreciación respecto de la prueba y su suficiencia, salvo que mediara error de magnitud suficiente en esa ponderación, supuesto en el que cabría apartar la aplicación de aquél principio (cfr. CSJN, Fallos: 300:985; esta Sala, in rebus: “Renault Argentina SA”, del 7/3/1995; “SIAT SA (TF 16680-A) c/ DGA”, del 14/11/2009; “Agencia Maritima Tagsa SA (TF 18034-A) c/ DGA”, Causa Nº 25.245/2005, del 20/10/2011; “Welding Argentina SA (TF 17821-A) c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, Causa Nº 6.774/2015, del 15/12/2016; “Holgado, Alejandra Marcela TF 26455-A c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, Causa Nº 37638/2017, del 4/10/2018; “Odfjell Argentina SA c/ DGA s/ Recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 28.558/2018, del 26/2/2019, “Novartis Argentina SA (TF 28664-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 5609/2016, del 21/6/2019; “Procesadora de Boratos Argentinos SA (TF 30115-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 3084/2020, del 5/5/2021; “Paraná SA de Seguros (TF 38231-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 10/2019, del 22/7/2022 y, “Gargiulo, Antonio Bartolomé (TF 40091-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 27458/22, del 27/12/2022, entre muchos otros).
VI. Reseña de las normas aplicables al caso Según lo dispuesto por el artículo 726 del Código Aduanero, es aplicable el derecho de exportación establecido por la norma vigente a la fecha del registro de la correspondiente solicitud de destinación de exportación para consumo. De modo excepcional, para aquellas operaciones que se hubiesen registrado al amparo del régimen especial de la ley 21.453, a los fines de la liquidación de los derechos de exportación resulta de aplicación la alícuota vigente a la fecha de cierre de cada venta (art. 6º). A su vez, a fin de resolver la cuestión controvertida, cabe por dejar sentado que el artículo 728 del CA establece que “a los fines de la liquidación de los derechos de exportación y de los demás tributos que gravaren la exportación para consumo, serán de aplicación el régimen tributario, la alícuota, la base imponible y el tipo de cambio para la conversión de la moneda extranjera en moneda nacional de curso legal, vigentes en las fechas indicadas en CAF 19858/2024; “MOLINOS RIO DE LA PLATA SA (TF 38381-A) C/ DGA S/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
los artículos 726 y 727”. En este orden de ideas, cabe señalar que la Constitución Nacional dispone lo siguiente: “Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca” (artículo 76, primer párrafo, del texto constitucional). Por otro lado, en su artículo 99 prevé que el Presidente de la Nación posee diversas atribuciones, entre las que se encuentran —en lo que aquí interesa— las siguientes: (i) expedirá las instrucciones y reglamentos que sean necesarias para la ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias (inciso 2º); (ii) es quien participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y las hace publicar, pero no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo (inciso 3º). Asimismo, en el mismo inciso se dispone que “solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros”.
A tal fin, “[e]l jefe de gabinete de ministros personalmente y dentro de los diez días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión elevará su despacho en un plazo de diez días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las Cámaras. Una ley especial sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso” (artículo 99, inciso 3º).
A su vez el artículo 100 establece que tanto el Jefe de Gabinete de Ministros como los demás ministros secretarios no solo tienen a su cargo el despacho de los negocios de la Nación, sino que también a ellos les corresponde refrendar y legalizar los actos del presidente por medio de su firma, los cuales, sin dicho requisito, carecen de eficacia. Además, el mencionado artículo determina que el Jefe de Gabinete de Ministros es a quien le compete refrendar los decretos que ejercen facultades delegadas por el Congreso, los cuales también estarán sujetos al control de la Comisión Bicameral Permanente (inciso 12). Por su parte, el artículo 755 del Código Aduanero establece que el Poder Ejecutivo podrá “a) gravar con derecho de exportación la exportación para consumo de mercadería que no estuviere gravada con este tributo; b) desgravar del derecho de exportación la exportación para consumo de mercadería gravada con este tributo; y c) modificar el derecho de exportación establecido”.
VII. Jurisprudencia de la corte Suprema aplicable al caso Por otro lado, cabe puntualizar que en el precedente registrado Fallos: 337:388, “Camaronera Patagónica S.A. c/ Ministerio de Economía y otros s/ Amparo” (sentencia del 15/4/2014), la mayoría del Máximo Tribunal destacó la indudable naturaleza tributaria de este derecho de exportación. Ello así, señaló que se trataba de un “tributo cuya definición puede comprenderse en el artículo 724 del Código Aduanero, en tanto grava el hecho de la exportación misma de la mercadería, para consumo, involucrando una carga pecuniaria coactiva para el sujeto pasivo que realice la acción gravada prevista por la norma, con destino a las arcas públicas” (considerando 6º).
Asimismo, destacó que en el Código Aduanero se determinó la posibilidad de que este tipo de gravámenes fuera establecido CAF 19858/2024; “MOLINOS RIO DE LA PLATA SA (TF 38381-A) C/ DGA S/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
con finalidad recaudatoria —es decir, para nutrir el erario público— y también con el objeto de cumplir con los demás fines estatales. En este sentido, la Corte Suprema sostuvo que “las razones que se invocaron para dictar la resolución 11/02 se inscriben dentro de tal caracterización pues en los considerandos que precedieron a dicha norma se aludió al fuerte deterioro de los ingresos fiscales (…) No obstante ello, corresponde reiterar que el ‘derecho’ establecido por la resolución mencionada es por su naturaleza un tributo – específicamente, un impuesto–, más allá de los fines que con él se hayan querido lograr” (considerando 7º). Así las cosas, luego de señalar que la controversia suscitada requería el examen de compatibilidad de las normas en debate —especialmente el artículo 755 del Código Aduanero y la resolución 11/2002— con las que la Constitución Nacional fijó para el establecimiento de los gravámenes, afirmó que “nuestra Ley Fundamental prescribe, de manera reiterada y como regla primordial, tanto en el art. 4º como en los arts. 17 y 52, que solo el Congreso impone las contribuciones referidas en el primero de ellos”; y puntualizó que el principio de legalidad o reserva de ley, de raigambre constitucional “abarca tanto a la creación de impuestos, tasas o contribuciones especiales como a las modificaciones de los elementos esenciales que componen el tributo, es decir, el hecho imponible, la alícuota, los sujetos alcanzados y las exenciones” (considerando 8º).
A continuación, con relación al principio de reserva de ley en materia tributaria indicó que éste no cede en el supuesto de que se actúe mediante el mecanismo de la delegación legislativa, recordando que ella misma sostuvo al respecto que “los aspectos sustanciales del derecho tributario no tienen cabida en las materias respecto de las cuales la Constitución Nacional (art. 76), autoriza, como excepción y bajo determinadas condiciones, la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo” (Considerando 9º). A partir de tal premisa, destacó que el legislador no había determinado de manera cierta e indudable la forma de cuantificar la prestación, sino que había recurrido a lo dispuesto por la resolución 11/2002, de manera que el Congreso Nacional no había previsto cuál era la alícuota aplicable, ni siquiera mediante el establecimiento de unos baremos máximos y mínimos para su fijación.
Expuso que “ni la ley 22.415 ni mucho menos la 25.561 establecen, siquiera con mínimos recaudos, los elementos esenciales del tributo de que se trata. Por una parte, la ley 25.561 solo contiene en su art. 5°, tercer párrafo, in fine, una previsión de creación de un derecho a la exportación de hidrocarburos, supuesto ajeno al de la especie cuya constitucionalidad no es objeto aquí de discusión. Pero, con la salvedad mencionada, no hay otra disposición en su articulado que permita establecer, con claridad y sin duda alguna, las pautas de la clara política legislativa a las cuales debe atenerse el Presidente. Es más, de su lectura no puede siquiera intuirse que el Poder Legislativo haya delegado en el Ejecutivo la posibilidad de crear este tipo de gravámenes, más allá de la admisibilidad constitucional de tal mecanismo, que como se señaló anteriormente debe ser enérgicamente rechazada” (Considerando 9°, el destacado no pertenece al original).
Por lo tanto, concluyó que “al guardar silencio el citado cuerpo legal respecto de la alícuota máxima que puede establecerse en materia de derechos de exportación, coloca a la resolución impugnada a extramuros de las normas y principios constitucionales antes reseñados” (Considerando 9º, último párrafo). Seguidamente, en el considerando 10 explicó la utilidad que revisten los tributos aduaneros como herramienta estadual frente a las fluctuaciones que presenta el comercio internacional, exponiendo que en el ámbito de los derechos aduaneros “cobra relevancia la doctrina según la cual ‘tratándose de materias que presentan contornos o aspectos tan peculiares, distintos y variables que al legislador no le sea posible prever anticipadamente la manifestación CAF 19858/2024; “MOLINOS RIO DE LA PLATA SA (TF 38381-A) C/ DGA S/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
concreta que tendrán en los hechos, no puede juzgarse inválido, en principio, el reconocimiento legal de atribuciones que queden libradas al arbitrio razonable del órgano ejecutivo, siempre que la política legislativa haya sido claramente establecida’”.
Luego, indicó que, en ese contexto, resultaba admisible que el Congreso atribuyera al Poder Ejecutivo determinadas facultades, las que se ceñirían exclusivamente al aspecto cuantitativo de la obligación tributaria, consistiendo, por lo tanto, autorizar a elevar o disminuir las alícuotas aplicables, siempre y cuando, para el ejercicio de dicha atribución, se fijaran pautas y límites precisos mediante una clara política legislativa. A partir de este análisis la Corte federal concluyó que la resolución 11/2002 resultaba inválida. Sin embargo, en el considerando 11 descartó que pudiera ignorarse que la ley 25.645 había aprobado “la totalidad de la legislación delegada dictada al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma de 1994”, destacando que “[e]s evidente que los términos empleados por el legislador al sancionar la ley 25.645 constituyen una clara manifestación de su decisión política de ratificar la legislación delegada dictada hasta el 24 de agosto de 2002…”, lo cual representó “…la voluntad expresa del Congreso Nacional en la materia y solo pueden ser interpretados en el sentido de que quiso conferir rango de ley al contenido de todas las normas delegadas dictadas con anterioridad a su entrada en vigencia”. Por lo tanto, negando que la ley 25.645 pudiera convalidar retroactivamente una norma que adolecía de nulidad absoluta e insanable como la resolución 11/2002, declaró que no existía “razón alguna para privarla de efectos en relación con los hechos acaecidos después de su entrada en vigencia…”; y resolvió que la invalidez del reglamento se circunscribía al período comprendido entre el 5/6/2002 y el 24/8/2002, momento —este último— a partir del cual había comenzado a regir la ley 25.645.
VIII. La solución del caso En virtud de la claridad de la norma que determina los derechos de exportación que resultan aplicables al caso -art. 726 del CA- entendemos que hay que hacer lugar al planteo de la actora.
Además de lo ya dicho, obsérvese que la exportadora consintió expresamente el importe equivalente a la alícuota del 5% que hubiese correspondido por aplicación del decreto 509/07, aunque sin sostener la validez de esta última norma. Por consiguiente, lo único que corresponde determinar en esta instancia es si la diferencia cuestionada– que no es materia de controversia entre las partes que correspondería al incremento de alícuota dispuesto por el decreto 100/12–, se pagó con sustento en una norma constitucionalmente inválida, en cuyo caso debería admitirse la repetición.
Cabe tener presente que el decreto 509/07 (convalidado por la Cámara de Senadores de la Nación el 22/8/07 -B.O. 10/10/2007- y por la Cámara de Diputados de la Nación el 28/11/07 -B.O. 10/12/2007- había fijado una alícuota de derecho de exportación de biodiesel del 5%, que fue consecutivamente elevada al 20% mediante la resolución 126/08, que textualmente dispuso: “Artículo 1º- Incorpórase en el Anexo XIV del Decreto Nº 509 de fecha 15 de mayo de 2007 y sus modificaciones la posición arancelaria de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) 3824.90.29, conforme se indica a continuación: […] 5 %[…] (29) Excepto las mezclas de ésteres monoalquílicos de ácidos grasos de cadena larga derivados de aceites vegetales o grasas animales ("biodiesel"), que tributarán un derecho de exportación del VEINTE POR CIENTO (20%)”.
Posteriormente, el decreto 100/2012 (BO 31/01/2012)
sustituyó […] las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) comprendidas en el Anexo XIV al Decreto No 509/07 y sus modificaciones […] por lo que […] El biodiesel quedó alcanzado por un derecho de exportación del 20% […]. En lo que interesa en la especie, no es posible soslayar que en los considerandos del CAF 19858/2024; “MOLINOS RIO DE LA PLATA SA (TF 38381-A) C/ DGA S/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
decreto 100/2012 el Poder Ejecutivo Nacional invocó las facultades conferidas por los incisos 1 y 2 del artículo 99 de la Constitución Nacional y los artículos 11, apartado 2, y 12 de la Ley Nº 22.415 y sus modificaciones (Código Aduanero) y por la Ley Nº 25.561 prorrogada por su similar Nº 26.729.
Sin embargo, no resulta admisible reconocer en el reglamento en cuestión la naturaleza reglamentaria del Código Aduanero. Y esto es así ya que la fijación de derechos de exportación en modo alguno califica como una complementación o integración de la ley 22.415; máxime si se pondera que los artículos invocados (arts. 11 y 12 del CA) legislan la materia clasificatoria de las mercaderías. A su vez, el decreto 100/2012, simulando el ejercicio de la competencia otorgada por los incisos 1° y 2° del art. 99 CN, no ha hecho otra cosa que legislar sobre el aspecto cuantitativo de un tributo, lo cual bajo los estándares que ha sentado el Cimero Tribunal no puede ser convalidado (ver en especial, Considerando 9° del precedente “Camaronera Patagónica” ya citado). En función de lo desarrollado, debe concluirse que el decreto 100/2012 es inconstitucional, ya que estableció una carga fiscal y determinó una alícuota sin una base legislativa concreta, lo que implica una extralimitación del Poder Ejecutivo al avanzar sobre competencias que la Constitución reserva al Poder Legislativo, en resguardo del principio de legalidad en materia tributaria. Esta modificación, además, no ha sido objeto de ratificación legislativa a la fecha en que fue oficializada la operación de exportación ya mencionada, lo cual también conduce a su invalidez constitucional, de conformidad con la doctrina emanada del precedente “Camaronera Patagónica” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya citado (en sentido análogo, v. esta Sala, causa “LDC ARGETNINA SA (TF 36454 -A) c/ DGA” expte. nro. 65461/2022, del 2/2/2024). La invalidez constitucional del derecho de exportación establecido por el decreto 100/2012 a la luz del dicho precedente ya ha sido declarada por esta Sala in re, “Viterra Argentina SA (TF 22907174 -A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, causa nº 7717/2024 del 15/07/2025 y por la Sala IV -integrada por Resolución de Junta de Superintendencia 7/2025 por el Dr. Fernández- en los autos “Viterra Argentina SA (TF41845471-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo” y “Viterra Argentina SA (TF 28489578-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, exptes. nros.
13597/2025 y 17/088/2025, ambos del 12/06/2025.
En esos términos, corresponde admitir los agravios de la parte actora, revocar la resolución apelada, declarar la inconstitucionalidad del derecho de exportación establecido en el decreto 100/2012 y admitir la repetición de la diferencia reclamada.
IX. Sobre el cuestionamiento de la resolución ME 559/2022 Corresponde rechazar la impugnación de la resolución ME 559/2022 y la solicitud tendiente a que la tasa que esa norma fija sea reemplazada por la tasa pasiva que publica el Banco Central de la República Argentina, toda vez que la apelante se limitó a señalar genéricamente que su aplicación afecta su derecho de propiedad, sin efectuar un análisis riguroso que compruebe que esa norma resulte lesiva de sus derechos constitucionales (cfr. esta Sala, expte. nro. 14663/2024 “Lixis SAU (TF 85354116-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 20/02/2025). Al respecto, resulta oportuno añadir que la Sala IV del fuero ha destacado que los agravios basados en que la aplicación de la tasa antedicha no resultaría equiparable a los índices inflacionarios, no cumple con las exigencias establecidas por el Máximo Tribunal. Y concluyó que “dar favorable acogida a la argumentación de la actora, en los términos en que ha sido planteada, conllevaría a un desconocimiento de las normas dispuestas por el legislador, a través de las cuales se instauró la prohibición de indexación, mediante las leyes 23.928 y 25.561” (cfr. Sala IV, Causa N° CAF 63190/2019/CA1, in re, CAF 19858/2024; “MOLINOS RIO DE LA PLATA SA (TF 38381-A) C/ DGA S/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
“Industrial And Commercial Bank Of China c/ AFIP – DGI s/Dirección General Impositiva”, del 07/11/2023), doctrina que también ha extendido a las repeticiones aduaneras (cfr. Sala IV, Considerando 6° de la sentencia dictada en la causa 16279/2024, in re, “PBB Polisur SRL (TF 22571331-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 19/11/2024). Dicha doctrina concuerda con lo expuesto por esta Alzada en el reciente fallo “Telefónica de Argentina SA c/ Administración Federal de Ingresos Públicos-Dirección General Impositiva s/ Dirección General Impositiva” y sus citas (Causa 11207/2020 sentencia del 26/11/2024). Cabe dejar sentado que, a diferencia de lo planteado en el expte. 17088/2025 “Viterra Argentina SA” ya citado, en el caso, la actora no ha objetado la resolución M° 314/2004, de modo que no corresponde expedirse al respecto.
X. Intereses En cuanto a los intereses que habrán de adicionarse a las sumas a reintegrar (artículo 811 del Código Aduanero), en la medida en que la solicitud de repetición fuera presentada el 22/11/2017 (cfr pp. 133 -165 del DEO 13860254 y cfr. p. 175), los intereses deberán calcularse de la siguiente manera: (i) desde el momento de presentación del reclamo y hasta el 31/07/2019, a la tasa prevista en la resolución ME 314/04 (cfme. art. 3°); (ii) desde el 1/08/2019 y hasta el 31/8/2022, conforme a la tasa prevista en la resolución 598/2019 del Ministerio de Hacienda (cfr. artículo 10, vigente a partir del 1º/8/2019); (iii) desde el 1º/9/2022 y hasta el 31/1/2024, de acuerdo con la establecida en la resolución 559/2022 del Ministerio de Economía (cfr. artículo 9º); (iv) desde el 01/02/2024 y hasta el 28/02/2025, de conformidad con la contemplada en la resolución 3/2024 del Ministerio de Economía (cfr. artículo 10); (v) a partir del 01/03/2025 y hasta el 30/06/2025, según la tasa contemplada en la resolución 199/2025 del Ministerio de Economía (cfr. artículo 3º); (vi) a partir del 1/07/2025, según la tasa fijada en la resolución del Ministerio de Economía 823/2025 (artículo 3°) o la que en el futuro pudiera regir, hasta el momento del efectivo pago, en las condiciones establecidas por la CSJN el dictar sentencia el 15 de mayo de 2014 en la causa “Cencosud (TF 29.535-A) c/DGA" y de conformidad con la liquidación que deberá practicarse oportunamente (esta Sala, in re: “Oleaginosa Moreno Hermanos SACIFIA (TF 28712 -A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 43.705/2023, sentencia del 2/2/2024; “Minera Santa Cruz S.A. (TF 27393717-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 34.659/2023, sentencia del 12/3/2024; expte. CAF 43700/2023/CA1 in re “Genoma Laboratories SA c/EN–AFIP– DGA–SIGEA XI. Costas Por último, en cuanto a la imposición de costas, teniendo en cuenta que por la presente se resuelve revocar el decisorio de la anterior instancia, y que tampoco se advierte la existencia de cuestiones suficientes para que el Tribunal se aparte del principio general de la derrota, corresponde imponerlas —en ambas instancias— a la parte demandada vencida (artículos 68, primer párrafo, y 279 del CPCCN). En concordancia, resulta inoficioso expedirse respecto del agravio deducido por la parte demandada.
Por ello, en mérito de lo precedentemente expuesto, SE
hacer lugar al recurso interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, revocar la sentencia apelada, y reconocer el derecho de la firma Molinos Río de la Plata S.A. a obtener el reintegro de los derechos de exportación abonados en más sin causa con más los intereses, de conformidad con lo establecido en el considerando X y XI; con costas de ambas instancias a la parte demandada vencida.
Se hace saber a las partes que podrán consultar copia de los precedentes citados en el sitio web de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
CAF 19858/2024; “MOLINOS RIO DE LA PLATA SA (TF 38381-A) C/ DGA S/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala– suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada N° 3/25 de esta Cámara.
Regístrese, notifíquese a las partes y, oportunamente, devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ JORGE EDUARDO MORÁN
Fin de la sentencia