Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 38511-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar los recursos de apelaciones de las partes; y confirmar el decisorio del Tribunal Fiscal de la Nación del día 17 /11/2022, en cuanto fue materia de agravios.
2Imponer las costas en esta Alzada en el orden causado (art. 68, segundo párrafo del CPCCN).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
27494/2023 MOLINOS RIO DE LA PLATA SA (TF 38511-A) c/ DGA s /RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de abril de 2024.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
El Sr. Juez de Cámara, Dr. Pablo Gallegos Fedriani, dijo:
I.-Que por Decisorio del 17/11/2022, el Tribunal Fiscal de la Nación confirmo la Resolución Nº 83/17 (DI RAHI) recaída en la actuación SIGEA nro 12509-443-2015, con costas por su orden.-
II.-Que el 3/2/23 apeló la actora y con igual fecha hizo lo propio la demandada, quienes expresaron agravios los días 28 /2/23 y 24/2/23 respectivamente, los que fueron contestados el 14/3/23 por la accionante y el 4/4/23 la accionada. El 14/7/23 dictaminó el Sr. Fiscal General y el 4/8/2023 los autos volvieron con el llamado de autos a sentencia del 12/7/2023.-
III.-Que mediante la presente acción, la parte actora pretende que se revoque la Resolución Nº 83/17 (DI RAHI) mediante la cual se rechazó la acción de repetición oportunamente promovida. La suma cuya devolución se solicita es de $669.281,07, en la medida en que los respectivos derechos de exportación se fundamentaron en el Decreto 100/2012, normativa esta última que -según afirma la actora- resultaría palmariamente inconstitucional.-
IV.-Que para resolver como lo hizo, el Tribunal Fiscal de la Nación aplicó el fallo plenario del 26/4/2022 dictado en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/ DGA s/ recurso de apelación”, mediante el cual se determinó que el a quo no puede declarar la inconstitucionalidad de una ley en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente, como así también que el Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero.-
V.-Que se agravia la parte actora en cuanto entiende que no resulta de aplicación al caso el fallo plenario del Tribunal Fiscal de la Nación y cuestiona su carácter obligatorio. Asimismo, reitera la inconstitucionalidad del Decreto 100/2012 (norma que se aplicó al momento de registrarse las operaciones de exportación aquí involucradas) por haber sido emitido por el Poder Ejecutivo Nacional en abierta violación al principio de legalidad y por no contar con ratificación legislativa.-
VI.-Que sobre el punto, el Sr. Fiscal General dictaminó: “A la luz del plexo normativo reseñado y la doctrina de la Corte Suprema de Justicia, advierto que la eventual declaración de inconstitucionalidad del Decreto Nº 100/2012 tendría por efecto la invalidez de esa norma y, en consecuencia, el restablecimiento de la alícuota vigente al momento de su dictado, es decir, la prevista en la Resolución Nº 126/2008, cuya constitucionalidad no fue puesta en tela de juicio por la recurrente en su memorial. En este sentido, cabe destacar que si bien la exportadora controvirtió genéricamente las alícuotas fijadas por normas ‘infralegales’ y el ejercicio de esa potestad por el Poder Ejecutivo Nacional, lo cierto es que su petición se sustentó de forma exclusiva en la inconstitucionalidad del Decreto Nº 100/2012 y su falta de ratificación legislativa, sin postular de forma específica la invalidez de la mencionada resolución, ni la de las leyes sancionadas durante ese período que podrían tener incidencia en el asunto (vgr. Ley Nº 26.519). Conforme a ello, considero que resulta inconducente adentrarse en el análisis de la constitucionalidad del Decreto Nº 100/2012 en base al cual se liquidaron derechos de exportación a la alícuota del 20%, toda vez que una eventual sentencia favorable tendría efectos –para los productos de la posición arancelaria 3826.00.00- el restablecimiento de una alícuota fijada también en un 20%, por la Resolución Nº 126/2008 del entonces Ministerio de Economía (conf. informe contable de fs. 24/42 de las actuaciones administrativas). Es que, como se indicó, la ausencia de un nítido planteo sobre el punto impide apartarse de los términos de esa norma y de las alícuotas resultantes de su aplicación”.-
En atención al desarrollo que antecede y toda vez que comparto lo dictaminado por el Sr. Fiscal General, a cuyos fundamentos cabe remitirse en un todo, corresponde confirmar por los argumentos antes mencionados, lo resuelto sobre el planteo de inconstitucionalidad.-
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VII.-Que la solución que se propicia en el considerando precedente, exime a este tribunal de tener que pronunciarse sobre la aplicabilidad o no al caso concreto, del fallo plenario citado por el Tribunal Fiscal de la Nación.-
VIII.-Que se agravia la parte demandada en cuanto a la forma en que fueron impuestas las costas, pues entiende que deben ser soportadas por la actora vencida. En la medida en que el caso de autos es de difícil solución, resulta ajustado a derecho imponer las costas de ambas instancias en el orden causado (art. 68, segundo párrafo del CPCCN), por lo que corresponde rechazar el agravio de la accionada y confirmar en este punto la sentencia apelada.-
IX. - Que en atención a lo expuesto, corresponde: 1) Rechazar los recursos de apelaciones de las partes; y confirmar el decisorio del Tribunal Fiscal de la Nación del día 17/11/2022, en cuanto fue materia de agravios, con imposición de costas en esta instancia en el orden causado (art. 68, segundo párrafo del CPCCN). ASÍ VOTO.-
El Sr. Juez de Cámara, Dr. Jorge F. Alemany adhiere en lo sustancial al voto que antecede.-
El Dr. Guillermo F. Treacy no suscribe la presente por encontrarse en uso de licencia (art. 109 del RJN). En atención al resultado del Acuerdo que antecede, SE RESUELVE: 1) Rechazar los recursos de apelaciones de las partes; y confirmar el decisorio del Tribunal Fiscal de la Nación del día 17 /11/2022, en cuanto fue materia de agravios. 2) Imponer las costas en esta Alzada en el orden causado (art. 68, segundo párrafo del CPCCN). Regístrese, notifíquese y devuélvase.-
Pablo Gallegos Fedriani Jorge Alemany
Fin de la sentencia