Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 38626-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Admitir el recurso de la parte actora, revocar la resolución de fs. 271/275, declarar la inconstitucionalidad del derecho de exportación establecido en el decreto 100/12, y admitir la repetición de la diferencia reclamada ($903.515,13), más los intereses previstos por el artículo 811 del Código Aduanero, calculados con arreglo a lo dispuesto precedentemente.
2Imponer las costas de ambas instancias al Fisco Nacional (arts. 1163 y 1182 del CA, y arts. 68, primer párrafo, y 279, del CPCCN).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
5675/2026 MOLINOS RIO DE LA PLATA SA (TF 38262-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, abril de 2026.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
1. Que, a fs. 271/275, el Tribunal Fiscal de la Nación, por mayoría, confirmó la resolución 97/2017 (SDF OAI), dictada en las actuaciones SIGEA Nº 12542-4483-2014, en cuanto denegó la devolución de la suma $903.515,13 y sus intereses, por el derecho de exportación de biodiesel, abonado respecto del permiso de embarque 12052 EC1007275K, en los términos del decreto 100/12 (oficializado el 20.07.2012, v. fs. 20 del mencionado expte. adm.).
Para resolver como lo hizo, consideró que la cuestión planteada era similar a la que se había resuelto en el acuerdo plenario dictado el 26/4/22 en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/ DGA s/ recurso de apelación” (EX-2020- 24600163-APNSGASAD#TFN), donde se había fijado, como doctrina legal, que: a) el Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una ley, en un caso concreto y ante un planteo efectuado por un recurrente; b) el Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el artículo 755 del Código Aduanero; c) no corresponde declarar la invalidez del decreto 793/18 respecto de destinaciones de exportación registradas a partir de su entrada en vigencia (4/9/18) y hasta la fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467 (4/12/18).
Sobre esa base, se abstuvo de pronunciarse sobre la validez constitucional del dictado decreto, respecto de la que entendió aplicable aquellas conclusiones mutatis mutandi, y rechazó la repetición.
Finalmente, impuso las costas a la parte vencida de conformidad con lo previsto por el art. 1163 del CA.
2. Que la actora interpuso apelación a fs. 284, que fue concedido a fs. 286, fundado a fs. 287/300vta., y contestado a fs. 305/309.
En lo sustancial, se agravió de la aplicación del aludido plenario al presente caso (fs. 289 y siguientes). Además, planteó que debían revisarse las conclusiones del organismo jurisdiccional porque se apartaban del principio de legalidad en materia tributaria, tal como había sido entendido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Camaronera Patagónica SA” (Fallos: 337:388).
Recordó que, en el mencionado precedente, se había declarado que el art. 755 del CA no calificaba como una norma delegante válida a efectos de que el PE pudiera fijar derechos de exportación. Explicó que, con arreglo a su doctrina, debía declararse la inconstitucionalidad del decreto 100/12, norma que se aplicó al momento de registrarse las operaciones por haber sido emitida por el Poder Ejecutivo en infracción al principio 1 de legalidad y no contar con ratificación legislativa (fs. 294). Expuso que existió una sucesión de normas “infralegales” que definieron las alícuotas aplicables que hacen que el pago de los tributos resulte ilegítimo.
Al respecto, indicó que el decreto 509/2007 estableció una alícuota del 5% y fue ilegítimamente ratificado por el Congreso Nacional a través de resoluciones que no califican como una ley formal. Sin embargo, señaló que “asume como válida” esa alícuota del 5% y, por ello, pagó en exceso y sin causa válida un 15% en concepto de derechos de exportación, en razón de la diferencia entre ese porcentaje y el establecido por la alícuota del decreto 100/2012, vigente al verificarse cada uno de los hechos imponibles. En ese sentido, hizo hincapié en que no pretendía la devolución del total abonado en concepto de derechos de exportación, sino la diferencia entre la alícuota del 20%, que establecía el ilegítimo decreto 100/12, y la del 5%, que hubiese correspondido con arreglo a decreto 509/02.
Finalmente, insistió en la inconstitucionalidad de la tasa de interés prevista en el art. 3° de la resolución 314/2004, en tanto lleva a la desvalorización de su crédito y de la resolución 559/2022 y las que la sustituyeron, por los mismos motivos (v. fs. 297/300).
3. Que, la Fiscalía General entendió que devenía inoficioso expedirse sobre el planteo de inconstitucionalidad del decreto 100/2012, en la medida en que tendría por efecto la invalidez de esa norma y, en consecuencia, el restablecimiento de la alícuota vigente al momento de su dictado, es decir, la prevista en la resolución 126/2008 (20%), cuya constitucionalidad —según entendió— no había sido puesta en tela de juicio por la recurrente en su memorial (cfr. fs. 316/317 del expte. digital).
4. Que, antes de analizar la cuestión federal preterida por el Tribunal Fiscal, vale señalar que esta Sala no comparte el criterio del Ministerio Público referido a la omisión de un cuestionamiento de las normas antecedentes que fueron derogadas por el decreto 100/12.
Ello, en la medida en que, como principio, resulta aplicable el derecho de exportación establecido por la norma vigente a la fecha del registro de la correspondiente solicitud de destinación de exportación para consumo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 726 del Código Aduanero. A su vez, a los fines de la liquidación de los derechos de exportación en aquellas operaciones que se hubiesen registrado al amparo del régimen especial de la ley 21.453, resulta de aplicación la alícuota vigente a la fecha de cierre de cada venta (art. 6º).
Más allá de lo expuesto, en el caso, la parte actora consintió expresamente el importe equivalente a la alícuota del 5% que hubiese correspondido por aplicación del 2 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 5675/2026 MOLINOS RIO DE LA PLATA SA (TF 38262-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO decreto 509/07 (v. fs. 294vta.), aunque sin sostener la validez de esta última norma y solamente cuestiona el incremento que dispuso el decreto 100/12.
5. Que las cuestiones referidas a: (i) la facultad del Tribunal Fiscal de la Nación para pronunciarse respecto de la constitucionalidad del decreto 100/12 a la luz del precedente “Camaronera Patagónica SA” (Fallos: 337:388) y (ii) lo atinente la validez de dicha norma, ya fueron examinadas por el Tribunal en la causa CAF 45070/2023 “Molinos Río de la Plata SA (TF 39607-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 11/4/24, y sus citas, a cuyos términos cabe remitir para evitar reiteraciones.
Cabe hacer notar que en esa ocasión esta Sala concluyó en que ese reglamento no cumplió con el principio de reserva de ley a la luz de la doctrina del mencionado fallo de la Corte (conf. también, esta Sala CAF 51372/22 “Bunge Argentina SA -TF 36695-A c/ DGA”, sent. del 13/12/22, esp. consid. 11).
En razón de lo expuesto, resulta procedente la diferencia reclamada (15%), toda vez que el reglamento cuestionado creó una carga tributaria y fijó una alícuota de derechos de exportación sin que existiese una clara política legislativa; incursionando de esta manera el Poder Ejecutivo Nacional en una materia reservada exclusivamente al Congreso de la Nación.
Por otra parte, cabe destacar que, al contestar el traslado del recurso ante el Tribunal Fiscal, el Fisco Nacional se limitó a desconocer genéricamente los montos de la liquidación practicada (fs. 85), temperamento que resulta insuficiente para controvertir su procedencia, en la medida en que omitió —en todo caso— efectuar los cálculos del modo en que le parecían correctos. Máxime, cuando tal argumento no fue mantenido al contestar el traslado del memorial ante esta Sala (conf. fs. 305/309), y la contribuyente apoyó sus cuentas en la diferencia entre las alícuotas aludidas e invocó su conversión a moneda nacional con arreglo al precedente “Cencosud SA (TF 29.535-A) c/ DGA”, del máximo Tribunal (conf. esta Sala, causa nº 1893/2024 “Molinos Rio de la Plata SA (TF 40014-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 9/4/24) (v. fs. 60vta.).
6. Que, con respecto a la tasa de interés aplicable desde el reclamo de repetición y hasta la fecha del efectivo pago, teniendo en cuenta el planteo que había efectuado la parte actora (v. punto 4.3.2 del recurso ante el Tribunal Fiscal mantenido en el punto iv del memorial ante esta Sala, fs. 297/300), se remite a lo decidido por esta Sala, entre otras, en las causas homónimas 49628/18 y 19255/21 “Oleaginosa Moreno Hermanos SA”, sentencias del 26/3/19 y 10/2/22, respectivamente.
También se dan por reproducidos los argumentos vertidos en la causa 63190/19 “Industrial and Commercial Bank of China c/ AFIP – DGI s/ DGI”, sentencia del 3 7/11/23 (esp. consid. 16), en torno a la validez de la tasa prevista en el artículo 4º de la resolución ME 559/22.
En consecuencia, corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 3º de la resolución 314/2004 y disponer la aplicación al caso de la tasa de interés pasiva promedio que publica mensualmente el Banco Central de la República Argentina, desde la fecha del reclamo de repetición y hasta el 31/07/19 –esto último, en consideración a la entrada en vigencia de la resolución MH 598/19, sus modificatorias o las que las reemplacen–.
7. Que las costas de ambas instancias se imponen al demandado vencido, al no advertirse motivos que justifiquen la dispensa (arts. 1163 y 1182 del CA, y arts. 68, primer párrafo, y 279, del CPCCN).
Por todo lo expuesto, el Tribunal RESUELVE:
1. Admitir el recurso de la parte actora, revocar la resolución de fs. 271/275, declarar la inconstitucionalidad del derecho de exportación establecido en el decreto 100/12, y admitir la repetición de la diferencia reclamada ($903.515,13), más los intereses previstos por el artículo 811 del Código Aduanero, calculados con arreglo a lo dispuesto precedentemente.
2. Imponer las costas de ambas instancias al Fisco Nacional (arts. 1163 y 1182 del CA, y arts. 68, primer párrafo, y 279, del CPCCN).
El señor juez de Cámara Jorge Eduardo Morán no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del RJN).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
ROGELIO W. VINCENTI MARCELO DANIEL DUFFY
Fin de la sentencia