Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 40013-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaCAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 262/2024 MOLINOS RIO DE LA PLATA SA (TF 40013-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO 1°) Admitir el recurso de la parte actora, revocar la resolución de fs. 213/215, declarar la inconstitucionalidad del derecho de exportación establecido en el decreto 100/12, y hacer lugar a la repetición de la diferencia reclamada ($12.921.148,65), más los intereses previstos por el artículo 811 del Código Aduanero, calculados con arreglo a lo dispuesto precedentemente.
2Imponer las costas de ambas instancias al Fisco Nacional y declarar inoficioso un pronunciamiento sobre su apelación.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
262/2024 MOLINOS RIO DE LA PLATA SA (TF 40013-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, mayo de 2024.
1. Que, a fs. 213/215, el Tribunal Fiscal de la Nación, confirmó las RESOL- 2018-114-E-AFIP-DIRAHI#SDGOAI, RESOL-2018-110-E-AFIP-DIRAHI#SDGOAI, RESOL-2018-111-E-AFIP-DIRAI#SDGOAI, RESOL-2018-50-E-AFIP-DIRAHI# SDGOAI, RESOL-2018-73-E-AFIP-DIRAHI#SDGOAI, RESOL-2018-126-E-AFIP- DIRAHI#SDGOAI, RESOL-2018-113-E-AFIP-DIRAHI#SDGOAI, RESOL-2018-108-
E-AFIP-DIRAHI#SDGOAI, RESOL-2018-87-E-AFIP-DIRAHI#SDGOAI, RESOL- 2018-146-E-AFIP-DIRAHI#SDGOAI, RESOL-2018-142-E-AFIP-DIRAHI#SDGOAI, RESOL-2018-103-E-AFIPDIRAHI#SDGOA, RESOL-2018-109-E-AFIP-DIRAHI# SDGOA, RESOL-2018-145-E-AFIP-DIRAHI#SDGOA, RESOL-2018-143-E-AFIP-DI-
RAHI#SDGOA, recaídas en las actuaciones administrativas SIGEA 12509-523-2015, 12509-511-2015, 12509-549-2015, 12509-481-2015, 12509-501-2015, 12509-552-2015, 12509-536-2015, 12509-539-2015, 12509-480-2015, 12509-448-2015, 12509-482-2015, 12509-479-2015, 12509-446-2015, 12509-500-2015 y 12509-454-2015, en cuanto denegaron la devolución de las diferencias de $12.921.148,65, y sus intereses, por derechos de exportación abonada respecto de los permisos de embarque 12057 ECO3 000321C, 12057 ECO3 000954Y, 12057 ECO3 000586P, 12057 ECO3 001345J, 12057 ECO3 001071F, 12057 ECO3 001067K, 12057 ECO3 001306G, 12057 ECO3 001308X, 12057 ECO3 001344X, 12057 ECO3 001128X, 12057 ECO3 001328K, 12057 ECO3 001348M, 12057 ECO3 001125F, 12057 ECO3 001070E y 12057 ECO3 0012160G, en los términos del decreto 100/12.
Para resolver como lo hizo, consideró que la cuestión planteada era similar a la que se había resuelto en el acuerdo plenario dictado el 26/4/22 en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/ DGA s/ recurso de apelación” (EX-2020- 24600163-APNSGASAD#TFN), donde se había fijado, como doctrina legal, que: a) el Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una ley, en un caso concreto y ante un planteo efectuado por un recurrente; b) el Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el artículo 755 del Código Aduanero; c) no corresponde declarar la invalidez del decreto 793/18 respecto de destinaciones de exportación registradas a partir de su entrada en vigencia (4/9/18) y hasta la fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467 (4/12/18). Sobre esa base, se abstuvo de pronunciarse sobre la validez constitucional del decreto 100/12, respecto de la que entendió aplicable aquellas conclusiones mutatis mutandi, y rechazó la repetición. Finalmente, distribuyó las costas por su orden dado que la cuestión se decidía por un precedente posterior al inicio de las actuaciones.
2. Que la parte actora interpuso apelación, que fue concedido, fundado, y contestado.
En lo sustancial, se agravió de la aplicación del aludido plenario al presente caso. Además, planteó que debían revisarse las conclusiones del organismo jurisdiccional porque se apartaban del principio de legalidad en materia tributaria, tal como había sido entendido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Camaronera Patagónica SA” (Fallos: 337:388). Explicó que, con arreglo a la doctrina de aquel precedente, debía declararse la inconstitucionalidad del decreto 100/12, norma que se aplicó al momento de registrarse las operaciones aquí involucradas, por haber sido emitida por el Poder Ejecutivo en infracción al principio de legalidad y no contar con ratificación legislativa. Expuso que existió una sucesión de normas “infralegales” que definieron las alícuotas aplicables que hacen que el pago de los tributos resulte ilegítimo. Al respecto, indicó que el decreto 509/2007 estableció una alícuota del 5% y fue ilegítimamente ratificado por el Congreso Nacional a través de resoluciones que no califican como una ley formal. Sin embargo, señaló que “asume como válida” esa alícuota del 5% y, por ello, pagó en exceso y sin causa válida un 15% en concepto de derechos de exportación, en razón de la diferencia entre ese porcentaje y el establecido por la alícuota del decreto 100/2012, vigente al verificarse cada uno de los hechos imponibles. En ese sentido, hizo hincapié en que no pretendía la devolución del total abonado en concepto de derechos de exportación, sino la diferencia entre la alícuota del 20%, que establecía el ilegítimo decreto 100/12, y la del 5%, que hubiese correspondido con arreglo a decreto 509/02. Sostuvo que el Máximo Tribunal en el precedente “Camaronera Patagónica” señaló que la ley 25.561 “no contiene otra disposición en su articulado que permita establecer, con claridad y sin duda alguna, las pautas de la clara política legislativa a las cuales debe atenerse el Presidente”. Finalmente, insistió en la inconstitucionalidad de la tasa de interés prevista en el artículo 3° de la resolución 314/2004, en tanto lleva a la desvalorización de su crédito; y, de la resolución 559/2022, por los mismos motivos.
El Fisco Nacional también dedujo recurso de apelación exclusivamente en relación con la distribución de costas, que fue concedido y contestado.
3. Que, la Fiscalía General entendió que devenía inoficioso expedirse sobre el planteo de inconstitucionalidad del decreto 100/2012, en la medida en que tendría por efecto la invalidez de esa norma y, en consecuencia, el restablecimiento de la alícuota vigente al momento de su dictado, es decir, la prevista en la resolución 126/2008 (20%), cuya constitucionalidad —según entendió— no había sido puesta en tela de juicio por la recurrente en su memorial. Recordó que tal criterio había sido recomendado en la causa nº 27.394/2023 “Molinos Río de la Plata SA (TF 38703-A) c/ EN-AFIP-DGA s/Recurso Directo de Organismo Externo”, y compartido por la Sala II del Fuero, en la sentencia emitida el 3 de noviembre del 2023.
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262/2024 MOLINOS RIO DE LA PLATA SA (TF 40013-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO 4º) Que la facultad del Tribunal Fiscal de la Nación para pronunciarse la invalidez constitucional del decreto 100/12 a la luz del precedente “Camaronera Patagónica SA” (Fallos: 337:388) ha sido examinada por el Tribunal en la causa nº 1893/2024, “Molinos Rio de la Plata SA (TF 40014-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, resol. del 9/4/24, a cuyos términos cabe remitir para evitar reiteraciones.
5. Que, antes de analizar la cuestión federal preterida por el Tribunal Fiscal, vale señalar que esta Sala no comparte el criterio del Ministerio Público referido a la omisión de un cuestionamiento de las normas antecedentes que fueron derogadas por el decreto 100/12. Ello, en la medida en que, como principio, resulta aplicable el derecho de exportación establecido por la norma vigente a la fecha del registro de las correspondientes solicitudes de destinación de exportación para consumo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 726 del Código Aduanero. A su vez, a los fines de la liquidación de los derechos de exportación en aquellas operaciones que se hubiesen registrado al amparo del régimen especial de la ley 21.453, resulta de aplicación la alícuota vigente a la fecha de cierre de cada venta (art. 6º).
Más allá de lo expuesto, en el caso, la parte actora consintió expresamente el importe equivalente a la alícuota del 5% que hubiese correspondido por aplicación del decreto 509/07, aunque sin sostener la validez de esta última norma.
Por consiguiente, lo único que corresponde determinar en esta instancia es si la suma reclamada ($12.921.148,65), que correspondería al incremento de alícuotas dispuesto por el decreto 100/12, se pagó con sustento en una norma constitucionalmente inválida, en cuyo caso debería admitirse la repetición.
6. Que la validez del decreto 100/12 (BO 31/1/12) ya fue examinada por el Tribunal en la causa nº 45070/2023 “Molinos Rio de la Plata SA (TF 39607-A) c/ DGA s/ Recurso directo de organismo externo”, resol. del 11/4/24, a cuyos términos cabe remitir para evitar reiteraciones, ocasión en la que se concluyó en que tal reglamento no cumplió con el principio de reserva de ley a la luz de la doctrina de “Camaronera Patagónica” (conf. también, esta Sala en la causa 51372/22 “Bunge Argentina SA -TF 36695-A c/ DGA”, sent. del 13/12/22, esp. consid. 11).
En razón de lo expuesto, resulta procedente la diferencia reclamada (15%), toda vez que el reglamento cuestionado creó una carga tributaria y fijó una alícuota de derechos de exportación sin que existiese una clara política legislativa; incursionando de esta manera el Poder Ejecutivo Nacional en una materia reservada exclusivamente al Congreso de la Nación 7º) Que, en cuanto al alcance de la repetición, cabe reiterar que la parte actora consintió expresamente el importe equivalente a la alícuota del 5% que hubiese correspondido por aplicación del decreto 509/07 (conf. liquidación de fs. 109/vta y reconocimiento de fs. 112/vta. y 237/vta.), aunque sin sostener la validez de esta última norma. Por consiguiente, lo único que corresponde determinar en esta instancia es si el importe reclamado ($12.921.148,65), fruto de la diferencia entre aquel porcentaje y la alícuota cuestionada, se pagó con sustento en una norma constitucionalmente inválida, en cuyo caso debería admitirse la repetición.
Cabe destacar que el Fisco Nacional, al contestar el traslado del recurso ante el Tribunal Fiscal, se limitó a desconocer genéricamente los montos de la liquidación practicada (fs. 142), temperamento que resulta insuficiente para controvertir su procedencia, en la medida en que omitió —en todo caso— efectuar los cálculos del modo en que le parecían correctos. Máxime, cuando tal argumento no fue mantenido al contestar el traslado del memorial ante esta Sala (conf. fs. 256/266 y vta), la contribuyente apoyó sus cuentas en la diferencia entre las alícuotas aludidas e invocó su conversión a moneda nacional con arreglo al precedente "Cencosud SA (TF 29.535-A) c/ DGA", del máximo Tribunal (conf. esta Sala, causa nº 1893/2024 “Molinos Rio de la Plata SA (TF 40014-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 9/4/24).
8. Que, con respecto a la tasa de interés aplicable desde el reclamo de repetición y hasta la fecha del efectivo pago, teniendo en cuenta el planteo que había efectuado la parte actora (v. punto 4.3 del recurso ante el Tribunal Fiscal mantenido en el punto iv del memorial ante esta Sala), se remite a lo decidido por esta Sala, entre otras, en las causas homónimas 49628/18 y 19255/21 “Oleaginosa Moreno Hermanos SA”, sentencias del 26/3/19 y 10/2/22, respectivamente.
Por otra parte, se dan por reproducidos los argumentos vertidos en la causa 63190/19 “Industrial and Commercial Bank of China c/ AFIP – DGI s/ DGI”, sentencia del 7/11/23 (esp. consid. 16), en torno a la validez de la tasa prevista en el artículo 4º de la resolución ME 559/22.
En consecuencia, corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 3º de la resolución 314/2004 y disponer la aplicación al caso de la tasa de interés pasiva promedio que publica mensualmente el Banco Central de la República Argentina, desde la fecha del reclamo de repetición y hasta el 31/07/19 –esto último, en consideración a la entrada en vigencia de la resolución MH 598/19, sus modificatorias o las que las reemplacen–.
9. Que las costas de ambas instancias se imponen al demandado vencido, al no advertirse motivos que justifiquen la dispensa (arts. 1163 y 1182 del CA, y arts. 68, primer párrafo, y 279, del CPCCN).
De modo que deviene inoficioso pronunciarse sobre la apelación del Fisco Nacional.
Por todo lo expuesto, SE RESUELVE:
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
262/2024 MOLINOS RIO DE LA PLATA SA (TF 40013-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO 1°) Admitir el recurso de la parte actora, revocar la resolución de fs. 213/215, declarar la inconstitucionalidad del derecho de exportación establecido en el decreto 100/12, y hacer lugar a la repetición de la diferencia reclamada ($12.921.148,65), más los intereses previstos por el artículo 811 del Código Aduanero, calculados con arreglo a lo dispuesto precedentemente.
2. Imponer las costas de ambas instancias al Fisco Nacional y declarar inoficioso un pronunciamiento sobre su apelación.
Regístrese, notifíquese y pasen los autos al Representante del Fisco para que se expida sobre la liquidación y el pago de la tasa de justicia efectuados por la parte actora (arg. pto. 10, in fine, ac. CSJN 20/92).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORÁN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia