Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 40014-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Admitir el recurso de la parte actora, revocar la resolución de fs. 193/194vta, declarar la inconstitucionalidad del derecho de exportación establecido en el decreto 1719/12, y admitir la repetición de la diferencia reclamada ($36.885.422,96), más los intereses previstos por el artículo 811 del Código Aduanero, calculados con arreglo a lo dispuesto en el considerando 6º.
2Imponer las costas de ambas instancias al Fisco Nacional y declarar inoficioso un pronunciamiento sobre la apelación del Fisco Nacional.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
1893/2024 MOLINOS RIO DE LA PLATA SA (TF 40014-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, abril de 2024.
VISTOS Y
1. Que, a fs. 193/194vta., el Tribunal Fiscal de la Nación, confirmó las resoluciones 107/2018 (SDG OAI), 7/2019 (SDG OAI), 112/2018(SDG 0AI), 8/2018 (SDG 0AI), 81/2018 (SDG OAI), 140/2018 (SDG OAI), 102/2018 (SDG OAI), 106/2018 (SDG OAI), 137/2018 (SDG OAI), 6/2019 (SDG OAI), 138/2018 (SDG 0AI), 129/2018 (SDG OAI), 5/2018 (SDG 0AI), 89/2018 (SDG OAI), 114/2018 (SDG OAI), 99/2018 (SDG OAI), 101/2018 (SDG OAI), 74/2018 (DI RAHI), 108/2018 (DI RAHI), 109/2018 (DI RAHI) y 80/2018 (SDG 0AI), dictadas en las actuaciones SIGEA 2509- 308-2015, 12509-225-2015, 12509-223-2015, 12509-852-2015, 12509- 260-2015, 12509-268-2015, 12509-222-2015, 12509-302-2015, 17134-872-2015, 12509-227-2015, 17134-874-2015, 12509-231-2015, 12509-218-2015, 12509-327-2015, 17134-838-2015, 12509-345-2015, 12509-220-2015, 17134-891- 2015, 12509-267-2015, 12509-262-2015 y 12509-261-2015, en cuanto habían denegado la devolución de las diferencias por un total de $36.885.422,96, por derechos de exportación abonados respecto de los permisos de embarque 14 057 ECO3 000914 M, 13 057 ECO3 001770 M, 13 057 ECO3 001769 U, 14 057 ECO3 008416 P, 13 057 ECO3 001013 C, 13 057 ECO3 000368 Y, 13 057 ECO3 000488 R, 14 057 ECO3 000625 L, 14 057 ECO3 001161 H, 13 057 ECO3 001498 T, 14 057 ECO3 001164 K, 13 057 ECO3 0001440, 13 057 ECO3 001662 M, 14 057 ECO3 000335 J, 14 057 ECO3 001396 R, 14 057 ECO3 006311 H, 13 057 ECO3 000403 E, 14 057 ECO3 001145 J, 13 057 ECO3 000370 H, 13 057 ECO3 000033 D y 13 057 ECO3 000175 K, en los términos del decreto 1719/12.
Para resolver como lo hizo, consideró que la cuestión planteada era similar a la que se había resuelto en el acuerdo plenario dictado el 26/4/22 en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/ DGA s/ recurso de apelación” (EX-2020- 24600163-APNSGASAD#TFN), donde se fijó como doctrina legal que: a) el Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una ley, en un caso concreto y ante un planteo efectuado por un recurrente; b) el Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el artículo 755 del Código Aduanero; c) no corresponde declarar la invalidez del decreto 793/18 respecto de destinaciones de exportación registradas a partir de su entrada en vigencia (4/9/18) y hasta la fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467 (4/12/18). Sobre esa base, se abstuvo de pronunciarse sobre la validez constitucional del citado decreto 1719/12, respecto de la que entendió aplicable aquellas conclusiones mutatis mutandi, y rechazó la repetición. Finalmente, distribuyó las costas por su orden.
2. Que la actora interpuso recurso de apelación a fs. 200, que fue concedido fs. 205, fundado a fs. 230/237, y contestado a fs. 243/255.
En lo sustancial, se agravió de la aplicación del aludido plenario al presente caso. Además, planteó que debían revisarse las conclusiones del organismo jurisdiccional porque se apartaban del principio de legalidad en materia tributaria, tal como había sido entendido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Camaronera Patagónica SA” (Fallos: 337:388). Explicó que, con arreglo a la doctrina de aquel precedente, debía declararse la inconstitucionalidad del decreto 1719/12, cuyas disposiciones se habían aplicado al momento de registrarse las operaciones aquí involucradas, por haber sido emitidas por el Poder Ejecutivo en infracción al principio de legalidad y no contar con ratificación legislativa.
Expuso que existió una sucesión de normas “infralegales” que definieron las alícuotas aplicables que hacían que el pago de los tributos resultase ilegítimo. Al respecto, indicó que el decreto 509/07, que estableció una alícuota del 5%, fue ilegítimamente ratificado por el Congreso Nacional a través de resoluciones que no calificaban como una ley formal. Sin embargo, asumió como válida esa alícuota del 5% y, por ello, se limitó a reclamar las alícuotas móviles que excedían ese valor. En ese sentido, hizo hincapié en que no pretendía la devolución del total abonado en concepto de derechos de exportación, sino la diferencia entre la alícuotas móviles, que establecía el ilegítimo decreto 1719/12, y la del 5%, que hubiese correspondido con arreglo a decreto 509/07 (cfr. liquidación obrante a fs. 122/vta).
Sostuvo que la Corte federal en el precedente “Camaronera Patagónica” había señalado que la ley 25.561 “no contiene otra disposición en su articulado que permita establecer, con claridad y sin duda alguna, las pautas de la clara política legislativa a las cuales debe atenerse el Presidente”. Finalmente, insistió en la inconstitucionalidad de la tasa de interés prevista en el artículo 3° de la resolución 314/04, en tanto lleva a la desvalorización de su crédito; y, de la resolución 559/22, por los mismos motivos. Al contestar el traslado de la expresión de agravios, el Fisco Nacional discrepó con la apreciación de la recurrente en punto a que la ley 25.561 y sus sucesivas prórrogas no configuraban una clara política legislativa.
También reivindicó la validez de la tasa de interés prevista en el artículo 3° de la resolución 314/2004. Por su parte, el Fisco Nacional también apeló el pronunciamiento y se agravió exclusivamente sobre la distribución de costas (fs. 210/213), recurso que fue concedido a fs. 215, y contestado a fs. 219/222.
3. Que el Fiscal General tuvo oportunidad de dictaminar acerca de un planteo de inconstitucionalidad análogo al formulado por la parte actora en el marco de la causa nº 41274/2023, “Molinos Rio de la Plata SA (TF 39038-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, en la que se examinó idéntica cuestión federal referida al decreto 1719/12, a cuyos términos cabe remitir para evitar reiteraciones.
4. Que, tanto la invalidez constitucional del decreto 1719/12, como la facultad del Tribunal Fiscal de la Nación para pronunciarse al respecto a la luz del CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 1893/2024 MOLINOS RIO DE LA PLATA SA (TF 40014-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO precedente “Camaronera Patagónica SA” (Fallos: 337:388), han sido examinada por este Tribunal en la citada causa nº 41274/2023, “Molinos Rio de la Plata SA (TF 39038-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, resol. del 7/3/24, a cuyos términos cabe remitir para evitar reiteraciones.
5. Que, en cuanto al alcance de la repetición, cabe precisar que la parte actora consintió expresamente el importe equivalente a la alícuota del 5% que hubiese correspondido por aplicación del decreto 509/07 (conf. liquidación de fs. 122/vta y reconocimiento de fs. 124/126), aunque sin sostener la validez de esta última norma. Por consiguiente, lo único que corresponde determinar en esta instancia es si el importe reclamado ($36.885.422,96), fruto de la diferencia entre aquel porcentaje y las distintas alícuotas “móviles” cuestionadas, se pagó con sustento en una norma constitucionalmente inválida, en cuyo caso debería admitirse la repetición. Cabe destacar que el Fisco Nacional, al contestar el traslado del recurso ante el Tribunal Fiscal, se limitó a desconocer genéricamente los montos de la liquidación practicada (fs. 122/vta y 158), temperamento que resulta insuficiente para controvertir su procedencia, en la medida en que omitió —en todo caso— efectuar los cálculos del modo en que le parecían correctos. Máxime, cuando tal argumento no fue mantenido al contestar el traslado del memorial ante esta Sala (cfr. fs. 243/255), la contribuyente apoyó sus cuentas en la diferencia entre las alícuotas aludidas e invocó su conversión a moneda nacional con arreglo al precedente "Cencosud SA (TF 29.535-A) c/ DGA", del máximo Tribunal.
6. Que, con respecto a la tasa de interés aplicable desde el reclamo de repetición y hasta la fecha del efectivo pago, teniendo en cuenta el planteo que había efectuado la parte actora (v. punto 4.3 del recurso ante el TFN, mantenido en el punto IV del memorial ante esta Sala), se remite a lo decidido por el Tribunal, entre otras, en las causas homónimas 49628/18 y 19255/21 “Oleaginosa Moreno Hermanos SA”, sentencias del 26/3/19 y 10/2/22, respectivamente.
En consecuencia, corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 3º de la resolución 314/2004 y disponer la aplicación al caso de la tasa de interés pasiva promedio que publica mensualmente el Banco Central de la República Argentina, desde la fecha del reclamo de repetición y hasta el 31/07/19 ―esto último, en consideración a la entrada en vigencia de la resolución MH 598/19 y sus modificatorias, o las que la reemplacen.
Por otra parte, se dan por reproducidos los argumentos vertidos en la causa 63190/19 “Industrial and Commercial Bank of China c/ AFIP – DGI s/ DGI”, sentencia del 7/11/23 (esp. consid. 16), que conducen a rechazar el planteo de inconstitucionalidad de la tasa prevista en el artículo 4º de la resolución ME 559/22.
7. Que las costas de ambas instancias se imponen al demandado vencido, al no advertirse motivos que justifiquen la dispensa (arts. 1163 y 1182 del CA, y arts. 68, primer párrafo, y 279, del CPCCN).
De modo que deviene inoficioso pronunciarse sobre la apelación del Fisco Nacional.
Por todo lo expuesto, SE
1. Admitir el recurso de la parte actora, revocar la resolución de fs. 193/194vta, declarar la inconstitucionalidad del derecho de exportación establecido en el decreto 1719/12, y admitir la repetición de la diferencia reclamada ($36.885.422,96), más los intereses previstos por el artículo 811 del Código Aduanero, calculados con arreglo a lo dispuesto en el considerando 6º.
2. Imponer las costas de ambas instancias al Fisco Nacional y declarar inoficioso un pronunciamiento sobre la apelación del Fisco Nacional.
Regístrese, notifíquese y pasen los autos al Representante del Fisco para que se expida sobre la liquidación y el pago de la tasa de justicia efectuados por la parte actora (arg. pto. 10, in fine, ac. CSJN 20/92).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORÁN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia