Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 76851120-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar al recurso interpuesto por la actora y, en consecuencia, revocar la sentencia apelada, reconociendo el derecho de la firma MOLINOS RIO DE LA PLATA SA a obtener el reintegro de CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 5404/2025 MOLINOS RIO DE LA PLATA SA (TF 76851120-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO los derechos de exportación abonados sin causa, con más intereses, de conformidad con lo establecido en el considerando XI. Con costas en ambas instancias a la parte demandada vencida (artículo 68, primer párrafo, del CPCCN).
Se hace saber a las partes que podrán consultar los precedentes citados en el sitio web de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
A los fines del artículo 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se hace constar que —por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala— suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada Nº 3/25 de esta Cámara.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III
5404/2025 MOLINOS RIO DE LA PLATA SA (TF 76851120-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 27 de noviembre de 2025.- SH
El recurso de apelación interpuesto por la actora el 23/10/2024 (v. IF-2024-115896280-APN-DTD#JGM), concedido el 24/10/2024 (v. PV-2024-116723944-APNVOCXIII#TFN), contra la sentencia dictada el 06/09/2024, (v. IF-2024-96865745-APN -VOCXIII#TFN), fundado por la expresión de agravios del 13/11/2024 (v. IF-2024-124994917-APN-DTD#JGM), cuyo traslado corrido en la PV-2024-126044708-APN-VOCXIII#TFN fuera contestado por el Fisco Nacional el 24/11/2024 (v. IF-2024-128646881-APN -DTD#JGM). Y;
I. Sumario de los hechos que dieron origen al caso.
La firma exportadora Molinos Río de la Plata SA, documentó la exportación a consumo de mercadería declarada bajo la posición arancelaria P.A. 3826.00.00.100 (biodiesel), mediante los permisos de embarque PE 12057EC03000560H, 12057EC03000795R, 12057EC03000798U, 12057EC03001242F, 12057EC03001236X, 12057EC03000859S, 12057EC03001270G, 12057EC03000248K, 12057EC03000858R, 12057EC03000247J, 12057EC03000602E, 12057EC03000793P, 12057EC03001392L, 12057EC03001055H 12057EC03000867R, 12057EC03000865P, 12057EC03001331E, 12057EC03000301A, 12057EC03000286M, 12057EC03001404F y 12057EC03000323E oficializados los días 10.02.12, 14.02.12, 15.03.12, 23.03.12, 20.04.12, 26.04.12, 31.05.12, 29.06.12, 05.07.12, 19.07.12, 31.07.12 y 02.08.12, abonándose los derechos de exportación establecidos por el decreto 100/12, que fijó la alícuota del 20%. En 21 procedimientos solicitó la repetición de los derechos de exportación abonados al documentar dicha exportación de biodiesel, por la suma de U$S 1.929.797,61 (equivalentes a $8.521.903,86), en los términos del art. 809 del CA (cfr. pp. 167 del DEO).
Dichos procedimientos concluyeron con las resoluciones 11/19, 18/19, 19/19, 24/19 y 38/19, 107/19, 123/19, 124/19 y 125/19 (SDGOAI), 117/19, 118/19, 119/19, 120/19, 121/19, 122/19, 123/19, 124/19, 125/19, 126/19, 127/19 y 128/19 (ADSALO) dictadas la Aduana de San Lorenzo mediante las que se rechazaron los reclamos de repetición (cfr. pp 105-106, 99-100, 103-104, 109-110, 65-66, 69-70, 113-115, 116-118, 119-121, 59-61, 56-58, 93-95, 90-92, 87-89, 84-86, 81-83, 78-80, 75-77, 48-49, 50-52, 53-55 del DEO).
Contra dichas resoluciones, Molinos Río de la Plata S.A.
(CUIT 30-50085862-8) interpuso el recurso de apelación previsto en el art. 1132 del CA, ap. 2 del CA ante el Tribunal Fiscal de la Nación. (v. pp. 166-189 del DEO).
II. La sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación.
Que, por la sentencia del 6 de septiembre de 2024, la Sala “E” del Tribunal Fiscal de la Nación, por mayoría, confirmó las referidas resoluciones (pp 554-562 del DEO).
Para así decidir, consideró que la cuestión planteada era similar a la que se había resuelto en el acuerdo plenario dictado el 26/4/22 en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/ DGA s/ recurso de apelación” (EX-2020-24600163-APNSGASAD#TFN), donde se fijó como doctrina legal que: a) el Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una ley, en un caso concreto y ante un planteo efectuado por un recurrente; b) el Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el artículo 755 del Código Aduanero; c) no corresponde declarar la invalidez del decreto 793/18 respecto de destinaciones de exportación registradas a partir de su entrada en vigencia (4/9/18) y hasta la fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467 (4/12/18). Sobre esa base, se abstuvo de pronunciarse sobre la constitucionalidad del citado decreto 100/2012 y rechazó las repeticiones.
Por último, distribuyó las costas por su orden atento la complejidad de la cuestión debatida.
III. Los agravios de la exportadora.
En sustancia, se agravia de la aplicación del aludido plenario al presente caso. Además, planteó que debían revisarse las conclusiones del organismo jurisdiccional porque se apartaban del principio de CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 5404/2025 MOLINOS RIO DE LA PLATA SA (TF 76851120-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO legalidad en materia tributaria, tal como había sido entendido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Camaronera Patagónica SA” (Fallos: 337:388).
Explica que, con arreglo a la doctrina de aquel precedente, debía declararse la inconstitucionalidad del decreto 100/12, norma que se aplicó al momento de registrarse las operaciones aquí involucradas, por haber sido emitida por el Poder Ejecutivo en infracción al principio de legalidad y no contar con ratificación legislativa.
Expone que existió una sucesión de normas “infralegales”
que definieron las alícuotas aplicables que hacen que el pago de los tributos resulte ilegítimo.
Al respecto, indica que el decreto 509/2007 estableció una alícuota del 5% y fue ilegítimamente ratificado por el Congreso Nacional a través de resoluciones que no califican como una ley formal. Sin embargo, señala que “asume como válida” esa alícuota del 5% y, por ello, pagó en exceso y sin causa válida un 15% en concepto de derechos de exportación, en razón de la diferencia entre ese porcentaje y el establecido por la alícuota del decreto 100/2012, vigente al verificarse cada uno de los hechos imponibles.
En ese sentido, hace hincapié en que no pretendía la devolución del total abonado en concepto de derechos de exportación, sino la diferencia entre la alícuota del 20%, que establecía el ilegítimo decreto 100/12, y la del 5%, que hubiese correspondido con arreglo a decreto 509/02.
Sostiene que el Máximo Tribunal en el precedente “Camaronera Patagónica” señaló que la ley 25.561 “no contiene otra disposición en su articulado que permita establecer, con claridad y sin duda alguna, las pautas de la clara política legislativa a las cuales debe atenerse el Presidente”.
Finalmente, mantiene el planteo de la inconstitucionalidad de la tasa de interés prevista en el artículo 3° de la resolución 314/2004, en tanto lleva a la desvalorización de su crédito, y de la resolución 559/2022, por los mismos motivos, puesto que al mantenerse en un porcentaje fijo, no alcanza a cubrir la inflación y lesiona su derecho de propiedad (ver en especial, punto IV, pp 575-595 del DEO).
IV. El Dictamen del Sr. Fiscal General El 29/10/2025, dictaminó el Fiscal General sobre la competencia de la Sala, la admisibilidad del recurso y los planteos de inconstitucionalidad formulados por la actora (cfr. dictamen nro. 5667/2025, fs. 10/20).
V. Alcances del pronunciamiento.
Que es importante recordar que este tribunal de alzada no se encuentra obligado a seguir al apelante en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que propone a su consideración, sino tan sólo aquéllas que son conducentes para decidir el caso y bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (cfr. CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970; v. también esta Sala in re “CPACF- Inc Med (2-III-11) c/ BCRA Comunicación “A” 5147 y otro s/ proceso de conocimiento”, del 18/4/11; “Rodríguez Rubén Omar c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, del 7/8/14, “Laham, Alberto Elías c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, del 7/5/15; “Araujo Medina Alexander Javier c/ EN –M Interior OP y V-DNM s/ recurso directo DNM”, del 27/4/18; “Martínez, José Domingo y otros c/ EN-M° Seguridad -PSA- s/ personal militar y civil de las FFAA y de Seg.”, Causa Nº 48697/2017, del 25/11/20, “Cargill SACI c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, Causa N° 55388/2019, del 18/10/22; causa nro. 15567/2021 “Pioneer Argentina SRL -TF 39782-A c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 17/12/2024, entre otros).
VI. Reseña de las normas aplicables al caso Que, sentado lo expuesto, procede describir el plexo normativo aplicable.
Según lo dispuesto por el artículo 726 del Código Aduanero, es aplicable el derecho de exportación establecido por la norma vigente a la fecha del registro de la correspondiente solicitud de destinación de exportación para consumo. De modo excepcional, para aquellas CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 5404/2025 MOLINOS RIO DE LA PLATA SA (TF 76851120-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO operaciones que se hubiesen registrado al amparo del régimen especial de la ley 21.453, a los fines de la liquidación de los derechos de exportación resulta de aplicación la alícuota vigente a la fecha de cierre de cada venta (art. 6º).
A su vez, a fin de resolver la cuestión controvertida, cabe por dejar sentado que el artículo 728 del CA establece que “a los fines de la liquidación de los derechos de exportación y de los demás tributos que gravaren la exportación para consumo, serán de aplicación el régimen tributario, la alícuota, la base imponible y el tipo de cambio para la conversión de la moneda extranjera en moneda nacional de curso legal, vigentes en las fechas indicadas en los artículos 726 y 727”. En este orden de ideas, cabe señalar que la Constitución Nacional dispone lo siguiente: “Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca” (artículo 76, primer párrafo, del texto constitucional).
Por otro lado, en su artículo 99 prevé que el Presidente de la Nación posee diversas atribuciones, entre las que se encuentran —en lo que aquí interesa— las siguientes: (i) expedirá las instrucciones y reglamentos que sean necesarias para la ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias (inciso 2º); (ii) es quien participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y las hace publicar, pero no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo (inciso 3º). Asimismo, en el mismo inciso se dispone que “solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros”. A tal fin, “[e]l jefe de gabinete de ministros personalmente y dentro de los diez días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión elevará su despacho en un plazo de diez días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las Cámaras. Una ley especial sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso” (artículo 99, inciso 3º).
A su vez el artículo 100 establece que tanto el Jefe de Gabinete de Ministros como los demás ministros secretarios no solo tienen a su cargo el despacho de los negocios de la Nación, sino que también a ellos les corresponde refrendar y legalizar los actos del presidente por medio de su firma, los cuales, sin dicho requisito, carecen de eficacia. Además, el mencionado artículo determina que el Jefe de Gabinete de Ministros es a quien le compete refrendar los decretos que ejercen facultades delegadas por el Congreso, los cuales también estarán sujetos al control de la Comisión Bicameral Permanente (inciso 12).
Por su parte, el artículo 755 del Código Aduanero establece que el Poder Ejecutivo podrá “a) gravar con derecho de exportación la exportación para consumo de mercadería que no estuviere gravada con este tributo; b) desgravar del derecho de exportación la exportación para consumo de mercadería gravada con este tributo; y c) modificar el derecho de exportación establecido”.
VII. Jurisprudencia de la Corte Suprema aplicable al caso Por otro lado, cabe puntualizar que en el precedente registrado Fallos: 337:388, “Camaronera Patagónica S.A. c/ Ministerio de Economía y otros s/ Amparo” (sentencia del 15/4/2014), la mayoría del Máximo Tribunal destacó la indudable naturaleza tributaria de este derecho de exportación.
Ello así, señaló que se trataba de un “tributo cuya definición puede comprenderse en el artículo 724 del Código Aduanero, en tanto grava el hecho de la exportación misma de la mercadería, para CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 5404/2025 MOLINOS RIO DE LA PLATA SA (TF 76851120-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO consumo, involucrando una carga pecuniaria coactiva para el sujeto pasivo que realice la acción gravada prevista por la norma, con destino a las arcas públicas” (considerando 6º).
Asimismo, destacó que en el Código Aduanero se determinó la posibilidad de que este tipo de gravámenes fuera establecido con finalidad recaudatoria —es decir, para nutrir el erario público— y también con el objeto de cumplir con los demás fines estatales. En este sentido, la Corte Suprema sostuvo que “las razones que se invocaron para dictar la resolución 11/02 se inscriben dentro de tal caracterización pues en los considerandos que precedieron a dicha norma se aludió al fuerte deterioro de los ingresos fiscales (…) No obstante ello, corresponde reiterar que el ‘derecho’ establecido por la resolución mencionada es por su naturaleza un tributo –específicamente, un impuesto–, más allá de los fines que con él se hayan querido lograr” (considerando 7º).
Así las cosas, luego de señalar que la controversia suscitada requería el examen de compatibilidad de las normas en debate —especialmente el artículo 755 del Código Aduanero y la resolución 11/2002— con las que la Constitución Nacional fijó para el establecimiento de los gravámenes, afirmó que “nuestra Ley Fundamental prescribe, de manera reiterada y como regla primordial, tanto en el art. 4º como en los arts. 17 y 52, que solo el Congreso impone las contribuciones referidas en el primero de ellos”; y puntualizó que el principio de legalidad o reserva de ley, de raigambre constitucional “abarca tanto a la creación de impuestos, tasas o contribuciones especiales como a las modificaciones de los elementos esenciales que componen el tributo, es decir, el hecho imponible, la alícuota, los sujetos alcanzados y las exenciones” (considerando 8º). A continuación, con relación al principio de reserva de ley en materia tributaria indicó que éste no cede en el supuesto de que se actúe mediante el mecanismo de la delegación legislativa, recordando que ella misma sostuvo al respecto que “los aspectos sustanciales del derecho tributario no tienen cabida en las materias respecto de las cuales la Constitución Nacional (art. 76), autoriza, como excepción y bajo determinadas condiciones, la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo” (Considerando 9º).
A partir de tal premisa, destacó que el legislador no había determinado de manera cierta e indudable la forma de cuantificar la prestación, sino que había recurrido a lo dispuesto por la resolución 11/2002, de manera que el Congreso Nacional no había previsto cuál era la alícuota aplicable, ni siquiera mediante el establecimiento de unos baremos máximos y mínimos para su fijación. Expuso que “ni la ley 22.415 ni mucho menos la 25.561 establecen, siquiera con mínimos recaudos, los elementos esenciales del tributo de que se trata. Por una parte, la ley 25.561 solo contiene en su art. 5°, tercer párrafo, in fine, una previsión de creación de un derecho a la exportación de hidrocarburos, supuesto ajeno al de la especie cuya constitucionalidad no es objeto aquí de discusión. Pero, con la salvedad mencionada, no hay otra disposición en su articulado que permita establecer, con claridad y sin duda alguna, las pautas de la clara política legislativa a las cuales debe atenerse el Presidente. Es más, de su lectura no puede siquiera intuirse que el Poder Legislativo haya delegado en el Ejecutivo la posibilidad de crear este tipo de gravámenes, más allá de la admisibilidad constitucional de tal mecanismo, que como se señaló anteriormente debe ser enérgicamente rechazada” (Considerando 9°, el destacado no pertenece al original).
Por lo tanto, concluyó que “al guardar silencio el citado cuerpo legal respecto de la alícuota máxima que puede establecerse en materia de derechos de exportación, coloca a la resolución impugnada a extramuros de las normas y principios constitucionales antes reseñados” (Considerando 9º, último párrafo).
Seguidamente, en el considerando 10 explicó la utilidad que revisten los tributos aduaneros como herramienta estadual frente a las fluctuaciones que presenta el comercio internacional, exponiendo que en el ámbito de los derechos aduaneros “cobra relevancia la doctrina según la cual ‘tratándose de materias que presentan contornos o aspectos tan peculiares, distintos y variables que al legislador no le sea posible prever anticipadamente la manifestación concreta que tendrán CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 5404/2025 MOLINOS RIO DE LA PLATA SA (TF 76851120-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO en los hechos, no puede juzgarse inválido, en principio, el reconocimiento legal de atribuciones que queden libradas al arbitrio razonable del órgano ejecutivo, siempre que la política legislativa haya sido claramente establecida’”.
Luego, indicó que, en ese contexto, resultaba admisible que el Congreso atribuyera al Poder Ejecutivo determinadas facultades, las que se ceñirían exclusivamente al aspecto cuantitativo de la obligación tributaria, consistiendo, por lo tanto, autorizar a elevar o disminuir las alícuotas aplicables, siempre y cuando, para el ejercicio de dicha atribución, se fijaran pautas y límites precisos mediante una clara política legislativa.
A partir de este análisis la Corte federal concluyó que la resolución 11/2002 resultaba inválida.
Sin embargo, en el considerando 11 descartó que pudiera ignorarse que la ley 25.645 había aprobado “la totalidad de la legislación delegada dictada al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma de 1994”, destacando que “[e]s evidente que los términos empleados por el legislador al sancionar la ley 25.645 constituyen una clara manifestación de su decisión política de ratificar la legislación delegada dictada hasta el 24 de agosto de 2002…”, lo cual representó “…la voluntad expresa del Congreso Nacional en la materia y solo pueden ser interpretados en el sentido de que quiso conferir rango de ley al contenido de todas las normas delegadas dictadas con anterioridad a su entrada en vigencia”.
Por lo tanto, negando que la ley 25.645 pudiera convalidar retroactivamente una norma que adolecía de nulidad absoluta e insanable como la resolución 11/2002, declaró que no existía “razón alguna para privarla de efectos en relación con los hechos acaecidos después de su entrada en vigencia…”; y resolvió que la invalidez del reglamento se circunscribía al período comprendido entre el 5/6/2002 y el 24/8/2002, momento —este último— a partir del cual había comenzado a regir la ley 25.645.
VIII. La solución del caso Obsérvese que la exportadora consintió expresamente el importe equivalente a la alícuota del 5% que hubiese correspondido por aplicación del decreto 509/07, aunque sin sostener la validez de esta última norma. Por consiguiente, lo único que corresponde determinar en esta instancia es si la diferencia cuestionada ($8.521.903,86) –que no es materia de controversia entre las partes que correspondería al incremento de alícuota dispuesto por el decreto 100/12– se pagó con sustento en una norma constitucionalmente inválida, en cuyo caso debería admitirse la repetición.
Cabe tener presente que el decreto 509/07 (convalidado por la Cámara de Senadores de la Nación el 22/8/07 -B.O. 10/10/2007- y por la Cámara de Diputados de la Nación el 28/11/07 -B.O. 10/12/2007- había fijado una alícuota de derecho de exportación de biodiesel del 5%, que fue consecutivamente elevada al 20% mediante la resolución 126/08, que textualmente dispuso: “Artículo 1º- Incorpórase en el Anexo XIV del Decreto Nº 509 de fecha 15 de mayo de 2007 y sus modificaciones la posición arancelaria de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) 3824.90.29, conforme se indica a continuación: […] 5 %[…] (29) Excepto las mezclas de ésteres monoalquílicos de ácidos grasos de cadena larga derivados de aceites vegetales o grasas animales ("biodiesel"), que tributarán un derecho de exportación del VEINTE POR CIENTO (20%)”
Posteriormente, el decreto 100/2012 (BO 31/01/2012)
sustituyó […] las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) comprendidas en el Anexo XIV al Decreto No 509/07 y sus modificaciones […] por lo que […] El biodiesel quedó alcanzado por un derecho de exportación del 20% […].
En lo que interesa en la especie, no es posible soslayar que en los considerandos del decreto 100/2012 el Poder Ejecutivo Nacional invocó las facultades conferidas por los incisos 1 y 2 del artículo 99 de la Constitución Nacional y los artículos 11, apartado 2, y 12 de la Ley Nº 22.415 y sus modificaciones (Código Aduanero) y por la Ley Nº 25.561 prorrogada por su similar Nº 26.729.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III
5404/2025 MOLINOS RIO DE LA PLATA SA (TF 76851120-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Sin embargo, no resulta admisible reconocer en el reglamento en cuestión la naturaleza reglamentaria del Código Aduanero. Y esto es así ya que la fijación de derechos de exportación en modo alguno califica como una complementación o integración de la ley 22.415; máxime si se pondera que los artículos invocados (arts. 11 y 12 del CA) legislan la materia clasificatoria de las mercaderías.
A su vez, el decreto 100/2012, simulando el ejercicio de la competencia otorgada por los incisos 1° y 2° del art. 99 CN, no ha hecho otra cosa que legislar sobre el aspecto cuantitativo de un tributo, lo cual bajo los estándares que ha sentado el Cimero Tribunal no puede ser convalidado (ver en especial, Considerando 9° del precedente “Camaronera Patagónica” ya citado). En función de lo desarrollado, debe concluirse que el decreto 100/2012 es inconstitucional, ya que estableció una carga fiscal y determinó una alícuota sin una base legislativa concreta, lo que implica una extralimitación del Poder Ejecutivo al avanzar sobre competencias que la Constitución reserva al Poder Legislativo, en resguardo del principio de legalidad en materia tributaria.
Esta modificación, además, no ha sido objeto de ratificación legislativa a la fecha en que fue oficializada la operación de exportación ya mencionada, lo cual también conduce a su invalidez constitucional, de conformidad con la doctrina emanada del precedente “Camaronera Patagónica” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya citado (en sentido análogo, v. esta Sala, causa “LDC ARGETNINA SA (TF 36454 -A) c/ DGA” expte. nro. 65461/2022, del 2/2/2024).
La invalidez constitucional del derecho de exportación establecido por el decreto 100/2012 a la luz del dicho precedente ya ha sido declarada por la Sala IV -integrada por Resolución de Junta de Superintendencia 7/2025 por el Dr. Fernández- en los autos “Viterra Argentina SA (TF41845471-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo” y “Viterra Argentina SA (TF 28489578-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, exptes. nros. 13597/2025 y 17/088/2025, ambos del 12/06/2025 y por esta Sala -con la misma conformación en virtud de la Acordada 3/2025- en el ya citado expte. nro. 7717/2024 “Viterra Argentina SA (TF 22907174-A)”, sentencia del 15/07/2025, En esos términos, corresponde admitir los agravios de la parte actora, revocar la resolución apelada, declarar la inconstitucionalidad del derecho de exportación establecido en el decreto 100/2012 y admitir la repetición de la diferencia en pesos reclamada ($ 8.521.903,86), más los intereses previstos por el artículo 811 del Código Aduanero.
IX. Sobre la pretendida falta de legitimación de la actora En otro orden de ideas, corresponde expedirse respecto a la falta de legitimación activa opuesta por la demandada y sostenida ante esta instancia –en virtud del principio de eventualidad– al contestar los agravios de la contraparte (punto 6 del escrito pp 626 y ss del DEO). El Fisco Nacional sostiene que la firma actora podría haber trasladado el impuesto, incluyéndolo en el precio de venta de las operaciones concertadas. Dicho planteo no resulta atendible por dos motivos: primero, porque la exigencia de probar la “no traslación” del gravamen no surge del Código Aduanero; y segundo, y a todo evento, porque la Aduana no ha probado debidamente que el costo del derecho de exportación hubiere incidido en el precio de la mercadería exportada (cfr. Sala IV 45070/2023 “Molinos Rio De La Plata SA (TF 39607-A)”, ya citado, en especial considerando 5°).
X. Cuestionamiento de las resoluciones Mey P 314/04 y ME 559/2022 Que, con respecto a la tasa de interés aplicable, se remite a lo decidido por ambos suscriptos en el expte. 17088/2025 “Viterra Argentina SA”, ya citado (cfr. esta Sala, causa nro. 37527/2016, in re “Thomas de Sudamérica S.A c/DGA s/ recurso directo de organismo externo”, del 12/10/17 y nro. 2267/2018 in re “Oleaginosa Moreno Hermanos S.A c/ Administración Nacional de Aduanas s/ recurso directo de organismo externo”, del 30/08/18, y Sala IV en las causas homónimas 49628/18 y 19255/21 “Oleaginosa Moreno Hermanos SA”, sentencias del 26/3/19 y 10/2/22, respectivamente).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III
5404/2025 MOLINOS RIO DE LA PLATA SA (TF 76851120-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Como consecuencia de ello, corresponde declarar la inconstitucionalidad del artículo 3º de la resolución MEyP 314/04 y disponer la aplicación al caso de la tasa de interés pasiva promedio que publica mensualmente el Banco Central de la República Argentina, desde la fecha del reclamo de repetición y hasta el 31/07/19 –esto último, en consideración a la entrada en vigencia de la resolución MH 598/19.
En cambio, se dan por reproducidos los argumentos de esta Sala en la causa nro. 7717/2024 “Viterra Argentina SA (TF 22907174 -A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, sentencia del 15/07/2025, para rechazar el planteo de inconstitucionalidad de las tasas de interés previstas en el artículo 4° de la ME 559/22 y en el artículo 4° de la resolución ME 3/24 –que reemplazaron, sucesivamente, la dispuesta en la resolución MH 598/19–.
Ello, concordantemente con lo resuelto por la Sala IV en los autos “Industrial and Commercial Bank of China c/ AFIP – DGI s/ Dirección General Impositiva”, expte. CAF 63190/2019/CA1, sentencia del 07/11/2023, doctrina que también ha sido extendida a las repeticiones aduaneras en los autos “PBB Polisur SRL (TF 22571331 -A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, expte. 16279/2024, sentencia del 19/11/2024 (v. especialmente considerando 6°) y con lo sostenido por esta Sala en la causa “Telefónica de Argentina SA c/ Administración Federal de Ingresos Públicos – Dirección General Impositiva s/ Dirección General Impositiva”, expte. 11207/2020, sentencia del 26/11/2024, y sus citas.
XI. Intereses En cuanto a los intereses que habrán de adicionarse a las sumas a reintegrar (artículo 811 del Código Aduanero), en la medida en que la solicitud de repetición fueran presentadas en el año 2015, los intereses deberán calcularse de la siguiente manera: (i) desde el momento de presentación de cada reclamo y hasta el 31/07/2019, a la tasa pasiva que publica el Banco Central de la República Argentina, atento la inconstitucionalidad aquí declarada; (ii) desde el 1/08/2019 y hasta el 31/8/2022, conforme a la tasa prevista en la resolución 598/2019 del Ministerio de Hacienda (cfr. artículo 10, vigente a partir del 1º/8/2019); (iii) desde el 1º/9/2022 y hasta el 31/1/2024, de acuerdo con la establecida en la resolución 559/2022 del Ministerio de Economía (cfr. artículo 9º); (iv) desde el 01/02/2024 y hasta el 28/02/2025, de conformidad con la contemplada en la resolución 3/2024 del Ministerio de Economía (cfr. artículo 10); (v) a partir del 01/03/2025 y hasta el 30/06/2025, según la tasa contemplada en la resolución 199/2025 del Ministerio de Economía (cfr. artículo 3º); (vi) a partir del 1/07/2025, según la tasa fijada en la resolución del Ministerio de Economía 823/2025 (artículo 3°) o la que en el futuro pudiera regir, hasta el momento del efectivo pago, en las condiciones establecidas por la CSJN el dictar sentencia el 15 de mayo de 2014 en la causa “ Cencosud (TF 29.535-A) c/DGA" y de conformidad con la liquidación que deberá practicarse oportunamente (esta Sala, in re: “Oleaginosa Moreno Hermanos SACIFIA (TF 28712-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 43.705/2023, sentencia del 2/2/2024; “Minera Santa Cruz S.A. (TF 27393717-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 34.659/2023, sentencia del 12/3/2024; expte. CAF 43700/2023/CA1 in re “Genoma Laboratories SA c/EN–AFIP–DGA–SIGEA 19144–10022–2019 s/Dirección General de Aduanas”, del 5/11/2024; expte. nro. CAF 5623/2024/CA1 “Argensun SA (TF 36606041–A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 27/03/2025).
XII. Costas Por último, en cuanto a la imposición de costas, teniendo en cuenta que por la presente se resuelve revocar el decisorio de la anterior instancia, y que tampoco se advierte la existencia de cuestiones suficientes para que el Tribunal se aparte del principio general de la derrota, corresponde imponerlas —en ambas instancias— a la parte demandada vencida (artículos 68, primer párrafo, y 279 del CPCCN). En virtud de lo expuesto, el Tribunal RESUELVE:
Hacer lugar al recurso interpuesto por la actora y, en consecuencia, revocar la sentencia apelada, reconociendo el derecho de la firma MOLINOS RIO DE LA PLATA SA a obtener el reintegro de CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 5404/2025 MOLINOS RIO DE LA PLATA SA (TF 76851120-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO los derechos de exportación abonados sin causa, con más intereses, de conformidad con lo establecido en el considerando XI. Con costas en ambas instancias a la parte demandada vencida (artículo 68, primer párrafo, del CPCCN).
Se hace saber a las partes que podrán consultar los precedentes citados en el sitio web de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
A los fines del artículo 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se hace constar que —por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala— suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada Nº 3/25 de esta Cámara.
Regístrese, notifíquese a las partes y al señor Fiscal General y, oportunamente, devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ JORGE EDUARDO MORÁN
Fin de la sentencia