Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 34478-I
Causa Nº 7427/2013 “MOLINOS RIO DE LA PLATA (TF 34478-I) c/ DGI s/”
Buenos Aires, de febrero de 2014.- SMZ
Para resolver los autos “Molinos Rio de la Plata (TF 34.478-I) c/ DGI” venidos en recurso y;
I. A fs. 151/155 el Tribunal Fiscal de la Nación confirmó la resolución 51/2009 DV REOA), emitida por el Sr. Jefe (interino) de la División Determinaciones de Oficio “A” del Departamento Técnico de Grandes Contribuyente Nacionales de la Subdirección General de Operaciones Impositivas de Grandes Contribuyentes Nacionales de la DGI- AFIP, mediante la cual resolvió determinó de oficio el crédito fiscal del Impuesto al Valor Agregado del contribuyente en los periodos fiscales 12/2003 a 12/2004, disponiendo una reducción del saldo técnico en la suma de $ 12.584,51, fundado en el desconocimiento de la intervención de ciertos proveedores calificándolos de apócrifos en las operaciones de compraventa. Impuso las costas a la vencida.
Asimismo, a fs. 158 reguló los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional.
Para así resolver, en primer lugar, realizó una síntesis de las irregularidades que se constataron respecto a los proveedores Cooperativa Agropecuaria Unión Cerealista Limitada, el Sr. Carlos Alberto Trigo, el Sr. Omar Osvaldo Cagnasso, el Sr. Paulo Nazareno Piercucci y el Sr. Fernando Pedro Valdettaro. Sostuvo que la impugnación de las operaciones no encuentra sustento en la inclusión de los proveedores en la base del Registro Nacional de Granos, sino es una herramienta del organismo para conocer a cada proveedor y tener un registro de los contribuyentes, de los cuales se ha podido determinar la falta de capacidad operativa para operar en el mercado. También, que dicho Registro es otra herramienta para que aquellos usuarios o contribuyentes dedicados a la actividad cuenten con elementos de control que no implica que las operaciones efectuadas por los sujetos registrados deben tenerse por válidas sin la posibilidad de verificar la veracidad de éstas. Concluyó que no puede Causa Nº 7427/2013 “MOLINOS RIO DE LA PLATA (TF 34478-I) c/ DGI s/”
la actora pretender legitimar la real actividad de los proveedores, antes señalados, con el fundamento que contaban con las inscripciones necesarias en los organismos correspondientes, ello no resulta suficiente argumento para desvirtuar los indicios colectados en contraposición.
Asimismo, señaló que la actora no logró acreditar fehacientemente la existencia de las operaciones comerciales al no haber aportado elementos de prueba que permitan evidenciar el circuito comercial desplegado. Por último, cita jurisprudencia acerca de la carga probatoria que en el caso considera a cargo de la recurrente desvirtuar las conclusiones a las que arriba el juez administrativos y que sus afirmaciones al no ser sustentadas por la actividad probatoria idónea, resultan meras consideraciones dogmáticas que no logran conmover los fundamentos de la resolución administrativa.
II. A fs. 165 apeló la parte actora y a fs. 168/190 expresó sus agravios.
La recurrente se queja en lo principal –luego de una reseña de los antecedentes de la causa en los que se incluye una descripción de las constancias de la misma- : i) que las argumentaciones de la sentencia prescinden de valor las constancias obrantes en el expedientes administrativo que acreditan acabadamente las operaciones cuestionadas. El fisco no se cuestionó la existencia de la mercadería, ni la existencia de los proveedores, ni el pago de tales operaciones mediante transferencias bancaria, ni la documentación aportada por Molinos y el circuito de compra de granos fue el normal para la actividad; ii) que no pueden cuestionarse las operaciones comerciales por el hecho de la falta de capacidad operativa del proveedor para vender granos. Además, no se ha cuestionado para impugnar los créditos fiscales, ni la documentación aportada, ni la existencia de los granos, ni la intervención de reconocidos corredores de granos, ni los medios de pago utilizados y estando los proveedores individualizados quienes fueron contactados; iii) que el Fisco no puede pretender que el adquirente de buena fe lleve a cabo todas las diligencias necesarias para conocer la capacidad operativa del proveedor, máxime cuando Molinos no tiene contacto con el proveedor en toda la operación Causa Nº 7427/2013 “MOLINOS RIO DE LA PLATA (TF 34478-I) c/ DGI s/”
comercial sino con el corredor; iv) que resulta aplicable al caso la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia en la causa “Bildow S.A”, ya que en el caso se encuentra acreditada la existencia de las operaciones cuestionadas; que Molinos pago el monto de IVA plasmado en su factura y si luego los proveedores no lo depositaron ella no desvirtúa el nacimiento del hecho imponible y la posibilidad de computar el crédito fiscal; v) que no es aplicable la jurisprudencia que cita el Tribunal Fiscal ya que el caso de autos se encuentran acreditadas circunstancias que no los son en los causas citadas; vi) que subsidiariamente solicita que se detraigan de las sumas de los créditos fiscales impugnados las retenciones practicadas y canceladas por Molinos; y vii) que se agravia de la manera en que han sido impuestas las costas.
III. En primer lugar, corresponde precisar que, conforme a reiterada jurisprudencia, “para que el crédito fiscal pueda computarse deben cumplirse una serie de requisitos, a saber: a) que sea imputable al período fiscal en que se hubiera facturado y discriminado; b) que se encuentre facturado discriminado en la factura o el documento equivalente; c) que la documentación respaldatoria se ajuste a las normas vigentes sobre emisión de comprobantes; d) que sea computable hasta el límite que surge de aplicar a la base imponible la alícuota respectiva; e) que se vincule con operaciones gravadas; f) que quien esté en condiciones de efectuar el cómputo sea responsable inscripto frente al IVA; g) que las operaciones que originan el crédito hubieran generado para el vendedor, locador o prestador el débito fiscal respectivo” (conf. esta Sala en la causa “Calimboy S.A –AFIP DGI Resol. 17/05(RDEX) (año 99) s/ Dirección General Impositiva”, sentencia del 20/5/10, entre otras).
En este sentido, el contribuyente debe acreditar fehacientemente la real existencia de las operaciones realizadas; y a su vez para que el contribuyente pueda computar el crédito fiscal, es necesaria la existencia de la generación de un débito fiscal en la etapa anterior por esa misma operación, para el vendedor, locador o prestador, pues se supone que el contribuyente puede tomar en cuenta el crédito así constituido, por haber abonado el IVA en la etapa anterior (conf. “Calimboy S.A” ya citado). Causa Nº 7427/2013 “MOLINOS RIO DE LA PLATA (TF 34478-I) c/ DGI s/”
IV. En el caso la cuestión debatida en autos, en definitiva, es determinar si las operaciones entre Molinos y los proveedores Cooperativa Agropecuaria Unión Cerealista Limitada, Carlos Alberto Trigo, Omar Osvaldo Cagnasso, Paulo Nazareno Piercucci y Fernando Pedro Valdettaro fueron efectuadas y por los tanto generaron un crédito a la actora. En este sentido resulta necesario señalar que el organismo fiscal negó la capacidad operativa de los proveedores señalados y por lo tanto concluyó que las operaciones fueron simuladas. Menciona en la resolución atacada que “la responsabilidad de la rubrarda radica en demostrar que efectivamente las compras de cereal -cuya existencia resultó probadahayan sido verdaderamente efectuadas a los proveedores observados, a fin de que éstos sean generadores fieles del crédito fiscal que se intenta computar” y que los proveedores cuestionados fueron detectados apócrifos con posterioridad a los períodos aquí analizados, dado que ello fue el resultado de distintas investigaciones que los proveedores no contaban ni con capacidad económica, ni estructura, ni personal en relación de dependencia para realizar la operatoria comercial invocada en los periodos en que tales hechos habrían acontecido, lo que permitió, a posteriori, arribar a la conclusión de las operaciones declaradas con los mismos habrían resultado ficticias o simuladas.
Cabe señalar que la resolución 51/2009 DV REOA basa su conclusión a los resultados obtenidos de la fiscalización realizada a los mencionados proveedores.
De este modo el informe de investigación que realizó el organismo a la firma Cooperativa Agropecuaria Unión Cerealista LTDA. concluyó que esta “…no posee capacidad operativa y se puede inferir que la totalidad del cereal comercializado es producto de compras en su mayoría de procedencia de terceros no declarados, según el análisis de proveedores las operaciones realizadas con la firma no se pudieron comprobar, con lo cual su crédito fiscal es apócrifo…”. Asimismo, cabe destacar que de la reseña de la fiscalización efectuada por el Tribunal Fiscal se extrae que: 1) varias de las notificaciones que se realizaron al domicilio de fiscal del proveedor fueron devueltas con las leyenda Causa Nº 7427/2013 “MOLINOS RIO DE LA PLATA (TF 34478-I) c/ DGI s/”
“desconocido”, 2) que la de las 3 plantas de acopia declarada solo se encontraba en funcionamiento una de ellas cuya propiedad era de la firma “Agro Transporte Conesa S.A” la cual manifestó que no poseía ningún contrato por la utilización de la planta con la cooperativa; 3) que la información contenida en los balances presentados por la misma figuran tres vehículos que al verificar sus dominios por sistema no aparecen a su nombre (ver. fs. 152 vta. cons. IV. Pto. 1).
Respecto del proveedor Carlos Alberto Trigo surge del expediente nº 11249-100-2005/12 en el que se realizaron tareas de fiscalización del informe de investigación en el que manifiesta que de los allanamientos ordenados por el Juzgado Federal de Río Cuarto en los domicilios de sujetos que han intervenido en la venta de créditos fiscales en el caso los Sres. Albano Walter Hugo y Weth Carlos, se dijo del primero que es el asesor impositivo que tramita las inscripciones de los contribuyentes apócrifos y del segundo que es la cara visible que se presenta en las empresas compradoras de créditos fiscales, que retornan a este grupo entre un 20/25% del IVA consignado en las facturas, uno de los emisores del crédito fiscal era el proveedor aquí cuestionado. También surge de la fiscalización realizada que las facturas a nombre del Sr. Carlos Alberto Trigo fueron encargas y pagadas en la imprenta por el señor Walter Albano y, asimismo, se labraron actas con usuarios inscriptos en la Dirección Regional de Río Cuarto concluyendo que el Sr. Albano vendía Facturas con IVA cobrando un porcentaje del impuesto que arrojaba el comprobante apócrifo computado por el usuario adquirente de la factura. Cabe agregar, como señalo el Tribunal Fiscal de acuerdo consta en las citadas actuaciones, que en cuanto a las retenciones de IVA efectuadas por Molinos Rio de la Plata S.A al Sr. Trigo, entre mayo y octubre de 2004, no habrían sido computadas por el mismo en sus respectivas declaraciones juradas.
De la fiscalización realizada en las actuaciones nro. 11773-
219-2005 respecto Sr. Omar Osvaldo Cagnasso obra un informe de inspección donde se concluyó que “….el contribuyente en cuestión sería el eslabón de una cadena de comercialización de grano en “negro” facilitando Causa Nº 7427/2013 “MOLINOS RIO DE LA PLATA (TF 34478-I) c/ DGI s/”
con su accionar la operatoria de terceros ocultos, mediante la utilización de documentación que simula operaciones de venta, generando de esta manera crédito fiscal apócrifo (Usina)….”.
A dichas conclusiones arriba a partir de las circunstancias que se han investigado en las referidas actuaciones. Esto es que el contribuyente esta inscripto con actividad principal declara “cultivo de legumbres frescas”, sin embargo el no posee fincas y/o campos y se comprobó que el arriendo de campo que pretendió sostener es inexistente e ilegitimo; no posee maquinaria ni demostró la contratación de terceros para la realización de las tareas de explotación agropecuaria; no posee empleados en relación de dependencia; no posee galpones, local comercial, silos necesarios para el desarrollo de la actividad; es incoherente el importe de acreditaciones bancarias con el total de operaciones de venta con IVA incluido.
Por su parte comprobó que la totalidad de las compras y los gastos fueron efectuados con contribuyentes que se encuentran incluidos en la base APOC de este Organismo.
También, observa la duplicación de Libros IVA Ventas e IVA Compras, ya que el contribuyente presentó en distintas dependencias de la AFIP libros que para periodos coincidentes son distintos en cuanto a los clientes, lo proveedores y los montos expresados respectivamente. En el caso del Sr. Fernando Valdetarro se concluyó de la fiscalización realizada que se podría afirmar que el contribuyente es una usina generadora de créditos apócrifos. Ello así, de acuerdo a que surge de los resultados obtenidos en el informe: la imposibilidad de la explotación agropecuaria en los predios declarados; se observó que el Sr. Valdettaro habría emitido facturas de ventas de pollos faenados y de alimento para pollo, maíz, girasol y trigo, resultando que la actividad no se encuentra declarada ni se observa que el contribuyente tenga capacidad alguna para desarrollar la actividad; que las firmas del contribuyente que obran en algunas fotocopias de cartas de porte y liquidaciones de granos no coinciden entre si; que no se obtuvieron a la vista los comprobantes que respalden el crédito fiscal declarado, en razón de que los mismos no fueron Causa Nº 7427/2013 “MOLINOS RIO DE LA PLATA (TF 34478-I) c/ DGI s/”
exhibidos por el fiscalizado a partir de los distintos requerimientos cursados (ver fs. 17/20 act. nro. 11716-290-2005/09).
En relación al proveedor Paulo Nazareno Pierrucci se comprobó, de la fiscalización realizada por el AFIP- DGI que “…. el contribuyente no presenta una realidad económica acorde a la de una empresa que comercializa con volúmenes de cereales como los de que este contribuyente efectuó en el período analizado, ya que no posee plante de acopia ni inmuebles, mantiene un empleado relación dependencia, lo cual no demuestra capacidad económica y operativa para llevar adelante tal actividad, aún así no actuó como agente de retención , consecuentemente no informando ni ingresando las retenciones correspondientes a las operaciones efectuadas, presentando de esta forma condiciones para la exclusión del contribuyente del Registro de Operadores en la Compra Venta de Granos y Legumbres Fresas….”( ver. fs. 150/151 act. nro. 11249-426- 2005/4). Por lo que concluye que no tiene capacidad económica y operativa para desarrollar la actividad principal declarada y ha realizado maniobras que denotan la finalidad de apropiarse de créditos fiscales provenientes de proveedores apócrifos blanqueando de esa forma operaciones de compra de cereal en mercado marginal (ver. fs. 151 act. nro. 11249-426-2005/4)
V. Debe quedar claro, entonces, que el ente recaudador se ocupó –en forma puntual y específica-, de enunciar y demostrar aquellos extremos que tornan carentes de credibilidad a las operaciones invocadas, y avalan el carácter apócrifo atribuido a la facturación emitida, extremos que, por lo demás, la actora no aporta elementos contundentes que logren hacer caer la conclusión del Fisco sustentada a través de elementos concretos y razonables que le permite afirmar la inexistencia de las operaciones que la actora intentó respaldar con los comprobantes acompañados.
En tales condiciones, resulta aplicable la interpretación que sostiene que la aportación de facturas y el mero cumplimiento de los requisitos exigidos por las resoluciones aplicables, no resultan suficientes para que proceda, sin más, la devolución del crédito fiscal abonado en Causa Nº 7427/2013 “MOLINOS RIO DE LA PLATA (TF 34478-I) c/ DGI s/”
etapas anteriores, sino que para ello –y en vista de las singulares circunstancias configuradas respecto del mencionado proveedor, que permiten dudar seria y fundadamente de acerca de la veracidad de las transacciones que se le atribuyen-, debe exigirse además que dicho crédito se encuentre avalado por la existencia real y comprobable de las operaciones efectuadas (Conf. Sala IV del fuero, in re: “Cargil SACI c/ EN- AFIP-RESOL. 187/00(GC) s/ Dirección General Impositiva”, sentencia del 7/4/11).
Respecto a ello cabe agregar que la Corte Suprema de Justicia ha reconocido que las exigencias derivadas del artículo 377 del Código Procesal Civil y Comercial deben ser interpretadas en armonía con la presunción de legitimidad del acto administrativo, a fin de que el Estado no termine obligado a demostrar en cada caso la veracidad de los hechos en lo que se asienta, cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos 218:312; 294:69 y 238:58 “Romero S.A” del 8/2/05) (Conf. Sala V del fuero, in re: “Agropecuario Laishi S.A (TF 26405-I) c/ DGI”, sentencia de fecha 15/4/10).
De este modo, cabe recordar que la prueba constituye una actividad procesal encargada de producir el convencimiento o certeza sobre los hechos controvertidos y supone un imperativo del propio interés del litigante a quien, a su vez, corre riesgo de obtener una decisión desfavorable en el caso de adoptar una actitud omisiva (Fallos 315:2555). En el caso, correspondía a la recurrente probar que había dado cumplimiento a todos los requisitos, formales y también sustanciales a fin de obtener el reconocimiento de deducción y/o crédito fiscal perseguido; además de aportar prueba conducente para rebatir las conclusiones a las que arribó la demandada (cof. esta Sala, causa 880/08, “Woolyn S.A c/ EN- AFIP-DGI Resol 90/07RDEX s/ Dirección General Impositiva”
Por consiguiente, debe concluirse que los esfuerzos de la recurrente en tener por cumplidos los requisitos establecidos para la procedencia de su pretensión omiten considerar que no se ha tenido por verificado el primer recaudo que es la existencia de la operación verificadora del crédito en cuestión Causa Nº 7427/2013 “MOLINOS RIO DE LA PLATA (TF 34478-I) c/ DGI s/”
VI. En tal sentido, debe repararse que en tales casos, la circunstancia de que se encuentre en discusión la existencia y/o materialidad misma de las operaciones declaradas, tiene como corolario que no pueda tomarse como aplicable la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Bildown S.A” (Fallos: 334:1854), en tanto la cuestión allí debatida no resulta equiparable a la discutida en autos (conf. esta sala, Causa: 7795/2008, ya citada)
VII. Por último, en cuanto al agravio subsidiario respecto de la retracción de las retenciones, se debe recordar que Molinos en su calidad de agente de retención retiene a favor de la AFIP, pero el pago es imputado desde el punto de vista impositivo al contribuyente. Por lo tanto el único legitimado para solicitar la devolución de lo retenido –según art. 81 de la ley 11.683- es el contribuyente obligado.
Es preciso agregar, que en el hipotético caso que el actor hubiera pagado indebidamente el impuesto, correspondería que lo reclamara a quien ilegítimamente lo percibió y no al organismo recaudador puesto que no puede oponerle a aquél las consecuencias de operaciones cuya ilegitimidad se ha demostrado (Conf. Sala II del fuero, in re: “Productos Sudamericanos S.A c/ AFIP DGI Resol. 278/02 s/ DGI”, sentencia del 13/11/07).
VIII. En lo atinente a la queja relativa a la imposición de costas, debe rechazarse ya que no existen motivos para apartarse del principio general de la derrota, por lo que corresponde que sean impuestas a la vencida.
Teniendo presente la naturaleza, resultado y monto del litigio; la calidad y eficacia de la tarea profesional desplegada y las etapas cumplidas, SE CONFIRMAN los honorarios establecidos a fs. 158 vta., y SE FIJAN los emolumentos de la representación letrada del Fisco, por su intervención en la alzada, en la suma de PESOS CUTROCIENTOS VEINTE -$ 420.-, (arts. 6, 7, 9, 14, 37 y 38 del Arancel de Abogados y Procuradores).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
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JORGE ESTEBAN ARGENTO CARLOS MANUEL GRECCO SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ
Fin de la sentencia