Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala II · Causa 130.022
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, por los fundamentos dados en el tratamiento de la única cuestión planteada, el recurso de casación articulado en favor del imputado Rodolfo Gerardo Molins, respecto del pronunciamiento recaído en la causa Nº JN- 491-2022 -y su acollarada-, del Tribunal en lo Criminal N°1 del Departamento Judicial Junín,, con costas en esta instancia (Arts. 106, 209, 210, 373, 448, 530, ss. y ccdtes. del CPP).
130022 - MOLINS RODOLFO GERARDO S/ RECURSO DE CASACION PROVINCIA DE BUENOS AIRES TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL SALA II
En la ciudad de La Plata, sede del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Jueces integrantes de la Sala Segunda, doctor Fernando Luís María Mancini y doctora María Florencia Budiño, para resolver la presente causa 130.022, caratulada “MOLINS RODOLFO GERARDO S/ RECURSO DE CASACIÓN”. Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debe observarse el orden MANCINI – BUDIÑO.
Llegan los presentes autos a este Tribunal como consecuencia del recurso de casación interpuesto por el señor defensor particular, doctor Fernando Farías, en favor del imputado Rodolfo Gerardo Molins, respecto del pronunciamiento recaído en la causa Nº JN- 491-2022 y su acollarada, del Tribunal en lo Criminal N°1 del Departamento Judicial Junín, por el que se condenó al nombrado Molins a la pena de ocho años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas, por haber sido hallado autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante calificado por el vínculo y por la situación de convivencia preexistente con una menor de edad, en concurso real con desobediencia.
Efectuadas las vistas correspondientes, y hallándose la causa en estado de dictar sentencia, este Tribunal decidió plantear y votar la siguiente C U E S T I Ó N ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la cuestión planteada, el doctor Mancini dijo:
I. En primer término, el recurrente se agravió de la determinación de la materialidad ilícita y de la autoría de su asistido, respecto del suceso de abuso sexual por el que fuera condenado, atribuyendo arbitrariedad a la valoración probatoria efectuada en el fallo. En tal sentido, denunció la violación de los artículos 1, 209, 210, 371 y 373 del CPP; a la par que del artículo 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y del art. 18 de la CN.
Explicó que fue arbitraria la selección e interpretación de los medios de prueba producidos en el juicio, lo cual se tradujo en una conculcación de la sana crítica y en el quebrantamiento de los principios de defensa en juicio y debido proceso.
Argumentó que, si bien en la mayoría de los casos de abuso sexual sólo se cuenta -como única prueba directa- con la declaración de la víctima, este caso fue distinto ya que la menor, al efectuar su relato, indicó que, al menos dos personas (su abuela y su niñera), habrían presenciado los hechos que imputara a su padre.
Sin embargo, indicó que la arbitrariedad del fallo se evidenció porque, pese a lo explicado en el párrafo anterior, el tribunal citó “una y otra vez” la hipótesis del “testigo único”, incluyendo -equivocadamente- el supuesto de autos, dentro de los casos donde los hechos ocurren a puertas cerradas y sin la mirada de terceros.
A partir de allí, argumentó que se produjo una “invisibilización de los testigos presenciales”, mediante su descalificación como tales, que resultó antojadiza al recurrir a “supuestos vínculos previos” con el imputado, para darles nulo valor acreditante.
Indicó que tal proceder importó “la conculcación de la sana critica arribándose a un razonamiento absurdo e inspirado solo en un criterio desviado del juzgador” (sic).
Luego de ello, se dedicó al tratamiento de los testimonios de un modo puntualizado.
Con respecto a la testigo Alina Blondel (ex niñera de la menor), dijo que fue colocada por la víctima en el escenario de los hechos. Sin embargo, el recurrente destacó que la nombrada negó distintas circunstancias afirmadas por la niña, tales como el haberse dado besos o tenido relaciones sexuales con el imputado, o haber visto algún tipo de abuso sexual del imputado a su hija. También expuso diferencias temporales entre la declaración de esta testigo y los dichos de la joven, y otras relativas al domicilio en que vivía el grupo familiar al tiempo en que los supuestos hechos ocurrieran, o a las condiciones laborales del acusado -horarios, lugar, etc-. A partir de allí, el defensor sostuvo: “…Estas inconsistencias que acabo de narrar asestan un golpe mortal a la imputación”. Por ello criticó el fallo en cuanto decidió dar valor acreditante a los dichos de la menor, por sobre los de esta testigo. Ahora bien, luego de transcribir extensos pasajes del veredicto, el recurrente reconoció que las inconsistencias sostenidas en el debate no fueron desconocidas por el a quo, quien le dio tratamiento, “pero existe un denodado esfuerzo en testar a la testigo con argumentos que superan el umbral de la sana crítica.”
De ese modo, expresó que Alina Blondel testificó tres veces (dos de ellas en la instrucción) y que más allá de que siempre dijo lo mismo, “ningún efector judicial tuvo la iniciativa de iniciarle una causa penal por falso testimonio”. Agregó que Blondel “se sometió a derecho y juró decir la verdad”.
También criticó las razones detractoras del valor convictivo de su versión -desarrolladas en el fallo- y dijo que, requerir que los dichos de la testigo sean respaldados por otros elementos probatorios (como por ejemplo, respecto de que, efectivamente, dio a luz en el año 2012) “implica ofender el sentido común pues nadie puede suponer que alguien pueda mentir sobre tal circunstancia”. Agregó que “Pretender que estas palabras testimoniales sean probadas por otros medios de prueba (documental) cuando la testigo ha dicho algo que no ha sido rebatido por nadie constituye una exigencia reñida con la lógica procesal. Nadie ha dudado de la fecha en que dijo ser madre.”
Agregó que el descreimiento de sus palabras colisiona también con lo expuesto por la testigo Ana Grenillón, en tanto respaldó su versión al reemplazar a Blondel como niñera en noviembre de 2012. Indicó que no resulta posible concluir que ambas testigos mintieran.
En cuanto a la testigo Mirta Peralta, el defensor hizo hincapié en que negó absolutamente los dichos de su nieta, siendo que el descreimiento que provocó en el tribunal fue -según expuso- arbitrario.
Explicó que si bien ambos testimonios (el de la niña y su abuela) arrojaron versiones contrapuestas, de todos modos, criticó que los dichos de la testigo fueran descartados tan sólo por ser la madre del acusado. Agregó que no se utilizó el mismo criterio con la progenitora de la niña (denunciante), a quien sí se le otorgó credibilidad, más allá de su parentesco.
Por otro lado, indicó que Peralta no sólo es madre del imputado, sino abuela de la víctima, con lo cual aquí su condición de familiar cercana, a lo sumo, quedaría neutralizada sin entonces hacerle perder a la testigo imparcialidad en sus dichos. También encontró llamativo que en el fallo no se aludiera al careo que existió entre las testigos Peralta y Pérez. Una vez más, el impugnante insistió en que Peralta negó que su hijo hubiera tenido actos de violencia hacia F.A.M., que tuviera armas y que fuera alcohólico.
A continuación, el impugnante inauguró un nuevo segmento en el recurso que tituló como “SEGUNDO AGRAVIO – DOS TESTIMONIOS RELEVANTES SOSLAYADOS”.
En este apartado, desarrolló su visión acerca de las declaraciones de Ana Grenillon (útil para confirmar la hipótesis de la testigo presencial Alina Blondel) y del Dr. Héctor Delfabro (de provecho para descartar los dichos de la víctima que lo aludían)
En el caso de Grenillon, destacó que la nombrada confirmó la versión de Blondel en cuanto a que dejó de trabajar en el año 2012, por motivo de su alumbramiento, ya que fue su reemplazo como niñera de la víctima, todo lo cual echaría por tierra la denuncia.
Criticó el fallo en cuanto nada dijo acerca de las circunstancias temporales afirmadas por la testigo (que desmentirían a la niña). También cuestionó la decisión del sentenciante de no creerle, por mantener un vínculo de dependencia laboral con la familia del inculpado (lo que le restaría imparcialidad según el a quo) porque, según el impugnante, “no existe manera de que los testigos no tengan o no hayan tenido algo que ver con las partes y que de alguna u otra manera queden comprendidos en las generales de la ley”.
Ahora bien, en cuanto al testigo José del Fabro (médico de toda la familia) si bien se le atribuyó haber tomado conocimiento de que el imputado ejercía violencia sobre la menor, éste comentó que nunca había atendido a la menor con golpes relacionados con su padre, negando lo que la joven dijo en Cámara Gesell. Tal fue la discordancia de versiones, narró el impugnante, que ello motivó un careo del galeno con la denunciante Pérez. Una vez más, el impugnante se dedicó a criticar los motivos considerados por el sentenciante, para no otorgar entidad convictiva a los dichos de este profesional de la salud, achacando arbitrariedad al fallo. Más tarde, el recurrente se refirió al caso de la testigo G. M. Pérez, planteando su disconformidad con el fallo en lo que dio en llamar “tercer motivo de agravio”.
La testigo Pérez, madre de la víctima, fue tomada como una testigo plenamente creíble para el tribunal, situación que le generó disconformidad al impugnante ya que la misma fue declarada inimputable en otra causa juidicial e internada en una Clínica Psiquiátrica en el año 2017, con un presunto trastorno delirante y diagnóstico de trastorno psicótico de características paranoides.
Sin embargo, expresó que el tribunal, caprichosamente, obvió tales circunstancias de la denunciante, bajo el pretexto de que, la mera circunstancia de tener un diagnóstico de patología mental, no implica una tacha al testimonio de esa persona, máxime cuando la misma gozaba de plena capacidad jurídica y mantenía indemne la responsabilidad parental sobre su hija menor.
Pero tales consideraciones del sentenciante fueron criticadas por el defensor, quien expresó que “los galenos sostienen el padecimiento de trastorno psicótico con ideas delirantes y explican que esta enfermedad consiste en un grupo de trastornos caracterizados por la aparición de un tema delirante o de un grupo de ideas delirantes relacionadas entre sí que normalmente son muy persistentes y que incluso pueden durar hasta el final de la vida del individuo”, lo cual a su entender debió restarle credibilidad a su versión. Para acrecentar su conclusión, trajo a colación el choque de versiones de Pérez, frente a otros testigos como Blondel, Delfabro, etc., lo cual “increíblemente” fue desconsiderado por el sentenciante de grado. Entonces, criticó el fallo argumentando que existió un esfuerzo del sentenciante para descreer de los testigos de descargo y, paralelamente, dar cabida sin hesitaciones a quienes abonaron la teoría de la denunciante, lo cual fue “reñido con la sana critica”, al tratarse la motivación del fallo de simples “creencias” del tribunal a quo.
En lo que dio en llamar “cuarto motivo de agravio”, el impugnante se refirió a “los expedientes del juzgado de familia introducidos por lectura”, a partir de los cuales, según expuso, se reflejó la relación conflictiva de la pareja Molins- Pérez luego de su separación, con relación al tema régimen de visitas y alimentos, al juicio alimentario y a las causas iniciadas por Molins por impedimento de contacto y por cuidado personal (en la cual se discutió si Pérez, afectada por una condición psiquiátrica, podía o no estar en condiciones de tener la potestad sobre hijas).
A partir de tales elementos, el impugnante expresó que surgió nítido el absoluto apego y compromiso de Molins con las decisiones judiciales que se fueron tomando; situación que se contrapuso con la actitud de Pérez, incumplidora de los requerimientos judiciales (inclusive, cuando se le ordenó que iniciara un tratamiento psicológico para sus hijas).
Agregó que, de tales constancias, también se desprende que, profesionales psicólogos que interactuaron con la menor y con Pérez, percibieron que la niña se encontraba sujeta al designio materno y de cómo era su actitud frente a la interacción que pudo tener con su padre en los momentos en que le fue posible acercarse a su hija.
Agregó que se logró advertir la vulnerabilidad en la que se encontraban las menores, quienes por la dinámica de los acontecimientos estaban solas con su madre enferma, obturándose todo contacto paterno.
El recurrente cuestionó los argumentos suministrados por el sentenciante para restar entidad convictiva a estos elementos.
En particular, sostuvo que el tribunal confundió la situación de hecho, cuando sostuvo que si bien la menor no había otorgado un sentido sexual a los juegos que su padre mantenía con ella -a la hora de declarar en el fuero de familia-, de todos modos ello no implicaba que, lo indicado con mayor precisión a la hora de deponer en cámara Gesell, no hubiera ocurrido. Además, estimó equivocado que se pretendiera fundar el presunto abuso sexual, trayendo a colación supuestos actos de violencia, toda vez que “es evidente que estas actitudes podrían tener que ver con muchas otras causas que no fueran necesariamente derivadas del supuesto abuso”. Hizo hincapié en que, en los expedientes aludidos del fuero de familia, “las menores fueron monitoreadas en todo momento por todos los efectores judiciales y jamás nadie escribió una sola línea que aludiera a lo que hoy se ventila en éste ámbito penal” (sic).
Concluyó que las circunstancias expuestas en este acápite muestran una desviación del razonamiento del sentenciante, dando por cierta la existencia del ilícito investigado, para lo cual se invocaron elementos de prueba que solo sostienen un marco de violencia y de alejamiento de la menor con su padre, pero que no son suficientes para inferir los abusos sexuales que se endilgaron.
Explicó que, instalada en la mente del juzgador la hipótesis del abuso sexual, todas las pruebas se interpretaron subjetivamente, conectándolas con esa idea, lo cual -a su entender- debe ser corregido en esta instancia casatoria.
En el siguiente tramo de la impugnación, titulado como “QUINTO AGRAVIO. BREVE ANALISIS DE [F.] Y DE SU INFANCIA TRAUMATICA”, el recurrente se refirió a distintas situaciones vivenciadas por la víctima, que habrían resultado traumáticas, por fuera de los hechos denunciados, vinculadas primordialmente a la situación problemática en que quedó sumergida la relación de sus padres, y a los temas de salud mental registrados por su progenitora, todo lo cual -a su entender- contribuye a restarle verosimilitud a la denuncia de abuso sexual formulada contra el encartado.
Como sexto motivo de agravio, el casacionista se refirió a la tesis del “testigo único” sostenida en el fallo, lo que habría implicado -bajo su perspectiva- un desvío de la sana crítica.
En este sentido, explicó que la arbitrariedad del razonamiento del a quo, que pretendió mostrar un único testimonio directo, radicó en la circunstancia de obviar que, en este caso, existieron testigos presenciales traídos por la menor en su declaración. Tal fue el caso de Alina Blondel y Mirta Peralta, como fuera explicado al comienzo del recurso y a su reseña, en homenaje a la brevedad, cabe remitirse.
En definitiva, se quejó de la desconsideración del a quo de tales declaraciones, denunciando que se intentó socavar su objetividad con elementos “tan débiles” que “dejaron al descubierto la parcialidad del criterio jurisdiccional”. Agregó que sólo se podría adjetivar las palabras de la presunta víctima como precisas, coherentes y verosímiles (como se entendió en el fallo), “solo si su voz emergiera como única, pero frente a las deposiciones vistas de sujetos que ella misma (y su madre) se encargaron de traernos a escena no habrá un pronunciamiento ajustado a derecho si no intentamos compatibilizar TODOS LOS DICHOS” (sic).
Concluyó que, en este caso, la hipótesis acusatoria no consigue superar el hecho de haber sido refutada por válida evidencia disponible. De allí que, a su entender, es evidente que el análisis integral del fallo no permite sustentar certeza alguna que justifique la condena de Molins en los términos expuestos.
Sostuvo entonces que existió infracción a las reglas de la sana critica y el principio in dubio pro reo (arts. 1, 106, 209 y 210 del CPP). Como siguiente motivo de agravio, desarrolló una crítica respecto de la valoración efectuada en el pronunciamiento de los dichos de descargo del imputado.
Afirmó que no es cierto que la negación de los hechos efectuada por Molins carezca de sustento probatorio. Ello así toda vez que, justamente, se encargó de referir particularmente que los hechos no pudieron haber ocurrido en las fechas apuntadas por F.A.M., ni en la vivienda donde ésta aludió que habrían existido los tocamientos. Indicó que el acusado también brindó información precisa acerca de la imposibilidad de que Alina Blondel haya estado trabajando en la casa; el reemplazo de Blondel en la persona de Ana Grenillon como niñera; etc., todo lo cual fue refrendado puntualmente en sus testificales.
Añadió que Molins indicó la mecánica del juego de la “bomba de pique”, a partir de la cual quedó en evidencia que no superaba la mera conducta de darle besos en la panza a su hija, sin contenido sexual, lo cual fue confirmado por Mirta Peralta y por Ana Grenillon.
Por otra parte, hizo hincapié en que el intento de suicidio de la joven, no obedeció a los hechos endilgados al imputado, sino a una ruptura afectiva con un "amigovio", lo cual surgió de las testimoniales de Peralta y de Grenillon, quienes indicaron que Pérez llamó a la madre del joven Valentín San Vitale, recriminándole y amenazándola con iniciar acciones legales contra ella dado que a raíz de la ruptura de la relación amorosa protagonizada por su hijo hacia a F.A.M., ésta había sido vulnerada y a raíz del episodio habría intentado suicidarse. El impugnante se quejó, una vez más, de que estos relatos no fueron analizados en el fallo.
También se disconformó en tanto no se receptó su pedido de llamar a prestar declaración testimonial a la progenitora del joven, Mónica San Vitale, para interrogarla respecto de si esta comunicación telefónica con Pérez había existido. Agregó que, si bien el tribunal se amparó en que ello debió haberse requerido en la oportunidad del art. 338 del ritual, para ese entonces Molins poseía otra asistencia letrada. Así las cosas, la negativa de evacuar la cita de la defensa, bajo el pretexto de su extemporaneidad, constituyó (bajo su óptica) un exceso ritual manifiesto.
Sumado a todo ello, hizo hincapié en la versión de su asistido en el sentido de no haber dispensado malos tratos a su hija, quejándose una vez más de la desconsideración de determinados testimonios, a lo que sumó que ningún testigo advirtió haber visto en la niña rastros o marcas de violencia que dieran crédito a su versión y la de su madre.
Finalmente, el quejoso aludió a la condena de Molins por el delito de desobediencia.
También aquí afirmó que se produjo una situación de ausencia probatoria respecto de la comprobación del hecho y de la responsabilidad del acusado.
En efecto, planteó que la única prueba que respaldó la condena, estuvo constituida por los dichos de la denunciante, G. Pérez, “sin que haya podido acreditarse ni la distancia que los separaba (tendrían que haber sido más de 100 mts. de acuerdo a la manda judicial) ni la intención (dolo) de éste último en violar la restricción impuesta”.
Una vez más hizo hincapié en que la denunciante “se encuentra afectada por una grave enfermedad psiquiátrica que produce en ella justamente ideaciones delirantes y estados psicóticos”.
Agregó que tampoco se sostiene la intención del imputado de vulnerar la restricción perimetral (dolo) pues el haberlo hallado en un lugar céntrico, lejos de la vivienda de la accionante, lejos de su lugar de trabajo y lejos de cualquier otro sitio donde se suponía que podían concurrir madre e hija con asiduidad, “permite inferir simplemente que el encuentro fue casual”. Argumentó que no debe olvidarse que se trata de un pueblo de pequeñas dimensiones y que el lugar era el radio céntrico, adonde de ordinario las personas hacen gestiones bancarias; compras en comercios; etc. Todo ello no hace sino reforzar la idea de un encuentro fortuito, según expresó a renglón seguido.
Agregó, como crítica al fallo, que la negativa a declarar por parte de Molins, en cuanto a este hecho, fue valorada en su contra, en flagrante violación con el artículo 18 de la Constitución Nacional. Como contrapartida sostuvo que “quien acusa” es “quien debe probar”, pero que en este caso se colocó al encartado como responsable de acreditar su falta de culpa. Que la “prueba contrapuesta” que pretendía el a quo es impracticable, pues no existe forma de probar un hecho negativo.
Por todo lo explicado a lo largo del recurso, peticionó la revocación del fallo puesto en crisis y que se absuelva libremente a Molins por no haberse acreditado ni los hechos materia de juzgamiento ni su participación en los mismos. Subsidiariamente -a todo evento-, que se aplique el beneficio de la duda arribándose de esa manera al mismo resultado absolutorio.
A todo evento, dejó planteada la reserva del caso federal.
II. En oportunidad de contestar el traslado que le fuera conferido, el doctor Fernando Luis Galán, Fiscal Adjunto ante el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, peticionó el rechazo de la impugnación deducida por la contraparte en favor del imputado Molins, al no verificarse las infracciones legales denunciadas en el escrito recursivo.
III. Debe rechazarse íntegramente el recurso de casación, de conformidad con el criterio promocionado por el Ministerio Público Fiscal. En lo concerniente a las quejas desarrolladas por el impugnante en orden a la comprobación de la materialidad ilícita y autoría del abuso sexual, cabe aclarar que, si bien fueron presentadas en el escrito recursivo como si se trataran de distintos motivos de agravio, se advierte en realidad que se trata de uno solo (valoración probatoria efectuada por el a quo para tener por acreditados esos extremos), por lo que serán abordadas de manera conjunta, a fin de lograr mayor claridad en la exposición de este pronunciamiento Ahora sí, efectuada dicha aclaración inicial, corresponde analizar el tratamiento que a esta cuestión se le ha dado en el fallo impugnado. Es así que se tuvo por acreditado en el veredicto, en orden al primer hecho, que: "…en la ciudad de Lincoln, sin poder precisar fechas por la corta edad de la víctima, Rodolfo Gerardo Molins abusó sexualmente y en reiteradas oportunidades de su hija [F.A.M] cuando esta tenía entre 7 y 8 años de edad, tras desnudarla y desnudarse la tocaba en sus partes íntimas y le practicaba sexo oral, al finalizar cada acto la llevaba al baño, dejándola encerrada y bajo el agua fría. El imputado denominaba los actos abusivos que le perpetraba a su hija "bomba de pique", dicho con que además la amenazaba cada vez que ella hacía o decía algo que él no aprobaba. Todos los sucesos ocurrían alternativamente en la cama matrimonial o en el sillón ubicado en el living de la vivienda donde por entonces residía el grupo familiar, sito en calle Güemes N° 240, entre Pueyrredón y R. S. Peña, en horas de la tarde y en ausencia de la progenitora de la víctima quien se encontraba trabajando en la localidad de Arenaza. La modalidad de realización de los actos abusivos, por el carácter degradante que han tenido para la víctima y su prolongación en el tiempo, los tornan en hechos gravemente ultrajantes."
Para así concluir, se invocó en primer término el testimonio brindado por la damnificada F.A.M., de conformidad con el art. 102 bis del C.P.P., (documentado íntegramente mediante la versión fílmica y en versión escrita), incorporada al juicio por lectura, a cuyo contenido completo cabe remitirse, en homenaje a la brevedad, destacándose ahora sólo sus aspectos más centrales, que brindan sustento a la descripción de los hechos que, en definitiva, se plasmó en la materialidad ilícita achacada al imputado Rodolfo Gerardo Molins, y que resulta controvertida por el impugnante.
En tal sentido, F.A.M. declaró expresamente que su padre había abusado de ella, que tenía un juego que llamaba la "bomba de pique", y que consistía en abusarla, tras lo cual la encerraba en el baño, con el agua fría, y la dejaba horas hasta que llegaba la madre de trabajar. Que ello ocurría en el living de la casa, y también en la cama donde dormían sus papás, tras lo cual terminaba tirada en el baño.
Que después llegaba su mamá y que, supuestamente, ella estaba ahí porque se había portado mal. Dijo que su padre era muy violento, que le pegaba a su progenitora y a ella.
A preguntas que se le formularon indicó que “la bomba de pique” -que él decía que era un juego- en realidad consistía en abusarla: que le sacaba la ropa, le daba besos en sus partes íntimas, “un montón de cosas horribles que hacía... como tocarme... me abusaba”.
Expresó que su abuela paterna, Mirta Peralta, vivía adelante. Que después tuvo una niñera (Alina), con quien su padre tenía relaciones y ella los veía. Que tenía siete años. Que su padre no trabajaba, sólo su madre. Que eso sucedió hasta que sus padres se separaron, cuando ella tenía ocho años. Que la amenazó en otras oportunidades con que si no se portaba bien, le haría “la bomba de pique” (punto de la declaración en que comenzó a llorar), y que ella no sabía qué hacer y sentía miedo, pues él también la amenazaba con matar a su madre. Reconoció, entre lágrimas, que un día quiso quitarse la vida con pastillas. Que también tuvo otro intento de suicidio. En tal dirección, también narró las circunstancias en que le contó a la madre lo ocurrido, cuando estaba internada. Dijo que su madre se sentía culpable por haberla dejado sola con él.
Indicó que los abogados las obligaban (a ella y a su hermana) a verlo, porque sino su madre volvería “a un neuro”, y ella tenía miedo de que la encierren de nuevo. Dijo que ganas de verlo no tenía, hasta que por fin lo pudo contar “y me libré de eso”.
Expresamente, refirió que su abuela veía cuando él la abusaba “y no hacía nada”. Dijo que el imputado la tocaba, le daba besos en sus partes íntimas. Que una vez también estaba la niñera. Reiteró que él era violento, que le pegaba, y que terminaba con la cara llena de moretones, “no podía ir al jardín, ni a la primaria..., mi mamá qué iba a saber que él me abusaba”. Que él también le pegaba a ella porque intentaba defenderla, pero era peor. Que un día le abrió el ojo y fueron al médico de él -Del Fabro- y les dijo que tenían que denunciar, pero que él no se iba a hacer cargo.
Frente a preguntas adicionales que le fueron formuladas, especificó que en la “bomba de pique”, el imputado “me sacaba la ropa, empezaba con la panza, y no paraba. Él estaba sin ropa, no recuerdo que haya sido una violación... que haya hecho otra cosa que no sea tocarme y besarme.... Estaba desnudo me hacía eso, después terminaba y al baño directamente…”. También afirmó: “ahora me doy cuenta que es un abuso”. Agregó que su hermana veía que ella estaba en el baño, que no entraba, porque si no él le pegaba. Que luego tuvieron otra niñera “pero él ya no lo hacía más”. Que la dirección de la casa era Güemes 240, y que estaba la casa de la abuela adelante. Que a su abuela casi no la volvió a ver, que se la cruzó un día por la calle y se dio vuelta y siguió. Que les hizo la vida imposible.
En orden a uno de sus intentos de suicidio dijo “que no servía de nada seguir viviendo... que mi vida era un desastre, que me habían abusado... que si hablaba capaz mataba a mi mamá, entonces prefería matarme yo antes que maten a otra persona”.
Declaró que. después de que pasó todo esto, sentía que se lo hacía todo el tiempo, soñaba, tenía pesadillas, todas cosas horribles. Tales fueron los aspectos más significativos de su relato, de los que se advierte fácilmente una plena concordancia -en sus puntos centrales- con lo plasmado en la materialidad ilícita consagrada en el fallo, y la atribución de responsabilidad al encartado de autos.
Los magistrados sentenciantes encontraron en los dichos de Manuel Rebollar Fimia, Héctor Mario La Centre y la historia clínica de F.A.M. (de fs. 57/64 de los autos principales) corroboración objetiva del relato de la niña, en lo concerniente a su internación por un intento de suicidio y a las circunstancias de develamiento del abuso. En lo más relevante a destacar, el primero de los nombrados atendió en la guardia pediátrica del Hospital de Lincoln a la joven, ocasión en la que tomó conocimiento por los dichos de la propia F.A.M. y de su madre, que ésta había sido abusada.
También resultó significativo, para el convencimiento del tribunal, el informe médico de fs. 86 realizado por la perito médica Betina Rosales, en donde se hicieron constar hallazgos médicos compatibles con la modalidad comisiva narrada por la menor. Pero su importancia convictiva no se agotó allí pues también resultó relevante a fin de evidenciar la persistencia de la menor en sus dichos, a lo largo del proceso en tanto ya, dos meses antes de llevarse a cabo la declaración en cámara Gesell, F.A.M. pudo expresarle -de manera semejante- a esta profesional que su papá le hacía jugar un juego que se llamaba "bomba de pique", en el cual le sacaba la ropa, la besaba en sus partes íntimas, la metía al agua helada y la encerraba en el baño. Que también la amenazaba con ello cuando ella hacía algún berrinche, y que él le pegaba mucho.
De modo concordante, se ponderaron los dichos de Florencia San Vitale, psicóloga particular de F.A.M. que la atendió a partir de sus trece años, tras un intento de suicidio. En lo que importa destacar, afirmó que, en una entrevista, la niña le contó que su papá la abusaba sexualmente desde sus seis o siete años, cesando tras la separación de sus padres. Le narró que, durante esos actos abusivos, la desnudaba, la tocaba y le daba besos y que, luego de los abusos, la metía en agua fría, dinámica a la que denominaba "bomba de pique".
A partir de este elemento, los jueces razonaron (correctamente) que también había resultado útil a la hora de evidenciar la persistencia del relato de la menor en cuanto a los hechos investigados. Sumado a ello, también corroboró el intento de suicidio de FAM y “la revelación espontánea de ese contexto de abusos sexuales a los que era sometida por su padre, con una clara delimitación en lo que atañe a la modalidad comisiva así como el tiempo en que acontecieron los mismos”.
Por lo demás, también se ponderaron los dichos de la perito psicóloga, Lic. Perla Colombo, quien además de referirse a las conductas suicidas y autolesivas de la menor, en lo concerniente a su historia de vida y al objeto del proceso, dijo haber hallado en ella un discurso ordenado, que estaba lúcida y orientada, y que no había alteraciones sensoperceptivas ni ideación delirante. Expresó que pudo inferir en la menor un contexto de violencia e indicadores de desequilibrio de poder de quien actúa sobre quien no puede defenderse. Indicó que en el papá estaba ese desequilibrio de poder, y que la madre también era víctima de él. Que la joven le contó su deseo de morir, “de ahí los intentos de suicidio”. Frente a preguntas de la defensa, la profesional fue clara en indicar que no detectó como posible causa de los intentos de suicidio una desilusión amorosa (lo que destierra uno de los cuestionamientos sobre los que la defensa insiste en esta instancia revisora) sino que parecieran más relacionados “con los abusos sexuales que endilgó a su padre”.
Además de ello, en su informe obrante a fs. 159/161 de los autos principales, la profesional consignó que “surgieron indicadores emocionales compatibles con un suceso vivido y significado en forma traumática que dada su intensidad y la imposibilidad de comprensión por razones evolutivas ha generado un efecto disruptivo en esta personalidad en formación. Se advierte, entonces, una estructura yoica que va conformando frágilmente utilizando una modalidad de defensa rígida. Por medio de la disociación, el yo, separa el afecto displacentero del pensamiento, idea o representación, generando una distancia emocional y provocando un correlato emocional neutro. La utilización de este mecanismo ha posibilitado que [F.A.M.] brindara un relato de las situaciones abusivas sufridas sin implicancia emocional. No obstante ello, el relato constituye el primer indicador especifico. Teniendo en cuenta la historia vital de la joven a la luz del material proyectivo obtenido, se advierte un alto grado de vulnerabilidad y desvalimiento”. Además, resultó significativo que la perito sostuviera que: “Surge de la evaluación realizada indicadores emocionales compatibles tanto con el relato brindado por la niña, como así también con el contexto familiar descripto”.
Sumado a ello, en las conclusiones de la pericia se destacó que la niña “brinda relato relacionado con los sucesos investigados, con sus propias palabras y ubicado temporoespacialmente. El correlato emocional es neutro. El mismo impresiona como verosímil. No surge de la evaluación realizada indicadores de fabulación, entendiendo por ésta una alteración patológica de la imaginación”.
Así las cosas, otro punto importante para justificar que el a quo otorgara valor probatorio determinante al relato de la víctima fue que, desde la perspectiva pericial psicológica, resultó “verosímil, creíble y despojado de indicadores de fabulación y mendacidad, plagado de indicadores psicológicos que dan cuenta de las apreciaciones periciales”.
Entonces, en torno a la credibilidad que este testimonio le irradió al tribunal de primera instancia, aparece nítidamente justificada (y explicada) la decisión plasmada en el fallo en tanto no sólo su relato resultó creíble y acompañado con indicadores que, desde la psicología, resultaron compatibles con la situación de abuso denunciada, sino que a ello se sumó la persistencia de la joven en su imputación, a la par que fueron corroboradas las circunstancias que rodearon el develamiento de los hechos por distintos testigos (a los que también cabe sumar a su progenitora, como luego se verá).
Así las cosas, los motivos desarrollados por los magistrados de la instancia de origen aparecen razonables para otorgarle entidad convictiva a las manifestaciones de F.A.M., sin que la parte haya logrado demostrar arbitrariedad en este mecanismo, para lo cual no bastó esgrimir la existencia de otras pruebas que se erigieron en sentido diverso, como a renglón seguido se verá (Art. 209 del ordenamiento ceremonial).
En efecto, el defensor insiste sobre ciertas objeciones que ya realizó frente al órgano de primera instancia, pero que fueron rechazadas fundadamente, en criterio que se comparte en esta instancia casatoria. Veamos, en lo concerniente al desfasaje temporal invocado por el casacionista, que surgiría de la confrontación de los dichos de F.A.M. y la testigo Alina Blondel (niñera de la joven, al tiempo en que los abusos ocurrían según contó en su declaración de cámara Gesell), no fue un punto desapercibido por el a quo, no obstante lo cual -motivadamente- confirió preminencia probatoria a lo expresado por la niña.
Es así que se indicó en el fallo que más allá de que Blondel declarara que había trabajado con la familia Molins entre los años 2011 y 2012, (cuando F.A.M. contaba con cuatro o cinco años y no con seis u ocho años como señaló la víctima), ello no era motivo suficiente para restarle valor al relato de la menor, por distintos motivos.
Amén de lo referido en cuanto a la credibilidad que le infundió el relato de F.A.M. al a quo (que ya se vio), y su correspondencia con otra variedad de elementos probatorios, no se confirió entidad acreditante al testimonio de Alina Blondel, por distintos motivos que han sido correctamente determinados en el fallo. Y ello no se vio desmerecido, como refiere la parte, por el hecho de que nunca se la acusó a lo largo del proceso por falso testimonio. A partir de la diferencia de relatos, los jueces simplemente se limitaron a evaluar que los dichos de Blondel no alcanzaban a restar entidad acreditante a los de FAM, que encontraron más consistente.
Es que, por fuera de que no se presentaron otros elementos que respaldaran la indicación de los motivos por los que la testigo había interrumpido su relación laboral a fines de 2012, por el nacimiento de su primer hijo, también resultó sugestivo que fuera señalada por haber tenido una relación amorosa con el imputado (circunstancia incluso expuesta por F.A.M., quien dijo haber presenciado relaciones sexuales entre ellos, mientras Blondel era su niñera).
Así las cosas, la decisión del a quo no se redujo simplemente a que la testigo no presentara pruebas acerca de la fecha de nacimiento de su hijo, como pareciera haber entendido el impugnante.
La preminencia acreditante de la versión dada por F.A.M., frente a la afirmada por Blondel, se nutrió de la credibilidad de los dichos de la niña (respaldados por otras constancias que ya fueron tratadas, y otras adicionales que serán tratadas más tarde, como el relato de su progenitora) y que resultaban contrarios a los de la niñera, todo lo cual se vio acrecentado por la sospecha de pérdida de parcialidad de la testigo a partir de los vínculos personales que habría mantenido con el acusado y, en todo este contexto, fue que se consideró que sus dichos tampoco habían encontrado anclaje en otros elementos. Es así que la conjunción de todas estas circunstancias dotó de motivación más que suficiente a la decisión de creer en la veracidad de los datos proporcionados por F.A.M.
Por todo esto, debe compartirse el desarrollo del a quo mediante el cual concluyó respecto de Alina Blondel que la circunstancia de que hubiera negado el acaecimiento de los episodios referidos por F.A.M., no le permitía “certeramente afirmar que esa negativa importe la inexistencia de tales circunstancias, sobre todo si se tiene en cuenta que una de ellas está vinculada a cuestiones de su propia intimidad y la otra -de reconocerlapodría ubicarla en un plano de responsabilidad penal, aún cuando se encontraba vinculada mediante una relación de dependencia laboral. Todas las cuestiones relatadas me persuaden de que el testimonio de Alina Blondel carece de entidad probatoria suficiente como para conmover la credibilidad del testimonio de la menor referenciado precedentemente, a lo cual me remito en honor a la brevedad expositiva” (sic).
Por otra parte, no pone en jaque lo expuesto, el hecho de que la testigo Ana María Grenillón se expresara testimonialmente en el mismo sentido que Blondel y la defensa de Molins.
Es que, adecuadamente los jueces explicaron que tampoco conseguía obturar la credibilidad del relato de la menor con relación a la existencia de los hechos y al vínculo violento del encartado con su hija, toda vez que las niñeras -en el ámbito de la relación laboral- permanecían con el padre y las niñas muy poco tiempo cada día, “con lo cual no se excluye que esos episodios hayan acontecido en otro momento sin que fueran advertidos por las niñeras”.
Concretamente, en lo que atañe a Ana María Grenillón, se tuvo en cuenta que estuvo muy poco tiempo trabajando mientras Molins convivía con la menor, pues el mayor tiempo de la relación laboral de la nombrada transcurrió luego de la separación, cuando las niñas vivían con la madre. Más allá de ello, se agregó respecto a Grenillón, “que la misma actualmente sigue ligada como dependiente laboral a la madre del imputado (Mirta Peralta) en una relación que lleva varios años. En relación a dicho testimonio, también debe valorarse que ha quedado evidenciado ese fuerte condicionamiento de la testigo, en tanto ha llegado a manifestar que [F.A.M.] -cuando sus padres se habían separado- deseaba ver a su padre, cuando ha sido la propia niña quien le ha expresado a profesionales judiciales intervinientes lo contrario. Por otro lado, Grenillón ha colocado a F. en un rol de manipuladora y agresora física de su padre, cuando ni siquiera éste lo ha esbozado en su relato defensivo y no surge ni tibiamente insinuado en los abordajes periciales psicológicos realizados sobre la menor analizados supra. Además, la testigo ha referido episodios alucinatorios en Pérez así como un deseo de venganza respecto de Molins, que siendo negados por Pérez, resultó en un careo donde cada una se mantuvo en sus dichos. En este particular, debo señalar que tal como lo analicé precedentemente -más allá de la conflictiva reinante en la relación vincular de pareja entre Molins y Pérez- no advierto ese deseo de venganza atribuido a Pérez” (sic). Ahora bien, la defensa también intentó restarle credibilidad al testimonio de FAM, mediante la invocación de los dichos de su pediatra y del médico de familia que la asistió a lo largo de su infancia, argumentando que, si los abusos hubieran sido reales, estos galenos los habrían detectado, lo cual no surgió de las declaraciones que ellos vertieron en este proceso. Pero este planteo tampoco progresa.
En efecto, ante una elucubración de similar tenor expuesta por la defensa en el juicio, el a quo estimó acertadamente (y sin que ahora el impugnante logre rebatir su robustez argumental) que la contundencia del testimonio de la menor en lo que atañe a la acreditación de los extremos de la imputación, no logró ser menguada en su credibilidad,por la circunstancia de que los médicos tratantes de la niña no hubieran detectado -en la clínicaindicadores y/o datos que les permitieran inferir la existencia de los abusos sexuales narrados por la menor, desde que “el seguimiento médico-clínico pedriátrico transcurre por carriles que no necesariamente resultan idóneos para detectar indicadores que den cuenta de este tipo de vivencias”. Concretamente, en el caso del pediatra, Dr. José Tomino, más allá de declarar no haber advertido que la menor pudiera haber estado expuesta a vivencias de abuso sexual como las narradas (que no debe olvidarse que no implicaron penetración, con lo cual es lógico, de acuerdo a su exteriorización en los términos dispuestos en el fallo, que no dejaran vestigios como lesiones u otros signos perceptibles desde la simple clínica médica), lo cierto es que sí aludió a que “en el entramado familiar de la niña había una fuerte conflictiva que estaba impactando en el desarrollo y la salud de la menor y que ello derivó en su indicación de realizar terapia psicológica familiar”, Y en lo concerniente al testimonio del médico José Del Fabro (sobre el que intenta hacer pie el letrado defensor para restar credibilidad a la niña), el nombrado expresó haber sido el médico que trataba a toda la familia Molins y desde su especialidad clínica abordó muchas problemáticas de la menor, sin haber detectado -según su propio relato- ningún dato en la menor que le hiciera tan siquiera suponer que la niña era sometida a violencia y menos aún ultrajada sexualmente. Sin embargo, más allá de lo expuesto, el tribunal sentenciante tampoco atribuyó a su declaración la aptitud para mermar la credibilidad de la niña ni de su madre.
En efecto, para ello, se tuvo en cuenta la declaración de Pérez (quien resultó creíble a los jueces) en cuanto había expresado que Molins siempre le pegaba a F., describiendo un episodio puntual en el cual le "abrió el ojo con el tender y sangraba". Dijo que, entonces, ella la llevó al médico Del Fabro, refiriéndole que le había pegado el padre, pero que este galeno era amigo de Molins y su familia y "tapaba todo". Respecto a este particular evento (que también fue aludido por F.A.M. en su declaración en cámara Gesell), inclusive, existió un careo entre Pérez y el testigo José del Fabro, en tanto éste había dicho recordar haber atendido a F.A.M. varias veces y, entre ellas, consignó un traumatismo de cráneo, pero no recordó la causa de este, ni recordó que Pérez le haya dicho que el padre le había pegado a la niña. Luego del careo ambos testigos se mantuvieron en sus dichos. Es así que el hecho de que el médico, cuanto menos, no recordara a qué se habían debido determinadas lesiones constatadas en la menor, o que no hubiera percibido signos de abuso (que reitero: a partir de la modalidad desarrollada, hubieran sido de muy difícil constatación, más aun cuando no eran motivo de consulta específica por parte de los padres de la niña), para nada conduce a restar entidad acreditante a los otros elementos ponderados en el fallo que se alzaron en contra de las aspiraciones defensistas. Es así que, una vez más, el a quo dio fundamento razonado y apegado a las reglas de la sana crítica acerca de por qué seleccionó determinados elementos de prueba por sobre otros.
Toda esa motivación del pronunciamiento resulta perfectamente compatible con el principio de libertad probatoria establecido en el art. 209 del CPP., a partir del cual los jueces cuentan con la potestad de seleccionar las pruebas que han de fundar su convencimiento sobre los extremos de la imputación, siempre que se respeten los arts. 106, 210 y 373, lo cual ocurrió. Ninguna censura merecen –en el marco de las facultades que en materia probatoria ostentan los tribunales de juicio en los términos de los arts. 209, 210 y 373 del C.P.P.- las razonadas explicaciones que condujeron al sentenciante a desestimar las declaraciones de quienes se manifestaron en el debate pretendiendo corroborar las protestas de ajenidad esgrimidas por el encartado (que serán analizadas más tarde).
Ante la disparidad de testimonios, corresponde al tribunal de grado examinar los distintos elementos probatorios y, justipreciarlos conforme las reglas de la sana crítica y, tal como se vio, el a quo explicitó sólidas razones que llevaron a su convicción de que los hechos ocurrieron de conformidad con la versión de la niña de lo sucedido. Todo ello, luego de haber atravesado la instancia del juicio, oído los testigos citados y, tras confrontar las diversas versiones con las probanzas producidas en la audiencia, siendo éstas precisamente las que razonablemente llevaron al a quo a concluir acerca de la materialidad ilícita y la autoría del inculpado.
Debería recordarse aquí que los magistrados de juicio son libres en la valoración y selección de las pruebas que han de fundar su convencimiento desde que el valor de los medios de prueba no se encuentra fijado o determinado de antemano, sino que corresponde al tribunal de mérito evaluar y establecer el grado de convencimiento que tales elementos puedan producir. Ese valor no es más que un producto concreto de la conciencia de quien aprecia y juzga; y es por ello por lo que, si no se comprueban situaciones especiales que evidencien arbitrariedades en el raciocinio o posibilidad crítica, la elección de las pruebas que, a la luz del art. 209 del ritual, efectúan los magistrados de grado resulta incensurable en esta instancia revisora.
Así las cosas, la solidez motivadora que resulta del fallo, echa por tierra la elucubración de la defensa que, si bien formulada en afán de conmoverlo bajo el prisma de la arbitrariedad, quedó expuesta meramente desde una personal valoración de los hechos y su prueba, con argumentos que resultan insuficientes para abrir la instancia casatoria pretendida. Similares consideraciones caben respecto del análisis de los dichos de la testigo Mirta Peralta, abuela paterna de la víctima.
F.A.M expresó que Peralta pudo observar lo que le hacía su padre, situación negada por la testigo durante el debate.
Sin embargo, los jueces estimaron -una vez más- que esa contradicción en ambos relatos no fue suficiente para mermar la credibilidad que les irradió el relato de la joven, decisión que, por fuera de sus facultades de selección probatoria (art. 209 del rito), fundaron razonadamente. En efecto, tuvieron en cuenta que la testigo Mirta Susana Peralta era la madre del encausado y en dicha calidad tenía vedado -art. 234 del CPP mediante- declarar en perjuicio del imputado Rodolfo Molins, de lo cual fue informada al iniciar su testimonio, amén de que también podrían, en este caso, surgir cuestiones con aptitud para comprometer su responsabilidad penal personal.
Por fuera de ello, los magistrados también destacaron que Peralta hizo referencia a la existencia de "la bomba de pique", describiéndolo como un juego que sólo importaba una manifestación de cariño en la cual su hijo le levantaba la remera a su nieta y le besaba la panza. La testigo también expresó que ello había acontecido varias veces en su presencia y en la de G. Pérez, situación que fue negada por esta última, pese a haberse producido un careo entre ambas testigos al respecto.
Así las cosas, correctamente concluyó el tribunal que la práctica denominada "bomba de pique", pese a los dichos de Peralta, no perdió la naturaleza abusiva sexual que describió persistentemente F.A.M. en cada una de las ocasiones en las que vertió su relato, “el cual ha sido considerado verosímil y dotado de indicadores emocionales compatibles con las vivencias narrada[s]”.
Es así que la falta de poder desincriminante asignada por el sentenciante a los relatos negadores de las dos testigos que la víctima ubicó en el escenario de los hechos, aparece justificada, como bien lo explica el pronunciamiento, en su falta de compatibilidad con el resto de la prueba de cargo, bien señalada por el a quo, que se corresponde con la versión de la joven víctima, a partir de lo cual surge claro que la convicción alcanzada por los jueces del debate no muestra fisuras y cuenta con el desarrollo escrito de las razones que le dieron pie.
Una vez más debe considerarse que la credibilidad otorgada a la declaración de la víctima se encuentra estrechamente relacionada con aquellas potestades inherentes al órgano de juicio, como consecuencia inmediata y directa del principio de inmediación. En efecto, el intercambio fruto de la inmediación y de la oralidad otorga a los jueces la libertad de apreciación de la prueba a través de la libre convicción en mérito a lo visto y lo oído en el debate, permitiéndoles extraer conclusiones acerca de la veracidad y firmeza de quienes testifican en el juicio oral. El límite de esta facultad radica precisamente en la arbitrariedad. Pero aun interpretándose al recurso de casación penal con la mayor amplitud que el régimen procesal vigente permite, esto es, permitiendo la revisión integral de la sentencia recurrida, de ella se encontrará naturalmente excluida la prueba recibida oralmente y no registrada, dada la imposibilidad fáctica de hacerlo en ese caso, y especialmente la impresión personal que los testigos pueden causar en el tribunal, en la medida en que la misma haya sido fundada, requisito que en estos autos se encuentra debidamente cumplimentado (cfr. C.S.J.N., C.1757.XL “C. , M. E. y otro s/ robo simple en grado de tentativa —causa N° 1681-”).
Lo cierto es que la niña sostuvo haber sido abusada por el encartado, narrando en qué había consistido el abuso y aludiendo a las circunstancias en que ello ocurrió, en cada oportunidad con que contó a partir de la revelación ocurrida tras un intento de suicidio. Tal panorama, además encontró respaldo en prueba pericial, y testimonial referida al momento en que F.A.M. pudo narrar el padecimiento vivenciado.
Por otro lado, en este tipo de agresiones sexuales (que se desarrollan contra niñas menores) la coyuntura determina una mayor vulnerabilidad, que, aunada a la corriente ocurrencia en un lugar aislado donde no existen testigos ajenos que puedan percibir las maniobras abusivas, asegura al autor una mayor probabilidad de alcanzar la impunidad, lo cual torna lógico que, en gran medida, el eje central de la prueba esté constituido por el relato de la víctima.
Si bien es cierto que en esta coyuntura concreta los hechos también pudieron ser percibidos por al menos otras dos personas, lo cierto es que el análisis del fallo explica los motivos por los cuales sus relatos no alcanzaron para derribar la versión aportada por la víctima, en especial analizando sus vínculos personales con el encartado e, inclusive, la posibilidad de comprometer su propia responsabilidad penal, todo lo cual pudo haber justificado que no quisieran brindar un relato comprometedor en perjuicio de Molins.
De allí, que cobró tanto valor lo que la damnificada relató, máxime cuando concurren otros elementos que refuerzan sus manifestaciones y dan cuenta de la ausencia de un relato fabulado o influenciado por terceros. Cabe tener presente que la prueba de cargo también se nutrió de la declaración de la madre de la niña quien declaró en el debate, frente a los jueces del tribunal.
Más allá de aludir a vivencias propias referidas a sus años de pareja con Molins, y a las problemáticas posteriores a la separación (judicializadas), así como a la violencia padecida a manos del encartado mientras convivían (de la cual también resultaron víctimas sus hijas), la testigo de mención señaló que las pequeñas quedaban al cuidado de niñeras, mientras que el padre no trabajaba y estaba en la casa, expresando que nunca trabajó, porque vivía de una renta de campo y de la manutención de la madre. Expresó que Molins siempre le pegaba a F.A.M., describiendo un episodio en el cual le "abrió el ojo con el tender y sangraba", que “ella la llevó al médico Del Fabro, y le dijo que le había pegado el padre, pero este médico era amigo de Molins y su familia y tapaba todo", lo que motivó un careo con el galeno en el juicio, en el cual Pérez se mantuvo en sus dichos. Relacionado con el hecho juzgado, la testigo recordó que a los 13 años de F.A.M., ésta tuvo dos intentos de suicidio, por ingesta de medicamentos. Que el segundo fue el más importante porque la niña estaba con tratamiento psiquiátrico a consecuencia del intento anterior. Señaló que en ambos casos F.A.M. decía que lo había hecho para salvarla a ella y a C., sin lograr entender por qué lo decía. Con relación al segundo intento de suicidio, dijo que, estando la niña internada en el hospital, le contó que su padre la tocaba y que ella "no dudó de su hija porque sabía quién era él". Que la joven fue entrevistada por la psicóloga del Servicio Local ese mismo día y se inició esta causa. Específicamente dijo que F.A.M. sólo le habló de tocamientos en esa oportunidad y que fue la primera vez que habló de abusos.
Los jueces estimaron que este relato (corroborante en lo que le tocó presenciar, de la versión de la víctima) les resultó confiable, en primer lugar, porque los episodios de intentos de suicidio narrados por la testigo habían encontrado corroboración en prueba objetiva y testimonial (ya analizada). Consideraron que Pérez dijo que nunca vio el "juego cariñoso denominado bomba de pique" al que aludió el imputado en su relato y la testigo Peralta en el debate. Agregó que tampoco la niña se lo dijo a ella, y que sólo se enteró de eso después de que F.A.M. declaró en Cámara Gesell y exclusivamente con la connotación que ésta le otorgó (sexual). En aquella oportunidad, la testigo le respondió a la defensa acerca de un planteo que en esta ocasión reitera infructuosamente: que por el mes de abril del 2021 F.A.M. tuvo una relación de amistad propia de los 13 años, que no llegó a ser noviazgo, pero que ella no llamó a la madre del nene cuando la joven intentó suicidarse y menos aún le atribuyó responsabilidad ni la amenazó por lo ocurrido.
Si bien la parte recurrente insiste sobre esa crítica, no hay pruebas de lo contrario en la causa, más allá de los dichos de Pérez que lo negó. Y en cuanto a la queja referida a que no se dejó producir prueba al respecto, por fuera del tiempo procesal oportuno (Art. 338 del CPP), el planteo no progresa por dos motivos: en primer lugar, porque la defensa sustenta su pedido bajo el pretexto de que, para aquél entonces, Molins era asistido por otro letrado, pero con olvido de que el principio de unidad de la defensa determina que los sucesivos letrados que representan a un acusado se encuentran condicionados por la actuación de sus predecesores, de tal forma que no procede retrotraer el trámite con afectación de los actos cumplidos en etapas procesales precluidas. Y en segundo lugar, tampoco demuestra la esencialidad de esta cuestión para la solución del caso (si Pérez acusó o no a la madre del amigo y/o novio de F.A.M. por uno de sus intentos de suicidio), máxime cuando una de las profesionales de la salud que la trató, negó que aquella pudiera ser, en este caso, la causa motivadora de este proceder auto lesivo de la víctima, resultando más factible que la causa fuera la situación de abuso denunciada, tal como ya fuera visto en este voto. Con lo cual, tampoco se advierte la productividad del planteo, aun bajo la hipótesis no verificada de que correspondiera atenderlo (Art. 421 del CPP).
Retomando la ponderación de los dichos de Pérez, cabe señalar que tampoco desmereció su credibilidad el testimonio de Juan de Dios Moreyra (nuevamente invocado por el impugnante), a fin de aclarar si el imputado Molins le ofreció dinero a Pérez o no, para que retirara la denuncia. Como bien indicó el a quo (y no logró ser desvirtuado en el recurso), esa contingencia no resultaba medular en la definición de los extremos de la materialidad y la autoría achacada, máxime tratándose de un hecho eventualmente posterior y ajeno a los abusos investigados.
En cuanto al mérito del testimonio de G. Pérez, los jueces añadieron como explicación para otorgarle relevancia acreditante que, “de su mera observación surge evidenciado que aún cuando la misma posee un diagnóstico de patología psiquiátrica que requiere su seguimiento profesional -extremo reconocido por la propia testigo-, entiendo que ello en modo alguno invalida su relato, cuando la misma goza en la actualidad de plena capacidad jurídica y mantiene indemne la responsabilidad parental de su hija menor” (sic). De allí que no resulten determinantes los señalamientos de la parte mediante los cuales pretender restarle capacidad para atestiguar asertivamente a esa testigo.
Quedó claro, tal como consideró el sentenciante en el fallo, que del contenido de su relato surgieron evidenciadas circunstancias vinculadas a episodios de violencia vivenciados por el imputado hacia ella y sus hijas menores, los que además persistentemente estuvieron referidos por las mismas en los expedientes del fuero de familia incorporados como prueba al juicio.
Y más allá de ello, aun cabe añadir que los jueces percibieron “…una absoluta prudencia en el relato de Pérez, en cuanto expresó haber tomado conocimiento de los abusos a partir de un escueto relato realizado por su hija, donde sólo refirió tocamientos por parte de su padre y los vinculó a los intentos de suicidio realizados a sus escasos trece años de vida. La mujer dijo haber tomado conocimiento de ese modo por la versión directa de su hija y a partir de ahí todo comenzó a discurrir por los canales funcionales del Hospital y el Servicio Local que derivaron en el inicio de este proceso penal. Del devenir de las probanzas analizadas, debo concluir que en modo alguno puede inferirse seriamente que la mencionada Pérez -ya sea por la conflictiva relación que mantuviera con Molins, por su salud mental y hasta por un supuesto deseo de reanudación de pareja- hubiera determinado -o al menos incidido- en el relato de su hija [F.A.M]. Sin olvidar todas las notas de credibilidad que he hallado en el testimonio de F. M., troncal en la definición de la cuestión en tratamiento. Por el contrario, un análisis crítico del testimonio de Pérez y de su hija [F.A.M], en conjunción con todas las probanzas integrantes de este proceso, demuestran en relación a los hechos objeto de imputación, mesura, prudencia y sujeción en la atribución de los graves hechos acusados al padre de la menor”.
A partir de todo ello, razonadamente y con total apego de las normas que rigen la cuestión (Arts. 106, 209 y 373 del CPP) los maistrados concluyeron que la prueba de cargo analizada derribaba cualquier especulación de animosidad y/o animadversión en los testimonios de la menor y de su madre, siendo que -a contramano de lo afirmado por la defensa- no hubo andamiaje probatorio que evidenciara “seriamente” que los hechos pudieran haber acontecido de modo diverso al que los narró la joven víctima de autos.
A fin de brindar cabal respuesta a los planteos de la parte, cabe añadir que esta conclusión tampoco consigue ser derribada a partir de los dichos exculpantes de Molins.
Veamos.
La declaración prestada por el acusado a tenor del art. 308 del rito fue incorporada al juicio por su lectura. En dicha ocasión, básicamente, manifestó su ajenidad al abuso endilgado, atribuyó la denuncia a los deseos de su ex mujer de retomar la pareja, y también a que Pérez habría sido abusada de chica. Indicó que él con sus hijas “jugaba normalmente”, que le daba besos en la panza a F.A.M., como “algo normal entre padres e hijos”. También atribuyó uno de los intentos de suicidio de su hija a un distanciamiento “con un amigovio”. Dijo que las nenas no quedaban a su cuidado porque trabajaba todo el día. También, en tren de desligarse de la acusación, aludió a problemas de salud mental de la madre de la niña, añadiendo que “era enferma de celos”, y que hasta llegó a decir que él se acostaba con su propia madre y con su hermano (lo cual no surgió de los dichos de la denunciante en el juicio).
Sin embargo, sus excusas no fueron creídas por los magistrados de la instancia de origen.
En efecto, bien explicó el a quo que muchas de las referencias sobre las cuales edificó su relato negador de la imputación, carecían de sustento autónomo y otras perdían credibilidad frente al contundente caudal probatorio en sentido opuesto a sus dichos, todo lo cual para nada ha invertido la carga de la prueba en el caso, toda vez que la imputación encontró anclaje en el nutrido cuadro incriminante que hasta aquí se ha reseñado, bastando recordar el relato persistente de la menor, acompañado por la opinión de distintos profesionales que la asistieron a lo largo del derrotero procesal, a la par que su correspondencia con otros elementos como la declaración de Pérez (que también resultó confiable), lo cual se tradujo en la inobjetable conclusión del a quo de entender el relato de la víctima como verosímil y creíble.
Se ha visto también, que los embates formulados contra la denunciante han sido adecuadamente despejados por el tribunal sentenciante, en particular cuando se concluyó que el señalamiento de G. Pérez no fue impulsado por una animosidad contra Molins ni por ningún otro móvil espurio, todo lo cual tampoco encontró motivo de descrédito en sus eventuales padecimientos de salud mental. Y, aun por fuera de todo lo referido a la conflictiva relación con la madre de su hija, de todos modos ello no mermó la espontaneidad de la menor (de trece años de edad) a la hora de narrar los abusos a su madre y a los sucesivos profesionales que intervinieron en este proceso.
Ahora bien, tampoco cabe atender las críticas lanzadas contra la labor experta de los peritos oficiales que se encargaron del abordaje psicológico y psiquiátrico del imputado que se plasmó en el correspondiente informe glosado al expediente digital.
Allí, básicamente, la Dra. Estefanía Calvet y la Licenciada Lorena Barrera, destacaron algunas de las siguientes consideraciones, que estimo de mayor relevancia (a su contenido más completo volcado en el fallo de primera instancia, cabe remitirse en homenaje a la brevedad): "...Examen psiquiátrico: […] Indiferente con los hechos denunciados. Sin ideas de referencia ni de influencia. La capacidad judicativa impresiona conservada. Examen psicológico: Se trata de una personalidad con rasgos narcisista y egocéntrico, rígido, con marcada ansiedad, inestabilidad emocional, obstinado y oposicionista, con discurso locuaz, repetitivo y perseverante, evitativo por momentos. Sujeto con incapacidad para captar las relaciones interpersonales, con un mal manejo de adecuadas catexias, generando conductas probablemente desinhibidas, impulsivas y/o agresivas, donde lo emocional es vivido por él de manera superflua. Lo íntimo es resguardado y no permite su acceso, es introvertido y autosuficiente. No se detectan indicios de organicidad ni de psicosis. Niega los hechos que dieron origen a las presentes actuaciones, utilizando un discurso querellante, con tendencia exculpatoria. Puntos periciales: A partir del material recabado durante la entrevista y del aporte psicotécnico, se establece que:... Si bien, al momento de la evaluación, no surgen indicadores ni rasgos de personalidad compatible con patología psíquica franca, que pudieren ligarse a alteraciones en la esfera psicosexual, tampoco resulta posible descartarlas. Sobresalen rasgos de una personalidad que utiliza el ocultamiento como herramienta defensiva, carente de autoreproche, sin indicadores de sentimiento de culpa. En cambio, se han observado, de manera convergente, indicadores de componente agresivo...”.
A su vez, con respecto al mentado informe, declararon ambas peritos oficiales (Dra. Calvet y Lic. Barrera) durante el juicio y respondieron a las preguntas de las partes, recreando “fielmente el informe de referencia, dando cuenta con sobrados detalles del trabajo pericial concretado en la ocasión”.
La psicóloga Lorena Barrera señaló que, todo lo detectado con relación a la personalidad de Molins, emergió de las entrevistas y técnicas administradas. Cuando fue interrogada por la defensa respecto a su expresión refeirda a que “no afirmó ni descartó cuestiones patológicas en la esfera sexual de Molins”, respondió "...que una persona tenga cierta patología, no necesariamente lo lleva a cometer un delito y lo mismo a la inversa... los rasgos de personalidad dan cuenta de probabilidad...". Además, expresó que la selección de los test administrados responde a su criterio profesional pericial que parte de la sugerencia realizada por la Asesoría Pericial de la S.C.J.B.A. y con respecto a la interpretación de los mismos, indicó que recurrió a los manuales que lo definen. Especificó que los tests son métodos científicos, no interpretaciones personales, añadiendo que están homologados para ser utilizados en el país.
Ahora bien, los magistrados también consideraron los dichos del perito psicólogo de la defensa, Lic. Pablo García, quien, en lo sustancial, cuestionó la administración de tests realizados por la perito Barrera por considerar que los mismos carecen de rigor científico e idoneidad para responder a los puntos periciales requeridos. Sobre tales aspectos, se insistió en esta ocasión procesal.
Sin embargo, la decisión del a quo de otorgar mayor capacidad acreditante a los que sostuvieran las peritos oficiales, tampoco resultó caprichosa en esta ocasión, desde que se explicó en el fallo que, con relación a las técnicas aplicadas por la perito oficial Barrera, por requerimiento de las partes se accedió a que ambos profesionales confrontaran sobre tal extremo -en el juicio oral- y que Barrera -en dicha ocasión- indicó que las conclusiones que se infieren de los test están en los manuales científicos de cada una de las técnicas y están avalados en su uso por la Asesoría Pericial de la Suprema Corte bonaerense; mientras que García se limitó a cuestionar la invocada falta de rigor científico de los tests administrados, la inidoneidad de los mismos, pero sin explicar el fundamento de sus cuestionamientos, todo lo cual convenció al a quo de que, efectivamente, la labor profesional pericial desplegada por las peritos Barrera y Calvet fue idónea para el cometido pericial requerido, desde que se emplearon herramientas científicas avaladas y las conclusiones periciales resultaron lógicas y fundadas en el rigor profesional, todo lo cual evidenció su fiabilidad para ser valoradas a la hora de dictar el correspondiente fallo judicial.
Los jueces concluyeron, sin fisuras lógicas ni legales en su exposición de fundamentos, que -entonces- los cuestionamientos realizados por el perito de parte quedaron instalados “en una mera diferencia de opinión sin que haya explicitado fundamento lógico y profesional para ello” y que, por tal razón, “carece de idoneidad suficiente para cuestionar los términos de la pericia oficial” (Arts. 106, 209, 210 y 373 del CPP).
Ahora bien, en su escrito recursivo, el recurrente también ha indicado de manera general que en este caso se ha violado el debido proceso, entre otros derechos y garantías del más alto rango.
Sin embargo, la alegación de la defensa peca de una excesiva generalidad fracasando en la demostración de la situación denunciada, ya que no aporta un solo argumento específico donde muestre con nitidez que fueron conculcados los derechos y garantías que amparaban a su asistido, como persona sindicada en la comisión del ilícito investigado. Dicho esto, la necesidad de este paréntesis reflexivo también tiene su razón de ser en virtud de que, a la hora de evaluar las denuncias y testimonios que dan cuenta de esta particular modalidad delictiva, deben ser consideradas por los operadores jurídicos las dificultades que muchas veces presentan estas víctimas para alzar su voz y poder narrar estos hechos.
Por ello, los magistrados a la hora de evaluar la prueba en este tipo de investigaciones, no pueden dejar de analizar las particularidades propias de este tipo de agresiones sexuales, siendo entonces que un relato (aun tardío en su revelación, o incluso no del todo preciso, por ejemplo en orden a fechas o lugares), lejos de mermar la credibilidad de la víctima, se corresponde con una posibilidad esperable, en atención a los parámetros que se evidencian en el caso. Máxime cuando, como en este caso ocurre, el testimonio de la joven se encuentra corroborado por otros elementos y cuando el tribunal de mérito explica sobradamente y sin incursión en arbitrariedad por qué le otorga entidad convictiva (conf. arts. 106, 209 y 210 del C.P.P.).
Debe repararse que, en este caso concreto, tampoco puede obviarse un análisis interseccional de las múltiples vulnerabilidades presentadas por la víctima de autos (mujer, niña, con un ámbito familiar sumamente problemático, en el que el agresor era justamente su padre, mientras que su madre no sólo era víctima de violencia doméstica sino que además padecía dolencias en el ámbito de su salud mental, etc), todo lo cual exigía -y exigeatender de un modo muy especial sus manifestaciones, máxime cuando ocurre que la conclusión acerca de que Molins abusó sexualmente a la menor, encuentra apoyo en el material probatorio colectado, sin grandes dificultades interpretativas pues –como quedó expuesto- los elementos que han sido reseñados anteriormente han dado un adecuado y sólido sustento a esta hipótesis, por lo cual ésta debe ser sostenida también en esta instancia revisora. En efecto, no sólo se ha contado con la directa imputación que la víctima le dirigió de manera sostenida a través de cada una de las oportunidades con las que contó -a partir del momento en que reveló los hechos que la victimizaron-, sino que además su versión se vio corroborada por otras personas (profesionales y de su entorno) que manifestaron articuladamente las circunstancias en que tomaron conocimiento de ello. Como si todo eso no bastara, la prueba pericial psicológica evaluada también fue contundente a la hora de validar el relato de la niña y aludir al padecimiento por ella soportado, a raíz de los hechos que la victimizaron. Del examen de los elementos ponderados por los jueces, y las apreciaciones valorativas vertidas en el fallo, no advierto que las alegaciones de la defensa logren conmover sus conclusiones, pues no se ha demostrado que la convicción alcanzada haya respondido a un apartamiento del variado y nutrido caudal probatorio con que se contó, ni que haya obedecido a la arbitrariedad del tribunal sentenciante.
Todo lo contrario. La prueba del caso resultó suficiente y armónica para arribar a la solución condenatoria dispuesta pues, si bien existieron testigos que abonaron -en cierta medida- la tesis exculpante, no menos cierto es que en el fallo se proporcionaron sobrados motivos para no otorgarles capacidad para mermar la credibilidad del señalamiento de la joven F.A.M.
Como contracara, advierto en el recurso la ausencia de una confrontación crítica de todos los elementos e indicios globalmente considerados, lo cual resulta inexcusable para derribar la convicción alcanzada en el fallo.
En rigor de verdad, la queja consistente en una simple disconformidad basada en una supuesta orfandad probatoria -que no permitiría adquirir la certeza para condenar-, o en la crítica formulada a la selección de los elementos para formar convicción, soslaya la importancia de la fuerza que emana del enlace lógico y secuencial que unió a los plurales y graves elementos e indicios de cargo expuestos en el pronunciamiento, todo lo cual es ineficaz para abatir su robustez argumental.
Ahora bien, en cuanto a la queja sustentada en distintos elementos surgidos a partir de diversos procesos encajados en el fuero de familia, tampoco merece progresar.
Si bien el defensor entendió que si la menor hubiera sufrido abusos, los habría contado en los distintos expedientes tramitados en aquel fuero, tras la separación de sus padres, por la cantidad de entrevistas que se le realizaron, este reclamo encontró una adecuada respuesta en la instancia anterior cuando se consideró que, efectivamente, F.A.M. expresó haber contado estos episodios (denominados por su padre como “bomba de pique”) pero despojados de la connotación sexual, pues en ese momento no lo alcanzaba a comprender de ese modo (dado que contaba con alrededor de ocho años), pero que luego sí lo entendió (a sus trece años aproximadamente, cuando reveló su padecimiento), lo cual en palabras del sentenciante “resulta lógico, razonable y esperable evolutivamente”. Nótese que no es correcto en los casos de abuso sexual infantil - como parece pretender el recurrente- identificar en la “demora” en denunciar los hechos un indicio de falsedad de la declaración de la víctima. Por el contrario, la denuncia tardía se presenta con asiduidad en los casos de abusos intrafamiliares en virtud del temor y las drásticas consecuencias que en la mayoría de los casos conlleva el revelamiento del secreto (recuérdese las severas amenazas que en este caso profería Molins a su hija), y esta es una realidad conocible, no sólo por la experiencia y el sentido común, que son dos elementos básicos de la estructura del razonamiento lógico, sino también por las investigaciones científicas. A partir del trabajo de Ronald Summit, conocido como “Síndrome de acomodamiento”, que clarificó las reacciones más comunes de los menores frente a un abuso sexual, la develación tardía es apreciada en el ámbito de la psicología infanto-juvenil como una de las cinco categorías que integran el mencionado síndrome. Entre las dos primeras, también llamadas precondiciones, se hallan el secreto y la desprotección, mientras que, entre las últimas, también denominadas contingencias secundarias, se encuentran el atrapamiento y la adaptación, la develación tardía y poco convincente y la retractación (Castro Julio César, Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal, Año IV, Número 8 B, 1998, pág. 137).
Retomando los argumentos vertidos en el fallo, para descartar las consideraciones de la defensa referidas a los otros procesos judiciales puestos en marcha tras la separación de los padres de FAM (que en esta ocasión procesal se reiteran), cabe añadir que existieron constancias en dichos obrados, que avalaron las circunstancias periféricas afirmadas en la causa penal por la menor.
Por caso, cabe mencionar el informe de fs. 526/529 con fecha 28/04/16, que da cuenta de la entrevista realizada por la perito psicóloga en el expediente N°8708/2015 de trámite por ante Juzgado de Familia, “para detectar que efectivamente existe en el relato de la menor la referencia de episodios narrados con llanto y angustia en los que indica que el padre le pegaba, otros en los que refiere haber visto al padre besarse con la niñera Alina y otros en los que la tiraba contra el sillón y le besaba la panza, práctica que le molestaba a la niña; todas esas referencias despojadas de connotación sexual. Pero no es menos cierto, que en las conclusiones elaboradas por la profesional se señaló una negativa de la menor a mantener contacto con su padre, estando sus progenitores separados. Lo cual derivó en que la profesional indicara la realización de tratamiento psicológico en la menor y su hermana para poder detectar los motivos que derivaron en esa negativa a mantener contacto con el padre, toda vez que de las referencias halladas por la profesional no surgía la existencia de una actitud de la madre que derivara en esa postura de [FAM]…”. En igual dirección, resultó relevante que la profesional hubiera indicado la inconveniencia de que las niñas mantuvieran contacto con el padre hasta tanto se concretara el tratamiento psicológico indicado.
También aludió a otros informes el a quo, formulados en idéntico sentido, a partir de los cuales, razonadamente, concluyó que “el contenido de los abordajes psicológicos realizados a la menor [FAM] en el ámbito de un proceso judicial con un objeto distinto al presente, en tiempos anteriores al inicio de este -aunque posteriores a la delimitación de los hechos objeto de acusación- si bien sólo existe una referencia genérica a estos episodios y despojadas de contenido sexual -lo cual guarda relación con lo expresado por la menor en su relato-, no puedo dejar de advertir la constante detección de un patrón conductual violento padecido por la menor y que atribuyó a su padre, sumado a un profundo malestar en ella que la llevó a sostener férreamente su negativa a mantener contacto con el mismo. Lo cual evidencia -a mi entender- un profundo condicionamiento psíquico en la menor cuyas causas no pudieron ser develadas por las profesionales intervinientes luego de largo tiempo de abordaje y la integración terapéutica. Y si bien, ello puede ser un indicio ambivalente que puede vincularlo con los sucesos que nos ocupan o tal vez con otra causa, lo cierto es que en el ámbito de lo acreditado no puede acompañar el argumento defensivo, en tanto entiendo que de los abordajes psicológicos realizados en aquellos procesos -con objetivos diversos a los de este proceso penal- la mera circunstancia de que los episodios abusivos objeto de este proceso no [hubieran] sido detectados otrora, no excluye su mera existencia; menos aún si se valoran las notas salientes del testimonio de la menor que abonan la credibilidad de su relato”.
Y en cuanto al informe realizado por la Lic. Costa respecto del grupo familiar en el contexto del expediente ZLI-30889-2017 en fecha 14/03/18, de trámite también por ante el Juzgado de Familia N°1 Departamental (sobre el que vuelve a hacer pie el impugnante), el sentenciante indicó que tampoco lo encontraba determinante para cuestionar la credibilidad del relato de la menor en el proceso penal que se produjo tres años más tarde de ese momento, razonamiento incuestionable que también se repitió para los casos de los informes de la Lic. Fernández en fecha 05/07/2017 -producido cuatro años antes de la denuncia y en un contexto en el cual la niña se hallaba atravesada por una abrupta internación de su madre-; o en el caso del informe realizado por la Psicóloga Massé en el año 2017, vinculado -para colmo- con la hermana de la niña, que -en definitiva- no arrojó la existencia de cuestiones relevantes para el análisis del testimonio de la menor F.A.M. En definitiva, aquellos aspectos, y los argumentos con los que se señalan discordancias temporales contenidas en el relato de la menor, en conjunción con pruebas incorporadas al debate, no alcanzaron para derribar su entidad convictiva.
Finalmente, tampoco se demuestra arbitrariedad en el fallo en razón de haber citado jurisprudencia (incluso de esta Sala del Tribunal de Casación), que alude al supuesto de “testigo único”. Ello así toda vez que tales citas no borran los razonados motivos proporcionados en el fallo para no endilgarles entidad convictiva a los relatos de Blondel y Peralta. Tales relatos no fueron “invisibilizados” como refiere la parte, sino que fueron motivadamente descartados en su valor probatorio (Arts. 209, 210 y 373 del CPP).
Ya por fuera de ello, tampoco aparecen desubicadas en este caso tales citas y consideraciones formuladas por el tribunal de primera instancia porque, en definitiva, el relato de F.A.M. terminó siendo el único testimonio directo de culpabilidad (y no de la versión enarbolada por el acusado y su defensa, como ocurrió con los relatos de Blondel y Peralta, adecuadamente descartados en el fallo), con lo cual las consideraciones vertidas a su respecto, en tales tramos del pronunciamiento aludidos por el impugnante, aparecen pertinentes.
Por todo lo expuesto, deben rechazarse todos los motivos de disconformidad presentados en el recuso contra el modo en que el sentenciante de grado determinó la materialidad ilícita y la autoría de Molins en el hecho de abuso sexual gravemente ultrajante agravado que le fuera achacado (Arts. 106, 209, 210, 373 y ccdtes. del CPP). Y, lo explicado hasta aquí, torna inaplicable el beneficio de la duda invocado, pues ningún pasaje del pronunciamiento permite vislumbrar siquiera mínimamente duda en el ánimo del juzgador, que explicó adecuadamente los válidos motivos considerados a la hora de tomar la decisión que adoptó.
Igual temperamento cabe adoptar respecto al agravio en el cual se desarrollan las críticas contra la condena por el hecho de desobediencia atribuido al acusado, pues ninguna de las alegaciones contenidas en el recurso -tendientes a derrumbar la modalidad seguida en el fallo para alcanzar el convencimiento de los jueces respecto de esta materialidad ilícita y la autoría del imputado Molins- resulta atendible.
Veamos.
En lo que respecta al episodio ventilado en el marco de la causa JN- 522-2022, los magistrados tuvieron por debidamente acreditado que: “en la ciudad de Lincoln, el día 9 de Junio del 2021, en el horario aproximado entre las 10:00 y 10:30 horas, mientras G. M. Perez se encontraba caminando por la Av. Alem junto a su hija F., pudo observar que en la vereda de enfrente se encontraba su ex pareja, Rodolfo Molins, el cual se bajó rápidamente de su bicicleta y se acercó hacia donde se encontraba la denunciante junto a su hija menor de edad, desobedeciendo así la orden dispuesta por el magistrado a cargo del Juzgado de Paz Letrado local en el expte. ZLI-37158- 2021, donde con fecha 18 de Mayo de 2021 resolvió imponer cautelarmente a Rodolfo Gerardo Mollins, la prohibición de acercamiento en un radio de 100 metros a sus hijas menores de edad F. A.M. y C. M. y a su madre G. M. Perez. Ello aconteció cuando Molins se hallaba debidamente notificado de los términos de la medida judicial aludida”.
Para así sostener, valoraron el contenido del acta inicial de fs.1, así como el testimonio prestado por G- Pérez en el juicio, ocasión en la que recreó sustancialmente el contenido de la denuncia telefónica (fs.2/3 de esos actuados).
De tales elementos se desprendió que, en el mes de junio del año 2021, estaban vigentes medidas cautelares dispuestas por el Juzgado de Paz local en contra de su ex-pareja (el aquí imputado) Rodolfo Molins, lo cual respondía a la denuncia por abuso sexual que habría sufrido F.A.M. por parte de su padre.
La testigo refirió que el 9 de Junio de 2021, siendo aproximadamente entre las 10:00 y 10:30 horas, mientras ella y F.A.M. iban caminando por Av. Alem, al llegar a la Avo9lol. 9 de Julio, sobre la vereda de enfrente, se encontraba -arriba de su bicicleta- Rodolfo Molins, quien las insultaba. Que, ante tal actitud, se alejaron, Molins se bajó del biciclo y se acercó hacia ellas, continuando con los insultos. Luego, dijo que, ante la presencia de otras personas que no pudo identificar, Molins cesó en su accionar. Que, tras ello, encontrándose ya en su domicilio, hizo la denuncia correspondiente. También se ponderaron las resoluciones judiciales aludidas de donde emergió la prohibición de perturbación, hostigamiento, acoso, merodeo, violencia (física, verbal y/o psicológica), respecto del imputado Molins con respecto a la menor F.A.M., así como la prohibición de ingreso al domicilio de G. Pérez y su entorno familiar; medidas vigentes al tiempo del hecho. También la restante ampliatoria de fecha 18/05/21, donde se impuso la prohibición de acercamiento en un radio de 100mts. de Rodolfo Molins a sus hijas, así como a su ex pareja, la denunciante También se invocaron las constancias de notificación de la medida aludida al encausado Molins. Se destacó en el pronunciamiento, a su vez, que la existencia, vigencia y conocimiento por parte del acusado, de dicha medida cautelar, resultó reconocida y exenta de discusión por parte de la defensa (aspecto que tampoco se controvierte en el recurso de casación). En idéntico sentido, en la sentencia se aludió al informe de fs. 27 efectuado por la perito trabajadora social del Área Social del Ministerio Público Fiscal, revelador de las medidas de protección implementadas institucionalmente a partir del inicio del proceso.
También se valoró el informe de fs. 44, elaborado por personal del Servicio local de la ciudad de Lincoln. Mediante el contenido del registro fílmico obtenido por las cámaras de seguridad del Centro de Operaciones de Lincoln (DVD glosado a fs. 53) surgió la presencia de una persona de las características del encausado Molins en las circunstancias temporales y espaciales en las que aconteció el suceso investigado, de modo semejante al denunciado.
Es así que, frente a ese panorama acreditando, los magistrados concluyeron acerca de la materialidad ilícita y la autoría que nuevamente se objetan en esta instancia recursiva.
Cabe destacar que en la oportunidad consagrada en el el art. 308 del C.P.P., el imputado se negó a declarar, al abrigo de la garantía constitucional contenida en el art. 18 de la C.N.
Entonces, frente a este cuadro convictivo que unidireccionalmente se erigió en contra de las aspiraciones defensistas, ningún reparo merece la decisión adoptada en el fallo, pues -como bien tuvo en cuenta el tribunal de primera instancia- no hay elemento alguno que acompañe la versión reiterada por la defensa en el escrito recursivo. Menos aún se logró demostrar alguna infracción legal en el mecanismo desarrollado por los jueces a la hora de formar convicción.
Es que, en el fallo, los magistrados se ocuparon de tratar correctamente los cuestionamientos que en esta ocasión se vuelven a intentar vanamente, pues mediante la reedición de su parecer, el impugnante no consigue desbaratar los fundamentos proporcionados por el a quo a la hora de descartar las mismas elucubraciones, lo que no constituye una suficiente técnica impugnativa, al desentenderse de la totalidad de los fundamentos exhibidos en el decisorio atacado.
En efecto, a la indicación de que Molins ese día estaba en el centro de Lincoln y “por azar se encontró con su ex pareja y su hija”, retirándose en sentido contrario para evitar inconvenientes, los jueces señalaron que, en primer lugar, esa hipótesis defensiva, sólo surgió a partir de los dichos del letrado “al materializar el alegato conclusivo”, sin otra prueba en aval. Esta última apreciación del fallo, a contramano de lo entendido por el impugnante, no vulnera la carga probatoria puesta en cabeza de la acusación, pues se aportaron diversos elementos tendientes a probar la culpabilidad del acusado, y sólo se aludió a la ausencia de otras pruebas, aportadas por la defensa y que fueran en sentido contrario al material probatorio colectado, a los efectos de razonar que, entonces, la aptitud acreditante del cuadro cargoso, no había resultado contradicha ni disminuida por ningún otro elemento. En este contexto, el silencio del imputado -por sí solo- no fue considerado como indicio de cargo, en violación al art. 18 de la CN., por lo que este aspecto de la queja no resulta atendible.
En segundo lugar, los jueces explicaron que si bien era cierto que la filmación referida no captó la presencia de Pérez y su hija, de todos modos el registro sí captó a Molins en el lugar y tiempo indicado por la denunciante, lo cual abonó -en definitiva- su versión de los hechos respecto del episodio juzgado. Así las cosas no aparece arbitraria la consideración sentencial mediante la cual se sostuvo “…Y considerando que, en ese momento la cámara de seguridad (domo) no enfocó el lugar en el cual dijo la denunciante se hallaba con su hija, lo cierto es que ello no excluye sus presencias en el tiempo y lugar, tal como pretende afirmarlo la defensa; aunque a la par invoca el letrado desde su retórica y sin basamento probatorio que - reconociendo la presencia de ambas en el lugar- el imputado pretendió evadirlas” Esto último, reitero, pese a las protestas del defensor, no implicó una presunción en contra del acusado violatoria de su derecho a guardar silencio (Art. 18 de la CN), sino simplemente la observación de que no existió prueba contrapuesta a la de la acusación de la denunciante que, en cambio, sí encontró corroboración objetiva en los elementos arrimados a juicio.
Por lo demás, debe reiterarse aquí que, en función del principio de libertad probatoria vigente en nuestro actual sistema procesal penal, los jueces cuentan con la potestad de seleccionar las pruebas sobre las que han de edificar su convicción, a condición de que este mecanismo se desarrolle con una adecuada motivación consistente en la formulación por escrito de motivos que no estén reñidos con las reglas de la lógica y el correcto entendimiento humano (Arts. 106, 209, 210 y 373 del CPP), reglas a las que, en esta ocasión, se dio cabal cumplimiento, sin que entonces pudiera receptarse la queja mediante la cual se sostiene que el hecho sólo se probó a partir de los dichos de la denunciante.
A esta última consideración, cabe añadir que el descrédito de sus dichos que pretende instalar el impugnante mediante la reiteración de que Pérez se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico, tampoco prospera en esta ocasión pues el tema referido a la credibilidad de la testigo ya fue tratado en el pronunciamiento, por lo que cabe remitirse a tales consideraciones que explican por qué el a quo, razonadamente, decidió que el testimonio de Pérez había resultado útil, pertinente, veraz y hábil.
Y en cuanto a que no se probó que el imputado tuviera intención de vulnerar la restricción perimetral, dicha alegación cae frente al señalamiento de la denunciante, particularmente cuando sostuvo que, tras haberse topado con Molins en una esquina, y recibir sus insultos, ella y su hija intentaron alejarse, pero el nombrado se bajó de su biciceta, se acercó hacia ellas, y continuó con sus insultos, todo ello, aún con independencia de que se las hubiera encontrado por casualidad en la vía pública, lo cual entonces torna intrascendente la alegación de la parte impugnante mediante la cual pretende hacer pie en que el lugar era céntrico, de normal tránsito de los habitantes de la ciudad de Lincoln.
Entonces, la decisión del a quo en este aspecto, también muestra una forma razonada y razonable para arribar a la certeza sobre la existencia del hecho y la autoría de Molins, sin que el recurrente logre demostrar, en su exposición, vicio lógico valorativo o legal alguno, que autorice la casación que se pretende.
Los criterios valorativos divergentes y las argumentaciones personales, si bien en algún caso podrían resultar aptos para poner en evidencia la incorrección formal o material de lo resuelto, parecen en principio inapropiados en la etapa recursiva, en la que debe primar -antes que nada- una labor crítica que, en materia de hechos, no se abastece -al menos en principio- con la mera exposición de razonamientos paralelos al que se debe cuestionar, menos aún si no se invocaron elementos que le den sustento, por fuera de los huérfanos dichos de la defensa técnica del acusado.
De modo tal que, sin demostración ni verificación actual de vicio alguno en el razonamiento atacado, las alusiones argumentativas del recurrente no conmueven las conclusiones plasmadas en el pronunciamiento, por cuanto resultan insuficientes y no logran demostrar la incursión en arbitrariedad. Propicio entonces, rechazar también este tramo de la impugnación (arts. 1, 106, 209, 210, 373 y ccdtes. del CPP).
En función de todo lo expuesto a lo largo de este sufragio, propongo el rechazo del recurso de casación, con costas en esta instancia (Arts. 106, 209, 210, 373, 448, 530, ss. y ccdtes. del CPP).
Así lo voto.
A la misma cuestión planteada, la doctora Budiño dijo:
Adhiero al voto del doctor Mancini en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
Vista la forma como ha quedado resuelta la cuestión votada en el acuerdo que antecede, corresponde que este Tribunal dicte la siguiente S E N T E N C I A Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, la Sala II del Tribunal R E S U E L V E:
RECHAZAR, por los fundamentos dados en el tratamiento de la única cuestión planteada, el recurso de casación articulado en favor del imputado Rodolfo Gerardo Molins, respecto del pronunciamiento recaído en la causa Nº JN- 491-2022 -y su acollarada-, del Tribunal en lo Criminal N°1 del Departamento Judicial Junín,, con costas en esta instancia (Arts. 106, 209, 210, 373, 448, 530, ss. y ccdtes. del CPP).
Regístrese, notifíquese y encomiéndese al Servicio Penitenciario la notificación personal del imputado, con entrega de copia íntegra de la presente. Una vez agotado ese cometido, se solicita que dichas diligencias sean remitidas a esta Alzada. Oportunamente devuélvase al Tribunal de origen.
MCF IPP 0400-3579-21
Fin de la sentencia