Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 36.829-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución DE PRLA N°790/2015 (AD MEND), dictada en el sumario contencioso N°038-SC80-20 por el Jefe de la Aduana de Mendoza.
2Costas a la vencida.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2024-39046478-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 17 de Abril de 2024 Reunidos los Vocales miembros de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Miguel N. Licht, Claudia B. Sarquis y Horacio J. Segura, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados “MONACHESSI MAXIMILIANO c/ DGA s/ recurso de apelación”; Expediente N° 36.829-A, El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. A fs. 20/29 se presenta el Sr. Maximiliano Monachessi, por derecho propio, e interpone recurso de apelación contra la Resolución DE PRLA N°790/2015 (AD MEND), dictada en el sumario contencioso N°038-SC80-20 por el Jefe de la Aduana de Mendoza, mediante la cual se lo intima a abonar la suma de $50.968,04 en concepto de multa y a reexportar el vehículo en trato, bajo apercibimiento de proceder a la venta en pública subasta. Ello, por considerarse incurso en la infracción tipificada por el art. 970 el vehículo marca Suzuki, modelo SX4 Crossover 1.6, chasis/vin N°JS2YA21S6B6303236, año de fabricación 2011, dominio CZPT-24. Luego de efectuar una breve reseña de los hechos, arguye que la mercadería no fue reexportada en término por haber acontecido circunstancias fortuitas que tornaron imposible dicho acto. Explica que conocía el régimen temporal por el cual su vehículo había ingresado al país, pero ignoraba el régimen y sus plazos de reexportación. Destaca que su padre era discapacitado, tenía deficiencias neurológicas y otras afecciones, las que se agravaron a su arribo. Menciona que no tuvo posibilidad de reexportar el auto, teniendo en cuenta que debió cuidar de su padre enfermo y se vio obligado a conseguir trabajos para sustentar los gastos ocasionados. Declara que tuvo la intención de reexportar el auto, ya que, en caso contrario, no hubiese pretendido salir con el mismo exactamente el día en que se vencía la importación temporal. Impugna la liquidación de la multa por entender que el automotor sujeto al régimen temporal no existe en nuestro país y la base para el cálculo de valor FOB que toma el servicio aduanero es incluso superior a la del mercado chileno, país de donde proviene el mismo. Subraya que en ningún momento se proveyó la prueba ofrecida en sede aduanera al momento de contestar la vista, lo que afecta de manera directa derechos constitucionales tales como el debido proceso y el derecho de defensa en juicio. Solicita la atenuación de la multa en los términos del art. 916 del Código Aduanero. Finalmente ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se revoque la resolución apelada.
II. De su lado, en su responde a fs. 39/42, el representante del organismo fiscal solicita el rechazo de la apelación planteada por la actora. Niega todos y cada uno de los hechos y derechos invocados por la actora, que no fueran objeto de su expreso reconocimiento. Luego de efectuar una breve reseña de los hechos, menciona la Resolución 2623/2009 mediante la cual se regula la admisión y salida temporal de vehículos particulares utilizados en viajes de turismo desde y hacia la República de Chile. Señala que el plazo máximo de permanencia del vehículo particular es de noventa (90) días, no acumulativos ni prorrogables, y que dicho plazo no fue cumplido en este caso. Menciona que quien contrae la obligación de prestar un servicio lo debe realizar en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que ha sido establecido, siendo responsable por los perjuicios que causare su incumplimiento o su irregular ejecución. Recuerda que la carga de la prueba del cumplimiento de las obligaciones inherentes al régimen de importación temporal recae sobre la importadora. Afirma que el servicio aduanero requirió la presencia del imputado a los efectos de que aclare la situación del vehículo, sin que se desprenda en ningún momento su voluntad en el sentido de regularizar la misma. Alega que la multa se encuentra fijada dentro de los topes legales establecidos. Finalmente ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se confirme el fallo aduanero, con costas.
III. Como primera cuestión, corresponde efectuar una breve mención respecto de los agravios esbozados por la apelante, la cual arguye que en ningún momento se proveyó la prueba ofrecida en sede aduanera al momento de contestar la vista, lo que afecta de manera directa derechos constitucionales tales como el debido proceso y el derecho de defensa en juicio. Al respecto, es doctrina de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación que, cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en el procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del art. 18 de la Constitución Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanar esa restricción en una etapa jurisdiccional posterior (Fallos: 205:549, 247:52, entre muchos otros). Por ende, la supuesta restricción de la defensa alegada se ve subsanada por la apelación ante este Tribunal, momento en el cual la apelante omitió ofrecer la prueba pertinente a los efectos de su producción. En virtud de lo expuesto, los argumentos esgrimidos por la apelante no encuentran asidero legal en el caso de marras, por lo que corresponde desestimar dicho agravio.
IV. Sentado lo anterior, la cuestión de autos radica en determinar si se ha configurado la infracción prevista y penada por el artículo 970 del Código Aduanero, con respecto al automóvil importado temporariamente al amparo de la solicitud obrante a fs. 6 y 7 de las Actuaciones Administrativas, con vencimiento del plazo de permanencia el 27/03/2014.
Al respecto, cabe hacer notar que, ocurrido el vencimiento del referido plazo de permanencia, se labró el Acta Denuncia N°25/2014 y, posteriormente, se dispuso instruir sumario contencioso por la presunta comisión de la infracción prevista y penada por el art. 970 del C.A., condenándose a la actora mediante la resolución aduanera aquí apelada.
V. Así las cosas, es imperioso recordar que el artículo 250 del C.A. establece que: “[l]a destinación de importación temporaria es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer con una finalidad y por un plazo determinado dentro del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo”. Esto significa que la obligación fundamental establecida por el régimen a los beneficiarios del mismo es la reexportación de la mercadería dentro del plazo otorgado. Asimismo, en cuanto a las transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva, el artículo 970 del C.A. incrimina al que “no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria”.
En ese sentido, resulta dable mencionar que, al tratarse de una importación temporaria, la carga de la prueba que acredite el cumplimiento de la obligación de reexportar la mercadería en término -como condición inexcusable a fines de obtener la ventaja de importar mercadería sin el pago de los tributos que gravan las destinaciones definitivas- recae, indudablemente (como ha sido sostenido por pacífica jurisprudencia) sobre los beneficiarios de regímenes preferenciales. Son éstos los obligados de demostrar en forma fehaciente y mediante la documentación aduanera pertinente el cabal cumplimiento de sus obligaciones. En suma, es en este caso el importador quien debe demostrar el cumplimiento del régimen en las condiciones establecidas por la norma a efectos de liberarse de cualquier tipo de reclamo posterior, bastándole al servicio aduanero acreditar el mero vencimiento del plazo de permanencia acordado. Todo ello, teniendo en cuenta que, en las infracciones al régimen de importación temporaria, la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce una inversión de la carga de la prueba.
VI. En tal entendimiento del asunto, debemos destacar el reconocimiento expreso de la actora en que el automóvil en infracción no ha sido reexportado en término, invocando razones que califica como hechos de fuerza mayor y que se refieren, como se dijo, a la imposibilidad de cumplir con el régimen temporal en tiempo y forma. El principal argumento contra dicho incumplimiento que menciona la actora recae sobre las enfermedades prexistentes y agravadas a lo largo del tiempo de su padre, lo que, sumado a las reiteradas búsquedas de trabajo para poder afrontar la situación, le impidieron reexportar el vehículo en el plazo determinado por la normativa vigente. La cuestión para resolver aquí reside en zanjar si las explicaciones brindadas anteriormente por la recurrente, sumado a toda la prueba producida en instancia aduanera y ante este Tribunal, tienen la entidad suficiente para ser encuadradas bajo el eximente de responsabilidad denominado como caso fortuito o fuerza mayor.
VII. Al respecto, debemos recordar que la causal de fuerza mayor requiere, para excluir la imputación objetiva de incumplimiento de las obligaciones asumidas en oportunidad de efectuar la importación temporaria, que se acredite la imposibilidad absoluta de cumplir. Lo dicho no puede entenderse como tal si solamente se torna dificultosa la acción para el cumplimiento, por lo que el hecho no solo debe ser imprevisible, sino que también debe ser insuperable e irresistible. En igual sentido se ha expedido la Sala F de este Tribunal en autos “Iveco Argentina S.A. c/ Dirección General de Aduanas s/ recurso de apelación"[1], al mencionar que: “[e]n efecto, un hecho se considera imprevisible cuando no se lo puede prever, a pesar de haber actuado el deudor o responsable con la prudencia, diligencia y capacidad de previsión que son exigibles a un hombre medio, excediendo lo que normalmente ocurre y que supera cualquier previsión posible.
Por el contrario, si el evento ocurrido sólo torna dificultosa la liberación o cumplimiento del deudor u obligado, no se lo puede invocar como causal exonerativa de responsabilidad”. Adicionalmente, la doctrina describe a los hechos de fuerza mayor o caso fortuito como aquellos que reúnen las siguientes condiciones: a) “imprevisible” en tanto supere la aptitud normal de previsión que es dable exigir al deudor en función de la naturaleza de la obligación, lo que centralmente implica que no sea razonablemente previsible; b) “inevitable” o “irresistible” en tanto sin mediar culpa –negligencia- el deudor resulta impotente para impedir el hecho que obsta al cumplimiento de la obligación; c) debe ser “extraordinario”, exceder el orden natural; d) debe ser exterior –ajeno al deudor- lo que implica que debe probar el recaudo de extraneidad; e) debe ser “actual”, acaecido al tiempo del incumplimiento; f) el impedimento debe ser posterior a la toma de la obligación y g) el obstáculo debe ser “absoluto o insuperable”.
La imposibilidad sobreviniente es absoluta. La mera dificultad para el cumplimiento no exime de responsabilidad al deudor, es necesario que se configure una verdadera imposibilidad[2]. En el caso de autos, el apelante menciona que su padre era discapacitado, tenía deficiencias neurológicas junto con otras afecciones y que el mismo se encontraba al cuidado de su madre, por lo que la situación invocada no se trata de un hecho que supere cualquier previsión posible, teniendo en cuenta el estado prexistente descripto. El Sr. Monachessi no explica ni prueba de forma satisfactoria la razón concreta por la cual no podía dejar a su padre al cuidado de un tercero, ya sea profesional o persona de confianza, para cumplir con la obligación a la que se encontraba sujeto, teniendo en cuenta que era plenamente consciente del vencimiento del plazo para la reexportación del vehículo.
Más aún, la recurrente no comunicó en ningún momento al servicio aduanero la imposibilidad de cumplir en tiempo y forma, lo que fue advertido por personal de la Aduana de Mendoza al momento de intentar cruzar a Chile con el vehículo. Debiendo analizar específicamente si la situación reputaba la gravedad suficiente por las circunstancias de hecho para exculparlo de la obligación a la que se encontraba sujeto, no considero que se pruebe debidamente la imposibilidad absoluta de cumplir con el régimen de importación temporal, atento a lo expuesto ut supra y teniendo en cuenta que las situaciones como las del presente caso no reúnen las condiciones necesarias para la configuración de fuerza mayor.
VIII. Sin perjuicio de lo antedicho, la mera comprobación del hecho objetivo de la falta ameritaría el enjuiciamiento exitoso de la falta administrativa si la norma sancionatoria no contemplara un factor subjetivo de atribución. El principio fundamental de derecho penal según el cual sólo puede ser reprimido quien sea culpable no condice los fundamentos del derecho sancionador administrativo ni con la realidad de los sujetos obligados por las normas administrativas. La valoración de que, en el caso en contrato, el hecho resultaba evitable para el sindicado como responsable del acto traicionaría el sentido de la regulación administrativa. Permitidme que insista en que, cuando una persona es habilitada a realizar una actividad de interés colectivo, tiene que hacerse cargo de las consecuencias múltiples que depara su realización. A la vista de lo que antecede, donde, de ordinario, hay que cumplir exigencias reglamentarias para realizar la actividad, considerar si existió una diligencia debida en el cumplimiento del deber es un dispendio de esfuerzos.
Debiéramos considerar que, de ordinario, el obligado presenta credenciales en donde se compromete a realizar la actividad bajo determinados parámetros. Es de suponer que en caso de producir el resultado prohibido fue porque no se cumplió con algunos de los estándares exigidos por la reglamentación. Evitar la discusión sobre ese punto está lejos de exclamar un retorno a épocas donde la sanción se sustentaba en criterios esotéricos.
IX. Desde el punto de vista de la política administrativa, la traspolación del principio de culpabilidad implicaría regular un fenómeno de interés colectivo bajo el andamiaje propio de la época de la ilustración. Adviértase que las condiciones de evitabilidad ponderadas bajo el manto del principio de culpabilidad están vinculadas al aspecto interno (subjetivo) de la infracción y operan funcionalmente para excluir la pura responsabilidad por el resultado. El hecho es evitable, en primer término, cuando -como se dice usualmente- el individuo "sabe lo que hace" (dolo) o bien es responsable por un déficit (error evitable) de conocimiento o instrumental (culpa).
Veámoslo más de cerca, y reparemos que, si no se acepta a la culpabilidad como presupuesto del castigo, el error no excluiría la posibilidad de aplicar la sanción. No debería existir dudas de ese criterio en los casos en que se prevén sanciones dirigidas a un sujeto que no participa en las conductas sancionables, ya que, por más que la norma sancionadora estableciera la responsabilidad de un sujeto, si este no configurase la conducta sancionable, sería irrelevante evaluar su responsabilidad subjetiva. Cuando las disposiciones establecen una responsabilidad solidaria, en rigor de verdad, lo que disponen es un régimen de responsabilidad objetiva.
Deseo, en este contexto, subrayar solamente que, si un sistema resulta disociado a la autoría y la responsabilidad, no tiene sentido valorar aspectos subjetivos de la conducta del responsable. Cuando la ley dispone que existe un garante del cumplimiento de la obligación de otro no se requiere el examen del dolo o la culpa en un supuesto deber de diligencia o cuidado respecto del infractor en la comisión de la falta[3]. No digamos pues, que no existe relación intrínseca y necesaria entre el principio de culpabilidad y el principio de responsabilidad personal. Cuando el sujeto puede ser sancionado por un acto que no es propio, la responsabilidad no se establece a partir de juicios de reproches personalísimos.
X. En ese sentido, debiéramos considerar que, en el campo penal, la exigencia de culpabilidad e imputación personal deriva de que fueron concebidas para poner coto a la libre iniciativa. Si volvemos nuestra mirada al ámbito administrativo, la intervención no tiene en miras abrir juicios morales ni examinar su conciencia de compromiso con el ordenamiento jurídico. Antes bien, la esencia del sistema responde a conjurar los riesgos de una explotación al margen de los condicionamientos previos.
XI. Antes de seguir adelante, conviene saber que la sanción administrativa no debe ser la consecuencia de una conducta –activa u omisiva– reprochable a su autor. Bien, pareciera por todo lo anterior, que el poder de sanción puede transmitirse por los vínculos que existen con el autor de la infracción o con el objeto con el cual se cometió la misma. No mediando un reproche por la acción u omisión, sino descansando la responsabilidad por la relación o la situación jurídica, en rigor, asistimos a un escenario en que la situación que amerita sanción se dispone a partir de hechos objetivos.
No es esto decir, ni mucho menos, que, al imputado, no deba garantizársele su derecho de defensa. Debiéramos considerar que, al consagrarse la responsabilidad objetiva, se podrá sancionar sin indagar en las circunstancias subjetivas y sin darle posibilidad al sujeto imputado de oponer causales justificativas que lo eximan de su responsabilidad.
No gastemos muchas palabras en consignar que la responsabilidad objetiva no desconoce la norma constitucional ni los tratados internacionales en materia de derechos humanos. A estas alturas, no hay que alargarse respecto de que la potestad sancionadora administrativa es una manifestación del derecho administrativo. No necesito detenerme en dar precisiones de por qué razón el régimen administrativo no se confunde con el penal.
Me he ocupado en otros casos de explicitar que entre uno y otro existen profundas diferencias de contenido u objeto y de finalidad, que no obligan en ningún modo ni al intérprete ni al legislador, para hacer extensivas las orientaciones, los principios y las reglas de uno al otro, mucho menos en el ámbito de la determinación de la responsabilidad por su aspecto subjetivo o de la culpabilidad.
XII. Así las cosas, es claro que las disposiciones penales se erigen con miras a proteger bienes jurídicos específicos que deben protegerse mediante la tipificación de las principales hipótesis de conducta lesiva que ameritan un reproche por el grado de desdén del autor del delito. En sentido opuesto, las reglas administrativas sancionadoras no operan en el ámbito de la libertad individual, sino en el terreno de la distribución proporcional de los bienes comunes.
Por dichas razones, se admite la no pertinencia de los elementos subjetivos de la conducta tipificada previamente como sancionable. La circunstancia de que las sanciones impuestas a los infractores excluyan la prueba de factores subjetivos propios de las conductas delictivas, como son el dolo y la culpa, no significa el desconocimiento del debido proceso, pues la imposición de las condignas sanciones no se hace de plano y sin procedimiento alguno, sino previo el agotamiento de un debido proceso, en el que la administración le debe demostrar al investigado la comisión de una infracción, que de ser cierta conlleva la formulación de cargos al posible infractor con el fin de que, una vez notificado de ella, exponga las razones de su defensa.
XIII. En ese sentido, de todas maneras, debe aplicarse el principio general de que la fuerza mayor o caso fortuito operan como factores eximentes de responsabilidad pues nadie está obligado a lo imposible. En efecto, al margen de que en materia sancionatoria no se pueda efectuar un juicio de culpabilidad sobre la conducta del infractor, no sería justo ni equitativo que la administración pretendiera aplicar sanciones sin tomar en cuenta la presencia de situaciones extremas de carácter objetivo que, en dado caso, eximirían de responsabilidad.
XIV. Al respecto, una de las mayores implicancias prácticas que deriva de lo dicho se relaciona con la admisión del error de prohibición en el derecho administrativo sancionador, debiendo, por tanto, también distinguirse entre aquel que fuese vencible o invencible, en cuanto tal error o ignorancia de una norma puede afectar la conciencia del infractor acerca de la ilicitud de su conducta y determinar, por tanto, la ausencia de responsabilidad o bien su atenuación. Lo expuesto en precedencia es particularmente relevante en diversos ámbitos de actividades económicas que se caracterizan por la presencia de un cúmulo de reglamentaciones que, difícilmente, una persona puede, en la práctica, siquiera llegar a conocer. En efecto, el error de prohibición se configura cuando a partir de juicios de valor errados, el sujeto infractor ignora que su acción no se encuentra permitida por el ordenamiento, de modo que obra bajo una falsa de percepción de licitud. Ha sido dividido en error de prohibición directo e indirecto, como se pasa a ver. El error de prohibición directo es aquel que recae sobre: (i) la existencia del tipo penal, (ii) la vigencia del tipo penal o (iii) su interpretación. Por su parte, habrá error indirecto en aquellos casos en los cuales la creencia equivocada recae sobre una de las causales que excluyen la antijuridicidad de la conducta. Aquí resulta dable detenerse un momento a fin de contemplar cuando el error puede operar como eximente de responsabilidad. Conviene empezar analizando el error de prohibición invencible, esto es, aquella situación en la que el sujeto no podría de ningún modo haber salvado su error. Llegados a este punto, es claro que el error invencible exime de responsabilidad criminal. Aquí observamos que esa conclusión no puede mantenerse en el ámbito administrativo sancionador. Es que, en efecto, para determinar hasta qué punto es vencible una situación frente a otra, hay que ir al caso por caso. Esta determinación precisaría de ahondar en cuestiones subjetivas relativas a la probabilidad de cumplir con la norma en el caso. A estas alturas es claro que esa investigación no condice con el sistema de responsabilidad objetiva y la función de garante que tiene el responsable de la sanción.
XV. A modo de conclusión, consideramos que el error excusable es aquél que es invencible para cualquier persona en cualquier situación. Así, tocamos el punto de separación más tajante entre el derecho penal y el derecho administrativo sancionador. Efectivamente, si partimos de la falsa idea que los obligados son responsabilizados por una culpa en el deber de vigilancia respecto de los terceros, bien podía excusarse por el error de hecho invencible en el caso en concreto por haber podido evitar la acción antijurídica por parte del tercero. Y aquí se explicaría, por ejemplo, que un contribuyente fiscal podría excusarse por las faltas cometidas por sus apoderados fiscales. Contémplese que, desde esta perspectiva, el sector de la doctrina que adhiere a la teoría penalista debería excusar la responsabilidad del contribuyente que contrató un profesional de ciencias contables y éste no cumplió con sus deberes inherentes a su profesión.
Bajo la mirada de que no hay sanción sin culpa, en el caso traído a colación, nada puede reprochársele a una persona que confió el cumplimento de las mandas tributarias a un profesional habilitado[4]. Tampoco podrían ser sancionados los entes carentes de conciencia. Téngase presente que la responsabilidad de esas entidades es siempre refleja, es decir, no hay correlación entre la persona física que tiene el dominio de la acción y el sindicado como responsable de la obligación. Para superar esa objeción, lo que se termina enrostrando es un déficit de organización que trasunta en una pseudo culpa in eligendo y culpa in vigilando. Pero lo cierto es que la norma sancionatoria no castiga esas fallas sino el incumplimiento de las obligaciones debidas a la autoridad administrativa.
En efecto, si aceptáramos que la culpabilidad forma parte del concepto de infracción administrativa y concebida esta como defecto de organización, parece claro que dicho defecto dejará de existir en los casos en los que se haya implementado, antes de la comisión de la infracción administrativa, un programa de cumplimiento ex ante idóneo para prevenir la comisión de infracciones administrativas en el seno de la persona jurídica. Definitivamente existiría una incompatibilidad conceptual entre déficit organizativo y existencia de un programa de cumplimiento idóneo, pues, si en el caso en concreto, la organización hizo todo lo posible por evitar tal comisión de infracciones administrativas y, pese a ello, esta tuvo lugar, solamente podría sancionarse bajo un modelo de responsabilidad objetiva.
XVI. En ese sentido, con absoluta corrección, la Comisión Europea, el Tribunal General y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no admiten la adopción de programas de cumplimiento con efecto atenuante o eximente de responsabilidad. En lo que concierne al Tribunal General de la Unión Europea, a título ejemplificativo, cabe la cita del caso IBP Ltd International Building Products France SA contra Comisión Europea, Sentencia de 24 marzo 2011 TJCE 2011\75, par. 83: «En relación, en tercer lugar, con la alegación de que era aplicable el programa destinado a luchar contra las prácticas contrarias al juego de la libre competencia, debe señalarse que el hecho de que las demandantes aplicaran un «compliance programme» no pone en tela de juicio su participación en las reuniones anticompetitivas.
Además, procede observar que no existe documento alguno del que se pueda inferir que se distancian públicamente de la práctica colusoria». El Tribunal General de la Unión Europea, caso Donau Chemie AG contra Comisión, Sentencia de 14 mayo 2014, TJCE 2014\194, par. 169, tiene dicho que : «[…] la mera adopción por parte de una empresa de un programa de sometimiento a las normas de la competencia no constituye una garantía válida y fiable de que esta vaya a respetar dichas normas en el futuro de modo duradero, de manera que un programa de este tipo no puede forzar a la Comisión a reducir la multa aduciendo que el objetivo de prevención que esta sanción persigue se ha alcanzado ya, al menos parcialmente (Sentencia Degussa/Comisión [TJCE 2006, 107], citada en el apdo. 66 supra, apdo. 361).
Por otro lado, la demandante no ha invocado ningún elemento concreto que demuestre que el efecto disuasorio específico exigido podía alcanzarse con un importe de la multa menos elevado en el caso de empresas que han adoptado medidas de adecuación. Por tanto, aunque es del propio interés de una empresa adoptar tales medidas, en un esfuerzo de prevenir futuras infracciones de las normas sobre competencia y de evitar así las sanciones que esas infracciones justificarían, no cabe exigir, ni a la Comisión ni al Tribunal al ejercer su competencia jurisdiccional plena en materia de multas, que recompensen automática y sistemáticamente, mediante una reducción del importe de la multa, la adopción de las medidas en cuestión».
Luego la recompensa no es automática, depende del caso concreto, no pudiendo descartarse, sin más, su eficacia. En cuanto al TJUE, se pronuncia de forma aparentemente más contundente en el caso Dansk Rørindustri\Comisión, asunto C-501/11, par. 373, en el que se concluyó que «el Tribunal de Primera Instancia no cometió error de Derecho alguno al estimar en el citado apartado de dicha sentencia que, aunque era sin duda importante que LR A/S hubiera tomado medidas para impedir que los miembros de su personal cometieran en el futuro nuevas infracciones del Derecho comunitario de la competencia, este hecho en nada cambiaba la realidad de la infracción que había quedado probada en el caso de autos.
El Tribunal de Primera Instancia actuó legítimamente al concluir que tal circunstancia no constituía, en sí, una circunstancia atenuante que obligase a la Comisión a reducir el importe de la multa a dicha recurrente». En el asunto C-501/11 Schindler Holding y otros/Comisión, par. 144, en el que se lee: «[p]or lo que respecta al programa de adecuación establecido por el Grupo Schindler, es evidente que, como señaló la Abogado General en el punto 185 de sus conclusiones, no surtió efecto positivo, sino que, por el contrario, dificultó el descubrimiento de las infracciones. De ello se desprende que el Tribunal no incurrió en un error de Derecho al desestimar la alegación de las recurrentes a ese respecto».
XVII. Es claro que, cuando decimos que no puede aceptarse el error en términos penales, es porque no puede existir disparidad de trato en las consecuencias derivadas del incumplimiento de las obligaciones administrativas. Y he aquí que se explica que el error excusable no es el invencible en cada caso particular, sino el que es imposible de cumplir para cualquiera que hubiere estado en la misma situación. Bien pudiera acontecer que la persona obró con la prudencia que exigía la situación e igualmente ser responsabilizado[5].
Por ello, a diferencia de lo que ocurre en la responsabilidad penal, esta atribución de la consecuencia jurídica a un sujeto distinto al autor es posible por el protagonismo de la finalidad distributiva. El aseguramiento de la distribución de las cargas permite consagrar un sistema de responsabilidad de carácter objetivo y la mencionada extensión de responsabilidad. En las responsabilidades punitivas, la combinación del principio de personalidad de la pena y del principio de culpabilidad excluyen la mencionada disociación. Por el contrario, en el ámbito de la responsabilidad administrativa, el carácter secundario de las funciones represiva permite relegar dicha finalidad, en favor del objetivo de distribución y prevención.
XVIII. Lo antes expuesto resulta cierto porque el resultado sancionatorio que se atribuye al obligado por la actuación de otro- a quien denominaremos extraneus- no se fundamenta en una imputación personal que presupone y fundamenta en la existencia de un comportamiento culposo. El fundamento material para la obligación de responder subyace en una causalidad jurídica más que en un examen de la realidad. Más aun, deseo, en este contexto, subrayar que existe una imputación legal, por cuanto la atribución de responsabilidad puede concebirse sin mediar ningún tipo entre la actuación del extraneus y el responsable. En los dos esquemas analizados puede existir una doble esfera de responsabilidad, la del extraneus y la del responsable. En el primer modelo expuesto, esta dualidad se corresponde a una doble imputación subjetiva. Por un lado, se atribuye de forma directa responsabilidad al sujeto que realizó el acto antijuridico; y, por otro, de forma indirecta, a aquél al que se le comunica la responsabilidad, en virtud del criterio subjetivo de la culpa. En el segundo modelo, existe una imputación subjetiva al intraneus en virtud de un criterio subjetivo (culpa); y una imputación subjetiva del garante en virtud de los criterios absolutamente objetivos de responsabilidad.
XIX. En las condiciones indicadas, el carácter objetivo o subjetivo de la infracción se puede establecer tomando en consideración las razones que pueden excusar el cumplimiento de la falta. Si el sindicado como responsable puede excusar su responsabilidad por una situación particular, el modelo de imputación sería subjetivo. En cambio, si no existen circunstancias personales que atenúen o eliminen la imputación, tales como error excusable de hecho o de derecho, el modelo de responsabilidad será objetivo.
XX. En esa inteligencia de la cuestión, abrevo que la finalidad de la norma sancionadora no es castigar a quien, por su culpa o negligencia, incumplió con su deber jurídico. Por ello, conviene más bien mantener en primer plano que los ilícitos administrativos no son ilícitos de acto sino de autor. Desde luego, y sin ir más lejos, nadie duda de que no se puede entender la falta administrativa sin comprender la obligación previa que se impone a determinados sujetos. Dentro de este marco ha de considerarse que no se le impone la obligación en razón de una cuestión moral. En ese sentido, aunque no falten opiniones en sentido contrario, el ilícito administrativo presenta la singularidad de que sólo pueden ser autores aquéllos sujetos intranei que se encuentran en condiciones de infringir los deberes administrativos. Desde este ángulo, únicamente pueden ser autores los sujetos vinculados por el deber administrativo en cada caso concreto. Sin embargo, obviamente, los extranei (por ejemplo, todos los subordinados, asesores, apoderados, terceros no obligados, etc.) pueden ser las personas que verdaderamente tienen el dominio del hecho. Vimos previamente que, si en materia administrativa sancionadora, la responsabilidad únicamente pudiera establecerse a partir de juicios de reproche personalísimos, implicaría la impunidad de todos los casos en que el dominio del hecho es de los terceros que no son obligados. Ahí me interesaba llegar para vislumbrar que al legislador administrativo no le interesa en lo más mínimo si el obligado realizará la conducta debida por ser o bien será asistido por un tercero. Menos debería importarle sindicarle una responsabilidad refleja por culpa en la elección o en la vigilancia. El legislador lo hace responsable por la existencia de un deber previo que debió garantizar por su posición idónea para asegurar una distribución proporcionada de las cargas públicas. Es decir que, en esta clase de ilícitos, el criterio determinante de la responsabilidad no está dado por el dominio del hecho, sino por la garantía del cumplimiento del deber. Dicho de otro modo, el obligado es responsable, independientemente que tenga o no el dominio del hecho, ya que puede delegar el manejo de su patrimonio, pero no su condición de obligado, de la cual no puede desentenderse.
XXI. En ese estado de cosas, permitidme que insista. En el caso de los ilícitos administrativos, carece de relevancia si se actúa o si se omite. El criterio del dominio del hecho es incompatible en su aplicación en los ámbitos de los deberes de colaboración administrativos, especialmente, cuando estos demandan actividades muy complejas como en el caso de la función tributaria. Así, por ejemplo, podemos percibir que el error excusable no puede afincar en una razón de fuerza mayor que impidió controlar a sus subordinados. Por ello, dije más arriba que la única situación que tiene relevancia jurídica es la del obligado. A él se le pide que cumpla con su obligación, no se le pregunta si lo hará por si o por interpósita persona, y las únicas excusas que serán contemplables son todas aquellas que harían irrazonable el cumplimiento del deber en cualquier tiempo y circunstancia. Verbigracia, no tiene entidad excusarse so pretexto que un ladrón entró al estudio contable del contador contratado e impidió la presentación en tiempo y forma. Si, en cambio, podría tener relevancia el incumplimiento en razón de que los servidores del organismo recaudador no estaban funcionando regularmente y no permitían el cumplimiento del deber.
XXII. En definitiva, no es esto decir, ni mucho menos, que los perfiles subjetivos sobre los que se pretende construir la responsabilidad sancionadora administrativa, de manera generalizada, fuerzan el planteamiento y terminan igualando los casos en que el obligado se comportó de forma diligente o negligente. En efecto, admitida la exigencia de culpabilidad para la apreciación de las infracciones, ha de admitirse también, consecuentemente, las mismas causas eximentes de la culpabilidad. Sin embargo, como la presunción de inocencia no impide que la carga de la prueba de la causa de justificación recaiga en el sindicado como responsable, lo cierto es que en la práctica se ha transformado en una presunción iuris et de iure la inexistencia de causa exculpatoria. En consecuencia, permitidme hacer notar que, en los casos en que el encartado quiere ser exculpado, no le es suficiente alegar y probar que en el caso en concreto obró con la diligencia debida a las circunstancias de tiempo y lugar. Por ello, terminaré diciendo que el estándar de la inevitabilidad dista mucho del aplicable en el proceso penal, habida cuenta de que su corroboración no depende de las circunstancias de hecho y las personales del responsable.
XXIII. Por todo lo expuesto, considero que el planteo de fuerza mayor incoado por la apelante debe ser rechazado y, por ende, cabe afirmar que el Sr. Monachessi es responsable de la comisión de la infracción prevista en el art 970 del C.A., como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones asumidas al acoger al régimen excepcional de importación temporaria.
Por todo lo expuesto, VOTO POR:
1. Confirmar la Resolución DE PRLA N°790/2015 (AD MEND), dictada en el sumario contencioso N°038-SC80-20 por el Jefe de la Aduana de Mendoza.
2. Costas a la vencida.
Los Dres. Claudia B. Sarquis y Horacio J. Segura dijeron:
Adherimos en lo sustancial al voto precedente, en cuanto se ciñe al tema jurisdiccional a resolver, y en especial, a la parte resolutiva.
De conformidad al acuerdo que antecede, SE
1. Confirmar la Resolución DE PRLA N°790/2015 (AD MEND), dictada en el sumario contencioso N°038-SC80-20 por el Jefe de la Aduana de Mendoza.
2. Costas a la vencida.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. [1] TFN N°10805-A, sentencia del 26-2-01.
[2] López Mesa, Marcelo J. “Requisitos, efectos y prueba del caso fortuito en el nuevo Código”. La Ley 01/06/2015. Cita on line AR/DOC/1563/2015.
[3] Se trata de una idea mantenida en Alemania por B. Schünemann. Este autor entiende que la única posibilidad de legitimar la imposición de una sanción, penal o administrativa, a las personas jurídicas prescindiendo de la culpabilidad radica en lo que denomina el estado de necesidad del bien jurídico -véase B. Schünemann (1979), Unternehmenskriminalität und Strafrecht, págs. 235 y ss-. [4] Pero, si profundizamos, tampoco podría hacerse extensiva la responsabilidad a ningún ente ideal, porque las normas no castigan los defectos de organización, sino el incumplimiento del deber que, en este caso, lo haría un tercero al que inconscientemente no se lo vigiló en su accionar y terminó produciendo el resultado antijurídico.
[5] Acaso, verbigracia, qué puede reprochársele a la persona que cede su vehículo a otra persona porque tiene una molestia para conducir y permite que otra que tiene licencia de conducir maneje su automóvil. Puede reprocharse al particular que contrata con profesionales habilitados por la mala expertise.
Date: 2024.04.15 16:28:55 ART Date: 2024.04.15 19:20:50 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.04.17 11:28:21 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.04.17 11:28:49 -03:00
Fin de la sentencia