Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 36464-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar el recurso del Fisco Nacional; con costas (art. 68, primer párr., del CPCCN).
2Elevar la regulación de honorarios de fs. 122/vta. y fijar los correspondientes a la actuación ante esta instancia del modo dispuesto en el considerando 5°.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 22524/2025 MONIN, DANIEL (TF 36464-A Y ACUM 36465-A) C/ DGA S/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2025.
VISTA: La elevación de esta causa a fin de considerar el recurso interpuesto por el Fisco Nacional contra la decisión del Tribunal Fiscal de la Nación de fs. 110/113, así como las apelaciones contra la regulación de honorarios de fs. 122/vta.; y
1. Que esta causa tiene origen en los recursos interpuestos por la exportadora Oil Combustibles SA y su despachante de aduana Daniel D. Monin, contra la resolución AD SALO 462/15, en cuanto los había condenado al pago de una multa ($584.328,06) y tributos (USD 64.102,30) por la comisión de la infracción prevista en el artículo 954, aparatado 1°, incisos a y c, del Código Aduanero, con motivo de la anulación de las declaraciones de post embarque relacionadas con las destinaciones de rancho 11 057 ER01 241P y 11 057 ER01 230N.
En su oportunidad, la Aduana advirtió que la firma había documentado 510 y 450 toneladas de fuel oil, pero embarcó efectivamente 400,04 y 250,03 toneladas, de acuerdo con los cumplidos efectuados por el servicio aduanero. Por otra parte, al presentar los post embarque, incurrió en un error y documentó 424,04 y 450 toneladas; lo que derivó en el pedido de su anulación.
En ese contexto, determinó que la declaración en los post embarque de cantidades diferentes de las efectivamente embarcadas y cumplidas por el servicio aduanero afectaba el bien jurídico protegido por la infracción de declaración inexacta, pues se hallaba en cuestión un aspecto exigible de una declaración comprometida (arg. resol. gral. AFIP 1921/05 y res. ANA 1394/97). Agregó que las cantidades en infracción no podían considerarse dentro del régimen de provisiones infringido (rancho), y que la conducta tenía susceptibilidad para producir un perjuicio fiscal y un ingreso desde el exterior distinto al que correspondía.
Por otra parte, descartó la posibilidad de aplicar la dispensa del artículo 959, inciso a, del código de la materia, por tratarse de destinaciones que tramitaron que se pudiese por canal verde; así como la de otorgar al pedido de anulación los efectos de una rectificación o una autodenuncia (arg. arts. 322, ap. 3, y 917, del CA).
2. Que, a fs. 110/113, el Tribunal Fiscal de la Nación revocó la referida resolución AD SALO 462/15, con costas a cargo del Fisco.
Para resolver como lo hizo, destacó que: (i) las exportaciones de fuel oil se habían documentado al amparo del sub-régimen de rancho para medio de transporte, reglamentado mediante las resoluciones ANA 1787/78 y AFIP 1801/04; (ii) la imputación se sustentaba en la diferencia entre las cantidades consignadas en las declaraciones post embarque y las que efectivamente se habían embarcado y cumplido por el servicio aduanero; (iii) la anulación de las declaraciones post-embarque, tras detectarse el error en que se había incurrido, se enmarcó en el régimen de la resolución general AFIP 3083/11, anexo II, punto 2.6.3.
Tras recordar cuáles eran los requisitos que condicionaban la infracción de declaración inexacta, concluyó que no se la podía tener por configurada en el caso, dado que el régimen de exportaciones para rancho tenía particularidades que hacían que la conducta no resultase apta para producir un perjuicio fiscal ni un ingreso desde el exterior diferente del que correspondía.
En particular, aludió a: a) lo dispuesto por los artículos 507, 508, 513 y concordantes del Código Aduanero, en cuanto aclaran que la mercadería que constituye rancho de un medio de transporte proveniente del exterior o que debiere salir del territorio aduanero no se halla sujeta al pago de tributos aduaneros; b) la comunicación BCRA “A” 3587, en cuanto exceptuaba del cumplimiento de la obligación de liquidación de divisas a las exportaciones de bienes que constituyeran rancho.
Sobre esa base, determinó que no se configuraba ninguno de los subtipos de declaración inexacta imputados (incisos a y c).
Señaló que aquello era suficiente para revocar la resolución aduanera, pero que, a mayor abundamiento, debía tomarse en consideración que la empresa, con intervención de su despachante, había anulado las declaraciones post embarque de acuerdo con el procedimiento reglamentario vigente y con anterioridad a que el error hubiese sido advertido por la Aduana, lo que también obstaba la imputación.
3. Que, disconforme con lo decidido, el Fisco Nacional interpuso apelación a fs. 135, que se concedió a fs. 145, se fundó a fs. 148/151 y fue replicada a fs. 156/160 y 186/190.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 22524/2025 MONIN, DANIEL (TF 36464-A Y ACUM 36465-A) C/ DGA S/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO
Planteó que el tribunal administrativo interpretó arbitrariamente los hechos y las pruebas de la causa. En particular, señaló que en el caso no se había verificado “mercadería a bordo sin declarar” sino que se constataron “diferencias en lo declarado a bordo”. Sin embargo, más adelante, el propio recurrente indicó —virando su argumentación— que se había efectuado una declaración que difirió con el resultado de la comprobación del servicio aduanero “habida cuenta que se constató la existencia de mercadería no declarada” (fs. 149).
A continuación, planteó que el artículo 507 del código ordenaba declarar todos los elementos que constituyesen rancho en el manifiesto correspondiente. Prosiguió con transcripciones de supuestos agravios de la actora que —debe aclararse— no guardan correlato con lo actuado en autos. Aludió, por ejemplo, a la obligatoriedad de ciertos formularios para efectuar la declaración de rancho, entre otras cuestiones que se hallan fuera de discusión en este expediente. Para concluir, reafirmó el deber de declarar ante la Aduana todo lo que no se encuentre expresamente exceptuado e hizo referencias generales al principio de legalidad, la interpretación de la ley, la verdad objetiva y el deber de los jueces de ajustarse a las circunstancias comprobadas de las causas.
4. Que el artículo 265 del CPCCN —aplicable en la especie en virtud de la remisión que hace el artículo 1182 del CA— establece: “…el escrito de expresión de agravios deberá contener la crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas. No bastará remitirse a presentaciones anteriores…”.
Es decir, que el contenido del memorial debe consistir en una crítica seria y precisa de los supuestos errores que contiene la sentencia, sea en la apreciación de los hechos o en la aplicación del derecho, y no puede constituir únicamente una simple discrepancia con lo resuelto por el juzgador (cfr. egsta Sala, causa “Defensor del Pueblo de la Nación c/ EN-M° Economía y P – Resols. 296/06 298/06 s/ proceso de conocimiento”, sent. del 14/8/12, entre muchas otras). Además, la Corte federal ha señalado que los recurrentes deben rebatir todos los fundamentos en que el juzgador se apoyó para arribar a sus conclusiones (Fallos: 323:1261 y su cita, entre muchos otros).
Resulta evidente que el memorial del Fisco no se ajustó a las pautas señaladas, ni logró demostrar arbitrariedad en la valoración de los hechos y de las pruebas efectuada por el Tribunal Fiscal de la Nación. En primer término, porque hizo referencia a circunstancias ajenas a la presente actuación, en la que no se debate la existencia de mercadería no declarada en el manifiesto de rancho ni la omisión de su consignación en el formulario correspondiente. En este aspecto, el escrito recursivo parece contener párrafos trasladados de otra causa, sin pertinencia para el caso.
Por otra parte, el recurrente no rebatió que, tratándose de mercadería constitutiva de rancho (como admitía la propia resolución aduanera), no estaba sujeta a tributos aduaneros, ni podía ocasionar un perjuicio fiscal. Tampoco se hizo cargo del argumento referido a la ineptitud de la conducta para producir el efecto lesivo del inciso c del artículo 954 del código.
Menos aún refutó el segundo fundamento de la revocación de la condena, vinculado al cumplimiento del procedimiento de anulación de las declaraciones post embarque antes de que la irregularidad fuese advertida por la Aduana, y con la valoración del aspecto subjetivo del tipo infraccional.
Por lo expuesto, corresponde desestimar el recurso del Fisco Nacional; con costas (art. 68, primer párr., del CPCCN).
5. Que resta tratar las apelaciones deducidas, por bajos y por altos, contra la regulación de honorarios de fs. 122/vta.
En atención a los planteos formulados por las partes, se remite al criterio expuesto por este Tribunal en cuanto a que, para establecer la base regulatoria de los honorarios en casos como el presente, en que se cuestionan liquidaciones de tributos aduaneros que se determinan en dólares estadounidenses (arg. art. 20, ley 23.905), resulta equitativo estar a la cotización de la moneda vigente a la fecha de interposición de la acción (15/10/15); que es la misma que se toma en cuenta para determinar el monto del litigio y abonar la tasa de actuación (cfr. causa 15539/19 “Wintershall Energía SA c/ DGA”, sent. del 17/2/20, entre muchas otras). Esto así, sin perjuicio de la facultad de los jueces de la causa de computar en la base regulatoria los intereses devengados durante la tramitación de la causa, a fin de actualizar el valor discutido a los fines arancelarios, para respetar el derecho de propiedad y la justa retribución que garantizan los arts. 14 bis y 17 de la Constitución Nacional, asegurando así una razonable contraprestación por la labor profesional desarrollada, que de lo contrario se vería cercenada por el solo hecho de que la ley 21.839 no contiene una clara e indubitable disposición legal al respecto (doctr. Fallos 296:168). El Tribunal considera necesario revisar su CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 22524/2025 MONIN, DANIEL (TF 36464-A Y ACUM 36465-A) C/ DGA S/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO anterior criterio (aplicado, entre otras, en la causa 32765/99 “ENTEL (EL) c/ Telefónica de Argentina SA s/ contrato administrativo”, resol. del 22/3/22) y ejercer esta facultad en el caso.
Teniendo en cuenta la naturaleza del proceso, el monto discutido en el juicio, el resultado obtenido y la extensión, calidad y eficacia del trabajo profesional cumplido por los doctores Marcelo A. Gottifredo y Guido R. Gottifredi, en carácter de copatrocinantes de la exportadora y el despachante de aduana, durante la única etapa que tuvo el proceso ante el Tribunal Fiscal de la Nación, corresponde ELEVAR los emolumentos fijados a su favor a la suma de $987.500 cada uno (arts. 6º, 7º, 8º, 37, 38 y ccds. de la ley 21.839, modif. por ley 24.432).
Asimismo, corresponde REGULAR sus honorarios por la actuación ante esta instancia (cfr. contestaciones de agravios), en la suma de $296.250, cada uno (arts. 14 y ccds. de la ley 21.839, modif. por ley 24.432).
Por todo lo expuesto, SE RESUELVE:
1. Desestimar el recurso del Fisco Nacional; con costas (art. 68, primer párr., del CPCCN).
2. Elevar la regulación de honorarios de fs. 122/vta. y fijar los correspondientes a la actuación ante esta instancia del modo dispuesto en el considerando 5°.
Regístrese, notifíquese y siga la casa según su estado (v. DEOX del 15/7/25).
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORÁN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia