Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2022-71387564-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la nulidad del artículo 4° de la Resolución (DE PRLA) Nro. 10296/2017, dictada en el marco de las Actuaciones SIGEA nro. 12197-11012-2006/1 en fecha 21 de diciembre de 2017 y notificada a la recurrente en fecha 13 de noviembre de 2028.
2Declarar la prescripción de la acción del Fisco Nacional (DGA) para percibir tributos en relación a la firma MONSANTO ARGENTINA S.R.L. en las presentes actuaciones.
3Imponer las costas del pleito a la demandada vencida.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-136589934-APN-VOCXVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 10 de Diciembre de 2025 Reunidos los Vocales miembros de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados “MONSANTO ARGENTINA S.R.L. c/ DGA s/ recurso de apelación”, TFN Nº 39.758-A, El Dr. Garbarino dijo:
I. Que a fs. 27/41 se presenta la firma MONSANTO ARGENTINA S.R.L., mediante apoderado, e interpone recurso de apelación contra la Resolución (DE PRLA) N° 10296/2017, dictada por el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros en fecha 21/12/2017 (notificada en fecha 13/11/2018), en la Actuación Nº 12197-11012-2006/1, en cuanto le formula cargo, en concepto de tributos adeudados por la suma de U$S 3.998,18, referido a Derechos de Importación, Tasa de Estadística e IVA y por la suma de $ 7.669,40 correspondiente a los rubros percepciones de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias, con más los intereses previstos en el artículo 794 del CÓDIGO Aduanero, por encontrarla responsable de la infracción prevista y penada en el artículo 970 del citado cuerpo legal. Hace un resumen de los hechos del caso, detallando los antecedentes que componen el sumario administrativo. Opone la prescripción de la acción del Fisco para percibir tributos, conforme a lo dispuesto en los artículos 803, 804 y 805, inciso a), de la ley 22.415. Se agravia de la vulneración del plazo razonable e invoca la aplicación del Beneficio de la duda, máxime cuando del informe glosado a fs. 96 de las actuaciones administrativas se desprende que la destinación en trato se encontraba “oficializada”. Plantea la vulneración de su derecho de defensa, en virtud de la duración del sumario objeto de autos y de la distancia temporal acaecida en relación a los hechos del caso, destacando que a la DGA le llevó 11 años sustanciar el sumario administrativo para correr vista y en el legajo no existe constancia alguna del presunto incumplimiento de la DIT en cuestión. Solicita la aplicación de la doctrina de la Buena Fe. Impugna la liquidación en dólares estadounidenses, sosteniedo que la determinación de los tributos debe realizarse conforme las normas que al efecto se dictaron en los términos de los artículos 638 y 639 del CÓDIGO Aduanero. Impugna la tasa de interés aplicada en al litis. Deja planteada la improcedencia de la aplicación de las percepciones del Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las Ganancias. Cita jurisprudencia favorable a su tesitura. Ofrece prueba. Hace reserva del caso federal y solicita se dicte sentencia revocando la resolución apelada, con costas a cargo de la demandada.
II. Que, corrido el traslado de ley, a fs. 55/64 se presenta la representación fiscal (DGA), contesta los argumentos vertidos en el recurso interpuesto por la empresa actora y ofrece las actuaciones administrativas involucradas en la causa. Efectúa un relato de los hechos y niega todos y cada uno de los hechos y derecho invocados por la apelante, que no fueran objeto de su expreso reconocimiento. Efectúa un análisis de los antecedentes normativos. Rechaza el planteo de prescripción esgrimido por la recurrente, como así también la afectación de su derecho de defensa. Sostiene la plena vigencia de la acción de la DGA para percibir tributos. Se pronuncia sobre el plazo razonable y la cuestión de fondo ventilada en la litis, señalando que la actora ha incumplido con lo dispuesto en el artículo 970 del Código Aduanero. Sostiene la liquidación tributaria practicada por la DGA, como así también la determinación de tributos en dólars estadounidenses. Se opone a la pretendida inaplicabilidad de los intereses devengados en la especie. Cita jurisprudencia, ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se confirme la Resolución apelada, con expresa imposición de costas a cargo de la parte actora.
III. Que la actuación administrativa SIGEA N° 12197-11012-2006/1 se inicia a fs. 1 con el Print de Consulta de declaración detallada. A fs. 2 luce el sobre contenedor de la DIT nro. 06001IT14002451A, oficializada en fecha 6/1/2006 y a fs. 3 el Acta de Denuncia 2493/2012, de fecha 20/12/2012. A fs. 4 obra la Nota 6754/2012 (SE PRTE). A fs. 5, con fecha 26/12/2012, se dispone la instrucción de sumario. A fs. 6 se agrega la Nota Nro. 984/0012, de fecha 21/2/2013. A fs. 8 obra agregada planilla de Valoración. A fs. 11 luce la liquidación de tributos y multa. Acto seguido, a fs. 12 se encuentra la corrida de vista de fecha 10/2/2017, que fuera notificada a la actora el 28 de julio de ese año, y contestada a fs. 26/56, en fecha 11/8/2017. A continuación, en fecha, 24/8/2017, la accionante acompaña Permisos de Embarque. Con fecha 7/9/2017 se dispone la apertura a prueba. A fs. 72/90 luce la contestación del oficio librado a la Secretaría de Industria, Comercio y PYMES. A fs. 91 se ordenó remitir las actuaciones a la Sección Operativa y Registral. A fs. 92 se agrega el Informe Nro. 925/17 (DV CEXA). A fs. 94 obra consulta al Sistema de Causas Archivables (SUMARCHI). A fs. 95/100 luce agregada la Resolución 4395/2018 (DE PRLA) -aquí apelada-, que fuera dictada el 21 de ciciembre de 2017 y notificada a la firma importadora el 13 de noviembre de 2018.
IV. Que en virtud de la clausura del perído probatorio, los autos se elevan a la Sala “F” y se ponen para alegar. Posteriormente, al concluir dicha etapa alegatoria, se llama autos para sentencia, por lo que los mismos se encuentran en condiciones de resolver.
V. Que, bajo tales premisas, corresponde -en primer lugar- tratar el planteo impetrado por la firma recurrente respecto de la prescripción de la acción del Fisco Nacional para exigir tributos. Que la resolución apelada en la litis fue dictada el 21 de diciembre de 2017 y notificada recién el 13 de noviembre del año 2018, por lo que los agravios de la parte actora introducidos en materia prescriptiva en la presente causa encuentra adecuada respuesta en los fundamentos de los votos emitidos por el suscripto in re “EX-2019-112544550- ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S A”, del 3 de febrero de 2022, IF-2022-10838655-APN-VOCXVIII#TFN y “EX- 2022-71387564- -APN-SGASAD#TFN- MERISANT ARGENTINA S.R.L.”, del 7 de septiembre de 2023, entre muchos otros.
En efecto, cabe destacar que el plazo de prescripción respecto de los tributos es el de cinco años que prescribe el artículo 803 del CÓDIGO Aduanero, que comenzó a correr el 1/1/2008, en los términos del artículo 804, inciso b), de la ley 22.415 (atento a que el vencimiento de la operación en trato operó el 18 de abril del año 2007), debiendo haber fenecido el 1/1/2013, de no haberse producido causales suspensivas o interruptivas. Por otra parte, desde el instante en que se dispuso la apertura del sumario en fecha 26 de diciembre de 2012, el plazo quinquenal para que el Fisco pueda exigir tributos se suspendió "hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo, cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión” (art. 805, inc. a), del C.A.).
IX. Que, bajo tales postulados, corresponde tener en consideración que la notificación de los actos administrativos tiene trascendental importancia en el procedimiento administrativo, constituyéndose como un deber de información impuesto como carga a la Administración, en garantía de los derechos de los particulares, en tanto su régimen se vincula indudablemente con la garantía de la defensa en juicio, el derecho a la tutela judicial efectiva y el principio de la buena fe, las causales de suspensión de la prescripción que surgen del artículo 805, inciso a) del CÓDIGO Aduanero -norma que fuera declarada inconvencional por el suscripto in re “LA EQUITATIVA DEL PLATA S.A. DE SEGUROS c/ D.G.A. s/ recurso de apelación” (Expte. Nro. 30.630-A), del 6 de marzo de 2015, que tramitara por ante la Vocalía de la 16° Nominación; entre muchos otros- deben interpretarse a la luz de la doctrina del “plazo razonable” de tramitación de los procesos, que fuera fijada por la Corte Suprema a partir del precedente “Losicer, Jorge Alberto y otros c/ BCRA”, del 26 de junio de 2012, siendo que la misma ha sido objeto de expreso seguimiento por la Cámara Contencioso Administrativo Federal en los autos “Aero Vip S.A. (Sala V, 19/6/2014) y “Alles Import SACIFI“ (sala I, 8/4/2014), entre otros; y por esta Sala “F” del Tribunal Fiscal en las causas “Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. c/ D.G.A S/ apelación (Expte. nº 15.598-A, sentencia del 5/12/2013 -voto del suscripto-) y “Carossio Vairolatti & Cía. S.R.L. c / DGA s/ apelación” (Expediente n° 16.915-A, sentencia del 11/7/2013), entre muchas otras.
Que, en tal orden de ideas, cabe colegir que si bien desde la fecha en que se dispusiera la apertura del Sumario (26/12/2012) hasta el dictado de la resolución en crisis -fechada el 21 de diciembre de 2017- el plazo de prescripción se encontraba suspendido, en los términos del artículo 805, inciso a), del CÓDIGO Aduanero, no debe perderse de vista que dicho acto administrativo recién se notificó el dia 13 de noviembre de 2018 (confr. fs. ...act. adm.), es decir, diez meses y veintitres dias después de su dictado -constituyendo un extremo fáctico de vital importancia temporal a los fines de la resolución del agravio prescriptivo de naturaleza tributaria expresamente articulado en la litis, cuyo tratamiento ningún Tribunal de Justicia puede soslayar-, cuando el curso de la prescripción había ampliamente fenecido, puesto que el servicio aduanero contaba con cinco días hábiles para notificar la citada resolución en los términos del artículo 40 de la ley 19.549, después del dictado de la resolución apelada.
X. Que, en tales condiciones, y toda vez que no existe en el Código Aduanero norma que imponga plazo alguno a la DGA para notificar las distintas resoluciones, corresponde aplicar en forma supletoria las disposiciones de la Ley de Procedimientos Administrativos y su decreto reglamentario, conforme se desprende en modo palmario del artículo 1017 de la ley 22.415 -más allá que la normativa que rige en la actualidad, es decir la Ley 27.742, también conocida como Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, actualizó la Ley de Procedimientos Administrativos, disponiendo en su artículo 1 bis, inciso e), apartado iv) que “Cuando no se hubiere establecido un plazo especial para la realización de trámites, notificaciones y citaciones, cumplimiento de intimaciones y emplazamientos y contestación de traslados, vistas e informes, aquél será de diez (10) días”-, reanudando su cómputo a partir de dicho instante-.
Que, por su parte, el artículo 40 del Reglamento de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo –vigente al momento de los hechos analizados- dispone que “las notificaciones se diligenciarán dentro de los CINCO (5) días computados a partir del día siguiente al del acto objeto de notificación e indicarán los recursos que se puedan interponer contra dicho acto y el plazo dentro del cual deben articularse los mismos, o en su caso si el acto agota las instancias administrativas”.
XI. Que, por ello, cabe colegir que la aplicación en el ámbito del procedimiento aduanero de la disposición contenida en la referida normativa no afecta ni desnaturaliza las disposiciones contenidas en el régimen especial de la ley 22.415, pues con las disposiciones formales que rigen en el ámbito del procedimiento ante organismos administrativos y, en particular, en materia de notificaciones, no se consagra un inútil formalismo sacramental, sino que se busca lograr que el particular tenga conocimiento cierto del acto y quede debidamente informado de las posibilidades de defensa de sus derechos e intereses. Es decir, se procura no producir al administrado una situación de inferioridad o dificultad para el ejercicio de tales derechos (confr. Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contenciosos Administrativo Federal, in re “Pindapoy S.A.I.C.”, del 18/2/1994), por lo que una sana interpretación de las normas en juego conduce a concluir que la suspensión de la prescripción a la que hace expresa referencia el artículo 805, inc. a), del CÓDIGO Aduanero, en la litis sólo operaba hasta el quinto día hábil posterior a la resolución que inexcusablemente se debe notificar, reanudando su cómputo a partir de dicho instante.
XII. Que, por consiguiente, cabe concluir que la acción del Fisco para exigir tributos se encontraba prescripta al momento de la notificación de la resolución aquí apelada, por lo cual corresponde hacer lugar a este planteo, con expresa imposición de costas (en el mismo sentido, esta Sala in re “3M ARGENTINA SACIFIA”, del 3 de febrero de 2023); siendo que la solución que aquí se sustenta guarda cabal consonancia con los principios de certeza y de seguridad jurídica que deben salvaguardarse en los procedimientos, ya que una solución contraria podría importar que la Aduana notificara en cualquier momento (por ejemplo, transcurriendo varios años, lustros, decenios, etc.) una resolución datada antes de que operara la prescripción, con la consiguiente incertidumbre en cuanto a los derechos de los administrados (en el mismo sentido, esta Sala “F” in re “EX-2019-112544550- ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S A”, del 3 de febrero de 2022, IF-2022-10838655-APN- VOCXVIII#TFN, voto del Dr. Pablo Garbarino), y sin respetar la mencionada garantía del plazo razonable de tramitación de procesos aduaneros, de raíz tanto consitucional como convencional, vinculada estrechamente con el derecho al debido proceso adjetivo, cuyo irrestricto respeto corresponde a este Tribunal siempre salvaguardar.
XIII. Que, por último, corresponde puntualizar que en la especie el servicio aduanero ha procedido –cabe precisar que sólo en materia infraccional, pues también ha formulado un cargo aduanero a la empresa importadora y a la compañía aseguradora interviniente- , al “archivo”, sin más trámite, de las presentes actuaciones en los términos del punto IV de la Instrucción General N° 9/17 dela DGA (art. 3° Resol. DE PRLA n° 10296/2017). Por lo tanto, y en la medida en que el suscripto considera que dicha decisión aduanera se ha tornado definitiva e irrevocable, no corresponde pronunciarse sobre dicho extremo, al no existir en la litis un planteo concreto de la interesada en relación a ello, màxime cuando la jurisdicción de este Tribunal se encuentra en este supuesto limitada por los términos del escrito en recurso (confr. doctrina de Fallos: 296:291; 302:283; entre muchos otros). Asimismo, el archivo del presente Sumario en la faz infraccional implicó indudablemente una renuncia de la DGA a ejercer la potestad sancionatoria, por lo que ello impide ingresar en el examen de dicho agravio (confr. Sala I Contencioso Administrativo Federal in re “Denso Manufacturing Argentina S.A.”, del 11 de octubre de 2022).
XIV. Que, en definitiva, entiendo que la forma en que se resuelve tanto la cuestión tributaria como el reproche infraccional es la más adecuada en aras de la seguridad jurídica y la legalidad, al resultar sus efectos compatibles con los demás derechos fundamentales, preservando la integridad del derecho de defensa en juicio previsto en los artículos 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 18 de la Constitución Nacional; siendo que, en tal sentido, siempre se deben aplicar, en debida forma, todos los principios y garantías que rigen en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, C.N.).
XV. Que ello es así, en virtud de que las normas específicas que rigen toda cuestión litigiosa deben ser interpretadas considerando armónicamente la totalidad del ordenamiento jurídico y los principios y garantías de raigambre constitucional, para obtener un resultado adecuado, pues la admisión de soluciones notoriamente disvaliosas no resulta compatible con el fin común, tanto de la tarea legislativa como de la judicial (Fallos: 255:360; 258:75; 281:146; 302:813.
Y si bien resulta cierto que la primera exigencia de cualquier método hermenéutico en la interpretación de las leyes es dar pleno efecto a la intención del legislador, también lo es, y desde el plano normativo, la de estimar que uno de los índices más seguros para verificar la razonabilidad de la inteligencia de una norma y su congruencia con el resto del sistema a que está engarzada, es la consideración de sus consecuencias (Fallos: 234:482; 295:1001).
XVI. Que, asimismo, no debe jamás olvidarse que la función específica de los magistrados exige siempre conjugar los principios contenidos en la ley con los elementos fácticos del caso, pues el consciente desconocimiento de unos u otros no se compadece con la misión -SUBLIME- de administrar justicia (doctr. Fallos: 234:482; entre muchos otros).
Por las razones expuestas en los Considerandos que anteceden, VOTO por:
1. Declarar la nulidad del artículo 4° de la Resolución (DE PRLA) Nro. 10296/2017, dictada en el marco de las Actuaciones SIGEA nro. 12197-11012-2006/1 en fecha 21 de diciembre de 2017 y notificada a la recurrente en fecha 13 de noviembre de 2028.
2. Declarar la prescripción de la acción del Fisco Nacional (DGA) para percibir tributos en relación a la firma MONSANTO ARGENTINA S.R.L. en las presentes actuaciones.
3. Imponer las costas del pleito a la demandada vencida.
El Dr. González Palazzo dijo:
El vocal preopinante, dr. Pablo Garbarino, sostiene que la prescripción de las acciones del Fisco para imponer penas y exigir tributos comienza a computarse nuevamente a partir del mero dictado de la resolución aduanera, aun prescindiendo de su notificación al administrado. No comparto tal criterio, que se ha reiterado en no pocos casos sustancialmente análogos al presente.
El caso bajo examen se encuentra regido por el marco normativo vigente con anterioridad al decreto de necesidad y urgencia 70/2023. Pretender que el nuevo plazo prescriptivo se inicie con el mero dictado de la resolución importaría atribuir al legislador una previsión que jamás introdujo en el régimen anterior. El DNU 70/23 vino a establecer expresamente la obligatoriedad de la notificación de la resolución como presupuesto de eficacia, reforzando la idea de que no existió imprevisión normativa, sino que siempre se entendió que el acto deviene ejecutable recién desde la notificación. Por ende, la suspensión de la prescripción prevista en el art. 803 del Código Aduanero se mantiene hasta que la resolución pueda ser ejecutada, lo que solo ocurre con su notificación al administrado.
La jurisprudencia nacional refuerza esta conclusión. El Plenario “Hughes Tool Company” (CNCAF, 22/12/1965) resolvió que, tratándose de prescripción en materia de sanciones, las normas que disponen la suspensión e interrupción de los plazos deben aplicarse con estricto apego a la ley, por cuanto constituyen un límite a la potestad punitiva del Estado. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en “Wonderland Entertainment S.A. c/ EN – DGA s/ recurso de apelación” (Fallos: 342:917, 2/07/2019), reafirmó que los efectos suspensivos e interruptivos en materia de prescripción de la acción fiscal deben ser interpretados en forma estricta y restrictiva. Allí, al analizar la interrupción de la prescripción para exigir tributos, el Máximo Tribunal puso de relieve que se trata de una garantía de seguridad jurídica en favor del contribuyente, que no puede ser debilitada mediante interpretaciones extensivas o analógicas.
En igual línea, la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal ha sostenido reiteradamente que la prescripción debe ser aplicada con criterio estricto: “Shell C.A.P.S.A. c/ DGI” (Sala IV, 12/06/2003), donde se resaltó la finalidad de asegurar certeza en las relaciones jurídicas; “Molinos Río de la Plata S.A. c/ DGA” (Sala V, 04/09/2007), donde se afirmó que la prescripción limita el poder estatal y debe ser interpretada en forma restrictiva; y “Harriet y Donnelly S.A. c/ DGI” (Sala III, 28/08/2012), donde se reafirmó que la prescripción opera como garantía de seguridad jurídica.
Estos precedentes —uno en materia sancionatoria (“Hughes Tool”) y otro en materia tributaria (“Wonderland”)— confluyen en un mismo principio rector: la prescripción constituye un límite temporal al poder estatal, y su interpretación debe ser restrictiva en resguardo de la seguridad jurídica y de la garantía de defensa. A la luz de tales lineamientos, no resulta jurídicamente sostenible la tesis del dr. Garbarino que pretende iniciar un nuevo cómputo de la prescripción desde el mero dictado de la resolución aduanera, prescindiendo de su notificación. Tal criterio importaría, en los hechos, prolongar indebidamente la potestad del Fisco, en abierta contradicción con el principio de interpretación restrictiva consagrado por la CNCAF y la CSJN.
A pesar de ello, el dr. Garbarino recurre en este caso a la Convención Americana sobre Derechos Humanos para sostener que la prescripción debe computarse desde el dictado de la resolución. No puedo dejar de advertir la inconsistencia de ese razonamiento con sus propios antecedentes. En su voto en el Expte. N° 33.400-A, “RECKITT BENCKISER ARGENTINA SA c/ DGA s/ Apelación”, del 21 de junio de 2023, citando la Opinión Consultiva OC-22/16 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sostuvo que “el artículo 1.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos sólo consagra derechos a favor de personas físicas, por lo que las personas jurídicas no son titulares de los derechos consagrados en dicho Tratado”. Del mismo modo, en su habitual estilo autoreferencial, recordó lo que ya había dicho al votar en “Chubb Argentina de Seguros S.A.” (Expte. 31.241-A, Sala F) y en “ABB S.A.” (Expte. 36.950-A, Sala F), como si el argumento necesitara del eco de sí mismo para robustecerse. Paradójicamente, tras tantas autocitas donde insiste en que las personas jurídicas no son sujetos de la Convención, se invoca ahora la CADH para fundar una solución precisamente en un caso donde el obligado es una persona de existencia ideal.
Más allá de ello, considero que todos los sujetos de derecho —de existencia real o ideal— deben ser ponderados a la luz de la Convención. Ello porque, detrás de cada persona jurídica, existen individuos cuyos derechos pueden verse afectados por actos estatales dirigidos contra aquélla. La Corte IDH, en la Opinión Consultiva 22/2016, reconoció que los derechos de las personas físicas pueden verse comprometidos cuando sus intereses se canalizan a través de una persona jurídica. En igual línea, aplicar los principios de la Convención a la actuación estatal evita que la República Argentina se exponga a eventuales condenas internacionales por actos que, aunque formalmente dirigidos a una entidad, terminan afectando a seres humanos que la integran o representan.
La Corte Interamericana ha resaltado la importancia de velar por el plazo razonable (art. 8.1 CADH), pero también ha subrayado que su análisis exige evaluar la actividad procesal del interesado. Así, en los casos Genie Lacayo vs. Nicaragua (1997), Valle Jaramillo vs. Colombia (2008) y Furlan y Familiares vs. Argentina (2012), se estableció que la razonabilidad del plazo depende de la complejidad del asunto y de la conducta de las partes. Aun cuando aquí se advierte una dilación sustancial en la tramitación, no corresponde fundar la solución en la CADH. Ello porque la firma se encontraba debidamente impuesta de la existencia del procedimiento, habiendo sido notificada oportunamente de la corrida de vista prevista en el art. 1101 del Código Aduanero (tal como bien lo destaca el dr. Garbarino). Por ende, no se configuró desconocimiento absoluto ni indefensión que justifique la aplicación directa del estándar convencional.
Por lo expuesto, voto por RECHAZAR la tesis prescriptiva del dr. Pablo Garbarino, aclarando que no me adentro en el tratamiento de la cuestión de fondo, tanto porque la jurisprudencia de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal ha desestimado en gran medida planteos de esta índole, como en razón de la elevada carga de tareas de esta Vocalía, todo lo cual desaconseja un dispendio jurisdiccional innecesario.
Por ello, de adoptarse el temperamento aquí propuesto, los autos deberán volver a la Vocalía instructora para que se expida sobre la cuestión de fondo.
Así lo voto.
El Dr. Segura dijo:
Adhiero, en lo sustancial, al voto del Dr. Garbarino.
Por ello, SE RESUELVE:
1. Declarar la nulidad del artículo 4° de la Resolución (DE PRLA) Nro. 10296/2017, dictada en el marco de las Actuaciones SIGEA nro. 12197-11012-2006/1 en fecha 21 de diciembre de 2017 y notificada a la recurrente en fecha 13 de noviembre de 2028.
2. Declarar la prescripción de la acción del Fisco Nacional (DGA) para percibir tributos en relación a la firma MONSANTO ARGENTINA S.R.L. en las presentes actuaciones.
3. Imponer las costas del pleito a la demandada vencida.
Regístrese. Notifíquese a la Dra. Micaela Lis Urueña (27-35122006-1), Dr. Marcelo Antonio Gottifredi (20- 12474184-0) y Dra. María Gottifredi (23-29735183-4). Por SGA, devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Date: 2025.12.09 16:00:06 ART Date: 2025.12.10 14:58:00 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Subrogante Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.12.10 15:06:26 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.12.10 15:08:06 -03:00
Fin de la sentencia