Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución (DE PRLA) Nro. 323/17, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA 13289- 11883-2012, en relación a la infracción endilgada a la firma MONSANTO ARGENTINA SRL, con costas a la co-actora exportadora.
2Revocar la Resolución (DE PRLA) Nro. 323/17, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA 13289- 11883-2012, en relación a la infracción endilgada al despachante de aduana JUAN CARLOS DE GIACOMO, con costas a la DGA.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-139819931-APN-VOCXVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 17 de Diciembre de 2025 Reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F”, para resolver en los autos caratulados “MONSANTO ARGENTINA SRL c/ Dirección General de Aduanas s/ recurso de apelación”, TFN N° 38.256-A y su acumulado, “DE GIACOMO, JUAN CARLOS c/ Dirección General de Aduanas s/ recurso de apelación”, TFN N° 38.272-A El Dr. Garbarino dijo:
I. Que a fs. 7/18 y vta. se presenta la firma MONSANTO ARGENTINA SRL, mediante apoderada e interpone recurso de apelación contra la Resolución DEPRLA N° 323/2017, de fecha 2 de agosto de 2017, dictada en el marco de las actuaciones administrativas SIGEA 13289-11883-2012, por la que se la imputó por la comisión de la infracción prevista en el artículo 954, incisos a) y c), del Código Aduanero; intimándole al pago de $ 76.132,23 en concepto de multa. En primer lugar, realiza una breve descripción de los hechos y antecedentes del sumario. Seguidamente, funda su apelación remarcando la procedencia de la autodenuncia y la inconstitucionalidad del Decreto 142/2010. Sostiene también que la reglamentación restringió su derecho, haciendo referencia a que el citado Decreto 142/2010 viola claramente lo dispuesto en el artículo 99, inciso 2), de la Constitución Nacional. Manifiesta que el Acuerdo de Facilitación del Comercio derogó las disposiciones del Decreto 142/2010, y que, en consecuencia, parece razonable y lógico entender que impere la norma internacional, incorporada por la Ley N° 27373, por sobre lo estipulado en un decreto aislado. Pone de manifiesto la buena fe demostrada en la especie, la cual ha sido acreditada suficientemente en el legajo, así como también la circunstancia de haber actuado en la forma que exige la ley, solicitando que se la absuelva. También hace hincapié en que la figura infraccional endilgada a través del artículo 954, inciso c), de la ley 22.415 no resulta de aplicación al caso. Plantea el beneficio de la duda que surge del artículo 898 del referido cuerpo legal y, en subsidio, en caso de proceder el reproche infraccional, que se cuantifique el monto de la multa. Finalmente solicita que se desvincule de la imputación infraccional al despachante de aduanas, toda vez que ha obrado de acuerdo a sus instrucciones en cada declaración y permiso de embarque oficializado. Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita que se disponga la inmediata absolución de la firma importadora con expresa imposición de costas.
Asimismo, a fs. 25/31 se presenta el despachante de aduana JUAN CARLOS GIACOMO con patrocinio letrado e interpone recurso de apelación contra la referida Resolución (DE PRLA) N° 323/2017, de fecha 2 de agosto de 2017, dictada en el marco de las actuaciones administrativas SIGEA 13289-11883-2012. En primer lugar, realiza un breve resumen de los hechos y antecedentes del sumario, seguidamente manifiesta la improcedencia de endilgarle responsabilidad infraccional, al sostener que cumplió taxativamente con las instrucciones impartidas por su cliente. Remarca también la buena fe puesta de manifiesto en el acto realizado y la involuntariedad en la comisión de la infracción exteriorizada. Hace referencia a que el Acuerdo de Facilitación del Comercio derogó los postulados del Decreto 142/2010, y, en subsidio, se remite a la defensa de la firma exportadora. También solicita que, si remotamente se considerara endilgarle responsabilidad infraccional alguna, la misma sea enmarcada en las previsiones del artículo 917 del Código Aduanero. Ofrece prueba, hace reserva del caso federal, y solicita que se disponga su inmediata absolución, con expresa imposición de costas a la DGA.
II. Que a fs. 46/50 la representación fiscal contesta el traslado del recurso conferido. En primer lugar, realiza un breve resumen del objeto de la causa y, por imperativo procesal, niega todos y cada una de los hechos, afirmaciones, derecho y/o copias que contenga el escrito en traslado que no sean objeto de un expreso reconocimiento o que no surjan de la prueba documental. Respecto de los agravios vertidos por la actora, manifiesta que la solicitud de rectificación es posterior al plazo establecido en el artículo 96 del Decreto 1001/82 y no se encuentra agregada ninguna otra de fecha anterior que dé cuenta de haber advertido al servicio aduanero del error en la clasificación. Señala que la empresa actora se limita a criticar con argumentos vagos la norma que establece el plazo de treinta días de modo que resulta por demás evidente la imposibilidad y la carencia de fundamentos que amparen la conducta desplegada tanto por el exportador como por el despachante de aduana. Sostiene que hacer lugar a lo pretendido por la recurrente resultaría indirectamente acceder a la rectificación vedada por la legislación aduanera y condicionada a ciertas circunstancias puntuales y que no corresponden al caso de estudio. Remarca que habida cuenta que se constató mercadería clasificable en una posición arancelaria distinta de la documentada, deviene ajustado a derecho el fallo recurrido. En relación al desempeño del despachante de aduana, en su función de auxiliar del servicio aduanero, pone de manifiesto que es copiosa la jurisprudencia que reconoce la importancia de los mismos en virtud de la tarea profesional que estos desempeñan y de los acabados conocimientos que deben poseer respecto al comercio internacional de mercaderías, que distan abismalmente de una mera tarea de “transcriptores de información” proporcionada por el importador. Ofrece prueba, hacer reserva del caso federal, confiere autorizaciones y solicita que, oportunamente, se rechace la apelación intentada, confirmándose -con costas- la resolución apelada.
III. Que las actuaciones administrativas SIGEA N° 13289-11883-2012 se inician a fs. 1/2 con la solicitud de rectificación del permiso de embarque, también se acompaña la Nota de Crédito. A fs. 13/14 obra la Nota de fecha 31/07/2012 mediante la que se hace lugar a la rectificación solicitada, pero se informa que se deberá analizar el hecho a la luz del art. 954 C.A. A fs. 17 se instruye sumario contencioso y a fs. 20 se corre vista de todo lo actuado a la firma MONSANTO ARGENTINA SA y al despachante de aduana DE GIACOMO JUAN CARLOS. A fs. 25/34 la actora contesta la vista conferida y a fs. 39 hace lo propio el despachante de aduana. A fs. 55 luce la consulta del registro de infractores aduaneros, a fs. 57/58 obra el dictamen N° 172/17 y a fs. 59/60 la Resolución N° 323/17. A fs. 63 la actora informa que ha interpuesto recurso de apelación contra la Resolución N° 323/2017 y acompaña el Formulario F4. De igual modo, a fs. 65/66 el despachante de aduana acredita la interposición de recurso de apelación ante este Tribunal.
IV. Que, corresponde analizar si resulta ajustada a derecho la Resolución (DE PRLA) Nro. 323/17, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA 13289-11883-2012, mediante la cual se le exige a la firma exportadora y al despachante de aduanas -ambas recurrentes en autos- el pago de una multa por la infracción tipificada en el artículo 954, ap. 1, inc. a) y c), del Código Aduanero, en relación al PE 11008EC03 003392X.
Que, en lo que aquí interesa, mediante el P.E. referido, oficializado el 26/10/11, se documenta la exportación de: Ítem: 17.280 unidades de la mercadería que clasifica en la P.A. 3808.93.24.100V Que se declara un precio unitario en divisa de U$S 4,8, siendo el valor FOB total declarado: u$s 82.944. Que, conforme se desprende del P.E. en trato, el canal asignado es NARANJA, según surge del print de pantalla que luce a fs. 3 de las actuaciones administrativas.
Que, la mercadería se libra el 29/10/11 -ver fs. 16 de las actuaciones administrativas-.
Que la exportadora solicita la rectificación del referido P.E., toda vez que se declararon en el campo correspondiente al valor unitario en divisa un precio de USD 4,8 por litro cuando correspondía USD 3,75 por litro, generándose de esta forma un “FOB TOTAL EN DIVISAS” diferente al correcto y correspondiente ya que se incurrió en un error de u$s 1,05 por unidad, lo que se traduce en un error en el valor total de la exportación. Que, el Fisco Nacional rechaza esta petición, por ser extemporánea, con fundamento en lo dispuesto en el Decreto 142/10, que reglamenta el artículo 917 del Código Aduanero; y, en consecuencia, tal como surge de la instrucción de sumario de fs. 17, le exige a las co-actoras el pago de una multa por la infracción tipificada en el artículo 954, ap. 1, inc. a) y c) del citado cuerpo legal.
V. Que el mencionado artículo 954, ap. 1, incs. a) y c), del Código Aduanero, establece que: “El que, para cumplir cualquiera de las operaciones o destinaciones de importación o de exportación, efectuare ante el servicio aduanero una declaración que difiera con lo que resultare de la comprobación y que, en caso de pasar inadvertida, produjere o hubiere podido producir: a) un perjuicio fiscal, será sancionado con una multa de UNO (1) a CINCO (5) veces el importe de dicho perjuicio; ...c) el ingreso o el egreso desde o hacia el exterior de un importe pagado o por pagar distinto del que efectivamente correspondiere, será sancionado con una multa de UNO (1) a CINCO (5) veces el importe de la diferencia”.
Que, como ya se dijo, en la litis se declaró un valor unitario en dividas de USD 4,8, cuando correspondía declarar USD 3,75, conforme surge de la factura comercial 0801-00000937 y, imputada al PE, generándose de esta forma una inexactitud.
Que, como esta circunstancia genera la declaración de un importe de reintegros a cobrar en demasía (ver fs. 4 de las actuaciones administrativas), se advierte que eventualmente se hubiera podido producir un perjuicio fiscal, por lo que se configura la infracción tipificada en el artículo 954, ap. 1, inc. a), del Código de rito. Léase: se declara como valor FOB total: u$s82.944,00; debiendo haberse declarado u$s64.800; lo que en caso de no advertirse hubiera originado una diferencia de los reintegros a cobrar de u$s453,59 -ver liquidación de fs. 13/14 de las actuaciones administrativas-.
Que, asimismo, al ser inexacto el valor FOB total, ingresa desde el exterior un valor de divisas distinto del que efectivamente correspondiere. En consecuencia, la infracción tipificada en autos se encuentra debidamente configurada.
VI. Que, seguidamente, corresponde determinar si la presentación de fs. 1 de las actuaciones administrativas tiene el efecto de la autodenuncia contemplada en el artículo 917 del Código Aduanero, tal como lo pretende la recurrente; o si no es procedente por haber sido solicitada fuera del plazo previsto en el Decreto 142/2010 - posición del Fisco Nacional-.
Que el mentado artículo 917 de la ley 22.415 establece que: “1.- El importe mínimo de la multa que correspondiere en una infracción aduanera se reducirá en un SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) y, sin necesidad de proceder a la apertura del sumario, aplicará dicha sanción y se dispondrá la pertinente rectificación, cuando el responsable comunicare por escrito la existencia de la misma ante el servicio aduanero con anterioridad a que: a) Este por cualquier medio lo hubiere advertido; o b) En el trámite del despacho se hubiera dado a conocer que la declaración debiera someterse al control documental o a la verificación de la mercadería.
2. La reducción de pena procederá aun cuando la comunicación se hiciera con posterioridad al libramiento de la mercadería, siempre que no hubiere en curso un proceso de inspección aduanera o impositiva y el servicio aduanero pudiere constatar la inexactitud, en los plazos y con las formalidades que establezca la reglamentación.
3. La reducción de pena no procederá en los supuestos en los cuales la infracción consistiera en el mero incumplimiento de los plazos acordados para la realización de determinadas destinaciones u operaciones”. Que el Decreto 142/10 -B.O. 2-2-10-, vigente a la fecha de oficialización del P.E. en trato, reglamenta el artículo referido y dispone que: “El plazo para la comunicación de una infracción aduanera será de TREINTA (30) días contados a partir de la fecha de libramiento de la mercadería.”
Que, teniendo en cuenta que la mercadería se libró el 29/10/11 -ver fs. 16 de las actuaciones administrativas- y la solicitud de rectificación es del 28 de mayo de 2012, la misma deviene claramente extemporánea. Que, en consecuencia, no es procedente la reducción de la multa impuesta en la litis, en los términos del artículo 917 del Código Aduanero, por lo que resulta ajustado a derecho proceder a su confirmación, con costas a la vencida.
VII. Que, en virtud de las defensas esgrimidas por el co-recurrente JUAN CARLOS DE GIACOMO, corresponde que este Tribunal analice si la conducta del citado Despachante de Aduana, como auxiliar del servicio aduanero, merece o no reproche penal.
Que la responsabilidad infraccional que le cabe al citado profesional debe ser analizada a la luz de los dispuesto en los artículos 902 y 908 del Código Aduanero, de cuya interpretación resulta que en el supuesto de que en el ejercicio de sus funciones de despachante hubiera cometido una declaración inexacta, es responsable “salvo que probare haber cumplido con las obligaciones a su cargo”. En este último supuesto, la persona representada será responsable por la infracción aduanera cometida y el despachante que ha cumplido con las obligaciones a su cargo estará exento de pena.
Que para eximirse de responsabilidad es necesario que dicho auxiliar del servicio aduanero demuestre que cumplió con las obligaciones a su cargo, lo que, según antigua y pacífica jurisprudencia, resulta de haber ajustado su conducta a la normativa vigente y a las instrucciones recibidas de su mandante.
Que, en el caso, y según resulta de la factura comercial 0801-00000937 (cuya copia obra a fs. 6 de las act. adm.) se consigna como mercadería vendida “ROUNDUP FULL II, PY, 48x20L BT MON78864, 17.280 u., U$D 4,80 precio unitario y U$D 82.944 precio total”. La misma mercadería y los mismos precios son los que se declaran en el PE 11008EC03003392X.
Que en la factura comercial no consta la existencia del importe del precio unitario correcto (USD 3,75) sino que obra consignado el precio unitario posteriomente declarado en el despacho de exportación (USD 4,8); asimismo, la nota de crédito, a través de la cual se comprueba la diferencia de precios unitarios, acompañada por la actora a fs. 7 de las actuaciones administrativas es de fecha 4/5/2012, claramente posterior a la fecha de oficialización del Permiso de Embarque de marras (26/10/11). Por lo tanto, resulta por demás evidente que el despachante de aduana actuó de conformidad con la documentación aportada por la firma MONSANTO ARGENTINA SRL, y de ningún modo pudo advertir que estaba incurriendo en una declaración inexacta.
Que, en definitiva, de las actuaciones administrativas surge que el despachante de aduana cumplió con las obligaciones a su cargo: consignando como valor unitario de la mercadería el que surgía de la factura comercial, que tuvo a la vista, sin poder advertir de ningún modo que dicho precio era incorrecto y que ocasionaría la declaración de un FOB total en divisas inexacto.
A mayor abundamiento, la aquí co-actora exportadora MONSANTO ARGENTINA SRL en el apartado IV de su escrito de apelación, ratifica la falta de responsabilidad del despachante de aduana en los hechos objeto de investigación y solicita que se los desvincule de la imputación infraccional que la Aduana le ha endilgado. Remarca que su proceder se basó en la documentación complementaria que le fuera remitida, siendo imposible para el citado profesional conocer el error en que se incurrió, y que fuera advertido tiempo después de la oficialización.
Que de lo expuesto resulta con suficiente certeza que el despachante de aduana JUAN CARLOS DE GIACOMO, al efectuar la declaración de la mercadería en el P.E. objeto de autos, se ajustó a las instrucciones de la empresa exportadora (esto es, a lo expresado por el mismo en la referida documentación), no advirtiéndose hechos personales (tales como dolo, negligencia, imprudencia o impericia, o incumplimiento de los deberes a su cargo) que puedan comprometer su responsabilidad, por lo que corresponde aplicar la causal eximente contemplada en el artículo 908 del Código Aduanero.
Que, por la forma en que se resuelve, no corresponde tratar los demás agravios articulados en la litis.
Por ello, VOTO por:
1. Confirmar la Resolución (DE PRLA) Nro. 323/17, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA 13289- 11883-2012, en relación a la infracción endilgada a la firma MONSANTO ARGENTINA SRL, con costas a la co-actora exportadora.
2. Revocar la Resolución (DE PRLA) Nro. 323/17, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA 13289- 11883-2012, en relación a la infracción endilgada al despachante de aduana JUAN CARLOS DE GIACOMO, con costas a la DGA.
El Dr. González Palazzo dijo:
Que adhiere al voto del Dr. Garbarino.
Por ello, SE RESUELVE:
1. Confirmar la Resolución (DE PRLA) Nro. 323/17, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA 13289- 11883-2012, en relación a la infracción endilgada a la firma MONSANTO ARGENTINA SRL, con costas a la co-actora exportadora.
2. Revocar la Resolución (DE PRLA) Nro. 323/17, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA 13289- 11883-2012, en relación a la infracción endilgada al despachante de aduana JUAN CARLOS DE GIACOMO, con costas a la DGA.
Regístrese. Notifíquese a la DGA (33-69345023-9), Dra. Ana Julia Gottifredi (27-33020005-2), Dr. Guido Rafael Gottifredi (20-35268715-5) y Dr. Marcelo Antonio Gottifredi (20-12474184-0). Por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas a la Dirección General de Aduanas y, oportunamente, archívese. Suscriben la presente los Dres. Pablo A. Garbarino y Christian González Palazzo por encontrarse vacante la Vocalía de la 18° Nominación (art. 1162 del CA).
Date: 2025.12.17 18:14:03 ART Date: 2025.12.17 18:26:01 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocal Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2025.12.17 18:26:45 -03:00
Fin de la sentencia