Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 16197351-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar la apelación del Fisco Nacional y confirmar la decisión apelada en cuanto fue materia de agravios; con costas. El juez de Cámara Jorge Eduardo Morán no suscribe la presente por hallarse de licencia (art. 109, RJN).
11978/2026 MONSANTO ARGENTINA SRL (TF 16197351-A) C/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 28 de abril de 2026.
VISTA:
La elevación del expediente TF 16197351-A (v. DEOX del 20/3/26) a fin de considerar “el recurso de apelación interpuesto por el fisco nacional el 20/10/2025 (v. IF- 2025-116450404-APN-DTD#JGM) concedido el 27/10/2025 (v. PV-2025-119455723- APN- VOCXVIII#TFN) contra la sentencia dictada el 01/09/2025, en cuanto modifica parcialmente la Resolución 436/2020 y reduce la multa interpuesta en un 75% por aplicación de lo dispuesto en el Art. 917 del C.A., importe que asciende a $ 423.113,36 (v. INLEG-2025-96380590-APN-VOCXVIII#TFN). El fisco nacional expreso agravios el 10/11/2025 (v. IF-2025-124879948-APN-DTD#JGM) y la actora contestó el traslado corrido en la PV-2025-124933647-APN-VOCXVIII#TFN el 01/12/2025 (v. IF-2025- 132915835-APN-DTD#JGM)” (v. nota en pág. 778 del expediente electrónico); y
1. Que el Tribunal Fiscal de la Nación confirmó parcialmente la resolución 436/20, dictada en la actuación 13289-8275-2016, en cuanto impuso a Monsanto Argentina SRL una multa por infracción al artículo 954, inciso c, del Código Aduanero con relación a la destinación 16057ECO1002827R, en la que se documentó un precio unitario en divisas menor al que correspondía.
Redujo el importe de la sanción por aplicación del artículo 917 del mismo cuerpo legal y distribuyó las costas conforme los vencimientos, que estimó en un 25% a cargo de la actora y un 75% a cargo del Fisco Nacional.
Para resolver sobre la procedencia de la autodenuncia —única cuestión que suscita agravios ante esta Cámara—, destacó que el decreto 142/10 reglamentaba el citado artículo 917 del Código y establecía un plazo de treinta días desde el libramiento de la mercadería para comunicar la infracción.
En el caso, la destinación tramitó por canal rojo de selectividad, la mercadería se libró el 23/4/16, el Fisco la verificó conforme y no requirió la factura a la exportadora. La actora, al advertir espontáneamente el error en la declaración de valor, presentó el 10/5/16 la documentación correspondiente, dentro del plazo reglado y sin que mediara un proceso de inspección previo.
En consecuencia, el Tribunal consideró que se cumplían los requisitos del artículo 917 del Código Aduanero y su reglamentación, lo que habilitaba la reducción de la multa en 1 un 75%. Así, la sanción definitiva por la infracción tipificada en el artículo 954, inciso c, ascendió a la suma de $423.113,36.
2. Que el Fisco Nacional sostuvo que la aplicación del artículo 917 del Código Aduanero por parte del Tribunal Fiscal había sido arbitraria. Argumentó que la norma, en su primer párrafo, no permitía la reducción de la multa cuando la rectificación de la declaración se producía con posterioridad a la asignación de la destinación al canal rojo de selectividad, ya que esa circunstancia impedía la procedencia de la autodenuncia. Asimismo, señaló que el segundo párrafo del artículo 917, reformado por la ley 25.986, habilitaba la reducción de la sanción únicamente en los casos en que la mercadería ya hubiera sido librada y no existiera un proceso de inspección aduanera en curso. En ese sentido, el Fisco entendió que la asignación al canal rojo y el control del verificador constituían un proceso de inspección aduanera, lo que excluía la posibilidad de aplicar el beneficio.
En definitiva, el Fisco consideró que la interpretación realizada por el Tribunal Fiscal había sido forzada y otorgaba derechos no previstos por la legislación vigente, ya que la autodenuncia no procedía en supuestos en que la destinación había sido sometida al canal rojo de selectividad.
3. Que el instituto de la autodenuncia, previsto en el artículo 917 del Código Aduanero, es el resorte del que dispone el documentante —importador o exportador— para efectuar formal advertencia al servicio aduanero de que cometió una declaración incorrecta; encontrándose previsto, en consecuencia, una atenuación de la pena de multa en un 75% del mínimo que correspondiere (cfr. esta Sala, causa 4410/11 “Harengus SA (TF 24088-A) C/ DGA”, sent. del 28/6/11 y sus citas, entre otras).
Previo al dictado de la ley 25.986 —B.O. 5/1/2005— este beneficio se circunscribía a la infracción de declaración inexacta, y operaba a condición de que la autodenuncia se formulara con anterioridad a que el servicio aduanero hubiera advertido por cualquier medio la declaración inexacta, o de que hubiere un principio de inspección aduanera o se hubieran iniciado los actos preparatorios del despacho ordenados por el agente verificador; en tanto que, con posterioridad a la reforma legislativa, el supuesto de atenuación se extendió a todas las infracciones aduaneras ⸻excepto a los casos de transgresión de fondo a los regímenes de destinación suspensiva⸻ y se ampliaron los supuestos en que éste resulta procedente ampliándolo, fundamentalmente, a casos en que la comunicación se hiciere con posterioridad al libramiento a plaza de la mercadería, aunque condicionándolo también al cumplimiento de ciertos requisitos.
Así, el nuevo artículo 917 del Código Aduanero —según las modificaciones introducidas por ley 25.986— establece:
“1.- El importe mínimo de la multa que correspondiere en una infracción aduanera se reducirá en un SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) y, sin necesidad de proceder a la apertura del sumario, aplicará dicha sanción y se dispondrá la pertinente rectificación, cuando el responsable comunicare por escrito 11978/2026 MONSANTO ARGENTINA SRL (TF 16197351-A) C/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO la existencia de la misma ante el servicio aduanero con anterioridad a que: a) Este por cualquier medio lo hubiere advertido; o b) En el trámite del despacho se hubiera dado a conocer que la declaración debiera someterse al control documental o a la verificación de la mercadería.
2. La reducción de pena procederá aun cuando la comunicación se hiciera con posterioridad al libramiento de la mercadería, siempre que no hubiere en curso un proceso de inspección aduanera o impositiva y el servicio aduanero pudiere constatar la inexactitud, en los plazos y con las formalidades que establezca la reglamentación.
3. La reducción de pena no procederá en los supuestos en los cuales la infracción consistiera en el mero incumplimiento de los plazos acordados para la realización de determinadas destinaciones u operaciones” (el destacado es propio).
4. Que, en el precedente supra citado (causa 4410/11 “Harengus SA”), este Tribunal —con una composición parcialmente diferente— destacó que del mensaje de elevación del proyecto de ley que acompañó el Poder Ejecutivo Nacional (Expediente 57- PE-04, 29/09/04) surgía con claridad que la intención de la reforma era readecuar el momento hasta el cual el operador de comercio exterior podía rectificar, modificar o ampliar la declaración aduanera, como así también precisar la ocasión hasta la cual podía acceder al beneficio de la autodenuncia una vez presentada la declaración; ello en función de la por entonces reciente implementación de los controles selectivos y del registro de las operaciones y destinaciones aduaneras a través de sistemas informáticos.
En particular, ponderó que dicho mensaje aludía a la incorporación de un apartado en el artículo 917 “(…) tendiente a alentar la autodenuncia cuando la mercadería ya hubiera sido librada a plaza y la inexactitud, no advertida oportunamente por el servicio aduanero, fuere detectada posteriormente por el interesado y no hubiere en curso un proceso de inspección aduanero o impositiva” (en clara alusión al apartado 3 del artículo 917 del C.A. de acuerdo al artículo 29 del Proyecto de Ley Original, que acabó siendo el apartado 2 de la norma que finalmente se sancionó, tras las modificaciones introducidas por las Comisiones de Economía y de Presupuesto y Hacienda de la legislatura).
En el precedente se tuvo especialmente en cuenta el siguiente extracto de versión taquigráfica de la sesión de la Cámara de Diputados de la Nación del 1º de diciembre de 2004, de donde surgía que la reforma buscó brindar mayor eficacia a todo lo relacionado con los servicios aduaneros ampliando, en pos de ello, los límites establecidos para la presentación de autodenuncias, de forma tal de permitirlas una vez que la mercadería hubiera superado toda clase de control:
3 “(…) el servicio aduanero tiene inmediata clasificación por medio de tres controles distintos. El verde indica que la mercadería no tiene ningún tipo de control; el naranja que se controla solamente la documentación, y el rojo que se controla la documentación y también la mercadería.
Ya ingresada la mercadería al territorio aduanero general, el usuario del servicio puede encontrar modificaciones en las declaraciones realizadas, y este servicio de autodenuncia, si la Aduana no ha iniciado ninguna instrucción, le permite hacer la autodenuncia y acceder al beneficio de resolver incorrecciones que a veces se producen y que en otros casos terminan constituyendo una infracción o un delito.” (cfr. Antecedentes parlamentarios, Ley 25.986, sesión de la Cámara de Diputados del 1º de diciembre de 2004, exposición del diputado por Mendoza, Roberto R. Iglesias).
En suma, esta Sala advirtió que la ley 25.986 había intentado dar mayor operatividad al instituto, y que la autodenuncia ahora es procedente aun cuando la mercadería ha superado el eventual control documental y físico, y salido de la zona primaria aduanera, con la única condición de que no exista un proceso de inspección aduanera o impositiva en curso y que resulte posible constatar la inexactitud. Además, concluyó:
“…mal puede interpretarse que siga siendo de aplicación ⸻en casos como el presente, encuadrables en el segundo apartado de la norma⸻ la antigua reglamentación e interpretación jurisprudencial del concepto de “acto preparatorio del despacho” ⸻que lo asociaban a la mera asignación de canal de selectividad o al inicio de la descarga de las mercaderías (cfr. Res. ANA Nros. 1394/97 y 2643/97, Res. ME Nº 424/03; Fallos: 315:919)⸻; máxime cuando la norma actualmente en vigor, en su apartado 2, sólo alude a un proceso de inspección dispuesto por un funcionario aduanero, que necesariamente ha de ser posterior al libramiento, ya sea en el marco de una investigación o ante la sospecha de una posible infracción”.
5. Que, en el caso, la situación encuadra en el apartado 2 del artículo 917 del Código Aduanero, dado que: (i) al momento de la presentación la mercadería ya había sido librada; (ii) no existía un proceso de inspección en curso; y (iii) la propia exportadora se anticipó a la Aduana comunicando la inexactitud dentro del plazo reglamentario, lo que descarta la falta de espontaneidad.
El principal agravio del Fisco radica en negar la aplicación del instituto de la autodenuncia alegando que la presentación se efectuó cuando la firma ya conocía la asignación de canal rojo. Sin embargo, este argumento no puede prosperar. Se ha visto que el legislador previó expresamente la reducción de la pena aun cuando la comunicación se realice con posterioridad al libramiento de la mercadería, siempre que no exista un proceso de inspección en curso y con independencia del canal asignado.
El recurrente omite considerar que el permiso de embarque fue oficializado y asignado a canal rojo, que se cumplió conforme, y que, tras el libramiento, la exportadora reconoció el error. Dicho error pasó inicialmente inadvertido, tanto para la empresa como 11978/2026 MONSANTO ARGENTINA SRL (TF 16197351-A) C/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO para el verificador aduanero, pese a que la operación había atravesado el nivel más intenso de control posible. En consecuencia, no corresponde excluir este supuesto, pues no había inspección en curso.
La asignación de canal rojo implica la intervención de los funcionarios aduaneros en el control físico y documental, pero ello constituye un procedimiento ordinario de selectividad, no un proceso de inspección específico y posterior al libramiento. La norma en su actual redacción exige un proceso de inspección en curso y posterior al libramiento, es decir, iniciado para verificar la regularidad de una operación concreta, lo que excluye los controles ordinarios que se aplican durante el trámite de todas las destinaciones. En el presente caso, los controles concluyeron con el libramiento de la mercadería, sin que se detectara irregularidad alguna. La posterior autodenuncia de Monsanto Argentina SRL fue, por tanto, anticipada y espontánea, demostrando la voluntad de la firma de subsanar el error antes de que la Aduana lo advirtiera.
6. Que, por lo expuesto, corresponde desestimar la apelación y confirmar la decisión apelada en cuanto fue materia de agravios; con costas (art. 68, primer párr., del CPCCN).
Por lo expuesto, SE RESUELVE: Rechazar la apelación del Fisco Nacional y confirmar la decisión apelada en cuanto fue materia de agravios; con costas. El juez de Cámara Jorge Eduardo Morán no suscribe la presente por hallarse de licencia (art. 109, RJN).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
ROGELIO W. VINCENTI MARCELO DANIEL DUFFY
Fin de la sentencia