Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 36940-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el Fisco Nacional y revocar el pronunciamiento del 21/10/2022, en cuanto declaró condonada la multa, objeto de autos;
2Reenviar la causa para que el Tribunal Fiscal se pronuncie en cuanto al fondo de la cuestión y
3Rechazar el recurso de la actora, en cuanto es materia de agravio e imponer las costas de ambas instancias a la actora, sustancialmente vencida (arts. 68, 1º parte y 279 del CPCCN y 1163 CA)
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II
36.850/2023 “Monsanto Argentina SRL (TF 36940-A) c/DGA s/Recurso Directo de Organismo Externo”
Buenos Aires, 25 de junio de 2024.
Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. Que, mediante el pronunciamiento de fecha 21/10/2022 el Tribunal Fiscal de la Nación declaró condonada la multa impuesta por la D.G.A. en la Resolución DE PLA N° 152/2016 dictada en Actuación SIGEA 12073-111-2010, en los términos del art. 56 de la Ley 27.260 y, arts. 4 y 5 de la Resolución General AFIP N° 4.007/2017. Impuso las costas por su orden, con excepción de la tasa de actuación ante ese Tribunal, la que, indicó, se encontraba a cargo de la actora -cuya constancia de pago obraba agregada en autos a fs. 22/25-.
Para así resolver, sostuvo que, la Ley 27.260 “Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados”, en el Título II “Regularización excepcional de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras” en el art. 56 establece que: "El beneficio de liberación de multas y demás sanciones correspondientes a infracciones formales cometidas hasta el 31 de mayo de 2016, que no se encuentren firmes ni abonadas, operará cuando con anterioridad a la fecha en que finalice el plazo para el acogimiento al presente régimen se haya cumplido o se cumpla la respectiva obligación formal ...Cuando el deber formal transgredido no fuese, por su naturaleza, susceptible de ser cumplido con posterioridad a la comisión de la infracción, la sanción quedará condonada de oficio, siempre que la falta haya sido cometida con anterioridad al 31 de mayo de 2016, inclusive ”.
Asimismo, ponderó que la Resolución General AFIP N° 4.007/2017 en el art. 4 disponía que: “Están alcanzados por el beneficio de condonación las sanciones previstas en la Ley N° 22.415 y sus modificaciones, correspondientes a infracciones - formales o sustanciales/materiales-cometidas hasta el 31 de mayo de 2016, inclusive, que no se encuentren firmes ni abonadas". El art. 5 establecía que: “La condonación de sanciones formales -que no se encuentren firmes ni abonadas al 31 de mayo de 2016- operará cuando se haya cumplido o se cumpla con la respectiva obligación formal hasta el 31 de marzo de 2017, inclusive. Cuando el deber formal transgredido no sea, por su naturaleza, susceptible de ser cumplido con posterioridad a la comisión de la infracción, la sanción quedará condonada de oficio. Se consideran como infracciones formales las que se encuentran tipificadas, entre otros, en los Artículos 218, 220, 222, 320, 395, 968, 972, 991, 992, 994 y 995 de la Ley N° 22.415 y sus modificaciones ”.
Apuntó que, en el sumario en trato se imputaba a la firma actora la comisión de la infracción prevista en el art. 972 del C.A. del C.A., en razón de haberse detectado una diferencia entre la dependencia a cargo de la comprobación de destino declarada y el efectivo lugar de depósito de la mercadería ingresada al amparo de la destinación 09008IT14000130C. Indicó que, por ello, tratándose en el caso de autos de una infracción formal prevista y penada por el art. 972 del C.A., en los términos del art. 56 de la Ley 27.260 y arts. 4 y 5 de la Resolución General AFIP N° 4.007/2017, correspondía declarar condonada la multa impuesta por la Resolución DE PLA N° 152/2016 dictada en la Actuación SIGEA 12073-111-2010.
Estimó que, las costas debían ser impuestas por su orden, de conformidad con lo previsto por el art. 14, inc. a) de la Resolución General AFIP N° 3.920/2016: ello, con excepción de la tasa de actuación ante ese Tribunal, la que se encontraba a cargo de la actora.
II. Que, contra dicha decisión, con fecha 21/12/2022 la actora interpuso recurso de apelación, expresando agravios en la misma fecha, los que fueron replicados por la parte contraria el 6/02/2023. Asimismo, con fecha 14/12/2022 la demandada interpuso recurso de apelación, expresando agravios en la misma fecha, los que fueron replicados por la parte contraria a fs. 109/1116.
III. Apelación de la actora:
Se agravia de lo resuelto por el a quo, en cuanto a la imposición de costas por su orden, toda vez que no se advierte de los considerandos ninguna motivación para decidir no imponer las costas a la vencida y aplicar la ley de rito. La decisión de imponer las costas de esa manera no encuentra fundamentación en el cuerpo del fallo apelado.
Aduce que, no obstante lo expuesto, cabe recordar el principio general establecido en el art. 68 del Código de rito que establece que “La CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II parte vencida en el juicio deberá pagar todos los gastos causídicos v costas de la contraria, aun cuando esta no lo hubiere solicitado...” Sigue el articulo expresando: “Sin embargo, e! juez podrá eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al litigante vencido, siempre que encontrare mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento, bajo pena de nulidad”.
En este sentido, observa que el juzgador se ha apartado de los principios contenidos en el Código Procesal, y de la interpretación uniforme y constante que de los mismos han realizado tanto los Tribunales Nacionales como la doctrina más calificada. Pero no solo eso, sino que al no fundar su decisión de imponer las costas por su orden, la misma debe entendérsela nula de nulidad de absoluta, conforme lo impone el art. 68 in fine que impone la obligación de fundar ese extremo. Considera que, consecuentemente, no existen argumentos fundados que ameriten resolver “COSTAS POR SU ORDEN”, ello en razón sencillamente de existir una parte “vencedora”, la aquí recurrente y una parte “vencida”, evidentemente la contraria. Habida cuenta lo expuesto, solicita que se mensuren los argumentos que se deducen, a efectos de revocar la parte de la sentencia que causa agravio Al respecto, refiere que en la materia específica, el Código Aduanero en su artículo 1163, prescribía “La parte vencida en el juicio deberá pagar todos los gastos causídicos y costas de la contraria, aun cuando esta no lo hubiere solicitado. Sin embargo, la Sala respectiva podrá eximir total o parcialmente de esa responsabilidad al litigante vencido, siempre que encontrare mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento bajo pena de nulidad de la eximición...”.
Añade que, empero, según el decreto 1.684 del 12/8/93 (B.O.17/8/93), el mentado dispositivo (artículo 1163) se ha reformado por el siguiente texto: “La parte vencida en el juicio deberá, sin excepción alguna. pagar todos los gastos causídicos y costas de la contraria...”. Manifiesta que, en tal sentido, el Tribunal Fiscal, en el Punto 1 de su pronunciamiento resolvió haciendo lugar a la pretensión de su parte. De modo tal, que se ha resuelto en la forma peticionada, haciendo lugar a lo reclamado y revocando la resolución puesta en crisis, existiendo por ende una parte vencida.
En tales condiciones, entiende que, al existir norma específica que contempla lo peticionado, no dando lugar a interpretaciones abstractas ni lagunas del derecho, solicita se revoque del punto 2) de la parte resolutiva del fallo, imponiendo las costas a la parte vencida.
IV. Apelación de la demandada:
En primer término, se agravia porque el Tribunal Fiscal de la Nación procedió a dictar sentencia omitiendo efectuar a su parte el segundo emplazamiento, por el plazo de 10 días, dispuesto por art. 1146 del C.A. en su redacción anterior a la vigencia de la ley 27430, el que resulta de aplicación al presente proceso en razón a la fecha de inicio del mismo (11/04/16). Dicho artículo dispone “Se dará traslado del recurso por TREINTA (30) días a la apelada para que lo conteste, oponga excepciones, acompañe el expediente administrativo y ofrezca su prueba, si no lo hiciere, de oficio o a petición de parte, el vocal instructor hará un nuevo emplazamiento a la repartición apelada para que lo conteste en el término de DIEZ (10) días bajo apercibimiento de rebeldía y de continuar con la sustanciación de la causa...”.
Expone que, la omisión incurrida afecta palmariamente el derecho de defensa de su parte quien no puedo exponer en el presente proceso sus consideraciones sobre el planteo actoral inicial.
Por lo expuesto, en atención a que el Tribunal Fiscal de la Nación, no dio cumplimiento con el segundo emplazamiento por el plazo de 10 días dispuesto en la redacción anterior del art. 1146, lo cual afecta el derecho de defensa de su parte, solicitó que se deje sin efecto el pronunciamiento apelado y se retrotraiga el proceso hasta la instancia de notificación del mismo.
En segundo lugar, se agravia de que la sentencia apelada declara condonada la multa impuesta por la DGA en la Resolución DE PLA N° 15552/2016, dictada en la actuación SIGEA 12073-111-2010, en los términos del art. 56 de la ley 27.260 y art. 4 y 5 de la Resolución AFIP N° 4007/2017.
Observa que, el a quo efectúa una interpretación de los artículos citados de forma aislada a todo el marco normativo plasmado en la ley referida.
Recuerda que, la sanción aplicada a la firma actora, y que es recurrida en el presente proceso, se origina por el hecho que, al momento CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II de oficializar Monsanto Argentina SA la importación temporal N° 09008IT14000130C, se consignó como dependencia a cargo de la comprobación de destino de la mercadería importada, la aduana con Código 001 (Aduana Buenos Aires), cuando el lugar de depósito declarado en la misma fue la Ruta 12 km 83,1 Zarate Campana correspondiente a Aduana Campana -Código 008- Dirección Regional Aduanera La Plata, lo que infringe el punto 1.2.1 del Anexo III de la Resolución General AFIP N° 2193/07, previsto y penado por el art. 972 ap. 1 inc a) del Código Aduanero.
Aduce que, en dicho marco, la mercadería importada, permanecía en el territorio aduanero bajo el régimen temporal, y por ello se encontraba sometida al régimen de comprobación de destino. Por dicho motivo, el servicio aduanero podía (y debía) en cualquier momento verificar el estado de la misma y así constatar que ha ingresado al territorio aduanero para ser sometida al proceso declarado ante la autoridad de aplicación. La modificación del domicilio donde la mercadería permanece impide, claramente, que al servicio aduanero ejercer su tarea de control.
Alega que, la Resolución DE PLA N° 152/2016 sancionó al importador, por haber declarado erróneamente la aduana en cuya jurisdicción se encontraba la mercadería, quien debía ejercer la verificación de la misma.
Considera que, en tales condiciones, dicha multa no se encuentra comprendida dentro de los términos de la ley 27.260 que dispone un régimen excepcional de regulación de obligaciones tributarias y aduaneras.
Pondera que, en tal sentido, en su Título II “Regularización excepcional de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras” la ley procede a determinar su alcance estableciendo que “ARTICULO 52. — Los contribuyentes y responsables de los tributos y de los recursos de la seguridad social cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentra a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos podrán acogerse por las obligaciones vencidas a! 31 de mayo de 2016, inclusive, o infracciones cometidas relacionadas con dichas obligaciones con excepción de los aportes y contribuciones con destino al sistema de obras sociales y las cuotas con destino al régimen de riesgos del trabajo, al régimen de regularización de deudas tributarias y de exención de intereses, multas y demás sanciones que se establece por el presente Título. Se consideran comprendidas en el presente régimen las obligaciones correspondientes al Fondo para Educación y Promoción Cooperativa establecido por la ley 23.427 y sus modificaciones, así como también los cargos suplementarios por tributos a la exportación o importación, las liquidaciones de los citados tributos comprendidas en el procedimiento para las infracciones conforme lo previsto por la ley 22.415 y sus modificaciones y los importes que en concepto de estímulos a la exportación debieran restituirse al fisco nacional; no resultando alcanzadas por el mismo las obligaciones o infracciones vinculadas con regímenes promocionales que concedan beneficios tributarios. El acogimiento previsto en el párrafo anterior podrá formularse entre el primer mes calendario posterior al de la publicación de la reglamentación del régimen en el Boletín Oficial hasta el 31 de marzo de 2017, inclusive ” .
Postula que, de dicho artículo se desprende que la ley posibilita que los responsables de tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentra a cargo de la AFIP, se acojan a lo dispuesto en la misma por las obligaciones vencidas al 31/05/2016 o infracciones cometidas relacionadas con dichas obligaciones.
Es decir que, en lo que respecta al presente proceso, para que proceda la aplicación de la ley, resulta necesario que exista una obligación tributaria aduanera impaga. Afirma que, la ley abarca la condonación de multas que se hayan originado junto al incumplimiento de la obligación tributaria.
Refiere que, el art. 53 de la ley dispone “Quedan incluidas en lo dispuesto en el artículo anterior aquellas obligaciones que se encuentren en curso de discusión administrativa o sean objeto de un procedimiento administrativo o judicial a la fecha de publicación de la presente ley en el Boletín Oficial en tanto el demandado se allane incondicionalmente por las obligaciones regularizadas y, en su caso, desista y renuncie a toda acción y derecho, incluso el de repetición, asumiendo el pago de las costas y gastos causídicos. El allanamiento y/o, en su caso, desistimiento podrá ser total o parcial y procederá en cualquier etapa o instancia administrativa o judicial, según corresponda. Quedan también incluidas CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II en el artículo anterior aquellas obligaciones respecto de las cuales hubieran prescripto las facultades de la Administración Federal de Ingresos Públicos para determinarlas y exigirlas, y sobre las que se hubiera formulado denuncia penal tributaria o. en su caso, penal económica, contra los contribuyentes o responsables”.
Al respecto, reitera que la normativa vuelve a resaltar la necesidad que exista una “obligación'’ tributaria, al expresar que quedan incluidas en los beneficios de la ley las obligaciones en curso de discusión administrativa o judicial en tanto el sujeto obligado se allane por las obligaciones regularizadas, que no son otras que las dispuestas en el art. 52.
Asimismo, el art. 54 expresa que “...En el caso de las infracciones aduaneras, la cancelación total producirá la extinción de la acción penal aduanera (en los términos de los artículos 930 y 932del Código Aduanero), en la medida en que no exista sentencia firme a la fecha de acogimiento... ” de lo que se desprende que, el pago total de la obligación tributaria conlleva la extinción de la acción. De ello se vuelve a desprender que dicha extinción de la acción, se producirá como condición de pago de una obligación tributaria principal.
Dice que, en igual sentido, el “ARTÍCULO 55. — Se establece, con alcance general, para los sujetos que se acojan al régimen en este Título y mientras cumplan con los pagos previstos en el artículo anterior, la exención y/o condonación: a) De las multas y demás sanciones previstas en la ley 11.683 (t. o. 1998) y sus modificaciones, en la ley 17.250y sus modificaciones, en la ley 22.161 y sus modificaciones y en la ley 22.415 y sus modificaciones, que no se encontraren firmes a la fecha del acogimiento al régimen de regularización previsto en este Título ...”. Añade que, igualmente se deduce del texto de la ley que, el acogimiento al régimen de regularización excepcional de tributos y mientras cumplan con sus pagos, se condonarán las multas y sanciones dispuestas en la ley 22.415 que no se encuentren firmes.
Precisa que dicho artículo determina qué tipo de multas y sanciones son condonadas por la ley 27.260, para luego el art. 56 detallar la forma en la que se condonarán.
En tales condiciones, concluye que sólo la adhesión al régimen para regularizar obligaciones tributarias vencidas al 31/05/2016, y el pago de dicha obligación tributaria, conllevan la condonación de las multas y demás sanciones previstas en el Código Aduanero.
Asevera que la ley no dispone que se condona cualquier multa, sino solo aquellas que se hayan aplicado como consecuencia de hechos que generan asimismo una obligación tributaria no cancelada y que, la misma ley posibilita su cancelación fuera de plazo, otorgando como beneficio al contribuyente, la condonación de la multa originada por el mismo hecho que origina la obligación tributaria.
Añade que, en tal sentido y en relación a dichas multas el art. 56 dispone que “El beneficio de liberación de multas y demás sanciones correspondientes a infracciones formales cometidas hasta el 31 de mayo de 2016, que no se encuentren firmes ni abonadas, operará cuando con anterioridad a la fecha en que finalice el plazo para el acogimiento al presente régimen, se haya cumplido o se cumpla la respectiva obligación formal...”, Es decir que, antes de adherirse al régimen, el que solo se puede hacer ofreciendo el pago de la obligación tributaria, se tiene que haber cumplido la obligación formal que generó la infracción.
Luego el artículo sigue diciendo que “...Cuando el deber formal transgredido no fuese, por su naturaleza, susceptible de ser cumplido con posterioridad a la comisión de la infracción, la sanción quedará condonada de oficio, siempre que la falta haya sido cometida con anterioridad al 31 de mayo de 2016, inclusive. Las multas y demás sanciones, correspondientes a obligaciones sustanciales devengadas al 31 de mayo de 2016, quedarán condonadas de pleno derecho, siempre que no se encontraren firmes a la fecha de entrada en vigencia de esta ley y la obligación principal hubiera sido cancelada a dicha fecha. ...” Considera que, lo dispuesto en este artículo no puede interpretarse en forma aislada sino en el marco dado por su artículo anterior (art.55) y lo dispuesto en el art. 52 de la ley. No cualquier sanción queda condonada de oficio, sino solo aquella que se reclame junto con el pago de una obligación tributaria y siempre que el sujeto obligado se haya adherido al régimen dispuesto por la ley y la haya cancelado en su totalidad.
Señala que, la misma interpretación se desprende de la Resolución General 3920, que reglamenta el procedimiento para la adhesión al CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II régimen en trato. En tal sentido dicha resolución dispone “ARTICULO 2o Podrán incluirse en el presente régimen, las obligaciones tributarias y de los recursos de la seguridad social vencidas al día 31 de mayo de 2016, inclusive, así como las infracciones cometidas relacionadas con esas obligaciones. Se considerarán comprendidas en Io dispuesto en el párrafo precedente las obligaciones que se indican a continuación: a) Los cargos suplementarios por tributos a la exportación o importación cuyo hecho imponible hubiera sido perfeccionado hasta el día 31 de mayo de 2016, inclusive, y las liquidaciones de los aludidos tributos comprendidas en el procedimiento para las infracciones, así como las multas por infracciones cometidas hasta la citada fecha, todo ello conforme a lo previsto por la Ley N° 22.415 y sus modificaciones.”
Aduce que, en igual sentido, el art. 4 determina el procedimiento para la adhesión al régimen estableciendo la manera en la que el contribuyente deberá identificar la obligación tributaria que incluye en el régimen creado por la ley 27.260, para luego cancelar la misma. Nuevamente se concluye que para que se apliquen todos los beneficios dispuestos por la ley resulta necesario adherir al régimen y que ello resulta imposible sin la existencia de una obligación tributaria.Lo mismo se desprende de su art. 11 en relación a las obligaciones tributarias que son objeto de discusión administrativa o judicial.
Señala que, por otra parte, en relación a los art. 4 y 5 de la Resolución General AFIP 4007/17, el a quo efectúa un análisis aislado de los mismos atento que, dicha resolución, no crea causales de condonación sino que reglamenta las expresamente dispuesta por la ley 27.260, y siendo claro que de los arts. 52 y 55 de la ley se desprende que la multa condonada tiene que haberse originado por el mismo hecho que originó una obligación tributaria, la reglamentación no puede establecer válidamente algo diferente a ello. Dichos artículos no deben interpretarse aisladamente sino en el marco otorgado por la totalidad de la ley. En dicho contexto, concluye que la ley 27260 tuvo como objeto habilitar un régimen excepcional para la regularización de deuda tributarias vencidas al 31/05/16. Como beneficio de la regularización de dicha deuda, condona sanciones por infracciones originadas en el mismo hecho que generó la obligación tributaria. No condona de forma aislada cualquier multa, sino que la misma debe estar unida, por el mismo hecho, al incumplimiento de una obligación tributaria. El legislador no buscaba condonar cualquier sanción, sino facilitarle al contribuyente regularizar deudas tributarias.
Destaca que, la actora infringió su deber de declarar correctamente el lugar donde se encontraba la mercadería que debía ser objeto de verificación por parte del servicio aduanero, imposibilitando de esta forma el correcto ejercicio del control propio que debe realizar mi mandante. La consecuencia de dicha acción claramente no se encuentra condonada por el espíritu de la ley 27.260 cuyo objeto consistió en regularizar obligaciones tributarias.
Por otra parte, y a mayor abundamiento, resalta que la multa impuesta por Resolución DE PLA N° 152/2016, se genera en el marco de una importación temporal, y expresamente el art. 52 de la ley 27.260 dispone que no resultando alcanzadas por la ley las obligaciones o infracciones vinculadas con regímenes promocionales que concedan beneficios.
Por último, se agravia en relación a la regulación de las costas del proceso atento que, por todo lo expuesto, debieron haber sido impuestas a la actora, quien solicitó indebidamente, la condonación declarada por el a quo.
V. Que de manera preliminar, respecto del primer agravio de la demandada, vinculado a que “el Tribunal Fiscal de la Nación procedió a dictar sentencia omitiendo efectuar a esta parte el segundo emplazamiento, por el plazo de 10 días, dispuesto por el art. 1146 del C.A. en su redacción anterior a la vigencia de la ley 27.430(…). La omisión incurrida afecta palmariamente el derecho de defensa de mi mandante quien no pudo exponer… sus consideraciones sobre el planteo inicial. Por lo expuesto (…), solicito que se deje sin efecto el pronunciamiento apelado y se retrotraiga el proceso hasta la instancia de notificación del mismo”, cabe señalar que el mismo no podrá prosperar. En efecto, con fecha 22/04/2016 el TFN dio traslado al Estado Nacional del recurso de apelación interpuesto por la actora el 11/04/2016 (fs. 21), el que fue notificado el 10/05/2016 (fs. 43 vta.).
Asimismo, con fecha 5/09/2016 se corrió traslado a la demandada de la presentación efectuada por la actora a fs. 30/31, titulada “Amnistía- Ley 27.260 art. 56” (fs. 32), notificada el 4/10/2016 (fs. 44 vta), el que fue CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II contestado por el Fisco Nacional el 7/10/2016 (ver fs. 34/39). Con fecha 23/09/2022 el organismo jurisdiccional administrativo dispuso “Autos a Sentencia. Notifíquese” (fs. 53), notificaciones que se efectuaron con fecha 4/10/2022, conforme surge de las constancias de fs. 54/55.
Con fecha 12/10/2022, se presentó el Dr. Exequiel Di Cosimo, en carácter de letrado apoderado del Fisco Nacional y constituyó domicilio. De lo expuesto, cabe concluir que, la providencia de fecha 23/09/2022 (llamado de autos a sentencia) se encuentra firme y fue consentida en función de la actuación posterior llevada a cabo por el fisco, quien omitió formular cuestionamientos al trámite cumplido hasta el llamamiento de autos.
En ese sentido, cabe advertir que la crítica ahora esgrimida por la accionada en la presentación sub examine debió haber sido planteada en el momento en que fue notificada del llamado de autos, sin embargo, nada dijo al respecto y no surge de la compulsa de las actuaciones que la demandada haya cuestionado el trámite previo a dicha convocatoria, pese a haberse efectuado una presentación en el expte. con posterioridad al llamado de autos para “SE PRESENTAN-CONSTITUYEN DOMICILIO”. Sobre el punto, ha de destacarse que concluida una etapa procesal (firme y consentida), ésta no puede ser revisada o volverse sobre ella en virtud del principio de preclusión, bajo riesgo de afectar la seguridad jurídica buscada por tal principio o bien de perturbar la defensa en juicio de la parte contraria (en sentido concordante, esta Sala in re Causa N° 830/2020 “CORSALETTI, ADRIANA BEATRIZ c/ EN-M JUSTICIA Y DDHH- SECRETARIA DE DDHH s/AMPARO POR MORA”, del 13 de abril de 2021).
Al respecto, conviene recordar que el efecto genérico de la preclusión es poner un límite definitivo e infranqueable al ejercicio de determinadas facultades procesales, ya que ella se produce por consumación de una facultad procesal o por pérdida de la no ejercitada en tiempo propio, o cuando se pasa a un distinto estado del trámite (cfr. esta Sala en la causa precedentemente señalada y sus citas).
Lo expuesto sella la suerte adversa de la petición formulada por la parte demandada.
VI. Que, sentado ello, cabe precisar que la cuestión a dilucidar consiste en determinar si la multa, objeto de autos, se encuentra alcanzada por el Régimen de Regularización de Excepcional de Obligaciones Tributarias, de la Seguridad Social y Aduaneras, ley nº 27.260.
VII. Que, a tal fin, conviene recordar que el art. 52 de la ley 27.260 dispone que “[l]os contribuyentes y responsables de los tributos y de los recursos de la seguridad social cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentra a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos podrán acogerse por las obligaciones vencidas al 31 de mayo de 2016, inclusive, o infracciones cometidas relacionadas con dichas obligaciones con excepción de los aportes y contribuciones con destino al sistema de obras sociales y las cuotas con destino al régimen de riesgos del trabajo, al régimen de regularización de deudas tributarias y de exención de intereses, multas y demás sanciones que se establece por el presente Título”.
“Se consideran comprendidas en el presente régimen las obligaciones correspondientes al Fondo para Educación y Promoción Cooperativa establecido por la ley 23.427 y sus modificaciones, así como también los cargos suplementarios por tributos a la exportación o importación, las liquidaciones de los citados tributos comprendidas en el procedimiento para las infracciones conforme lo previsto por la ley 22.415 y sus modificaciones y los importes que en concepto de estímulos a la exportación debieran restituirse al fisco nacional; no resultando alcanzadas por el mismo las obligaciones o infracciones vinculadas con regímenes promocionales que concedan beneficios tributarios” (énfasis agregado).
“ARTÍCULO 53. — Quedan incluidas en lo dispuesto en el artículo anterior aquellas obligaciones que se encuentren en curso de discusión administrativa o sean objeto de un procedimiento administrativo o judicial a la fecha de publicación de la presente ley en el Boletín Oficial, en tanto el demandado se allane incondicionalmente por las obligaciones regularizadas y, en su caso, desista y renuncie a toda acción y derecho, incluso el de repetición, asumiendo el pago de las costas y gastos causídicos. El allanamiento y/o, en su caso, desistimiento podrá ser total o parcial y CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II procederá en cualquier etapa o instancia administrativa o judicial, según corresponda (…)”.
“ARTÍCULO 55. — Se establece, con alcance general, para los sujetos que se acojan al régimen de regularización excepcional previsto en este Título y mientras cumplan con los pagos previstos en el artículo anterior, la exención y/o condonación: a) De las multas y demás sanciones previstas en la ley 11.683 (t.o. 1998) y sus modificaciones, en la ley 17.250 y sus modificaciones, en la ley 22.161 y sus modificaciones y en la ley 22.415 y sus modificaciones, que no se encontraren firmes a la fecha del acogimiento al régimen de regularización previsto en este Título (…)”.
“ARTÍCULO 56. — El beneficio de liberación de multas y demás sanciones correspondientes a infracciones formales cometidas hasta el 31 de mayo de 2016, que no se encuentren firmes ni abonadas, operará cuando con anterioridad a la fecha en que finalice el plazo para el acogimiento al presente régimen, se haya cumplido o se cumpla la respectiva obligación formal. De haberse sustanciado el sumario administrativo previsto en el artículo 70 de la ley 11.683 (t.o. 1998) y sus modificaciones, el citado beneficio operará cuando el acto u omisión atribuido se hubiere subsanado antes de la fecha de vencimiento del plazo para el acogimiento al presente régimen. Cuando el deber formal transgredido no fuese, por su naturaleza, susceptible de ser cumplido con posterioridad a la comisión de la infracción, la sanción quedará condonada de oficio, siempre que la falta haya sido cometida con anterioridad al 31 de mayo de 2016, inclusive. Las multas y demás sanciones, correspondientes a obligaciones sustanciales devengadas al 31 de mayo de 2016, quedarán condonadas de pleno derecho, siempre que no se encontraren firmes a la fecha de entrada en vigencia de esta ley y la obligación principal hubiera sido cancelada a dicha fecha (…)”.
VIII. Que, por su parte, la Resolución General AFIP 4007/2017 dispone:
“ARTÍCULO 3° — El beneficio de condonación de sanciones en materia tributaria aduanera respecto del régimen de regularización excepcional de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras, establecido en el Título II del Libro II de la Ley N° 27.260 y reglamentada por la Resolución General N° 3.920 y sus modificatorias, se ajustará a lo dispuesto en el inciso a) del Artículo 55 y en los Artículos 56, 57 y 62 de la ley citada, así como a lo indicado en los artículos siguientes de la presente (…)”.
“ARTÍCULO 4° — Están alcanzados por el beneficio de condonación las sanciones previstas en la Ley N° 22.415 y sus modificaciones, correspondientes a infracciones - formales o sustanciales/materiales-cometidas hasta el 31 de mayo de 2016, inclusive, que no se encuentren firmes ni abonadas”.
“ARTÍCULO 5° — La condonación de sanciones formales -que no se encuentren firmes ni abonadas al 31 de mayo de 2016- operará cuando se haya cumplido o se cumpla con la respectiva obligación formal hasta el 31 de marzo de 2017, inclusive. Cuando el deber formal transgredido no sea, por su naturaleza, susceptible de ser cumplido con posterioridad a la comisión de la infracción, la sanción quedará condonada de oficio. Se consideran como infracciones formales las que se encuentran tipificadas, entre otros, en los Artículos 218, 220, 222, 320, 395, 968, 972, 991, 992, 994 y 995 de la Ley N° 22.415 y sus modificaciones” (ánfasis agregado).
VII. Que, de lo expuesto resulta de toda claridad que el régimen permitió a los contribuyentes y responsables de los tributos y de los recursos de la seguridad social, acogerse, entre el primer mes calendario posterior al de la publicación de la ley en el boletín oficial y hasta el 31/3/17 inclusive, a un régimen de regularización de deudas tributarias y de exención de intereses, multas y demás sanciones, por las obligaciones vencidas al 31/5/16 inclusive o infracciones cometidas relacionadas con dichas obligaciones.
Es decir que, para acceder al régimen debe existir previamente obligación tributaria que se requiera ser regularizada.
IX. Que, en el sub examine, la actora interpuso recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación contra la resolución nº DE PLA 152/2016, mediante la cual se la condenó al pago de una multa de $ 50.721,67 por la infracción prevista en el art. 972 del C.A., atento a que al momento de oficializar la importación temporal n° 09008IT14000130C se consignó como dependencia a cargo de la comprobación de destino de la mercadería importada, la aduana de Buenos Aires, cuando el lugar de CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II depósito declarado en ela misma fue la Ruta 12 km 83,1 Zarate Campana.
Con fecha 16/08/2016 la recurrente efectúa una presentación titulada “Amnistía-Ley 27.260 art.56”, manifestando “que recientemente el Congreso Nacional ha dictado la ley 27.260 por la cual en su art. 56 ordena: (…)Es decir, la ley citada, ha ordenado la amnistía de todas las multas que se hubieren impuesto por la imputación de una infracción formal cometida antes del 31/05/2016 y para los casos en que la misma a dicha fecha no estuviere firme (…). En el presente caso, la Aduana resolvió denunciar a la actora por entender que ´surge diferencia entre el domicilio declarado como lugar de depósito de la mercadería y la aduana de comprobación de destino…El error se ve subsanado a poco que se lea todo el cuerpo del despacho´ya que con claridad dice el domicilio exacto donde se encontraría la mercadería (…) En honor a lo expresado, corresponde proceder sin más al archivo del presente por encontrarse alcanzado por la amnistía dictada por el Congreso Nacional” (conf. fs. 30/31).
En los términos expuestos, la pretensión de la actora (condonación de la multa) resulta inatendible, toda vez que no se verifica la existencia de un incumplimiento tributario que constituya el antecedente o factor justificante de la sanción y habilite el beneficio pretendido en cuanto a la multa en discusión.
En efecto, la infracción que se enrostra a la firma Monsanto S.A. se refiere a que al momento de oficializar la importación temporal n° 09008IT14000130C consignó como dependencia a cargo de la comprobación de destino de la mercadería importada, la aduana de Buenos Aires, cuando el lugar de depósito declarado en la misma fue la Ruta 12 km 83,1 Zarate Campana, constituyendo en definitiva un incumplimiento susceptible de afectar el debido control aduanero, entorpeciendo o dificultando el cumplimiento de ese objetivo de particular relevancia,.que sin embargo no ha generado obligación tributaria conexa alguna (conf. análisis efectuado por la CS en el precedente de Fallos: 345:849, al decidir una cuestión sustancialmente análoga a la aquí ventilada)
Es decir, no existe una obligación principal -resultante de la referida infracción- que pueda ser cancelada, de acuerdo con lo previsto en los arts. 55 y 56 de la ley 27.260.
Sin embargo, en función de la reseña normativa efectuada, resulta que la condonación se sujeta al acogimiento al régimen y posterior cumplimiento del pago de la obligación tributaria por la que se adhirió a aquél, mientras que, en el caso en examen, no se formuló un cargo por tributos que pueda relacionarse con la infracción reprochada a la accionante, por manera que no se configura un requisito esencial normativamente previsto que habilite la referida extinción.
Asimismo, no se surge que la actora hubiera desistido y renunciado a la presente acción, asumiendo el pago de las costas y gastos causídicos, circunstancias que tornan improcedente la habilitación del beneficio solicitado, en cuanto a las multas, objeto de discusión –art. 53 ley 27.260- (conf. esta Sala, in re: expte. 6665/2013 “Jas Jet Air Service Argentina SA c/ EN-AFIP-DGARES 580/13 Y O -SIGEA EXP 12182-583/12 Y O s/Dirección General de Aduanas”, del 15/12/2020, habiendo sido declarado inadmisible el recurso extraordinario, en los términos del art. 280 del C.C.C.C.N. el 26/04/2022).
X. Que, a esta altura del análisis es preciso advertir por un lado, que en la arquitectura de la ley 27.260, todo lo concerniente a la condonación de multas, se encuentra estructurado a partir de la satisfacción por parte del contribuyente, respecto de las obligaciones (formales o sustanciales) cuyo cumplimiento ha omitido y que como consecuencia de tal incumplimiento, se hubiere seguido también la imposición de la sanción, cuya extinción se encuentra naturalmente condicionada a tal satisfacción.
Por manera que desde esta perspectiva, no resulta susceptible de escisión lo concerniente a la multa (y su eventual condonación), de la existencia, determinación y consiguiente cumplimiento de las obligaciones omitidas, cualesquiera fuere su naturaleza; conclusión que por lo demás resulta abonada por el propio texto de la RG AFIP 4007-E (de fecha 3/03/2017), que al modificar diversos preceptos de la RG AFIP 3920, en todos los casos establece una sustancial e inescindible vinculación entre el beneficio de condonación y regularización de las obligaciones fiscales aduaneras (aún las de orden formal).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II
Y por el otro, que al tratarse el régimen de regularización previsto en la ley 27.260 de un mecanismo de excepción, la regla hermenéutica que impera en orden a la asignación de sus alcances exige considerar con estrictez y riguroso apego a la letra de sus preceptos, la inclusión de aquéllos supuestos de hecho que han de ser alcanzados por sus previsiones, lo que descarta naturalmente una interpretación extensiva o por “defecto”; de donde es imperioso concluir que aquéllos casos no comprendidos de manera expresa, tampoco podrán entonces considerarse incluidos -siquiera en forma tácita- en las previsiones del sistema.
De suerte tal que en el caso, al no mediar determinación de obligación fiscal alguna susceptible de ser cumplida (cualesquiera fuere su modalidad), la multa que motiva estas actuaciones se encuentra excluida del régimen de regularización previsto en la norma invocada por la recurrente, ya que de lo contrario y a expensas de la asignación de alcances irrestrictos al mecanismo que se viene analizando, se arribaría al extremo de considerar condonado el total de multas aduaneras impuestas, por el solo hecho de haber sido cometida la falta con anterioridad al 31/5/2016, con prescindencia de todo otro recaudo, lo que no parece haber sido el objetivo de la ley y menos aún resulta ajustado a una directa y razonable interpretación de sus previsiones (conf. esta Sala, in re: expte. 49654/2018 “Klabin Argentina SA c/ DGA s/Recurso Directo”, del 26/09/2018, fallo confirmado por la C.S.J.N. el 20/09/2022). En tales condiciones, cabe concluir que no concurren en el supuesto en estudio las condiciones previstas en la normativa aplicable que habiliten la condonación de las multas apeladas, por lo que corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el Fisco Nacional y revocar el pronunciamiento del 21/10/2022 en cuanto declaró condonada la multa, objeto de autos.
XI. Que sentado ello y, en la medida en que en los presentes autos el Tribunal Fiscal no se pronunció respecto a los planteos de fondo realizados por la parte actora en su escrito de apelación corresponde reenviar la causa al Tribunal Fiscal para que se expida a su respecto.
XII. Que en atención al modo en que se deciden las cuestiones traídas a conocimiento de esta Alzada por parte de los recurrentes y resultado final del pleito, al no advertirse razones suficientes para apartarse del principio general rector en la materia, corresponde que la totalidad de las costas generadas por estas actuaciones, tanto en lo concerniente a la actividad desplegada por ante el Tribunal Fiscal de la Nación así como por ante esta instancia judicial, sean soportadas por la actora, sustancialmente vencida (conf. artículos 68, primera parte, y 279, ambos del CPCCN y artículo 1163 del Código Aduanero).
Estas mismas circunstancias y análogos fundamentos, determinan naturalmente el rechazo del agravio de la actora en lo que al punto refiere.
En virtud de lo expuesto, SE RESUELVE: 1°) hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el Fisco Nacional y revocar el pronunciamiento del 21/10/2022, en cuanto declaró condonada la multa, objeto de autos; 2°) reenviar la causa para que el Tribunal Fiscal se pronuncie en cuanto al fondo de la cuestión y 3°) rechazar el recurso de la actora, en cuanto es materia de agravio e imponer las costas de ambas instancias a la actora, sustancialmente vencida (arts. 68, 1º parte y 279 del CPCCN y 1163 CA)
Se deja constancia que la Dra. María Claudia Caputi no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 R.J.N.).
Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.
JOSE LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA LUIS M. MARQUEZ
Fin de la sentencia