Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 37502-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la apelación del Fisco Nacional y, en consecuencia, revocar el pronunciamiento recurrido en cuanto fue materia de apelación, debiendo remitirse las actuaciones a la instancia de origen a efectos de dar expreso tratamiento a las restantes cuestiones planteadas en el recurso interpuesto por la parte actora y
2Imponer las costas a la actora vencida en relación al resultado de la decisión que aquí se adopta (cfr. arts. 68, 1° parte del C.P.C.C.N. y 164 y 198 de la L.P.T.).
Expte. N° 27482/2023.-
///nos Aires, 14 de mayo de 2024.- JMVC/RDS Y VISTOS, estos autos caratulados: “Monte de Pino S.A. (TF 37502-I) c/Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo”, y
I. Que por sentencia de fecha 18/10/2022, el Tribunal Fiscal de la Nación resolvió: “1°) Confirmar la Resolución Nº 75/2013 (DV RRMP), de fecha 12 de marzo de 2013, de conformidad con lo expresado en el Considerando VIII, con costas; 2°) Declarar la nulidad de la Resolución N° 398/15 (DV RRMP) de fecha 30 de octubre de 2015 apelada en autos, con costas y 3°) Confirmar la extensión de responsabilidad solidaria al Sr. Arturo Crisanto Letamendía, en su carácter de Presidente del Directorio durante el período fiscal 2009, con costas” (ver documento digitalizado, partes 1 y 2).
Asimismo, por resolución de fecha 14/02/2023 se regularon los honorarios de los profesionales intervinientes por las partes.
II. Que, el Tribunal Jurisdiccional Administrativo concluyó, por un lado, que no existe elemento alguno que le permita apartarse de la tesitura fiscal en cuanto a la impugnación del ajuste efectuado por la contribuyente al balance fiscal, toda vez que aun cuando ha tenido amplia posibilidad de producir prueba, se ha limitado a efectuar meros planteos de tinte formal, a los que consideró improcedentes.
De consuno, entendió que asiste razón al Fisco Nacional cuando sostiene que la entrega de determinadas sumas de dinero por parte de la sociedad a sus accionistas debe ser considerada una disposición de fondos a favor de terceros ajena al interés de la empresa y, por lo tanto, resulta de aplicación al caso el dispositivo previsto en el art. 73 de la L.I.G. (t.o. 1998 y modif.), razón por la cual el ajuste fiscal debe ser confirmado, con costas.
En igual sentido, confirmó la extensión de responsabilidad atinente al responsable solidario, Sr. Arturo Crisanto Letamendía, en su carácter de Presidente del Directorio durante el período fiscal 2009, de conformidad con lo establecido en los arts. 6, inc. d) y 8, inciso a) de la L.P.T. (t.o. 1998 y modif.), en tanto el nombrado ejercició dicho cargo durante el período fiscal bajo examen, los anteriores y posteriores, conforme surge de las actas de asamblea y directorio obrantes en las actuaciones administrativas.
En punto al aspecto sancionador -único tópico discutido actualmente-, el Tribunal Fiscal recordó que el Fisco Nacional mediante la Resolución N° 390/12 (DV RRMP), del 26/10/2012 confirió vista de los cargos formulados y de las actuaciones administrativas a la contribuyente actora. En el mismo acto, respecto de la conducta de la encartada se formuló reserva, conforme a lo dispuesto por el art. 20 de la ley 24.769, de la eventual instrucción de sumario para la aplicación de las sanciones contempladas en la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modif.), en el impuesto y períodos fiscales de referencia.
A partir de lo expuesto, señaló que respecto al período fiscal analizado - tanto en el acto por el cual se confirió vista como en la resolución determinativa de oficio posterior dictada bajo el N° 75/13 (DV RRMP) de fecha 12/03/2013-, ya se encontraba vigente la ley 26.735 (B.O. 28/12/2011).
Tal circunstancia, a juicio del Tribunal a quo, invalida la reserva legal efectuada por el “juez administrativo”, resultando en su consecuencia nula la resolución apelada, por la cual se le aplicó una multa a la actora, en los términos de lo establecido en los arts. 46 y 47 de la L.P.T.
En tal sentido, indicó que no obstante la argumentación teórica formulada por el “juez administrativo” en la resolución bajo examen, en torno al dictado por parte del Procurador General de la Nación de la Resolución N° 5/2012 (mediante la cual se instruyera a los señores fiscales con competencia en materia penal para que se opusieran a la aplicación retroactiva de la ley 26.735), no es menos cierto que dicha directiva no es vinculante para el Fisco Nacional.
A lo expuesto, agregó que mal puede confundirse el hecho de oponerse a la aplicación retroactiva de una ley en un proceso en trámite, con la no formulación de la denuncia penal correspondiente por parte del organismo recaudador, quien no ha demostrado en el caso concreto la radicación de la misma en sede penal y que conforme informaran en sus contestaciones de oficio los Juzgados Federales N° 1 y N° 3 de Mar del Plata (cfr. fs. 217/222 y fs. 231/232 del expediente en soporte papel), no surgen en sus sistemas causas penales seguidas contra la aquí actora.
Asimismo, hizo especial referencia a que tampoco se cumplió con lo dispuesto en el art. 74 de la L.P.T. (t.o. 1998 y modif.), el cual dispone que cuando las infracciones surgieran con motivo de impugnaciones u observaciones vinculadas a la determinación de tributos, las sanciones deberán aplicarse en la misma resolución que determina el gravamen.
En tal sentido, consideró que no puede convalidarse la apertura posterior del sumario infraccional, mediante el dictado de la Resolución N° 98/14 (DV RRMP) de fecha 3/06/2014 y el dictado de la Resolución Nº 398/2015 (DV RRMP), de fecha 30/10/2015 (resolución sancionatoria impugnada en autos). Ello por cuanto, entendió que un acto administrativo resulta nulo, de nulidad absoluta e insanable cuando presenta vicios de tal entidad o gravedad que impiden la existencia de alguno de sus elementos esenciales (cfr. arts. 7, 8, 14 y 15 a contrario, de la ley 19.549).
En esa línea de pensamiento, agregó que el art. 7 de dicha ley establece que son requisitos esenciales del acto administrativo, entre otros, la causa: deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; y la motivación: deberá ser motivado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto.
En cuanto atañe al caso bajo examen, sostuvo que encuadra en las prescripciones del art. 14 de la ley 19.549, el que transcribió, y luego señaló que debe tenerse en cuenta que el Fisco debe propender a resguardar debidamente el derecho de defensa por ante su sede y, por otro lado, destacó que su función -en tanto organismo jurisdiccional- es la de realizar un control de legitimidad sobre los contenidos de las resoluciones apeladas ante su instancia.
En casos como el presente, añadió, el acto recurrido no contiene los elementos mínimos para que puedan ser evaluados en su legitimidad por ante esa instancia jurisdiccional, por lo que -concluyó- no corresponde disponer su revocación sino decretar, directamente, la nulidad del mismo. Ello por cuanto, no procede la aplicación de la doctrina de la "subsanación", debiendo encontrar la misma su justo límite, para no terminar privando de sentido a todas las garantías que, indudablemente, enmarcan el procedimiento determinativo en sede fiscal. En consecuencia, declaró nula, de nulidad absoluta e insanable, la Resolución N° 398/2015 (DV RRMP) de fecha 12/03/2013, aclarando que deviene innecesario el tratamiento de la excepción de prescripción formulada por la apelante en atención al modo en que se resuelve.
III. Que, contra lo resuelto en cuanto a la declaración de la nulidad de la Resolución N° 398/2015, el Fisco Nacional interpuso apelación y presentó su memorial de agravios, en forma tempestiva.
La contraria no contestó el traslado oportunamente conferido.
Asimismo, la resolución por la cual se regularon los honorarios, fue apelada por la letrada de la parte actora y por la demandada (ver fs. 338 del expediente en soporte papel).
IV. Que, el Fisco Nacional desarrolló agravios únicamente con relación al punto 2°) de la sentencia del T.F.N., en tanto se declaró la nulidad de la Resolución N° 398/15 (DV RRMP), con costas.
En tal sentido, el Organismo Recaudador efectuó una reseña de la normativa involucrada, tanto legal como derivada, como así también refirió jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que efectuó una interpretación de la ley 26.735, para concluir sosteniendo que en el presente caso, no sólo los juzgadores no contemplaron la oscuridad normativa, la litigiosidad vinculada a la cuestión fallada o las resoluciones de otros órganos del propio Estado respecto de las cuales el organismo recaudador debe guardar coherencia y armonía en su proceder.
A continuación, desarrolló una argumentación vinculada a los elementos jurídicos formales requeridos por la ley 19.549 y la ley 11.683, enfatizando que se han complementado los procedimientos establecidos para su emisión, posibilitándose de ese modo que el contribuyente conociera con antelación la pretensión fiscal y, de ese modo, pudiera elaborar una adecuada defensa. En tal orden de consideraciones, manifestó que se ha decretado la nulidad de la resolución sancionatoria en homenaje a la nulidad; es decir, sin que la misma haya vulnerado el derecho de defensa de la firma actora, del mismo modo que presenta una adecuada motivación y causa.
Recordó la vigencia del art. 14 de la ley 19.549 y expresó que ninguno de los supuestos allí previstos encaja en la decisión adoptada por el Tribunal Fiscal de la Nación.
Además, indicó que se equivoca el T.F.N. al señalar como motivo central de la nulidad declarada, que el Fisco Nacional no habría cumplido en el acto apelado con lo dispuesto en el art. 74 de la L.P.T. (el mismo dispone que: “Cuando las infracciones surgieran con motivo de impugnaciones u observaciones vinculadas a la determinación de tributos, las sanciones deberán aplicarse en la misma resolución que determine el gravamen…”).
Sobre el punto, enfatizó que la disposición del artículo 74 de la ley 11.683 opera como una presunción de indemnidad cuando la A.F.I.P. -D.G.I. determina de oficio un impuesto y nada dice respecto de la voluntad de imponer una sanción de multa.
Sin embargo, consideró que esto claramente no sucedió en autos, puesto que no sólo se dejó en claro al determinar de oficio los impuestos, que tenía la intención y voluntad de aplicar sanciones infraccionales dolosas al contribuyente (tipificadas en el artículo 46 de la L.P.T., que mencionó expresamente), sino que dejó expresado que mantendría dicha aplicación suspendida a resultas de que podría llegar a tipificarse un encuadramiento delictivo penal (es decir una antijuridicidad más relevante que la propia infracción), alegando también expresamente la manda de reserva legal del artículo 20 de la ley 24.769. Es decir, el acto determinativo dictado con estas menciones expresas (tanto la intención infraccional formal, como la reserva de su aplicación por posible encuadramiento delictivo) no deja lugar a dudas que no puede sostenerse ni inferirse en modo alguno que opera la presunción de indemnidad que el T.F.N. utilizó para declarar una nulidad no alegada por el contribuyente.
Por último, en forma subsidiaria, solicitó que para el caso de que no sea revocado el pronunciamiento del Tribunal Fiscal de la Nación, en lo que resulta materia de agravios por su parte, las costas se impongan en el orden causado atento evidenciarse sobrados motivos para apartarse del principio general de la derrota.
V. Que en autos de debatió la legitimidad de la Resolución Nº 75/2013 (DV RRMP), de fecha 12/03/2013, dictada por el Jefe (Int.) de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Mar del Plata de la A.F.I.P. -D.G.I., mediante la cual determinó de oficio la obligación tributaria en concepto de Impuesto a las Ganancias, ejercicio fiscal 2009, por la suma de $ 140.286,72, con más la suma de $ 160.768,58 en concepto de intereses resarcitorios.
Asimismo, de la Resolución Nº 305/2013 (DV RRMP), de fecha 11/09/2013, dictada por el Jefe (Int.) de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Mar del Plata de la A.F.I.P. -D.G.I., mediante la cual se determinó la responsabilidad personal y solidaria del Sr. Arturo Crisanto Letamendía en su carácter de presidente del directorio de la empresa Monte de Pino S.A., y se lo intimó al pago de la suma de $ 301.055,30 en concepto del Impuesto a las Ganancias, período fiscal 2009, y sus intereses resarcitorios.
Por último, de la Resolución Nº 398/2015 (DV RRMP), de fecha 30/10/2015, dictada por el Jefe (Int.) de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Mar del Plata de la A.F.I.P. -D.G.I., mediante la cual se aplicó una multa en el Impuesto a las Ganancias ejercicio fiscal 2009, por la suma de $ 420.860,16 equivalente a tres veces el gravamen presuntamente evadido, encuadrada en los artículos 46 y 47 incisos “a”, “b” y “c” de la ley 11.683.
Se deja constancia que llega firme a esta instancia, lo discutido respecto de las Resoluciones N°s 75/2013 y 305/2013, importando únicamente materia de debate actual, la apelación fundamentada con relación a la declaración de nulidad de la Nº 398/2015; como así también lo atinente a las apelaciones interpuestas contra las regulaciones de honorarios.
VI. Que planteadas así las cuestiones a resolver, cabe destacar que en el estudio y análisis de las posiciones de las partes, se seguirá el criterio trazado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que establece que los jueces no estamos obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso con sustento en un pronunciamiento válido (cfr. C.S.J.N., Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970, entre otros y, en sentido concordante, esta Sala, in re, “HSBC Argentina Holdings S.A. - TF 48911-I c/D.G.I.”, Expte. N.º 19801/2021, del 1/07/2022, entre muchos otros). Asimismo, tampoco es obligación de los jueces ponderar todas las pruebas agregadas, sino sólo aquéllas que se estimen apropiadas para resolver el conflicto (cfr. Fallos: 274:113; 280:320; 291:390; 310:267; 321:1776 y esta Sala, in re, “Eidico S.A. -TF 46884-I c/D.G.I.”, Expte. Nº 22019/2017, sentencia del 5/12/2022, entre otros).
VII. Que, recapitulando, la declaración de nulidad efectuada por el Tribunal Fiscal de la Nación respecto de la Resolución N° 398/2015 (mediante la cual se impuso una sanción de multa en el Impuesto a las Ganancias, ejercicio fiscal 2009, encuadrada en los artículos 46 y 47, incisos a, b y c de la ley 11.683 –t.o. 1998 y modif.-), se sustentó en que tanto al tiempo del dictado del acto por el cual se confirió vista, como en la resolución determinativa de oficio posterior (N° 75/2013), se encontraba vigente la ley 26.735 (B.O. 28/12/2011) y tal circunstancia -según el criterio del Tribual a quo- invalida la “reserva legal” efectuada por el “juez administrativo”, en los términos de lo dispuesto por el art. 20 de la ley 24.769. Cabe aquí precisar que, por “reserva legal” se hace referencia a la mención efectuada en la Resolución N° 75/2013, en los siguientes términos: “…Que respecto del período fiscal 2009 del impuesto a las ganancias, no se procedió a la apertura de sumario porque el monto de impuesto a ingresar supera la condición objetiva de punibilidad prevista en el artículo 1° de la Ley 24.769.”; “Que en consecuencia, corresponde hacer reserva de la eventual aplicabilidad de sanción, en orden a lo establecido por el artículo 20 de la Ley citada en el párrafo anterior.” ; y “Que ello es así, por cuanto debe esperarse la existencia de una sentencia judicial definitiva y firme, que hará cosa juzgada en lo concerniente a la materialidad de los hechos.” (énfasis agregado, cfr. Resolución N° 75/2013, ver párrafos 2, 3 y 4 de la fs. 13 digitalizada).
VIII. Que, en orden a la consideración de la apelación del Fisco Nacional, es preciso comenzar por recordar que los actos administrativos gozan de la denominada presunción de legitimidad (cfr. art. 12 de la ley 19.549 y modificatorias y esta Sala, in re, “LDC Argentina S.A. c/D.G.I.”, Expte. Nº 91.325/2017, del 3/05/2018, entre muchos otros).
En tal sentido, se ha indicado que tal presunción implica la suposición de que el acto administrativo ha sido dictado con arreglo a las normas jurídicas que debieron condicionar su emisión.
Así la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha afirmado que la presunción permite inferir que toda la actividad de la Administración guarda conformidad con el ordenamiento jurídico, lo cual subsiste en tanto no se declare lo contrario por el órgano competente (cfr. Fallos: 319:1476, in re, “Alcántara Díaz Colodrero, Pedro”, del 20/08/1997, entre otros).
En palabras de Bartolomé Fiorini, el fundamento de este carácter deriva de la presunción general de validez que acompaña a los actos estatales: a toda ley se la presume constitucional, a toda sentencia se la considera válida, y a todo acto de la Administración se lo presume legítimo (cfr. autor citado, Derecho Administrativo, Bs.As., Abeledo-Perrot, 1976, 2da. edición, t. I, p. 348). A lo que cabe agregar que la revisión judicial de los actos concurre para enervar la presunción y, en todo caso, ello significa que la presunción puede ser desvirtuada ante un tribunal (cfr. Comadira, Julio R. -Monti, Laura M., colaboradora, Procedimientos Administrativos, Bs. As., La Ley, t. I, pp. 231/232 y sus citas).
Es, en razón de la vigencia de la citada norma, que le corresponde a la parte interesada, en ejercicio de su derecho de contradicción, ofrecer y producir prueba conducente a fin de derribar la presunción de legitimidad y evidenciar los pretendidos errores que afectarían a los actos administrativos impugnados (cfr. art. 377 del C.P.C.C.N., de aplicación supletoria por el art. 197 de la L.P.T. y esta Sala, en autos: “VZ Bath & Body S.A. (TF 36087-I) c/D.G.I.”, Expte. N° 12.109/2021, sentencia del 8/04/2022, entre muchos otros).
IX. Que, al respecto, se observa que en la resolución N° 75/2013 se hizo la pertinente “reserva legal” en los términos de la normativa vigente al momento del período fiscal involucrado (año 2009).
Si bien es cierto que el día 28/12/2011 se publicó en el Boletín Oficial la ley 26.735 -que, en cuanto aquí interesa, se limitó a actualizar los montos relativos al mínimo no imponible, llevándolo de $ 100.000 a $ 400.000-, lo cierto es que más allá de la mención normativa, la fecha del período fiscal involucrado y de la entrada en vigencia de la “ley penal más benigna”, lo real y concreto es que la reserva efectuada por el “juez administrativo”, en oportunidad de dictar la resolución determinativa de oficio, importó suficiente manifestación de voluntad estatal y noticia para el contribuyente, respecto de la intención del organismo recaudador de instar la aplicación posterior del régimen sancionatorio, ya sea este canalizado por conducto de la Ley Penal Tributaria (en el caso en que así correspondiere teniendo en cuenta los montos involucrados) o bien, del régimen sancionatorio previsto en la Ley de Procedimientos Tributarios, tal como aquí ocurrió.
En efecto, nuevamente, en cuanto atañe a la resolución de esta causa, la ley posterior (26.735), sólo elevó los montos del mínimo no imponible a los efectos de la persecución punitiva.
Bajo esta comprensión, corresponde analizar si la resolución impugnada, a cuyo respecto el Tribunal Fiscal de la Nación declaró la nulidad, por considerar que se encuentra viciada su causa, cumple con dicho requisito esencial del acto administrativo, conforme dispone el art. 7 de la ley 19.549, habiendo sido dictada de conformidad con lo dispuesto en las leyes que rigen la materia y debidamente fundada tanto en antecedentes de hecho, como de derecho.
Al respecto, cabe recordar que la expresión “causa del acto administrativo” es empleada por la L.N.P.A. para designar un concepto amplio que involucra a la serie de antecedentes o razones de hecho y de derecho que justifican su emisión (cfr. en sentido concordante, Hutchinson, Tomás, Régimen de Procedimientos Administrativos, Ley 19.549, Bs.As., Astrea, 4° Edición, 1998 y reimpresiones posteriores, pp. 82/85).
Por ser ello así, si al emitirse el acto administrativo (resolución sancionatoria en la especie), se ha errado en la invocación de la ley específica que regula la materia, el acto no es nulo, ya que el art. 14 de la ley 19.549 no prevé la sanción de nulidad para este supuesto.
En efecto, ni la voluntad de la Administración ha resultado excluida, ni aparecen incumplidos los requisitos esenciales del acto administrativo. Ello por cuanto, el “derecho invocado” no es falso o inexistente, tal como sería el caso de una norma derogada o jamás sancionada (cfr. en sentido análogo, Comadira, Julio Rodolfo/Monti, Laura Mercedes, Procedimientos Administrativos, Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, Anotada y Comentada, Bs.As., La Ley, T.I., 2002, y ediciones posteriores, pp. 305/vta. y sus citas), sino tan sólo erróneo puesto que no se citó correctamente la modificación acaecida con posterioridad, más de ningún modo se trató de una norma que modifique sustancialmente el aspecto regulado o menos aun que lo haya derogado.
Por ser ello así, de ninguna manera puede considerarse que la mera ampliación del monto a partir del cual corresponde la aplicación de la norma represiva, importe la invocación de un antecedente falso o inexistente de derecho, en la medida en que la ley posterior -como quedara dicho- respecto a esta causa, sólo se limitó a actualizar dicho monto.
A ello cabe agregar que, en el escrito recursivo ante el Tribunal Fiscal de la Nación, la parte actora no invocó concretamente, ni menos aún probó, una afectación al debido proceso adjetivo o al derecho de defensa con base en esta cuestión, sino que ese argumento fue introducido por el Tribunal a quo, al tiempo de fundamentar su posición.
Por manera que la decisión apelada no se ajustó a derecho, toda vez que la presunción de legitimidad de la resolución recurrida no se vio alterada por las alegaciones de la parte interesada, quién no ha logrado desvirtuarla eficazmente, razón por la cual no se ha hecho patente que el requisito “causa” del acto administrativo presente un vicio tal que, a la luz de lo establecido en el art. 14 de la L.N.P.A., habilite la declaración de nulidad.
En consecuencia, cabe concluir que el acto administrativo impugnado no se encuentra viciado en uno de sus requisitos esenciales: la causa en tanto derecho aplicable al caso -cfr. art. 7, inc. b de la ley 19.549- y, por ende, corresponde desestimar la declaración de invalidez -emitida en los términos de lo establecido en el art. 14, inc. b de la ley 19.549- de la resolución impugnada; motivo por el cual se revoca la decisión apelada y se dispone el reenvío del expediente al Tribunal Fiscal de la Nación a efectos de que, por intermedio de quien corresponda, se dicte un pronunciamiento que analice los restantes planteos defensivos, los que fueron soslayados en razón de la forma en que se resolvió (cfr. esta Sala, en autos: “Garber, Natalio (TF 43750-I) c/Dirección General Impositiva s/Recurso Directo de Organismo Externo”, del 24/02/2023, entre otros).
X. Que, en cuanto a las costas de esta instancia, corresponde imponerlas a la actora quien resulta vencida, en atención a la forma en que se resuelve (cfr. art. 68, 1° parte del C.P.C.C.N. y arts. 164 y 198 de la L.P.T.).
Por último, previo a tratar el recurso interpuesto por el Fisco Nacional por los honorarios regulados en su favor, deberán fijarse los emolumentos por lo que se revoca precedentemente. Oportunamente, elévese.
Asimismo, no corresponde tratar los recursos interpuestos por el Fisco Nacional y por la parte actora contra los emolumentos fijados en favor del letrado de ésta última, por no causarle agravio en atención al modo en que se resuelve precedentemente.
Por las razones expuestas, el Tribunal RESUELVE: 1°) hacer lugar a la apelación del Fisco Nacional y, en consecuencia, revocar el pronunciamiento recurrido en cuanto fue materia de apelación, debiendo remitirse las actuaciones a la instancia de origen a efectos de dar expreso tratamiento a las restantes cuestiones planteadas en el recurso interpuesto por la parte actora y 2º) imponer las costas a la actora vencida en relación al resultado de la decisión que aquí se adopta (cfr. arts. 68, 1° parte del C.P.C.C.N. y 164 y 198 de la L.P.T.). Se deja constancia que el Dr. Luís María Márquez no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N.).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA MARÍA CLAUDIA CAPUTI
Fin de la sentencia