Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 38577-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso interpuesto por el Fisco Nacional y, en consecuencia, confirmar la resolución del 14/08/2019, en todos sus términos y
2Imponer las costas de esta instancia a las partes por su orden (conf. art. 68, 2° párrafo, del C.P.C.C.N., de aplicación supletoria por conducto del art. 197 de la ley 11.683 -t.o. 1998 y modif.).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II
85187/2017.-
“MONTEFUSCO, JUAN CARLOS (TF 38577-I) c/DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”.
///nos Aires, 15 de julio de 2022.- PAF Y VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que mediante el pronunciamiento del 03/10/2016 la Sala “A” del Tribunal Fiscal de la Nación, por mayoría, confirmó las Resoluciones (DV SRR1) n° 353/13 y n° 354/13, emitidas por la A.F.I.P. -D.G.I. (Dirección Regional Sur), por la cuales se determinó de oficio la materia imponible del actor con relación al I.V.A. (períodos fiscales 1/08 a 12/09) y al Impuesto a las Ganancias (períodos fiscales 2008 y 2009), se liquidaron intereses resarcitorios y se aplicó una multa con sustento en el art. 45 de la ley 11.683 por ambos tributos, para el período fiscal 2008 (cfr. punto 1° del resolutorio).
A su vez, reencuadró la conducta del contribuyente con respecto al Impuesto a las Ganancias (período fiscal 2009) en el art. 45 de la L.P.T., graduándola en su mínimo legal (cfr. punto 2° del resolutorio) e impuso las costas en proporción a sus respectivos vencimientos (cfr. punto 3° del resolutorio).
Recurrido el aspecto vinculado al reencuadre por el Fisco Nacional, intervino esta Sala y dictó sentencia el 27/3/2018 anulando el pronunciamiento en cuanto a lo decidido respecto del reencuadre de la sanción de multa con relación al Impuesto a las Ganancias (período fiscal 2009) y, asimismo, revocó la imposición de las costas.
Tal decisión encontró su fundamento en que los votos que conformaron el pronunciamiento del 3/10/2016 difirieron en cuanto a la graduación de la sanción impuesta o bien, en su caso, se propuso revocar la multa –no cumpliendo de ese modo con lo dispuesto en el art. 184 de la L.P.T.–; motivo por lo cual se dejó sin efecto lo allí resuelto y se ordenó el reenvío de las actuaciones a la instancia anterior a fin de que, por intermedio de quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento sobre el punto.
II. Que devueltas que fueron las actuaciones al Tribunal Jurisdiccional Administrativo, en cumplimiento con lo ordenado por esta Alzada, la Sala “B”, con fecha 14/8/2019, emitió un nuevo pronunciamiento en el cual resolvió reencuadrar la conducta del actor – con relación al Impuesto a las Ganancias, período fiscal 2009– en el mínimo legal del art. 45 de la ley 11.683, con costas en el orden causado. Para así decidir, recordó que la multa oportunamente cuestionada por el contribuyente había sido impuesta, mediante la Resolución n° 353/13 con sustento en los arts. 46 y 47, inciso a) de la ley 11.683. Señaló que los ajustes confirmados que conforman el aspecto material de la multa bajo análisis consisten, por un lado, en la depuración de depósitos bancarios que superaban los ingresos por ventas declarados (cfr. art. 18 inciso g de la ley 11.683) y, por otro, la impugnación de gastos deducidos.
Indicó que sobre tal base se calificó la conducta del recurrente en el art. 45 de la ley 11.683 para el período 2008 y en los términos de los arts. 46 y 47, inciso a), del mismo cuerpo legal para el período 2009. En cuanto al aspecto subjetivo de la sanción recordó –y transcribió parcialmente– jurisprudencia emitida por el Tribunal a quo en la cual se indicó que el ilícito tributario previsto en el art. 46 de la L.P.T. requiere para su configuración la intención deliberada de no pagar el tributo en su justa medida y la realización de maniobras aptas para lograr este resultado, sin que ello sea advertido por el Fisco.
Además, agregó que en el caso del art. 47 del cuerpo normativo mencionado se produce por mandato legal la inversión de la carga de la prueba, correspondiendo en consecuencia al contribuyente probar que en la materialidad de los hechos que se enrostra, no se asentaba el dolo presumido o el acaecimiento de alguna circunstancia imprevisible, caso fortuito, fuerza mayor, error de hecho o de derecho excusable, a fin de ser eximida de responsabilidad.
Sobre ello, la instancia anterior, indicó: “…sí la administración fiscal optara por encuadrar la conducta en el art. 46 de la ley de rito, debería producir las pruebas pertinentes a tales efectos, pero si opta por invocar las presunciones del art. 47 –como en el caso de autos–, deberá acreditar CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II la circunstancia (hecho inferente) que, según la regla de la experiencia aplicable al caso de que se trate, permita establecer la necesaria relación de causalidad que admita la activación de dichas presunciones (hecho inferido), presumiendo el dolo como sustrato subjetivo imprescindible del ilícito de que se trata, e invirtiendo la carga probatoria”.
Por tanto, añadió el Tribunal a quo que, si se analiza la presunción utilizada en la especie, debe puntualizarse que el inciso a) del art. 47 de la ley 11.683 no es la simple contradicción lo que funda el presupuesto de hecho, sino que la misma requiere “gravedad”. Citó jurisprudencia en apoyo de su postura.
Esgrimió que la grave contradicción entre los libros, registraciones y documentos y las declaraciones juradas a que se refiere la norma citada, no se encuentra acreditada en la causa, ni tampoco surgen de los hechos ventilados en autos, ni de lo argumentado por el organismo fiscal. Por lo expuesto, afirmó que la demandada solamente identificó los hechos que dieron lugar a los ajustes, pero no demostró la tipificación pretendida, no se encuentra explicada ni acreditada la voluntad de producir declaraciones engañosas y ocultaciones maliciosas. Agregó que tampoco se explicó la razón por la cual, siendo que los mismos ajustes impositivos, en un período la conducta disvaliosa fue considerada culposa y, en el período siguiente, dolosa.
Sobre la base de todo lo expuesto, descartó la configuración de una conducta dolosa por parte del actor.
No obstante, y dado que existió un impuesto omitido y no se acreditó la existencia de un “error excusable”, reencuadró la conducta del apelante en el mínimo legal del art. 45 de la ley 11.683 y distribuyó las costas en el orden causado.
III. Que disconforme con lo decidido, con fecha 11/10/2019, interpuso recurso de apelación la parte demandada y expresó sus agravios, los cuales no fueron contestados por la parte actora. Solicitó se deje sin efecto lo decidido en el punto 1°) del decisorio impugnado en cuanto resolvió: “1.- Reencuadrar la conducta del apelante en el mínimo legal del art. 45 de la Ley 11.683, con costas en el orden causado”, denunciando que le causa agravio sólo la parte en la que se graduó la sanción en el mínimo legal previsto en la normativa invocada. Asimismo, desistió del recurso de apelación respecto del reencuadre de la multa como también por la imposición de costas tras considerar que no representaban un perjuicio concreto a su parte. Acompañó la autorización administrativa pertinente.
Luego de efectuar una reseña sobre los antecedentes de autos y la decisión recurrida, cuestionó la graduación de la multa aplicada por el Tribunal a quo sobre el fundamento de que la Sala interviniente incurrió en un evidente error en la apreciación de los hechos que, a su criterio, trasladó al mencionado reencuadre en tanto, consideró, que no se fundamentó la decisión. Citó doctrina en apoyo de su postura.
Alegó que los vocales se apartaron del criterio utilizado para confirmar las multas de los demás períodos fiscales las que fueron graduadas en el 70%, extremo que -señaló- no fue rebatido en su oportunidad.
Al respecto, manifestó que: “Se recuerda que en su oportunidad sostuvieron sobre la graduación de las restantes sanciones que “…toda vez que en el caso ha quedado acreditada la materialidad de la infracción prevista en el artículo 45 de la Ley N° 11.683, ante la inexistencia de error excusable previsto en la norma y habiendo sido la sanción adecuadamente encuadrada y ponderada, corresponde su confirmación” (énfasis agregado).
“Considerando que la conducta desplegada por la actora fue la misma para los distintos impuestos y períodos fiscales, no pareciera asistir lógica alguna al criterio adoptado de graduar las sanciones en diferentes porcentajes para un período que para otro”.
“Por otro lado, como surge de la sentencia, el criterio utilizado no fue fundamentado por los sentenciantes por lo que no se puede apreciar su acierto, en tanto luce injustificado e incongruente apartarse del parámetro establecido para los demás periodos fiscales…”.
IV. Que, en primer lugar, cabe destacar que en el estudio y análisis de las posiciones de las partes, se seguirá el rumbo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y de la buena doctrina interpretativa, CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II que establece que los jueces no estamos obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y que posean relevancia para decidir el caso con sustento en un pronunciamiento válido (cfr. C.S.J.N., Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970, entre otros; en igual sentido, esta Sala, in re, “San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales c/D.G.I.”, del 09/11/2017, entre otros).
Asimismo, es dable recordar que de conformidad con lo establecido por el art. 86 de la ley 11.683 (t.o. 1998 y modif.), en cuanto al análisis de las cuestiones de hecho y prueba relacionadas con la causa, se prevé una limitación en razón de la cual corresponde -en principioestar a lo decidido por el Tribunal Fiscal de la Nación, salvo que se demuestre que se ha incurrido en arbitrariedad manifiesta, en la valoración de dichos aspectos (énfasis agregado, cfr. esta Sala, in re, “Ferrari, Carlos Isidoro c/D.G.I.”, del 07/8/2014, entre muchos otros). En especial, la ley hace referencia a la ocurrencia de una violación manifiesta de las formas legales en el procedimiento ante el T.F.N., lo que habilitaría a esta Cámara a declarar la nulidad de las actuaciones, salvo que corresponda abrir a prueba la causa en esta instancia lo que, de por sí, constituye una situación excepcional.
Al respecto debe agregarse que una correcta hermenéutica del alcance del término manifiesta, indica que se está adjetivando al antecedente de modo patente, descubierto, claro, o sea, sin que resulte necesaria efectuar ninguna investigación para desentrañar lo oculto (cfr. doctr. de Fallos: 293:133, in re, “Pustelnik”).
V. Que, tal como surge de la reseña efectuada en el considerando I del presente y los términos en que fuera interpuesto el recurso de apelación por el Fisco Nacional, el reencuadre de la sanción de multa oportunamente aplicada al actor en los términos del art. 45 de la ley 11.683, con relación al Impuesto a las Ganancias/período fiscal 2009, y la imposición de costas dispuesta por el Tribunal a quo en el pronunciamiento del 14/8/2019, no fueron materia de agravios de las partes, por lo que, no corresponde que este Tribunal emita pronunciamiento respecto de tales cuestiones.
Por lo que cabe señalar que la intervención de esta Alzada se circunscribe al análisis de la apelación de la demandada, vinculado con la graduación de la sanción de multa, cuyo reencuadre fuera decidido en la instancia de origen, si se ajustó a derecho.
VI. Que a tales fines, es preciso señalar que este Tribunal ha sostenido en otra oportunidad, en la que se discutía un cuestión análoga a la presente, que: “… en lo concerniente a la reducción del quantum de la sanción a su mínimo legal, la jurisprudencia ha establecido que la naturaleza e importancia de la infracción es un elemento de relevancia para la graduación de la multa; lo mismo que los antecedentes registrados en la administración tributaria acerca del infractor; lo cual autoriza a atenuar la sanción cuando se trata de un infractor primario, en tanto que puede hacerse más intensa en el supuesto de reincidencia (cfr. C.S.J.N., Fallos, 225:412, citado por Giuliani Fonrouge, Carlos M. y Navarrine, Susana C., en Procedimiento Tributario y de la Seguridad Social, Ed. Abeledo Perrot, Bs.As., Undécima edición, 2010, p. 317)” –cfr. esta Sala, in re, “Colinas de la Paz S.A. (TF 35025-I) c/D.G.I.”, expte. Nº 47.724/2012, del 7/02/2013)” (cfr. esta Sala, in re, “Sánchez, Oscar Pablo c/D.G.I.”, causa N° 31.029/16, del 16/06/2016, cfr. considerando VIII y en sentido concordante, Sala V, in rebus: “Sermis S.A. c/D.N.C.I. –Disp. N° 790/10, Expte S01:281226/09”, causa Nº 12.823/12 y “Gómez Aguilar, Jorge (TF 25140-I) c/D.G.I.”, causa N° 36.134/13, del 31/8/2015). “Se señaló en dicha oportunidad, asimismo, que: “… si bien como principio, la graduación de la sanción es resorte primario del órgano administrativo, también debe tenerse en cuenta que el obrar de los poderes públicos no puede ser irrazonable o arbitrario. El ejercicio de las potestades discrecionales significa libertad de opciones dentro del marco jurídico, pero a su vez implica el deber de fundar con la mayor precisión la concurrencia de la conducta punible y la imposición de la adecuada sanción. Es necesario entonces, la existencia de un juicio de razonabilidad en el que primero se acredite la falta, se determinen sus circunstancias atenuantes y agravantes, se establezca qué pena puede ser acorde a ella y luego su monto…” (cfr. esta Sala, “Sánchez”, citado precedentemente y sus citas).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II
VII. Que, en el caso, el Tribunal Fiscal de la Nación en oportunidad de analizar la conducta reprochada, observó que la administración fiscal había constatado la existencia del impuesto omitido con relación al Impuesto a las Ganancias/período fiscal 2009 y que el actor no había desvirtuado la atribución del elemento subjetivo del ilícito.
No obstante, advirtió una falta de merituación concreta de los hechos que condujeron al juez administrativo a graduarla en los términos de los arts. 46 y 47, inciso a), de la L.P.T., por lo que resolvió su readecuación en el art. 45 del cuerpo normativo citado y su reducción al mínimo legal.
De lo expuesto se observa que para determinar el monto de la pena, el Tribunal a quo no ha hecho más que valorar circunstancias objetivas obrantes en las actuaciones administrativas como elementos atenuantes a la hora de, primero, reencuadrar y luego graduar la multa impuesta al actor en el mínimo legal previsto por el art. 45 de la L.P.T. Por lo tanto, cabe concluir que, contrariamente a lo sostenido por la recurrente, la reducción del quantum efectuada por el Tribunal Jurisdiccional Administrativo se advierte como razonable, no observándose la existencia de arbitrariedad o ilegalidad alguna que amerite su revocación.
A lo que cabe agregar que los agravios esgrimidos por la parte demandada se limitaron a disentir con la valoración que de los hechos, las pruebas aportadas y los antecedentes de la causa –tanto en su trámite, como en lo ya decidido y firme en la causa- hizo la Sala “B” del T.F.N., sin demostrar que en tales apreciaciones hubiera mediado un error de magnitud suficiente por parte del sentenciante que permitan apartarse de la aplicación del principio contenido en el art. 86 de la ley 11.683.
VIII. Que, de lo expuesto, se deriva que el recurso interpuesto por el Fisco Nacional no puede prosperar, debiendo ser desestimado y confirmada la resolución del Tribunal Fiscal de la Nación del 14/08/2019, en todos sus términos.
IX. Que, en atención a las particularidades de la causa, la forma en que se resuelve y que el Fisco Nacional pudo creerse válidamente con derecho, las costas de esta instancia se imponen por su orden (cfr. art. 68, 2° párrafo, del C.P.C.C.N., de aplicación supletoria por conducto del art. 197 de la ley 11.683 -t.o. 1998 y modif.).
Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 1º) rechazar el recurso interpuesto por el Fisco Nacional y, en consecuencia, confirmar la resolución del 14/08/2019, en todos sus términos y 2º) imponer las costas de esta instancia a las partes por su orden (conf. art. 68, 2° párrafo, del C.P.C.C.N., de aplicación supletoria por conducto del art. 197 de la ley 11.683 -t.o. 1998 y modif.).
Regístrese, notifíquese a la parte actora mediante cédula en formato papel en su domicilio constituido y al Fisco Nacional por cédula electrónica y, oportunamente, devuélvase.
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA LUIS M. MÁRQUEZ MARÍA CLAUDIA CAPUTI
Fin de la sentencia