Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa M-2054/15-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedidos los recursos de casación e inconstitucionalidad interpuestos por la actora a fs. 370/379 vta. y, en consecuencia, revocar las resoluciones emanadas de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, que obran a fs. 381/382 y 404 y vta..-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: M-2054/15-TSJ Interlocutorio N°: 3314.-
Actor: MONTENEGRO ADAN LORENZO Demandada: SANCHEZ LUIS M. Y OTRO Objeto S/ DAÑOS Y PERJUICIOS Fecha: 13-10-2017 Texto: TOMO XXVIII -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3314 FOLIO Nº 5518/5522 PROT. ELECT. TSS1 052 I.171
Río Gallegos, 13 de octubre de 2017.-
Los presentes autos caratulados: “MONTENEGRO ADAN LORENZO C/ SANCHEZ LUIS M. Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, Expte. Nº M-30.645/11 (M-2.054/15-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación e inconstitucionalidad interpuesto por el Dr. Ariel Darío Silva, en su carácter de letrado apoderado de la actora, a fs. 370/379 vta., contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 357/365, por cuanto confirmó la sentencia de Primera Instancia, que rechazó la demanda promovida por daños y perjuicios, con costas al actor (conf. foja 324).-
Ante esta solución, la parte actora interpone recurso de casación por violación de la ley o doctrina legal, porque entiende que se pone en cuestión la inteligencia de cláusulas de la Constitución Nacional, Constitución de la Provincia de Santa Cruz y arbitrariedad (conf. foja 371).-
Afirma la recurrente que “…la sentencia de la Excma. Cámara de Apelaciones incurre claramente para esta parte en la violación de la ley y de la doctrina legal aplicable. En efecto la misma realiza una aplicación impropia de la Ley ya que fundamenta a lo largo de su sentencia, no indicando en que artículo o ley se fundamenta para aseverar que mi mandante cometió una de las faltas establecidas en la Ley Nacional de Tránsito y por consecuencia en una infracción de tránsito […] los jueces de Cámara se equivocan toda vez que para que mi mandante cometa una infracción, debe transgredir una prohibición que debe estar en la ley, y dicha prohibición no existe en la ley nacional de tránsito 24.449. Los mismos no se han percatados [sic] que la propia ley de tránsito aplica la regla que para ellos se infringe solo a las vías semaforizadas, pero no a las calles sin semáforos como la de autos, la cual en autos queda claro que no se aplica. Que por ende la infracción indicada en la ordenanza Nº 2066 en su artículo 15, apartado 83 se rige precisamente a ese tipo de sanciones, sean en cruce de avenidas o calles de doble mano semaforizadas en que no se pueda girar a la izquierda, a excepción de que exista una señal que así lo permita - o sea un semáforo con indicación de giro a izquierda o sea una señal indicadora en el semáforo que la habilite a realizar dicha maniobra-. Ello es toda vez que para la infracción que intentan crear, no se encuentra como prohibición en la Ley Nacional de Tránsito, y por ende no se puede pretender crear una infracción en donde ello no ha ocurrido…” (cfr. fs. 371 vta./372 vta.).- Expresa que “…es inaplicable la prohibición del art. 44 inciso f de la ley 24.449, la cual la aplica sin mencionarla, aunque al citar la jurisprudencia en la página diez cuando cita a los Dres. Jorge Mosset Iturraspe y Horacio Daniel Rosatti intenta aplicar dicha regla a los hechos ocurridos en autos, no habiéndose percatado jamás de que dicha regla rige para las avenidas o calles de doble mano semaforizadas.” (cfr. foja 372 vta.).-
Luego realiza distintas afirmaciones respecto de los dichos de los testigos, sentido de circulación de calles, mecánica del accidente y valoración de la prueba realizada por la Excma. Cámara.-
También expresa que “…vengo a motivar el pertinente recurso de inconstitucionalidad, planteando a la vez la causa federal basado en la arbitrariedad…incurre en el vicio de inconstitucionalidad en el hecho de que lo emitido por los Jueces de Cámara, fundan su sustento en el artículo 15 inciso 83 el hecho ‘Girar a la izquierda en cruce de avenidas, o calles de doble mano’, pero no especificando en dicha ordenanza que se trata de las vías semaforizadas. El vicio de arbitrariedad se encuentra en el hecho de que la interpretación dada por los jueces de cámara permite aplicarla incluso a casos en donde la prohibición no existe como son las vías no semaforizadas, como el caso de autos, de allí, es que esta parte plantea su inconstitucionalidad atento a que transgrede la ley 24.449 que regula específicamente en su artículo 44 la prohibición de giro a la izquierda en calles o avenidas de doble mano semaforizadas…Que por ello resulta a todas luces la sentencia dictada por la cámara arbitraria, atento a que no ha pretendido siquiera valorar certeramente y en base a las reglas de la sana crítica las pruebas producidas en autos, ya que constantemente ha intentado justificar la comisión de la supuesta infracción de mi mandante cuando así ha quedado demostrado no es tal a lo largo de esta presentación.” (cfr. foja 377 y vta.).- Por último, solicita “…a fin de constatar lo indicado, siendo una prueba esencial para corroborar la visibilidad que indica el testigo y sea comprobada por V.E., y teniendo en cuenta que el lugar desde la fecha del siniestro hasta la actualidad puede haber cambiado en cuanto a su señalización, y sentido de calles, igualmente vengo a solicitar se disponga practicar en esta segunda instancia conforme las facultades del código de rito la prueba de reconocimiento judicial, consistente en: ‘Que a efectos de corroborar lo indicado en este escrito, solicito se realice una inspección ocular por parte de este tribunal en el lugar de los hechos para verificar sentido de circulación de calles, existencia de carteles indicadores de velocidad o prohibiciones de giro a la izquierda o derecha, ancho de la calzada, si hay una amplia visión para verificar la presencia de otros automotores en los distintos puntos (Presencia de lugares ciegos), y todo otro dato de interés vinculado con la circulación de automotores en el lugar…” (cfr. foja 379).-
II. Que, conforme han quedado planteados los recursos extraordinarios en tratamiento, los mismos pretenden encauzarse por el carril impugnativo establecido en el artículo 3, inciso a) -violación de la ley-, arbitrariedad y en el artículo 19 -recurso de inconstitucionalidad-, del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-.-
Cabe expresar, respecto del recurso de inconstitucionalidad, que este Tribunal ha sostenido que: “…en primer lugar, habiéndose planteado el recurso de inconstitucionalidad en forma conjunta con el de casación, sin desarrollarse argumentos sustanciales distintivos y autónomos, surge como adecuado resguardo jurisdiccional de los planteos de la recurrente, la evaluación a través de la casación, atento la inexistente fundamentación autónoma del remedio procesal intentado por el carril del artículo 19 de la ley 1.687…” (cfr. Sentencia, Tomo XIV, Reg. 495, Folio 2711/2719), aplicable al sub lite. Pues, al haberse interpuesto el recurso de inconstitucionalidad en forma conjunta con el de casación, sin una definición y fundamentación propia, impide su tratamiento independiente de las causas señaladas, siendo suficiente el análisis a través del andarivel del artículo 3º, inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- (conf. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo IV, Reg. 140, Folio 683/687). Asimismo, sostiene que “...Es que -corresponde decirlo- cada recurso tiene su especificidad técnica, requiriendo un planteo y una fundamentación autónomos y adecuados, y ante cuya ausencia la impugnación debe ser rechazada de plano...” (cfr. Sentencia, Tomo XIV, Reg. 495, Folio 2711/2719).- Si bien la recurrente esgrime la inconstitucionalidad de la sentencia, el recurso peca de falta de fundamentación, al confundir constantemente la arbitrariedad de la sentencia con su inconstitucionalidad. Ello se encuentra patente en los dichos de la propia recurrente, quien afirma en el apartado del recurso de inconstitucionalidad que “…El vicio de la arbitrarie-dad…resulta a todas luces la sentencia dictada por la cámara arbitraria […] la sentencia tal como ha sido emitida por la Excma. Cámara de Apelaciones resulta ser arbitraria…” (cfr. fs. 377/378). Tal confusión también se produce al momento de citar un fallo en apoyo a su postura, el cual trata el vicio de la arbitrariedad (conf. foja 377 vta.). Por lo que corresponde no hacer lugar al mismo.- Por otro lado, la recurrente se limita a invocar las garantías y derechos constitucionales que considera violados, sin que ello resulte suficiente, ya que es necesaria la fundamentación en forma suficiente e idónea de tales violaciones o repudios a la inteligencia de las normas constitucionales invocadas, todos ellos argumentos que imponen su rechazo.-
Sin perjuicio de ello, en el apartado correspondiente nos referiremos a la arbitrariedad alegada.-
III. Analizando el escrito en lo que respecta al recurso de casación, la parte actora sostiene que la sentencia en crisis incurre en violación de la ley y de la doctrina legal aplicable (conf. foja 371 vta.) y arbitrariedad.-
Al respecto, la Cámara resuelve la cuestión expresando que la peligrosidad de la maniobra realizada por el actor al girar a la izquierda en una calle de doble mano sin señal que lo permita motivó el accidente, habiendo incurrido en una falta expresa contemplada en el artículo 15, inciso 83 de la Ley Nº 24.449, no constituyendo los fundamentos una mera afirmación dogmática, sino el acogimiento a una postura jurisprudencial y doctrinaria (conf. foja 362).-
En igual sentido, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala D, ha expresado “La responsabilidad derivada de un accidente de tránsito no puede asignarse parcialmente al moticiclista (sic) embestido, toda vez que no hay elemento probatorio alguno que corrobore que obró con culpa, sino que, por el contrario, fue la conducta del conductor demandado la que ocasionó el siniestro, ya que intentó una maniobra sumamente riesgosa como es un giro hacia la izquierda invadiendo la contramano, sin extremar todos los recaudos previos, tal como cerciorase de tener expedita la vía correspondiente.” (cfr. sum. “Gil Víctor Daniel c/ Lofty Sudamericana S.A. y otros s/ daños y perjuicios”, del 21/10/2016, www.informaciónlegal.com.ar. Cita Online: AR/JUR/76569/2016).- Por su parte la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires sostiene que “…constituye una maniobra irresponsable, con incidencia en la relación causal, encarar en una vía de doble circulación el giro a la izquierda invadiendo la mano contraria, aún cuando en este caso …no se demostrara que ello estuviese vedado y que los automotores circularan a gran velocidad (conf. Ac. 76.725, sent. del 28-XI-2001), pues al realizar ese tipo de manejo deben extremarse los cuidados…” (cfr. “Ferro Ada María c/ Patrone Reynaldo y otro s/ Daños y perjuicios”, del 24/03/04 causa LP 82.273 S).-
Respecto a la arbitrariedad alegada, cabe señalar que “De acuerdo con el art. 44, inc. f) de la ley 24.449, ‘…en las vías de doble mano no se debe girar a la izquierda salvo señal que lo permita’. Se aplica a avenidas de doble mano, en las que no estén instalados semáforos, al igual que a calles de doble sentido de circulación, en las que no rija la prohibición de girar a la izquierda. En ambas hipótesis los conductores se enfrentan a una maniobra más peligrosa aún que la consistente en atravesar la encrucijada entre una calle y una avenida de doble mano. Al interponerse en la línea de marcha de quienes se desplazan por la mano contraria, el giro sólo debe intentarse cuando se tenga la certeza de poder cumplirlo sin peligro…La más leve imprudencia puede determinar la plena responsabilidad del conductor, ya que genera un peligro muy grave, no sólo por interponerse en la trayectoria de los que avanzan en sentido contrario, sino también para quienes circulan en su misma dirección…” (cfr. Beatriz A. Areán, “Juicio por accidentes de tránsito 2A”, 2º Ed., Buenos Aires, Hammurabi, 2010, págs. 387/388).- Aún reconociendo que sobre la materia pueden existir distintas opiniones doctrinarias o jurisprudenciales, la adhesión por parte del juzgador a una de ellas no habilita por sí sola la vía casatoria, ni en principio configura fundamento suficiente para agraviarse de violación de la ley o arbitrariedad. Y así se ha pronunciado este Tribunal, al decir que “Cuando existen distintas visiones sobre el ‘thema decidendum’, como sucede en el caso de autos, la adhesión a una teoría -por parte del Juzgador- no constituye materia que deba tratarse en casación, pues ello no implica -en principio- el haber incurrido en violación de la ley o arbitrariedad…” (cfr. Interlocutorio, Tomos XXII, Reg. 2813, Folio 4400/4404; XXIII, Reg. 2880, Folio 4541/4546; XXIV, Reg. 2977, Folio 4800/4803 y XXV, Reg. 3038, Folio 4915/4919). Más allá de la discrepancia con la postura asumida por la Cámara que la recurrente pudiera tener, lo cierto es que ésta se encuentra fundada y ha dado una solución razonable y equilibrada a la presente contienda.- Por tanto, se advierte que en estos agravios no se encuentra debida fundamentación que prevenga la violación de la ley o arbitrariedad.-
III. La recurrente constantemente cita dichos de algunos testigos que considera dan sustento a su posición. Debemos decir que surge que la embestida a la construcción lógica de la sentencia en crisis, gira en torno al cuestionamiento por parte de la recurrente de la valoración de hechos y pruebas de la causa (mecánica del accidente, análisis de la conducta supuestamente negligente del conductor demandado, valoración de testimonios) materia, a todas luces, improcedente en esta instancia extraordinaria.-
De modo tal que, como bien puede advertirse, la pretensión de la recurrente está dirigida a que se traten, en esta instancia extraordinaria cuestiones relativas a la existencia de responsabilidad del codemandado Luis Manuel Sánchez y de valoración de las circunstancias de hecho y prueba que las partes han traído al proceso y que han merecido ya la intervención de las anteriores instancias ordinarias. En este sentido, es dable señalar que los elementos fácticos del litigio no deben ingresar al tratamiento de la revisión casatoria, ya que el Tribunal que se ocupa de resolver este recurso sólo debe revisar la estricta aplicación del derecho, toda vez que en lo atinente a los hechos, los jueces de grado son soberanos y por consecuencia el relato histórico cumplido por éstos, escapa a la revisión del ad quem (conf.
Juan Carlos Hitters, “Técnica de los Recursos Extraordinarios y de la Casación”, Ed. L.E.P. S.R.L., 1998, pág. 382).- Las críticas esgrimidas sólo traducen diferencias de opinión con el Juzgador y no resultan suficientes para rechazar las consideraciones expuestas en el pronunciamiento recurrido, máxime frente a la excepcionalidad del remedio que se intenta. Los motivos impugnativos están directamente referidos a un defecto de apreciación legal en relación a los hechos, pruebas y constancias de la causa por parte de la Excma. Cámara de Apelaciones, o error de subsunción; esto es, se ataca la actividad de juzgamiento del “ad quem” referenciándose cuestiones de hecho y prueba que resultan ajenas a esta instancia casatoria (conf.
TSJ Santa. Cruz, Interlocutorio, VII, Interlocutorio, Reg. 991, Folio 1206/1208, entre otros).- Desde este cuadrante particular, entendemos que los fundamentos del recurso de casación resultan insuficientes para habilitar la vía extraordinaria, toda vez que el mismo se desentiende de las razones esenciales dadas en el decisorio. En el fallo recurrido, la Cámara explica, a los fines de establecer las responsabilidades de las partes, que ha considerado los dichos de los testigos, cuando afirma que el actor se agravia de una supuesta inadecuada interpretación de las pruebas colectadas “?y para ello se apoya en la declaración del testigo Méndez en cuanto que se trata de un ‘punto ciego’, pretendiendo que éste testigo dicte la regla de tránsito en el lugar.
El razonamiento del testigo Méndez no es cierto. Es precisamente quien va a invadir el carril contrario por el que avanza subiendo una loma…es quien debe extremar las precauciones. Montenegro debió haber rodeado la manzana para evitar el giro en infracción para cruzar la calle Azcuénaga. Y si hubiere actuado así al momento de encarar el cruce de esta calle le tendría que haber cedido el paso a Sánchez que circularía en este supuesto a su derecha.” (cfr. fs. 362 vta./363). Al respecto la recurrente únicamente manifiesta su disconformidad con la decisión, tomando parcialmente los fundamentos dados por la Cámara, y no apreciando los mismos en su conjunto. Surge de modo elocuente que la temática expuesta, tanto con relación al supuesto de arbitrariedad, como a la existencia de la responsabilidad del conductor y de la valoración de la prueba, se referencian a circunstancias de hechos y pruebas que resultan ajenas a esta instancia casatoria, sin llegar a producir una crítica razonada, profunda, contundente, “visceral”, concreta y eficaz de la estructura sentencial atacada (conf.
TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo II, Reg. 183, Folio 303/305; Sentencia, Tomo III, Reg. 120, Folio 561/567, entre otros), sin que se aprecie en la misma ausencia de fundamento, soslayamiento o desfiguración de los medios probatorios que la hagan aparecer ilógica en su conclusión (conf. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, fallo cit., entre otros).- Sólo el error palmario y fundamental autoriza la apertura de la casación para el examen de cuestiones de hecho. Ello, por cuanto se pretende impugnar las conclusiones emitidas respecto de cuestiones fácticas de la litis, responsabilidad de la demandada y valoración de la prueba, presentando su propia versión sobre las mismas sin que se realice un juicio crítico de los razonamientos desarrollados y la demostración de un error grave, trascendental y fundamentado.
Este Tribunal ha dicho que “…no promueve una cuestión para ser tratada en casación el recurso que solo trasunta una opinión diversa a la sostenida en las instancias de grado, insuficiente por ende, para demostrar que ésta conduzca a un apartamiento palmario de la solución jurídica prevista para el caso o adolezca de una decisiva carencia de fundamentación…” (cfr. Interlocutorio, Tomos XIX, Reg. 2463, Folio 3721/3724; XX, Reg. 2618, Folio 3914/3917, entre otros). En estas circunstancias el caso no puede sino fenecer en los Tribunales ordinarios, no siendo este Tribunal Superior de Justicia una nueva y tercera instancia para revalorizar y juzgar respecto de dichas cuestiones, salvo el caso de absurdo, o que se alegue y demuestre que se han violado las normas legales o las reglas de derecho que gobiernan esa interpretación, lo que no se advierte en el fallo recurrido.- Es así que la denuncia de arbitrariedad por absurda valoración de la prueba no encuentra sustento que habilite la apertura de la instancia extraordinaria.-
IV. No obstante que lo “ut supra” señalado es suficiente para rechazar el recurso, vale también resaltar que tampoco merece reparo el fallo atacado en cuanto no hace lugar a la realización de una inspección ocular pues, reiteradamente se ha sostenido sobre el punto, que la apertura a prueba en segunda instancia es excepcional y los supuestos de admisibilidad son de aplicación restrictiva. De este modo, “…sólo es admisible cuando se alega que ha mediado una declaración de negligencia o que la medida probatoria ofrecida en la instancia de origen ha sido mal denegada (confr. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala G, 29/04/1997, Palladino, Ricardo A. c. Garelli Busconi, Giorgio, La Ley, 1997-E, 1029).” (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXI, Reg. 2685, Folio 4097/4099).- En el especial caso que nos ocupa, la Cámara ha fundado debidamente su postura, no presentando la recurrente fundamentos suficientemente idóneos para atacar la sentencia en crisis. De esta manera, la Cámara afirmó que “…Nada hubiera agregado una inspección ocular pues la mecánica del hecho está clara (no obstante todas las versiones del actor) y no está en discusión que la calle Azcuénaga era de doble mano.” (cfr. foja 362 vta.). En virtud de lo ut supra expresado, consideramos que la recurrente no ha logrado fundar adecuadamente su recurso, correspondiendo rechazar lo solicitado.-
Que, en virtud de todo lo expuesto, doctrina y jurisprudencia citadas, los recursos de casación e inconstitucionalidad articulados por la actora a fs. 370/379 vta., no han logrado habilitar la presente instancia extraordinaria, por lo que corresponde declararlos mal concedidos, y en consecuencia, revocar las resoluciones emanadas de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 381/382 y 404 y vta. de conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-.-
Por ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia,
1. Declarar mal concedidos los recursos de casación e inconstitucionalidad interpuestos por la actora a fs. 370/379 vta. y, en consecuencia, revocar las resoluciones emanadas de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, que obran a fs. 381/382 y 404 y vta..-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso y en virtud de encontrarse vacante un cargo de Vocal (art. 27, 2º párrafo, de la Ley Nº Uno, t.o. Ley Nº 2404).-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos –Presidente; Dr. Daniel Mauricio Mariani –Vocal; Dr. Enrique Osvaldo Peretti –Vocal; Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal.-
Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1052I.171 Tomo: XXVIII Interlocutorio: 3.314.-
Folio N°:5518/5522.-
Secretaría: 1
Fin de la sentencia