Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de casación interpuesto a fs. 822/828 por la Defensa de YAMILA ALEJANDRA MONTENEGRO.
2Confirmar la sentencia dictada por la Excma. Cámara Criminal de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 806/810vta.
3Tener presente la reserva del caso Federal invocado a fs.827 vta. 4º)
PROVINCIA: SANTA CRUZ LOCALIDAD: RIO GALLEGOS FUERO: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA SECRETARIA: PENAL INSTANCIA: TERCERA INTERLOCUTORIO Nº: 009 OBJETO: RECURSO DE CASACIÓN FECHA:08/09/2022 AUTOS: MONTENEGRO, YAMILA ALEJANDRA S/ INF. ART. 79 C.P.
Los presentes autos caratulados “MONTENEGRO, YAMILA ALEJANDRA S/ INF. ART. 79 C.P.”, Expte. Nº 4600/18 (M-1165/19/T.S.J.), venidos al Acuerdo para resolver, y;
I.) Que, llegan los presentes autos a conocimiento de este Tribunal Superior de Justicia en virtud del recurso de casación interpuesto a fs. 822/828 por el Dr. Marcelo Ricardo Palenque, en su carácter de defensor público oficial de Yamila Alejandra Montenegro, contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara en lo Criminal de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 806/810 vta. que resolvió: “… 1º) CONDENAR a YAMILA ALEJANDRA MONTENEGRO, …, actualmente detenida… bajo la modalidad de prisión domiciliaria; a la pena de CINCO (5) AÑOS Y CUATRO (4) MESES DE PRISIÓN, con más accesorias legales y las costas del proceso (arts. 5, 12, 29 inc. 3º, 40 y 41 CP) como partícipe secundaria penalmente responsable en orden al delito de homicidio simple (arts. 46 y 79 del C.P..), por el hecho ocurrido en Las Heras, el día 14 de marzo de 2014 en perjuicio de Víctor Marileo SAYES, apodado “Chinito”…” (Ver fs. 810 y vta.). Que, dicho recurso fue concedido por el Tribunal de grado a fs. 830/831 y sostenido en esta instancia a fs. 838. Por su parte, y conforme la certificación actuarial de fs. 839, el Sr. Agente Fiscal Subrogante ante este Alto Cuerpo no ha adherido al recurso impetrado.
II.) La Defensa se agravia diciendo: “…se le imputó a mi defendida haber sido partícipe secundaria del homicidio simple ocurrido el 14 de marzo de 2014 en perjuicio de Víctor Sayes… de las constancias de autos surge con claridad la falta de acreditación de la intervención de Montenegro en las lesiones que le ocasionaron la muerte a Sayes… (ver fs. 824vta y 825).
Analiza que de la prueba pericial médica surge claramente que la muerte ocurrió por las lesiones producidas con un arma blanca y que dicho elemento no estaba en poder de su asistida “…Por ende, las lesiones que podrían haber sido efectuadas por Montenegro no causaron la muerte de Sayes, descartándose así la imputación de partícipe secundario que se le endilga. Los hechos que concluyeron con el fallecimiento de Sayes fueron ocasionados por las heridas de arma blanca que fueron efectuadas por el ya condenado LUCAS HERNÁNDEZ. En concreto, hubo un sólo homicida, juzgado y sentenciado por homicidio simple y además, no se ha podido comprobar la comunicabilidad de las circunstancias entre Hernández y Montenegro.” (f. 825). La defensa destaca que en la presente causa existe un estado de duda respecto a si su asistida efectuó algún tipo de lesión a Sayes. Pero que de existir esta no pudo causar la muerte, “…porque ello ya fue acreditado al condenar a Lucas Hernández, violándose el principio constitucional de "in dubio pro reo", respecto al mismo…” (f. 825).
Aclara que el hecho del que resultó muerto Víctor Sayes existió, que ha quedado claro que fue Lucas Hernández, con un arma blanca quien ocasionó las heridas que causaron esa muerte.
También que ha quedado claro que su asistida Yamila Montenegro estuvo en la casa donde ocurrieron los hechos al igual que los demás testigos o imputados; pero que al sentenciar en la presente causa no se tuvo en cuenta la presunción de inocencia de su asistida.
Continúa diciendo que: “… adjudicarle a mi defendida "el ánimo" o "intencionalidad" de causar la muerte como partícipe secundaria, parte de una presunción que vulnera ese principio de inocencia más allá de la duda razonable, en cuanto a que, la existencia del hecho que produjo la muerte de Sayes está acreditada, y por ello ya ha sido condenado Lucas Hernández. En definitiva no se encuentran reunidos los requisitos que exige el tipo legal que se le imputa…” (f. 826). Explica que el único testimonio que refiere que su asistida golpeó a Sayes, fue el de Jéssica Paola Alan que dijo que lo golpeó mediante puntapiés. “…En definitiva lo único que observó Jessica son "patadas" que supuestamente dio Yamila a Sayes, pero tales golpes nunca fueron causantes de la muerte, ya que fue contundente la pericia médica en cuanto a que la muerte fue provocada por herida de arma blanca…” (f. 826). Continúa diciendo que: “… Podría en todo caso -aunque no se acreditó fehacientemente- endilgarse a Montenegro la figura de lesiones leves o graves, pero nunca tales lesiones pudieron ser mortales, pues las heridas mortales fueron las ocasionadas por Hernández con el arma blanca, y tampoco se determinó cuáles pudieron ser los golpes que podrían haber sido efectuados sólo por Montenegro. Tampoco hay prueba contundente de que mi defendida haya cooperado para consumar el homicidio de Sayes ni para ayudar a sacarlo de la vivienda.” (fs. 826 y vta.). Por lo que, en lo que respecta a este punto, concluye que no resulta de aplicación el art. 46 del C.P., en tanto Montenegro no cooperó de manera alguna a la ejecución que provocó la muerte, ni prestó una ayuda posterior cumpliendo una promesa anterior.
En el siguiente apartado solicita, para el caso que no se haga lugar a la revocación de la sentencia, que se reduzca la pena aplicada por debajo del mínimo legal aplicado por la Excma. Cámara Criminal de la Segunda Circunscripción Judicial; citando doctrina que sustenta su petición.
Por último, hace reserva del caso Federal.
III.) En principio corresponde destacar que la presentación impugnativa esgrimida por la defensa no satisface el requisito de "autosuficiencia" que caracteriza a todo recurso extraordinario, conforme ordena el art. 446 del C.P.P., en razón que el libelo recursivo "...debe bastarse a sí mismo..." (Francisco D´Albora, "Código Procesal Penal", pág. 855, Abeledo Perrot, 1999), reseñando los antecedentes de la causa y "...la invocación exhaustiva de las normas que se dejaron de lado o no fueron correctamente comprendidas por el tribunal en su aplicación al caso..." (autor y obra citada), exigencia establecida en la ley para colocar a los magistrados en condiciones de resolver acerca de la admisibilidad de la instancia cuya apertura pretende la parte recurrente (Juan Carlos Hitters, "Técnica de los Recursos Extraordinarios y de la Casación", págs. 628/629, LEP, 2º edición).
De igual manera se ha sostenido que constituye un deber del recurrente fundamentar sólidamente su impugnación si pretende la apertura en casación de modo excepcional, frente a la hipótesis de un notorio apartamiento de normas, garantías o preceptos constitucionales que resguardan la defensa en juicio y el debido proceso legal, o ante una flagrante violación de las normas procesales que afecten de manera evidente a la parte, que pudiere descalificar el acto sentencial válido en mérito de graves vicios intrínsecos que invalidaran el pronunciamiento; al respecto, en la presente causa la técnica recursiva de mención se encuentra ausente, incumpliendo el mandato legal de "fundamentación autónoma" para lograr la apertura de la instancia casatoria.
En este sentido Oscar R. Pandolfi ("Recurso de Casación", Ed. La Rocca 2001, pág. 335) sostiene con relación al tema "...Uno de los requisitos formales esenciales para la fundamentación adecuada del recurso de casación es la completitividad del escrito de interposición, el cual se debe autoabastecer, a efectos de que el tribunal respectivo pueda, mediante su sola lectura, interiorizarse de los alcances de la materia recurrida, esto es el proceso y de la sentencia en él recaída...", a continuación el mencionado autor agrega diversos casos jurisprudenciales en abono de su postura: "... En la exposición del motivo del recurso de casación, y como requisito de admisibilidad, el recurrente debe indicar la ley que considera erróneamente aplicada y consignar cuál es la ley cuya aplicación pretende..." (ST Corrientes, 26/9/94, "Rey, Juan P.", DJ, 1995-1-40.
Lexco, 000149322), "...no basta con sostener que la sentencia recurrida viola genéricamente el deber de razón suficiente -o falta de motivación adecuada- sino que el recurrente debe demostrar clara y contundentemente que el razonamiento seguido por la Cámara es absurdo, incoherente, violatorio de las leyes de la lógica o basado en un concepto personal y arbitrario de los jueces..." (STJRN, SE 111/92, "Reuque, Daniel G. S /robo calificado s /casación" 27/8/93). Así como en la motivación de la sentencia debe hacerse un estudio de todo el proceso, la fundamentación del recurso debe llevar también a cabo un balance crítico de la providencia que trata de destruir; esto es, si se les exige a los Jueces que se esmeren para apontocar sus fallos, también debe exigirse la debida fundamentación del recurso para sostener el embate (Juan Carlos Hitters, “Técnica de los Recursos Extraordinarios y de Casación”, pág. 421, LEP, 1º edición y T.S.J., Santa Cruz, Tº I, - Interlocutorio -, Rº 101, Fº 199/202; Tº VII, Rº 11, Fº 040/043, entre varios).
La petición en estudio resulta –pues- carente de fundamentación, insuficiente e inoperante para alcanzar el estado excepcional de la casación. Ello así, por cuanto en el escrito casatorio, solamente se limita a cuestionar la supuesta falta de fundamentación de la sentencia, sin efectuar una crítica razonada y pormenorizada del fallo; en igual sentido la defensa se agravia ante una errónea valoración del Tribunal, fundando su razonamiento pero no mencionando si se ha omitido la valoración de algún elemento de prueba en perjuicio de su asistida y cuál sería la consecuencia de no haber incurrido en esa omisión. En resumen, y sin perjuicio de pecar de reiterativo, la apertura de esta instancia de excepción, requiere una formal y pormenorizada crítica del fallo condenatorio, circunstancia que ha omitido el recurrente.
IV.) No obstante la objeción recursiva analizada, este Alto Cuerpo ingresará al tratamiento de los motivos expuestos por la defensa en su presentación casatoria, conforme la doctrina fijada por la C.S.J.N. en el sentido que “...La interpretación del art. 456 del Cód. Procesal Penal de la Nación conforme la teoría del máximo rendimiento, la cual exige al tribunal competente en materia de casación agotar su capacidad revisora, archivando la impracticable distinción entre cuestiones de hecho y derecho, implica un entendimiento de la ley procesal penal vigente, acorde con las exigencias de la Constitución Nacional y la jurisprudencia internacional...” (“Casal, Matías E. y otro”, 20/IX/05, La Ley Suplemento Penal octubre 2005). En igual sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo "...El examen de la decisión recurrida debe ser integral, con el objeto de no incurrir en un remedio procesal meramente formal que infrinja la esencia misma del derecho a recurrir el fallo condenatorio..." (CIDH "Herrera Ulloa vs. Costa Rica" del 02/07/2004).
En este orden de ideas y dentro de este contexto, también resulta conveniente destacar que lo único no revisable es lo que surge directa y únicamente de la inmediación.
Es dentro de este marco donde corresponde analizar los argumentos esgrimidos por el recurrente.
V.) Para atender adecuadamente los agravios defensivos, es necesario traer a colación, los hechos asumidos en el fallo que se encuentra bajo estudio de este Tribunal y que constituyen el objeto de reproche de la defensa.
Así las cosas, la sentencia de la Excma. Cámara en lo Criminal de la Segunda Circunscripción Judicial consideró probado en base a la descripción efectuada por el Sr. Fiscal de Cámara que: “… en el hecho ocurrido en la localidad de Las Heras, el día 14 de marzo de 2014 a partir de las 05:30 hs. aproximadamente, en circunstancias que la imputada en connivencia con Lucas Emanuel HERNANDEZ, encontrándose en el interior de la vivienda ubicada en calle Rivadavia N* 574, más precisamente en el ambiente destinado a dormitorio, agredieron físicamente al ciudadano Víctor Marileo SAYES mediante puntapiés en la cabeza y golpes de puño, hasta dejarlo en un estado de indefensión y semiconciencia, tras lo cual la imputada junto a Hernández arrastraron hasta el sector de la cocina de la vivienda, para luego continuar con las agresiones físicas mediante golpes de puño, en tanto Lucas Hernández lo agredió en varias oportunidades mediante la utilización de un objeto punzocortante envuelto en un trozo de cartón, continuando la agresión en la parte externa de la vivienda con la intención de causarle la muerte, para luego retirarse raudamente del lugar. Que las lesiones causadas ocasionaron la muerte de Víctor SAYES a raíz de un taponamiento cardíaco y perforación de la tráquea por una herida de arma blanca, conforme se acredita con el certificado médico expedido por la Dra. Patricia Ochoa de fs. 8, del certificado de defunción de fs. 51/52 y del informe de autopsia de fs. 77/81, ambos expedidos por el Dr. Rubén Vera Maydana…” (ver fs. 807 y vta.). La defensa centra sus agravios sosteniendo: a) inobservancia o errónea aplicación de la ley; b) arbitrariedad de la sentencia como consecuencia de una absurda valoración de la prueba que llevaron a considerar a su asistida como partícipe secundaria del delito de homicidio y c) subsidiariamente, solicita se reduzca la pena aplicada por debajo del mínimo legal.
Sintetizados que han sido los agravios de la defensa, corresponde proceder a examinar de manera integral el fallo en crisis.
VI.) Ingresando al tratamiento de los motivos invocados por el recurrente, corresponde advertir que los argumentos empleados por el recurrente delatan su discrepancia con la valoración de la prueba efectuada por los Sres. Jueces quienes concluyeron en la certeza del hecho objeto de este proceso, más no la prescindencia de prueba con aptitud para tener incidencia en el fallo.
Esta proposición se expone para mostrar que los agravios de la defensa no exhiben una hipótesis de arbitrariedad. La sentencia no ha marginado ningún elemento de prueba, ingresado al debate, cuya consideración hubiera llevado a un fallo distinto. Sabemos que, efectivamente, una sentencia que prescinda de ponderar prueba relevante ingresada legítimamente al proceso, constituye una hipótesis de arbitrariedad, pues, la motivación o fundamento del fallo ha de ser, necesariamente, incompleto, por tanto parcial. No se advierte que la sentencia impugnada incurriera en valoración absurda de la prueba, pues en el voto del juez preopinante (al que adhirieron los otros integrantes del cuerpo), se vincula con criterio lógico los elementos de convicción colectados en la causa; por lo que no puede catalogarse como arbitrario al pronunciamiento.
En la sentencia de fs. 806/810 y vta., se aprecia que los medios probatorios han sido analizados en forma conjunta y concatenada -Informes, certificados médicos, testimonios, autopsia- e interpretados y valorados en correcta subsunción al hecho reprochado, exhibiendo una solvente apreciación de la prueba ingresada al proceso a través de la sana crítica.
En tal sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sobre la doctrina de la arbitrariedad -desde sus inicios- estableció la distinción entre aquella y el error, pues sostuvo que le competía intervenir sólo "...en los casos extraordinarios de sentencias arbitrarias, desprovistas de todo apoyo legal, fundadas tan sólo en la voluntad de los jueces, y no cuando haya simplemente interpretación errónea de las leyes, a juicio de los litigantes..." (Fallos, 112:384, 2/XII/1909, "Rey, Celestino c/ Rocha, Alfredo y Eduardo"). Es dable agregar que este Alto Cuerpo ha hecho suyo el criterio aplicado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto a la arbitrariedad en interlocutorios tales como "Miranda, Epifanio Ulises s/ infracción art. 119 CP", Tº XIV, Rº 017, Fº 084/094; "Soto, Víctor Ramón s/ homicidio simple" Tº XIV, Rº 014, Fº 066/077; "Muñoz Juan Carlos s/ robo calificado por el uso de arma de fuego..." Tº XIV, Rº 004, Fº 014/019; "González, Bernardo Neris Oscar s/ privación ilegal de la libertad calificada en c/r..." Tº XIII, Rº 022, Fº 119/126; "Moraes Omar Enrique s/ apremios ilegales", Tº XIII, Rº 27, Fº 152/156; "Zamora, José Eduardo s/ incendio seguido de muerte" Tº XIII, Rº 34, Fº 191/199; entre otros. En resumen, no resulta viable impugnar la fundamentación del fallo como lo hace la defensa, sobre la base de un punto de vista diferente, puesto que no ha demostrado que en el pronunciamiento condenatorio, haya incurrido arbitrariamente en un apartamiento del derecho aplicable o en omisiones sustanciales en la valoración de la prueba; siendo la discrepancia y reedición de lo expuesto en el alegato en la interpretación de los hechos, insuficiente para sustentar la tacha de arbitrariedad.
VII. Por el contrario la Excma. Cámara en lo Criminal de la Segunda Circunscripción Judicial realizó una clara valoración de la prueba, analizando parte de los elementos incorporados por lectura al debate.
Estos elementos de prueba incorporados al proceso durante la instrucción y admitidos como pertinentes y útiles por la Excma. Cámara en lo Criminal de la Segunda Circunscripción (ver fs. 777) permiten demostrar acabadamente tanto la materialidad como la responsabilidad que sobre el le cabe a la imputada.
Véase que la Materialidad del hecho se encuentra suficientemente acreditada con el certificado médico (obrante a fs. 8) en el cual la Dra. Patricia Ochoa, del Hospital Distrital de Las Heras, da cuenta que siendo las 6:50 horas del día 14 de marzo de 2014, a pedido del personal policial realiza un reconocimiento de un cadáver en la vía pública “…el mismo se halla sin signos vitales presentes al momento de nuestra llegada. Presenta lesiones en región anterior de Tórax, de <1 cm de longitud; lineales, compatibles con heridas por objeto cortante-punzante en número de 3 (tres) que se pudieron evidenciar en el lugar donde el cadáver se encontraba…”. Acto seguido ubica en qué lugares se encontraban esas lesiones y aclara que no se observan otras lesiones evidentes. Este primer informe fue corroborado por la autopsia de fs. 67/71 en donde se describió acabadamente cada una de las lesiones punzocortantes que causaron la muerte de Víctor Marileo Sayes ubicadas dos en el tórax y otra en el cuello.
Como se desprende de la lectura de las partes pertinentes del expediente, estas lesiones habrían sido causadas por el autor del hecho Lucas Hernández, quien ya fuera condenado por el delito de Homicidio Simple con anterioridad a este Juicio.
Sin embargo, en lo que aquí nos interesa, esta autopsia también contiene una detallada descripción de las lesiones previas al deceso que tenía el cuerpo de quien en vida fuera Víctor Marileo Sayes.
Concretamente del examen traumatológico (ver fs. 68) se desprenden las siguientes lesiones:
a- “…Sobre la pirámide nasal herida contuso cortante, fractura expuesta de huesos de la nariz…”
b- “…Excoriaciones, equimosis y hematomas sobre ambos pómulos…”
c- “…Edema, hematoma y lesiones contuso cortantes de la parte interna de la parte anterior del labio superior, por contragolpe contra las piezas dentarias. Extensa colección hemática en el labio inferior…”
d- “… Lesión cortante superficial sobre el mentón, en sentido derecha a izquierda de seis cm de longitud…”
e- “…Equimosis y hematomas en ambos hombros, en el tórax dorsal lado derecho, en tórax anterior, cercano al reborde costal anterior derecho, todas con una superficie aproximada entre 8x12 cm. No se puede precisar el elemento con o contra cual fueron inferidos, sí que este resulta contundente, posiblemente plano o romo…”
f- “…Hematomas en ambas manos a nivel tenar y parte de la palma…”
g- “…Hematomas a nivel de ambas crestas ilíacas…”
h- “…Hematomas sobre cara anterior de la pierna derecha…”
Mientras que en el apartado de su examen Interno (ver fs. 68/69) se desprende lo siguiente:
I. “…A la apertura del cráneo en la cara interna del cuero cabelludo se observan áreas de hematomas a nivel de ambos lados frontales, y a nivel del área occipital…”
II. “… Arco posterior de la sexta costilla derecha fracturado…”
III. “… Genitales externos, escroto equimosis…”
Concretamente, el Forense al analizar estas lesiones – las cuales no fueron la causa eficiente de la muerte- en el apartado Consideraciones Médico Legales refiere: “… El occiso presenta politraumatismo, puesto de evidencia por las lesiones cerradas en cuero cabelludo, la fractura expuesta de huesos propios de la nariz, las lesiones contusas cortantes en la boca. Estas lesiones previas a el apuñalamiento han puesto a la víctima en indefensión, no se registran lesiones que puedan relacionarse a la defensa. La fractura del arco posterior costal, aboga a la violencia del ataque al que fue sometido la víctima…” (Ver f. 69). Ahora bien, acreditada la materialidad del hecho corresponde analizar si se encuentra suficientemente probada la responsabilidad de Montenegro con algún tipo de participación, en la comisión del mismo.
Al respecto se considera fundamental el testimonio de Jessica Paola Alan obrante a fs. 39/40, quien explica que el día 13 de marzo de 2014, alrededor de las 13:30 horas la víctima –a quien identifica como “Chinito”- ya se encontraba con golpes en su rostro, los cuales habrían sido provocados por Gabino Bazán por un supuesto abuso por parte de Sayes a la hermana de Bazán. Pese a ello deja en claro que ambos se encontraban en esos momentos juntos en la casa de su padre. Ella se retiró del domicilio y al regresar confirmó que los mencionados junto a otras personas se encontraban bebiendo, para posteriormente retirarse todas esas personas que allí se encontraban a un bar.
Aclara que alrededor de las 5:30 hrs. del día 14 de marzo de 2014, escuchó que regresaron al domicilio Gabino Bazan, “Cuchi”, “Chinito”, Lucas Hernández y Yamila Montenegro. Que en ese momento el occiso le solicitó si se podía acostar en su habitación, a lo que ella accedió y le dio una frazada; quedando Sayes en la habitación junto a su hija que dormía en un carrito.
Mientras se encontraba en la cocina con el resto de los presentes, Lucas y Gabino se levantaron para hablar y se dirigieron a la habitación donde estaba durmiendo “Chinito” a los que les pidió que salgan que estaba durmiendo la beba. Como no le hicieron caso, ingresó y vió que Lucas Hernández le estaba pegando patadas en la cabeza a “Chinito”; refiere que “… sacan a Lucas de la habitación a la cocina y yo me quedé hablando con “Chinito”, pero él no me contestaba, él se encontraba sentado en el colchón, posterior a esto ingresa Yamila Quien empieza a pegarle … y atrás va Lucas y comienza a pegarle los dos… comenzaron a arrastrarlo hasta la cocina… y le seguían pegando…” (ver f. 39 vta.). Explica que había mucha sangre y se descompuso por lo que tomó a su hija y se retiró a la casa de una amiga; al volver encontró a Sayes tirado en el suelo en la parte externa de la casa “… lo alumbré con el celular… su panza estaba tensa por lo que percibí que estaba muerto, mientras tanto vi que Yamila le seguía pegando en la cara con un cinto, mientras que el resto de las personas se encontraban adentro de la casa…” (ver fs. 40). Al ampliar sus dichos a fs. 105/106 aclaró que cuando retornó al domicilio vió a Sayes tirado afuera de la casa con la remera levantada, que lo alumbró y al notar la panza tensa supuso que estaba muerto; al ingresar vió que Yamila estaba dentro del domicilio pero que al salir – luego de agarrar leche para su bebé- esta se encontraba golpeando a Sayes en el rostro con un cinto de cuerina blanca. De este testimonio, queda claro que Montenegro tuvo una activa participación en la ejecución del hecho y al analizarla con el resto de los elementos de prueba queda claro que su accionar no fue la causa eficiente de la muerte.
Es necesario marcar que la participación de una persona que colabora en la ejecución de un ilícito en forma dolosa, lo hace en la medida en que participa en un hecho ajeno, en el cual no tiene el dominio del hecho (conf. Zaffaroni Eugenio R. (2019). Código Penal, t. 2. (3ª Edición) Hammurabi. Pág. 415).
Por ello que se tiene dicho que: "…la punición de un partícipe se debe a una extensión del tipo penal: el partícipe no ha realizado el tipo y, sin embargo, es punible en la forma proporcional indicada en esas normas y en referencia a la escala penal correspondiente al hecho en el que participó…" (Zaffaroni Eugenio R. (2019). Ob. cit. pág. 415).
Queda claro que la colaboración en la comisión del hecho de Montenegro (golpeando a Sayes en varias oportunidades durante el tiempo que duró la agresión), no puede considerarse como indispensable para la comisión del delito. Justamente porque no utilizó el arma homicida, ni propinó golpes que probablemente hubieran llevado a ese desenlace.
Sin embargo, no quedan dudas que su participación en el curso causal comenzado por Lucas Hernández, comenzó frente a una persona totalmente indefensa que -por la descripción que hizo Jessica Alan en su relato- a esa altura tenía su rostro lastimado y estaba perdiendo mucha sangre.
Además, cabe destacar que ella necesariamente tuvo que observar cuando el autor del hecho utilizaba un arma blanca para herir a Sayes; y sin embargo, lejos de cesar con su actitud o modificarla, continuó con su agresión.
Esto lleva a inferir que el dolo de Montenegro abarca todos los elementos que configuran la ilicitud del comportamiento del autor, circunstancia que descarta la aplicación del supuesto del Artículo 47 del Código Penal.
Por lo expuesto se considera que la calificación adoptada por los Magistrados de la Excma. Cámara Criminal de la Segunda Circunscripción Judicial ha sido ajustada a derecho.
VIII. En lo que respecta al agravio defensivo referido a la graduación de la sanción aplicable, en principio, corresponde sostener que la fijación del quantum de la pena, es una facultad que le compete a los jueces y solamente es revisable en casación, cuando se demuestre su arbitrariedad; es decir que la potestad de la cual se encuentran investidos, no exime a los sentenciantes de fundar debidamente los motivos que lo llevaron a arribar a una pena determinada. Dentro del contexto señalado, se ha sostenido que "la motivación de la decisión judicial que impone una pena debe permitir conocer de manera concreta cuáles son las razones por las que el tribunal ha escogido la sanción que aplica y no otra"; razón por la cual "ese conocimiento no debe ser logrado mediante un esfuerzo de intuición, sino que ha de quedar claramente a disposición de quien lea el fallo, de manera de que no sólo se advierta el marco legal aplicable, sino el uso particular que se ha hecho de él" (conf. FLEMING, Abel/LÓPEZ VIÑALS, Pablo, "Las penas", 1º Edición, Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 1999, p. 27/28). En tal sentido, la Excma. Cámara, ha merituado el monto de pena impuesta, al establecer en la sentencia que “… Teniendo en cuenta lo resuelto en los considerandos anteriores, en cuanto al grado de la participación de la imputada en el hecho debe aplicarse la reducción prevista por el art. 46 del C.P. a la pena solicitada por el Acusador público, y siendo su resultante el mínimo legal no resulta necesario analizar atenuantes ni agravantes…” (ver f. 810). La fijación del quantum de la sanción, resulta una derivación razonable de las constancias de la causa, dando de esa forma estricto cumplimiento a lo previsto en los artículos 40 y 41 del Código Penal.
A pesar del esfuerzo reflejado por el defensor, en torno a tratar que se reduzca aún más la pena impuesta a su defendida, el mismo no puede prosperar, pues, se ha comprobado, conforme la responsabilidad penal, los hechos dentro de la figura típica del delito reprochado (art. 79 del C.P.), en su calidad de partícipe secundaria (art. 46 del C.P.), fijándosele, en la graduación de la pena, el mínimo legal establecido para la acción típica configurada por la imputada. Finalmente, en cuanto a la reducción del mínimo legal, pretendido por la defensa, solo ha procedido su aplicación teniendo en cuenta las particularísimas circunstancias verificadas en cada caso, y, excepcionalmente, cuando fuere escasa especialmente la afectación del bien jurídico tutelado por la norma, en cuyo caso el tope mínimo excede la medida de la culpabilidad en violación a los principios de proporcionalidad. Teniendo en cuenta el límite de la gravedad de la sanción en la medida del mal causado, si, de la proporcionalidad se trata, entre la conducta que se reprocha y la respuesta penal correspondiente, debe rechazarse la pretensión, ya que no cumple con los requisitos necesarios para su procedencia.
Por ello, no corresponde reducir el monto de la pena impuesta, requerido por la defensa.
IX. En definitiva, la evaluación llevada a cabo por el tribunal responde a lo que Palacio describe como "atendibilidad de la prueba", entendiendo por ello la idoneidad o aptitud que posee la misma para generar la convicción del juez acerca de la existencia o inexistencia de los hechos examinados (Lino Enrique Palacio, "La prueba en el proceso penal", Abeledo-Perrot, 2000, pág. 41). Y de acuerdo a lo expuesto, los motivos presentados por la parte recurrente, no logran opacar el razonamiento brindado por el tribunal de juicio. Que, por todo ello, de conformidad a lo establecido en los arts. 427, 446 y 448 del C.P.P., corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto a fs. 822/828 por el Dr. Marcelo Ricardo Palenque, confirmando en todas sus partes la sentencia dictada a fs. 806/810vta. por la Excma. Cámara Criminal de la Segunda Circunscripción Judicial.
Asimismo, corresponde tener presente la reserva del caso federal.
Que, por ello, normas legales, jurisprudencia y doctrinas citadas, el EXCMO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA;
1. RECHAZAR el recurso de casación interpuesto a fs. 822/828 por la Defensa de YAMILA ALEJANDRA MONTENEGRO.
2. CONFIRMAR la sentencia dictada por la Excma. Cámara Criminal de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 806/810vta.
3. Tener presente la reserva del caso Federal invocado a fs.827 vta. 4º) Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvanse los autos mediante oficio de estilo.
La presente resolución se dicta con la firma de tres vocales del Tribunal, por resultar mayoría concordante en la solución del caso y encontrarse en uso de licencia la Dra. Alicia de los Ángeles Mercau y encontrarse vacante el cargo restante… (art. 27 Ley Nº Uno – T.O. Ley N° 2404).
FIRMADO: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos - Presidenta-; Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal-; Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-; Ante mí: María Florencia González - Secretaria.
PROTOCOLIZACIÓN: TSS2009I.221 TOMO:XXXI-INTERLOCUTORIO-T.S.J.
REGISTRO Nº: 023 FOLIO Nº: 124/131 SECRETARIA: 2
Fin de la sentencia