Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa M-2342/19-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de casación interpuesto por la demandada a fs. 562/568 vta. y, en consecuencia, confirmar la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 539/549.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: M-2342/19-TSJ Sentencia Nº: 744 Actor: MONTERO ADRIANA ISABEL Demandada: SUCESORES DE NEUMANN PEDRO H.
Objeto: DIVISION DE CONDOMINIO Y RECONOCIMIENTO DE SOCIEDAD DE HECHO Fecha: 05-03-2024 Texto: TOMO XXIII -SENTENCIA- T.S.J..-
REGISTRO Nº 744 FOLIO Nº 4512/4518 PROT. ELECT. TSS1 002 S.241
En la ciudad de Río Gallegos, capital de la Provincia de Santa Cruz, a 5 días del mes de marzo de dos mil veinticuatro, se reúne el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, integrado con los Sres. Vocales, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos, Dra. Reneé Guadalupe Fernández y el Dr. Fernando Miguel Basanta, bajo la presidencia de la Sra. Vocal Dra. Alicia de los Ángeles Mercau, para dictar sentencia en los autos: “MONTERO ADRIANA ISABEL c/ SUCESORES DE NEUMANN PEDRO H. s/ DIVISION DE CONDOMINIO Y RECONOCIMIENTO DE SOCIEDAD DE HECHO”, Expte. Nº M-14.748/11 (M-2342/19-TSJ). Se fijan las siguientes cuestiones a tratar: PRIMERA CUESTIÓN: Es procedente el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en fs. 562/568vta.?; SEGUNDA CUESTIÓN: Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la Primera Cuestión la Dra. Ludueña, el Dr. Basanta y la Dra. Mercau dicen:
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación articulado por la parte demandada (cfr. fs. 562/568 vta.) contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 539/549, la cual revocó parcialmente el pronunciamiento dictado en Primera Instancia, en cuanto no reconocía la existencia de la sociedad de hecho alegada por la actora (cfr. fs. 421/429), e hizo lugar en su totalidad a la demanda interpuesta por la Sra. Adriana Montero e impuso las costas a la accionada vencida (cfr. foja 549).-
II. Sintéticamente, la Sra. Adriana Isabel Montero interpuso demanda en contra de los sucesores de Pedro Héctor Neumann, cuyo objeto era la división de condominio (respecto al automóvil marca Chevrolet Corsa, Dominio EJP-052); el reconocimiento de la existencia de una sociedad de hecho entre ella y el Sr. Pedro Héctor Neumann; y la disolución y liquidación de ésta última, reclamando el cincuenta porciento (50%) de los bienes que la integran (dos inmuebles, uno sito en Pasaje Cañadón Seco N° 189 y otro en Pasaje Tehuelches N° 410, ambos de la Ciudad de Caleta Olivia, más el rodado marca Volkswagen Saveiro, Dominio GOQ-325) (cfr. fs. 50 y vta.).- El condominio cuya división se solicita y la sociedad de hecho cuyo reconocimiento, disolución y liquidación se pretenden tuvieron su origen, dice la actora, en la relación de unión convivencial, que mantuvo con el Sr. Pedro Héctor Neumann por más de ocho (8) años (desde el año 2001 hasta el 13 de junio de 2009, fecha en que falleció el nombrado), colaborando la actora en la atención del comercio “Ferrymat” y toda actividad que se solicitara en beneficio de la sociedad (cfr. foja 50 vta.).-
El litigio se produce porque, luego del fallecimiento del Sr. Neumann, sus herederos le niegan a la actora derechos sobre los bienes adquiridos durante la unión convivencial que se encuentran registralmente inscriptos a nombre del nombrado. En la demanda detalla los bienes que fueron comprados luego de iniciada la mentada relación y solicita se le reconozca la titularidad sobre el cincuenta porciento (50%) de ellos. Dice que si bien fueron inscriptos a nombre del difunto [con la única excepción del vehículo marca Chevrolet Corsa, del que ambos son titulares en un cincuenta por ciento (50%) cada uno] en verdad todos se obtuvieron con aportes de ambos. Considera que al fallecer su pareja se produjo la disolución de la sociedad de hecho que habían conformado y reclama la parte que, a su entender, le corresponde por la liquidación de dicha sociedad. Ello, más la división del condominio del automóvil más arriba mencionado (cfr. fs. 50/51).- Los demandados, herederos de Neumann, a su turno, reconocen la unión convivencial con la actora y se allanan a la división de condominio con respecto al automóvil marca Chevrolet Corsa. Empero niegan que entre aquellos se hubiera conformado una sociedad de hecho, agregando que los bienes que se hallan a nombre de Neumann eran de exclusiva titularidad de este último, quien ejerció el comercio mucho tiempo antes de iniciar la convivencia con la Sra. Montero. Agregan que de dicha actividad obtuvo los recursos para adquirir las propiedades que la actora pretende atribuir a la supuesta sociedad de hecho que habría conformado con el causante, quien, señalan, era propietario del negocio Ferrymat desde el año 1992 (cfr. fs. 75 vta./77).- En Primera Instancia se hizo lugar a la división de condominio del automóvil y se rechazó la demanda respecto al reconocimiento y liquidación de la sociedad de hecho (cfr. fs. 428 vta./429).-
Para arribar a tal decisión, la Magistrada señaló que la accionante no probó -como debía- la existencia de la sociedad de hecho con su pareja, como así tampoco que los bienes registrados a nombre de Neumann fueron adquiridos con aportes de ambos (cfr. fs. 426/428).-
III. Que contra la sentencia de Cámara la demandada interpone recurso de casación, invocando arbitrariedad, quebrantamiento de forma, violación de la ley y de la doctrina legal en los términos de los artículos 2º y 3º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- (cfr. foja 563).-
En primer término, aduce que el quebrantamiento de forma deriva de la arbitraria valoración de la prueba efectuada por la Alzada, lo que transforma al pronunciamiento en absurdo. En esta senda, asevera que la sociedad de hecho no ha sido probada, subrayando que la Excma. Cámara de Apelaciones la tuvo por existente a partir de tres declaraciones testimoniales y sin respaldo documental alguno (cfr. foja 563 vta.).-
Resalta que a la fecha de inicio de la convivencia, la empresa del causante tenía siete (7) años; las propiedades fueron adquiridas por el causante a solo ocho (8) meses y un (1) año de iniciada la relación convivencial y que la actora no probó la existencia de los aportes exigidos por el artículo 1° de la Ley Nº 19.550. Además, alega que la extensión de una tarjeta de crédito a la Sra. Montero resulta un trámite bancario normal en cualquier grupo familiar (cfr. fs. 564 vta./565).-
En segundo lugar, arguye que al existir una normativa que regulaba la sociedad de hecho (art. 1665 del anterior Código Civil y art. 1º y conc. de la Ley Nº 19.550) toda aplicación extensiva formulada a partir de criterios personales o de la utilización de presunciones inexistentes viola la ley (cfr. foja 565 vta.).
Alude a los elementos que deben presentarse para acreditar la confirmación de una sociedad, los cuales, desde su punto de vista no han sido aportados por la accionante (cfr. foja cit.).-
Sostiene que los testimonios de Porfirio, López y del Hoyo han quedado destruidos por los testimonios de Paiva y Yañez, quienes demostraron que la Sra. Montero no tuvo la más mínima intervención en las conversaciones previas, discusión de precios, formas de pago y firmas de las escrituras de los inmuebles adquiridos por el Sr. Neumann (cfr. foja 566).-
Afirma que mal puede inferirse que con el trabajo personal de la actora de pocos meses el Sr. Neumann hubiera podido obtener ganancias millonarias que le permitieran adquirir dos inmuebles (cfr. foja 566 vta.).-
En cuanto a la violación de la doctrina legal alegada, trae a colación el fallo “Newing” de este Alto Cuerpo, destacando que en este se tuvo por desconocida la existencia de una sociedad de hecho por la sola prueba de la existencia de una unión convivencial (cfr. foja 567 vta.).-
Por último, expresa que: “…la sentencia de autos importa un acto puramente subjetivo que... demuestra una interpretación arbitraria del Juez que no importa sino una afirmación dogmática tendiente a solucionar el caso mas a partir de los principios genéricos del derecho supranacional (‘Convenio sobre los derechos de la Mujer’) que de las verdaderas normas y la doctrina que rigen la cuestión.” (cfr. foja 568).-
Hace reserva del caso federal (cfr. fs. 568 y vta.).-
A fs. 570 y vta. la Excma. Cámara de Apelaciones declara formalmente admisible el recurso de casación interpuesto y en PE417790-2022 obra interlocutorio de este Tribunal Superior de Justicia, declarándolo bien concedido, poniendo los autos a disposición de las partes de conformidad con el artículo 8º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, haciendo uso de ese derecho sólo la parte actora en PE423637-2022.-
La actora alega que el fallo de Cámara se ajusta a derecho y que debe ser confirmado, ello, dice, a raíz de la prueba aportada por su parte que, a su entender, demuestra que trabajó a la par de Neumann en el negocio Ferrymat, se ocupó de las tareas hogareñas y asistió a su pareja en su última enfermedad, y que ese fue su aporte a la sociedad que conformaron. En consecuencia pide se rechace el recurso de casación con expresa imposición de costas (cfr. PE cit.).-
El Sr. Agente Fiscal Subrogante ante este Cuerpo emite dictamen, oportunidad en la que sostiene que: “…no debe hacerse lugar al recurso de casación interpuesto por la parte demandada, resultando ajustada a derecho la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones de la Segunda Circunscripción judicial.” (cfr. PE502441-2022, págs. 6/7).-
En PE520216-2022 se llaman autos para dictar sentencia y en PE535321-2022 pasan las presentes actuaciones a estudio.-
IV. Que conforme ha quedado planteada la cuestión extraordinaria provincial articulada por la codemandada, ésta se desarrolla en el ámbito del carril impugnativo previsto en los artículos 2º y 3º, inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, por cuanto fundamenta su recurso en quebrantamiento de forma, violación de la ley y de la doctrina legal; y arbitrariedad.-
Examinados los términos del recurso, se observa que las críticas de la recurrente sólo traducen diferencias de criterio con el Juzgador y no resultan suficientes para rechazar las consideraciones expuestas en el pronunciamiento recurrido, máxime frente a la excepcionalidad del remedio que se intenta (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XVII, Reg. 568, Folio 3231/3237). En el concreto caso de autos, debemos señalar que los argumentos esbozados por la recurrente no logran alterar la doctrina de este Tribunal, que establece que las cuestiones atinentes a la valoración de la prueba, son ajenas al ámbito de la casación, en la medida en que no se demuestre que el fallo atacado adolezca de arbitrariedad o que haya violado o aplicado erróneamente la ley.
Circunstancias estas últimas que no acontecen en la especie, toda vez que -más allá de la discordancia que pueda mantenerse con los criterios sustentados por los jueces- el fallo se encuentra suficientemente fundado.- Asimismo, es dable recalcar que si bien el aspecto formal analizado hace a la admisibilidad del recurso considerado, no obsta a que el mismo sea tratado en ésta oportunidad toda vez que el recaudo adjetivo se superpone o fusiona con la fundabilidad del recurso que hace a su procedencia (cfr. Hitters, Juan Carlos, Técnica de los Recursos Extraordinarios y de la Casación, 2º ed., pág. 244 y ssgts.); y cuya implicancia directa deviene en que: “…el llamamiento de autos para sentencia no impide que la Suprema Corte, al resolver la causa examine nuevamente si se han cumplido los requisitos de admisibilidad…” (cfr. autor y ob. cits., pág. 242); ya que “…‘…los requisitos de admisibilidad y procedencia deben subsistir en el momento de la decisión.
La ausencia de esos requisitos jurisdiccionales (así denominados por la CSJN) puede y debe ser comprobada de oficio’…” (cfr. SCBA, Ac. 24.135, “Rodrigo de D.L.M. c/ Provincia de Bs. As. s/ Desalojo”, 21-II-78, D.J.B.A., y 114 nº 8304; Morello, Augusto Mario, Prueba, Incongruencia y Defensa en juicio (El respeto por los hechos), ed. 1977, pág. 32…” (cfr. TSJ Santa Cruz, Tomos X, Sentencia, Reg. 362, Folio 1951/1954 y XV, Reg. 508, Folio 2845/2850).- Este Tribunal Superior de Justicia tiene dicho que no promueve una cuestión para ser tratada en casación el recurso que sólo trasunta una opinión diversa a la sostenida en las instancias de grado, insuficiente por ende, para demostrar que ésta conduzca a un apartamiento palmario de la solución jurídica prevista para el caso o adolezca de una decisiva carencia de fundamentación.
En estos casos la cuestión no puede sino fenecer en los Tribunales ordinarios, no siendo este Tribunal Superior de Justicia una nueva y tercera instancia para revalorizar y juzgar respecto de dichas cuestiones, salvo el caso de absurdo, o que se alegue y demuestre que se han violado las normas legales o las reglas de derecho que gobiernan esa interpretación (cfr. Sentencia, Tomo XVI, Reg. 552, Folio 3119/3123 e Interlocutorio, Tomo XXI, Reg. 2661, Folio 4030/4032; Reg. 2685, Folio 4097/4099).- La parte recurrente, en su pretenso agravio de violación de la ley, no intenta siquiera demostrar tal extremo.-
Efectuado por este Alto Cuerpo el análisis de las constancias de autos y de la sentencia de Cámara, se observa que la misma ha realizado una meritación y apreciación de los hechos y pruebas con correcta calificación jurídica propia de la aplicación del derecho; y que, el mero disentimiento de la parte con lo resuelto por la segunda instancia, no habilita la vía del recurso extraordinario provincial deducido, más aún cuando, como en el caso de autos, los fundamentos dados por la Excma. Cámara de Apelaciones son coherentes, logrando una equilibrada aplicación legal. De este modo, se observa al impugnante dirigiendo su esfuerzo hacia la apreciación crítica y el análisis lógico de las probanzas meritadas, para tratar de demostrar la inexactitud de los juicios emitidos por la Cámara directamente relacionados con el cuadro fáctico y la valoración de la prueba, pretendiendo -erradamente- recrear la meritación y valoración jurisdiccional, como si se tratara de una tercera instancia común u ordinaria (cfr. Hitters, Juan Carlos: “Técnica de los Recursos Extraordinarios y de la Casación”, Ed. Platense, 1984, pág. 181, primer párrafo).- Al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha expresado que: “…la apreciación de la prueba, su evaluación, su jerarquización, la selección del material probatorio… así como la determinación de las circunstancias fácticas que en cada caso concurren, importan verdaderas cuestiones de hecho y, en tal sentido, los jueces de grado -en ejercicio de una atribución privativa- tienen amplias facultades para valorar los medios de prueba producidos y adquiridos para el proceso, a fin de establecer las circunstancias particulares del caso que les faciliten la valoración de las normas jurídicas aplicables…” (cfr. “Escalante Miguel Ángel y otra c/ Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil y otra s/ Daños y perjuicios”, Causa LP C 119045 S del 15/07/2015).- Recordemos que verificar la existencia o no de una sociedad de hecho constituye una cuestión de hecho y prueba que sólo puede ser abordada si se pone en evidencia la existencia de arbitrariedad o absurdo (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XVI, Reg. 554, Folio 3128/3138). Extremos estos últimos que no demuestra la casacionista, ni tampoco se advierten de la lectura de la sentencia impugnada.-
Es que para descalificar una sentencia por arbitraria no es suficiente alegar tal vicio, sino que hay que demostrarlo. En esta inteligencia este Alto Cuerpo ha sostenido que: “…‘…para que se configure el extremo del absurdo o arbitrariedad no es suficiente la mera exhibición de un criterio discordante con el de los juzgadores, toda vez que debe demostrarse el vicio que se alega de manera tal que permita concluir que ‘el discurrir del fallo se encuentra viciado de tal modo que lleva a conclusiones contrarias al entendimiento’…’…” (cfr. Interlocutorio, Tomos IX, Reg. 1320, Folio 1786/1788 y XX, Reg. 2648, Folio 3999/4003).- Recuérdese que es tesis de este Tribunal que: “…‘...La doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir sentencias equivocadas, o que el recurrente estime tales según su criterio, sino que atiende sólo a supuestos de gravedad excepcional en los que se verifica un apartamiento palmario de la solución prevista por la ley o una absoluta carencia de fundamentación…’ (confr.
T.S.J. Santa Cruz, Tomo III, Interlocutorio, Reg. 282, Folio 457/458; ídem, Tomo VI, Interlocutorio, Reg. 881, Folio 1022/1025, entre varios)” (cfr. Sentencia, Tomo XIII, Reg. 446, Folio 2431/2439). Ninguno de estos supuestos se presenta en el caso bajo análisis.- En la sentencia impugnada, se explica cuáles son las pruebas que entienden conducentes a la resolución del conflicto, como el grado de convencimiento que aquellas han logrado producir, sin que se deba justificar por qué otorga mayor o menor mérito a una prueba que a otra, razón por la cual el agravio al respecto, no puede prosperar. De esta manera la Excma. Cámara de Apelaciones refiere que las testimoniales brindadas en autos: “...no sólo demuestran la existencia del concubinato y por ende un plan de vida, sino la mancomunación en el trabajo y durante la enfermedad del Sr.
Neumann, de la dirección económica del negocio Ferrymat.” (cfr. foja 545/vta.). Agrega que: “...‘la participación en la vida económica del causante’ (sic., fs. 426) que tuvo la Sra. Montero no pudo ostentar el carácter de una liberalidad de la misma hacia su concubino. Los actos de comercio (art. 8 del viejo Código Comercial) que realizaban de manera pública y sostenida en el lapso de casi nueve años, hablan a las claras que dicha participación tenía como fin la obtención de utilidades y que estas necesariamente eran distribuidas entre ambos. No hay ninguna posibilidad para interpretar que el trabajo que la Sra. Montero desplegaba no haya tenido una finalidad económica, el que sólo pudo tener (sic) asumir dos formas jurídicas, o se trató de un aporte (obligaciones de hacer) a una sociedad de hecho o existió una relación laboral (patrón-empleado) sobre un comercio unipersonal ya constituido.” (cfr. fs. 545 vta./546).- Luego el fallo de Cámara referencia la declaración testimonial de Emilia Liliana Porfirio, quien dio cuenta de que la actora realizaba diversas actividades en Ferrymat, a saber: realizaba cobranzas, ayudaba a acomodar la mercadería, a poner el precio a la mercadería, trabajaba en el negocio y recibía dinero (cfr. foja 546).
También se menciona a la declaración testimonial de Lidia Isabel López quien sostuvo que la Sra. Montero no trabajaba fuera de la casa y que los ingresos económicos provenían de “...‘…los bienes propios de ellos, del matrimonio (sic)...’…” y que la actora “...‘…estaba toda la tarde en el negocio y a la mañana iba a hacer trámites bancarios…’...” (cfr. fs. 546 y vta.).- En consonancia con el criterio sustentado por la Excma. Cámara de Apelaciones se ha entendido que: “...prueba de la sociedad irregular ‘el aporte de la concubina como trabajo personal al desenvolvimiento del negocio de propiedad del demandado, cuando se trata de trabajo permanente’ (Voto de la Dra. Lima, CApel. del Noroeste, Chubut, sala B, 21-4-98, D.J. 1998-3-932).” (cfr.
Kemelmajer de Carlucci, Aída: “El Concubinato Heterosexual y la Sociedad Irregular en la Jurisprudencia Argentina Reciente”, Revista de Derecho Privado y Comunitario -Sociedades-, Editorial Rubinzal-Culzoni, Santa Fé, 2003, pág. 79); y “Al respecto ha dicho esta Corte que la existencia de una sociedad, así sea de hecho, requiere por definición la prueba de aportes en dinero, bienes o trabajo personal y el propósito de obtener una utilidad apreciable en dinero (art. 1648, C.C.)...” (SCBA, “R. , M. L. c/ R. , J.J.”, del 10/12/08, informacionlegal.com.ar, Cita Online: AR/JUR/28269/2008).- Asimismo, en lo relativo a la prueba de la sociedad de hecho entre convivientes, se ha sostenido que: “Para acreditar la existencia de la sociedad y de sus elementos constitutivos prevalece la opinión de la amplitud probatoria.
Puede considerarse que ha existido imposibilidad moral de procurarse la documentación, ya que mediando una relación afectiva es difícil pensar que recurrirán a instrumentos escritos que revelen la relación societaria independiente de los vínculos personales.” (cfr. Lamm, Eleonora y Molina de Juan, Mariel F:, “Efectos Patrimoniales del Cese de las Uniones Convivenciales”, Revista de Derecho Privado y Comunitario, 2014-3, Uniones Convivenciales, Editorial Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2015, pág. 308).- También destaca que, si la actora afirmaba como extremo de su pretensión la realización de trabajos en el comercio Ferrymat, a la demandada no le bastaba sólo con afirmar y acreditar que el fondo de comercio provenía del acuerdo de disolución de la sociedad conyugal con el Sr.
Neumann. Anuda que: “...en virtud de que la acción lleva ínsita como presupuesto la modificación de ese status jurídico de comerciante individual que el Sr. Elías Neumann ostentaba hacia la formación de un nuevo ente, en consecuencia, frente a la eventualidad de la acreditación de dicho extremo, a la demandada le nace una suerte de carga probatoria dinámica de invocar y acreditar que las labores desarrolladas por la Sra. Montero tenían otra naturaleza jurídica. Pudo (y debió) sostener que existía una relación laboral o que de haberse desarrollado algunas, no ostentaban entidad y permanencia para ser consideradas.” (cfr. foja 546).- En atención a lo expuesto, la Excma. Cámara considera que: “...surge clara la formación de una sociedad de hecho en el concubinato compuesto por Montero y Neumann en el que a lo largo de su vigencia se incorporaron bienes con el excedente de las ganancias obtenidas del giro comercial Ferrymat, en el que ambos concubinos realizaron aportes, derivando en la compra de los bienes cuyo condominio por interposición de personas se reconoce fundado en el ocultamiento de la realidad negocial por primacía patriarcal marcada por los usos y costumbres de la época en que se inició la relación…Que tratándose de circunstancias in fieri (ley 26.994), y frente a la ausencia de la determinación de los porcentajes de los aportes que pudieran haber efectivizado los socios (en el sentido aquí valorado y bajo un condominio por interposición de personas) es que deberá procederse a la partición de los bienes reclamados en la demanda en un 50% a cada parte teniendo en consideración lo dispuesto en el art. 1983 C.C.C., resultando válido apartarse del porcentaje del título y sin que sea necesaria la declaración de simulación del acto directo (válido), ya que el derecho se funda en el acto anterior, en el caso la sociedad oculta condominio...” (cfr. fs. 547vta./ 548vta.).- Recordemos se ha entendido que: “La comunidad de bienes y los porcentajes en la participación de cada uno de los convivientes puede ser probada hasta por presunciones (CCCom. de Bel Ville, 29-4-98, L.L.
Córdoba 1999-1317 y Semanario Jurídico, t. 80, 1999-A-508; CNciv., sala M., J.A. 1994-I-217).” (cfr. Kemelmajer de Calucci, Aída: ob. cit., pág. 89).
También se ha sostenido, con el mismo criterio adoptado por la Cámara para determinar el porcentaje que le corresponde a cada socio en la liquidación de la sociedad de hecho, que: “Se ha decidido que ‘No es irrazonable deducir que si los concubinos convivían en un inmueble cuyo dominio detentaban por mitades y ambos aportaron capital y esfuerzo para desarrollar una gestión económica con miras a obtener utilidades traducibles en dinero, participando en ganancias y pérdidas, quedó probado una comunidad de bienes, y en ausencia de prueba en contrario, es razonable inferir que las sumas de dinero depositadas en una cuenta corriente bancaria abierta a nombre de ambos les pertenecía en igual proporción’ (CNCom, sala B, 18-12-98, J.A. 1999-IV-149, con nota de Gagliardo, La última instancia. A propósito de la unión libre versus la unión matrimonial.)” (cfr. Autor y ob. cits., pág. 79). Precedentes este, extrapolable, cambiando lo que se debe cambiar, al caso bajo examen.- Es decir que entiende acreditados en los presentes los extremos invocados por la parte actora para considerarse configurada una sociedad de hecho y el porcentaje que corresponde a cada uno en su liquidación, valorando expresamente, como se señaló, los elementos en los que se basa para llegar a tal conclusión.-
En coincidencia con el criterio sustentado por la Alzada se ha dicho que: “…es innegable que llevar adelante un proyecto de vida en común trasciende el ámbito estrictamente personal y es propio de un plan coexistencial realizar esfuerzos conjuntos que se traduzcan en adquisiciones de contenido patrimonial. Compartir un proyecto de vida no se reduce a las relaciones personales, de tipo afectivo. En la cotidianeidad se construye también un entramado patrimonial. Por ejemplo, se adquieren bienes con aportes de ambos pero que, por algún motivo particular, los registran a nombre de uno solo de ellos. O al contrario, se adquieren con dinero de uno y se registra a nombre del otro. O uno de ellos pagó mejoras sobre bienes de titularidad del otro.
Por lo tanto, mantener una regla de separación patrimonial a ultranza que ignore este dato de la realidad podría provocar situaciones injustas y distantes de las necesidades de las personas y, en consecuencia, del principio de realidad. Por ello, si los convivientes no establecieron pautas de distribución de sus adquisiciones para el momento del cese, la regla de separación patrimonial no clausura el tema. Cualquiera de los convivientes puede cuestionar la integración patrimonial del otro/a a través de los diversos institutos propios del derecho común o de las diversas herramientas que ofrece el ordenamiento jurídico. En otras palabras, al cese de la unión cada conviviente mantiene en su patrimonio los bienes que adquirió a su nombre y los frutos que éstos produjeron, salvo que se pruebe que esas adquisiciones se hicieron con dinero aportado por ambos o que es el fruto del esfuerzo mancomunado de los dos o del esfuerzo único de quien no es titular.” (cfr.
Pellegrini, María Victoria: “La distribución de las adquisiciones patrimoniales frente al cese de las uniones convivenciales en vida o ante la muerte” www.informacionlegal.com.ar, Cita Online: AR/DOC/2994/2018).- Es cierto que la unión convivencial no hace surgir por sí a una sociedad de hecho (como bien señala el fallo de Cámara) (cfr. fs. 544 vta./ 545); pero tal circunstancia no excluye que pueda existir una sociedad de hecho entre los convivientes. Para acreditar la misma se han consolidado los siguientes criterios: “...se debe probar: a) aportes, de trabajo o capital; b) participación en los beneficios o en las pérdidas y c) affectio societatis, esto es, actividad económica en común; iii) para su acreditación, rige la amplitud probatoria.
Aquí cobra especial relevancia considerar el contexto de relación familiar entre los convivientes, por ejemplo, para morigerar la exigencia de contar con documentación que respalde la pretensión; iv) una vez probada la existencia de la sociedad de hecho, corresponde proceder a la división en proporción a lo que cada socio haya aportado.” (cfr. Autor y ob. cits.). De la lectura de la sentencia impugnada se advierte que se tuvieron en cuenta estos criterios.-
V. Que vinculado con lo antedicho, se debe mencionar que es inatendible la alegada violación de la “doctrina legal” del precedente “Newing”, en lo referente a que: “En este fallo se tuvo por desconocida la existencia de una sociedad de hecho por la sola prueba del concubinato.” (cfr. foja 567 vta.).-
En primer lugar, el invocado precedente, no reúne los requisitos previstos en el artículo 3°, inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, para ser considerado como doctrina legal, pues es una sentencia que tiene más de cinco años de antigüedad, data del 19 de noviembre de 2010. Recordemos que la citada manda, en lo que nos concierne, dispone: “Art. 3°.- Violación de la ley o doctrina legal. Habrá lugar al recurso de casación por violación de la ley o doctrina legal cuando la sentencia: a) Haya violado o aplicado erróneamente la ley o la doctrina legal sentada por el Tribunal Superior de Justicia dentro de un lapso no mayor de cinco (5) años...”.
De modo tal, que a los efectos del recurso de casación, sólo es doctrina legal la emanada de este Alto Tribunal dentro los cinco años anteriores a la sentencia que se ataca (cfr. Interlocutorio, Tomo XXVIII, Reg. 3302, Folio 5498/5501) y la recurrente no invoca ningún precedente de este Tribunal Superior de Justicia que reúna tales características.- No obstante lo expresado, que es suficiente motivo para recha-zar el pretenso agravio, se debe destacar que este Tribunal Superior de Justicia ha ido configurando y precisando la conceptualización de “Doctrina Legal” en precedentes que permiten una clarificación más amplia del tema. Así se ha sentado que la supuesta violación de la doctrina legal respecto de los fallos citados al haber sido estructurada con fundamento en una interpretación distinta efectivizada por el ahora recurrente torna improcedente tal agravio en tanto no se advierte la identidad de casos o por lo menos de una marcada similitud “…no siendo suficiente -como lo ha dicho el Supremo Tribunal Español- la simple analogía, pues como es obvio si las situaciones de hecho son diferentes el precedente no es de aplicación.
El valor persuasivo de la jurisprudencia ha de fundarse en lo que el Tribunal hizo y en las razones decisivas por las que lo hizo, para demostrar que la misma razón que antes fue decisiva ha de serlo también en el litigio pendiente de solución…’ (cfr. Hitters, Juan Carlos, ‘Recursos Extraordinarios y Casación’, ed. 1984, p. 250; esto es, ‘…ha de haber identidad entre la situación fáctica y jurídica del juicio antecedente que se invoca como sostenedor de la doctrina y la del que se pretende hacer valer…’ (STJ Chubut, 28/5/90, ‘Delgado Uribe, Florentino c/ Empresa Tapko S.A.M.S.I.C. s/ Despido’, Causa A-58), y en su caso, ‘…la demostración de su vinculación con el problema a resolver…’(CNCiv. Sala E, agosto 27-980, L.L. 1981-A-564).” (cfr.
TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo IV, Reg. 137, Folio 661/668). Una interpretación “a contrario sensu” de lo expuesto equivaldría a desnaturalizar el recurso de casación en sí mismo ya que no puede consistir en la diversa apreciación que resulte de hechos distintos, en la fijación de los cuales el Tribunal del Juicio decide de modo soberano…” (cfr. Sentencia, Tomo XX, Reg. 666, Folio 3846/3858) por lo que la mera invocación de la recurrente del precedente aludido, no resulta idónea a los fines del recurso extraordinario intentado.- Específicamente, el precedente “Newing”, en lo que aquí nos interesa (en atención al pretenso agravio de la recurrente) sostiene que por: “...el sólo hecho de vivir en concubinato no se constituye una sociedad de hecho...”.
Pero esta afirmación en nada se contrapone con la sentencia impugnada, sino todo lo contrario. Expresamente la Alzada aclaró: “Sabido es que el concubinato no genera la presunción de la existencia de una sociedad de hecho...” (cfr. foja 544) y sólo llega a la conclusión de la existencia de la sociedad de hecho entre la actora y el causante una vez analizada la prueba, como se ha hecho mención arriba.- En síntesis, la invocación de la recurrente del precedente aludido no resulta idónea a los fines pretendidos, toda vez que tiene una antigüedad mayor a los cinco años y, además, lo expuesto en aquél fallo no es contradicho por la sentencia aquí atacada.-
VI. Que tampoco debe prosperar la denuncia de violación del derecho de propiedad y la garantía del debido proceso, ya que la sola mención de disposiciones o principios constitucionales sin hacer referencia de su aplicación concreta en el caso y sin explicar de qué manera se habrían vulnerado no constituyen base idónea de agravio (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XVII, Reg. 585, Folio 3347/3353).-
VII. Que a la luz de los antecedentes transcriptos y de las constancias de la causa, se puede apreciar que el contenido de la protesta en estudio no logra desvirtuar la estructura del fallo impugnado. La casacionista no ha logrado brindar argumentos suficientes que pongan de manifiesto la violación de la ley, de la doctrina legal y la arbitrariedad que denuncia. Su discurrir se dirige a contradecir los argumentos expuestos en el decisorio impugnado, partiendo de un punto de vista diferente, que cuestiona el criterio sustentado respecto de la valoración y ponderación de las circunstancias que llevaron a la Alzada a decidir en un sentido distinto del pretendido, y desde este particular cuadrante, no refuta todas y cada una de las razones desplegadas en el pronunciamiento objetado por lo que corresponde declarar improcedente el recurso deducido.- A la Primera Cuestión la Dra. Fernández dijo:
I. Corresponde indicar, que sin perjuicio que oportunamente la suscripta consideró mal concedido el recurso de casación incoado por la demandada Leila Betiana Neumann a fs. 562/568 vta., contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, en tanto se consideró que el mismo no alcanzaba a cumplimentar con los requisitos formales que habilitan el acceso a esta instancia extraordinaria; de conformidad a los fundamentos expuestos en relación a la cuestión de fondo, y que fuera tratada exhaustivamente por mis distinguidos colegas preopinantes, adhiero a los mismos.- A la Segunda Cuestión, la Dra. Ludueña, la Dra. Fernández, el Dr. Basanta y la Dra. Mercau dicen:
I. Atento la forma en que nos hemos pronunciado respecto de la Primera Cuestión, proponemos se dicte sentencia rechazando el recurso de casación articulado por la demandada, a fs. 562/568 vta., y, en consecuencia, confirmar la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante a fs. 539/549, con costas a la demandada por aplicación del principio objetivo de la derrota (art. 68 del CPCyC); difiriendo la regulación de honorarios de los letrados intervinientes en la casación hasta tanto den cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes y sean regulados en las anteriores instancias.- En virtud de todo lo expuesto, se dicta la siguiente sentencia:
Río Gallegos, 5 de marzo de 2024.-
Por los fundamentos del Acuerdo que antecede y el voto mayoritario y concordante de la Sra. Vocal Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos, del Sr. Vocal Dr. Fernando Miguel Basanta, y de la Sra. Vocal a cargo de Presidencia Dra. Alicia de los Ángeles Mercau; el voto por sus propios fundamentos de la Sra. Vocal. Dra. Reneé Guadalupe Fernández, y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Rechazar el recurso de casación interpuesto por la demandada a fs. 562/568 vta. y, en consecuencia, confirmar la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 539/549.-
3. Diferir la regulación de honorarios de los letrados intervinientes en la casación hasta tanto den cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes y sean regulados en las anteriores instancias.-
La presente sentencia se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso, en virtud de encontrarse en uso de licencia el Sr. Presidente Dr. Daniel Mauricio Mariani (art. 27, 2º párrafo, de la Ley 1600 y modificatorias).-
Fdo: Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal A/C de Presidencia-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1002S.241 Tomo: XXIII Sentencia: 744 Folio N°: 4512/4518 Secretaría: 1
Fin de la sentencia