Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa M-2342/20-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar bien concedido el recurso de casación interpuesto por la Sra. Leila Betiana Neumann a fs. 562/568 vta..-
2Ordenar poner los autos a disposición de las partes a los fines dispuestos en el artículo 8° del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, y por el término allí establecido.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: M-2342/20-TSJ Interlocutorio N°: 3657 Actor: MONTERO ADRIANA ISABEL Demandada: SUCESORES DE NEUMANN PEDRO H.
Objeto: DIVISION DE CONDOMINIO Y RECONOCIMIENTO DE SOCIEDAD DE HECHO Fecha: 22-03-2022 Texto: TOMO XXXIII -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3657 FOLIO Nº 6411/6415 PROT. ELECT. TSS1 006 I.221
Río Gallegos, 22 de marzo de 2022.-
Los presentes autos caratulados: “MONTERO ADRIANA ISABEL c/ SUCESORES DE NEUMANN PEDRO H. s/ DIVISION DE CONDOMINIO Y RECONOCIMIENTO DE SOCIEDAD DE HECHO”, Expte. Nº M-14.748/11 (M-2342/20-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
Voto de los Dres. Daniel Mauricio Mariani, Enrique Osvaldo Peretti, Alicia de los Ángeles Mercau y de la Sra. Presidenta Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos:
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación interpuesto por la Sra. Leila Betiana Neumann a fs. 562/568 vta., contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 539/549. Procura, la parte recurrente, se revoque la sentencia de Cámara, sustentando la casación en la causal de quebrantamiento de forma, violación de la ley y doctrina legal (cfr. arts. 2° y 3° del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-).- Dicho recurso fue declarado formalmente admisible por la Excma. Cámara de Apelaciones a fs. 570 y vta..-
II. Que, encontrándose reunidos -en principio- los extremos formales que hacen a la interposición del recurso de casación, corresponde declararlo bien concedido a tenor de lo dispuesto en el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/ 15 -Decreto Nº 2228/15-, y por ende, ordenar se pongan los autos a disposición de las partes a los fines dispuestos en el artículo 8º de la ley citada y por el término allí establecido. Así lo votamos.- Voto de la Dra. Reneé Guadalupe Fernández:
I. Disiento con la solución propuesta por mis distinguidos colegas preopinantes pues, en mi criterio, el recurso de casación articulado por la Sra. Leila Betiana Neumann a fs. 562/568 vta., no reúne los extremos formales que habilitan la admisibilidad del andarivel de marras.-
II. El pronunciamiento dictado por el Tribunal de Alzada revocó la sentencia de Primera Instancia y, en consecuencia, admitió la demanda promovida contra los sucesores del Sr. Pedro H. Neumann, ordenando la partición de los bienes reclamados en un cincuenta por ciento (50%) a cada parte (cfr. foja 549).-
Para así decidir, consideró que el pronunciamiento de la jueza de origen se asentaba en rígidos criterios valorativos alejados de la concreta dinámica de la relación concubinaria entre la Sra. Adriana I. Montero y el Sr. Pedro H. Neumann (cfr. fs. 543 vta./544).-
Como premisa inicial, precisó que el concubinato no genera la presunción de la existencia de una sociedad de hecho, resultando carga de quien afirma tal extremo acreditarlo (cfr. foja 544).-
Seguidamente, advirtió que cualquier sociedad de hecho que tenga origen en una relación concubinaria suficientemente consolidada se sustenta en una relación de confianza que suprime rígidos criterios para su constitución; como derivación de ello, entendió que no existían limitaciones de orden probatorio (cfr. foja 545).-
Dijo que la valoración probatoria llevada a cabo en la instancia de origen refleja una marcada visión discriminatoria a las tareas desarrolladas por la concubina, minusvalorándolas, en infracción a las pautas interpretativas fijadas por los tratados internacionales en la materia (cfr. fs. 545 y vta.).-
Resaltó que los testimonios demostraban no sólo la existencia del concubinato sino también la mancomunación en el trabajo y durante la enfermedad del Sr. Neuman, de la dirección económica de la ferretería “Ferrymat”. En ese marco, afirmó que la participación que tuvo la accionante en la vida económica del Sr. Neumann no pudo ostentar el carácter de una liberalidad. Señaló, asimismo, que los actos de comercio que realizó de manera pública y sostenida por casi nueve años hablan a las claras que dicha participación tenía como fin la obtención de utilidades a distribuirse entre ambos(cfr. foja 545 vta.).- Manifestó que a la demandada no le bastaba con acreditar que el fondo de comercio provenía de la disolución de sociedad conyugal con su anterior esposa; ello, en virtud de que la acción de la Sra. Montero lleva insita la modificación de ese status jurídico de comerciante individual. En consecuencia, dijo que a la accionada le había nacido una suerte de carga probatoria dinámica de invocar y acreditar que las labores desarrolladas por la Sra. Montero tenían otra naturaleza (v.gr. laboral) (cfr. foja 546 ).- Expresó que sería absurdo valorar a una dedicación laboral pública, pacífica y sostenida en el tiempo como una simple colaboración de carácter accidental. En función de ello, consideró que las notas de la sociedad de hecho invocada por la actora se encontraban presentes (cfr. foja 546 vta.).-
Destacó que los terceros -amigos o empleados de la ferretería- dieron cuenta de que ambos adquirieron bienes durante el concubinato y que la actora aportó para su adquisición. Por lo tanto, aseveró que no era alejado a la realidad jurídica del caso que los concubinos hayan comprado los bienes que la actora reclama en un 50% y que, en un contexto social patriarcal, los mismos hayan sido inscriptos en forma exclusiva a nombre del varón. Aclaró que el testimonio de los vendedores de los inmuebles, quienes dijeron desconocer a la actora, no desvirtuaba la conclusión a la que se arribaba, por cuanto la supremacía patriarcal de la administración de los bienes, permitía sostener que fue esa la causa de que la inscripción registral no refleje la realidad económica que le dio origen, sin que pueda presumirse un animus donandi en el comprador oculto (cfr. fs. 546 y 547 y vta.).- Finalmente, frente a la ausencia de la determinación de los porcentajes de los aportes que pudieron haber efectivizado los socios, procedió a la partición de los bienes reclamados en un cincuenta por ciento (50 %) a cada parte (cfr. foja 549).-
III. Frente a esta forma de decidir, la recurrente articula recurso de casación, aduciendo quebrantamiento de forma, violación de la ley y de la doctrina legal en los términos de los artículos 2º y 3º inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- (cfr. foja 563).-
En primer término, aduce que el quebrantamiento de forma deriva de la arbitraria valoración de la prueba efectuada por la Alzada, lo que transforma al pronunciamiento en absurdo. En esta senda, asevera que la sociedad de hecho no ha sido probada, subrayando que el Tribunal a quo la tuvo por existente a partir de tres (3) declaraciones testimoniales y sin respaldo documental alguno (cfr. foja 563 vta.).- Resalta que a la fecha de inicio del concubinato la empresa del causante tenía siete (7) años; las propiedades fueron adquiridas por el causante a solo ocho (8) meses y un (1) año de iniciada la relación concubinaria y que la actora no probó la existencia de los aportes exigidos por el artículo 1° de la Ley Nº 19.550. Además, alega que la extensión de una tarjeta de crédito a la Sra. Montero resulta un trámite bancario normal en cualquier grupo familiar (cfr. fs. 564 vta./565).- En segundo lugar, arguye que al existir una normativa que regulaba la sociedad de hecho (art. 1665 del anterior Código Civil y art. 1º y conc. de la Ley Nº 19.550) toda aplicación extensiva formulada a partir de criterios personales o de la utilización de presunciones inexistentes viola la ley (cfr. foja 565 vta.).-
Sostiene que los testimonios de Porfirio, López y del Hoyo han quedado destruidos por los testimonios de Paiva y Yañez, quienes demostraron que la Sra. Montero no tuvo la más mínima intervención en las conversaciones previas, discusión de precios, formas de pago y firmas de las escrituras de los inmuebles adquiridos por el Sr. Neumann (cfr. foja 566).-
Afirma que mal puede inferirse que con el trabajo personal de la actora -de pocos meses- el Sr. Neumann hubiera podido obtener ganancias millonarias que le permitieran adquirir dos (2) inmuebles (cfr. foja 566 vta.).-
En cuanto a la violación de la doctrina legal alegada, trae a colación el fallo “Newing” de este Alto Cuerpo, destacando que en este se tuvo por desconocida la existencia de una sociedad de hecho por la sola prueba del concubinato (cfr. foja 567 vta.).-
Por último, expresa que: “…la sentencia de autos importa un acto puramente subjetivo que...demuestra una interpretación arbitraria del Juez que no importa sino una afirmación dogmática tendiente a solucionar el caso mas a partir de los principios genéricos del derecho supranacional (‘Convenio sobre los derechos de la Mujer’) que de las verdaderas normas y la doctrina que rigen la cuestión.” (cfr. foja 568).- Hace reserva del caso federal (cfr. fs. 568 y vta.).-
A fs. 570 y vta. la Excma. Cámara de Apelaciones declara formalmente admisible el recurso de casación interpuesto.-
En PE110831-2021 pasan los presentes al Acuerdo.-
IV. De acuerdo a lo establecido en el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- y en oportunidad de efectuarse el examen preliminar de la casación a los fines de decidir si ha sido bien o mal admitido el recurso, cabe señalar -tal como se ha adelantado- que el mismo no alcanza a cumplimentar con los requisitos formales que habilitan el acceso a esta instancia extraordinaria.- No debe perderse de vista que -tal como lo ha sostenido inveteradamente este Alto Cuerpo- la casación es un sendero extraordinario que no constituye una tercera instancia común, lo que conduce a discernir que para que este Tribunal Superior de Justicia pueda entrar a revisar el mérito del recurso interpuesto, deben reunirse determinados presupuestos cuya carencia conlleva a la inaceptabilidad del planteo casatorio (cfr. Interlocutorio, Tomo XXXII, Reg. 3639, Folio 6356/6360).- Para que esta vía tenga andamiento resulta imperativo que el recurrente despliegue una técnica impugnativa adecuada, de modo que el escrito portador de su recurso formule una crítica concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales del pronunciamiento jurisdiccional, sin que reúna tal condición aquélla que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos básicos, determinaciones o fundamentos sobre los que se asienta.-
V. A la luz de estas premisas, resulta dable anticipar que la pieza recursiva de fs. 562/568 vta. no satisface mínimamente los recaudos reseñados, lo que conduce indefectiblemente a declarar su inadmisibilidad.-
De modo liminar, se impone la necesidad de advertir que el escrito portador de la impugnación no se autoabastece, lo que implica que su sola lectura no es suficiente para la comprensión integral del caso sometido a juzgamiento. La recurrente no destina acápite alguno que tenga por objeto reseñar -siquiera someramente- los antecedentes del proceso (v.gr. descripción de los libelos postulatorios del proceso y de la sentencia de Primera Instancia).- No obstante, esta carencia no autoriza por si sola la inhabilitación del andarivel de marras. Ante un déficit de análogo tenor este cimero Tribunal ha sostenido que: “Como reflexión previa, y sin que ello obste al análisis posterior que se hace del caso, se debe recordar que como todo escrito recursivo, pero aún más en un recurso extraordinario como el que nos ocupa, el de interposición de un recurso de casación debe bastarse a sí mismo, y ello pone a cargo del interesado, no sólo la invocación y acreditación de los agravios que se pretenden configurados, sino también una breve descripción de los avatares seguidos por el expediente. (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo XXIII, Interlocutorio, Reg. 2843, Folio 4465/4468). Este último requisito no ha sido siquiera bosquejado en el escrito cuyo análisis nos ocupa, no obstante ello se analizarán las cuestiones planteadas.” (cfr. Interlocutorio, Tomo XXIV, Reg. 2914, Folio 4638/4641). Por lo tanto, una solución semejante debe adoptarse en el presente caso, lo que obliga a ahondar en el examen formal de los agravios formulados por la impugnante.-
VI. Respecto del alegado quebrantamiento de forma, cabe recordar que este motivo casatorio se encuentra previsto en nuestro ordenamiento ritual para aquellos casos en que se hubieran violado las formas y solemnidades sustanciales prescriptas para el procedimiento o la sentencia (cfr. art. 2º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/ 15 -Decreto Nº 2228/15-).- Este Tribunal Superior de Justicia ha considerado procedente este remedio procesal, por ejemplo, en casos de ausencia total de fundamentación de una sentencia, falta de mayoría de opiniones jurídicamente válida o incongruencia palmaria por omisión total o parcial de pronunciamiento sobre los agravios propuestos (cfr. Interlocutorio, XXVI, Reg. 3123, Folio 5114/5118, entre otros).- En el caso, es dable advertir que la porción del escrito recursivo bajo análisis no se sustenta en ninguno de los supuestos descriptos, puesto que en realidad los agravios vertidos se encuentran dirigidos a cuestionar la apreciación de los hechos y de la prueba, así como el acierto de lo decidido, cuestiones extrañas al motivo casatorio bajo examen, por lo que la articulación así deducida no tiene cabida en esta instancia extraordinaria.-
VII. Sin perjuicio de lo anterior, y en atención a que la recurrente también introduce cuestionamientos en el plano fáctico, al aducir la violación de la ley, es preciso aclarar que en el caso de marras tampoco se encuentra configurado el supuesto excepcional del absurdo.-
Se ha dicho que: “Determinar si ha existido una sociedad de hecho constituye una cuestión de hecho, ajena como tal a la casación, salvo absurdo” (cfr. SCBA, Sum. “Gómez de la Vega Marta c/ Espeche Carlos s/ Disolución de sociedad de hecho”, causa LP Ac 39.482 S, del 07/06/1988; Idem, “Villabona María Angélica c/ Espósito Martín Abel (Sucesión) s/ Reconocimiento y liquidación de sociedad de hecho”, causa LP Ac 62.462 S, del 14/05/1996).- Tratándose, entonces, de una cuestión de índole fáctica, no procede la revisión en esta instancia de la tarea realizada por el órgano jurisdiccional de Alzada en uso de sus facultades privativas. Regla ésta que solo puede alterarse mediante la invocación y acabada demostración del absurdo.
Consecuentemente, quien lo alegue debe acreditar que en la sentencia que se ataca existe un desvío notorio, patente o palmario de las leyes de la lógica o una interpretación groseramente errada del material probatorio aportado. Ello es así porque no cualquier error ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones lo ponen de manifiesto; es necesario, por el contrario, que se acredite la existencia de un importante desarreglo en la base del pensamiento exteriorizado por la Excma. Cámara de Apelaciones, vale decir, una anomalía extrema.- Sobre el particular este Tribunal Superior de Justicia ha señalado que: “…si bien a través de la doctrina del absurdo se admite una apertura al reexamen de los hechos de la causa, a ello sólo puede acudirse en situaciones que bien pueden calificarse de extremas, que como se ha expresado no se acreditan ni se evidencian.
Por otra parte, corresponde a la impugnante demostrar la existencia del absurdo y no al Tribunal Superior de Justicia explicar por qué no se ha configurado (cfr. Juan Carlos Hitters, ‘Técnica de los recursos extraordinarios y de casación’, 2ª. edición, Librería Editora Platense S.R.L., La Plata, 1998, págs. 452/471). Máxime cuando, como en la especie, las argumentaciones vertidas por la recurrente no van más allá de la exposición de su propia interpretación de lo sucedido, constituyendo meras reflexiones personales y disentimientos, que no logran evidenciar el absurdo de la decisión, ni demuestran que la sentencia no constituya una derivación razonada del derecho vigente…” (cfr. Interlocutorio, Tomo XXXI, Reg. 3550, Folio 6122/6125).- En este caso la recurrente circunscribe su ataque recursivo a referencias que afirman una solución opuesta, a presentar criterios interpretativos diversos, a destacar su propio punto de vista, sin demostrar acabadamente la incorrección de la evaluación llevada a cabo por la Excma.
Cámara de Apelaciones y, por lo tanto, sin llegar a conmover los basamentos del decisorio impugnado.- Tampoco aporta argumentos claros y concretos tendientes a evidenciar infracción legal alguna. Más allá de la cita tangencial que la recurrente esboza en relación al artículo 1° de la Ley Nº 19.550 y del artículo 1665 del antiguo Código Civil, lo cierto es que omite suministrar argumentos jurídicos que patenticen yerro alguno.
Estas críticas sólo traducen diferencias de criterio con el fallo emitido por la Excma. Cámara de Apelaciones y no resultan suficientes para ingresar al análisis de las consideraciones expuestas en el pronunciamiento impugnado, en especial frente a la excepcionalidad del remedio que se intenta.-
En esta inteligencia, este Tribunal Superior de Justicia ha sostenido que: “…no promueve una cuestión para ser tratada en casación el recurso que sólo trasunta una opinión diversa a la sostenida en las instancias de grado, insuficiente, por ende, para demostrar que ésta conduzca a un apartamiento palmario de la solución jurídica prevista para el caso o adolezca de una decisiva carencia de fundamentación (conf. Interlocutorio, Tomo XXVII, Reg. 3194, Folio 5253/5255, entre otros). En estos casos la cuestión no puede sino fenecer en los Tribunales ordinarios, no siendo este Tribunal Superior de Justicia una nueva y tercera instancia para revalorizar y juzgar respecto de dichas cuestiones, salvo que se denuncie y demuestre la existencia de absurdo; violación de la ley o de la doctrina legal; y/o quebrantamiento de forma…” (cfr. Interlocutorio, Tomo XXVIII, Reg. 3344, Folio 5580/5584), circunstancias éstas que no se avizoran en la presente causa.-
VIII. Tampoco la denuncia de violación de doctrina legal habilita la admisibilidad del recurso.-
Sabido es que la facultad revisora de esta casación está circunscripta al contenido de la sentencia y a la concreta impugnación contra ella formulada (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXI, Reg. 2673, Folio 4054/4058). Desde este cuadrante, la suerte del embate recursivo dependerá de que se baste a sí mismo, es decir que de su lectura pueda advertirse el yerro en la aplicación de la ley o de la doctrina legal. Sobre este último motivo casatorio, debe tenerse en cuenta que no basta alegar la infracción de doctrina legal; es necesario precisar cuál es la violada, que la citada sea una verdadera doctrina legal, rectamente interpretada y patentizar en el recurso su aplicación al caso. La ausencia de los recaudos que se detallan tornan insuficiente el recurso que se circunscribe a invocar doctrina legal (cfr. Tessone, Alberto J.: “Recursos extraordinarios. En los procesos civil y comercial, de familia y laboral de la Provincia de Buenos Aires”, LEP, Año 2004, págs. 211/212).- Tal como se anticipó, la censura sometida a juzgamiento ante esta instancia extraordinaria se limita exclusivamente a denunciar la infracción de la doctrina legal y para concretar su faena recursiva la casacionista invoca el fallo “Newing Eliana c/ Gallardo José M. s/ reconocimiento - disolución y liquidación de sociedad de hecho” de este Alto Cuerpo.-
Empero, no satisface adecuadamente la carga técnica que supone la instancia extraordinaria ante este Tribunal Superior de Justicia, por cuanto al invocarla omite indicarla en forma precisa. Además ese fallo excede el límite temporal de cinco años dispuesto por el artículo 3 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/ 15 -Decreto Nº 2228/15-, ya que el mismo fue emitido el 19 de noviembre de 2010. En este sentido, el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro ha sostenido que: “‘Una Cámara de grado no infringe el art. 43 de la ley 2430 por no aplicar un criterio fijado en un fallo de este Superior Tribunal que no constituye ‘doctrina legal’ en los términos previstos por la normativa procesal, en virtud de exceder la pauta temporal de cinco años contemplada por esta última’”. (cfr. Barotto, Sergio M. - Apcarián, Ricardo A.: “Doctrina legal obligatoria en los ámbitos federal y provincial. El modelo de la provincia de Río Negro”, www.informacionlegal.com.ar. Cita Online: AR/DOC/695/2019).- Por último, también aparece como insuficiente la fundamentación desplegada en cuanto omite suministrar argumentos que patenticen la relación directa e inmediata entre lo debatido y resuelto en aquel pronunciamiento y la cuestión litigiosa ventilada en el sub lite.-
IX. Que en virtud de lo expuesto, el recurso de casación articulado por la parte demandada a fs. 562/568 vta. no ha logrado habilitar la presente instancia extraordinaria, por lo que corresponde declararlo mal concedido y, en consecuencia, revocar la resolución emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a foja 570 y vta., de conformidad con lo establecido por el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-. Así lo voto.- Por los fundamentos del Acuerdo que antecede y el voto mayoritario y concordante de los Sres. Vocales Dr. Daniel Mauricio Mariani, Dr. Enrique Osvaldo Peretti, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau y de la Sra. Presidenta Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos; el voto en disidencia de la Sra. Vocal Dra. Reneé Guadalupe Fernández, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar bien concedido el recurso de casación interpuesto por la Sra. Leila Betiana Neumann a fs. 562/568 vta..-
2. Ordenar poner los autos a disposición de las partes a los fines dispuestos en el artículo 8° del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, y por el término allí establecido.-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos –Presidente- Dr. Daniel Mauricio Mariani –Vocal-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti –Vocal-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau –Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1006I.221 Tomo: XXXIII Interlocutorio: 3657 Folio N°: 6411/6415 Secretaría: 1
Fin de la sentencia