Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa M-2.061/16-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar de oficio la nulidad de la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 470/477, y lo actuado en consecuencia; debiéndose reenviar, por la anterior instancia, la causa al Juzgado Provincial de Primera Instancia N° 2 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería, Secretaría Nº 2, de Caleta Olivia para que se notifique, en debida forma (conf. arts. 59 y 62 del CPC y C), la sentencia obrante a fs. 421/429 a los codemandados (rebeldes) Federico Adrián Neumann y Gerardo Ariel Neumann y a la Sra. Leila Betiana Neumann; y se continúe el procedimiento conforme a derecho.-
2Imponer las costas en el orden causado atento la forma en que se resuelve (art. 71 CPC y C).-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: M-2.061/16-TSJ Interlocutorio N°: 3247.-
Actor: MONTEROADRIANA ISABEL Demandada: SUCESORES DE NEUMANN PEDRO H.
Objeto: DIVISION DE CONDOMINIO Y RECONOCIMIENTO DE SOCIEDAD DE HECHO Fecha: 31/10/2016 Texto: TOMO XXVII -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3247 FOLIO Nº 5383/5385 PROT. ELECT. TSS1 089 I.161
Río Gallegos, 31 de octubre de 2016.-
Los presentes autos caratulados: “MONTERO ADRIANA ISABEL C/ SUCESORES DE NEUMANN PEDRO H. S/ DIVISION DE CONDOMINIO Y RECONOCIMIENTO DE SOCIEDAD DE HECHO”, Expte. Nº M-14.748/11 (2.061/15-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia en virtud del recurso de casación interpuesto a fs. 484/491, por el Dr. Heraldo Juan Nanni, letrado apoderado de la parte actora, contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 470/477, en cuanto confirmó el pronunciamiento dictado en primera instancia a fs. 421/429, e impuso las costas a la recurrente.- La actora recurre el fallo de segunda instancia acusando quebrantamiento de forma y violación de la ley (arts. 2° y 3º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-). Dicho recurso fue declarado formalmente admisible (conf. foja 493 vta.).-
II. Como previo al tratamiento de la materia traída a conocimiento de este Tribunal, debe señalarse que si bien debe, en principio, limitar su decisión a lo peticionado por las partes en el recurso, constituye un requisito previo, emanado de su función jurisdiccional, el control, aun de oficio, del desarrollo del procedimiento y del cumplimiento de los lineamientos que hacen de la sentencia un acto jurisdiccional válido, toda vez que la eventual existencia de un vicio capaz de provocar una nulidad y afectar una garantía constitucional no puede ser confirmada.- Si la lectura del expediente pone al descubierto una trasgresión a los recaudos formales y sustanciales que el proceso debe reunir y de esta manera se pudieran afectar garantías constitucionales como la defensa en juicio y el debido proceso, ello tiene entidad como para afectar la validez misma del pronunciamiento. De observar el juzgador el acaecimiento de tal circunstancia, ésta debe ser atendida y declarada con antelación a cualquier otra cuestión que se hubiera planteado (conf. Fallos: 331:1583). Conteste con dicho criterio, este Alto Cuerpo ha expresado que “...debe anularse de oficio el pronunciamiento que no proporciona los presupuestos fácticos indispensables ni conclusiones certeras para la solución integral del juicio impidiendo al Tribunal el ejercicio de su potestad revisora.” (cfr. Sentencia, Tomo XIII, Reg. 458, Folio 2490/2494).-
Así también “Que más allá de los planteos propuestos por el recurrente, del examen de las actuaciones se advierte en forma decisiva que el procedimiento por el cual se llegó a la resolución atacada adolece de vicios substanciales que la descalifican como acto jurisdiccional. Pues es condición de validez de los fallos judiciales que se arribe a los mismos garantizando la defensa en juicio. Si bien es cierto que este Alto Cuerpo, está en principio, limitado en esta instancia al análisis de las condiciones formales de admisibilidad del recurso intentado, esto no le impide, en circunstancias extraordinarias, revisar los presupuestos procesales que hacen al debido proceso” (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXVII, Reg. 3221, Folio 5316/5319).- Surge de las constancias obrantes en autos que se ha omitido notificar las sentencias de primera y segunda instancia a los herederos, codemandados, Federico Adrián Neumann y Gerardo Ariel Neumann; y la de primera instancia a la Sra.
Leila Betiana Neumann, atento que la misma no fue notificada fehacientemente, conforme surge de la cédula de notificación obrante a foja 437 y vta., donde sólo fue notificada su letrada patrocinante.- En efecto, Federico Neumann y Gerardo Neumann fueron declarados rebeldes a foja 318, sin que a la fecha hayan tomado intervención en autos, razón por la cual las sentencias indicadas debieron notificárseles en sus respectivos domicilios reales (arts. 59 y 62 del CPC y C), medida que no se ha cumplido; no obstante lo cual el proceso avanzó, omitiendo este recaudo esencial para asegurar la garantía de defensa en juicio.- El incumplimiento advertido implica una palmaria violación de la garantía de defensa en juicio, ya que privó a dichos codemandados de cualquier planteo que hubieran podido, en su oportunidad, oponer contra los fallos de grado si es que consideraban que éstos les generaban algún injusto perjuicio, más aún teniendo en cuenta que la sentencia de primera instancia (y confirmada por la Excma.
Cámara) resolvió hacer lugar parcialmente a la demanda.- Ante hipótesis como la descripta, ha señalado este Tribunal que, además de la defensa en juicio, también se vulnera el principio de bilateralidad o contradicción: “El principio de bilateralidad ‘...implica la prohibición de que los jueces dicten alguna resolución o dispongan la ejecución de alguna diligencia procesal sin que, previamente, hayan tenido oportunidad de ser oídos quienes pudieran verse directamente afectados por tales actos’ (cfr. Palacio, Lino Enrique, Derecho Procesal Civil, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1986, Tomo I, pág. 263). El mismo deriva directamente del artículo 18 C.N., manda que dispone la inviolabilidad de la defensa en juicio de las personas y de los derechos.
Sobre la base de aquél principio, en todo el desarrollo del proceso, se estructuran actos de trasmisión, como son, entre otros, las notificaciones, las que colocan a las partes en condición de expedirse sobre distintos actos procesales. De este modo la decisión judicial puede ser el fruto de un proceso dialéctico de debate entre las partes ante el Juez como un tercero imparcial. Asimismo, el principio de bilateralidad es una exigencia del respeto al debido proceso legal y del principio de igualdad entre las partes (cfr. Loutayf Ranea, Roberto G., ‘Principio de bilateralidad o contradicción’, La Ley 16/02/2011. Cita Online: AR/DOC/313/2011)” (cfr. fallo cit.).- Dado que nos hallamos ante circunstancias comparables, es oportuno aquí, reiterar lo dicho por este Tribunal, doctrina que no podemos soslayar: “…la Convención Americana sobre Derechos Humanos (de jerarquía constitucional de acuerdo con lo dispuesto en el art. 75 inc. 22 CN) dispone que: ‘Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter’ (cfr.
CADH art. 8 ‘Garantías judiciales’). Esta norma determina la nulidad que se dispone en el caso sub examine a fin de no afectar la normativa incluida en el bloque de constitucionalidad […] La decisión que debe ser dada en estos actuados por este Alto Cuerpo trata, en definitiva, del debido contralor de los actos jurisdiccionales, que siempre y necesariamente deben respetar la lógica interior de los hechos, pruebas y legalidad de las respuestas jurisdiccionales, sin lo cual se malogran irremediablemente las garantías del debido proceso, de la defensa en juicio y, fundamentalmente, del principio de seguridad jurídica. Esto es, comprobado el vicio de procedimiento, el acto sentencial no existe como acto procesal válido […] Debemos señalar que es oportuna la declaración de la nulidad de oficio en esta etapa del proceso por razones de celeridad y economía procesal.
Pues permitir el avance de las actuaciones ante una evidente nulidad implicaría incurrir en un excesivo rigorismo formal y en un dispendio jurisdiccional inútil. Abonando la solución aquí propuesta se ha dicho: ‘De conformidad a reiterada jurisprudencia de esta Corte Suprema de Justicia provincial según la cual, si en oportunidad de efectuar el juicio de admisibilidad del recurso de casación, este Tribunal comprueba la existencia de nulidades no subsanables, la sentencia impugnada en esta instancia extraordinaria local debe ser declarada nula de oficio, en cualquier estado y grado del proceso (cfr. sentencia n° 385 del 26/5/1998, entre muchas otras), sin siquiera considerar la procedencia del recurso de casación, …Y ello es así por cuanto al verificarse una causal que enerva de nulidad absoluta a la sentencia recurrida,… los agravios que sustentan el memorial de la parte que planteó el recurso de casación se tornan cuestión abstracta, por lo que esta Corte debe abstenerse de toda consideración a su respecto (cfr.
CSJ Tucumán, sala laboral y contencioso administrativa ‘Fernández Juan Carlos c. Refinería del Norte S.A. s/indemnizaciones’, 08/08/2012, Publicado en: LLNOA 2012 (diciembre) , 1212, Cita online: AR/JUR/46833/2012)’ …‘…la nulidad que aqueja a la sentencia del ad quem se vincula directamente con reglas de jerarquía superior al derecho adjetivo, como lo es la garantía de defensa en juicio (conf. art. 18 C.N.). Este supuesto habilita a este Alto Tribunal a declarar la nulidad de oficio en cualquier momento del proceso’” (cfr. fallo cit.).- En definitiva, las garantías fundamentales descriptas, serían quebrantadas si se otorgara validez a sentencias de las que no se ha anoticiado a todas las partes del proceso -como en este caso los codemandados (rebeldes) Federico y Gerardo Neumann-; y la Sra.
Leila Betiana Neumann y, como consecuencia, no se han podido expedir sobre el contenido de las mismas.-
De conformidad con los lineamientos reseñados en el conside-rando que antecede, debe declararse la nulidad de oficio de la sentencia de segunda instancia y de todo lo actuado en consecuencia, debiéndose reenviar, por la anterior instancia, la causa al Juzgado Provincial de Primera Instancia Nº 2 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería, Secretaría Nº 2, de Caleta Olivia para que notifique, en debida forma, la sentencia obrante a fs. 421/429 a los codemandados (rebeldes) Federico Adrián Neumann y Gerardo Ariel Neumann (conf. arts. 59 y 62 del CPC y C) y a la Sra. Leila Betiana Neumann, y se continúe el procedimiento conforme a derecho. Atento la forma en que se resuelve, las costas deberán imponerse por su orden (conf. art. 71 del CPC y C.).- Por lo expuesto, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia,
1. Declarar de oficio la nulidad de la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 470/477, y lo actuado en consecuencia; debiéndose reenviar, por la anterior instancia, la causa al Juzgado Provincial de Primera Instancia N° 2 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería, Secretaría Nº 2, de Caleta Olivia para que se notifique, en debida forma (conf. arts. 59 y 62 del CPC y C), la sentencia obrante a fs. 421/429 a los codemandados (rebeldes) Federico Adrián Neumann y Gerardo Ariel Neumann y a la Sra. Leila Betiana Neumann; y se continúe el procedimiento conforme a derecho.-
2. Imponer las costas en el orden causado atento la forma en que se resuelve (art. 71 CPC y C).-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso y en virtud de encontrarse vacante un cargo de Vocal (art. 27, 2º párrafo, de la Ley Nº Uno, t.o. Ley Nº 2404).-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariano –Presidente; Dr. Enrique Osvaldo Peretti – Vocal; Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal; Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal.-
Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1089I.161 Tomo: XXVII Interlocutorio: 3.247.-
Folio N°:5383/5385.-
Secretaría: 1
Fin de la sentencia