Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaLo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo dictado precedentemente, resultado de la votación, citas legales y jurisprudenciales y lo dispuesto por el art. 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial F A L L A:
1Admitir parcialmente los agravios de la parte demandada, modificando el porcentaje de incapacidad que se establece en el 33,6 % de la T. O.
2Disponer la actualización de las sumas dadas en pago del mismo modo que debe cuantificarse el monto de condena de conformidad con lo dispuesto en el considerando IX.-
3Imponer las costas en la instancia en el orden causado (art. 68 CPCC).-
4Diferir la regulación de honorarios hasta tanto se encuentren determinados en la instancia de grado.-
5Tener presente la reserva del caso federal.
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº8863/25 Sentencia: Definitiva Actor: Montero Marcelo Eduardo Demandada: La Segunda ART S.A Objeto: Accidente de Trabajo- Acción Especial Fecha: 04-08-2025 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz a los cuatro días de Agosto de 2025, se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia en los autos: “MONTERO MARCELO EDUARDO C/ LA SEGUNDA A.R.T. S.A. S/ ACCIDENTE DE TRABAJO- ACCION ESPECIAL”, Expte. Nº 20.390 del año 2025 que tramitan en el Juzgado de Primera Instancia Nº 2 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de esta ciudad, que tuviera ingreso en esta instancia bajo el Nº8863/25. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Griselda I. Bard, Horacio Fernández y Humberto Eduardo Monelos para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A LA PRIMERA CUESTIÓN Griselda Bard dijo:
I. Al PE428722-2022 se presenta Marcelo Eduardo Monero con el patrocinio letrado del Dr. Sabbatella Arturo Raúl y deduce demanda laboral contra LA SEGUNDA A.R.T. S.A. persiguiendo el cobro de $3.662.656,41 que estima provisoriamente, o lo que en más o en menos resulte de la prueba a rendirse, más intereses, actualización, costos, costas, desde que cada rubro es debido y hasta su total y etectivo pago. Dicho importe lo reclama en concepto de indemnización de pago por la incapacidad permanente parcial y definitiva sufrida por un accidente de trabajo ocurrido en fecha 09/01/2020 como detependiente de la empresa ELECTRIFICADORA DEL VALLE SA, todo ello conforme el art. 14 de la LRT. Solicita la inconstitucionalidad de los arts. 1, 8 ap. 3, 21, 22, 46 y 50 de la Ley N° 24.557 (mod. por Ley 27.348), del DNU 669/19, de los Decretos 717/96, 1278/00 y 410/01, del art. 9 de la Ley N° 26.773, y la inaplicabilidad de los arts. 1, 2, 3, 4 CC. Y SS. de la Ley N° 27.348 y de la res SRT 298/17. Plantea la inconstitucionalidad de las comisiones médicas. Plantea la legitimación pasiva de la aseguradora de riesgos de trabajo. Peticiona la inexistencia de actos realizados bajo el sistema administrativo de la Ley N° 24.557, y la inaplicabilidad de la teoría de los actos propios. Practica y compara dos liquidaciones. Acompaña documentación, ofrece prueba, realiza reserva del caso federal, funda en derecho y hace su petición final.- Dice que ingresó a trabajar para su empleadora el 11/10/19 en la categoría Medio Oficial Zona Sur desemmpeñándose como constructor, que el día 09/01/2020 en el yacimiento de Cañadón León (lugar de trabajo) con la ayuda de dos compañeros estaba moviendo sobre su hombro izquierdo una armadura de 8.5 metros, trastabilló y se cayó dentro de un pozo con todo el peso de la armadura sobre su hombro izquiero. Fue diagnosticado con traumatismo de tendón y músculo a nivel del hombro y brazo y traumatismo de hombro izquierdo con lesión de SLAP 2. El 19/03/21 fue intervenido quirúrgicamente por dicha lesión en la ciudad de Comodoro Rivadavia, y estuvo con tratamiento médico hasta el 24/11/21 momento en el que La Segunda ART S.A. determinó el cese de la ILT. En fecha 01/02/21 la Comisión Médica dictaminó el grado de incapacidad en 16% de la T.O. por la que percibió la indemnización. Estima que posee una incapacidad del 30% de la T.O. por la lesión limitación funcional del hombro izquierdo y cicatrices.
II. Corrido el traslado de la acción, al PE497888-2022 el Dr. Carlos Linares y la Dra. Silvina Godoy en carácter de apoderados de LA SEGUNDA ART S.A. contestan demanda, ofrecen prueba y oponen excepción de cosa juzgada y de pago total como defensa de fondo, solicitan el rechazo de la demanda con costas. Niegan los hechos expuestos por el actor y desconoce la autenticidad de la totalidad de la prueba documental acompañada. Reconocen que su mandante recibió la denuncia del siniestro (número 1007294) ocurrido en fecha 09/01/2020 y que procedió a dar el correspondiente trámite brindando las prestaciones médicas correspondientes. Explica que durante el tratamiento efectuado para tratar la lesión se detectó una patología de origen inculpable consistente en 'mecanismo no idóneo para provocar lesion slap', no relacionada con el accidente sufrido por el actor, la que le fue informada en fecha 31/01/2020. Mencionan que luego de que la ART otorgara las prestaciones que se encontraban a su cargo, determinó el alta médica el 12/02/2020. La Comisión Medica emitió su dictamen el 19/02/2020, y determinó el diagnostico como “S434- Esguinces y torceduras de la articulación del hombro Coracohumeral (ligamento) Manguito rotatorio (capsula) – Traumatismo de hombro izquierdo con lesión de SLAP. Continúan diciendo que en el mes de marzo de 2020 el actor fue sometido a una intervención quirúrgica, continuando la ART brindando las prestaciones médicas correspondientes. El 01/02/2021 la Comisión Medica emitió nuevo dictamen del que surge como diagnostico “S469- Traumatismo de tendón y músculo no especificado, a nivel del hombro y del brazo. Traumatismo de hombro izquierdo con lesión de SLAP 2, operado con limitación funcional, arrojando un resultado del 16,00% de incapacidad parcial, permanente y definitiva. Reconocen que su mandante abonó la suma de $2.460.287,00, en la cual se encuentran comprendidas la indemnización por incapacidad parcial permanente y definitiva y el 20% adicional previsto por Ley N° 26.773. Niegan y desconocen el porcentaje de incapacidad que el actor dice padecer. Invocan la teoría de los actos propios. Solicitan el rechazo del planteo de inconstitucionalidad de la Ley N° 24.557, del DNU 669/19 y del art. 9 de la Ley N° 26.773. Peticionan se aplique el art. 730 del CCyCN. Hacen reserva del caso federal, ofrecen prueba y fundan en derecho.-
III. Al PE352976-2022 se abre la causa a prueba y se provee la ofrecida por las partes. Producida la prueba obrante en autos y en la etapa de expedirse sobre el mérito de la misma solo hace uso del derecho de alegar la parte actora. Se expide en PE1419669-2024 el Sr. Agente Fiscal a cargo de la Fiscalía Nº 1 Dr. Martín Sedán contestando la vista conferida con relación a las inconstitucionalidades planteadas.-
IV. Se dispuso en PE868143-2024 el pase de los autos a despacho para dictar sentencia, la que se dicta y obra en PE1695927-2025. En su parte dispositiva declara la inconstitucionalidad de los arts. 8 inc. 3, 21, 22 y 50 de la ley 24.577, y las disposiciones pertinentes de los Decretos N° 717/96, 1278/00 y 410/01; rechaza la inconstitucionalidad del art. 9 de la Ley N° 26.773; declara abstracto el tratamiento de la incontitucionalidad del art. 46 inc. 1° de la Ley N° 24.557, y de los Decretos N° 658/96 y 659/96; declara la inconstitucionalidad del DNU N° 669/19; admite la demanda interpuesta por Marcelo Eduardo Montero en contra de La Segunda A.R.T. S.A. y la condena al pago de diferencias por indemnización (art. 14 inc. 2 ap. a) de la Ley N° 24.557 y art. 3 de la Ley N° 26.773) por la incapacidad sufrida del 34,92% de la T.O. en consecuencia del accidente laboral sufrido el 09/01/2020; ordena el pase de autos al Gabinete Contable Oficial a los fines de practicar la liquidación final; condena en costas a la demandada, difiere la regulación de honorarios y la determinación de la tasa de justicia.-
V. Al PE1723546-2025, el apoderado de La Segunda A.R.T. S.A. apela y expresa agravios. El recurso es concedido al PE1039213-2025 libremente y con efecto suspensivo. Al PE1741262-2025 la parte actora contesta los agravios.
Los autos se elevan con la certificación de estilo (PE1780720-2025), se llama autos a sentencia. Firme se dispone el pase a estudio fijando el orden para ello.-
VI. Agravia a la demandada la valoración y determinación del grado de incapacidad del 34,92% establecido en el punto 5 de la sentencia, ello conforme el dictamen pericial oficial. Considera que el perito médico se aparta de las disposiciones del Baremo de la LRT conforme lo establece el Decreto 659/96 y demás normas aplicables. Sostiene que el Juez de grado no consideró ni trató debidamente los fundamentos expuestos por su parte al impugnar dicha pericia, existiendo por parte del Magistrado, según dice, una incorrecta valoración de la prueba producida, no pudiendo el dictamen médico ser tenido en cuenta para establecer la incapacidad del actor al haberse apartado éste de los términos establecidos por las normas a aplicarse.-
Remarca que el perito para arribar a su conclusión tuvo en cuenta rangos de movilidad que no existen en el hombro, conforme los términos del Baremo de la Ley N° 24.557 (abducción y extensión). Realiza una explicación de dichos términos, y remarca que los rangos que el perito tuvo en cuenta no se encuentran incluidos y fueron arbitrariamente incluidos por éste, por lo que considera que el dictamen, al no encontrarse ajustado a derecho, no puede ser tenido en cuenta a los fines de determinar el grado de incapacidad del actor. También refiere que el perito no valoró de manera correcta el grado de incapacidad conforme lo advertido e indicado en un primer momento al revisar al actor, y considera que éste se apartó de los parámetros previstos por la Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales, Decreto 659/96. Expone los porcentajes de la misma, los cuales difieren con los indicados por el perito médico.- Refiere al rechazo que realiza el Juez de grado del planteo de inconstitucionalidad del art. 9 de la Ley N° 26.773 que establece que los informes, dictámenes y pronunciamientos deberán ajustarse al Listado de Enfermedades Profesionales (Anexo I del Decreto 658/96) y a la Tabla de Evaluación de Incapacidades (Anexo I del Decreto 659/96), y entiende que el Magistrado no puede tener por válido un dictamen médico que se aparta de las disposiciones del Baremo de la LRT, existiendo una contradiccón evidente en su decisorio. Solicita que en esta instancia se determine la incapacidad del actor conforme los términos establecidos por el Baremo de la LRT, no debiendo responder su mandante por una incapacidad mayor a la que corresponde.-
En otro orden, se agravia la demandada porque en el punto 5 de la sentencia el Juez de grado la condena a abonar la diferencia por indemnización, y aclara que debe descontarse la suma ya abonada por ésta, pero no prevé la actualización de dicho monto, a través de la aplicación de intereses sobre el pago ya realizado. Considera ello injusto y contrario al criterio adoptado por ésta Cámara, toda vez que el Juez de grado considera la actualización del crédito a favor del actor, sin ordenar la actualización del pago ya realizado por su parte en fecha 11/02/2021. Al respecto, refiere a los autos “CONEJERO MARTÍN SEBASTIÁN C/ LA SEGUNDA A.R.T S.A y OTRO S/ ACCIDENTE DE TRABAJO” Expte. Nro. 36.819/2018, Sentencia registrada al T° XCVIII - R° 3013 - F° 198/209, en los cuales ésta Cámara determinó que las sumas abonadas debían ser actualizadas de la misma manera que el monto de condena, aplicándose la misma tasa de interés y luego ser descontadas al practicarse la liquidación correspondiente.- Finalmente solicita se haga lugar al recurso interpuesto, se revoque la sentencia atacada, y subsidiariamente se ordene la actualización del pago parcial realizado por su parte de idéntica forma en la que deba ser actualizado el monto de condena, con costas.-
VII. Al PE1741262-2025 contesta traslado la actora y considera que los agravios de la demandada no conforman una crítica concreta y razonada que ponga en crisis la sentencia atacada. Respecto al primer agravio -determinación del porcentaje de incapacidad- sostiene que yerra la demandada toda vez que el perito médico en su informe utilizó términos (“abdo-elevación” y “extensión”) que resultan equiparables a los reconocidos en el baremo, encontrándose contemplados los mismos en éste aunque con otro nombre técnico (“abducción” y elevación posterior). En cuanto a los porcentajes otorgados por la incapacidad que fueron cuestionados por la demandada en sus agravios, explica con fórmulas matemáticas de qué manera el perito arribó a dichos porcentajes. En cuanto al siguiente agravio, el pago realizado por la aseguradora, entiende que lo adecuado es aplicar las reglas de la correcta imputación del pago efectuado, y no actualizar el valor de lo ya abonado. Afirma haber reconocido el pago como parcial no cancelatorio, como un pago a cuenta de capital e intereses, debiendo imputarse el pago a intereses, los cuales entiende que tienen un rasgo esencial al devengarse a partir de la mora. Menciona la forma en la que deberían liquidarse los mismos. Finalmente realiza reserva del caso federal y solicita se rechace el el recurso interpuesto con costas.-
VIII. En orden a los agravios expresados habrá de analizarse el tema del grado de incapacidad padecido por Marcelo Montero, ya que fue valorado por los profesionales de la Comisión Médica interviniente, se reclama casi por el doble del porcentaje de indemnización y la sentencia tomando la pericia oficial admite aún por un porcentaje superior.
Sobre el punto, deben recordarse las circunstancias en la que tuvo lugar el accidente que motiva las presentes actuaciones y en el que el actor se encontraba trasladando una armadura de gran peso cuando cayó y fue lesionado en su hombro izquierdo. Si bien recibió atención inmediata y luego quirúrgica el actor refiere que la determinazión e indemnización que le otorgaron por su incapacidad es insuficiente. En agravios el demandado reitera la existencia de errores en la pericia médica realizada judicialmente señalando que los valores no se ajustan a la legislación vigente.
Ello impone revisar dicha medida de prueba ya que resulta ser la determinante para la resolución del caso.
En el particular el médico interviniente discrimina de la siguiente manera: incapacidad PARCIAL Y PERMANENTE, es del 34.92% de la T/O. DISCRIMINADO COMO SIGUE: HOMBRO IZQUIERDO 1. ABDUCCION: HI: 30°: 10%; 2. ADUCCION: HI: 15°: 3%; 3.FLEXION: HI: 50°:7%; 4. EXTENSION HI: 30ª: 1%; 5. ROTACION EXTERNA: HI: 30º: 6%, 6. ROTACION INTERNA: HI: 35º:0.5%; lo que arroja un total de 27.5 %. En particular se impugna el porcentaje otorgado en cuanto a la rotación externa, y de la lectura del decreto aplicable, asiste razón al impugnante por cuanto el porcentaje correspondiente en el punto es 5% y no 6% como se dictamina. Diferente situación acontece con el porcentaje otorgado por rotación interna, ya que el impugnante señala que se suma 5% cuando en verdad se concede 0,5%, por lo que esta observación no puede ser admitida, ya que guarda relación con los baremos utilizados. En atención a ello corresponde admitir parcialmente este agravio dejando constancia que el porcentaje de incapacidad total arroja un 33,6% de la T.O. teniendo en cuenta los factores de ponderación que se consideraron y no fueron impugnados y se encuentran ajustados a los porcentajes correspondientes, ya que fueron señalados de acuerdo al examen físico practicado y estudios complementarios realizados. Para ello además se considera lo establecido en la Tabla de Evaluación de Incapacidades prevista como Anexo I del decreto 659/96 y sus modificatorios. Resta señalar que la eficacaia probatoria del dictamen médico ha sido analizada de conformidad con lo dispuesto en el art. 455 del CPCC, y que la impugnación realizada por las partes no cuestiona en forma específica en que parte del razonamiento o exámenes médicos realizados se habría producido un error atendible para modificar los porcentajes establecidos.-
IX. En otro apartado se agravia el demandado por cuanto se habría realizado un pago parcial al actor y no se dispuso su actualización a los fines de obtener el monto de la diferencia a abonar. Si bien el magistrado ordena descontar las sumas percibidas no se expide en cuanto a los intereses a aplicar. Asiste razón al quejoso en este aspecto y la posibilidad de actualizar las sumas debidamente abonadas es un criterio reiterado en esta Cámara de Apelaciones, además del precedente señalado por el quejoso la suscripta lo ha decidido en los autos “PEREZ PEREZ JOSÉ RAMÓN Y OTRA C/ SANDOVAL CARLOS Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” Expte. Nº 22026 del año 2015, TOMO: XCVII -SENTENCIAS, REGISTRO:2962, FOLIO:001/012, PROT. ELECT. A201 144S.221. A fin de evitar una desproporción en cuanto al crédito y desigualdad de las partes las sumas abondas deberán ser actualizadas al momento de la liquidación con iguales pautas que las dispuestas en la sentencia para la diferencia resultante. Debo aclarar que no es atendible el argumento de la actora en cuanto pretende imputar esos montos a intereses, habida cuenta que en la propia demanda reconoce el pago en forma íntegra -capital e intereses- y menciona además que se lo tiene a cuenta de la diferencia. Por estas razones este agravio prospera en la forma señalada. Por estas razones y con el alcance establecido en mis consideraciones entiendo que la senencia es parcialmente justa y debe modificarse en los términos señalados. Por la forma en que se admiten los agravios las costas deben ser por su orden, y la regulación de los honorarios se difieren para cuando exista monto determinado en la instancia de grado. Así lo propongo al Acuerdo.
A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Fernandez dijo:
X. Comparto las consideraciones formuladas por la primer votante en atención al porcentaje de incapacidad que fue detallado y en cuanto a la actualización del monto percibido por el trabajador.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
XI. En función de las razones expuestas en mi voto propongo al Acuerdo dictar el siguiente pronunciamiento: 1º) Admitir parcialmente los agravios de la parte demandada, modificando el porcentaje de incapacidad que se establece en el 33,6 % de la T. O. 2º) Disponer la actualización de las sumas dadas en pago del mismo modo que debe cuantificarse el monto de condena de conformidad con lo dispuesto en el considerando IX. 3º) Imponer las costas en la instancia en el orden causado (art. 68 CPCC). 4º) Diferir la regulación de honorarios hasta tanto se encuentren determinados en la instancia de grado. 5°) Tener presente la reserva del caso federal. 6°) Registrar, notificar y oportunamente devolver los autos al Juzgado de origen.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Fernandez dijo:
XII. En función de lo manifestado anteriormente adhiero a la propuesta formulada por la Dra. Bard.
Por ello se dicta la siguiente sentencia:
CALETA OLIVIA, 04 de Agosto 2025
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo dictado precedentemente, resultado de la votación, citas legales y jurisprudenciales y lo dispuesto por el art. 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial F A L L A:
1. Admitir parcialmente los agravios de la parte demandada, modificando el porcentaje de incapacidad que se establece en el 33,6 % de la T. O. 2º) Disponer la actualización de las sumas dadas en pago del mismo modo que debe cuantificarse el monto de condena de conformidad con lo dispuesto en el considerando IX.- 3º) Imponer las costas en la instancia en el orden causado (art. 68 CPCC).- 4º) Diferir la regulación de honorarios hasta tanto se encuentren determinados en la instancia de grado.- 5°) Tener presente la reserva del caso federal. 6°) Registrar, notificar y oportunamente devolver los autos al Juzgado de origen. El Dr. Humberto E. Monelos no suscribe la presente por no existir disidencia en los firmantes y constituir mayoría.- Fdo. Griselda I. Bard- Jueza de Cámara- Presidenta; Horacio M. Fernández- Juez de Cámara; Ante Mí: Carolina M. Lima- Secretaria de Cámara. - Protocolización: A201039S.251 Tomo: CIII Sentencia: 3135 Folio Nº: 075/080 Secretaria: 1
Fin de la sentencia