Abriendo la norma
Tribunal de Trabajo N.º 4 de Escobar · Causa 825
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la excepción de prescripción opuesta por la demandada.
2Declarar la inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 y 4 de la ley 25.561.
3Hacer prosperar la demanda incoada por MONTERO SEBASTIAN EDUARDO contra CLUB IDEPENDIENTE SOCIAL DEPORTIVO Y MUTUAL por la suma de SESENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL SESENTA Y DOS ( $67.313.062.-) por los conceptos expresados precedentemente
La suma de condena deberá ser abonada al actor, dentro de los diez días de notificada la sentencia mediante depósito en la cuenta de autos. en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, Sucursal Tribunales.
4INTERESES POR INCUMPLIMIENTO: Al capital de condena determinado en la presente, corresponderá adicionar, desde la mora en el cumplimiento de esta sentencia y hasta la fecha de su efectivo pago, un interés equivalente a la actualización por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el INDEC, con más una tasa de interés pura del 3% anual, conforme lo dispuesto por el art. 276 de la Ley de Contrato de Trabajo (según reforma Ley 27.802), desde que cada suma sea debida y hasta el momento del efectivo pago, a calcularse segun la calculadora oficial. (art. 768, 770 C.C.C.N)
Https://www.bcra.gob.ar/calculadora-intereses-creditos-laborales-judicializados/.).
5Rechazar la excepción de prescripción opuesta por la parte demandada.
6Rechazar el reclamo por daño moral incoado. …
Expte. 825 .
En la ciudad de Escobar, reunidos el Tribunal del Trabajo Nº 4 del Depto. Judicial de Zarate-Campana, con asiento en la Ciudad de Escobar, con los Dres. VALCARCE YAMILA, MINUTO LEONARDO LUIS ENRIQUE y GIMENEZ NOEMI ALICIA , para dictar sentencia (art. 54, inc. d), 57, 58, 59 y ccdtes. de la ley 15.057), en el expediente: MONTERO SEBASTIAN EDUARDO C/ CLUB INDEPENDIENTE SOCIAL DEPORTIVO Y MUTUAL S/ DESPIDO , Expte. 825 , de acuerdo al siguiente orden de votación: MINUTO-VALCARCE-GIMENEZ; y a fin de considerar las cuestiones que constituyen el objeto del juicio (art. 57, inc. 4 de la ley 15.057), se plantean la siguiente cuestión:
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
EL DR. LEONARDO LUIS ENRIQUE MINUTO d ijo:
I. VISTOS. ANTECEDENTES:
Se presenta el Dr. VENER CLAUDIO ENRIQUE , en su carácter de letrado apoderado de la Sr. MONTERO SEBASTIAN EDUARDO , iniciando formal demanda por despido contra CLUB INDEPENDIENTE SOCIAL DEPORTIVO Y MUTUAL .
Relata que ingresó a trabajar para el el 4/9/2010 e n calidad de ENTRENADOR, PROFESOR DE NATACIÒN - profesor II CLUB INDEPENDIENTE SOCIAL DEPORTIVO MUTUAL, con explotación sita en calle INDEPENDENCIA, N° 956, DE ZARATE, PROVINCIA DE BUENOS AIRES . Sostiene que trabajaba de DISTINTOS TURNOS U HORARIOS TODOS LOS DÍAS DE LA SEMANA DE 9 A 11 Y DE 16 A 20 HS .
Que su mejor remuneración percibida fue de $350.000 mensuales.
Sostiene que el 23/9/2023 , al actor le fue remitida misiva por parte de la patronal, en donde lo despide con falsa causa: con motivo de que ORGANIZÓ, SIN AUTORIZACIÓN UN ENCUENTRO CON UNA DIRIGENTE POLÍTICA/CANDIDATA (hecho o actividad política partidaria), DENTRO DE LA JORNADA DE TRABAJO CON MENORES; EXPUSO SIN AUTORIZACION LA IMAGEN DE MENORES DE EDAD, COMO ASIMISMO, POR EL PEDIDO DE CANONES VARIOS A LOS PADRES SIN AUTORIZACION (actividad que resulta inmoral, lucrativa y fraudulenta), lo que conllevaría a la Perdida de Confianza , poniendo a disposición liquidación final.
Ofrece prueba, practica liquidación, funda en derecho y solicita el acogimiento de la acción con imposición de costas a la accionada.
Que se presenta EL DR. BIGARELLA NESTOR HORACIO en su carácter de letrado apoderado de CLUB IDEPENDIENTE SOCIAL DEPORTIVO Y MUTUAL (mas adelante lo llamaremos el "CLUB") en virtud del poder que acompaña.
Luego de una negativa genérica y una profusa negativa particular: Reconoce QUE TRABAJÒ PARA EL CLUB INDEPENDIENTE ; la justa causa del despido invocado.
Rechaza adeudar suma alguna.
Afirma que abono al actor la liquidación final.
Opone excepción de prescripción.
Funda a derecho, impugna liquidación y solicita el rechazo de la acción con costas al actor
El 25/8/2025 l a causa es abierta a prueba, ordenándose la producción de los medios probatorios, ofrecidos por las partes.
Producidos los medios probatorios escritos ofrecidos, se fija audiencia de vista de causa, la cual luce su acta en fecha 26/10/2026, donde la parte actora desiste de su prueba pendiente de producción y previa petición de parte, se tiene por decaída toda prueba ofrecida y no producida con anterioridad a la Vista de la Causa la demandada. Por último, se les confiere a las partes el plazo de cinco días para alegar sobre el mérito de la prueba producida.
II. CUESTIONES DE HECHO QUE SE TIENEN POR PROBADAS:
II.1. Conforme los términos de las contestaciones de demanda, y la forma en que se estableció la litis, los informes del Correo Argentino de fechas 2/10/2025, tengo por acreditado que:
a) Que entre el actor y el demandado, existió un contrato de trabajo en los términos del art. 21 y 22 de la L.C.T.-
b) Que en fecha 23/9/2023 la demandada despide con causa en que: ORGANIZÓ, SIN AUTORIZACIÓN UN ENCUENTRO CON UNA DIRIGENTE POLÍTICA/CANDIDATA (hecho o actividad política partidaria), DENTRO DE LA JORNADA DE TRABAJO CON MENORES; EXPUSO SIN AUTORIZACION LA IMAGEN DE MENORES DE EDAD, COMO ASIMISMO, POR EL PEDIDO DE CANONES VARIOS A LOS PADRES SIN AUTORIZACION (actividad que resulta inmoral, lucrativa y fraudulenta), lo que conllevaría a la Perdida de Confianza del Sr. MONTERO SEBASTIAN EDUARDO.
c) Que la accionante no intimó respecto del Decreto 146/01 en tiempo y forma.
f) Que el accionante intimó en tiempo y forma se le abonen las indemnizaciones de ley, bajo apercibimiento de lo prescripto en el art. 2 de la ley 25.323 (CD 201273730).
II-2) De las declaraciones testimoniales brindadas en autos por los Sres. Monetta Jose Manuel (D.N.I.30.249.961), Maria Ximena Bordenave (D.N.I. 38.102.464), URTIAGA ERPEN MARTINA (D.N.I. 37.866.416), TRIULCI LEONARDO RAÚL (D.N.I. 31.059.107), PINKAS IVANA LETICIA (DNI 24.943.692 y CARLOS JOSÉ DONATTI (D.N.I. 20.258.394):
Al respecto y previo a todo, resulta oportuno en esta instancia examinar minuciosamente si los cuestionamientos formulados por la accionada al momento de efectuar su alegato, revisten la entidad suficiente para conmover la fuerza convictiva de los testimonios brindados por los señores Monetta, Bordenave e Ivana Leticia Pinkas o si, por el contrario, tales declaraciones no cumplen con las exigencias de veracidad, objetividad e imparcialidad necesarias para fundar la convicción de este juzgador y asimismo, determinar la viabilidad de los medios probatorios (prueba informativa e instrumental) solicitadas y adjuntadas en el alegato de fecha 30/10/2026:
I. Desestimación de la Impugnación de los Dichos del Testigo Monetta.
I.a. Respecto de la supuesta falta de espontaneidad en la fecha de ingreso.
Sostiene la demandada que el testigo evidenció una preparación previa al responder de forma inmediata "De septiembre de 2010" ante la pregunta general sobre el origen del conocimiento con el actor. Este argumento debe ser rechazado. La fijación precisa de una fecha en la memoria de un testigo, lejos de configurar un indicio de mendacidad o adoctrinamiento, denota la existencia de un hito temporal significativo que asocia el inicio de la relación personal con el ingreso del actor al ámbito del establecimiento. La inmediatez en la respuesta responde a una dinámica de evocación lógica y espontánea donde el "cuándo" resulta inseparable del "cómo" y el "dónde". Interpretar la precisión temporal como un vicio de admisibilidad implicaría sancionar la claridad del recuerdo, confundiéndola con la complacencia. El testimonio refleja autenticidad precisamente por la firmeza de la data aportada.
I.b. Respecto de la suficiencia en la razón de sus dichos sobre el año.
Se agravia la impugnante al considerar que el testigo no justificó razonablemente por qué ubicaba el conocimiento en el año 2010, limitándose a referenciar circunstancias estacionales como la primavera y la práctica de remo. No asiste razón a la accionada. La memoria humana no opera mediante registros formales o actas notariales, sino a través de asociaciones vivenciales, emocionales y fácticas. El hecho de que el testigo vincule el inicio de su relación con el actor a un cambio en su propia rutina deportiva -específicamente en la transición estacional hacia la primavera- constituye una razón de los dichos válida, coherente y plenamente idónea. La concatenación de un suceso personal relevante (el cambio de actividad) con la época del año aporta el marco de certeza temporal que valida la ubicación cronológica del suceso, dotando al testimonio de la veracidad exigible.
I.c. Respecto de la presunta incompatibilidad horaria con los términos de la demanda.
Arguye la demandada que los rangos horarios informados por el deponente (de 08:00 a 10:00 y de 16:00 a 20:00 horas) se contradicen con la jornada delimitada por el propio accionante en su escrito de inicio, quien fijó su comienzo a las 09:00 horas. Al respecto, cabe destacar que la pequeña discrepancia de una hora en el segmento matutino no altera la sustancia ni la eficacia del testimonio. La determinación de horarios por parte de terceros que concurrían al club en calidad de usuarios no puede tasarse con una exactitud matemática rigurosa, máxime cuando han transcurrido varios años desde entonces. El relato del testigo demuestra consistencia intrínseca al coincidir sustancialmente con el núcleo de la franja vespertina denunciada (16:00 a 20:00 horas). Asimismo, la indicación de un rango horario variable por parte del deponente resulta absolutamente compatible con la naturaleza de un establecimiento deportivo donde conviven diversas actividades. La declaración trasunta objetividad, puesto que el testigo depone sobre lo que percibió según sus propios márgenes de presencialidad, sin incurrir en contradicciones de entidad.
I.d. Respecto de la amplitud de la franja horaria invocada.
Critica la accionada que el testigo afirmara ver al actor en un rango que abarcaba de 08:00 a 19:00 horas, aduciendo que ello excede lo peticionado en la demanda y demuestra complacencia. Este reproche carece de sustento jurídico. De la lectura integral del acta de audiencia se colige con claridad que el deponente no pretendió afirmar que el actor prestaba tareas ininterrumpidas durante once horas consecutivas, sino que, en cualquiera de los turnos en que él concurría de forma habitual (mañana o tarde), el señor Montero se encontraba efectivamente cumpliendo funciones en las instalaciones. Esta afirmación corrobora la permanencia y habitualidad del actor en el establecimiento. El testigo ratifica la prestación de servicios dentro de las franjas controvertidas, resultando su declaración útil, asertiva y exenta de desmesura o intención de favorecer artificialmente a la parte proponente.
Por los fundamentos expuestos, la declaración del testigo Monetta califica como un acto procesal válido, provisto de la objetividad, consistencia y fuerza de convicción necesarias para formar la convicción de este juzgador, correspondiendo desestimar la totalidad de las impugnaciones deducidas a su respecto.
II. Desestimación de la Impugnación de los Dichos de la Testigo Bordenave.
II.a). Respecto de la pretendida imprecisión y contradicción sobre la fecha de ingreso.
Alega la demandada que la frase "te voy a ser sincera no recuerdo", pronunciada por la testigo ante la repregunta judicial, anula el valor de sus dichos respecto a que conoció al actor a fines del año 2010. Una lectura descontextualizada y literal de dicha locución no puede desvirtuar el sentido de la declaración. La manifestación de la testigo, valorada en su conjunto, trasunta una encomiable honestidad intelectual y buena fe. Lejos de denotar reticencia o falsedad, la testigo exteriorizó la lógica dificultad de precisar con exactitud absoluta el mes exacto tras el transcurso de más de una década, pero ratificó el núcleo de su conocimiento situándolo de manera inequívoca en la proximidad de la temporada estival del año 2010 ("casi era verano... fines de 2010"). La sinceridad expuesta robustece la credibilidad del testimonio, descartando cualquier hipótesis de relato prefabricado.
II.b). Respecto de la supuesta discordancia en la categoría o tarea de ingreso.
Sostiene la recurrente la existencia de una contradicción insalvable debido a que la deponente mencionó que el actor ingresó como "guardavidas", mientras que en la demanda se invocó la categoría de "entrenador o profesor físico". Esta judicatura no avizora la exclusión recíproca alegada. En el marco de un natatorio de un club social y deportivo, las funciones de guardavidas, profesor de natación y entrenador se encuentran íntimamente interconectadas y suelen ser ejercidas de forma simultánea o indistinta por los mismos profesionales de la educación física. Que una usuaria identifique al actor primordialmente por las funciones de salvamento y seguridad en el espejo de agua no desnaturaliza la efectiva prestación de servicios subordinados, ni contradice la plataforma fáctica de la demanda; por el contrario, confirma la inserción del trabajador en la estructura organizativa de la empleadora.
II.c). Respecto del horario de concurrencia y la percepción de las tareas.
Se agravia la demandada al afirmar que, si la testigo asistía al club "al mediodía", no pudo haber visto al actor, dado que este declaró que su jornada concluía a las 11:00 horas y reiniciaba por la tarde. El planteo impugnatorio incurre en un excesivo rigorismo conceptual. El término "mediodía" constituye una noción temporal de uso social elástico que perfectamente comprende la franja horaria de las postrimerías de la mañana (v.gr., las 11:00 horas). Asimismo, la testigo aclaró con posterioridad los márgenes de su permanencia en el club, extendiendo su presencia hacia horarios de la tarde y la noche. Consecuentemente, la deponente gozó de una adecuada e indudable percepción directa de las tareas desarrolladas por el actor, resultando su testimonio idóneo para acreditar la prestación laboral en las dependencias de la demandada.
II.d). Respecto de la regularidad horaria y las clases vespertinas.
Cuestiona la accionada la variabilidad de la presencia de la testigo en función de su "estado de ánimo" y la mención de una clase a las 20:00 horas por encontrarse fuera de la jornada de la demanda. Los argumentos resultan endebles. El hecho de que una asociada asista con mayor o menor intensidad al club según su predisposición personal no le resta aptitud para dar cuenta de los hechos fácticos que constató de forma reiterada durante sus períodos de asistencia. En lo atinente a la clase de las 20:00 horas, es una máxima de la experiencia que el horario de cierre de una jornada (fijado a las 20:00 en la demanda) coincide con la finalización de la última actividad práctica dictada, por lo que la mención de dicho límite temporal no configura una contradicción sustancial, sino una confirmación del horario tope de labor.
II.e). Respecto de la pretendida parcialidad y animosidad por motivos afectivos.
Por último, imputa la demandada una manifiesta falta de imparcialidad y encono en la testigo por haber manifestado que sintió "rechazo" y "emocionalmente no la pasó bien" ante el despido del actor, lo que motivó que ella y otros socios se alejaran de la institución. Al respecto, corresponde señalar que la solidaridad o el impacto emocional que pueda provocar en los usuarios de una institución el distracto de un profesor o entrenador con el que mantenían un trato cotidiano prolongado constituye una reacción humana natural que no contamina la objetividad del testimonio. La imparcialidad no exige la total insensibilidad del testigo frente a los acontecimientos de la realidad, sino la fidelidad a los hechos percibidos. La testigo Bordenave describió de modo coherente y circunstanciado las modalidades de la prestación del servicio del actor, sin que se vislumbre en sus dichos un ánimo de venganza, distorsión maliciosa o encono personal hacia la entidad demandada, sino la mera transmisión de la vivencia grupal ocurrida en el club.
A lo ya expuesto cabe adunar el rechazo del argumento de la accionada relativo a que la baja como socia de la Sra. Bordenave por renuncia el 27/09/2023 -es decir, cuatro días después de la comunicación del distracto del actor- corrobora de manera objetiva una supuesta animosidad. Esta judicatura considera que la desvinculación asociativa voluntaria de un usuario no puede interpretarse de ningún modo como un elemento de descalificación probatoria. La renuncia a la condición de socio constituye un acto de libertad civil que refleja la pérdida de interés en las actividades de la institución tras el despido del entrenador a cargo del equipo. Esta conducta lejos de evidenciar un afán espurio de perjudicar a la patronal, trasunta la veracidad del impacto fáctico y social que el despido del demandante causó en la comunidad deportiva del club. La concomitancia temporal de la renuncia corrobora la inserción real del actor en el entramado institucional y valida la idoneidad presencial de la testigo al momento de los hechos controvertidos.
Por ello considero que la declaración de la testigo Bordenave no adolece de imprecisiones sustanciales, pues sus lógicas vacilaciones temporales fueron rectificadas con honestidad, no se verifican contradicciones con la plataforma fáctica de la demanda, y la alegada afinidad no es más que la consecuencia natural de un trato profesional prolongado. En consecuencia, sus dichos conservan intacta su fuerza convictiva.
III. Desestimación de la Impugnación de los Dichos de la Testigo Ivana Leticia Pinkas.
IIIa). Respecto de la supuesta afectación a la imparcialidad por la relación entrenador-atleta y el alegado ocultamiento del vínculo.
Sostiene la representación de la demandada que la testigo incurrió en una omisión maliciosa al responder que conoce al actor por ser el "entrenador de mi hija", silenciando una trayectoria común, un trato cotidiano de mutua confianza e intereses compartidos derivados de la carrera de la menor Agostina Hein. Al respecto, se señala que la respuesta dada por la deponente no solo se ajusta estrictamente a la verdad, sino que define de manera jurídica y precisa la causa del conocimiento. La utilización de la primera persona del plural ("hemos salido campeones mundiales", "hemos ido a todos lados") describe de modo natural la experiencia vivencial de una madre que acompaña el desarrollo deportivo de su hija menor de edad. La existencia de un trayecto profesional de alto rendimiento compartido entre el profesor, la atleta y su entorno familiar no encuadra per se en las generales de la ley de un modo que contamine la validez del testimonio. La idoneidad e imparcialidad del testigo no exigen el aislamiento social ni la ajenidad absoluta respecto de los hechos y personas del proceso, sino la fidelidad en la transmisión de lo percibido. El éxito profesional del actor y la proyección internacional de la deportista son hechos colaterales que no alteran la objetividad con la que la testigo describió las dinámicas de trabajo y financiación que presenció en forma directa.
III.b).. Respecto de la pretendida contradicción entre lo declarado en audiencia y las manifestaciones de prensa sobre la recaudación de fondos.
Arguye la demandada la existencia de una contradicción insalvable entre la declaración brindada por la Sra. Pinkas en la audiencia de vista de causa y las expresiones vertidas en un medio de prensa el 29/09/2023, donde manifestó de forma enfática: "¡Si, se cobra para ir a los torneos!". Según la postura de la accionada, esta última frase importa el reconocimiento liso y llano de la causal de despido invocada (percepción clandestina de dinero a espaldas de la Comisión Directiva).
Este Tribunal desestima de forma categórica la hermenéutica propuesta por la impugnante. Un análisis armónico de las declaraciones periodísticas y judiciales de la testigo demuestra una estricta y sólida coherencia conceptual, descartando cualquier atenuación o falsedad. Tanto en el ámbito público como ante los estrados judiciales, la testigo sostuvo invariablemente la misma premisa fáctica: que los gastos de las competencias eran soportados por los padres ante la absoluta falta de cobertura económica por parte del club.
Cuando la testigo afirmó en los medios que "se cobra para ir a los torneos", explicitó de inmediato la razón de ser de dicha práctica al señalar que "el club nos dijo que no cubría gastos de entrenadores... el club nunca pagó los gastos de los profesores". Esto coincide plenamente con sus dichos bajo juramento en la audiencia, donde detalló que las familias costeaban "inscripciones, traslados, viáticos" y que debían recurrir a "rifas, empanadas" y "pedir ayuda" para soportar el gasto del profesor.
Bajo los postulados del sistema de apreciación en conciencia (art. 49, Ley 15.057) y las reglas de la sana crítica, el testimonio de la Sra. Pinkas no acredita una percepción de dinero ilícita, unilateral o clandestina por parte del actor, sino todo lo contrario: pone al descubierto un sistema de autofinanciación colectivo y público, ampliamente conocido e impuesto por las propias circunstancias de la institución que se negaba a cubrir los costos operativos de las representaciones deportivas oficiales. El traslado de los costos de viáticos y traslados del entrenador a los padres de los atletas, lejos de configurar una falta grave imputable de forma exclusiva al trabajador, se revela como una práctica habitualmente aceptada y consentida dentro de la estructura organizativa de la entidad para permitir la participación de sus socios en torneos nacionales e internacionales.
La declaración de la testigo, lejos de corroborar la legitimidad de la causal de despido, ratifica la veracidad y transparencia de la modalidad de gestión de los viajes deportivos. El testimonio trasunta objetividad y veracidad porque la deponente no ocultó el esfuerzo económico familiar, sino que le otorgó su verdadero marco de justificación fáctica, privando de toda entidad a la imputación de clandestinidad esgrimida por la patronal.
Por los fundamentos expuestos, la declaración de la testigo Pinkas resulta un elemento probatorio de alta consistencia, veracidad e imparcialidad, habiendo superado con holgura el examen de estrictez interpretativa que su cercanía fáctica requería, correspondiendo desestimar las tachas y objeciones articuladas a su respecto.
En definitiva, el análisis integral del conjunto de la prueba testimonial producida, evaluada a la luz del principio de sana crìtica y en consonancia con la doctrina de la arbitrariedad y las directrices de razonabilidad del Código Civil y Comercial de la Nación, determina que las impugnaciones formuladas por la parte demandada en sus alegatos respecto de los testigos Monetta, Bordenave y Pinkas importan meras discrepancias subjetivas, lecturas fragmentadas y un excesivo rigorismo formal que no logra conmover la plena eficacia formativa de convicción que ostentan las declaraciones analizadas.
En consecuencia, se desestiman las oposiciones incoadas, reconociéndose a dichos testimonios plena validez jurídica para la fijación de los hechos conducentes de la presente causa.
B) DE LA IMPUGNACION DEL TESTIGO BORDENAVE Y EL OFRECIMIENTO DE PRUEBA EN OPORTUNIDAD DEL ALEGATO
A mayor abundamiento, corresponde expedirse sobre el ofrecimiento de prueba formulado por la parte demandada en el cuerpo de sus alegatos con el pretendido objeto de respaldar las impugnaciones dirigidas contra los testigos de la contraparte. Al respecto, se declararará la improcedencia formal y la consecuente exclusión de dichos elementos por mediar una flagrante extemporaneidad.
El ordenamiento procesal laboral de la Provincia de Buenos Aires (Ley 15.057) instituye un régimen de etapas preclusivas y de orden público, en el cual las oportunidades para el ofrecimiento de las probanzas se encuentran taxativamente limitadas a los escritos de postulación inicial o, excepcionalmente, bajo la modalidad de hechos nuevos antes de la fijación de la audiencia de vista de causa (art. 31, Ley 15.057).
El alegato constituye una pieza de estricta naturaleza argumentativa, orientada exclusivamente al análisis y mérito de los elementos convictivos ya incorporados en tiempo y forma al proceso; de allí que la pretensión de introducir o sustanciar nueva prueba en dicha oportunidad resulte jurídicamente inviable por haber operado la preclusión procesal. Admitir lo contrario no solo desnaturalizaría la estructura del rito de la Ley 15.057, sino que conculcaría de forma directa las garantías de raigambre constitucional de bilateralidad, contradicción y defensa en juicio de la contraparte, quien se vería privada de fiscalizar, controlar y contraprobar los elementos tardíamente arrastrados por su contraparte.
Por ende, la prueba ofrecida en el alegato deviene inadmisible, debiendo ceñirse este Magistrado al análisis de las impugnaciones bajo las reglas de la sana crítica y sobre la base del material legítimamente producido (art. 62, inc. 1, Ley 15.057)
Es por ello que considero rechazar por extemporáneo el ofrecimiento de prueba documental e informativa en el alegato realizado por la patronal y no ser tenido en cuanta a los efectos del dictado de la presente Sentencia (art. 31 de la ley 15057 y conc.).
Por todo lo expuesto, es que concluyo que las declaraciones testimoniales brindadas me impresionaron veraces, objetivas y carentes de parcialidad por haberse desempeñado en el establecimiento del demandado, ya sea prestado tareas conjuntamente con el accionante o realizando actividades acuáticas bajo su dirección.
Con ello tengo acreditado que (art. 375 CPCC):
1. El Sr. Montero comenzó a laborar para el CLUB IDEPENDIENTE SOCIAL DEPORTIVO Y MUTUAL en septiembre del año 2010 en los términos de los art. 21 y 22 de la LCT.
2. No existe defecto, mala fé o actividad que resulte inmoral, lucrativa y/o fraudulenta respecto a la forma de recaudación del dinero destinado a las competencias.
3. Respecto a los posteos en las redes sociales con imágenes de los niños menores de edad que frecuentan natación en el CLUB IDEPENDIENTE SOCIAL DEPORTIVO Y MUTUAL, no se encontraron quejas por partes de sus padres u tutores responsables a lo largo del vínculo habido entre el actor y la patronal.
4. Aquellos posteos en redes sociales de estos niños/alumnos, se realizan de forma habitual en distintos portales (hasta actualmente), lo que lo convierte en una práctica habitual del CLUB y los socios.
5. Para ingresar al CLUB especìficamente al lugar de la/s pileta/s, solo ingresan socios, no asi, personas ajenas al establecimiento.
6. Se desconoce quien dió ingreso a la piscina a la Sra. candidata.
7. Sin perjuicio de los puntos 4 y 5 que anteceden, el CLUB (o en este caso sus directivos) nunca transmitieron en forma escrita (u oral) de forma clara y concisa, previo al despido de fecha 23/9/2023, al Sr. Montero (ni a otros profesores) respecto a que personas (o que tipo de personas conforme su profesión u oficio y necesidad de "promoción") podrían ingresar a la pileta y quienes tienen vetado el ingreso.
8. En oportunidades los niños alumnos de natación fueron becados por políticos o miembros del poder ejecutivo municipal de turno y que ello no fue connivencia con la política, sino simple conveniencia económica con el alto costo de los torneos, lo que lo transforma en una práctica habitual y consuetudinaria del CLUB, más aún, en esta disciplina que dado el alto nivel de los alumnos se compite a nivel internacional.
9. La práctica de abonar los gastos de hospedaje del profesor en las competiciones, en este caso, del Sr. Montero, era una práctica habitual, de la cual en los años de desempeño en dichas tareas, nunca hubo quejas por parte de los padres ni los directivos del CLUB.
10. El Sr. Montero nunca fue sancionado, advertido en forma fehaciente o tuvo charla alguna con anterioridad a la fecha del distracto, con las autoridades del CLUB, respecto a las causales que motivan el despido directo de fecha 23/9/2023.
II-3) Con la prueba pericial contable impugnada en fecha 7/11/2025, tengo por acreditado que:
a) Se exhibió constancia de Registro art 52 Ley 20744 sistema de hojas móviles autorizadas por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. Folio 54917274 a 54917473. Fecha 04/08/2017
b) Que la fecha de ingreso fue en fecha 2/9/2013.
c) La mejor remuneración liquidada por la demandada es agosto 2023 $ 235.008.
II.4. Que resulta imperioso cotejar las manifestaciones vertidas por la accionada con las constancias obrantes en la propia documentación laboral de la empleadora.
De la pericia contable producida por el auxiliar designado en autos se desprende una grave inconsistencia cronológica: el asiento del vínculo del actor figura con fecha de ingreso el 02/09/2013, data que resulta palmariamente anterior a la rúbrica y autorización administrativa otorgada para llevar el libro especial del art. 52 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) bajo la modalidad de hojas móviles.
Esta anomalía formal (que violenta los recaudos extrínsecos e intrínsecos exigidos por el art. 53 de la LCT para dotar de eficacia probatoria a los registros) se ve agravada y corroborada por la discordancia fáctica surgida de la prueba testimonial rendida en la causa. En efecto, las declaraciones testimoniales resultan concordantes y convictivas al acreditar que el Sr. Montero comenzó a prestar tareas bajo la dependencia y dirección del CLUB demandado en el mes de septiembre del año 2010, esto es, tres años antes de la fecha consignada unilateralmente por la patronal.
En virtud de la concurrencia de ambas circunstancias (la irregularidad registral constatada contablemente y la falsedad material demostrada mediante testigos), corresponde privar de todo valor probatorio a los libros laborales exhibidos por la demandada, reputándolos apócrifos e inoponibles al trabajador.
Consecuentemente, habiéndose acreditado que los asientos registrales no reflejan la verdadera fecha de ingreso del dependiente, se configura el supuesto de registración defectuosa previsto y sancionado en los arts. 7 y 9 de la Ley 24.013 (LNE).
Dicha circunstancia, sumado al juramento del art. 48 de la ley 15057 prestado por la parte actora en el momento de la celebración de la audiencia de vista de causa, hace que cobre operatividad la presunción que dimana del art. 55 de la LCT.-
II.5. En lo que hace a la fecha de ingreso, conforme lo acreditado en base a la prueba testimonial y cobrando virtualidad el juramento del accionante en los términos del art. 48 de la ley 15.057 prestado en ocasión de la vista de causa celebrada, el cual permite tener por probado en autos que el actor ingresó a prestar servicios el 4/9/2010 tal como adujo al demandar.
II.6. En lo que respecta a la extensión de la jornada de trabajo, conforme lo expuesto en los Puntos precedentes, tengo por acreditado que el horario de trabajo fue DISTINTOS TURNOS U HORARIOS TODOS LOS DÍAS DE LA SEMANA DE 9 A 11 Y DE 16 A 20 HS
II.7. En lo que hace a la remuneración de la trabajadora, habré de tener por probado con fundamento en lo normado por el art. 48 de la ley 15.057 que la mejor remuneración mensual, normal y habitual en los términos del art. 245 LCT al operar la rescisión contractual ascendió a la suma de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA MIL ($350.000.-) (art. 375 CPCC).
II.8. Con la prueba pericial informática, tengo por acreditado que (art. 375 CPCC):
a) Sobre los enlaces: Todo el contenido de los enlaces proporcionados es auténtico, está disponible públicamente y ha sido preservado para su constancia. El contenido de los mismos es consistentemente relacionado con la documental del expediente y lo ubica temporalmente.
b) Sobre las cuentas: Se ha verificado la existencia de todas las cuentas y páginas solicitadas.
c) Elemento contextual: La evidencia digital analizada, en su conjunto, configura una presencia digital activa y pública que muestra el desempeño deportivo de una nadadora argentina.
d) Sobre el correo electrónico: Los resultados obtenidos permiten concluir que el correo electrónico analizado no presentan indicios de manipulación, alteración o falsificación. La información contenida en los encabezados (headers) concuerda con los servidores de origen y destino, la línea de tiempo de envío y recepción es consistente, y no se han detectado anomalías en los registros SPF, DKIM o DMARC que sugieran una suplantación de identidad
II.9. Tengo presente la respuesta brindada en fecha 8/10/2025 por parte de la Municipalidad de Zarate
II.10. Tengo presente la respuesta brindada en fecha 2/10/2025 por parte de el DIARIO LA VOZ y LA UNIVERSIDAD CATOLICA LP.
II.11. Tengo presente la respuesta brindada en fecha 19/9/2025 por parte de REGION 3 ZARATE.
II.12. Con las pruebas periciales, testimonial, informativa e instrumental, no encuentro acreditado que el Sr. Montero haya vulnerado los derechos de imagen del niño conforme ley 23.849, art. 75 inc. 22 CN), Ley 26.061 y Ley provincial 13.298, Código Civil y Comercial. art. 52 y 53.
II.13. Con las pruebas periciales, testimonial, informativa e instrumental, no encuentro acreditado que el CLUB haya despedido al
Sr. Montero por motivos discriminatorios en los términos de la ley 23.592.
II.14. Teniendo en cuenta la Respuesta del Banco Comafi del 30/9/2025, respecto a la cuenta en dicha entidad perteneciente al Club Independiente, Social, Deportivo y Mutual (CUIT 30571845799), verificándose que en los meses consultados de septiembre y octubre de 2023, se verifica la transferencia hacia la cuenta Nro. 1041-15602/2 perteneciente a Montero Sebastian Eduardo: por la suma de $364.305,00, acreditándose que la empleadora haya procedido a abonar dicha suma en concepto de liquidación final.
II.15. Sin perjuicio de lo expuesto ut supra, no tengo acreditado que la patronal haya cancelado otros rubros reclamados en la liquidación de la demanda ni que hubiere hecho entrega del certificado de trabajo y servicios al operar el cese de la relación laboral (art. 375 CPCC).
III. CUESTIONES DE DERECHO:
Advierto que primeramente debo sentar mi voto, en virtud que estando motivado por el régimen de contrato de trabajo, la sentencia en dictamen es relativa a un despido fundado en las disposiciones de la ley 20.744, 24.013 y conc., sin las modificaciones establecidas en la ley 27.742, considero aquí, que estamos en presencia de las llamadas normas de transición o de derecho transitorio, que no son de derecho material, sino que son una especie de tercera norma de carácter formal, a intercalar entre las de dos momentos diferentes, (a través de la norma formal, el juez aplica la ley que corresponde, aunque nadie se lo solicite, pues se trata de una cuestión de derecho "iuria novit curia").
El 9 de julio de 2024 entra en vigencia la ley 27.742, considerando lo dispuesto por el art. 7 del Codigo Civil y Comercial de la Naciòn (ley 26.994), estableciendo que la nueva ley rige para los hechos que están "in fieri" o en su curso de desarrollo al tiempo de su sanción (La regla de la aplicación inmediata del nuevo ordenamiento) y no para las consecuencias de los hechos pasados, que quedaron sujetos a la ley anterior (La barrera a la aplicación retroactiva) , pues juega allí la noción de consumo jurídico" (cit. Aída Kemelmajer de Carlucci).
Por ello, el presente debe ser revisado, conforme fuera reclamado por la parte actora, a la luz de las leyes 20.744, 24.013, 25323 y conc. Sin las derogaciones y/o modificaciones previstas por la ley 27.742 y 27.802, porque la ley que corresponde aplicar es la vigente al momento del acontecimiento del hecho jurídico.
III.1-Respecto a la excepción de prescripción opuesta, habiéndose acreditado que el despido obró en fecha 23/9/2023 y que el inicio de la demanda data del 19/6/2024, no habiéndose cumplido el plazo bianual establecido, corresponde rechazar la excepción opuesta. (art. 256 LCT y conc.)
III.2-Corresponde ahora, determinar si el distracto dispuesto por la accionada se ajusta a derecho, debiendo tenerse presente que, tal como afirmara Justo López, el despido es un acto válido pero ilícito, pues sólo puede alegarse causa de justificación de aquello que resulta ilícito ab initio, lo contrario, implica olvidar las reglas mismas que rigen la antijuridicidad civil.
Asi lo sostiene la Suprema Corte provincial que:
La pérdida de confianza no es causal autónoma de despido, sino que es menester la existencia de hechos desleales que la justifiquen, los cuales en razón de su naturaleza y del tipo de funciones encomendadas puedan llevar razonablemente al ánimo del empleador la convicción de que hechos de similares características puedan repetirse en el futuro. SCBA L81.958, "Mapelli", sentencia del 9-XI-2005.
Al respecto, cabe mencionar que el demandado, sobre quien recaía la carga de acreditar las causales mencionadas e invocadas en su cartular de fecha 23/9/2023, donde se plasma la ruptura el vínculo habido (art. 242 CLT), no probando dichos motivos, sino que al contrario, ha quedado asentado que el Sr. Montero procedió con buena fé en sus tareas habituales, obrando de manera fiel al CLUB y a los socios y/o alumnos; quien, sin perjuicio de no haberse esclarecido que persona dio ingreso a la diputada al recinto de la pileta el día del incidente, mal pudo haber previsto que dichas circunstancias (tomarse fotografiás con la Sra. Candidata y los alumnos) podrida traerle consecuencias tan graves como la rescisión del contrato laboral, cuya evaluación de las causales por parte del juzgador, debe realizarse con suma cautela y prudencia (art. 10, 242 y conc. del RCT)
A su vez, resulta jurídicamente insostenible la pretensión de la demandada de justificar la máxima sanción rescisoria en una supuesta vulneración al derecho a la imagen y a la intimidad de los menores (arts. 11 y 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 22 de la Ley 26.061 y art. 53 del CCyCN). Dichas normas tutelan a los niños frente a injerencias arbitrarias o exposiciones que lesionen su dignidad o reputación, extremo opuesto a la publicación de fotografías grupales en un contexto deportivo celebrando triunfos institucionales.
Más aún, la ausencia absoluta de reclamos u objeciones por parte de los progenitores o tutores (únicos legitimados para ejercer la representación legal de los menores), demuestra un consentimiento tácito y torna aplicable la doctrina de los actos propios. Pretender configurar una injuria laboral (art. 242 LCT) a partir de una práctica habitual, lícita y tolerada por la propia empleadora constituye un mero pretexto rescisorio carente de sustento fáctico y normativo.
Dable es recordar que, producido el despido arbitrario, es decir, sin expresión de justa causa, nace la obligación de reparar las consecuencias disvaliosas que se siguen del mismo, en orden a lo previsto por el art. 245 LCT:
"El empleador debe una obligación de hacer (no despedir arbitrariamente) y su violación -si bien no produce la ineficacia del acto porque el artículo 245 RCT no establece ese efecto para el caso particular-, es un supuesto de incumplimiento contractual. En tanto incumplimiento, su perpetración tiene como consecuencia el nacimiento de la acción de daños y perjuicios. De este modo, el cumplimiento del plazo del contrato constituye para el trabajador un elemento integrante del sinalagma que, como tal, se proyecta como derecho de propiedad en sentido constitucional. Porque hay propiedad, hay resarcimiento necesario que da lugar a la acción indemnizatoria" (ARIAS GIBERT, Enrique; "La protección contra el despido arbitrario en el modelo constitucional argentino", en Revista de Derecho Laboral , 2014-1: "El Derecho del Trabajo en la Constitución Nacional", Santa Fe, Rubinzal-Culzoni editores, págs. 417-418).
Asimismo y para culminar, no siendo ocioso recordar lo expresado por Su Santidad León XIV en su reciente visita oficial al país, desde la sede de la Universidad Católica Argentina, citando ad pedem litterae el apartado 15 de la encíclica Rerum novarum:
"(...) Privar a una persona de trabajo no es simplemente negarle un ingreso económico; es herir gravemente su dignidad, anular su capacidad de aportar a la sociedad y sumergirla en la exclusión social, fragmentando la cohesión del cuerpo social y destruyendo la acción comunitaria finalizada al bien común. (ENCUENTRO CON EL MUNDO DEL TRABAJO Universidad Católica Argentina -Buenos Aires- Lunes, 9 de noviembre de 2026)"
III.3. Conforme lo expuesto precedentemente, la empleadora no probó la ajenidad de la causa alegada, por lo que cabe concluir, entonces, que el despido dispuesto por la demandad carece de justificación y, por lo tanto, debe ser objeto de reparación.
Consecuentemente, y a mérito de las conclusiones arribas precedentemente, el legitimado activo resulta acreedor a las respectivas indemnizaciones legales: indemnización por antigüedad con incidencia de SAC (art. 245 LCT), indemnización sustitutiva de preaviso con incidencia de SAC (art. 232 LCT), integración mes de despido con incidencia de SAC (arts. 103, 233 y cctes LCT), en tanto no existen constancias documentadas de su pago.
III.4. Toda vez que la parte actora intimó al pago de las indemnizaciones legales pertinentes, sin resultado alguno, debiendo promover la presente acción, es que corresponde hacer lugar a la sanción prevista en el art. 2 de la ley 25.323.
III.5. Distinta suerte debe correr la establecida en el art. 45 de la Ley 25.345 que reformara el art. 80 de la L.C.T. ello en virtud de que la actora en sus misivas no cumplió con los requisitos formales como en la contenida en el Decreto 146/2001 y en el propio art. 45 de la Ley 25.345 consistente en la constitución en mora al empleador respecto de la entrega del certificado de trabajo prescripto por el art. 80 de la L.C.T, debido a no aguardar el plazo de 30 dias previsto en dicho Decreto 146/2001 .-
III.6. En cuanto al reclamo de la actora persiguiendo el cobro de la indemnización prevista en los arts. 1 de la Ley 25.323, estimo que corresponde hacer lugar a la misma, toda vez que ha quedado establecido que al momento del despido la relación laboral estuvo registrada de modo deficiente, es por ello que estimo corresponde hacer lugar a la demanda en cuanto persigue el cobro de la indemnización contemplada en el art. 1ero de la ley 25323.
III.7. La pretensión dirigida a obtener el resarcimiento del daño moral no resulta procedente.
La Suprema Corte provincial ha establecido que la ruptura unilateral sin causa del contrato laboral origina la obligación de pagar las indemnizaciones previstas en la ley, las que comprenden cualquier perjuicio padecido por el trabajador con motivo de su despido, supuesto en el cual la ley presume -sin admitir prueba en contrario- la existencia de los daños material y moral padecidos por el dependiente con motivo de la extinción de su contrato y establece de modo tarifado la reparación correspondiente.
Pero también ha expresado que, si con motivo o con ocasión de la extinción del contrato de trabajo, el principal comete un acto ilícito no representativo de una mera inejecución de las obligaciones derivadas de la relación laboral, configurándose los presupuestos de hecho a los que la ley imputa obligación de indemnizar, incurre en responsabilidad civil extracontractual, en cuyo caso procede la reparación del daño moral ocasionado al dependiente (SCBA L38.929, "Blanco", sentencia del 2-II-1988; L52.020, "Tórtora", sentencia del 3-VIII-1993; L67.399, "Ciardullo", sentencia del 24-XI-1998; L62.235, "Mular", sentencia del 25-X-2000; L92.639, "D., A.", sentencia del 20-VIII-2008 y L94.536, "Gainza", sentencia del 9-XII-2010).
Por un lado, el accionante sustentó su reclamo en reprochar la falsedad de la causal invocada por la empleadora al momento de su despido y que el mismo deviene discriminatorio (situación que no se tuvo por probada conforme lo expuesto precedentemente).
La cual, a la postre, no resultó acreditada más no falsada, aplicándose, en consecuencia, la regla residual de la carga probatoria. Es que, tal como recuerda Giovanni Tuzet, la ausencia de prueba sobre un hecho no implica nada sobre su existencia (TUZET, Giovanni; La prueba razonada, Lima, Editorial CEJI, 2021, págs. 111-119).
Lo expuesto, lleva concluir que, tal como se señaló precedentemente, el despido dispuesto por la demandada resultó arbitrario, es decir, carente de justa causa, más no motivado, es decir, no se verificó la existencia de una consecuencia mediata, léase, aquella que resulta de la conexión de un hecho con un acontecimiento distinto (art. 1727 Código Civil y Comercial de la Nación).
Dable es recordar que no es lo mismo la falta de causa que la causa falsa (véase TERZIBACHIAN, Guillermo J.; "La nulidad del despido fundado en una causa falsa", en Temas de Derecho Laboral y de la Seguridad Social, Buenos Aires, Erreius, marzo de 2021).
Cabe recordar que, en un caso análogo al presente, donde se discutía la eventual reparación del daño moral invocado como consecuencia de un despido por pérdida de confianza, causal que no resultó acreditada, más no desvirtuada, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires rechazó el Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley interpuesto por la parte actora y dejó firme la conclusión del Tribunal de Trabajo Nro. 2 de Olavarría. Entre los fundamentos para el rechazo de la reparación del daño moral denunciado el tribunal de grado señaló la falta de indicación expresa de un factor subjetivo de atribución de responsabilidad, como así también, la falta de prueba de la conducta de la empleadora dirigida a desacreditar al trabajador, argumentos que no fueron objeto de un rebate adecuado de parte del recurrente (SCBA L121.236, "Santillán", sentencia del 25-IX-2019).
En virtud de los rubros a los que se ha hecho lugar y la mejor remuneración mensual, normal y habitual que he tenido por probada en la suma de $ 350.000 y conforme el art. 103 del RCT y los lineanientos determinados por el mas alto Tribunal nacional en "Perez, Anibal Raúl c/ Disco S.A", estimo que los importes a diferir a condena deben ser los siguientes:
Indemnización por antigüedad (art. 245 LCT): $4.550.000,00 SAC proporcional s/ ind. art. 245 LCT: $ 379.166,67
Indemnización sustitutiva de preaviso (art. 232 LCT): $700.000,00
SAC proporcional s/ preaviso: $ 58.333,33
Integración mes de despido (art. 233 LCT): $ 81.666,67
SAC proporcional s/ integración mes de despido: $ 6.805,56
Agravamiento indemnizatorio art.1 Ley 25.323: $4.550.000,00
Agravamiento indemnizatorio art. 2 Ley 25.323: $ 2.887.986,11
Lo que determina un subtotal de $13.214.058,34
Ahora bien, conforme lo afirmado ut supra, la patronal abonó la suma de 364.305,00, la cual si bien no tiene el carácter cancelatorio de todo lo reclamado, deberán ser tomadas como pago a cuenta (art. 260 LCT) y deducirse del monto total que resulte de la liquidación judicial.
De este modo, se preserva el derecho a la reparación integral sin que ello implique un doble beneficio indebido para el accionante.
Considerando que se tiene en cuenta el pago realizado por la patronal por la suma de 364.305,00, aquella suma debe restar del monto establecido ut supra, lo que determina la suma de $12.849.753,34 (13.214.058,34 - 364.305,00 = $12.849.753,34).
De tal manera que si mi voto encuentra favorable acogida entre mis distinguidas colegas, corresponde hacer lugar a la demanda por los rubros mencionados "ut spra" y por un total de $12.849.753,34 , -.
Ahora bien, determinado el monto histórico de la condena; y al solicitar la parte Actora que se apliquen intereses, o en su caso, que el crédito se actualice, se indexe, se repotencie o que el mismo se preserve, advierto en mi voto la entrada en vigencia de la ley 27.802 (B.O. 06/03/2026).
Asi el art. 55 de la ley 27.802 establece:
Artículo 55.- En los juicios en trámite y aún pendientes de sentencia definitiva, a la fecha de la entrada en vigencia de la presente ley, incluidos los recursos de queja que se encuentren pendientes de resolución, los créditos provenientes de las relaciones individuales de trabajo serán actualizados en base a los siguientes criterios:
a) A través de la aplicación de intereses moratorios ajustados a la tasa pasiva determinada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) a estos fines para el período correspondiente;
b) En ningún caso el resultado, aplicando las pautas del inciso a) del presente artículo, podrá ser superior al importe derivado de adicionar al capital histórico la suma resultante de la aplicación sobre el mismo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) suministrado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) con más una tasa de interés del tres por ciento (3%) anual;
c) El valor resultante no podrá ser inferior al sesenta y siete por ciento (67%) del cálculo obtenido al aplicar las pautas del inciso b) del presente artículo.
Por ello, aplicando dicha normativa (conforme: https://www.bcra.gob.ar/calculadora-intereses-creditos-laborales-judicializados/.). , al monto total, la tasa pasiva del BCRA se consigue la suma de $51.362.401.; por lo tanto:
En aplicación del art. 55 inc. c), siendo el valor resultante inferior al sesenta y siete por ciento (67%) del cálculo obtenido al aplicar las pautas del inciso b) -aplicación sobre el mismo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) suministrado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) con más una tasa de interés del tres por ciento (3%) anual-, corresponde tomar la suma de: $67.313.062 .
Asimismo, atento lo peticionado por la parte actora en su escrito constitutivo, de conformidad con la jurisprudencia dictada por nuestro Superior Tribunal en la causa "Barrios", (SCBA, L. 124.096, sent. del 18-4-2024), no pudiendo dejar de considerar que el menoscabo que sufre el resarcimiento del actor como consecuencia del proceso inflacionario afecta su dignidad y el derecho de propiedad, desatendiendo uno de los objetivos del Derecho que es la reparación de los daños y violentando además los derechos y garantías consagrados al respecto tanto en la Carta Magna Nacional y Provincial como en convenios internacionales de similar rango, declarar la inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 y 4 de la ley 25.561.
Las costas se aplicarán a la demandada por resultar vencida en lo principal, y en la proporción al capital de condena (arts. 24 ley 15.057 y art. 68 del CPCC).
En las regulaciones de honorarios de los letrados intervinientes se observarán los preceptos de la ley 14.967 y los honorarios de los peritos intervinientes, de acuerdo al mérito y complejidad de sus labores. Todas las regulaciones de los profesionales actuantes lo serán con más los aportes pertinentes (conf. Leyes 6716, y modif. Ley 10268,), con las limitaciones establecidas en el art. 277 LCT y art. 730 del CCC (Cfr. SCBA "Zuccoli c/ Sum S.A. s/ Ds. y Ps." del 02-10-2002).Cuando correspondiere se aplicará la doctrina emanada del fallo de la SCBA. Causa Q-75.064 "Pallasa" sent. del 06-11-2019.-
Propicio regular los honorarios de los profesionales intervinientes:
Parte Actora:
- Representación Letrada de la parte actora en el 20%
Parte Demandada
- Representación Letrada de la parte demandada en el 16%
Peritos Intervinientes
- Perito contadora Contreras Gabriela: en el 4%
- Perito informático Llando Teresa: en el 4%
Todos los profesionales intervinientes, con más los porcentajes legales arts. 1, 2, 9, 15 inc. d), 28 inc. h), 43, 54 y 57 in fine de la ley 14.967 y Acordada SCBA n° 3938/19 y de acuerdo a lo normado por la ley 24.432, amén de los arts. 175, 179, 187, 193, 207 y 215 de la ley 10.620; adunándose en caso de corresponder el I.V.A. respectivo para cada profesional.
ASI LO VOTO
Las Sras. Juezas Dras. YAMILA VALCARCE Y NOEMI ALICIA GIMIENEZ , adhieren al voto precedente por compartir los fundamentos y votan en igual sentido.
Ante el acuerdo alcanzado, se dicta SENTENCIA
Por los fundamentos y citas legales del acuerdo que antecede el Tribunal del Trabajo N° 4 de Zárate Campana con asiento en Escobar, RESUELVE:
1. Rechazar la excepción de prescripción opuesta por la demandada.
2. Declarar la inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 y 4 de la ley 25.561.
3. Hacer prosperar la demanda incoada por MONTERO SEBASTIAN EDUARDO contra CLUB IDEPENDIENTE SOCIAL DEPORTIVO Y MUTUAL por la suma de SESENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL SESENTA Y DOS ( $67.313.062.-) por los conceptos expresados precedentemente
La suma de condena deberá ser abonada al actor, dentro de los diez días de notificada la sentencia mediante depósito en la cuenta de autos. en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, Sucursal Tribunales.
4. INTERESES POR INCUMPLIMIENTO: Al capital de condena determinado en la presente, corresponderá adicionar, desde la mora en el cumplimiento de esta sentencia y hasta la fecha de su efectivo pago, un interés equivalente a la actualización por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el INDEC, con más una tasa de interés pura del 3% anual, conforme lo dispuesto por el art. 276 de la Ley de Contrato de Trabajo (según reforma Ley 27.802), desde que cada suma sea debida y hasta el momento del efectivo pago, a calcularse segun la calculadora oficial. (art. 768, 770 C.C.C.N)
https://www.bcra.gob.ar/calculadora-intereses-creditos-laborales-judicializados/.).
5-Rechazar la excepción de prescripción opuesta por la parte demandada.
6-Rechazar el reclamo por daño moral incoado.
7-Desestimar la producción de la prueba informativa y el agregado de la prueba instrumental que se adjunta en el alegato presentado por la parte actora, el cual no se tiene en cuenta a los efectos del dictado de la presente sentencia
8. Decidir que, atento la deficiente de la relación laboral, en cumplimiento de lo establecido por el el art. 15 de la LCT (párrafo agregado por el el art. 44 de la ley 25.345), comunicar a la ARCA. la presente Sentencia, librándose el pertinente oficio con copia certificada de la misma y haciéndole saber al Organismo recaudador que los autos se encuentran a su disposición en el Tribunal si considera necesaria su consulta.-Asimismo y atento el resultado del decisorio, líbrese oficio - por Secretaría - al Sistema Único de Registro Laboral, a efectos de dar cumplimiento y en la oportunidad prevista, con lo dispuesto por el art. 17, 2° párrafo de la ley 24013.
9. Las costas del proceso se imponen a la parte demandada que ha resultado vencida en lo principal (art. 24 ley 15.057 y 68 C.P.C.C.), conforme el principio objetivo de la derrota.
10. Se le hace saber al condenado al pago, que la tasa de justicia que se liquide por Secretaría, deberá abonarse en el plazo de cinco (5) días desde la notificación del presente (Art. 340 Cod. Fiscal, Ley 11.594 y Res. SC 761/20), utilizando para ello, los formularios previstos a tales efectos por la SCBA y disponibles en el sitio:
( https://tasadejusticia.scba.gov.ar/generarboleta.aspx?Tramite=1)
11. REGÚLENSE los honorarios por los trabajos realizados de la siguiente forma:
Parte Actora:
- Representación Letrada de la parte actora en el 20%
Parte Demandada
- Representación Letrada de la parte demandada en el 16%
Los honorarios han sido regulados considerando el valor, mérito y calidad jurídica de la labor desarrollada, complejidad y novedad de la cuestión planteada, resultado obtenido, y trascendencia de la resolución (conf. SCBA I 73016 en autos "MORCILLO HUGO HECTOR C/ PROVINCIA DE BS. AS. S/ INCONST. DECR.-LEY 9020" sentencia del 08-11-2017).
Hágase saber a los letrados que deberán acreditar en autos el pago de los aportes en los términos del art. 21 de la ley 6716, bajo apercibimiento de dar intervención a la Caja para Abogados de la Provincia de Buenos Aires.
A los efectos de las regulaciones precedentes, se transcribe el art. 54 de la ley 14.967: "ARTÍCULO 54: Las providencias que regulen honorarios deberán ser notificadas personalmente, por cédula a sus beneficiarios, al mandante o patrocinado y al condenado en costas, si lo hubiere. Asimismo, será válida la notificación de la regulación de honorarios efectuada por cualquier otro medio fehaciente, a costa del interesado. Los honorarios a cargo del mandante o patrocinado quedarán firmes a su respecto si la notificación se hubiere practicado en su domicilio real y a la contraparte en su domicilio constituido. Habiendo cesado el patrocinio o apoderamiento y constituido el ex cliente nuevo domicilio, la notificación de honorarios a éste podrá ser efectuada en este último domicilio. En todos los casos, bajo pena de nulidad, en el instrumento de notificación que se utilice para ello, deberá transcribirse este artículo. Los honorarios regulados por trabajos judiciales deberán abonarse dentro de los diez (10) días de haber quedado firme el auto regulatorio. Los honorarios por trabajos extrajudiciales se abonarán dentro de los diez (10) días de intimado su pago, cuando sean exigibles. Operada la mora, el profesional podrá optar por: a) reclamar los honorarios expresados en la unidad arancelaria Jus prevista en esta ley, con más un interés del 12% anual. b) reclamar los honorarios regulados convertidos al momento de la mora en moneda de curso legal, con más el interés previsto en el artículo 552 del Código Civil y Comercial de la Nación".
Asimismo regúlense los honorarios de los peritos intervinientes:
Peritos Intervinientes
- Perito contadora Contreras Gabriela: en el 4%
- Perito informático Llando Teresa: en el 4%
Todos los profesionales intervinientes, con más los porcentajes legales arts. 1, 2, 9, 15 inc. d), 28 inc. h), 43, 54 y 57 in fine de la ley 14.967 y Acordada SCBA n° 3938/19 y de acuerdo a lo normado por la ley 24.432, amén de los arts. 175, 179, 187, 193, 207 y 215 de la ley 10.620; adunándose en caso de corresponder el I.V.A. respectivo para cada profesional.
12. Procédase por secretaría a realizar la apertura de la cuenta en pesos, en el Banco de la Provincia de Buenos Aires Sucursal Tribunales de Escobar a la orden del Tribunal del Trabajo Nº4 de Escobar (Res. 2304, art. 3 Res. S.C.B.A. Nº 654/09 y Res. 1890/26).
13. Hágase saber a las partes que se encuentra publicado en la Mesa de Entradas Virtual (MEV) de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (www.scba.gov.ar) el texto completo de los fundamentos del presente fallo.
14. REGÍSTRESE, NOTIFIQUESE conforme Ac. 4013 y 4040/21 SCBA, y oportunamente ARCHÍVESE.
Firmas
Funcionario firmante: GIMENEZ Noemi Alicia - JUEZA
Funcionario firmante: MINUTO Leonardo Luis Enrique - JUEZ
Funcionario firmante: VALCARCE Yamila - JUEZA
Funcionario firmante: MAGNO Deborah Veronica - SECRETARIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 252-2026
Fin de la sentencia