Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa M-696/11-TSJ
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Única Expte. N°: M-696/11-TSJ Sentencia N°: 1023 Actor: MONTES ALEJANDRA SOLEDAD FABIANA Demandado: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ (IDUV) Y PODER EJECUTIVO PROVINCIAL Objeto: DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA Fecha: 13/10/16 Texto:
TOMO XVI -CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- T.S.J.-
REGISTRO Nº 1023 FOLIO Nº 3184/3186 PROT. ELECT. TSS1 023 C.161
Río Gallegos, 13 de octubre de 2016.-
Los presentes autos caratulados: “MONTES ALEJANDRA SOLEDAD FABIANA C/ INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (IDUV) Y PODER EJECUTIVO PROVINCIAL S/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA”, Expte. Nº M-696/11-TSJ, venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que, a foja 196 las representantes del Estado Provincial, afirman que “…la parte actora no ha dado impulso al procedimiento por un plazo que excede ampliamente los seis meses, por lo que se advierte manifiestamente que ha transcurrido el término establecido por la norma legal citada ut supra para que se opere la caducidad de la instancia y así pido se declare oportunamente…”.-
Que, la parte actora guarda silencio respecto del traslado conferido a foja 198 -notificado mediante cédula obrante a foja 199 y vta., quedando los autos en estado de resolver a foja 200.-
II. Que, el artículo 45 del Código de Procedimiento en lo Contencioso Administrativo -Ley Nº 2600- prevé que son de aplicación a las causas contencioso administrativas las normas sobre el juicio ordinario establecidas en el Código de Procedimiento Civil y Comercial.-
Por su parte el artículo 82 del Código citado en primer término, dispone que en este tipo de procesos regirán, en lo que respecta a la perención de instancia, también las previsiones contenidas en el Código de Procedimiento Civil y Comercial, contemplando este último la caducidad de la instancia en los artículos 288º a 296º, y estableciendo, para el juicio ordinario, que se producirá cuando no se instare su curso por un lapso de seis (6) meses, en primera o única instancia (conf. artículo 288º, inciso 1º del CPC y C).- Asimismo, el artículo 289º del Código de Procedimiento Civil y Comercial señala que los plazos se computarán desde la fecha de la última petición de las partes o resolución o actuación del juez, secretario u oficial primero que tenga por efecto impulsar el procedimiento y correrán durante los días inhábiles, salvo los que correspondan a las ferias judiciales.-
De lo antedicho se desprende que el Código de Procedimiento en lo Contencioso Administrativo -Ley Nº 2600-, establece la aplicación a los procesos contencioso administrativos de las normas previstas por el Código Procesal Civil y Comercial para el juicio ordinario; y que, además, no contiene disposiciones relativas a la perención de instancia, remitiendo en dicha materia a lo normado en el Código de rito, donde se establece -como se señaló mas arriba- un plazo de seis (6) meses de inactividad para que la caducidad sea declarada en primera o única instancia (conf. artículo 288º, inciso 1º del CPC y C).-
III. Sobre el instituto de la caducidad de la instancia se ha dicho que “…en tanto modo anormal de conclusión del proceso impuesto por razones de orden público, opera cuando se ha abandonado por inacción el procedimiento durante un determinado lapso previsto en la ley. Ello, con el objetivo de otorgar certidumbre a las relaciones jurídicas y no perturbar la administración de justicia, evitando de esta manera la duración indefinida de los procesos judiciales, en desmedro del valor seguridad jurídica a cuya vigencia se orienta su recepción normativa… En esta línea de pensamiento, corresponde señalar que la caducidad de la instancia se subordina a la concurrencia de los siguientes presupuestos: a) La existencia de una ‘instancia’, entendida como toda pretensión que mediante una petición inicial las partes someten a la decisión de Juez competente; b) Sumado a una inactividad procesal que se exteriorice en la inejecución de acto idóneo alguno y c) El transcurso de un determinado plazo de inactividad que la norma adjetiva pertinente establezca” (cfr.
TSJ Córdoba, Sala Contencioso Administrativa, ‘in re’: “Guzmán, Noemí Rita c. Provincia de Córdoba s/ plena jurisdicción - recurso de apelación” sentencia del 29/07/2014. Publicado en: LLC 2014 (diciembre), 1253, Cita online: AR/JUR/47844/2014).- De igual modo debemos recordar que es doctrina de este Tribunal Superior que “…la perención de la instancia tiene un objetivo bien delineado y ordenador, y la inactividad prolongada que la ley sanciona, confiere a una de las partes el derecho a verse liberada del proceso determinado por el tiempo que la norma prevé, siendo que tal inactividad -resulta harto elocuente de destacar- debe serle imputable a la parte…” (cfr. Sentencia, Tomos VI, Reg. 191, Folio 1030/1032; XIII, Reg. 457, Folio Nº 2488/2489; Contencioso Administrativo, Tomo XVI, Reg. 1004, Folio 3092/3093).
Este instituto persigue evitar la prolongación indefinida de los procesos en detrimento de una buena administración de justicia.- Asimismo no debemos olvidar que “Si bien se ha dicho que por ser la caducidad de la instancia un modo anormal de terminación del proceso su interpretación debe ser restrictiva (conf. CSJN, fallo del 20.11.86, La Ley, 1987-C, pág. 445; CNCiv, Sala G, fallo del 28.07.83, L.L. 1984-8, pág. 468, 36.598-S), por tratarse de una institución de orden público, nada impide que concurriendo los presupuestos aludidos precedentemente, pueda el órgano jurisdiccional declarar operada la perención…” (cfr. STJ de Tierra del Fuego, en autos: “Bahamonde Costas, Daniel Alejandro c. Poder Ejecutivo Provincial” sentencia del 14/05/2009.
Publicado en LLPatagonia 2010 (abril), 180, Cita online: AR/JUR/27566/2009).- En los procesos dispositivos, como el ‘sub judice’, el impulso procesal está puesto en cabeza de las partes, más allá de algunas actividades que específicamente el Código adjetivo pone a cargo del Tribunal, de allí que le concierne a quien promovió la demanda, realizar la actividad necesaria en procura de la conservación de la instancia y en resguardo de sus derechos. Su inacción demuestra desinterés en mantener la acción que promovió. No debemos olvidar que la finalidad del instituto de la perención, es evitar que los procesos judiciales permanezcan paralizados indefinidamente en el tiempo.-
Por ello se ha afirmado que su existencia “…responde a la necesidad de impedir la subsistencia ilimitada de procesos judiciales cuando el transcurso del tiempo indica una conducta desinteresada de aquel que pretendía el reconocimiento de un derecho, que se presume si no procede a instar el proceso en el plazo legal fijado, conjugándose con el principio de seguridad jurídica que exige otorgarle certeza a las relaciones jurídicas” (cfr. CFed. de Apelaciones de Córdoba, Sala B ‘in re’: “Nayip, José Luis vs. Estado Nacional Argentino y otro s. Contencioso administrativo - Varios”, Sentencia del 06/08/2015. Rubinzal Online: RC J 5715/15).-
IV. Que, en el ‘sub lite’, el último acto procesal que diera impulso a la causa, fue la providencia del 2 de noviembre de 2012 (conf. foja 192). Luego de ello no se produjo ninguna otra actuación procesal tendiente a instar el procedimiento. Cabe señalar que la providencia del 18 de diciembre del 2015 (conf. foja 193) no resulta ser un acto que posea idoneidad para otorgarle impulso al presente proceso, ya que en la misma se ordena archivar estos autos en el casillero de expedientes paralizados.- Así, analizadas las circunstancias descriptas a la luz de los argumentos precedentemente reseñados, corresponde hacer lugar a la perención de instancia solicitada por las representantes de la codemandada, toda vez que entre el último acto idóneo de impulso procesal del 2 de noviembre de 2012 y el acuse de perención de instancia de fecha 24 de mayo de 2016, ha transcurrido, en exceso, el plazo de seis (6) meses previsto en el artículo 288º, inciso 1º del Código Procesal Civil y Comercial, por remisión del artículo 82 del Código de Procedimiento en lo Contencioso Administrativo -Ley Nº 2600-, sin que la actora realizara actuación procesal alguna tendiente a hacer avanzar el expediente hacia el dictado de la sentencia definitiva.- Las costas se imponen por su orden en virtud de lo dispuesto por el artículo 90 del Código de Procedimiento en lo Contencioso Administrativo, Ley Nº 2600. Difiérase la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes -por la actora-, hasta tanto den cumplimiento con las leyes previsionales y tributarias vigentes.-
Por todo lo expuesto, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
3. Diferir la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes -por la actora- hasta tanto den cumplimiento con las leyes previsionales y tributarias vigentes.-
4. Regístrese y Notifíquese. Devuélvanse las actuaciones administrativas reservadas en Secretaría, a cuyos efectos, ofíciese. Oportunamente, archívese la presente causa.-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Presidente-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti -Vocal-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-, Dr. Domingo Norberto Fernández -Vocal Subrogante-.
Secretario: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1023C.161 Tomo: XVI Sentencia: 1023 Folio N°: 3184/3186 Secretaría: 1
Fin de la sentencia