Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº8541/24 Sentencia: Definitiva Actor: Montone Daniela Ayelén Demandada: Yan Shiling Objeto: Laboral Fecha: 01-08-2025 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz a los 1 del mes de Agosto de 2025, se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia en los autos: “MONTONE, DANIELA AYELEN C/YAN SHILING S/LABORAL" Expte. Nº 38.436 del año 2022 que tramitan en el Juzgado de Primera Instancia N° Uno en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería, que ingresó en esta instancia bajo el Nº8541/24. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Horacio M. Fernández; Humberto E. Monelos y Mario A. Albarrán para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Horacio Fernández dijo:
I. A 1443087-2024 la Dra. Griselda I. Bard se excusa de intervenir en estos autos por actuar su esposo, el Dr. Eduardo Rubén González, en carácter de apoderado de la demandada. Se da de esta forma la causal de los arts. 17 inciso 1 y 30 del CPCC, y por ello corresponde admitir la excusación formulada y apartar a la Dra. Griselda I. Bard del conocimiento y trámite de estas actuaciones. Así lo propongo al Acuerdo.-
A LA PRIMERA CUESTIÓN EL Dr. Humberto Monelos dijo:
II. Surge de autos la intervención del Dr. Eduardo Rubén González como apoderado de la demandada. Por ello se encuentra incursa la Dra. Griselda Bard en una de las causales de excusación que, por esa razón, resulta procedente. Adhiero al voto que antecede.-
A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL DR. HORACIO FERNÁNDEZ DIJO:
III. Que mediante PE 587175-2022 se presenta el Dr. Eugenio Gómez Carrasco en carácter de apoderado de la Sra. Daniela Ayelén Montone y promueve demanda laboral por cobro de pesos en contra del empleador Yan Schiling reclamando el importe de Pesos Un Millón Trescientos Treinta y Tres Mil Novecientos Setenta y Nueve con Cuarenta y Seis Centavos ($ 1.333.979,46) en concepto de indemnización por despido, o lo que en más o menos resulte de la prueba a producirse en autos, con más los intereses, costas y demás gastos causídicos.
Al relatar los hechos expone que ingresó a prestar servicios para la demandada el 12 de Julio de 2.018 cumpliendo funciones de cajera bajo la categoría “C” del Convenio Colectivo 130/75 afectada a un diagrama laboral de ocho horas diarias en las instalaciones del comercio cuyo nombre de fantasía es “Supermercado Eterno”. Señala que el día 4 de Julio de 2.022, en plena jornada laboral, la demandada le notifico el despido en términos que reproduce de manera literal, el que fue rechazado por su parte en fecha 5 de Julio de 2022 mediante telegrama laboral ley 23.789, (CD 867576600) cuyo tenor también reproduce. Relata luego que la entidad gremial que la representa radico denuncia ante la autoridad laboral administrativa dando origen a los autos caratulados “Dirección Policía de Trabajo, Seguridad e Higiene Industrial Caleta Olivia S/Supermercado Eterno S/Solicita Conciliación Obligatoria C/Centro de Empleados de Comercio – Expte. 550.082/2022, en el que se mandó a retrotraer el conflicto al estado anterior a su génesis y pese a que la empleadora se sometió a esta instancia consintiendo el laudo, incumplió con las previsiones del art. 28 de la ley de procedimiento administrativo laboral provincial al no permitir a la actora retomar sus tareas. Aduce que la demandada, no contestó los requerimientos epistolares que le curso en primer lugar impugnando el despido y luego intimándola y emplazándola a la entrega del certificado del art. 80 de la LCT y pago de la indemnización art. 245 LCT una vez agotada la instancia administrativa.
Fundamenta en derecho su reclamo explayándose respecto del despido arbitrario, solicita la aplicación de la multa prevista en la ley 25.323, pide la aplicación de la multa del art. 80 de la LCT y practica liquidación. Detalla en éste sentido las fechas de ingreso y despido, la categoría laboral, la mejor remuneración mensual, normal y habitual y la antigüedad que detentaba. Especifica asimismo los rubros demandados, totaliza la indemnización, pide se adicione el importe correspondiente a la prestación por desempleo prevista en la ley 24.013 y plantea que el monto reclamado sea actualizado conforme la tasa activa para operaciones del Banco de la Nación Argentina. Por último ofrece prueba, funda en derecho, hace reserva del caso federal y formula su petición final.
IV. En PE 673093-2022 obra constancia de celebración de audiencia conciliatoria en el que las partes no llegan a un acuerdo y por PE 672756-2022 se presenta el Dr. Eduardo Gonzalez y en representación de la parte demandada, Yan Shiling, contesta demanda. Reconoce documental que detalla, formula una negativa genérica de hechos y una negativa particular. Bajo el título “Procedencia del despido – Realidad de los hechos”, expone que la demandada ha incumplido con las obligaciones y responsabilidades a su cargo afectando los intereses de su parte lo que la obligo a extinguir el vínculo laboral con justa causa. Reconoce la fecha de ingreso, la categoría laboral según convenio colectivo de la actividad 130/75 y la fecha de despido. Sostiene que su decisión no fue arbitraria ni tampoco se trata de un despido incausado sino que se encuentra fundamentado en el primer párrafo del art. 242 LCT. Invoca que la causal de despido fue “fallo de caja” en perjuicio de su empleadora lo que derivó en una pérdida de confianza que imposibilito la prosecución del vínculo, ya que demostró una conducta de gravedad en contradicción con lo establecido en el art. 63 LCT. Agrega que éste hecho sumado a la repetición de falla de caja generó un perjuicio al demandado ya que afecta la economía de la empresa y genera desconfianza teniendo en cuenta la categoría de cajera que desempeñaba. Hace hincapié en la gravedad de la conducta que achaca a la actora y a la contemporaneidad de la sanción, así como a la proporcionalidad entre las mismas. Impugna todos y cada uno de los rubros incluidos en la demanda y en concreto sostiene que no corresponde el reclamo de indemnización por antigüedad y demás rubros debido a que fue responsabilidad de la actora la extinción del vínculo laboral. Agrega que es improcedente el rubro preaviso, el SAC y la integración de mes de despido. Se explaya en torno a la improcedencia de la indemnización prevista en el art. 2 de la ley 25.323 y de la multa interesada por la actora conforme al ar. 80 de la LCT. En cuanto a los intereses, sostiene que el magistrado no puede apartarse de la directriz indicada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia por aplicación de la doctrina casatoria, la que determina para créditos de índole laboral la actualización por la tasa pasiva del BCRA. Funda en derecho, ofrece prueba y hace su petición final.
V. Por PE 464266-2022 se abre la causa a prueba. Producida la ofrecida y admitida, se clausura el período probatorio por PE 10479-2023, poniéndose los autos para alegar. Mediante PE 1203144-2023 el actor presenta alegato de bien probado.-
VI. A PE 1351739-2024 se dicta sentencia de primera instancia que hace lugar a la demanda promovida por Daniela Montone en contra de Yan Shiling condenando a éste último a abonar a la primera la suma que en la etapa de ejecución de sentencia determine el Gabinete Contable conforme a los rubros, parámetros y mejor remuneración mensual, normal y habitual establecidos en los considerandos y lo dispuesto por el art. 276 LCT, ello en el término de diez (10) días de encontrarse firme y consentida la liquidación que se practique conforme los parámetros brindados en el considerando VI). Rechaza la multa prevista por el art. 80 de la lCT por los motivos expuestos en el considerando V), condena en costas a la demandada vencida con los alcances expuestos en los considerandos en lo que respecta al límite de responsabilidad y difiere la regulación de honorarios hasta que en autos obre liquidación aprobada y firme. La sentencia es recurrida por la parte demandada por PE13-2024.-
VII. Como primer agravio la recurrente plantea la nulidad de la sentencia en razón de que, según argumenta, la parte dispositiva no coincide con el fallo. Sostiene en esa dirección que de una simple lectura se advierte que lo decidido en el fallo no coincide con los considerandos que relata la sentencia, argumentando que en sus considerandos dice que progresa la indemnización prevista en el art. 2 de la ley 25.323 y sin embargo esta motivación no se incluye en el fallo. Agrega que la parte dispositiva en sus puntos ordena que 1) hacer lugar a la demanda, 2) rechazar la multa prevista en el art. 80 LCT 3) imponer las Costas, 4) regular honorarios 5) registrar y notificar, pero que ninguno de los puntos referidos incluye la sanción prevista en la ley 25.323, razón por la cual, al no coincidir las consideraciones de la sentencia con la parte dispositiva es nula de nulidad absoluta e insanable.
Remarca en relación a las costas que ha quedado la frase intelegible, ya que se refiere a un límite de responsabilidad que no está en el caso y menos se especifica cual es. Concluye que la jueza condena a esa parte a pagar una suma de dinero que prevé el art. 2 de la ley 25.323 cuando esa decisión no se replica en la parte resolutiva. En su segundo agravio la apelante critíca que se haya hecho lugar a la sanción prevista en el art. 2 de la ley 25.323 ya que que su aplicación automática equivale a una prohibición para los empleadores de despedir. Señala que su parte tuvo una conducta acertada al despedir a la empleada y que no se le puede pedir tecnisismos legales a un comerciante en relación a la causa de despido invocada, siendo en definitiva la titular de la magistratura la que hace el colecto probatorio de la causa.
Arguye que hasta que la jueza de la causa no dirima las discrepancias entre las partes en relación a la causa de despido, ambos contrincantes están convencidos de tener razón, entendiendo que no hay conducta reprochable a la empleadora con sustento en la mora en el pago de sus obligaciones ya que no se da un incumplimiento poscontractual que justifique la pretensión relativa a dicha sanción, solicitando en su caso, se la reduzca notablemente ya que tuvo suficientes razones para justificar su proceder. En su tercer agravio, se opone a que los créditos laborales se actualicen conforme al Indice de Precios al Consumidor con más la tasa de interés pura del 3 % anual tomando como índice final el del mes correspondiente a la liquidación.
Expresa que la decisión contraviene la doctrina del Dr. Humberto Monelos en sus votos y que hipotéticamente de confirmarse es pasible de ser revocada por el Superior ya que contradice la doctrina Casatoria dictada por la Excmo. Tribunal Superior de Justicia que en todos los casos como el de autos impone la Tasa Pasiva promedio que publica el BCRA. Pide por ende se revoque la sentencia y que en caso que se haga lugar al reclamo, los créditos se actualicen por la tasa pasiva promedio prevista por el BCRA.
VIII. La parte demandada contestó el traslado de los agravios por PE 1374161-2024, a través de su apoderado. En relación al primer agravio manifiesta que la jueza de grado resolvió condenar al demandado a abonar la suma que en la etapa de ejecución de sentencia determine el gabinete contable, con lo cual, si bien se ha omitido enunciar taxativamente los rubros que prosperan, los mismos se encuentran explicitados en los considerandos del fallo por lo que no se encuentra configurada ninguna incongruencia insalvable que comporte indefensión.
Con respecto al segundo agravio, sostiene que la trabajadora ha requerido por medio fehaciente a la demandada el pago de la indemnización de ley mediante telegrama laboral y que esta intimación cursada no ha tenido respuesta, lo que ha conllevado a que la actora tenga que recurrir a los estrados judiciales como única alternativa para acceder al cobro de la diferencia indemnizatoria. Agrega que en autos no opera ninguna circunstancia exculpatoria que permita una morigeración de la multa, no resultando de aplicación el precedente “Murua, Carlos”, en el que si bien el Tribunal se ha expedido en relación al carácter restrictivo de la multa, las circunstancias atenuantes o exonerantes de la indemnización se relacionan con la interpretación causal del despido. Nada dice respecto del tercer agravio formulado por la parte demandada.
IX. Los autos se elevan a esta instancia con la certificación de estilo. Se dicta el llamado de autos a sentencia y se dispone el pase a estudio de los mismos estableciendo el orden para ello.-
X. Ingresando al tratamiento del recurso incoado por la parte demandada, me avoco primero a la nulidad de la sentencia planteada la que se sustenta en la no coincidencia entre la parte dispositiva y sus considerandos y más concretamente en que ninguno de los puntos del fallo incluye la sanción prevista en el art. 2 de la ley 25.323. Parto de la base que “la sentencia debe entenderse como una unidad lógica-jurídica en la que su parte dispositiva es la conclusión necesaria de las premisas fácticas y normativas efectuadas en sus fundamentos” (CSJN Fallos 344:1266; 344:545; 321:16429. “Por lo que no cabe admitir antagonismos entre la parte dispositiva y los fundamentos que la sustentan (Fallos: 324:1584) ya que existe una recíproca integración” (Fallos: 327:3660)(Secretaria de Jurisprudencia – La sentencia como unidad lógica-jurídica - Corte Suprema de Justicia de la Nación). Dicho ello observo que en el caso, los considerandos de la sentencia que se cuestiona en su validez, contienen los argumentos fácticos y jurídicos llevados a cabo por la magistrada de grado para resolver del modo en que lo hizo. Al punto que el fundamento esbozado respecto de la sanción a la que en concreto se alude en agravios, fue cuestionado por el quejoso en su segundo agravio.
Es de ahí que interpreto que el defecto de falta de coincidencia entre lo decidido y los considerandos de la sentencia que plantea la recurrente, no se advierte existente en la especie.
Pues, hay manifiesta coherencia o correlato entre las partes que conforman el cuerpo de la resolución jurisdiccional, o dicho de otro modo, no hay apartamiento entre la parte dispositiva y sus considerandos que configure autocontradicción de modo que se afecte el derecho de defensa del recurrente, ya que como vimos, esa parte en su segundo agravio ataco la procedencia de la multa del art. 2 de la ley 25.323 rebatiendo los fundamentos en los que el juzgador apoyó su postura.
En ese sentido ha dicho nuestra Cimero Tribunal que “La sentencia debe configurar un todo indivisible, demostrativo de una unidad lógico jurídica, ya que no es el imperio del tribunal ejercido en la parte dispositiva lo que le da validez y fija sus alcances, sino que éstos dos aspectos dependen también de las motivaciones que sirven de base al pronunciamiento” (Fallos: 343:2098; 342:2183; 339:873.
Conforme con esas directivas, considero que más allá de la forma del pronunciamiento dictado, no hay defecto que amerite la nulidad que se propugna, puesto que en consonancia a las razones dadas y en virtud a que no se expresó ni se configuro perjuicio que haya impedido u obstaculizado el ejercicio del derecho de defensa afectando el interés del quejoso, entiendo que el agravio en tratamiento debe ser rechazado y así lo propongo al acuerdo.
En cuanto al segundo agravio, destaco primero que el análisis de la procedencia de la sanción prevista en el art. 2 de la ley 25.323, obliga a revisar la forma en que se ha configurado el despido, las circunstancias que lo rodearon y la actitud asumida por las partes.
Sin perjuicio de que se admitió el reclamo por despido incausado en la instancia de grado, cabe remarcar que la interpretación de la sanción que contempla un agravamiento en la indemnización prevista por la normativa en juego, debe ser restrictiva. Tengo presente para así opinar, lo decidido por el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia en los autos caratulados “MURUA CARLOS FRANCISCO c/ SCHLUMBERGER ARGENTINA S.A. s/ LABORAL–COBRO DE PESOS”, Expte.M-10.300/06 (M-1.819/11-TSJ), precedente en el cual, haciendo referencia a que esta norma es de interpretación restrictiva, sostuvo que: "...Conteste con lo señalado, se ha manifestado que dicha excepción resulta aplicable cuando surge de la causa que el empleador pudo considerar un acto del dependiente como causa justificada para el despido pero no pudo probarla en juicio o que existió pero no justificaba el despido (confr. Grisolía, Julio Armando, Régimen Indemnizatorio en el Contrato de Trabajo, 4ª ed., Nova Tesis Editorial Jurídica, Rosario, 2007, pág. 484); y además que “…la indemnización prevista por el art. 2º ley 25.323 debe ser concedida con carácter restrictivo y sólo en aquellos supuestos en que no exista prueba alguna de la causa o la invocada resulte absolutamente improcedente a los fines del art. 242 LCT, pues de lo contrario se produciría una clara limitación del derecho de defensa en juicio para el empleador, quien frente al riesgo de que se incrementen las indemnizaciones, debería abstenerse de someter la cuestión a la consideración de los jueces, pese a que éstos son los únicos que pueden pronunciarse válidamente sobre el tema” (confr. CNLB, Capital Federal, 21-6-2002, “Aca, Adrián R. c/ Don Battaglia S.R.L.”, JA 2002 IV, 129, citado en RODRÍGUEZ SAIACH, Luis Armando, 'Cálculo, indemnizaciones laborales: bases, liquidaciones', ejemplos, topes indemnizatorios, jurisprudencia, 5ª ed., GWA Ediciones Profesionales, Buenos Aires, 2008, págs. 337/338)." (T. XVII – SENTENCIA – T.S.J., REG. Nº 576; FOLIO 3.279/3.288; PROT. ELECT. TSS1 015 S.141, 11 de julio de 2014). Es decir que frente al despido dispuesto por el empleador con invocación de causa, sin perjuicio de que fuera posteriormente revertida dicha situación en sede judicial, pudo el demandado creerse con derecho a actuar como lo hizo teniendo en cuenta la situación que se produjo con respecto de la actora.
Por estas razones y de acuerdo a la interpretación que debe darse a la norma por tratarse de una sanción en consonancia con lo decidido en forma reiterada por el Máximo Tribunal Provincial, entiendo que el agravio debe prosperar y por ende eximir del pago de la indemnización del art. 2º de la ley 25.323.
Que en relación al tercer agravio, la recurrente cuestiona el criterio de la jueza de grado para actualizar los créditos laborales reconocidos, la que utilizo para ello el Indice de Precios al Consumidor (IPC) con más una tasa de interés pura del 3 % anual tomando como índice final el del mes correspondiente a la liquidación, todo conforme al art. 276 LCT. En la crítica ensayada se sostiene que la decisión contraviene la doctrina de mi colega Dr. Humberto Monelos y la doctrina casatoria del Excmo. Tribunal Superior de Justicia y que se vislumbra de la sentencia una doble actualización impedida por la ley 23.928. Sobre éste punto, inicio el análisis poniendo de resalto que la función jurisdiccional de fijar las pautas para actualizar los créditos reconocidos, la que se ejerce dentro del margen de discrecionalidad que ostenta en éste sentido, debe adaptarse siempre a la justicia del caso. Si bien cierto es que la doctrina casatoria del Excmo. Tribunal Superior de Justicia (vgr. “Diaz, Graciela c/Provincia de Santa Cruz – Poder Ejecutivo Pcial. S/Accidente de Trabajo (L 24.028) Expte. 15.526/97, T: XI, R:404, F:2187/2193) 26-10-2004, entre otros precedentes), se inclina por la tasa pasiva para la actualización del capital, no lo es menos que bajo aquel entendimiento, no se puede dejar de apreciar si frente al ascendente proceso inflacionario que atraviesa nuestro país en éste último tiempo, efectivamente las tasas de interés se erigen como la herramienta suficiente para compensar las pérdidas que experimentan ante ese contexto las deudas dinerarias, es decir, si se mantienen o no como la vía indirecta de recomposición de capital. Por supuesto que no paso por alto que la ley 23.928 que cita el quejoso en sustento de sus argumentos para criticar el criterio aplicado en grado, prohíbe la actualización de las deudas de dinero mediante la utilización de índices (indexación), circunstancia que ha llevado a sostener que a la actualidad el art. 276 de la LCT no es aplicable ya que si bien ésta norma no se encuentra derogada, la ley en cuestión suprimió los mecanismos de ajustes de deuda por vía de aplicación de índices que compensen la devaluación de la moneda.
No obstante, numerosos precedentes jurisprudenciales han puesto en crisis el criterio que sostiene que los intereses moratorios constituyen efectivamente una vía de recomposición de capital y han buscado distintos caminos para sortear el cuestionamiento que recae sobre la aplicabilidad del art. 7 de aquella ley. En ese sentido nuestro Cimero Tribunal ha abordado la problemática inflacionaria adoptando decisiones que han variado en el tiempo según los contextos del país y la normativa vigente. En la causa “Massolo, Alberto c/Transporte del Tejar S.A.” del año 2.010, convalido la aplicación de las normas que prohíben el ajuste por inflación por entender que las cláusulas contractuales invocadas por la actora invalidaban su aplicación, en tanto tenían un “inequívoco propósito indexatorio”.
Se sostuvo en tal dirección que si bien la actualización por depreciación monetaria podía constituir una defensa eficaz del derecho de propiedad, su perduración sine die, podría alimentar el fenómeno de la inflación. En comentario a dicho fallo, se dijo que se trata de una decisión adecuada a fin de acompañar la política monetaria impuesta por el Congreso Nacional, no obstante, se señaló también que la prohibición de indexar resulta tolerable en la medida en que se configuren niveles de inflación estables y moderados, supuesto en el que los mecanismos de recomposición serán indirectos y en tal entendimiento, se advirtió que: “…en cambio, si la marcha económica se orienta hacia una aceleración de aumento de precios, la regla nominalista irá perdiendo nuevamente sus contornos”.
En este mismo sentido se sostuvo que para juzgar constitucionales las disposiciones de emergencia, como el caso de la ley de convertibilidad, era necesario establecer términos razonables de vigencia, desde que su mantenimiento indefinido y su aplicación a contextos económicos tan diversos, atentaba contra el principio de equidad en las relaciones jurídicas. ( Inflación e intereses: El principio de realidad económica como pauta orientadora – Dra. Giselle Mazza-Dra. Analía Mazza – www.magistrados-santafe.org.ar). Y conforme con lo dicho hasta aquí, es opinión del suscripto que cuando se trata de créditos laborales como es el caso, es decir, de obligaciones de valor que por definición doctrinaria están ligadas a un valor intrínseco generalmente relacionado con el poder adquisitivo y las necesidades del trabajador y su familia, la naturaleza alimentaria de estos créditos deviene indiscutible y como tales merecedores de protección (Convenio 95 OIT).
De lo que se trata entonces, por una estricta razón de justicia, es de preservar ese valor, es decir, mantenerlo inalterado hasta el efectivo pago. Con ese horizonte, no podemos desconocer la necesidad de aplicar las herramientas idóneas para hacerle frente a la depreciación monetaria y evitar así que el crédito laboral se vea fuertemente menguado debido a los altos índices inflacionarios del último tiempo. No hacerlo no sería más que dejar de lado el principio de la realidad económica. Nuestra Suprema Corte en la causa “Bonet, Patricia S/Experta Aseguradora”, considero irrazonable la aplicación automática de una tasa de interés, sin tomar en consideración si la misma importaba arribar a un resultado desproporcionado y prescindente de la realidad económica.
Conforme con ello, aplicar tasas de interés que importen arribar a resultados injustos, implicaría marginar esa realidad que debe estar por encima de fórmulas abstractas por aplicación del principio de la equidad.
Bajo éste sendero argumental, interpreto entonces, que la prohibición de cualquier forma de actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas contenida en el art. 7 de la ley 23.928 modificado por ley 25.561, que frena la aplicación de las pautas de actualización del art. 276 de la LCT, no puede superar frente a la realidad económica imperante, un examen de constitucionalidad. En esa dirección, esta Excma. Cámara en el precedente “Pérez, Raúl Ramón C/Minera Santa Cruz S.A. S/Demanda Laboral” Expte. 19.031, Nro. de Cámara 7797, mi colega, Dr. Humberto Eduardo Monelos, al emitir su voto dijo: “Una indemnización justa debe ser reajustada para, de esta manera, asegurar la indemnidad del patrimonio del trabajador en este caso frente a un daño padecido, pues de lo contrario se mantiene un margen de perjuicio en cabeza del damnificado y el daño se repara solo en parte y afectando su derecho de propiedad. Estamos de acuerdo en que la prohibición del art. 7 de la ley 23.928 es una medida de carácter legislativa tomada por quien le corresponde “la defensa del valor de la moneda” (art. 75 inc. 19 de la Constitución Nacional). Pero ello no implica que como jueces prescindamos del principio de equidad de tal modo que todo el peso de la inflación sea soportado por el trabajador. Por ello entiendo que, en este caso particular, y en las actuales circunstancias, el mentado artículo 7 de la ley 23.928 no supera el test de constitucionalidad”, criterio que se mantuvo en los autos caratulados “De Pedro, Damián Enrique y Otros C/San Antonio Internacional SA S/Laboral", Expte. Nº 37.009 del año 2019, que ingresó en esta instancia bajo el Nº 8688/22. “ Es por esos motivos expuestos que en ejercicio del control de constitucionalidad de normas que le cabe al poder jurisdiccional y apoyado en el principio de tutela judicial efectiva y el derecho de propiedad, corresponde declarar oficiosamente y para éste caso particular, la inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23.928, modificado por el art. 4 de la ley 25.561 y en consecuencia confirmar lo dispuesto en la instancia de grado en cuanto ordena la actualización de los créditos laborales reconocidos conforme al Indice de Precios al Consumidor (IPC) con más un interés puro del 3 % anual tomando como índice final el del mes correspondiente a la liquidación (art. 276 LCT). Propongo entonces al acuerdo rechazar el agravio en tratamiento.
Por estas razones y con el alcance establecido en mis consideraciones, entiendo que la sentencia es justa parcialmente y deben imponerse las costas en el orden causado. Así lo propongo al acuerdo.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
XI. Que coincido con el análisis de los agravios que formula el primer votante y con sus conclusiones. Adhiero al voto que antecede.
A LA TERCERA CUESTIÓN el Dr. Horacio Fernández dijo:
XII. En función de lo expresado propongo que se dicte el siguiente pronunciamiento: 1º) Admitir la excusación formulada por la Dra. Griselda Bard, por encontrarse incursa en la causal de los arts. 17 inciso 1 y 30 del CPCC. 2°) Rechazar el primer y tercer agravio de la parte demandada relativos al planteo de nulidad de sentencia y de actualización de créditos laborales reconocidos. 3º) Declarar la inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23.928, modificado por el art. 4 de la ley 25.561, debiendo actualizarse los créditos laborales conforme al Indice de Precios al Consumidor (IPC) con más un interés puro del 3 % anual tomando como índice final el del mes correspondiente a la liquidación. 4°) Admitir el segundo agravio de la parte demandada dejando sin efecto la multa prevista en el art. 2 de la ley 25.323. 5º) Imponer las costas de esta instancia en el orden causado. 6º) Diferir la regulación de honorarios de los letrados intervinientes hasta tanto se encuentren regulados en la instancia de grado. 7º) Registrar, notificar y oportunamente devolver a la instancia de grado. A LA TERCERA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
Por ello se dicta la siguiente sentencia Caleta Olivia, 01 de Agosto de dos mil veinticinco
Y
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales y lo dispuesto por el art 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial F A L L A:
1. Admitir la excusación formulada por la Dra. Griselda Bard, por encontrarse incursa en la causal de los arts. 17 inciso 1 y 30 del CPCC. 2°) Rechazar el primer y tercer agravio de la parte demandada relativos al planteo de nulidad de sentencia y de actualización de créditos laborales reconocidos. 3º) Declarar la inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23.928, modificado por el art. 4 de la ley 25.561, debiendo actualizarse los créditos laborales conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC) con más un interés puro del 3 % anual tomando como índice final el del mes correspondiente a la liquidación. 4°) Admitir el segundo agravio de la parte demandada dejando sin efecto la multa prevista en el art. 2 de la ley 25.323. 5º) Imponer las costas de esta instancia en el orden causado. 6º) Diferir la regulación de honorarios de los letrados intervinientes hasta tanto se encuentren regulados en la instancia de grado. 7º) Registrar, notificar y oportunamente devolver a la instancia de grado. El Dr. Mario A. Albarrán no suscribe la presente por no existir disidencia entre los abajo firmantes.- Fdo. Horacio M. Fernández- Juez de Cámara; Humberto Monelos – Juez de Cámara; Ante Mí: Carolina M. Lima- Secretaria de Cámara. - Protocolización: A201037S.251 Tomo: CIII Sentencia: 3133 Folio Nº: 153/162 Secretaria: 1
Fin de la sentencia