Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa 38.982-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Denegar el pedido de beneficio de litigar sin gastos solicitado por la incidentista a fs. 23/27.
2Costas a la vencida –conf. art. 68 C.P.CyC.N. y primer párrafo del art. 1163 del C.A.-.
3Intimar a la incidentista para que, dentro del quinto día de notificada, ingrese el importe de PESOS CIENTO DIECISIETE MIL SEISCIENTOS DOCE CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS ($117.612,42.-) en concepto de tasa de actuación, bajo apercibimiento de librar certificado de deuda -conf. art. 7° de la Ley 25.964-.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-81649305-APN-VOCXV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 24 de Agosto de 2026 gastos;
Se reúnen los Sres. Vocales miembros de la Sala “E”, Héctor H. Juárez y Juan Manuel Soria -la Vocalía de la 14º Nominación se encuentra vacante-, con la presidencia del Sr. Vocal nombrado en primer término, a fin de resolver en los autos “MONTOREANO JUAN FERNANDO S/ INCIDENTE DE BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS”, 38.982-A El Dr. Héctor H. Juárez dijo:
I. Que en virtud de la solicitud del beneficio de litigar sin gastos efectuada en los términos del art. 78 y ssgtes. del CPCCN así como del art. 9 de la Ley 25.964 por el ATA Juan Fernando Montoreano en el expediente 38.982-A, se ordenó la formación del presente incidente mediante providencia de fs. 48 del 22/05/2018 en este último.
II. Que en su presentación de fs. 23/27 la incidentista solicita beneficio de litigar sin gastos atento la imposibilidad de la firma de hacer frente al pago de la tasa de actuación dispuesta por la ley N° 25.964. En primer lugar, señala que no cuenta con sumas de dinero para afrontar los llamados “gastos de justicia”, encontrándose ante la “imperiosa necesidad de defender sus derechos en el proceso principal” (Conf. Art. 79 inc. 1 y cctes. del C.P.C. y C.). Señala que el beneficio de litigar sin gastos se encuentra encaminado –en primer lugar- a evitar el pago de la tasa de actuación ante el Tribunal, pago establecido por el art. 1° de la ley 25.964. Agrega que el beneficio de litigar sin gastos es un instituto social dentro del proceso civil, que persigue evitar que las dificultades económicas impidan ejercer convenientemente el derecho de defensa en juicio.
Señala que su fundamento estriba –por un lado- en el principio de igualdad de las partes, el cual supone que éstas se encuentran en una sustancial coincidencia de circunstancias o condiciones, entre las que no cabe, desde luego, excluir las de tipo económico y –por el otro lado- en la garantía de defensa en juicio. Sostiene que el presupuesto de hecho de la referida exención es la situación de pobreza que debe encontrarse el peticionante del beneficio (aunque no es necesario acreditar un estado de indigencia, ya que puede ser acordado el beneficio de litigar sin gastos no sólo a quienes no puedan afrontar los gastos de un juicio con sus ingresos ordinarios, sino también aquellos que por dichas erogaciones verían notoriamente menoscabado su exiguo patrimonio.
Cita jurisprudencia en apoyo a su postura. Relata que el Sr. Juan Fernando Montoreano se encuentra suspendido por la AFIP-DGA para desempeñarse en las funciones de Agente de Transporte Aduanero, Despachante de Aduanas y Operador Contenedores desde el 21/03/2014 encontrándose en trámite un recurso de amparo presentado por ante el Juzgado Federal Nro. 2 de primera instancia de Concepción del Uruguay, y ahora un Recurso Extraordinario ante la CSJN, con el objeto de revertir tal medida, y de poder precisamente trabajar, ejercer industria lícita y procurar su sustento. Señala que esta circunstancia le impide afrontar los gastos del juicio, no poseyendo tampoco un patrimonio que pueda sustentarlo, ello sumado a la elevada suma por la que se formula el cargo usd 727.076,20 y que tuvo que realizar gastos excepcionales en distintas jurisdicciones de la República Argentina tendientes a proveer su defensa tanto a ante la Aduana de Concordia, como en el presente, y que desde finales de 2012 fue imputado como deudor principal solidario, ocasionando que se vea imposibilitado de disponer de recursos económicos para abonar la tasa fijada por la Ley 25.965.
Finalmente, solicita se conceda el beneficio peticionado.
III. Que a fs. 37/38vta. la DGA contesta el traslado conferido de la solicitud del beneficio de litigar sin gastos planteada por la incidentista. Señala que como bien lo manifiesta la actora, es Agente de Transporte Aduanero (A.T.A.), que por su condición debió desarrollar con mayor diligencia su giro comercial, así como la prosecución de sus litigios, no siendo oponible las consecuencias lógicas de su giro comercial. Agrega que no debe dejarse de lado que es la propia actora quien impulsara la instancia jurisdiccional, debiendo necesariamente haber previsto los gastos causídicos que la actividad acarrea. Sostiene que el beneficio de litigar sin gastos encuentra sustento en preceptos de raigambre constitucional como la garantía de defensa en juicio y la igualdad ante la ley, ya que por su intermedio se asegura la prestación del Servicio de Justicia, no ya en términos formales, sino con un criterio que se adecua a su situación patrimonial y no financiera (CSJN, 28/05/98 ED 181-579 id. 16-2-99 E.D. 183-131). Señala que aquel que reclame el beneficio no sólo debe acreditar la carencia de recursos sino también la imposibilidad de obtenerlos (STJ de La Pampa, 20/03/95, LL del 07/10/97, p. 4). Finalmente, agrega que el peticionario no puso de manifiesto la imposibilidad de generar recursos que le permitan solventar los gastos de litigar y no puede pretender que el Estado Nacional (AFIP-DGA) asuma los riesgos que su empresa le ocasiona. Cita jurisprudencia en apoyo a su postura y solicita el rechazo del beneficio, con costas.
IV. Que a fs. 39 se concede la prueba informativa solicitada a fs. 26vta. apartado “V- PRUEBA”, B- INFORMATIVA. Respecto a la prueba testimonial, no se hace lugar por improcedente. Que, finalmente, a fs. 91 se otorga vista general de la causa a las partes y al representante del ARCA-DGI, y se elevan los autos a conocimiento de la Sala “E”.
V. Que el beneficio en tratamiento se encuentra regulado por el art. 78 y ss. del CPCCN y “(...) es una institución establecida a favor de quienes, por insuficiencia de medios económicos, no se encuentran en condiciones de afrontar el pago de las erogaciones que necesariamente implica la sustanciación de un proceso. Su fundamento estriba, por un lado, el principio de igualdad de las partes, el cual supone que éstas se encuentran en una sustancial coincidencia de circunstancias o condiciones, entre las que no cabe, desde luego, excluir las de tipo económico, y por otro, en la garantía de la defensa en juicio”. (Superior Tribunal de Justicia, Rawson Chubut, Sala Civil, “Di Giorgio, Osvaldo y otro s/benef. lit. sin gastos”, autos “Di Giorgio, Osvaldo y otro C/ Prov. De Chubut y otros S/ Demanda Conten. Administrativa”, 20/02/01). El supuesto de hecho de la referida eximición es la situación de pobreza en la que debe encontrarse aquél al que se conceda el beneficio.
Que el referido beneficio es una institución establecida a favor de quienes, por insuficiencia de medios económicos, no se encuentran en condiciones de afrontar el pago de las erogaciones que necesariamente implica la sustanciación de un proceso. Su fundamento estriba -por un lado- en el principio de igualdad de las partes, el cual supone que éstas se encuentran en una sustancial coincidencia de circunstancias o condiciones, entre las que no cabe, desde luego, excluir las de tipo económico y -por el otro lado- en la garantía de defensa en juicio. El presupuesto de hecho de la referida exención es la situación de pobreza en que debe encontrarse el peticionante del beneficio (aunque no es necesario acreditar un estado de indigencia, ya que puede ser acordado el beneficio de litigar sin gastos no sólo a quienes no pueden afrontar los gastos de un juicio con sus ingresos ordinarios, sino también a aquellos que por dichas erogaciones verían notoriamente menoscabado su exiguo patrimonio; dicha situación es una cuestión de hecho que queda librada a la valoración judicial sobre la base de la importancia económica del proceso). En este sentido nuestro Máximo Tribunal ha dicho que “la concesión del beneficio de litigar sin gastos queda librada a la prudente apreciación judicial, en tanto los medios probatorios incorporados al incidente reúnan los requisitos suficientes para llevar al ánimo del juzgador la verosimilitud de las condiciones de pobreza alegadas” no siendo exigible para su concesión “acreditar un estado de indigencia, sino demostrar que el peticionante no se encuentra en condiciones de hacer frente a los gastos causídicos” (CSJN, 27/9/94,LL-1995-A-158).
Que a fs. 53 la Jefa División Publicidad Registral – Registro de la Propiedad Inmueble de Paraná informa que “(…) conforme al búsqueda realizada en los índices que posee este Registro, en período de 20 años, la persona mencionada no figura inscripta como titular de bienes inmuebles.”
Que a fs. 60 el Administrador de la Aduana de Concordia – Dirección Regional Aduanera Hidrovía de la AFIP informa que “la situación de JUÁN FERNANDO MONTOREANO CUIT 23232873949 en el Registro de Operadores de Comercio Exterior del Sistema Registral en el que se encuentra suspendido desde la fecha que se indica: DESPACHANTE DE ADUANA: suspendido desde el 22/03/2014, OPERADOR DE CONTENEDOR: suspendido desde el 22/03/2014, AGENTE DE TRANSPORTE ADUANERO: suspendido desde el 22/03/2014. A la vez se observan otras sanciones con fecha posterior y también vigentes a la fecha: DESPACHANTE DE ADUANA: suspendido desde el 31/20/2016, OPERADOR DE CONTENEDOR: suspendido desde el 24/07/2014, AGENTE DE TRANSPORTE ADUANERO: suspendido desde el 09/04/2014 y el 31/10/2016. Se acompaña la impresión de pantalla respectiva.”
Que a fs. 72 la incidentista denuncia un hecho nuevo en el que denuncia y acredita en el presente, que desde el día 04/10/2019 el Sr. Juan Fernando Montoreano ha sido dado de alta como empleado de la firma LOGÍSTICA SIAL SRL CUIT 30-71113737-4, con una retribución en Bruto de pesos 31.655,76 que con las deducciones de ley, rendaría en la suma de pesos 20.000 neto a percibir. Asimismo, señala que el Sr. Montoreano tiene a su cargo dos hijas menores, cuyas actas de nacimiento adjunta.
Que a fs. 77 adjunta recibo de sueldo que percibió como dependiente de la firma LOGÍSTICA SIAL SRL a efectos de dejar constancia que el salario neto percibido con fecha 30/10/2019 asciende a la suma de pesos veinticinco mil setecientos diez ($25.710.-).
Que, es dable destacar que el objeto probatorio de autos consiste en justificar la carencia de recursos, o la imposibilidad de obtenerlos, o la desproporción de los gastos a afrontar en relación con su patrimonio, carga probatoria que recae sobre quien pretende demostrar su estado de pobreza, quedando la valoración de las mismas a la prudente apreciación del Tribunal, que le permita controlar razonablemente si la situación planteada es digna de la tutela del instituto en cuestión.
Que la condición de Agente de Transporte Aduanero exige un estándar probatorio más riguroso. En el caso que se presenta, ya que ésta supone una capacidad económica potencial.
Que, en conclusión, las dificultades invocadas por el aquí peticionante no han sido contundentemente probadas, por lo que cabe concluir que las mismas no le imposibilitan hacer frente a la correspondiente tasa de actuación.
Por ello, VOTO por:
1. Denegar el pedido de beneficio de litigar sin gastos solicitado por la incidentista a fs. 23/27.
2. Costas a la vencida –conf. art. 68 C.P.CyC.N. y primer párrafo del art. 1163 del C.A.-.
3. Intimar a la incidentista para que, dentro del quinto día de notificada, ingrese el importe de PESOS CIENTO DIECISIETE MIL SEISCIENTOS DOCE CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS ($117.612,42.-) en concepto de tasa de actuación, bajo apercibimiento de librar certificado de deuda -conf. art. 7° de la Ley 25.964-.
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Juárez.
De conformidad con el acuerdo que antecede, por unanimidad SE
1. Denegar el pedido de beneficio de litigar sin gastos solicitado por la incidentista a fs. 23/27.
2. Costas a la vencida –conf. art. 68 C.P.CyC.N. y primer párrafo del art. 1163 del C.A.-.
3. Intimar a la incidentista para que, dentro del quinto día de notificada, ingrese el importe de PESOS CIENTO DIECISIETE MIL SEISCIENTOS DOCE CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS ($117.612,42.-) en concepto de tasa de actuación, bajo apercibimiento de librar certificado de deuda -conf. art. 7° de la Ley 25.964-.
Regístrese y notifíquese. Firme la presente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, agréguese el presente al principal.-
Suscriben la presente los Dres. Héctor H. Juárez y Juan Manuel Soria, por encontrarse vacante la Vocalía de la 14ª Nominación -conf. Art. 1162 del C.A.-.
Date: 2026.08.24 18:51:58 ART Date: 2026.08.24 19:00:25 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Juan Manuel Soria Hector Hugo Juarez Vocal Vocal Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2026.08.24 19:00:56 -03:00
Fin de la sentencia