Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la Resolución apelada en todas sus partes, con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2024-65853646-APN-VOCIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 24 de Junio de 2024 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN En la Ciudad de Buenos Aires, en el día de la fecha, se reúnen los miembros de la Sala “A” Dres. Pablo A. Porporatto (Vocal Subrogante de la 3° Nominación), Armando Magallón (Vocal Subrogante de la 1° Nominación) y Laura A. Guzmán (Vocal Titular de la 2° Nominación) a efectos de resolver la causa N° 45.815-I caratulada “MONZA OSVALDO RAMON s/recurso de apelación”;
El Dr. Porporatto dijo:
I. Que a fs. 18/25 el recurrente interpuso recurso de apelación contra la Resolución N° 414/2015 (DV RRMR), de fecha 29/09/2015 dictada por la AFIP-DGI, mediante la cual se determinó su responsabilidad personal y solidaria respecto de la deuda de la firma ALBERTI CEREALES S.A., en su carácter de Presidente, por las obligaciones impagas en SICORE - Impuesto al Valor Agregado, períodos fiscales 4/2010, 05/2010, 12/2010 a 12/2011, 02/2012 y 04/2012 a 06/2012, con más intereses resarcitorios.
En primer lugar, niega la existencia de la deuda que se le reclama a Alberti Cereales S.A. y resalta que el ente recaudador parte de una premisa errónea cuando afirma que la sociedad presentó las declaraciones juradas de SICORE - IVA, cuyos saldos conforman el importe intimado, refiriéndose a una deuda declarada y adeudada por ésta, cuado ello no se ajusta a la realidad.
Relata que a raíz de una inspección realizada a su representada en julio de 2013, se arribó a una solución impuesta por los inspectores actuantes, consistente en detraer el crédito fiscal de facturas de compras, tidadas unilateralmente de apócrifas por el ente recaudador, circunstancia que impuso proceder a la rectificación de las declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado.
Así, esta irregular situación, de impuganar unilateralmente las ccompras registradas sin un mínimo respaldo legal, si bien resulta arbitraria e inconstitucional, lo cierto es que en la práctica obliga a los contribuyentes a la aceptación de los condicionamientos impuestos, por las consecuencias gravosas que podría acarrear un comportamiento opuesto a lo requerido por la AFIP, tales como la suspensión en el registro de operadores de granos.
Sostiene la plena legalidad de las operaciones impugnadas, por cuanto las mismas fueron absolutamente regulares, no existiendo prueba alguna que acredite la condición de apócrifas, limitándose el organismos fiscal a señalar supuestas irregularidades o incumplimimientos por parte de los proveedores para inferir la inexistencia de las operaciones, haciendo recaer en el inspeccionado las consecuencias del supuesto incumplimiento o conducta de un tercero, cuando no existe norma vigente que compela a los contribuyentes a controlar la situación tributaria de sus proveedores.
Aclara que al momento de cerrarse la inpección y como consecuencia del ajuste, en forma simultánea, se rectificaron también las declaraciones juradas de SICORE - IVA, por los períodos que son objeto de ejecución, también mediante un procedimiento admitido por la inspección y como resultaba práctica habitual ante ese organismo.
Considera que no resulta admisible el doble status que pretende atribuirse a las operaciones comerciales efectuadas con empresas ahora tildadas de apócrifas por el Fisco Nacional, es decir, no es posible que a los fines del Impuesto al Valor Agregado resulten inexistentes dichas transacciones, mientras que para el régimen de retenciones que se materializa a través del SICORE las mismas mantengan su vigencia y sea exigible ese débito fiscal.
Sigue argumentando que de las declaraciones juradas rectificativas no resulta deuda alguna a abonar, ello en virtud de las compensaciones legalmente efectuadas y tampoco, aclara, existía deuda resultante de las declaraciones juradas de SICORE originales presentadas, no habiéndo existido procedimiento determinativo alguno que demuestre lo contrario.
Alega que la única defensa que ha podido ejercer la deudora principal es el planteo de una excepción de inhabilidad de título en el marco del expediente de ejecución fiscal en trámite ante el Juzgado Federal con asiento en Mercedes, en el que aún no ha recaído sentencia de primera instancia.
Subsidiariamente, deja sentado que, aun cuando pudiera existir la deuda que se le exige, la misma no puede serle reclamada solidariamente, pues no es de carácter objetivo siendo menester la concurrencia de los siguientes requisitos: existencia de deuda tributaria de la sociedad, intimación administrativa al contribuyente deudor, falta de regularización dentro del plazo fijado por el art. 17 de la ley de rito y el elemento subjetivo, por el que debe serle imputable a título de culpa o dolo.
Agrega que, en función de la descripción que ha realizado de los hechos, no se verifica el último de los presupuestos, si perjucio de resaltar que tampoco se presenta el primero de ellos, pues no existe culpa o dolo de su parte por el eventual incumplimiento de Alberti Cereales S.A., habiendo actuado en todo momento con la diligencia que el cargo de Presidente del Directorio le requería.
Concluye así que no se verifican los presupuestos para hacerle extensible la responsabilidad en forma personal por la hipotética deuda de Alberti Cereales S.A, por no existir ningún acto de la Administración respecto del cual pueda achacársele responsabilidad a título de culpa o dolo, en tanto la Resolución apelada no explicita las circunstancias que evidencien tal accionar, sino que pareciera afincar su presunta responsabilidad solidaria en un factor de atribución objetivo, es decir, el mero hecho de resultar el Presidente de la sociedad, por lo que es arbitraria.
Por último, ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se revoque el acto apelado, con costas.
II. Que a fs. 31/38 la representación fiscal contesta el traslado del recurso que le fuera conferido negando todos y cada uno de los hechos y derechos allí expuestos, y en orden a las razones que expone solicita que se confirme la resolución apelada, con costas a la parte actora. Hace reserva del caso federal y acompaña los antecedentes administrativos.
III. Que a fs. 46 se abre la causa a prueba, haciéndose lugar a la prueba informativa y a la pericial contable. A fs. 67 y 86 se da por decaído el derecho del recurrente para producir dichas pruebas.
A fs. 98 se elevan los autos a consideración de la Sala “A” y a fs. 102 se pasaron los autos a sentencia. I V.- Que sentado lo anterior, debe precisarse que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan solo pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (conf. C.S.J.N., in re: "Sopes, Raúl Eduardo c/Administracion Nacional de Aduanas", sentencia del 12/2/87, "Stamei S.R.L. c/Universidad de Buenos Aires s/Ordinario", sentencia del 17/11/87, C.N.C.A.F., Sala V, in re "Werner Tomas M. c/B.C.R.A. s/ Proceso de Conocimiento", sentencia del 27/4/98 y "Congelados Macchaiavello y Cia. S.A." del 26/4/2007, entre otros).
V. Que ello así, corresponde ahora expedirse respecto de la procedencia de la extensión de la responsabilidad personal del Sr. Monza Osvaldo Ramón, en su carácter de Presidente de la firma ALBERTI CEREALES S.A. De las actuaciones administrativas acompañadas, surge que el caso bajo análisis tiene su origen en la falta de pago de obligaciones intimadas a la firma ALBERTI CEREALES S.A., correspondientes a diferencias no justificadas, generadas entre los montos consignados en las declaraciones juradas originales a favor de AFIP y los declarados en las rectificativas presentadas en menos por el contribuyente, para el Impuesto al Valor Agregado, períodos fiscales 04/2010, 05/2010, 12/2010 a 12/2011, 02/2012 y 04/2012 a 06/2012, habiéndose inciado en consecuencia el proceso determinativo de la responsabilidad solidaria del apelante (Cfr. fs. 4/9 A/A). El organismo fiscal verificó en sus bases de datos que el Sr. Osvaldo Ramón Monza detentaba el carácter de Presidente y Administrador de Relaciones de Clave Fiscal de la firma (cfr. fs. 13/14 A/A) y su participación en distintas cuentas que posee la empresa como apoderado, cotitular o representante legal (cfr. 16 A/A). En este contexto, el organismo recaudador concluyó que el recurrente se ha desempeñado como Presidente y Administrador de Relaciones de Clave Fiscal de la sociedad, administrando la explotación comercial y presentando las declaraciones juradas impositivas de la misma, sin ingresar los saldos resultantes al vencimiento de la intimación efectuada, extendiéndole la responsabilidad sobre los saldos impagos antes mencionados, con más sus intereses resarcitorios.
VI. Que ello así, corresponde en primer término, examinar el agravio principal alegado por el apelante respecto a la inexistencia de la deuda que se le reclama a la deudora principal y por la cual se le extiende la responsabilidad. En este sentido argumenta que no resulta admisible el “doble status” que el ente recaudador le atribuye a las operaciones tildadas de apócrifas, por cuanto afirma que no es posible que a los fines del Impuesto al Valor Agregado resulten inexistentes dichas transacciones, mientras que para el régimen de retenciones las mismas mantengan su vigencia y sean exigibles.
En primer lugar, sabido es que nuestro sistema tributario se basa en estabilidad de las declaraciones juradas, las que gozan de presunción de veracidad, y que adquieren virtualidad jurídica desde el momento de su presentación dado su carácter de liquidación definitiva. Así lo dispone la ley 11.683 en su art. 13 cuando dice “La declaración jurada está sujeta a verificación administrativa y, sin perjuicio del tributo que en definitiva liquide o determine la Administración Federal de Ingresos Públicos, hace responsable al declarante por el gravamen que en ella se base o resulte, cuyo monto no podrá reducir por declaraciones posteriores, salvo en los casos de errores de cálculo o errores materiales cometidos en la declaración misma. El declarante será también responsable en cuanto a la exactitud de los datos que contenga su declaración, sin que la presentación de otra posterior, aunque no le sea requerida, haga desaparecer dicha responsabilidad. Si la declaración jurada rectificando en menos la materia imponible se presentara dentro del plazo de cinco (5) días del vencimiento general de la obligación de que se trate y la diferencia de dicha rectificación no excediera el cinco por ciento (5%) de la base imponible originalmente declarada, conforme la reglamentación que al respecto dicte la Administración Federal de Ingresos Públicos, la última declaración jurada presentada sustituirá a la anterior, sin perjuicio de los controles que establezca dicha Administración Federal en uso de sus facultades de verificación y fiscalización conforme los artículos 35 y siguientes y, en su caso, de la determinación de oficio que correspondiere en los términos de los artículos 16 y siguientes.”
A su vez, sobre la discusión planteada por el apelante sobre el tratamiento disímil que habrían recibido las retenciones respecto del crédito fiscal impugnado, es de vital importancia comprender que mediante el mecanismo de la retención se desplaza la responsabilidad de ingreso al Fisco desde el vendedor hacia el comprador para asegurar, entre otros fines, la recaudación más o menos inmediata de una porción del impuesto. De esta forma se asegura el Fisco que la operación quede parcialmente resguardada con la retención efectuada. Por ende, corresponde rechazar la interpretación de que esa retención puede ser detraída de la declaración jurada de SICORE, porque si bien el ajuste que propicia el Fisco Nacional se limita a impugnar los créditos fiscales en el IVA -que fue aceptado por la deudora principal mediante la presentación de las declaraciones juradas rectificativas- en el otro extremo hay un vendedor “real” oculto que no declaró la operación y por ende el débito fiscal. Y la eventual sustracción de las retenciones por parte del comprador a través de la rectificación de las declaraciones juradas en menos estaría desprotegiendo el ingreso parcial que pudo lograrse mediante la retención sobre una operación cuyo proveedro real se mantuvo oculto.
A propósito de lo dicho, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en sentencia del 11/03/2021 en la causa “Compañía Argentina de Granos SA c/AFIP (DGI) s/contencioso administrativo – varios”, en la que la empresa inició la repetición de las retenciones realizadas en el momento de efectuar los pagos de las operaciones objetadas, sostuvo, ante la inequívoca existencia de las operaciones, como en el presente caso, que "una solución contraria que hiciese lugar a la demanda de repetición significaría un enriquecimiento sin causa de la empresa aquí actora pues incrementaría su patrimonio en la medida de las sumas retenidas en concepto de IVA que gravaron efectivamente las transferencias onerosas de cereales a CAGSA, y cuya titularidad pertenece a los proveedores a quienes en definitiva corresponda adjudicar las respectivas ventas, se trate de los productores fictos o de los ocultos, según la tesis fiscal. Por tal motivo, carece de sustento el planteo de la actora dirigido a señalar que el eventual rechazo de su pretensión pueda conducir a una injusta falta de aprovechamiento del IVA retenido e ingresado por sujeto alguno, dando así lugar a un enriquecimiento sin causa del Estado Nacional, pues nada impediría a los referidos productores que se consideren con derecho para comparecer por la vía pertinente a fin de demostrar que son quienes efectivamente soportaron las retenciones y a quienes correspondería efectuar la imputación de su pago de acuerdo con las previsiones legales correspondientes."
Por ello corresponde rechazar el agravio formulado por el actor.
VII. Que resuelto lo anterior, cabe recordar que el artículo 8° de la Ley 11.683 (t.o. 1998 y sus modif.) - normativa específica aplicable al caso en estudio - establece que: "Responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo y, si los hubiere, con otros responsables del mismo gravamen, sin perjuicio de las sanciones correspondientes a las infracciones cometidas: a) todos los responsables enumerados en los puntos a) a e), del inciso 1), del artículo 6 cuando, por incumplimiento de sus deberes tributarios, no abonaran oportunamente el debido tributo, si los deudores no regularizaran su situación fiscal dentro de los quince (15) días de la intimación administrativa de pago, ya sea que se trate o no de un procedimiento de determinación de oficio. No existirá esta responsabilidad personal y solidaria respecto de aquellos que demuestren debidamente que dicha responsabilidad no les es imputable subjetivamente.”
En ese sentido, debe señalarse que surge de las presentes actuaciones que el Fisco Nacional ha intimado de pago al deudor principal mediante notificación de fecha 31/10/2014 y el deudor principal no ha realizado el pago dentro de los quince días hábiles de notificadas (cfr. fs. 4/5 A/A ).
En tales condiciones, el recaudo necesario para extender la responsabilidad solidaria se encuentra cumplido en el caso en examen, pues la intimación de pago cursada al deudor principal de los saldos de las declaraciones juradas a favor de la Administración, sin que éste acreditara cumplimiento de las mismas, fue notificada como mínimo 1 año antes de la resolución que extiende la responsabilidad del Sr. Osvaldo Ramón Monza, vencido así largamente el plazo otorgado al deudor principal.
VIII. Que, sentado ello, corresponde ahora analizar los presupuestos fácticos y jurídicos que habilitan la responsabilidad solidaria del recurrente.
En este sentido, atañe al apelante aportar la prueba irrefutable y concluyente, apta y necesaria para desvirtuar el principio de responsabilidad e incumbencia que viene dado por la posesión del cargo y, de esa forma, permitir desarticular la responsabilidad solidaria imputada desde la óptica de su actuación concreta y específica en el seno de la sociedad, es decir, desde el plano de la imputación subjetiva.
En este sentido, cabe destacar que el recurrente no controvierte el hecho de que detentaba el cargo de Presidente y Administrador de Relaciones de la Clave Fiscal de ALBERTI CEREALES S.A. durante los períodos fiscales reclamados, habiendo presentado declaraciones juradas impositivas y planes de facilidades de pago, ni que figuraba como representante legal,apoderado o cotitular de las cuentas bancarias (Cfr. fa. 13/16 A/A). Asimismo, cabe poner de relieve, que si bien este Tribunal hizo lugar a las medidas probatorias ofrecidas en las presentes actuaciones, la actora no impulsó las mismas, dándose por decaído su derecho a producir la pericia contable e informativa.
En efecto, la carga probatoria de los aspectos o circunstancias en las cuales el presunto responsable solidario pretende hacer valer las causales exonerativas de dicha responsabilidad, recae en el propio contribuyente, debido a que “así resulta también de la clara letra de la ley cuando en el art. 18 inc. a) de la Ley N° 11.683...” (se hace referencia al actual art. 8° del t.o. vigente) “...se establece que no existirá sin embargo, esta responsabilidad personal y solidaria, con respecto a quienes demuestren debidamente a la Dirección General que sus representados, mandantes, etc., los han colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales; esto es que el onus probandi se coloca en cabeza de quien pretende eximirse de responsabilidad, como lo intentó sin éxito la recurrente” (cfr. “COLLEP ANZULOVIC DE ARIAS MILEVA ISABEL S/RECURSO DE APELACION - IVA”, Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B, sentencia del 06/02/1998).
Ello así, cabe destacar que las manifestaciones del recurrente no llegan a constituir una crítica concreta y razonada de la resolución que dice causarle agravio, toda vez que conforme las probanzas arrimadas por el Fisco Nacional ha quedado acreditado su carácter de Presidente, su actuación como representante legal y el manejo de fondos en su carácter de apoderado y firmante de las cuentas bancarias y ante el ente recaudador presentando declaraciones juradas y suscribiendo planes de facilidades de pago. Mientras que el apelante no ha realizado esfuerzo alguno para contradecir los argumentos fiscales, basando su defensa en la inexistencia de la deuda intimada, la que como se dijo anteriormente debe ser desestimada por los fundamentos vertidos en en el Considerando VI.
Así las cosas, y en tanto que el carácter de responsable solidario del recurrente se encuentra suficientemente demostrado conforme surge de los antecedentes mencionados, sin que haya aportado pruebas tendientes a demostrar haberse encontrado en imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales, cabe concluir que en el presente caso se ha configurado el elemento subjetivo requerido por la ley procedimental, por lo que resulta ajustada a derecho la atribución de las responsabilidad solidaria al apelante. Por ello, corresponde confirmar la resolución apelada, con costas.
IX. Que, en cuanto a los intereses resarcitorios liquidados, no habiéndose expresado agravios al respecto, corresponde su confirmación y recordar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000).
Los Dres. Magallón y Guzmán dijeron:
Que adhieren al voto del Dr. Porporatto.
En virtud de la votación que antecede, SE RESUELVE:
Confirmar la Resolución apelada en todas sus partes, con costas.
Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.-
Date: 2024.06.24 14:22:52 ART Date: 2024.06.24 14:27:17 -03:00 Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Laura Amalia Guzman Vocal Subrogante Vocal Vocalía I Sala A Competencia Impositiva Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.06.24 14:52:06 -03:00 Pablo Alejandro Porporatto Vocal Subrogante Vocalía III Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.06.24 14:52:08 -03:00
Fin de la sentencia