Abriendo la norma
Corte de Catamarca
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No conceder el Recurso Extraordinario deducido por el Dr. Luciano Alberto Rojas a favor del imputado Félix Rafael Morales contra la Sentencia n° 20/26 de fecha 05 de mayo de 2026.
2Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).
AUTO INTERLOCUTORIO Nº: CUARENTA Y UNO
San Fernando del Valle de Catamarca, treinta de septiembre de dos mil veintiséis.
Estos autos, Expte. Corte Nº 047/26, caratulados “Morales, Félix Rafael s/rec. Extraordinario c/sent. n° 20/26 de expte. Corte n° 045/25.”
DE LOS QUE RESULTA QUE:
I. Por Sentencia (S.) n° 69 de fecha 26 de diciembre de 2024, la Sala Penal de la Corte de Justicia, ante recurso de casación de casación interpuesto contra S. n° 29 de fecha 23 de mayo de 2024 dictada por la Cámara en lo Criminal de Tercera Nominación, resolvió: “I)… II) Hacer parcialmente lugar al recurso y, en consecuencia, revocar la sentencia únicamente en lo que se refiere a la fundamentación de la pena discernida. A tal fin, devolver las actuaciones al Tribunal emisor para que funde en derecho la pena impuesta. (…)”.
Remitidas las actuaciones al Tribunal de juicio, el mismo, mediante S. n° 05 del 10 de marzo de 2025, resolvió: “I) Declarar la presente sentencia como aclaratoria de los fundamentos de la cuarta cuestión de la sentencia n° 29/24 de fecha 23 de mayo de 2024 dictada por este Tribunal en expte. letra “M” n° 20/16 contra Félix Rafael Morales, conforme los fundamentos expuestos y lo ordenado por la Corte de Justicia mediante S. Corte n° 69/24 (…)”.
Contra lo decidido, el Dr. Luciano Alberto Rojas, en su carácter de abogado defensor del encausado Morales, interpone recurso de casación, al que mediante S. 20/26 esta Sala Penal no hace lugar y en contra de la nominada resolución, la defensa interpone el presente remedio federal (fs. 01 /12).
II. Quien recurre dice que la sentencia de esta Corte, por el hecho de no hacer lugar al recurso interpuesto por su parte y confirmar la sentencia que impugnaba, ha violado el principio del debido proceso, el principio de inocencia, el principio de legalidad, el derecho de defensa en juicio, principios que se encuentran consagrados en la Constitución Nacional en los arts. 18 y 31, así como también en los Tratados con jerarquía constitucional; dictando un fallo inconstitucional.
Dice que el caso encuadra en lo que la doctrina ha dado en llamar una sentencia arbitraria al desconocer y apartarse inequívocamente de las normas rectoras del debido proceso penal y no comportar una derivación razonada del derecho vigente.
Luego de relatar los antecedentes de la causa, los agravios esgrimidos, su tratamiento y rechazo, sostiene que el fallo que ataca ha considerado que las pautas meritadas por el Tribunal de reenvío para la individualización de la pena son válidas, razonables y ajustadas a derecho, descartando cualquier cumplimiento de arbitrariedad.
Ante ello, la defensa esgrime nuevos agravios sosteniendo, en primer término, que se ha violado el debido proceso y de la exigencia de sentencia fundada, además de un quiebre de la unidad lógica del fallo.
Explica que la Corte provincial ha incurrido en una arbitrariedad insalvable al convalidar la validez de la sentencia n° 05/25 de la Cámara de juicio bajo el rótulo “aclaratoria” o “ampliatoria”. Esgrime que es doctrina de la CS que las resoluciones aclaratorias no pueden ser utilizadas para suplir la ausencia de motivación constitucional de una pena corporal ya dispuesta en una parte dispositiva previa.
Razona en ese sentido que, permitir que un tribunal fije una pena privativa de la libertad y meses más tarde, por imperio del reenvío, confeccione los fundamentos, importa un flagrante quebrantamiento de las formas esenciales del juicio.
Entonces, al dictarse la condena original, la pena carecía de fundamentos siendo un acto de mero voluntarismo que no puede ser purgado con un “injerto” argumental posterior.
Como segundo agravio, afirma que se ha violado la garantía constitucional del Juez imparcial, por lo que tuvo lugar una contaminación cognitiva por preopinión.
En ese orden de ideas afirma que sostenerse en la sentencia que el reenvío a los mismos juzgadores resulta indispensable para salvar el principio de inmediación, es un razonamiento arbitrario que antepone un diseño formal de rango procesal por sobre una garantía de jerarquía constitucional y convencional como es el derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial.
Sostiene que, al anularse los fundamentos de la pena impuesta por la Cámara de juicio, esta última se encontraba contaminada porque sus magistrados ya habían decidido previamente que su defendido Morales debía cumplir esa cantidad de años de prisión. Por ende, carecía de neutralidad por lo que su actividad se limitó a “acomodar” los nuevos considerandos normativos para dar sustento artificial a una decisión penal que ya se encontraba predeterminada.
Cita el fallo 328:1491 “Llerena, Horacio s/recusación”, donde la CSJN adoptó los estándares internacionales (TEDH “Piersack” y de “Cubber”) sobre la imparcialidad objetiva. A ello agrega el fallo 330:1041 “Diesser, María Olvilda s/recurso de casación”, y dice que, en él, la CSJN estableció que los jueces que ya dictaron una sentencia condenatoria (luego anulada o casada) no pueden intervenir en la nueva etapa de decisión sobre los mismos hechos, debiendo apartarse para asegurar la pureza del debido proceso. Aunque aquí se reenvíe solo por la pena, la fijación de la misma exige un juicio de reproche autónomo que los jueces ya cristalizaron en el primer fallo.
Como tercer agravio postula la violación al principio de igualdad ante la Ley y la ocurrencia de un apartamiento arbitrario del propio precedente.
Funda tal agravio en la omisión de aplicar el estándar jurídico fijado por la propia Corte de Justicia de Catamarca en un supuesto de idéntica simetría, la S. n° 128/2024 (causa “Agüero, Emanuel Fabián- abuso sexual etc”). Descalifica la distinción que la sentencia impugnada realiza en la página 6 tildándola de rigorismo formal manifiestamente irrazonable. Dice que el argumento consiste en que en el precedente “Agüero” la condena se anuló en su totalidad y por ello se remitió a un tribunal debidamente integrado (con otros jueces), mientras que en autos solo se invalidaron los fundamentos de la mensura de la pena.
Con ello, a su criterio, se vulnera el art. 16 de la Constitución Nacional, porque brindar soluciones diametralmente opuestas ante defectos de motivación idénticos, importa consagrar un tratamiento discriminatorio y puramente voluntarista.
Suma un cuarto agravio consistente en la arbitrariedad de la sentencia por quiebre de la unidad lógica del fallo, la violación a la exigencia de sentencia fundada.
Considera que la sentencia en crisis es arbitraria por fundamentación aparente y autocontradictoria, rompiendo la unidad lógica que exige un acto judicial válido, pretendiendo sostener dos premisas que se repelen recíprocamente. Es así que el fallo afirma la absoluta falta de madurez mental de la menor para comprender el significado de lo sexual y, por otro lado, al computa como plus de reproche punitivo el supuesto doblegamiento de su voluntad mediante violencia. Dice que no se puede duplicar aquello que se considera inexistente.
Luego procede a invocar los fallos de la CSJN que considera, apoyan su postura, sobre falta de motivación de la pena. En ese sentido cita los Fallos: 326:4793 (“Recurso de hecho deducido por la defensa en la causa Olmos, José s/inf. Art. 119”), Fallos: 307:2024 (“García, Juan Carlos s/recurso”).
De ellos colige que el tribunal de juicio no ha realizado una evaluación razonada y coherente para fijar la pena, sino que ha acumulado fórmulas retóricas con el único fin de mantener incólume un monto punitivo fijado de antemano y la Corte provincial, al convalidar ello, ha dictado una sentencia que es solo aparente, conculcando el derecho de su asistido a recibir una sentencia debidamente fundada y el debido proceso adjetivo (art. 18 CN).
Entonces, a su criterio, el agravio federal se estructura bajo la tesis de que el reenvío para re fundar una pena viola la prohibición de la reformatio in pejus indirecta y el derecho a un recurso eficaz.
Continúa bajo los títulos de “la trampa del reenvío limitado” y “pérdida de la jurisdicción para agravar o mantener”, diciendo que con la forma en que se resolvió se pretendió subsanar los propios errores procesales en desmedro del imputado.
Expresa su postura sobre el reenvío y que el mismo no puede otorgar la oportunidad de corregir la tarea y la afectación del doble conforme real que se ocasiona.
Concluye enfatizando que la decisión de la Corte provincial es arbitraria, y que todo lo expuesto constituye una cuestión federal por ser una grosera violación al derecho de defensa, no tratándose de una opinión que discrepa con lo resuelto sino un agravio claro.
Pide a esta Corte, se dé al presente el tratamiento que a las causas Moreno, Ricardo; Silvana Jofre y Pérez Cabrera, concediéndose el recurso extraordinario, dejando de lado en éste último el análisis de las formalidades, asentándose en el voto de la Dra. Highton de Nolasco del precedente “Ferreyra” (21/3/2016) y, a la CS, se anule la sentencia por violación de la garantía de defensa en juicio.
III. El Sr. Procurador General mediante Dictamen n° 24/26 de fecha 11 de septiembre de 2026, estima que el recurso extraordinario federal debería ser concedido, en tanto entiende que las deficiencias formales advertidas (incumplimiento de los artículos 2° incs. i) y j) y 3° incs. b), d) y e) de la Acordada n° 04/2007), configuran una informalidad salvable en los términos del art. 11 de la misma normativa y que se encuentran reunidos los presupuestos propios del recurso extraordinario federal, esto es, pronunciamiento equiparable a sentencia definitiva emanado del superior tribunal de la causa, cuestión federal suficiente y relación directa e inmediata entre la garantía invocada y lo resuelto. (fs. 15/17).
Y CONSIDERANDO QUE:
1. Siguiendo los lineamientos de la CSJN (cf. Fallos 339:307, 339:299, 319:1213 y 317:1321), los órganos judiciales a los que les cabe expedirse acerca de la concesión del remedio federal tienen el deber de examinar los requisitos formales establecidos en su Acordada Nº 04/2007 (cf. Fallos 340:403) y además evaluar si, en un primer análisis, la apelación cuenta con fundamentos suficientes para invocar un caso excepcional de arbitrariedad de sentencia como ocurre en el caso.
Es así que, se encontrará a cargo de esta Sala Penal, la verificación de la concurrencia de los requisitos comunes y propios del remedio federal cuya concesión se pretende, conforme las exigencias por la Ley 48 y la Acordada n° 04/2007 de la CSJN.
Resulta útil a tales fines tener presente que, los requisitos comunes exigibles consisten en la existencia de: juicio o causa, tribunal de justicia, cuestión justiciable y, por su parte, los requisitos propios demandan requisitos de admisibilidad sustantivos: cuestión federal (arbitrariedad - gravedad institucional), sentencia definitiva o equiparable, superior tribunal, relación directa e inmediata, resolución contraria, introducción oportuna y mantenimiento de la cuestión federal, fundamentación autónoma y, trascendencia y actualidad de la cuestión federal.
2. En este orden de ideas, se advierte que el recurso ha sido presentado en término, por la parte legitimada al efecto y se dirige contra la sentencia definitiva del Superior Tribunal de la causa en el orden local.
La presentación está precedida de la carátula exigida en la Acordada Nº 04/2007 de la Corte Suprema; encontrándose satisfechos los recaudos exigidos por el arts. 2º.
No obstante, se advierten defectos formales que impiden la habilitación de la instancia. El recurso no cumple parte de las exigencias del art. 3, como se detallará a continuación y su argumentación no resulta idónea para refutar los fundamentos de la sentencia impugnada, no correspondiendo la aplicación del art. 11 de la acordada aplicable.
Para arribar a esa conclusión de inadmisibilidad, se debe partir de la premisa que el recurso extraordinario federal es una Apelación excepcional y sólo procede ante una “cuestión federal”, porque aquel se erige como una herramienta para ejercer el control de constitucionalidad, cuyo objeto es mantener la supremacía de la Constitución y del orden federal (art. 31 CN). “El recurso extraordinario no se propone rectificar toda injusticia que pueda existir en un fallo apelado, sino mantener la supremacía de la Constitución Nacional…”. (Fallos 235:972; 247:173)
Es así que se reconoce a la CS como último intérprete de la Constitución y del derecho federal. “(…) si no se exigiera que la resolución de la causa requiera necesariamente la interpretación del precepto constitucional invocado, la jurisdicción de la Corte sería indebidamente privada de todo límite, pues no hay derecho que en definitiva no tenga raíz y fundamento en la Constitución Nacional, aunque esté directa e inmediatamente regido por el derecho no federal” (Fallos: 238:488; 295:335; 320:1546; 341:1869 voto del juez Rosenkrantz).
3. La parte recurrente invoca vulneración de garantías constitucionales -principio de debido proceso, el principio de inocencia, el principio de legalidad y el derecho de defensa en juicio - bajo el encuadre de la doctrina de la arbitrariedad de sentencia. Sin embargo -como es sabido y se ha sostenido en numerosos fallos-, la sola invocación de cláusulas constitucionales no basta para habilitar la instancia extraordinaria si no se demuestra un apartamiento inequívoco de las constancias de la causa o una fundamentación meramente aparente que descalifique el pronunciamiento como acto jurisdiccional válido.
Resulta trascendente identificar la génesis de esos numerosos agravios para comprender por qué no puede ser habilitada la vía de excepción ante la impugnación de una sentencia con fundamentos no federales suficientes.
Es así que todos los agravios defensivos reconocen el mismo comienzo: el cuestionamiento del reenvío dispuesto por la S. n° 69/24 de la Sala Penal de la Corte de Justicia provincial y, como consecuencia obligada, la sentencia dictada por el Tribunal de juicio en cumplimiento de ese mandato de reenvío. Ella dio lugar a la interposición del segundo recurso de casación de la defensa cuyo agravio principal remite a la parcialidad del juzgador, invocando una norma procesal ajena a la vía elegida (art. 56 inc. 1 del CPP) y, el segundo, la supuesta arbitrariedad en la merituación de la pena, cuestión que reedita en el recurso extraordinario federal que ahora interpone -respecto a ellos, recordemos que, es ajena como regla y por su naturaleza a la cuestión federal el examen de cuestiones de índole fáctica y de derecho procesal y común (Fallos: 341:260) y, por otro lado, ya se dio suficiente respuesta por lo que indiscutiblemente estamos ante una discrepancia aunque la defensa se preocupe en afirmar lo contrario -.
Acertadamente el propio recurrente ha sostenido que “el análisis sobre la concesión del REF se trata de un análisis de existencia y no una evaluación de una cuestión federal, arbitrariedad o gravedad institucional”, y al analizar tal extremo, forzoso es concluir que en el caso no se presenta cuestión federal ni la arbitrariedad en la que la defensa hace descansar todos los agravios esgrimidos, a pesar de que, ha construido su postura de manera tal, que hay apariencia de cuestiones federales.
Distanciándonos de lo sostenido por el Sr. Procurador General, el caso no presenta tensión constitucional.
Concluir lo contrario implica soslayar lo siguiente:
- “Una vez radicado un juicio ante los tribunales de provincia será sentenciado y fenecido en la jurisdicción provincial, y sólo podrá apelarse a la Corte Suprema de las sentencias definitivas pronunciadas por los tribunales superiores de provincia en los casos siguientes: 3) cuando la inteligencia de alguna cláusula de la Constitución, o de un tratado o ley del Congreso, o una comisión ejercida en nombre de la autoridad nacional haya sido cuestionada y la decisión sea contra la validez del título, derecho, privilegio o exención que se funda en dicha cláusula y sea materia de litigio (inciso invocado por la defensa)” (art. 14 Ley 48).
- El reenvío, sus límites y lo sucedido en el caso, no se aparta de los lineamientos de la CS: “El Tribunal ha expresado que la anulación de una sentencia apelada por la vía del artículo 14 de la ley 48 mencionada, en los casos en que no se funda en vicios relativos a su condición de instrumento jurídico procesal, sino a defectos de su contenido como acto jurisdiccional decisorio, sólo puede entenderse declarada respecto de las partes viciadas por arbitrariedad sin afectar a las que han quedado firmes. Dicho de otro modo, no cabe admitir que exista indivisibilidad del pronunciamiento, de suerte que la totalidad de él quede afectada por el vicio parcial que funda la procedencia del recurso”. (https://sj.csjn.gov.ar/homeSJ/notas/nota/208/documento).
La S. n° 20/26 clara e inequívocamente estableció que la S. n° 69/24 (ambas de esta Sala Penal), hizo lugar parcialmente al recurso, revocando la sentencia del tribunal de juicio únicamente en lo que se refiere a la fundamentación de la pena discernida devolviendo las actuaciones al órgano emisor para que funde la pena impuesta, circunscribiendo, por último, el análisis del fallo a los agravios que hubieren surgido de esa fundamentación sin entrar a considerar otras cuestiones.
Sin embargo, el recurrente no se hace cargo de ello y plantea dos agravios (1 y 4) que refieren quejas sobre el supuesto quiebre de la unidad lógica del fallo. Un agravio sobre la imparcialidad del juzgador (2), que fue suficientemente contestado en la sentencia que ataca y que se erige indiscutiblemente como distinta opinión y, el supuesto apartamiento del precedente del que hace derivar el principio de igualdad ante la ley, sobre el que ya se explicó en la sentencia impugnada que no resulta aplicable (S. n° 20/26 – pág. 6).
Entonces, en la evaluación de la existencia de cuestión federal, forzoso es señalar que ella no tiene lugar en el caso y, en la sentencia impugnada no hay fundamentos federales suficientes.
Debe tenerse en cuenta, además, que el artículo 15 de la Ley 48 exige, entre otros requisitos de procedencia, que el fundamento del recurso extraordinario “aparezca de los autos y tenga una relación directa e inmediata a las cuestiones de validez de los artículos de la Constitución, leyes, Tratados o comisiones en disputa”. Asimismo, el art. 3° inciso e) de la acordada 4/2007 exige que al interponer el recurso extraordinario se demuestre "que media una relación directa e inmediata entre las normas federales invocadas y lo debatido y resuelto en el caso, y de que la decisión impugnada es contraria al derecho invocado por el apelante con fundamento en aquéllas”. https://sj.csjn.gov.ar/homeSJ/notas/nota/146/documento.
Ello no ocurre en el caso a pesar del esfuerzo defensivo de hacer derivar aparentemente unos de otros, porque el origen de su queja se remonta al derecho común y procesal, y no se verifica la relación directa e inmediata con la mera invocación de derechos constitucionales.
En otras palabras, el recurso expresa, en rigor, una pretensión de nulidad cuyos fundamentos (agravio 1, 2 y 4) remontan al reenvío dispuesto y la intervención del mismo tribunal a quo, omitiendo la naturaleza y los límites de tal reenvío, así como también, la acabada respuesta que obtuvo en la sentencia que ahora impugna, respecto a la inaplicabilidad del precedente de esta misma Sala Penal que insiste en citar (agravio 3 -. la S. n° 128/2024 (causa “Agüero, Emanuel Fabián- abuso sexual etc.”)
En cuanto al derecho al doble conforme sobre el que se limita a transcribir parte de fallos que se erigen como precedentes del máximo tribunal y, según la defensa no se habría cumplido, se advierte que la sentencia condenatoria fue dictada tras el juicio oral y público, fue objeto de impugnación en dos oportunidades, la Corte provincial celebró audiencia, escuchó a las partes y respondió expresamente cada agravio relevante, lo que permite desestimar el agravio.
Este derecho, no exige la reproducción íntegra del juicio ni la sustitución de la valoración probatoria por el tribunal revisor, sino un control suficiente de legalidad, razonabilidad y fundamentación, lo cual efectivamente ocurrió. La mera disconformidad con el resultado de la revisión no equivale a su ausencia.
Como consecuencia de lo dicho, se verifica una ausencia de cuestión federal suficiente. En definitiva, los agravios introducidos reeditan algunos planteos ya examinados y no evidencian lesión constitucional autónoma. Tampoco se demuestra un supuesto excepcional de arbitrariedad, ni se pone en evidencia una restricción estructural del derecho de defensa o una transgresión al principio del debido proceso, de legalidad, de igualdad ante la ley, reformatio in pejus, doble conforme.
Vale recordar que los supuestos de arbitrariedad según Genaro Carrió son: Omitir pronunciamiento sobre cuestiones planteadas, decidir cuestiones no planteadas, prescindir sin razón del texto legal aplicable, fundar la decisión en preceptos remotos sustituyendo normas inmediatas aplicables, prescindir de pruebas decisivas, invocar prueba inexistente, contradecir en forma manifiesta constancias de la causa, tener como único fundamento afirmaciones dogmáticas sin fundamento objetivo, exceso ritual manifiesto en desmedro de la verdad jurídica objetiva, autocontradicción (fundamentos - decisorio), dejar sin efecto decisiones anteriores firmes; pero ninguno de ellos tiene lugar en el caso.
Asimismo, y contrariamente a las alegaciones efectuadas en el recurso, debe tenerse en cuenta que la doctrina de arbitrariedad de sentencias es particularmente restringida por lo que el agravio solamente podría prosperar si aquella se presenta de modo manifiesto y constituye una verdadera denegación de justicia, extremo que no se observa en el presente caso.
En consecuencia, el remedio interpuesto no cumple con el requisito exigido por el art. 14 de la Ley 48 para la procedencia formal de la impugnación pretendida, el cual establece que el objeto central de la impugnación federal debe ser una cuestión federal (Néstor Pedro Sagüés, Derecho Procesal Constitucional, "Recurso Extraordinario", T° II, Ed. Astrea, 1992, pág. 30) y no supera el umbral mínimo de fundamentación exigido ni la evidencia de relación directa e inmediata, para habilitar la instancia extraordinaria, en tanto no logra descalificar el pronunciamiento como acto jurisdiccional válido porque no aporta argumentos suficientes para demostrar la hipotética vulneración de los derechos fundamentales que enuncia en su presentación (cf. art. 3 incs. b, d y e, como observó el Sr. Procurador en su dictamen).
Por las razones dadas, después de haber oído al Sr. Procurador General, esta SALA PENAL de la CORTE DE JUSTICIA;
1. No conceder el Recurso Extraordinario deducido por el Dr. Luciano Alberto Rojas a favor del imputado Félix Rafael Morales contra la Sentencia n° 20/26 de fecha 05 de mayo de 2026.
2. Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).
3. Protocolícese, hágase saber y oportunamente, archívese.
FIRMADO: Dres. Néstor Hernán Martel –Presidente de la Sala Penal-, Rita Verónica Saldaño y Fabiana Edith Gómez. ANTE MÍ: Dra. Érica Gorkiewicz Moroni –Secretaria (s/l)- CERTIFICO: Que el presente es copia fiel del original que obra agregado al protocolo de la Secretaría Penal. Conste.
Fin de la sentencia