Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa M-2597/24-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en PE1363098-2024 (INR00000177.pdf) y en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante en PE1477385-2024.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: M-2597/24-TSJ Interlocutorio N°: 3845 Actor: MORALES MARIA ANTONELLA Demandada: MUNICIPALIDAD DE RIO GALLEGOS Objeto: ACCION DE AMPARO Fecha: 03-12-2024 Texto: TOMO XXXVI-INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3845 FOLIO Nº 7044/7048 PROT. ELECT. TSS1 059 I.241
Río Gallegos, 3 de diciembre de 2024.-
Los presentes autos caratulados: “MORALES MARIA ANTONELLA c/ MUNICIPALIDAD DE RIO GALLEGOS s/ ACCION DE AMPARO”, Expte. Nº M-3652/2024 (M-2597/24-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan las presentes actuaciones a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación articulado por la parte demandada por intermedio de su letrada apoderada, Dra. Karina Astudillo Gallardo (cfr. PE1363098-2024, INR00000177.pdf), contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, que revocó el fallo de Primera Instancia y admitió la demanda de amparo deducida por la Sra. María Antonella Morales declarando la nulidad del Decreto Municipal Nº 274/23 que convalidaba la cesantía de la nombrada, ordenando su inmediata reincorporación a la planta municipal y se abonen los salarios caídos, con costas a la perdidosa (cfr. PE1336503-2024).- A su turno, la sentencia de Primera Instancia había rechazado la demanda interpuesta por la actora imponiendo las costas por su orden (cfr. PE1248477-2024).-
II. La recurrente afirma que el motivo de la casación consiste, por un lado en vicios in procedendo, por resultar arbitraria y contradictoria la sentencia y, por el otro lado en la aplicación errónea de las normas legales contenidas en la Ley Nº 1117, en particular los artículos 3º y 4º (cfr. PE1363098-2024, INR00000177.pdf, págs. 6/7).-
En cuanto al primer agravio añade que: “El fallo impugnado adolece de serias falencias formales, en tanto decide adoptar una excepción legal como es la acción de amparo, de rigurosa interpretación y contraria a la opinión legista del agente fiscal…” (cfr. PE y pdf cits., pág. 7).-
Agrega que: “…la demora injustificada en iniciar el amparo es indicativa de la inexistencia de urgencia objetiva y, consecuentemente, de la necesidad de una tutela expedita y rápida como la que la acción provee (sic). Comprobados que fueran los presupuestos para su viabilidad…nada impide, en principio, que los derechos supuestamente vulnerados sean objeto de tutela a través del amparo, situación fáctica que no se da en el libelo de marras, ya que reiteramos no se encuentra acreditada la urgencia ni el peligro en la demora, muchos menos el perjuicio causado.” (cfr. PE y pdf cits., pág. 9).- Sostiene que: “El fallo impugnado revoca así el resolutorio de primera instancia, previo a declarar que 'En ese orden de ideas, el más Alto Tribunal tiene dicho que la acción de amparo no es la única vía apta para la salvaguarda de los derechos y garantías constitucionales o legales…Dada la celeridad que es propia de este tipo de proceso, la arbitrariedad o ilegalidad alegada, debe presentarse sin necesidad de mayor debate y prueba.'” (cfr.
PE y pdf cits., pág. 10).- Destaca que: “…el resolutorio es dictado 8 meses luego del acto administrativo que declara la cesantía de la ex agente, dando lugar a un planteo de una urgencia no acreditada en autos -la cual no existe en tanto la actora ha consentido la dilatación de los plazos- por lo que en definitivamente (sic) viola el debido proceso legal garantizado en el recurso de amparo, dándose curso sin razón legal alguna sobre el marco de regulación de la ley de fondo 1117, desoyendo mandatos constitucionales en tanto de alguna manera termina revocando un fallo de primera instancia que se asienta en la certeza, que el recurso de amparo no es el remedio procesal para todo reclamos (sic), existiendo otras vías (contencioso administrativo y/o ordinario cobro de pesos) que el accionante pudo elegir para perfeccionar su reclamo y que no utilizo.” (cfr.
PE, pdf y pág. cits.).- En el acápite titulado “Segundo agravio: Errónea aplicación de la ley sustantiva y violación de doctrina legal” indica que el fallo de Cámara: “…carece de sustento y fundamentación, en tanto que con sus considerandos pretende justificar la adopción de una vía excepcional para dar lugar a un cobro de pesos, afectándose así el derecho de defensa de esta parte, quien se ve obligaba (sic) a contestar un reclamo de origen laboral dictado atreves (sic) de una Resolución Administrativa, en un plazo acotado sin poder oponer defensa ni excepción alguna al reclamo.- De haber elegido la accionante, una vía ordinaria para el cobro de su crédito, nos encontraríamos ante un proceso contencioso, o un cobro de pesos ordinario, ambos procesos en los cuales esta parte hubiera podido desplegar sus defensas de fondo y forma, o allanarse al reclamo de la actora.” (cfr.
PE y pdf cits., págs. 10/11).- Cita jurisprudencia.-
Reitera que: “Habiendo sido intervenido ya el actor, no se advierte ninguna urgencia, máxime cuando ya han transcurrido 9 meses desde el dictado del instrumento administrativo, por lo que se demuestra lo contradictorio del razonamiento de la Exma (sic) cámara dado que no se advierte la afectación que alega la accionada, más allá de las escuetas argumentaciones desarrolladas en la respectiva demanda de amparo, nada hizo para demostrar por qué excepcional razón la medida impugnada le producía daño concreto y grave que sólo puede eventualmente ser reparado acudiendo a la acción urgente y expeditiva del amparo, ni (sic) que el tránsito por la vía administrativa previa.” (cfr. PE y pdf cits., págs. 11/12).- Finalmente requiere que: “…se case el fallo que se ataca…porque su confirmación implicaría afectar el derecho de defensa de esta parte sujeta a la aplicación de una medida dictada en exceso de facultades, cuando es la accionada quien convalida con sus actos la demora.” (cfr. PE y pdf cits., pág. 12).-
La Cámara de Apelaciones declara formalmente admisible el recurso de casación interpuesto por la demandada (cfr. PE1477385-2024).-
Pasan los presentes al acuerdo (cfr. PE907137-2024).-
III. Que en oportunidad de efectuar el examen preliminar que establece el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- a efectos de valorar si se encuentran reunidos los extremos formales que habilitan la admisibilidad del recurso intentado, se advierte que el mismo no alcanza a cumplimentar los requisitos formales que habilitan el acceso a esta instancia extraordinaria.- No debe perderse de vista que -tal como lo ha sostenido inveteradamente este Alto Cuerpo- la casación es un sendero extraordinario que no constituye una tercera instancia común, lo que conduce a discernir que para que este Tribunal Superior de Justicia pueda entrar a revisar el mérito del recurso interpuesto, deben reunirse determinados presupuestos cuya carencia conlleva a la inaceptabilidad del planteo casatorio (cfr. Interlocutorio, Tomo XXXI, Reg. 3510, Folio 6012/6016).- Para que esta vía tenga andamiento resulta imperativo que la recurrente despliegue una técnica impugnativa adecuada, de modo que el escrito portador de su recurso formule una crítica concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales del pronunciamiento jurisdiccional, sin que reúna tal condición aquélla que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos básicos, determinaciones o fundamentos sobre los que se asienta (cfr. TSJ Santa Cruz Interlocutorio cit.).- En este análisis previo, se detectan falencias en la fundamentación del recurso que obstan a su concesión.-
Debemos decir que, de la atenta lectura del instrumento recursivo, surge que las críticas del impugnante sólo traducen meras diferencias de opinión con los Juzgadores que no resultan suficientes para rechazar las consideraciones expuestas en el pronunciamiento recurrido, máxime frente a la excepcionalidad del remedio que se intenta.-
Se advierte que las conclusiones de la anterior instancia no son refutadas mediante fundamentos conducentes para poner en evidencia un decisivo error de argumentación en el decisorio. Los argumentos de la recurrente se dirigen, en definitiva, a brindar su punto de vista sobre por qué la vía del amparo no es la adecuada para la pretensión perseguida por la amparista sin llegar a producir una crítica razonada, profunda, visceral, concreta y eficaz de la estructura sentencial atacada, por lo que deviene inadmisible el recurso (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo VI, Reg. 880, Folio 1019/1021, entre otros).-
IV. Como primer agravio la impugnante aduce que el fallo recurrido adolece de ciertas falencias formales en tanto decide adoptar una excepción legal como es la acción de amparo y contraria a la opinión legista del agente fiscal (cfr. PE1363098-2024, INR00000177.pdf, pág. 7). Puntualmente postula la existencia de vicios in procedendo por resultar arbitraria y contradictoria la sentencia (cfr. PE y pdf cits., pág. 6).-
El recurso de casación por error in procedendo se basa en la violación de normas de derecho procesal que se han establecido por el legislador para regular el proceso, por lo que cuando se verifique el hecho o la conducta -antecedente- que una norma de derecho procesal contempla, surge una voluntad concreta de la ley dirigida al juez, y si éste no se ajusta al mandato o a lo que la ley prescribe, comete la violación de la ley, que típicamente se denomina error in procedendo. En nuestro derecho positivo el error in procedendo recibe el nombre de “quebrantamiento de forma”. El fundamento del recurso de casación basado en éste motivo reside en la violación de la garantía fundamental de la defensa en juicio, dado que ese vicio siempre puede implicar una lesión a aquella garantía constitucional. La nulidad puede encontrarse en el procedimiento o en la sentencia. En este último caso la nulidad puede producirse por errores “extrínsecos” (estructura, fecha y firma) o “intrínsecos” (v.gr. congruencia o fundamentación adecuada) (cfr. Perrachione, Mario C., “La casación como método de control de la función jurisdiccional”, Alveroni Ediciones, 2003, Córdoba, págs. 55, 56, 215, 216 y 217) (cfr. TSJ, Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXXIV, Reg. 3743 Folio 6704/6709).- Los vicios in procedendo, entonces, se configuran cuando el juzgador desoye ciertas normas adjetivas, destinadas a regular el trámite que corresponde imprimir a determinado acto o conjunto de actos procesales (cfr. Angelina Ferreyra de de la Rúa -Directora-, Mariana A. Liksenberg -Coordinadora-, “Recursos Extraordinarios, Doctrina y Jurisprudencia” 1ª edición, Córdoba, Advocatus, 2016, pág. 329).-
El recurso de casación por quebrantamiento de forma se encuentra establecido en nuestra ley adjetiva para los supuestos en que se hubieran violado las formas y solemnidades sustanciales prescriptas para el procedimiento o la sentencia, siempre que la nulidad no haya sido consentida por las partes (cfr. art. 2º del régimen de casación) (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XVII, Reg. 574, Folio 3266/3273).-
La simple lectura de la parcela del recurso bajo examen revela que su discurso se encuentra dirigido a denunciar exclusivamente la existencia de vicios en el procedimiento sin argumentar de manera concreta en que consiste el vicio endilgado, cual es la norma adjetiva presuntamente vulnerada, en que etapa del proceso se produjo la infracción que aduce, cual es el perjuicio que ésta le ocasiona y sobre todo como ello debe ser reparado a través del pronunciamiento que persigue, lo que resulta insuficiente a los fines de la apertura de esta instancia extraordinaria.- En cuanto a la presunta contradicción entre la sentencia de Cámara y el dictamen del Sr. Agente Fiscal es preciso adelantar que el argumento esgrimido no constituye un motivo casatorio.-
El principio de contradicción es uno de los principios lógicos tradicionales de la estructura de la sentencia y se da cuando, en un mismo contexto fáctico temporal, la resolución asume situaciones de hecho incompatibles o contradictorias entre sí o cuando aplica al caso, simultáneamente normas jurídicas inconciliables. De la tipificación del principio en juego se deduce que para que haya violación del mismo deben necesariamente existir dos juicios contrarios que recaigan sobre el mismo objeto (cfr. Molina Sandoval Carlos A.: “Recurso de casación Aspectos sustanciales, argumentales y procesales”, 1ª ed, Córdoba, Advocatus, 2016, págs. 86 y 88).- A la luz de estos postulados debemos sostener que, del escrito recursivo, se desprende que la recurrente no invoca ni logra demostrar que la sentencia padezca de defecto alguno que resulte incurso en la causal invocada. Para darse el supuesto que la parte denuncia, la autocontradicción debe darse entre los considerandos y lo que se decide en la sentencia (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XII, Reg. 414, Folio 2257/2260) y no entre el fallo y el dictamen del Sr. Agente Fiscal como se argumenta.- En definitiva la casacionista no logra evidenciar la configuración de vicio alguno en torno a las formas y solemnidades prescriptas para el acto sentencial. Más aún, la simple lectura de la pieza recursiva denota la ausencia total de toda crítica tendiente a demostrar la infracción a alguna de las reglas básicas del razonamiento sentencial.-
V. Seguidamente considera que la acción de amparo no resulta ser una vía legal para el reclamo que la actora intenta. Este argumento -en los términos planteados- tampoco resulta apto para la apertura de la presente instancia extraordinaria toda vez que no pasa de ser una exposición personal y discordante con respecto al criterio esgrimido por los sentenciantes, lo que pone en evidencia la insuficiencia de la pieza recursiva.- Reiteradamente se ha sostenido que: “…los cuestionamientos introducidos por la recurrente con respecto a la vía intentada no pueden ser atendidos, ya que, a más de reiterativos, se basan en afirmaciones genéricas y dogmáticas, técnicamente insuficientes para conmover lo decidido, sin atacar todos los fundamentos sobre los cuales se asienta el pronunciamiento impugnado (conf. causa A. 74.866, 'Mutual de Trabajadores de Avellaneda', sent. de 17-X-2018).” (cfr. SCBA, “Perazzo Emir Vicente c/ IPS s/ Amparo s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley”, Causa LP A 76758 S, del 21/12/2022, entre otros).-
VI. En cuanto al pretenso agravio referido a la errónea aplicación de la ley sustantiva, también se observa que la casacionista no ha logrado poner de manifiesto la transgresión que aduce. Conforme surge del escrito recursivo, la impugnante se limita a mencionar las normas que considera vulneradas sin indicar -aunque sea someramente- de qué manera las mismas deberían ser aplicadas e interpretadas de conformidad con las constancias que surgen de la causa.- Ante este panorama es preciso recordar que: “…'Existe 'violación' de ley cuando, frente a una determinada situación de hecho, se prescinde de aplicar la norma que conceptualiza esa situación, eligiéndose otra norma cuyas menciones contemplan un supuesto distinto. La 'errónea aplicación' de ley significa, en cambio, que si bien la norma ha sido correctamente elegida, se le acuerda, por restricción o ampliación, un sentido incompatible con el supuesto de hecho planteado en el proceso' (confr. Palacio, Lino E., Recursos Procesales, Lexis Nº 2508/001696).” (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XX, Reg. 2639, Folio 3967/3970).- Ninguno de los supuestos mencionados han sido suficientemente demostrados por la interesada, pues como se dijo ésta se limita a mencionar las normas que, a su entender, fueron infringidas sin dar mayores precisiones al respecto omitiendo suministrar con ello fundamentos que estén referidos directa y concretamente a los conceptos que estructuran la construcción jurídica en que se asienta el decisorio en crisis, por lo que el planteo referido también obsta a la admisibilidad del recurso en cuestión.-
VII. Con relación a la violación de la doctrina legal (cfr. PE1363098-2024, INR00000177.pdf, pág.10) la casacionista no ha indicado cual ha sido la doctrina de este Tribunal Superior de Justicia que ha sido violada, no ha individualizado el juicio de la cual emana y, menos aún, en que ha consistido esa violación.-
Nos hallamos ante la sola mención de un agravio sin fundamentación alguna que lo justifique.-
No debemos olvidar que doctrina legal es sólo aquella que emana de este Tribunal Superior de Justicia (cfr. Sentencia, Tomo XV, Reg. 511, Folio 2860/2871). Así lo ha sostenido este Cuerpo al expresar que: “...es este Tribunal Superior el forjador de la doctrina legal que debe regir en el ámbito provincial, ya que está en juego uno de los objetivos principales de la casación como lo es el deber de uniformar la jurisprudencia a través de sus fallos y en toda la actividad interpretativa del orden jurídico vigente (confr. art. 132 de la Const. Prov.)...” (cfr. Interlocutorio, Tomo XVI, Reg. 2077, Folio 3046/3049).-
VIII. Lo mismo cabe decir del acuse de arbitrariedad toda vez que carece de toda motivación que explique en qué ha consistido la infracción que se aduce.-
La impugnante se limita a mencionar la existencia del vicio sin efectuar un desarrollo argumental que intente demostrar que la sentencia recurrida sea arbitraria, es decir, aquellas que se apartan en forma inequívoca de la solución normativa prevista para el caso o que padezcan de una carencia absoluta de fundamentación, así como también las que se fundan en afirmaciones meramente dogmáticas u omiten pronunciarse sobre cuestiones planteadas por las partes y conducentes para la resolución del caso (cfr. Germán J. Bidart Campos, “Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino”, Tomo II, Buenos Aires, Ediar, 1995, pág. 441) (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XIX, Reg. 629, Folio 3621/3625).- Su discurrir se dirige a contradecir los argumentos expuestos en la sentencia impugnada, partiendo de un punto de vista diferente, que cuestiona el criterio sustentado respecto de la valoración y ponderación de las circunstancias que llevaron a la Alzada a decidir en un sentido distinto del pretendido, y desde este particular cuadrante, no refuta todas y cada una de las razones desplegadas en el pronunciamiento objetado, incumpliendo con el requisito formal de adecuada fundamentación.- La decisión que adoptó la Cámara de Apelaciones, no resulta, en principio, revisable ante esta instancia, al haber fundado debidamente su posición, sin encontrarse ésta desprovista de fundamentos, más allá de la discrepancia que pudiera tener la recurrente con la postura asumida por la Alzada.-
El recurso de casación, de la manera en que ha sido planteado, no llega a constituir la crítica concreta y razonada del pronunciamiento que se ataca, toda vez que la recurrente sólo se ha limitado a dar su propia interpretación del caso sin intentar demostrar en que se han equivocado los magistrados que ya se expidieron, menos aun fundar en debida forma y con relación directa al supuesto bajo análisis, la procedencia y razonabilidad de su pretensión revisora.-
IX. En cuanto al agravio referido a que habían transcurrido nueve (9) meses desde el dictado del instrumento administrativo, se aprecia que el mismo resulta insuficiente para la apertura de la instancia extraordinaria toda vez que la recurrente se circunscribe a invocarlo sin efectuar un desarrollo argumental que lo ponga de manifiesto y sin lograr demostrar que de las constancias obrantes en autos surjan los extremos invocados.-
X. Como corolario de lo expuesto, se debe concluir que las críticas de la recurrente no resultan suficientes para ingresar al análisis de las consideraciones expuestas en el pronunciamiento impugnado, en especial frente a la excepcionalidad del remedio que se intenta. Máxime cuando la interpretación sustentada por la Cámara de Apelaciones resulta suficientemente motivada, lo que avienta la posibilidad de su descalificación como acto jurisdiccional válido.- En mérito a las consideraciones expuestas, el recurso de casación articulado por la parte demandada en PE1363098-2024 (INR00000177.pdf) no ha logrado habilitar la presente instancia extraordinaria por lo que corresponde declararlo mal concedido, y en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante en PE1477385-2024, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15.-
Por ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en PE1363098-2024 (INR00000177.pdf) y en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante en PE1477385-2024.-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Presidente-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1059I.241 Tomo: XXXVI Interlocutorio: 3845 Folio N°: 7044/7048 Secretaría: 1
Fin de la sentencia