Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa M-885/24-IMC-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a las excusaciones deducidas por el Dr. Fernando Miguel Basanta y por la Dra. Romina Vanessa Saúl en PE1494278-2024 y PE1494610-2024, respectivamente.-
2Hacer lugar a la medida cautelar solicitada por las Dras. Maria Matilde Morales y Romina Fernanda Gaitán por derecho propio, en el carácter de Vocales del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Cruz en PE1472967-2024, apartado X, ordenando la suspensión de la aplicación de los artículos 2º, 3º, 4º y 5º de la Ley Nº 3866 durante la tramitación de los autos principales y hasta que se dicte sentencia definitiva firme en los mismos.-
3Mantener la vigencia de la medida cautelar decretada oportunamente por el Sr. Juez titular del Juzgado de Primera Instancia de la Familia Nº Uno de esta ciudad, respecto de la suspensión de la aplicación del artículo 6 de la Ley N° 3866, hasta tanto se dicte sentencia definitiva firme en los autos principales.-
4Ordenar a las actoras la previa prestación de la caución juratoria en autos a través del Sistema de Presentación de Escritos Digitales (SIPED).-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Única Expte. N°: M-885/24-IMC-TSJ Sentencia N°: 1154 Actor: MORALES MARIA MATILDE Y OTRA Demandado: PROVINCIA DE SANTA CRUZ Objeto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD -INCIDENTE DE MEDIDA CAUTELAR- Fecha: 30/08/24 TOMO XIX -CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- T.S.J.-
REGISTRO Nº 1154 FOLIO Nº 3766/3772 PROT. ELECT. TSS1011C.241
Río Gallegos, 30 de agosto de 2024.-
Los presentes autos caratulados: “MORALES MARIA MATILDE Y OTRA C/ PROVINCIA DE SANTA CRUZ S/ ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD -INCIDENTE DE MEDIDA CAUTELAR-”, Expte. Nº M-885/24-IMC-TSJ, venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, a fin de resolver en primer término, las excusaciones deducidas por el Sr. Vocal, Dr. Fernando Miguel Basanta y por la Sra. Defensora General ante el Tribunal en su carácter de Vocal Subrogante, Dra. Romina Vanessa Saúl en PE1494278-2024 y PE1494610-2024, respectivamente.-
El Dr. Basanta expresa: “Motiva esta decisión el hecho de encontrarme comprendido en la causal prevista en el artículo 17, inciso 1º del Código Procesal Civil y Comercial, por remisión del artículo 30, primera parte del mismo cuerpo legal, ello respecto a la coactora Sra. Romina Fernanda Gaitán.” (cfr. PE1494278-2024).-
Por su parte, la Dra. Saúl dice: “Fundo mi petición, en que la hermana de la suscripta, Dra. Karina P. Saúl, es integrante del Honorable Tribunal de Cuentas como Vocal por la minoría, y a los fines de evitar cualquier posible sospecha sobre la objetividad e imparcialidad que pudiera existir en el ánimo de las partes, por razones de decoro y delicadeza, excúsome de intervenir en los presentes en virtud de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 30 del CPCyC. Atento lo expuesto, solicito se haga lugar a mi petición y se me excuse de intervenir en la presente causa.” (cfr. PE1494610-2024).- Atento los motivos que fundan la excusación del Dr. Fernando Miguel Basanta, encuadrándose en la normativa impuesta por el artículo 17, inciso 1º del CPCyC, en virtud de lo normado en el artículo 30, primera parte del citado texto legal, corresponde hacer lugar a la excusación deducida.-
En lo que respecta a la excusación de la Dra. Romina Vanessa Saúl, en razón del escrúpulo fundado en las circunstancias explicitadas, que demuestran que la inhibición responde a causales avaladas en serios fundamentos y en virtud de lo normado en el artículo 30, segundo párrafo del CPCyC, corresponde hacer lugar a dicha excusación.-
II. Que en PE1472967-2024 de los autos principales se presentan las Dras. Maria Matilde Morales y Romina Fernanda Gaitán por derecho propio, en el carácter de Vocales del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Cruz solicitando: “...se declare la inconstitucionalidad de la Ley Nº 3866 sancionada el 2 de julio del corriente…por arrogarse facultades no previstas constitucionalmente, con grave afectación del principio de legalidad y razonabilidad de los actos de gobierno, al destituir del cargo a las actuales vocales del Organismo de Control…sin emplear ningún mecanismo de remoción legalmente válido para dejar sin efecto las designaciones previamente efectuadas…afectando de forma grave y manifiesta los derechos establecidos en los artículos 3º, 8º, 9º y 17 de la Constitución Provincial, los artículos 14, 16, 17, 18, 28, 31 y 33 de la Constitución Nacional y las garantías y derechos consagrados por la Convención Americana de Derechos Humanos…” (cfr. pág. 2).- Asimismo, en el apartado X de su presentación, peticionan: “...una ampliación de la medida cautelar ya otorgada, en virtud de la cual se disponga la suspensión de efectos de los artículos 2º, 3º, 4º, 5º y 6º de la ley 3866, como así también de las normas reglamentarias y/o complementarias dictadas o que se dicten en su consecuencia, hasta tanto se resuelva en definitiva en el presente juicio.” (cfr. pág. 38).
Afirman que la procedencia de la medida está justificada por los siguientes elementos: “La verosimilitud del derecho invocado se basa en la clara contrariedad de la Ley Nº 3866 con la disposición constitucional 123 [...] la norma cuestionada destituye a los actuales miembros del Organismo, de forma ilegal y arbitraria…” (cfr. págs. 38/39). Sostienen que el peligro en la demora está dado por cuanto la: “…remoción de los miembros del Tribunal de Cuentas sin las debidas garantías de imparcialidad, debido proceso y defensa en juicio, genera un clima de inseguridad jurídica que afecta tanto a los integrantes del Órgano de Control, como los sujetos sometidos a su jurisdicción y a la ciudadanía en general…permitir la aplicación de la norma implica admitir la destitución arbitraria, ilegal e irrazonable de sus actuales miembros…” (cfr. pág. 40).
Finalmente afirman que la medida que se peticiona resulta insusceptible de ocasionar agravio alguno al interés público, en tanto se halla limitada a garantizar la vigencia de la Constitución Provincial (cfr. pág. 41).- Al describir los antecedentes que originan la contienda, las accionantes sostienen que, conforme surge de los Decretos N° 609/17 del 6 de julio de 2017 y N° 1047/17 del 24 de noviembre de 2017, han sido designadas en el cargo de Vocal del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Cruz habiendo prestado juramento y tomado posesión del cargo el 17 de julio de 2017 y el 18 de diciembre de 2017, respectivamente, de acuerdo a lo prescripto en el artículo N° 123 de la Constitución Provincial y artículos 3°, 5° y 8° de la Ley N° 500 Orgánica del Tribunal de Cuentas (cfr.
PE1472967-2024, pág. 1).- Refieren que el 2 de julio del corriente año, el Poder Legislativo Provincial sancionó la Ley Nº 3866, promulgada por Decreto Nº 707/24 la que establece modificar los requisitos y condiciones para integrar el Tribunal de Cuentas, estableciendo un plazo de duración del ejercicio del cargo; disminuir la remuneración de los miembros del Organismo; establecer un nuevo mecanismo de designación y remoción; destituir a las actuales vocales, sometiendo a la voluntad del Ejecutivo Provincial impulsar el procedimiento para una nueva designación, de lo contrario prevé que permanezcan en el cargo hasta que se nombre a sus reemplazantes; y por último, consagrar la facultad del Poder Ejecutivo de designar en comisión a los miembros del Tribunal de Cuentas cuando la Cámara de Diputados se encuentre de receso (cfr.
PE cit. págs. 3/4).- En PE1474560-2024 de los autos principales, dictaminó el Sr. Agente Fiscal sobre la competencia de este Tribunal para intervenir en la acción de inconstitucionalidad y en la medida cautelar. Asimismo, en PE896694-2024 de los autos de mención, se ordenó formar el incidente con las piezas pertinentes, dándose inicio a los presentes en PE1474593-2024.-
Corrido el pertinente traslado a la demandada conforme artículo 25 del CPCA, Ley Nº 2600, es contestado en PE1487630-2024 por el Sr. Fiscal de Estado de la Provincia de Santa Cruz, Dr. Ramiro Esteban Castillo. Allí solicita se rechace la misma con costas sosteniendo que: “… lo que se cuestiona es una ley emanada del órgano competente y que ha cumplido los requisitos legales en su proceso de sanción…teniendo en cuenta el carácter restrictivo con que deben ser examinados los requisitos para la procedencia de las medidas cautelares innovativas, en particular cuando se refiere a normas sancionadas por el poder legislativo, considero que de los argumentos expuestos por la parte actora no surge con la certeza necesaria la verosimilitud en el derecho ni el peligro en la demora…” (cfr. pág. 9).- En PE1493216-2024 dictamina el Sr. Agente Fiscal ante este Alto Cuerpo, quien se expide en sentido positivo, considerando que: “...V.E., debe hacer lugar a la medida cautelar que se peticiona”.-
Pasan las presentes actuaciones al Acuerdo para resolver (cfr. PE907556-2024).-
III. Previo a todo trámite resulta oportuno recordar que las incidentistas han peticionado como medida cautelar se ordene al Poder Ejecutivo y Legislativo de la Provincia de Santa Cruz que se abstengan de aplicar los artículos 2º, 3º, 4º, 5º y 6º de la Ley Nº 3866 (cfr. PE1472967-2024, pág. 38), a fin de evitar el perjuicio irreparable que les provocaría el acto legislativo mencionado en virtud del cual se las destituye como miembros del Organismo en forma ilegal y arbitraria al arrogarse atribuciones que no están previstas en la Constitución Provincial (cfr. PE cit., pág. 39).- Sin embargo, de las constancias obrantes en autos, surge que el Juzgado de Primera Instancia de la Familia Nº Uno de esta ciudad dictó -el 10 de julio del 2024- una medida cautelar en la cual se ordenó la suspensión de la aplicación del artículo 6º de la ley cuestionada hasta tanto recaiga sentencia definitiva.-
En razón de lo expuesto se considera oportuno, y a los fines de un mayor ordenamiento, tratar en primer lugar la medida cautelar solicitada ante este Alto Cuerpo referida a los artículos 2º, 3º, 4º y 5º de la Ley Nº 3866 y luego hacer lo propio con la medida cautelar decretada por el Juzgado de Familia con relación al artículo 6º de la Ley N° 3866.-
IV. Ahora bien, ingresando al tratamiento de la cuestión planteada, y atendiendo al carácter cautelar de la medida peticionada resulta menester efectuar el análisis de la concurrencia o no de los presupuestos genéricos de toda medida cautelar, y en el caso los específicos, ello en orden a lo normado por los artículos 25 y ss. del CPCA, Ley N° 2600, a fin de valorar su procedencia.-
Para ello, debemos tener presente que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha precisado que: “… la sola circunstancia de tratarse de una acción declarativa no excluye la procedencia de medidas precautorias. En efecto, éstas tienen por finalidad evitar el riesgo de que, durante el transcurso del proceso, el pronunciamiento que pudiera reconocer o actuar el derecho, pierda virtualidad. Y ese riesgo puede existir no sólo en el supuesto de las acciones de condena sino también en las declarativas de certezas, en la medida en que se afecte de cualquier manera aquel cuyo reconocimiento persigue.” (cfr. Fallos 313:1152).- Por su parte, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal nos ilustra que la procedencia de medidas como la requerida, queda subordinada a la verificación de dos extremos insoslayables, a saber: la verosimilitud del derecho invocado y el peligro de un daño irreparable en la demora. A tales presupuestos debe sumarse la contracautela establecida de modo genérico. Añadiendo además que: “…la jurisprudencia y la doctrina han agregado que los requisitos antes citados se encuentran de tal modo relacionados que a mayor verosimilitud del derecho, cabe no ser tan exigente en la apreciación del peligro en la demora y -viceversa- cuando existe el riesgo de un daño extremo irreparable el rigor en la ponderación del primero se puede atenuar (Sala II, ‘Pesquera del Atlántico S.A. c/ B.C.R.A.’, del 14-10-85; Sala V, ‘Ribereña de Río Negro S.A. c/ D.G.I.’, del 8-11-96; esta Sala, ‘Gibaut Hermanos’, del 8-9-83; ‘Siderca SA’, voto del Dr. Grecco, del 19/11/04, entre otros) (cfr. Sala III, “Insugra S.A. c. Estado Nacional”, 15/05/2007; www.informacionlegal.com.ar. Cita Online AR/JUR/4908/2007).- En función de ello corresponde evaluar los recaudos de procedencia del remedio cautelar bajo análisis.-
V. En cuanto al argumento invocado por la demandada referido a la coincidencia entre lo peticionado en la causa principal con el objeto de la medida cautelar (cfr. PE1487630-2024, pág. 8) es preciso adelantar que el mismo no resulta óbice para la procedencia de la tutela preventiva perseguida.-
Conforme surge del libelo de inicio, la medida cautelar peticionada tiene la finalidad de evitar el riesgo de que, durante el transcurso del proceso, el pronunciamiento que se dicte pueda perder virtualidad. Es por ello que los argumentos esgrimidos por las peticionantes imponen a este Alto Cuerpo analizar y expedirse sobre la procedencia, y en su defecto, el alcance de la medida requerida sobre bases -prima facie- verosímiles sin que ello implique incurrir en prejuzgamiento o adelantamiento de opinión sobre la resolución que en definitiva recaiga en el litigio.- La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido al respecto que: “En la medida de no innovar y en la medida cautelar innovativa existen fundamentos de hecho y de derecho que imponen al tribunal expedirse provisionalmente sobre la índole de la petición formulada, por lo que no corresponde desentenderse del tratamiento concreto de las alegaciones formuladas so color de incurrir en prejuzgamiento.” (cfr. Sum. Fallos 320:1633).-
Las medidas cautelares, entonces, deben ser concedidas siempre que se verifiquen los requisitos de admisibilidad, más allá de que coincidan los objetos de la tutela preventiva y de la acción principal. En esta circunstancia el Juez no prejuzga porque resuelve con carácter claramente provisorio y sin condicionar su imparcialidad y objetividad en el trámite del proceso y en el acto de resolución del caso. Por último el juez debe preservar el derecho de acceso a la justicia en sus diversos aspectos, entre estos su temporalidad y oportunidad y ello, en ciertos casos sólo es posible mediante el acto cautelar (cfr. “Kiper Claudio M., “Medidas Cautelares”, 2da. Ed. Actualizada y Ampliada, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Ley, 2014, Tomo II, pág. 34).- A ello podemos agregar que: “En lo que hace a la pretensión declarativa de inconstitucionalidad el anticipo de la sentencia es palmario, ya que la superposición entre la petición cautelar, mediante la prohibición de innovar, y la pretensión material es casi total, ambas postulan la suspensión de los efectos de la norma atacada. Sin embargo, una lo hará en términos provisorios y la otra con la estabilidad propia de la cosa juzgada, de allí que no pueda postularse la identidad total.” (cfr. aut. y ob. cits., pág. 127).- En definitiva, la decisión cautelar adecuadamente dictada no importa prejuzgamiento. Ello, pues no puede razonablemente sostenerse que se trata de una manifestación intempestiva del juzgador (es decir extemporánea) sino necesaria según la pretensión instaurada y adecuada al estado de la causa; es decir, oportuna (adoptada en respuesta a la petición cautelar deducida por la parte, siendo deber del órgano expedirse sobre el planteo efectuado); tampoco puede decirse que implique adelantar el parecer del magistrado sobre el objeto sustancial del pleito, pues toda medida precautoria es resuelta en el marco de lo probable, de lo verosímil (no de lo indefectible, cierto e irrefutable) y ello, sin haberse producido el debate y aportado la totalidad de la prueba, vicisitudes que eventualmente podrán revertir la apariencia inicial, que con frecuencia se sustenta sólo en material documental presentado exclusivamente por el requirente de la tutela (cfr. aut. y ob. cits., pág. 35).- Aclarado ello, corresponde analizar en forma particular los recaudos para la procedencia de la medida cautelar perseguida.-
VI. En relación al primero de los requerimientos, el “fumus bonis iuris”, se ha dicho que el despacho de una cautelar no exige un examen de certeza sino sólo su verosimilitud, ya que el juicio de verdad se encuentra en oposición a la finalidad del instituto (conf. Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, in re: “Rejas, Alejandra Felisa c/ Estado Nacional Minis. Just. Seguridad y DD.HH. P.F.A. s/ inconstitucionalidad”, sentencia del 11/06/2012; www.informacionlegal.com.ar. Cita Online: AR/JUR/30916/2012).- Si bien es cierto que por vía de principio, medidas como las requeridas no proceden respecto de actos administrativos o legislativos habida cuenta de la presunción de validez que ostentan, tal doctrina debe ceder cuando se los impugna sobre bases prima facie verosímiles (Fallos: 250:154; 251:336; 307:1702; 314:695) y como resulta de la naturaleza de las medidas cautelares, ellas no exigen de los magistrados el examen de la certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo de su verosimilitud.
Es más, el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético, dentro del cual, asimismo, agota su virtualidad (cfr. Fallos 317:243).- La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha referido que: “…el examen de los requisitos a los que se halla sujeta la procedencia de las medidas cautelares es particularmente estricto en el ámbito de la acción originaria de inconstitucionalidad, atento la presunción de constitucionalidad o regularidad de la que gozan las normas susceptibles de ser cuestionadas por su conducto…en el entendimiento de que la tutela preventiva no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido sino sólo acerca de su verosimilitud (art. 230 inc. 1, CPCC…), pues la finalidad del instituto cautelar no es otra que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético…se han acogido solicitudes suspensivas en casos en que el cumplimiento de la norma impugnada pueda generar un perjuicio grave para el derecho o interés invocado…y, por cierto, cuando de la apreciación de las circunstancias se advierte que el planteo formulado por quien objeta la constitucionalidad de la norma posee una seria y consistente apariencia de buen derecho…” (cfr.
“Foro de Amigos de Cariló c/ Municipalidad de Pinamar s/ Inconstitucionalidad de la Ordenanza 6087/21”, LP I 78847 RSI-535-24 I 11/07/2024).- En el caso que nos ocupa, las presentantes aducen que la Ley Nº 3866 se arroga facultades no previstas constitucionalmente afectando de forma grave y manifiesta los principios de legalidad y razonabilidad como así también los derechos establecidos en los artículos 3º, 8°, 9º y 17 de las Constitución Provincial, 14, 16, 17, 18, 28, 31 y 33 de la Constitución Nacional y las garantías y derechos consagrados por la Convención Americana de Derechos Humanos (arts. 8, 25 y cctes.) (cfr. PE1472967-2024, pág. 2).- Igualmente sostienen que el procedimiento de designación y remoción de los miembros del Tribunal de Cuentas, instituido en la norma cuestionada, desconoce de manera flagrante el funcionamiento del Tribunal de Cuentas de la Provincia, instituido en el artículo 123 de la Constitución Provincial, afectando la garantía de independencia e imparcialidad (cfr.
PE y pág. cits.).-
Se aprecia entonces, que el sub lite presenta particularidades que lo distinguen de otros casos en los que este Alto Cuerpo ha denegado el dictado de medidas cautelares, frente a la mayor prudencia que exigen en la apreciación de los recaudos que hacen a su admisión. En el estrecho marco de conocimiento que ofrece el estudio de la cuestión, aparece con suficiente claridad que el mantenimiento de la situación padecida por las presentantes, podría generar, en las excepcionales y particulares circunstancias que se verifican, mayores e irreparables daños, que deben ser evitados.- El principal agravio en que se sustenta la demanda de inconstitucionalidad tiene directa vinculación con las disposiciones previstas en el artículo 123 de la Constitución Provincial en cuanto a la designación y remoción de los miembros del órgano constitucional “Tribunal de Cuentas” cuya función principal es fiscalizar la gestión financiero patrimonial no sólo de la Provincia sino también de los Municipios, empresas para-estatales, reparticiones descentralizadas y autárquicas creadas o que se creen en todo el territorio de la Provincia por lo que, realizando un juicio de posibilidad y no de certeza en el estrecho marco de conocimiento que implican las medidas cautelares, consideramos que en el caso ‘sub examine’ se exhibe un derecho verosímil, sin que ello implique adelanto de opinión alguna sobre la materia a resolverse.- A tenor de lo expresado, entonces, resulta dable concluir que, en la especie, la verosimilitud del derecho aparece demostrada, atendiendo a los derechos de jerarquía constitucional presuntamente vulnerados y el Organismo de Control que aparece involucrado y afectado a causa de la situación descripta, -reiteramos- ponderados en el acotado marco cognoscitivo propio de esta etapa.-
Nuevamente aclaramos que ello no implica una valoración probatoria definitiva; la que oportunamente será realizada al momento de la sentencia definitiva en los autos principales.-
VII. Otro requisito específico es el probable peligro de que la tutela jurídica que surgirá de la sentencia no pueda efectivizarse en los hechos (cfr. Hutchinson, Tomás “Derecho Procesal Administrativo”, 1ª ed., Santa Fe, Rubinzal Culzoni, 2009, tomo III, pág. 510). No existe medida cautelar que no se dé para disipar un temor de daño inminente; constituye la razón de ser jurídica y de hecho de las medidas cautelares que sustancia con ellas (cfr. Gallegos Fedriani, Pablo Oscar “Control judicial de la Administración. Medidas Cautelares”, en Derecho Procesal Administrativo, dirigido por Juan Carlos Cassagne, 1ª ed., Buenos Aires, Hammurabi, 2004, Tomo 1, pág. 749).- El peligro en la demora debe juzgarse de acuerdo con un juicio objetivo, o derivar de hechos que puedan ser apreciados incluso por terceros (cfr. Fallos: 326:3658, 1248, 1289; 325:367, 1873; 314:711).-
Las presentantes explican que el peligro en la demora viene dado en cuanto a que la remoción de los miembros del Tribunal de Cuentas sin las debidas garantías de imparcialidad, debido proceso y defensa en juicio genera un clima de inseguridad jurídica que afecta tanto a los integrantes del Órgano de Control, como a los sujetos sometidos a su jurisdicción y a la ciudadanía en general, al no garantizar la seguridad institucional y la confianza pública en el control de las cuentas públicas (cfr. PE1472967-2024, pág. 40).- El Máximo Tribunal de la Nación, ha sostenido que es dable recordar que la garantía constitucional de la defensa en juicio, así como incluye el derecho a obtener un pronunciamiento rápido dentro de un plazo razonable, pues la dilación injustificada de la solución de los litigios implica que los derechos puedan quedar indefinidamente sin su debida aplicación con grave e irreparable perjuicio de quienes lo invocan (Fallos 324:1944), exige que frente a una intensa verosimilitud en el derecho y un claro peligro en la demora, se consagre dicha garantía constitucional adoptándose las decisiones jurisdiccionales previas y provisionales que atemperen o impidan, en la medida de lo posible, las consecuencias que puede generar la razonable espera de una decisión definitiva (cfr. fallos cit.).- Los antecedentes de la causa evidencian la necesidad de admitir la pretensión cautelar con el fin de resguardar los derechos invocados, hasta tanto exista la posibilidad de dirimir la cuestión debatida y esclarecer los derechos que cada una de las partes contendientes aduzca.-
VIII. Otro de los presupuestos que se exige para el otorgamiento de medidas cautelares, es la prestación de una contracautela por el peticionante de la medida. Al respecto cabe expresar que: “La contracautela es el medio que asegura preventivamente el eventual crédito de resarcimiento de los daños que podrían resultar de la ejecución de la providencia cautelar si, en definitiva, la misma se revela como infundada…En la imposibilidad de determinar a priori una regla fija u objetiva que predetermine la especie y monto de la contracautela salvo en situaciones cuya especial entidad condujera a exigirla de un concreto carácter, el art. 199 ha encomendado al juez la misión de graduar ambos extremos, teniendo en cuenta la verosimilitud del derecho y las circunstancias del caso. De suerte que a mayor verosimilitud, menor contracautela. Hay tres clases de contracautela: a) juratoria, que consiste en la manifestación formal de quien obtiene la medida, efectuada por escrito en el expediente, de que se hace cargo de los eventuales perjuicios; b) personal, cuando un tercero con solvencia económica asume la responsabilidad consecuente afectando su patrimonio, y c) real, que importa afectar un bien o bienes determinados a las resultas de esa responsabilidad…” (cfr. Gallegos Fedriani, Pablo O., “Las medidas cautelares contra la Administración Pública”, Ed. Ábaco de Rodolfo Depalma, 2002, pág. 71).- Por lo expuesto, en virtud de la remisión del artículo 32 del CPCA, Ley Nº 2600 al artículo 200 y concordantes del CPCyC, corresponde disponer que las presentantes presten caución juratoria.-
En el presente, tal como se indicara, se encuentra acreditada la verosimilitud en el derecho invocado para acceder a la medida solicitada y concurre el peligro en la demora exigido para las cautelares, por lo que la suspensión de los artículos 2º, 3º, 4º y 5º de la Ley Nº 3866 solicitada será admitida; previa caución juratoria atento a lo expresado precedentemente en torno a las particulares circunstancias del caso (cfr. arts. 25 del CPCA, Ley Nº 2600 y 200 del CPCyC, aplicable por remisión del art. 32 del CPCA, Ley Nº 2600).-
IX. Seguidamente corresponde expedirnos con relación a la medida cautelar decretada por el Sr. Juez titular del Juzgado de Primera Instancia de la Familia Nº 1 de esta ciudad, referida a la suspensión de la aplicación del artículo 6º de la Ley Nº 3866.-
Como punto de partida debemos ponderar que el Código de Procedimiento en lo Civil y Comercial de la Provincia de Santa Cruz establece que: “…la medida ordenada por un juez incompetente será válida siempre que haya sido dispuesta de conformidad con las prescripciones de este capítulo, pero no prorrogará su competencia. El Juez que decretó la medida, inmediatamente después de requerido remitirá las actuaciones al que sea competente (cfr. art. 197 del CPCyC, por remisión del art. 32 del CPCA, Ley Nº 2600).-
Ello quiere decir, como ha sostenido destacada doctrina que: “En determinadas situaciones el juez puede encontrarse frente al requerimiento de una medida cautelar que se relaciona con una causa o controversia que puede no ser de su competencia, pero que en atención a la urgencia del caso y al peligro de un daño o perjuicio irreparable, exige garantizar sin demora la tutela efectiva del derecho o interés jurídico que se hace valer en el proceso. Por esa razón…las medidas precautorias ordenadas por éste antes de la promoción de la demanda serán válidas y de eficacia inmediata, siempre que se hubiera cumplido con las prescripciones legales previstas en cada caso, pero ello no importará prorrogar la competencia…En tal caso, decretada la medida cautelar, el juez incompetente debe remitir sin demoras las actuaciones al juez que se considere competente quien,…deberá pronunciarse en forma expresa sobre el alcance y vigencia de la medida que se hubiese concedido…” (cfr. Cicero Nidia Karina, “Derecho Administrativo”, 1º Ed., Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Ley, 2015, Tomo II, págs. 1009/1011).- En el mismo sentido se han expresado Rolando Arazi y Jorge A. Rojas en su obra “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación” en cuanto sostuvieron que: “…la medida cautelar dictada por un juez incompetente es válida, pues debe darse preeminencia a la urgencia que la justifica por sobre las normas rituales que imponen al juez abstenerse de emitir pronunciamientos en juicios que no corresponden a su órbita jurisdiccional,…” (cfr. aut. y ob. cits., 2º Ed, Santa Fé, Rubinzal Culzoni, 2007, Tomo I, pág. 768).- Ello sumado a que, una vez remitido el expediente, dicha medida permanece vigente y todo cuestionamiento que se haga, deberá plantearse ante el Juez competente, que será quien lo resuelva, aun cuando lo hubiera dictado un juez de otro fuero (cfr. Higthon Elena I. y Areán Beatriz A., “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Concordado con los códigos provinciales. Análisis doctrinal y Jurisprudencial, 1º Ed, Buenos Aires, Hammurabi, 2005, Tomo 4, pág. 108).-
Sin perjuicio de lo expuesto es doctrina de este Tribunal Superior de Justicia la improcedencia de la remisión de las causas por parte del juez incompetente con el objeto de evitar que los tribunales de justicia impongan jurisdicción a este Alto Cuerpo a través de la remisión de los autos. Ello, en virtud que el magistrado mencionado no posee facultades para interpretar y aplicar el derecho procesal que corresponde a este Tribunal, imponiéndole mediante la remisión de los autos, una jurisdicción y competencia que en forma originaria y en única instancia le confiere la Constitución Provincial, aunque medie la declaración de incompetencia del órgano inferior (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXII, Reg. 2760, Folio 4287/4288).- En los presentes, luego del dictamen del Sr.
Agente Fiscal en favor de la competencia de este Tribunal para intervenir en autos, y surgiendo de las constancias de este expediente que la medida precautoria referida al artículo 6º de la Ley Nº 3866 fuera ordenada en los autos: “Morales Matilde y Otra s/ Medida Cautelar”, Expte Nº 29732/2024, por un Magistrado incompetente para entender en el proceso principal, los mismos fueron requeridos en PE904371-2024, a los fines de resolver con relación a la vigencia y alcance de la medida cautelar decretada por el nombrado.- Conforme surge de dichos autos que en este acto tenemos a la vista, se observa que el Sr. Juez titular del Juzgado de Primera Instancia de la Familia Nº 1 de esta ciudad, hizo lugar a la medida cautelar peticionada en el entendimiento de que se encontraba ante una situación que podría modificar la composición de un órgano constitucional como es el Tribunal de Cuentas de la provincia a través de un mecanismo que establecería la nueva norma; consideró además que el peligro en la demora se apreciaba en razón de que, el Poder Ejecutivo, podría designar en comisión a los reemplazantes de las actoras produciéndose así sus cesantías automáticas en los cargos.
Finalmente ponderó que la procedencia de la medida cautelar no solo prevenía una posible afectación al interés público en el control de las cuentas públicas, sino que tampoco afectaba ni ponía en riesgo las atribuciones constitucionales de los órganos comprendidos (cfr. PE881929-2024).- De los argumentos reseñados se aprecia que las circunstancias que rodean la presente causa y los derechos constitucionales presuntamente afectados han sido debidamente evaluados por el magistrado que previno en la medida preventiva y sumado a las razones expuestas en los considerandos precedentes, se considera oportuno mantener la vigencia de la medida cautelar decretada por el nombrado con relación a la suspensión de aplicación del artículo 6º de la Ley Nº 3866, hasta tanto se dicte sentencia definitiva firme en los autos principales.-
X. En virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar a la medida cautelar solicitada por las incidentistas en PE1472967-2024, ordenando la suspensión de la aplicación de los artículos 2º, 3º, 4º y 5º de la Ley Nº 3866 durante la tramitación de los autos principales y hasta que se dicte sentencia definitiva firme en los mismos; y mantener la vigencia de la medida cautelar decretada oportunamente por el Sr. Juez titular del Juzgado de Primera Instancia de la Familia Nº Uno de esta ciudad, respecto de la suspensión de la aplicación del artículo 6 de la Ley N° 3866, hasta tanto se dicte sentencia definitiva firme en los autos principales; previa caución juratoria que deberán prestar las actoras en autos a través del Sistema de Presentación de Escritos Digitales (SIPED).- Finalmente, cabe poner de resalto que la decisión a la que se arriba es provisoria y no implica prejuzgamiento alguno sobre el fondo de la cuestión debatida en los autos principales, la cual será analizada al momento de dictarse sentencia definitiva.-
Las costas se imponen en el orden causado en virtud de lo estipulado por el artículo 90 del CPCA, Ley Nº 2600.-
Que, en atención a las consideraciones expuestas y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Hacer lugar a las excusaciones deducidas por el Dr. Fernando Miguel Basanta y por la Dra. Romina Vanessa Saúl en PE1494278-2024 y PE1494610-2024, respectivamente.-
2. Hacer lugar a la medida cautelar solicitada por las Dras. Maria Matilde Morales y Romina Fernanda Gaitán por derecho propio, en el carácter de Vocales del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Cruz en PE1472967-2024, apartado X, ordenando la suspensión de la aplicación de los artículos 2º, 3º, 4º y 5º de la Ley Nº 3866 durante la tramitación de los autos principales y hasta que se dicte sentencia definitiva firme en los mismos.-
3. Mantener la vigencia de la medida cautelar decretada oportunamente por el Sr. Juez titular del Juzgado de Primera Instancia de la Familia Nº Uno de esta ciudad, respecto de la suspensión de la aplicación del artículo 6 de la Ley N° 3866, hasta tanto se dicte sentencia definitiva firme en los autos principales.-
4. Ordenar a las actoras la previa prestación de la caución juratoria en autos a través del Sistema de Presentación de Escritos Digitales (SIPED).-
6. Regístrese y notifíquese con habilitación de día y hora inhábil. Oportunamente, acumúlense las presentes actuaciones al principal.-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Presidente-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Carlos Enrique Arenillas -Vocal Subrogante-.-
Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1011C.241 Tomo: XIX Sentencia: 1154 Folio N°: 3766/3772 Secretaría: 1
Fin de la sentencia