Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº9316/26 Sentencia: Definitiva Actor: Morales Miguel Ariel Demandada: Provincia ART S.A.
Objeto: Demanda Laboral Fecha: 07/09/2026 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz, a los siete días del mes de septiembre de dos mil veintiséis se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia definitiva en los autos “MORALES, Miguel Ariel c/ PROVINCIA ART S.A. s/ demanda laboral” Expte. Nº 2489/2020 que tramitan en el Juzgado de Primera Instancia Nº 1 en lo Civil, Comercial, Laboral, Minería y de Familia de la ciudad de Las Heras que ingresaran en la instancia con el Nº 9316/26. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Humberto Eduardo Monelos, Griselda I. Bard y Horacio M. J. Fernández para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
I. Que el actor Miguel Ariel Morales con el patrocinio letrado de los Dres. Fernando Hernán Kustich y Julián Michavila promueve demanda sistémica contra la Aseguradora de Riesgos de Trabajo Provincia ART S.A. persiguiendo el cobro de la suma de $ 1.524.095,76 con más los intereses compensatorios en concepto de prestaciones dinerarias tarifadas previstas en la Ley de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. Invoca una enfermedad profesional: lumbalgia moderada bilateral conforme certificado del Dr. José Daniel Del Colle, describe las tareas realizadas y plantea inconstitucionalidades del régimen y del DNU al verificarse el carácter perjudicial al sustituir el ajusta anual por RIPTE produciendo una disminución del crédito al aplicar una norma de inferior calidad; ofrece pruebas (ver escrito de fs. 16/20 y 21/22.).
A fs. 24 conforme carta poder de fs. 23 se presentan los Dres. Víctor V. Martensen y Norberto M. Castelo. Ya en expediente digital en PE 527717/2023 se da por perdido el derecho de contestar la demanda que ha dejado de ejercer a la demandada PROVINCIA ART S.A. y se corre vista al Ministerio Fiscal cuyo dictamen obra en PE984799/2023 Se ordena la producción de pruebas en PE628626/2023 y producidas las obrantes en autos, presentada la Dra. Mariana Clement como apoderada de la demandada en PE1024961/2023. Clausurado el periodo probatorio se agrega el alegato de la actora en PE2072758/2025, sin que la demandada alegara sobre el mérito de la prueba en PE 1242894/2025. Se le da por perdido a la demandada el derecho a alegar y pasan los autos a Sentencia.
Ésta obra en PE 2098602/2025 y en considerandos adhiere a la declaración de la inconstitucionalidad del art. 46 de la LRT, establece el nexo causal entre la enfermedad y la actividad laboral, establece la forma de determinar el monto de la condena. Después de establecer la inconstitucionalidad del DNU 669/2019, declara también la inconstitucionalidad de la reforma que sustituyó el art. 12 de la ley 24.557 por el art. 1 del DNU 669/2019 y dispone que a los fines del cálculo se deberá respetar el art. 12 de la ley 24.557 bajo el texto modificado por la ley 27.348 en su art. 11, que transcribe. FALLA: haciendo lugar a la demanda interpuesta por el actor Miguel Ariel Morales contra Provincia Aseguradora de Riesgos de trabajo y la condena a pagar al actor la suma que surja de la liquidación prevista en el art, 90 de la ley 1444 de conformidad con las pautas establecidas en el considerando titulado Determinación del Monto de la Condena.
Impone las costas procesales a la parte demandada y difiere la regulación de honorarios para la oportunidad determinada en el considerando: Costas y Honorarios. Manda registrar y notificar.
II. Que disconforme la parte actora interpone y funda recurso de apelación contra la sentencia en PE 2162231/2026 que se le concede con efecto suspensivo y corre traslado de los agravios en PE 1286168/2026. La demandada contesta el traslado en PE 2177175/2026 que se tiene por contestado en PE 1297452/2026.
Los autos se elevan con la certificación de estilo instrumentada en PE 2195428/2026 y recibidos se corre traslado al Fiscal de Cámara en PE 2216403/2026 quien emite su dictamen en PE 2229846/2026 pronunciándose por que al monto que resulte de la condena decretada en autos se le deberá adicionársele intereses en base a la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina."
Por todo ello, entiendo que, en virtud del criterio sentado, deberá aplicarse la tasa pasiva del Banco Nación. Acto continuo se dicta el llamado de autos a despacho para dictar sentencia y se establece el orden de estudio.
III. Que en el memorial de agravios de PE2162231/2026 el actor se agravia por la aplicación de la tasa de interés activa y luego de transcribir los términos de la sentencia respecto de la tasa de interés se queja por que esa tasa no recompone adecuadamente el capital por cuanto sus índices se encuentran por debajo de los índices inflacionarios de los últimos cinco años. Afirma que al dictarse la inconstitucionalidad del DNU 669/2019 y aplicar la sentencia el art. 11 de la ley 27.348 es el momento de plantear la inconstitucionalidad de esta última norma toda vez que la tasa de actualización dispuesta no recompone adecuadamente el capital de condena vulnerando normas constitucionales: arts. 14 bis, 16, 17 y tratados internacionales incorporados a la Constitución Nacional. Analiza las vulneraciones y sostiene que el daño sufrido por un trabajador o el sufrido por un accidentado es el mismo por lo que se afecta la igualdad discriminando. Encuentra afectada la propiedad al sostener, en negritas, que la tasa de interés aplicada al caso concreto atenta contra la integridad de la indemnización diferida a condena licuando el crédito del trabajador. Realiza cálculos para poner de resalto la insuficiencia de las tasas y el Índice de Precios al Consumidor e invoca jurisprudencia que se tienen presente. Pide se disponga actualizar las sumas adeudadas conforme el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
En subsidio, para el supuesto de no compartir usar el IPC solicita se aplique la Tasa Pasiva del Banco Central de la República Argentina conforme lo resuelto por el tribunal en autos “Linares, Daniel Andrés c/ Experta ART S.A. s/ accidente laboral” Expte. 20159/21. Hace referencia al principio protectorio y pide e haga lugar al agravio, con costas en caso de oposición.
IV. Que la apoderada de la demandada al contestar los agravios en PE2177175/2026 se refiere a la queja y expresa que en el agravio se incurre en violación del principio de congruencia al pretender incorporar en la instancia un cuestionamiento constitucional contra la tasa de interés legal no invocado en la demanda, pretendiendo los intereses de ley al no objetar el sistema tarifado de la Ley de Riesgos del Trabajo ni planteó la insuficiencia o necesidad de indexación y transcribe el objeto de la demanda. Dice por otra parte que el argumento de la inflación ha perdido vigencia pues no cursamos en estos tiempos un proceso inflacionario que distorsione la indemnización dineraria. Dice que, en estos momentos, más bien cursamos lo contrario pues las tasas y los índices se mantienen a la baja desde mayo 2024 y pone de ejemplo el RIPTE.
Expresa que la tasa activa de interés es propia del mercado financiero como es la ordenada en el texto legal y como tal contempla en su composición el componente inflacionario. Sostiene que por ello no puede descalificarse al legislador al establecerla como interés legal por la sola comparación del mayor resultado a obtenerse con otras pautas de actualización. Hace notar que el Índice de Precios al Consumidor es un índice, no una tasa de interés. Cita precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos 315:2558; 316:1972) y explica que es el interés legal como precio por el uso del dinero que el legislador establece para brindar mayor seguridad y previsibilidad a un régimen jurídico y como normativa de orden público que no puede depender de la voluntad del juzgador y cita el art. 768 del CCyC.
Hace notar que el interés que se dispuso modificar en ese precedente es el interés moratorio regulado en el inc. 3 del art. 12, vale decir el que corre desde la fecha de pago de la liquidación judicial, en adelante, o sea un interés futuro e hipotético para el supuesto de incumplimiento en el pago de la obligación por lo que no se puede anticipar un juicio sobre la aptitud compensadora de la inflación futura de la tasa legal fijada para ese supuesto.
Señala que los argumentos con remisión a garantías constitucionales alegados por el actor no se compadece con el tipo de acción aquí entablada. Recuerda que la automaticidad, con sustento en la sola responsabilidad objetiva de este seguro, tiene como contracara el límite tarifario. Por ello si el trabajador pretendía una reparación superadora de la respuesta que la ley de Riesgos del Trabajo tenía para darle, debió promover una acción civil con todo el peso probatorio y el mayor riesgo que implica. Es inaceptable su actual pretensión que supone incrementar la condena por fuera de los límites del seguro y que de admitirse afecta el derecho de propiedad de su mandante, con un agravio de amparo constitucional. Mantiene la reserva del caso federal.
Entiende que el planteo violenta la congruencia procesal y carece de sustento, ni en la ley, ni en la jurisprudencia que cita y por ello que se impone el rechazo del recurso, con costas. Mantiene la reserva del caso federal.
V. Que a los fines de mi voto entiendo suficiente el resumen de los antecedentes de la causa y los argumentos vertidos por las partes en agravios y contestación y oído en PE2229846/2026 el Señor Fiscal de Cámara para ponernos en materia. Con ello nos ponernos en materia y bueno es recordar que en su escrito de demanda ley 24.557 el actor en su reclamo critica el carácter perjudicial de la fórmula del DNU 669/2019 produciendo una disminución del crédito al aplicar una norma de inferior calidad y realidad de ajuste. En el año 2021 existía una notoria inflación. En agravios pretende un reajuste por el IPC o en subsidio se aplique la tasa pasiva de Banco Central de la República Argentina conforme criterio expuesto en “LINARES, Daniel Andrés c/ EXPERTA ART S.A. s/ accidente de trabajo” sentencia del 15 de sep. de 2025.
Quiero antes de iniciar el análisis de los agravios hacer un mea culpa antes de seguir. En los autos “BALDERAS, Fabián Marcelo c/ Experta ART S.A. s/ accidente de trabajo” Expte. Nº 38.843 del año 2023, explique que un nuevo estudio me había llevado a apartarme de la adhesión formulada al emitido en primer término por la Dra. Griselda I. Bard en los autos “Linares, Daniel Andrés c/ Experta ART SA s/ accidente laboral” número de Cámara 8919/25 T.CII, reg. 134/139 y aplicar el art. 55 de la ley 27802 para resolver la cuestión. Hoy releyendo el voto de mi distinguida colega en esos autos me convencen que estaba equivocado por las razones que ella expuso respecto de que la ley de accidentes de trabajo se rige por una ley especial. Y, como dos errores no hacen una verdad, debo rectificarme.
Que fue lo que me indujo a equivocarme: la búsqueda de una solución equitativa en la lucha entre la tasa pasiva promedio del Banco Central y la llamada tasa activa. La primera es (no para los calculadores que utilizan la tasa estadística del Comunicado 14290 BCRA) un promedio entre las tasa que perciben quienes invierten depositando en Bancos. Mientras que la tasa activa es la que cobran los bancos al invertir el dinero de los depositantes; por lógica debe ser una tasa mayor pues debe contener la tasa que se abona a los inversionistas, los costos administrativos y la ganancia del banco. Empezó a darse en las liquidaciones la paradoja que la tasa pasiva era más alta. Los peritos me informaron que se debía al distinto año de inicio del cómputo para cada tasa. Pero en la actualidad no hay excepciones y siempre es más conveniente la tasa activa para el deudor, lo cual no tendría sentido. Consulté al Contador Público José Rodiño del Gabinete Contable y me dijo que en el gabinete se utilizaba el calculador judicial del Consejo Jusbaires-gob-ar entre las muchas de la red. Le pedí que me aclarara esta anomalía y se puso en la tarea de investigarla. Me informó que, aparentemente, en algún momento desde la justicia se ordenó al Banco Central colocar un factor de corrección de inflación futura en el cálculo. En resumen, el ahorrista no recibe más que el tomador del crédito en la ventanilla del banco sino que la anomalía se produce dentro de la serie estadística actualizada del Comunicado P 14.290 del BCRA para uso de la justicia. Los calculadores judiciales de tasa pasiva o bien ajustan por inflación o bien capitalizan en forma compuesta (interés compuesto o anatocismo) mientras que la tasa activa en el calculador puede estar aplicándosela de manera lineal y sin coeficientes (interés simple) de actualización, quedando, por ello, rezagada. Los calculadores oficiales y judiciales aplicarían la tasa pasiva efectiva diaria acumulada utilizando la fórmula de interés compuesto. Esto se debe a que la serie que publica el Banco Central de la República Argentina (BCRA) bajo el Comunicado 14290 (y sus actualizaciones) para uso judicial es una serie de factores diarios. Cada día tiene un coeficiente que ya incorpora la capitalización, por lo que el cálculo entre dos fechas no se realiza sumando tasas (interés simple)en largas sábanas, sino dividiendo los factores de ambas fechas (interés compuesto).
En realidad esta evolución comenzó con el (comunicado P 14290 del BCRA) donde en Agosto de 1991 con la publicación de una serie de estadísticas de tasas de interés para el uso de la justicia que reflejaría diariamente la capitalización de la tasa diaria equivalente a la tasa de interés efectiva mensual promedio ponderada de los depósitos en caja de ahorro común y a plazo fijo -en australes- correspondiente al segundo día anterior a la fecha informada, según la encuesta que diariamente lleva a cabo el Banco Central, de acuerdo con la metodología prevista en el punto 1 del Anexo a la comunicación “A” 1845. Se recomendó la siguiente expresión:
100 ./. tm I= [---------------- -1 ] . 100 100 + to Donde i= tasa de interés expresada en tanto por ciento tm = valor de la serie de interés promedio ponderada de depósitos en caja de ahorros común y a plazo fijo correspondiente al día hasta el cual deben devengarse intereses to = valor de la serie de tasa de interés promedio ponderada de depósitos en caja de ahorro común y a plazo fijo correspondiente al día anterior a partir del cual se devengan los intereses.
El 1º de septiembre de 2024 el BCRA anuncia que ya está disponible una calculadora que simplifica la tarea del cómputo de los intereses y que encuadra en lo estipulado en el art. 768 del CCyC y entiende que refleja la realidad económica existente en cada momento. El 7 de enero del corriente año el Directorio del Banco Central de la República Argentina resolvió difundir en el marco de lo previsto en el inciso c) del art. 768 del Código Civil y Comercial una nueva serie estadística de tasas de interés en pesos denominada Tasa de Intereses Moratorios (TIM) la cual se calcula con base en la metodología descripta en el anexo (F 200-00002786-GDEBCRA-GEM # BCRA) el cual forma parte de esa resolución.
En la actualidad todos saben que en las liquidaciones judiciales al acreedor le conviene la tasa pasiva y al deudor le resulta ventajosa la tasa activa, pero no saben por qué es más conveniente una u otra, ni cómo hacer el cálculo manualmente, siendo más cómodo utilizar sin cuestionarlos los calculadores, por la proliferación de ellos. Aclarado porque las tasas pasivas no son lo que eran vuelvo a la cuestión a resolver.
La sentencia en crisis estableció que el Gabinete Contable a los fines de liquidar debía considerar:
“A los fines de la determinación de la indemnización en la oportunidad prevista en el art. 99 de la ley 1444(por remisión del art. 104 de la norma citada) y de conformidad a lo indicado por el art. 166 CPCC (por remisión del art. 121 de la ley 1444) se deberá tener en cuenta lo previsto en los arts. 12, 14 inc. 2 apartado a; art. 3 del Decreto 1694/2009 y el art. 3 de la ley 26.773. En cuanto al planteo de inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia DNU 669/2019-en la demanda-en cuanto a la modificación del art. 12 de la ley 24.557- texto según el art. 11 de la ley 27.348…”
Y el inc. 2 del art. 12 de la ley 24.557, redacción según ley 27.348 establece:
“2º.-Desde la fecha de la primera manifestación invalidante y hasta el momento de la liquidación de la indemnización de la incapacidad laboral definitiva, deceso del trabajador o homologación, el monto del ingreso base devengará un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina.
La sentencia ha aplicado la ley y si bien no se ha tachado de inconstitucional la actual reforma del inc. 2 del art. 12 de la ley 24.557, redacción según ley 27.348, ni del art. 768 del CCyC se puso en tela de juicio lo perjudicial de la formula por la desvalorización monetaria alta en la época de la primera manifestación y de la promoción de la demanda y que ahora ha descendido notoriamente.
La demandada hace hincapié en que la tasa activa es propia del mercado financiero pero en él, los intereses se van capitalizando. Estamos en un supuesto en que la ley ha establecido la tasa y sería por lo tanto aplicable esa tasa de conformidad con lo dispuesto en el art. 768 inciso b) del Código Civil y Comercial. Pero la aplicación de la tasa activa llevaría a un notable perjuicio patrimonial que afecta la integralidad de la indemnización que puede y debe repararse por la aplicación de la tasa pasiva promedio del Banco Central de la República Argentina a treinta días (serie judicial) utilizada por los calculadores de interés usual. Ello no perjudica a la parte actora y la demandada ha utilizado el capital durante este tiempo. Entiendo que en este caso el esfuerzo compartido de ambas partes lleva a una solución justa.
En tales condiciones los agravios vertidos por la parte actora deben tener parcial y favorable acogida. En atención a que se trata de una cuestión discutida donde cada parte pudo creerse con derecho a litigar propongo imponer las costas de la instancia en el orden causado (art. 68 segundo párrafo del CPCC). Es mi voto A LA PRIMERA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
VI. Comparto el resumen de los hechos y agravios realizado por el Dr. Monelos así como la solución propuesta al caso. Entiendo que si bien analiza cuestiones que no se habrían señalado en agravios, la solución propuesta al caso coincide con el criterio sostenido por la suscripta en los precedentes señalados por el recurrente y el preopinante, lo que reitero en el presente. Advierto que utilizar la tasa activa en los presentes es contrario a los intereses del trabajador cuyo crédito laboral, de indudable naturaleza alimentaria; entiendo que corresponde aplicar la Tasa Pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina a fin de recomponer adecuadamente el crédito de autos siendo ello además la doctrina casatoria del Tribunal Superior de la Provincia y habiendo quedado acreditada la insuficiencia de los intereses que propone el juzgador de grado (arts. 14, 14 bis, 17, 18 y 19 de la CN; 768 inc. c) del CCyCN; arts. 6 y 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y art. 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Por tal razón adhiero a la propuesta que antecede.-
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
VII. Que en función de las consideraciones vertidas precedentemente propongo al Acuerdo dictar el siguiente pronunciamiento:
1. Admitir el agravio formulado por el actor y en consecuencia modificar la sentencia disponiendo que los intereses se calculen mediante la tasa pasiva promedio del Banco Central de la República Argentina a treinta días (serie judicial) con costas en la instancia en el orden causado y confirmarla en lo demás que decide. 2º) Diferir la regulación del honorario de los profesionales intervinientes hasta que exista regulación en la instancia de grado. 3º) Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
VIII. Coincido con la propuesta de resolución al caso por los fundamentos que fueran debidamente debatidos. Así lo voto.
Por ello se dicta la siguiente sentencia:
Caleta Olivia, 07 de septiembre de dos mil veintiséis.
Y
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales y lo dispuesto por el art. 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, por mayoría F A L L A:
1. Admitir el agravio formulado por el actor y en consecuencia modificar la sentencia disponiendo que los intereses se calculen mediante la tasa pasiva promedio del Banco Central de la República Argentina a treinta días (serie judicial) con costas en la instancia en el orden causado y confirmarla en lo demás que decide. 2º) Diferir la regulación del honorario de los profesionales intervinientes hasta que exista regulación en la instancia de grado. 3º) Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. El Dr. Horacio M. J. Fernandez no suscribe la presente por no existir disidencia en los firmantes y constituir mayoría.- Fdo. Humberto Monelos – Juez de Cámara; Griselda I. Bard- Jueza de Cámara; Ante Mí: Carolina M. Lima- Secretaria de Cámara. -
Protocolización: A201 059 S.261 Tomo: CVII Sentencia: 3230 Folio Nº: 040/045 Secretaria: 1
Fin de la sentencia