Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 116.344
Lo que resolvió el tribunal
I. Hacer lugar al recurso interpuesto por la defensa;
II. Casar los pronunciamientos dictados por los jueces de la Sala III del TCP y por el Tribunal en lo Criminal 1 de Bahía Blanca el 8 de noviembre de 2021 (como integrantes del fallo completo) y, consecuentemente, absolver a Victor Hugo Morales en el presente proceso, sin costas.
III. Tener presente la reserva del caso federal.
Rigen los artículos 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; 14 de la ley 48; 166 inciso segundo, párrafo tercero y 167 inciso segundo, a contrario sensu, del Código Penal; 1, 106, 209, 210, 371, 448, 450, 451, 454, 461, 530 y 531 del Código Procesal Penal.
La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, integrada por el juez Daniel Carral y la jueza Florencia Budiño (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, de conformidad con lo establecido en la Ac. 3975/2020 de la SCBA, procede al dictado de sentencia en el marco de la Causa N° 116344 caratulada “MORALES, VICTOR HUGO S/ RECURSO DE CASACION”, conforme al siguiente orden de votación: CARRAL - BUDIÑO.
El Dr. Ricardo Nicolás Gutierrez, juez integrante del Tribunal en lo Criminal nro. 1 de Bahía Blanca, con fecha 17 de septiembre de 2019, absolvió a Victor Hugo Morales en orden al delito de robo doblemente agravado por la utilización de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no ha sido acreditada y por su comisión en poblado y en banda (arts. 166 inc. 2do. párr. tercero y 167 inc. 2, a contrario sensu, Cód. Penal; fs. 8/15vta, causa 100.825).
La fiscalía interpuso recurso de casación contra esa decisión. En lo esencial, estimó que el juez valoró la prueba en forma arbitraria al concluir que era insuficiente para acreditar la coautoría del acusado en el hecho. Alegó que Morales fue reconocido por la víctima en una fotografía que le exhibió su padre, tomada unos días antes del robo, y que esa circunstancia no quedaba desvirtuada porque haya señalado a otro sujeto, años después, en una diligencia puramente indiciaria como es una exhibición de fotografías. Agregó que la víctima también reconoció el gorro que se le exhibió en la audiencia como similar al que utilizaba el acusado y que se secuestró en su domicilio. Invoca jurisprudencia de este tribunal que admite la declaración de la víctima como prueba suficiente para dar por probada la acusación. Finalmente, alega que la defensa no pudo corroborar que Morales se encontrase trabajando en otro lugar el día que se cometió el robo, pues los testigos fueron imprecisos y contradictorios al respecto. Ahora bien, con fecha 21 de mayo de 2021 los jueces de la Sala III de este TCP -por mayoría- encontraron procedente el recurso interpuesto por el fiscal, casaron el veredicto absolutorio y “a partir de la comprobada intervención de Morales en el hecho descripto en la materialidad ilícita”, reenviaron las actuaciones para que “jueces hábiles renueven los actos necesarios para el dictado [de] un nuevo pronunciamiento conforme a derecho” (fs. 49, c. 100.825).
Oportunamente, el defensor adjunto de Casación, Dr. Ignacio Nolfi, se notificó de la sentencia e hizo reserva para recurrir ante la SCBA, solicitando se cumpliera con el reenvío ordenado y se le diera nueva vista del fallo completo (conf. SCBA, causas Ac. 81.037, Ac. 89.911, entre otras).
En lo que importa destacar, radicada la causa ante el Tribunal en lo Criminal 1 de Bahía Blanca, y previa audiencia de cesura, se condenó a Victor Hugo Morales a la pena de tres (3) años de prisión de ejecución condicional, conforme lo requirió la acusación.
Tales pronunciamientos (el de la Sala III del TCP y el que resolvió la pena del acusado), como integrantes del fallo completo, fueron impugnados por el defensor oficial, Dr. Carlos Carnevale.
Recibidas las actuaciones en la Sala III, se estimó aplicable al caso la doctrina del precedente “Carrascosa” y -sorteo mediante- se radicó la causa por ante esta Sala I, se conformó su integración y se dio traslado a las partes.
El defensor adjunto, Dr. Ignacio Nolfi, contestó la vista conferida y solicitó que como cuestión previa al tratamiento de los agravios de la defensa se analice la posibilidad de reenviar la causa para la celebración de un nuevo juicio, en tanto los jueces de la Sala III al establecer la intervención del acusado en el hecho examinaron prueba testifical sin la inmediatez, publicidad y contradicción propias del debate oral.
Por su parte, la fiscal adjunta Dra. Daniela Bersi, solicitó se rechace el recurso de casación interpuesto por la defensa, por los argumentos expuestos en el dictamen presentado. Así, el Tribunal se encuentra en condiciones de resolver, decidiendo plantear y votar las siguientes
Primera: ¿Es procedente el recurso de casación interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el señor juez doctor Carral dijo:
1. La defensa solicita la revisión amplia de la primera sentencia adversa del acusado, dictada por la mayoría de los jueces de la Sala III en el marco del recurso fiscal y que quedó integrada con la imposición de la pena resuelta en el reenvío.
2. Sin perjuicio de ello, constato que la naturaleza del recurso y la materia de revisión sobre la que ingresaron los jueces de la Sala III a partir del recurso fiscal, no permitían asumir competencia positiva.
En efecto, la discusión y, por ende, los aspectos controvertidos del veredicto revisado por los jueces de la Sala III involucraron fuentes personales de prueba, y fue esa misma base probatoria la estimada para dictar el veredicto condenatorio en esta instancia, sin la inmediatez, publicidad y contradicción propias del juicio oral, principios que aparecen vulnerados.
En ese sentido, observo que es la naturaleza de la prueba a fiscalizar la que permite evaluar, en cada caso, la posibilidad de arribar a un pronunciamiento condenatorio en esta instancia, aun cuando se trate de la primera sentencia adversa a los intereses del imputado.
En efecto, la posibilidad de realizar una casación positiva o negativa varía según el contexto probatorio presente en cada caso concreto y, en ese sentido, la posibilidad de arribar a un pronunciamiento condenatorio en esta instancia dependerá de las posibilidades de reconstrucción e integración objetiva del cuadro probatorio disponible, cuando la naturaleza de los elementos lo permita. Así, al contrario de lo que acontece con la prueba informativa o documental, donde los jueces revisores se encuentran objetivamente en paridad de condiciones con los de la instancia anterior en cuanto a la posibilidad de evaluar el aporte informativo de la fuente; el juicio sobre la fiabilidad del testigo como fuente de información, involucra aspectos que requieren el tamiz de la inmediatez, publicidad y contradicción del juicio oral.
En definitiva, solo procedería la asunción de competencia positiva a partir del examen de pruebas disponibles y ajenas a la fuente personal (TEDH, Stcias. del 22 de Noviembre de 2011, caso Lacadena Calero contra España; Sentencia en el caso Serrano Contreras contra España, entre otras, resuelta el 20 de Marzo de 2012).
3. Por otro lado, habiéndose encomendado la revisión del pronunciamiento de otra Sala de este TCP, dictado a instancias del acusador estatal, cabe recordar que al recurso de la fiscalía no se le concede el alcance que determina la teoría de la máxima capacidad de rendimiento, sino que debe demostrar la arbitrariedad de la sentencia. Ello determina el límite que se imponía en la revisión por parte de la Sala III.
4. No obstante, el caso presenta una problemática particular, pues constato que la mayoría de la Sala III utilizó idéntico razonamiento probatorio para acreditar la arbitrariedad del veredicto (como requisito de procedencia del recurso fiscal) y para probar la participación de Morales en el delito.
Luego, la cuestión a resolver exige revisar dos aspectos estrechamente relacionados, debido a sus consecuencias: si la primera sentencia adversa del acusado tuvo como prelación lógica y condición de posibilidad la alegada arbitrariedad del veredicto absolutorio, se impone ahora la revisión de ambas cuestiones, la del juicio de admisibilidad del recurso y la de la valoración de la prueba de condena, pues la Sala III las asoció indisolublemente. En definitiva, corresponde analizar si los jueces de casación constataron adecuadamente la arbitrariedad en el razonamiento probatorio del sentenciante y, a la vez, garantizar el derecho del imputado a la revisión integral de la primera sentencia de condena.
5. Dicho esto, constato que al abordar el recurso de la fiscalía, los jueces que conformaron la mayoría de la Sala III se limitaron a replicar lo que dijeron los testigos en el juicio oral, especialmente la víctima Micaela Gonzalez, pero sin reparar en las razones que dio el magistrado al concluir que su relato presentó inconsistencias, en tramos esenciales, que justificaron la existencia de una duda insuperable sobre la participación de Morales en el delito.
6. No se encuentra en discusión que la única testigo presencial del robo fue Micaela Gonzalez. Conforme lo señaló el magistrado del juicio, la testigo reconoció a Morales como uno de los coautores cuando su padre le exhibió una fotografía que retrataba a los pintores que habían trabajado en su casa una semana antes. Según el relato de Micaela Gonzalez, Morales era quien llevaba puesto un gorro tipo coya durante el robo.
Al serle exhibido en el juicio el gorro secuestrado en la casa de Morales, Micaela Gonzalez dijo “puede ser algo así, pasaron cinco años”.
Establecido lo anterior, el juez valoró que al momento de practicar la diligencia de exhibición fotográfica Micaela Gonzalez reconoció a otro sujeto (Lucas Vallejos) como el sujeto “que ingresó a su casa con un gorro tipo coya”. Luego, concluyó que si bien era posible probar los extremos de la acusación mediante el único testimonio de la víctima, en este caso concreto su relato era insuficiente “en razón de que al observar fotografías de personas distintas (fs. 12 Morales, fs. 120 Vallejos), sostuvo que en ambos casos se trata[ba] de la persona que tenía colocado un gorro tipo coya al momento del hecho”.
Por otro lado, el juez concedió que si bien los testigos de la defensa presentaron ciertas imprecisiones sobre los días y horarios en que veían a Victor Hugo Morales trabajando, todos confirmaron que efectivamente trabajaba en una carnicería para la época en que se cometió el delito, corroborando el relato del acusado en ese tramo. Así lo hizo Guido Ojeda (persona que lo había contratado para pintar en la casa de la familia González), Stella Maris Laina (clienta de la carnicería), Deolina Garófalo (dueña del comercio) y Natalia Muñoz (quien dijo que se cruzaba a Morales diariamente cuando iba a su trabajo).
7. Frente a la justificación del veredicto, los jueces de la Sala III contraponen su posición: consideran que el reconocimiento que hizo Micaela Gonzalez en la fotografía de fs. 12 (la de Morales) no perdía fuerza convictiva “atento haberse realizado poco después de sufrido el robo, encontrándose la víctima con el recuerdo intacto” (fs. 48, causa 100.825) y agregaron que los testigos de la defensa “relativas a que el aquí imputado se encontraba trabajando en la carnicería, resultan imprecisas en cuanto al horario en que Morales se encontraba en aquella”. Los datos señalados no demuestran la arbitrariedad en el razonamiento probatorio que contiene el veredicto (juicio de valoración que era necesario para permitir la apertura del recurso fiscal), sino una re-evaluación de la evidencia y una disconformidad con la solución adoptada.
Recuerdo que la arbitrariedad exige demostrar un defecto realmente grave de fundamentación o en el razonamiento inferencial que contiene el fallo, de acuerdo con la evidencia disponible, tarea que no fue asumida por los jueces de la casación.
8. Por lo demás, constato la existencia de otros elementos (señalados por el Dr. Nolfi), que demostraban la incompatibilidad entre la configuración total del hecho y la participación de Morales en carácter de coautor.
En ese sentido, la defensa observó que a la casa de la familia Gonzalez ingresaron cinco sujetos, armados, con cierta coordinación (se comunicaban con handy) y, según dijeron a la víctima, con un claro motivo, pues reclamaban una deuda que su padre no les había pagado. Ataron a la joven de pies y manos, la amenazaron (“quedate quieta o te quemo”, “tu papá nos debe guita, dónde está la plata?”) y, según ellos, “les debía la cantidad suficiente para justificar matar a su padre o a su madre si se presentaban en la vivienda”. Con criterio, la defensa se preguntó “si podía ser Morales (un joven contratado por un pintor) quien fue a reclamar lo que le correspondía por el trabajo realizado, portando armas de fuego (…) y aparatos de handy”, “tampoco se entiende quiénes eran los que lo acompañaban, ni por qué aseguraban que les debía dinero también a ellos”.
En ese sentido, la defensa recordó que el testigo Guido Ojeda, quien había subcontratado a Morales para pintar en la casa de la familia Gonzalez, declaró que el trabajo que hicieron fue íntegramente pagado. Morales corroboró que, a su vez, Ojeda le pagó.
La defensa estimó que “ni siquiera la retribución para Morales podría significar tanto dinero” como para motivarlo a actuar de ese modo “y conseguir a otros cuatro masculinos para reclamar armados el pago por su tarea, máxime cuando había transcurrido tan sólo una semana desde que finalizo´ su labor hasta que se produjo el robo en cuestión”.
9. En definitiva, el magistrado que intervino en el juicio oral constató que el único testimonio con capacidad para vincular a Morales con el hecho presentó imprecisiones sobre su reconocimiento, dato esencial sobre el que se edificó el caso de la fiscalía y ello se tradujo en un estado de duda insuperable sobre su participación en el delito, razonamiento que no luce arbitrario. Recuerdo que en términos de suficiencia de la prueba, la comprobación de la hipótesis acusatoria cuenta con un estándar de exigencia mayor que el de la hipótesis alternativa de la defensa -si se presenta-, pues la acusación debe comprobar la culpabilidad más allá de toda duda razonable y solo así será adecuada para derribar la presunción de inocencia que protege al imputado. En el caso concreto, la hipótesis acusatoria no logró refutar -como plausible- la hipótesis explicativa que sobre los mismos datos dio la defensa y que aparecen compatibles con la inocencia el acusado.
Por ello, corresponde casar el fallo recurrido y absolver a Victor Hugo Morales en relación al hecho imputado, pues el examen de la prueba valorada en el veredicto que oportunamente lo absolvió revela que ella es insuficiente para fundar una condena.
10. En función de las consideraciones expuestas, corresponde casar los pronunciamientos dictados por los jueces de la Sala III del TCP y por el Tribunal en lo Criminal 1 de Bahía Blanca el 8 de noviembre de 2021 (como integrantes del fallo completo), y ABSOLVER a Victor Hugo Morales en relación al hecho imputado, pues el examen de la prueba valorada en el veredicto que lo absolvió (dictado por el Dr. Ricardo Gutierrez, el 17 de septiembre de 2019) confirma que ella es insuficiente para fundar una condena, siendo innecesario el tratamiento del resto de las cuestiones planteadas por la defensa (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. Nac.; 8.1 y 8.2.h), CADH;
14.1. y 14.5, PIDCP; arts. 166 inc. 2do. párr. tercero y 167 inc. 2, a contrario sensu, Cód. Penal; 1, 106, 209, 210, 371, 448, 450, 451, 454, 461, 530 y 531, CPP) y a esta primera cuestión VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la primera cuestión la señora jueza doctora Budiño dijo:
Adhiero, por sus fundamentos, a lo expresado por el doctor Carral y a esta cuestión voto en igual sentido. A la segunda cuestión el señor juez doctor Carral dijo:
Conforme el resultado que arroja el tratamiento de la cuestión precedente, corresponde: I. HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la defensa, sin costas; II. CASAR los pronunciamientos dictados por los jueces de la Sala III del TCP y por el Tribunal en lo Criminal 1 de Bahía Blanca el 8 de noviembre de 2021 (como integrantes del fallo completo) y, consecuentemente, ABSOLVER a Victor Hugo Morales en el presente proceso, sin costas (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. Nac.; 8.1 y 8.2.h), CADH; 14.1. y 14.5, PIDCP; arts. 166 inc. 2do. párr. tercero y 167 inc. 2, a contrario sensu, Cód. Penal; 1, 106, 209, 210, 371, 448, 450, 451, 454, 461, 530 y 531, CPP).
A la segunda cuestión la señora jueza doctora Budiño dijo:
Que voto en igual sentido que el doctor Carral, por sus fundamentos.
Por lo que se dio por finalizado el Acuerdo, dictando el Tribunal la siguiente:
I. HACER LUGAR al recurso interpuesto por la defensa;
II. CASAR los pronunciamientos dictados por los jueces de la Sala III del TCP y por el Tribunal en lo Criminal 1 de Bahía Blanca el 8 de noviembre de 2021 (como integrantes del fallo completo) y, consecuentemente, ABSOLVER a Victor Hugo Morales en el presente proceso, sin costas.
III. Tener presente la reserva del caso federal.
Rigen los artículos 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; 14 de la ley 48; 166 inciso segundo, párrafo tercero y 167 inciso segundo, a contrario sensu, del Código Penal; 1, 106, 209, 210, 371, 448, 450, 451, 454, 461, 530 y 531 del Código Procesal Penal.
Regístrese electrónicamente. Notifíquese y oportunamente radíquese en el órgano de origen.
Fin de la sentencia