Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa EX-2025-86143248-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la RESOL-2025-896-E-ARCA-DVJSJU#SDGOPII, con costas.
2Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional en la suma de $194.486, equivalente a 2,04 UMA por la representación procesal, y $487.116, equivalente a 5,09 UMA, por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada, la etapa procesal cumplida y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 29 y 51 de la ley 27.423. Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Informe firma conjunta Número: IF-2026-63301918-APN-VOCXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 26 de Junio de 2026 En la fecha se reúne la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Edith Viviana Gómez (Vocalía de la 10º Nominación), la Dra. Agustina O’Donnell (Vocalía de la 11º Nominación) y el Dr. Daniel Alejandro Martín (Vocalía de la 12º Nominación) para resolver el Expediente EX-2025-86143248- -APN- SGAI#TFN caratulado "Moreira Elías Mauricio s/apelación"
La Dra. O’Donnell dijo:
I-El Sr. Elías Mauricio Moreira interpone el recurso de apelación que prevé el art. 76, inc. b) de la ley 11.683 contra la RESOL-2025-896-E-ARCA-DVJSJU#SDGOPII, dictada por la División Jurídica de la Dirección Regional San Juan de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, en la que se le aplica la multa por omisión prevista en el art. 45 inc. a) de la misma ley, reducida a un cuarto del mínimo legal, por la falta de presentación en término de la declaración jurada del impuesto a las ganancias por el periodo fiscal 2023.
Expresa que a partir de la OI N° 2293406, notificada el 8 de noviembre de 2024, la Agencia inició un procedimiento de fiscalización y efectuó un requerimiento en el que le solicitó la presentación de la declaración jurada del impuesto a las ganancias del periodo fiscal 2023 y los papeles de trabajo, así como también el libro IVA digital compras y ventas del 2023. Agrega que el 21 de noviembre de 2024 solicitó una prórroga del plazo otorgado para dar respuesta al requerimiento y que el 6 de diciembre de 2024 presentó la declaración jurada original con un saldo a ingresar de $24.739.295,14.
Invoca, así, que no hubo tareas de auditoría fiscal, ni una verdadera y real actividad de inspección, y que así surge del informe de fiscalización referida a la OI N°2293406. En definitiva, alega que no se trató de un proceso de verificación y fiscalización, sino de una fiscalización preventiva y genérica, y entiende por ello que no resulta de aplicación en segundo párrafo del art. 49 de la ley 11.683, sino su primer párrafo y corolario de ello, la eximición de su responsabilidad infraccional.
Invoca asimismo la nulidad de la Orden de Intervención, en los términos del art. 14, inc. b) de la ley 19.549, al no sustentarse en los hechos fácticos para darle existencia y materialidad como tal y, solicita que se revoque la Resolución o, en su caso, que se reencuadre el hecho en el primer párrafo del art. 49 de la ley 11.683.
II. A través del IF-2025-117553587-APN-DTD#JGM contesta el recurso el Fisco Nacional, solicitando que se confirme su Resolución, con costas.
III. A través de la PV-2026-53360047-APN-VOCXI#TFN, se elevan los autos a consideración de la Sala y por medio del IF-2026-62763690-APN-VOCXI#TFN pasan a sentencia.
IV. Corresponde entonces resolver si la multa aplicada en la Resolución se ajusta o no a derecho. Para ello cabe tener en cuenta que a partir de cruces sistémicos el Fisco Nacional detectó que el Sr. Moreira no había presentado la declaración jurada del impuesto a las ganancias del período fiscal 2023 por lo que el 11 de noviembre le notificó el inicio de un procedimiento de fiscalización, OI N° 2293406, y le requirió su presentación, así como también documentación sobre sus actividades. El Sr. Moreira pidió una prórroga y, finalmente, el 6 de diciembre de 2024, presentó la declaración jurada original.
Frente a ello, el juez administrativo aplicó la sanción prevista en el art. 45 de la ley 11.683, reducida según el segundo párrafo, de su art. 49, esto es a ¼ de su mínimo legal. Entendió para ello que la declaración se presentó en la oportunidad prevista en dicha norma, es decir, con posterioridad a la notificación de la OI pero antes de la prevista de los ajustes a la que hace referencia el art. agregado a continuación del art. 36 de la misma ley. El Sr. Moreira, en cambio, sostiene como único agravio que no hubo tareas de auditoría por parte de la fiscalización, por lo que debe aplicarse el primer párrafo del art. 49 que establece que “Si un contribuyente o responsable que no fuere reincidente en infracciones materiales regularizara su situación antes de que se le notifique una orden de intervención mediante la presentación de la declaración jurada original omitida o de su rectificativa, quedará exento de responsabilidad infraccional”.
Sin embargo, dicho agravio no puede prosperar.
Ello, porque no se encuentra en discusión la notificación de la OI al Sr. Moreira el día 11 de noviembre de 2024, acto que delimita en forma clara el momento inicial en que se configura el supuesto de reducción previsto en la norma, es decir, no existe duda que la presentación de la declaración jurada original el 6 de diciembre de 2024 se hizo con posterioridad a ese momento y antes del que marca el art. agregado a continuación del art. 36. Por las mismas razones, no puede ser aplicado el primer párrafo de la misma norma ya que allí, también forma clara, se hace referencia a un momento concreto, previo a la notificación de la OI, que en el caso objetivamente no se ha configurado; por ende, mal puede otorgarse el beneficio de la eximición de responsabilidad por cumplimiento espontáneo de la obligación tributaria a un contribuyente que no cumple con los recaudos, en el caso de temporalidad.
A ello debe agregarse que el art. 36.1 de la ley 11.683 que desde la reforma del año 2017 rige los aspectos vinculados a las OI, no distingue entre tipos de fiscalización que pueden dar lugar a la emisión de OI, por lo que las referencias que el Sr. Moreira realiza a la Fiscalización Preventiva no tienen apoyo en dicha norma tampoco, ni puede extraerse de sus términos.
En virtud del principio de legalidad que con especial énfasis rige en materia tributaria y también en materia penal, no es posible apartarse del texto de la ley que, en el caso, además es clara y no da lugar a interpretaciones disímiles en cuanto a sus efectos y alcances.
Tales razones son suficientes para rechazar el agravio.
De cualquier modo y a mayor abundamiento, del Informe Final de Fiscalización que forma parte de las act. adm., surge, contrariamente a lo sostenido por el Sr. Moreira, que se llevaron a cabo concretas tareas tendientes a verificar su situación, entre ellas, sobre acreditaciones bancarias, sobre la nómina salarial, retenciones practicadas, entre otros conceptos. Del mismo Informe se desprende que el 21 de noviembre de 2024, Sr. Moreira solicitó una prórroga y a la misma vez cumplió parcialmente el requerimiento al aportar las copias de los libros IVA compras y ventas del año 2023, lo cual demuestra también que la inactividad que invoca para reencuadrar su conducta en el primer párrafo del art. 49 de la ley 11.683 no corresponde con las constancias del expediente. Dicho lo anterior, debe señalarse que el juez administrativo probó la configuración tanto dele elemento objetivo como del subjetivo para la sanción prevista en el art. 45, inc. a) de la ley 11.683, desde el momento que el Sr. Moreira no presentó en término la declaración jurada objeto de la instrucción sumarial, sino que lo hizo una vez notificado de la OI en la que se le requirió su presentación.
Tal circunstancia determina, también, la configuración del elemento subjetivo, sin que en esta instancia, ni antes en la administrativa, el Sr. Moreira haya dado explicación ni ofrecido prueba alguna en relación a la demora en el cumplimiento de su obligación.
Por lo expuesto, corresponde confirmar la Resolución recurrida. Con costas.
El Dr. Martín y la Dra. Gómez dijeron:
Que adhieren al voto de la Vocal Instructora Por ello, SE RESUELVE:
1. Confirmar la RESOL-2025-896-E-ARCA-DVJSJU#SDGOPII, con costas.
2. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional en la suma de $194.486, equivalente a 2,04 UMA por la representación procesal, y $487.116, equivalente a 5,09 UMA, por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada, la etapa procesal cumplida y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 29 y 51 de la ley 27.423. Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
Regístrese, notifíquese y archívese.
Date: 2026.06.26 15:12:04 -03:00 Date: 2026.06.26 16:29:38 -03:00 Daniel Alejandro Martín Edith Viviana Gomez Vocal Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.06.26 16:30:02 -03:00 Agustina O'Donnell Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2026.06.26 16:30:03 -03:00
Fin de la sentencia