Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa M-2222/18-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto a fs. 403/426 por la parte demandada.-
2Declarar la nulidad parcial del pronunciamiento dictado por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 384/397, en cuanto incurrió en una contradicción expresa entre sus considerandos y la parte resolutiva, al evaluar el sexto agravio del recurso de apelación oportunamente interpuesto por la parte demandada -dirigido a cuestionar el recargo indemnizatorio del artículo 2 de la Ley Nº 25.323-, reenviando los presentes autos a la Cámara de origen para que, con nuevos jueces há- biles, resuelva la cuestión desarrollada en el punto IV de los considerandos.-
3Casar parcialmente el pronunciamiento impugnado, en lo referido a la tasa de interés aplicable, estableciendo que al monto que resulte de la con- dena decretada en autos deberá adicionársele intereses en base a la tasa pasiva prome- dio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina.-
4Confirmar la sentencia recurrida en todo lo demás que hu- biera sido motivo de agravios.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: M-2222/18-TSJ Interlocutorio N°: 678 Actor: MORENO FLORENTINO ROMAN Demandado: SAN ANTONIO INTERNACIONAL S.R.L.
Objeto: DEMANDA LABORAL Fecha: 23-03-2021 Texto: TOMO XX -SENTENCIA- T.S.J..-
REGISTRO Nº 678 FOLIO Nº 3940/3946 PROT. ELECT. TSS1 006 S.211
Río Gallegos, 23 de marzo de 2021.-
Los presentes autos caratulados: “MORENO FLORENTINO ROMAN C/ SAN ANTONIO INTERNACIONAL S.R.L. S/ DEMANDA LABORAL”, Expte. N° M-13.122/11 (M-2222/18-TSJ), venidos al Acuerdo para dictar sentencia; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia en virtud del recurso de casación interpuesto por el Dr. Federico Ferreyra Amuchastegui en su carácter de letrado apoderado de la parte demandada a fs. 403/426, contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante a fs. 384/397, que rechazó parcialmente el recurso de apelación interpuesto por su parte.-
II. En la especie, el actor promovió demanda laboral con el objeto de percibir las indemnizaciones por antigüedad, preaviso omitido y SAC sobre éste último ítem, integración del mes de despido, incremento indemnizatorio previsto en el artículo 2 de la Ley Nº 25.323 y daño moral (cfr. foja 9). Este reclamo fue repe- lido por la contraria, aduciendo que la extinción del vínculo laboral se concretó con justa causa, al considerar que el trabajador no se presentó a trabajar, recurriendo al ar- did de invocar una enfermedad desde la provincia de Catamarca (cfr. foja 55 vta.).- La jueza de origen hizo lugar parcialmente a la demanda, condenado a la accionada a abonar las sumas de dinero correspondientes a los siguientes rubros: indemnización por antigüedad, preaviso, SAC sobre preaviso, diferencia va- caciones 2010, indemnización del artículo 2 de la Ley Nº 25.323 y daño moral, con más los intereses conforme a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina (cfr. fo- ja 326).-
Apelada esta decisión por la parte demandada (cfr. fs. 331/353 vta.), la Excma. Cámara de Apelaciones la modificó, disponiendo que el Cuerpo Peri- cial Contable utilice como base de cálculo para los conceptos reconocidos la remune- ración mensual, normal y habitual percibida en el mes de septiembre de 2010 (cfr. foja 396 vta.).-
Contra este pronunciamiento, la accionada interpuso recurso de casación, acusando quebrantamiento de forma y violación de la ley y de la doctrina legal, en los términos de los artículos 2º y 3º, inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- y arbitrariedad (cfr. foja 415).-
El tenor del escrito recursivo es susceptible del siguiente compendio: En primer término, la parte recurrente plantea la arbitrariedad en el análisis del despido (cfr. fs. 417/420).-
Sostiene que no existía razón alguna para que se analice si existió -o no- abandono de trabajo porque ello no fue la causa invocada por su parte para extinguir la relación laboral, de manera tal que no se entiende por qué motivo el fallo impugnado incursiona en el análisis de ese supuesto (cfr. foja 417 y vta.).-
Critica que el voto de la Dra. Naves afirmara que el trabajador cumplió con la manda contenida en el artículo 209 de la Ley de Contrato de Trabajo, lo que -a su juicio- carece de respaldo lógico, jurídico y fáctico (cfr. foja 418).-
Asevera que los incumplimientos del dependiente han quedado en perfecta evidencia y que no se limitaron a los que señalara la Magistrada del Tri- bunal de Alzada. En tal sentido, resalta que el trabajador se ausentó desde el 28 de ju- nio de 2011, omitió informar la enfermedad que padecía, el plazo de la pretendida li- cencia y el domicilio donde se encontraba, frustrando el control médico previsto en el artículo 210 de la Ley de Contrato de Trabajo (cfr. foja 418 y vta.).-
En suma, entiende que el decisorio en crisis ha soslayado las es- peciales circunstancias del caso, que autorizan a concluir que el demandante “prefa- bricó” una afectación a su salud inexistente, tendiente a prolongar sus vacaciones anuales (cfr. foja 419).-
En segundo lugar, se agravia ante la multa impuesta en los tér- minos del artículo 2 de la Ley Nº 25.323 (cfr. fs. 420/423). Afirma que si bien el fallo recurrido, en su parte resolutiva, admitió los agravios quinto y sexto de su recurso de apelación (y este último consistía en la eximición de la multa contemplada en la nor- mativa precitada), lo cierto es que el desarrollo del voto mayoritario permite apreciar que en realidad se pronunciaron para mantenerla (cfr. foja 420). Consiguientemente, postula que existe una grave disociación entre lo expresado en los considerandos y lo dispuesto en la parte resolutiva del fallo (cfr. foja 420 vta.).- Además, indica que se ha efectuado una aplicación mecánica de este excepcional instituto, desde que los magistrados debieron contemplar que en este caso no se configuró la situación prevista en el artículo 275 de la Ley de Contrato de Trabajo, esto es, la existencia de una conducta maliciosa y temeraria (cfr. foja 421).-
Por último, se agravia ante la tasa de interés aplicada por la Excma. Cámara de Apelaciones (cfr. fs. 423/425 vta.).-
En este punto, refiere que el pronunciamiento cuestionado se aparta de la doctrina legal imperante en la provincia, conformada por los precedentes “Ojeda Sandra Fabiana c/ Instituto de Seguros de la Provincia de Santa Cruz s/ Cobro de Pesos” y “Farrel Francisco Norberto c/ Laperchuc Raúl Osvaldo y otro s/ Laboral-Cobro de Pesos” (cfr. foja 423 y vta.).-
Ratifica reserva del caso federal (cfr. foja 425 vta.).-
A foja 428 y vta. la Excma. Cámara de Apelaciones declaró for- malmente admisible el recurso de casación interpuesto.-
A foja 440 y vta. obra interlocutorio de este Tribunal Superior de Justicia declarando bien concedido el recurso de casación y poniendo los autos a disposición de las partes de conformidad con el artículo 8º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, sin que ninguna de las partes haya hecho uso de este derecho (cfr. certificación de foja 444).
A fs. 445/449 dictamina el Sr. Agente Fiscal ante este Tri-bunal Superior de Justicia, quien por los fundamentos que allí invoca y a los cuales nos remitimos en honor a la brevedad señala que: “…debe hacerse lugar en forma parcial al recurso de casación interpuesto por la demandada.” (cfr. foja 449).-
A foja 450 se llaman autos para dictar sentencia y a foja 451 pa- san los presentes a estudio.-
III. Que conforme ha quedado planteada la cuestión extraordinaria provincial articulada por la parte demandada, ésta se desarrolla en el ámbito de los carriles impugnativos previstos en los artículos 2 y 3, inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, por cuanto su impugnación se fundamenta en el quebrantamiento de forma, violación de la ley y de la doctrina legal y arbitrariedad.-
IV. Corresponde examinar, en primer lugar, si la estructura formal del pronunciamiento de Segunda Instancia contiene contradicciones internas que lo inhabiliten como acto jurisdiccional válido, toda vez que al desarrollar su agravio relativo al incremento indemnizatorio dispuesto en función del artículo 2 de la Ley Nº 25.323 la recurrente denuncia una grave disociación entre los considerandos y lo resuelto en su parte dispositiva.-
Inicialmente cuadra precisar que toda sentencia constituye una unidad lógico-jurídica, cuya parte resolutiva es la conclusión necesaria del análisis de los presupuestos fácticos y normativos efectuado en sus fundamentos. Por lo tanto, no es sólo el imperio del tribunal ejercido específicamente en la parte dispositiva lo que da validez y fija los alcances del pronunciamiento: estos dos aspectos dependen tam- bién de las motivaciones que sirven de base a la decisión.-
El saber ordenado y el raciocinio correcto se logran con la observancia de ciertas reglas de la lógica por las que ha de regirse el pensamiento. Entre estas reglas, que no están consagradas expresamente por el legislador pero que inte- gran el razonamiento jurídico, se encuentra el principio de no contradicción (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XVI, Reg. 554, Folio 3128/3138, voto de la minoría), el que responde a un principio de racionalidad, que exige que no se niegue explícita o implícitamente en la conclusión, lo que se afirma en el desarrollo que antecede o vi- ceversa (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XII, Reg. 414, Folio 2257/2260).- Así las cosas, fácil es colegir que: “La unicidad de la sentencia lleva aparejadas ciertas consecuencias, tales como que ella -para ser válida- debe con- figurar un todo coherente, en el que la decisión de mérito se apoye y se derive lógica- mente de los desarrollos que la preceden (resultandos y considerandos), pues si éstos apuntaran a una solución y luego mágicamente en el fallo el juez plasmara otra, la sentencia sería nula, por autocontradictoria.” (cfr. López Mesa, Marcelo J. -Director- y Rosales Cuello, Ramiro -Coordinador-: “Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires con leyes complementarias. Comentado y anotado con ju- risprudencia”, 1ª ed., La Ley, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2014, Tomo II, pág. 528).- La ley prevé, como motivo de casación, el caso de motivación contradictoria. Puntualmente, este Alto Cuerpo ha considerado procedente el recurso de casación por quebrantamiento de forma en el supuesto de autocontradicción entre los considerandos y lo que se decide en la sentencia (cfr. Sentencia, Tomo XII, Reg. 414, Folio 2257/2260).-
La contradicción se reconduce, en definitiva, a la falta de motivación, y ambas causales vienen a quedar comprendidas en un motivo único porque los fundamentos contradictorios se destruyen recíprocamente y dejan al pronunciamiento sin sustentación legal. La motivación es contradictoria cuando existe un in- sanable contraste entre los fundamentos que se aducen, o entre estos y la parte resolu- tiva, de tal modo que se excluyen entre sí y se neutralizan, por lo que el fallo queda así sin motivación alguna (cfr. Fernando De la Rúa: “El recurso de casación en el De- recho Positivo Argentino”, Ed. De Zavalía, Buenos Aires, 1968, pág. 155).- Es a la luz de estos postulados que debe examinarse la sentencia en crisis, a efectos de descifrar si se configura la falencia que la casacionista le endil- ga.-
Al reseñar los agravios formulados en el recurso de apelación, la Dra. Naves recordó que la accionada: “Como sexto agravio manifestó que no debió proceder la condena de la multa del art. 2 de la Ley 25.323 al quedar demostrado que no se está ante un despido sin justa causa en la que la empleadora omite abonar las in- demnizaciones legales. En forma subsidiaria, solicita se lo exima del pago de la in- demnización antes mencionada, por existir causas que justificaron la conducta de la demandada.” (cfr. foja 387 vta.).- Al dirimir este cuestionamiento, la magistrada sostuvo: “En relación a la aplicación de la sanción prevista por el art. 2 de la Ley 25.323, está (sic) debe prosperar ya que el actor cumplió con los presupuestos exigidos por la norma ci- tada…” (cfr. foja 391 vta.). En línea coincidente, el Dr. Meyer expresó: “…comparto el análisis efectuado por la Dra. Naves, en cuanto a que el despido fue sin causa resul- tando procedente el incremento indemnizatorio del art. 2 de la ley 25.323 por la con- ducta asumida por el empleador…” (cfr. foja 395 vta.). Ambos votos conformaron la mayoría sobre el punto bajo examen.- La lectura de los argumentos brindados permite inferir que los agravios de la accionada serían rechazados. No obstante, el punto segundo de la parte resolutiva del fallo resuelve: “Admítase el sexto y quinto agravio en lo referido a la mejor remuneración mensual, normal y habitual…En consecuencia modifíquese el punto I y II de la sentencia en crisis…” (cfr. foja 396 vta.).-
Frente a este panorama, la casacionista sostiene en su pieza recursiva que: “El fallo de la Excma. Cámara si bien en la parte resolutiva dispone ad- mitir los agravios quinto y sexto de la demandada, y este último consistía en la eximi- ción de la multa prevista en el art. 2 de la Ley 25323, conforme puede corroborarse a fs. 350, lo cierto es que el desarrollo de los votos de la Dra. Naves y Dr. Meyer, que conformaron la mayoría, permite apreciar que aquellos en realidad se pronunciaron para mantener la multa prevista en la indicada norma legal…De manera tal que existe grave disociación entre lo expresado en los considerandos y lo dispuesto en la parte resolutiva del fallo…” (cfr. foja 420 y vta.).- Ante ello, cabe precisar que asiste razón a la recurrente, puesto que este modo de decidir encierra una contradicción insalvable, pues, por un lado, los fundamentos esbozados en los considerandos desestiman la apelación de la empleadora sobre la presente temática, confirmando la imposición de la multa prevista en el artículo 2 de la Ley Nº 25.323, mientras que, por el otro costado, la parte resolutiva del fallo, en su punto segundo, admite el sexto agravio del recurso de apelación de la accionada, el que -como se vio- pretendía descalificar el recargo indemnizatorio im- puesto por la jueza de origen.- La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que es descalificable como acto jurisdiccional el fallo que incurre en una evidente autocontradicción entre los considerandos y la parte dispositiva (Fallos 317:465) y que la existencia en el fallo de una contradicción tal que lo haga ininteligible importa ausen- cia de fundamentos e impone su anulación (Fallos 261:263).-
La idea fuerza que permite al principio de contradicción anular una decisión judicial es que en un mismo proceso no puede aceptarse un determinado hecho o concepto jurídico y procurar una solución (consecuencia jurídica) que se sus- tente en lo contrario: la negación de ese mismo hecho o concepto (cfr. Molina Sando- val, Carlos A.: “Recurso de casación: Aspectos sustanciales, argumentales y procesa- les”, 1ª ed., Córdoba, Ed. Advocatus, 2016, pág. 88).-
En la misma senda, Alberto J. Tessone explica que las contradicciones internas graves descalifican al fallo como acto jurisdiccional válido, tornán- dolo incompatible con el debido proceso. La incorrección puede encontrarse en la motivación o en las conclusiones, como cuando en una se tiende a la confirmación del fallo de primera instancia y en otra se lo revoca o viceversa o cuando luego de susten- tar con citas legales una solución favorable, se resuelve la desestimación de la preten- sión. Y añade que en estos casos la anulación no obedece a puro formalismo sino a la necesidad de no aplicar al recurrente las consecuencias procesales de defectos a los que fue inducido por la técnica usada en la sentencia (cfr. autor cit. “Recursos extra- ordinarios. En los procesos civil y comercial, de familia y laboral de la Provincia de Buenos Aires”, volumen Recurso de Nulidad Extraordinario, Librería Editorial Pla- tense, Buenos Aires, 2000, pág. 199).- Tal lo que acontece, justamente, en la especie, puesto que configura una contradicción expresa y con incidencia sustancial en el resultado final del razonamiento, en tanto representa una ruptura de su concatenación lógica.-
Lo hasta aquí expuesto revela que la sentencia recurrida contiene defectos graves de fundamentación en la parcela bajo análisis que justifican su descalificación como acto sentencial válido, ya que media relación directa e inmediata entre la contradicción reflejada y la garantía de defensa en juicio.-
Ahora bien, la decisión judicial en crisis es portadora de una estructura compleja que hace posible anularla fragmentariamente, sin que ello necesa- riamente derive en la pérdida de estabilidad del resto de la resolución.
Sobre este particular remedio, Jorge W. Peyrano explica que: “…la doctrina tradicional, desde siempre, ha considerado improcedente anular frag- mentariamente una decisión judicial…Cierto es que en la mayoría de los casos el re- ferido dogma debe ser respetado, pero no necesaria y fatalmente en todos. Y he aquí el primer principio en la materia: la regla es la no admisión de anulaciones parciales de pronunciamientos judiciales, pero ello no quita que en ciertas y determinadas hipó- tesis puedan y deban aceptarse excepciones. El segundo principio está dado por la conveniencia de que la anulación fragmentaria sea lo más reducida y acotada que re- sulte viable, dejando en pie toda aquella porción de pronunciamiento judicial que no sea menester privar de efectos. Compelido el tribunal a consumar una nulidad parcial del tipo que venimos analizando, debe procurar morigerar las consecuencias de la re- gla legal denominada ‘comunicabilidad de las nulidades procesales’…El tercero resi- de en que frente a la duda sobre la procedencia de la anulación parcial de una deci- sión judicial, el principio de conservación de la validez de los actos y actuaciones procesales determina que no deberá decretarse, verbigracia, la anulación parcial de una sentencia…El cuarto principio tiende a dilucidar ante cuál circunstancia puede operar la anulación parcial del fruto de una labor judicial. Ella no es otra que la con- sistente en que el vicio señalado afecte únicamente a una porción de lo resuelto y que la parte remanente pueda sustentarse por sí misma […] creemos que existen sobradas pruebas de que no siempre y en todos los casos la trama de los pronunciamientos ju- diciales rechaza la posibilidad de anulaciones parciales. Más aún: principios más o menos generales del proceso civil, tan aceptados y rendidores como los de economía procesal y de la conservación de la validez de los actos y actuaciones procesales, re- claman que dicha posibilidad sea una realidad.” (cfr. autor cit.: “Principios en materia de nulidades parciales de resoluciones judiciales” en Revista de Derecho Procesal 2007-1 Nulidades, 1ª ed., Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2007, págs. 23/29).- En el caso bajo examen la calidad del vicio imputado anteriormente hace viable limitar la extensión de los efectos anulatorios exclusivamente con relación al segmento indicado, en tanto resultaría ocioso el dictado de una nueva deci- sión sobre los restantes puntos que son separables de éste.-
Resultan extensibles a la presente causa las razones ya delineadas por este Tribunal Superior de Justicia, según las cuales: “…es innecesario decla- rar la nulidad de aquellos fragmentos de la decisión que componen las restantes con- troversias suscitadas entre las partes, pues ello configuraría un dispendio jurisdiccional -afectando el rendimiento del servicio de administración de justicia-…Además, no resulta conducente la nulidad total, pues si no corresponde perjudicar a quien plan- teó el recurso de casación, tampoco resulta posible hacerlo con su contraparte, y esta última secuela se configuraría si, ante aquella prescindencia, se le derrumba íntegramente el fallo sobre los aspectos (pretensiones) ajenos a toda razón de nulidad.” (cfr. Sentencia, Tomo XVI, Reg. 555, Folio 3139/3147).- En virtud de lo expuesto, corresponde receptar favorablemente el presente agravio, decretándose parcialmente nula la sentencia de la Excma. Cámara de Apelaciones por quebrantamiento de forma (art. 2 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-), en cuanto incurrió en una contradicción expresa entre sus con- siderandos y la parte resolutiva, al evaluar el sexto agravio del recurso de apelación oportunamente interpuesto por la parte demandada -dirigido a cuestionar el recargo indemnizatorio del artículo 2 de la Ley Nº 25.323-; por lo que deben reenviarse las presentes actuaciones a la misma para que, con nuevos jueces hábiles, dicte un nuevo pronunciamiento únicamente en relación a la parcela aludida, conforme a derecho y según corresponda (cfr. art. 14 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/ 15-).-
V. Por otro lado, la recurrente sostiene que la sentencia en crisis incurre en arbitrariedad al considerar ilegitimo el despido.-
Corresponde señalar inicialmente que determinar la existencia -o no- de la justa causa invocada para decidir la extinción del vínculo laboral consti- tuye una facultad reservada a los jueces de grado, y sus conclusiones no son revisables en la instancia extraordinaria, salvo que se demuestre la existencia de absurdo en la apreciación de los hechos o de las pruebas de la causa, o que la valoración de la in- juria invocada fuera efectuada por el juzgador sin la prudencia que exige el artículo 242, segundo párrafo, de la Ley de Contrato de Trabajo (cfr. TSJ Santa Cruz, Senten- cia, Tomo XV, Reg. 516, Folio 2891/2898).- En el caso que nos ocupa la recurrente no consigue poner en evidencia que el acto sentencial que ataca resulte absurdo, ni que la ponderación de la causal injuriosa realizada por los jueces del Tribunal de Alzada no se ajusta a la pauta establecida en la norma precitada, cuya violación -además- no ha sido denunciada en la pieza recursiva.-
Para descalificar una sentencia por arbitraria no es suficiente alegar tal vicio, sino que hay que demostrarlo. En tal inteligencia este Alto Cuerpo ha sostenido que: “…‘…para que se configure el extremo del absurdo o arbitrariedad no es suficiente la mera exhibición de un criterio discordante con el de los juzgadores, toda vez que debe demostrarse el vicio que se alega de manera tal que permita con- cluir que ‘el discurrir del fallo se encuentra viciado de tal modo que lleva a conclusiones contrarias al entendimiento’…’…” (cfr. Sentencia, Tomo XVII, Reg. 570, Fo- lio 3242/ 3247).- Es tesis de este Tribunal Superior de Justicia que: “…‘…La doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir sentencias equivocadas, o que el recurrente estime tales según su criterio, sino que atiende sólo a supuestos de gra- vedad excepcional en los que se verifica un apartamiento palmario de la solución pre- vista por la ley o una absoluta carencia de fundamentación…’…” (cfr. Sentencia, To- mo XIX, Reg. 645, Folio 3721/3727, entre otros).-
Bajo el contexto de análisis expuesto, no se advierten configuradas las señaladas hipótesis de excepción, toda vez que el pronunciamiento impug- nado contiene un adecuado escrutinio de las circunstancias que originaron la extin- ción de la relación de trabajo.-
Al tiempo de evaluar las cuestiones de hecho que estructuran el acto sentencial en crisis, el Tribunal de mérito concluye que el despido fue sin justa causa. En lo que aquí interesa, la Dra. Naves sostuvo que no se configuró la causal de abandono de trabajo y que aún cuando se diera preeminencia a la posición argumental adoptada por la demandada -dirigida a demostrar el quebrantamiento del contrato por las inasistencias en las que incurrió el trabajador, agravadas por la violación al princi- pio de buena fe- ello sólo podría llevar a considerar injustificadas las ausencias y, consecuentemente, a descontar los salarios y aplicar las sanciones pertinentes, pero no a disolver el vínculo (cfr. foja 390 vta.). En similar sentido se pronunció el Dr. Mone- los, quien además consideró que el despido fue desproporcionado (cfr. fs. 393 vta./ 394).- Así las cosas, se advierte que la casacionista propone una interpretación diversa del hecho injurioso que motivó la decisión rupturista, ajustada a sus propios intereses, y ello -en rigor- no resulta idóneo para acreditar que la conclusión que le causa agravio esté teñida del vicio sentencial que le atribuye.-
No se avizora en este punto un desvío notorio, patente o palmario de las leyes de la lógica, o a una grosera desinterpretación material de la prueba producida que torne descalificable la solución a la que arribara el Tribunal de Alzada. Tal como se anticipó, la recurrente no logra poner en evidencia tal particular situa- ción, desde que solo contrapone a la interpretación efectuada en sede de grado su per- sonal punto de vista tendiente a desvirtuar aquella. Esta mera confrontación no tiene aptitud suficiente a los fines pretendidos.- Tampoco se ha demostrado que las motivaciones que condujeron a los jueces integrantes del órgano inferior a ponderar la causal injuriosa del mo- do en que lo hicieron luzcan apartadas de las pautas contempladas en el artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo. Ello así, toda vez que desde la lectura del fallo se observa que evaluaron el punto litigioso a partir de la regla de la proporcionalidad y en el marco del principio de conservación del contrato de trabajo. Sobre estos cáno- nes concluyeron que la injuria invocada -analizada en el marco de las circunstancias de la relación laboral y su contexto- no revistió la gravedad suficiente como para jus- tificar el distracto pues, a su criterio, con anterioridad a la adopción de la medida ex- tintiva, la empleadora pudo haber adoptado otras medidas (v.gr. descuento de salarios u otra sanción disciplinaria menos gravosa).- Desde esta perspectiva, más allá de que la decisión pudiera resultar opinable o de que pudieran esgrimirse otras interpretaciones sobre el tópico, no acredita la recurrente que el pronunciamiento de grado infrinja los estándares fijados en la normativa laboral.-
En suma, los embates que exhibe el recurso no resultan eficaces para conmover la sentencia atacada, pues no se ocupan de controvertir adecuadamente el razonamiento que llevó a la Excma. Cámara de Apelaciones a establecer las con- clusiones en que sustentó su fallo, por lo que el presente agravio debe ser rechazado.-
VI. Por último, la recurrente se agravia ante la tasa de interés activa aplicada por la Excma. Cámara de Apelaciones, acusando la violación de la doctrina legal.-
Asiste razón a la casacionista en este punto.-
La Ley de Contrato de Trabajo no trae disposiciones sobre intereses aplicables a créditos laborales. De tal forma, la aplicación de éstos está deri- vada en este caso a las normas del Derecho Común (cfr. César Arese: “Código Civil y Comercial y Derecho del Trabajo”, 1ª ed., Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2017, pág. 202).-
“El artículo 276 de la LCT que admitía la indexación de créditos laborales fue derogado por la disposición general de los artículos 7° y 10 de la ley 23.928 en lo relativo a esta disposición pero ha quedado en vigencia empero la aplica- ción de intereses sobre capital ‘desde la fecha en que debieron haberse abonado hasta el momento de su efectivo pago’. En los casos de haberes e indemnizaciones, la LCT establece la mora automática (art. 138, LCT) y según los plazos prefijados (arts. 128 y 255 bis, LCT).” (cfr. César Arese: ob. cit., pág. 204). El artículo 255 bis del orde- namiento laboral dispone que: “El pago de las remuneraciones e indemnizaciones que correspondieren por la extinción del contrato de trabajo, cualquiera sea su causa, se efectuará dentro de los plazos previstos en el artículo 128 computados desde la fe- cha de extinción de la relación laboral.”, mientras que el artículo 128 establece que: “El pago se efectuará una vez vencido el período que corresponda, dentro de los si- guientes plazos máximos: cuatro (4) días hábiles para la remuneración mensual o quincenal y tres (3) días hábiles para la semanal.”.- La extinción del vínculo laboral se produjo el 30 de junio de 2011, conforme arriba firme a esta instancia extraordinaria (cfr. fs. 323 vta. y 392).
A los efectos del cómputo de los intereses moratorios deben distinguirse entonces dos períodos: el primero, que inicia luego de transcurrido el cuarto día hábil desde que fi- niquitó la relación laboral hasta el 31 de julio de 2015 y, el segundo, que comprende desde el 1 de agosto de ese año (fecha de entrada en vigencia del Código Civil y Co- mercial de la Nación, según lo dispone el art. 7 de la Ley Nº 26.994, modificado por el art. 1 de la Ley Nº 27.077) hasta la fecha de efectivo pago. Para el primero resulta de aplicación el artículo 622 del Código Civil derogado, mientras que el segundo se encuentra regulado por el artículo 768 del Código Civil y Comercial de la Nación.- Ello se debe a que, frente a la persistencia de la mora a la fecha de entrada en vigor del novel cuerpo normativo, éste resulta de aplicación a los perío- dos posteriores, por captar las consecuencias no agotadas de las relaciones y situacio- nes jurídicas existentes.
No obstante, respecto a los períodos anteriores no es posible pregonar su aplicación retroactiva a tales consecuencias de las relaciones o situaciones jurídicas en curso, las que deben reputarse consumadas, resultando consecuente- mente aplicable el Código Civil derogado. Ello, de conformidad a las directrices de orden temporal trazadas por el artículo 7 del Código Civil y Comercial de la Nación.- Sin perjuicio del tramo temporal que cada ley sustantiva ha de regir, lo cierto es que esta circunstancia no produce bifurcación alguna a la hora de definir el pleito, desde que ambos ordenamientos ponen en cabeza de los magistrados la determinación de la tasa a la cual deben liquidarse los intereses moratorios, a falta de convención entre partes o ley que regule la materia.-
Sobre este tópico este Alto Cuerpo ha consolidado recientemente, en el marco de las causas “Santana” (cfr. Sentencia, Tomo XX, Reg. 667, Folio 3859/3864) y “Bilbao” (cfr. Sentencia, Tomo XX, Reg. 669, Folio 3870/3879), la doctrina legal que venía manteniendo en torno a los intereses moratorios a ser fijados judicialmente, incluso en el marco de contiendas de índole laboral (cfr. Sentencia, To- mo XVIII, Reg. 613, Folio 3522/3530).-
Concretamente, se sostuvo que más allá del cambio normativo referido, la solución que se alcance resulta aplicable tanto al periodo anterior a la san- ción del Código Civil y Comercial como al posterior, ya que en ambos casos, se en- cuentra vigente la facultad del juzgador de determinar la tasa a aplicar. Además, se reiteró que tales intereses -cuando ni las partes ni la legislación especial han previsto una alícuota determinada- deben ser calculados mediante la utilización de la tasa pasi- va promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina, tanto bajo la vigencia del Código Civil velezano (Ley Nº 340 y modificatorias), como del Código Civil y Comercial de la Nación.- En tales condiciones, y toda vez que la decisión adoptada en la instancia de grado se apartó de la doctrina legal de este Tribunal Superior de Justicia, la réplica -en este aspecto- debe tener favorable acogida.-
VII. Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto a fs. 403/426 por la parte demandada y, en con- secuencia, declarar la nulidad parcial del pronunciamiento dictado por la Excma. Cá- mara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Cir- cunscripción Judicial obrante a fs. 384/397, en cuanto incurrió en una contradicción expresa entre sus considerandos y la parte resolutiva, al evaluar el sexto agravio del recurso de apelación oportunamente interpuesto por la accionada -dirigido a cuestionar el recargo indemnizatorio del artículo 2 de la Ley Nº 25.323-; por lo que deben reenviarse las presentes actuaciones a la misma para que, con nuevos jueces hábiles, dicte un nuevo pronunciamiento únicamente en relación a la parcela aludida, confor- me a derecho y según corresponda. Además, corresponde casar parcialmente el pro- nunciamiento impugnado, en lo referido a la tasa de interés aplicable, estableciendo que al monto que resulte de la condena decretada en autos deberá adicionársele inte- reses en base a la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina.- En relación a las costas, corresponde que se impongan por el or- den causado en atención a que han prosperado las peticiones de la recurrente sólo par- cialmente, siendo las demás rechazadas (cfr. art. 71 del CPC y C, aplicable de acuer- do a lo prescripto en el art. 121 de la Ley Nº 1444).-
Por todo ello, y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia,
1. Hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto a fs. 403/426 por la parte demandada.-
2. Declarar la nulidad parcial del pronunciamiento dictado por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 384/397, en cuanto incurrió en una contradicción expresa entre sus considerandos y la parte resolutiva, al evaluar el sexto agravio del recurso de apelación oportunamente interpuesto por la parte demandada -dirigido a cuestionar el recargo indemnizatorio del artículo 2 de la Ley Nº 25.323-, reenviando los presentes autos a la Cámara de origen para que, con nuevos jueces há- biles, resuelva la cuestión desarrollada en el punto IV de los considerandos.-
3. Casar parcialmente el pronunciamiento impugnado, en lo referido a la tasa de interés aplicable, estableciendo que al monto que resulte de la con- dena decretada en autos deberá adicionársele intereses en base a la tasa pasiva prome- dio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina.-
4. Confirmar la sentencia recurrida en todo lo demás que hu- biera sido motivo de agravios.-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos –Presidente, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal, Dr. Enrique Osvaldo Peretti –Vocal, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau –Vocal; Dra. Reneé Guadalupe Fernández –Vocal-;
Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1006S.211 Tomo: XX Interlocutorio: 678 Folio N°: 3940/3946 Secretaría: 1
Fin de la sentencia