Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa M-1.799/11-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de casación interpuesto por la parte actora a fs. 324/326 vta., contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial que obra agregada a fs. 311/315, con costas.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: M-1.799/11-TSJ Sentencia N°: 566 Actor: MORENO HUGO JESUS Demandado: CAJA DE SEGUROS S.A.
Objeto: ORDINARIO Fecha: 27-03-14 Texto: TOMO XVII – SENTENCIA – T.S.J..-
REGISTRO Nº 566 FOLIO Nº 3.219/3.223 PROT. ELECT. TSS1 005 S.141
Río Gallegos, 27 de marzo de 2014.-
Los presentes autos caratulados “MORENO HUGO JESUS c/ CAJA DE SEGUROS S.A. s/ ORDINARIO”, Expte. Nº M-12.589/06 (M-1.799/11-TSJ), venidos a al Acuerdo para dictar sentencia; y
I. Que, llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación interpuesto a fs. 324/326 vta. por el actor, contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, obrante a fs. 311/315, por cuanto rechaza el recurso de apelación articulado contra la sentencia de primera instancia (confr. fs. 275/278), confirmando el rechazo de la demanda decretado por el señor Juez de Grado.-
II. Que, previo a analizar el recurso habrá de realizarse una síntesis de las pretensiones de las partes.-
Que a fs. 16/18, se presenta Hugo Jesús Moreno iniciando formal demanda contra la Caja de Seguros S.A., pretendiendo el pago de una suma de dinero por el contrato de seguro de vida colectivo, del cual resultaba beneficiario y que fuera tomado por su empleadora, la empresa Servicios Públicos Sociedad del Estado, a través de la póliza Nº 10.513. Explica, que en el marco de las condiciones de contratación del seguro, estaba contemplado el supuesto de incapacidad total y permanente, derivada de un accidente o enfermedad laboral, que le impidiese la realización de tareas por cuenta propia o bajo relación de dependencia de cualquier actividad remunerativa, por un término ininterrumpido de seis (6) meses y antes de cumplir los sesenta y seis (66) años de edad.
Destaca asimismo, que por Acuerdo N° 1025/05 de la Caja de Previsión Provincial, obtuvo la jubilación por invalidez el 1° de julio de 2005, presentándose posteriormente en la aseguradora con la finalidad de denunciar formalmente el siniestro y lograr percibir el cobro del seguro contratado, circunstancia que no alcanzó a concretar porque, según dice, le informaron que a ese momento no existía cobertura del seguro. Agrega que concurrió en varias ocasiones a las oficinas de la aseguradora con el objetivo de denunciar la incapacidad, y al no poder concretar su cometido remitió Carta Documento CD77426705-3, intimando el pago de la indemnización pretendida. Dice que durante los veinte (20) años que se desempeñó como dependiente de Servicios Públicos Sociedad del Estado, se le des-contaron las sumas de dinero correspondientes a la prima del seguro de vida colectivo.
Dice además, que pese a la obligación que recaía sobre la aseguradora, no le fue comunicada la extinción de la cobertura de la póliza.- A su turno, la compañía aseguradora a fs. 119/126 vta., contesta la demanda negando y desconociendo las aseveraciones formuladas por su contraria. Sostiene que la demanda incoada debe ser objeto de rechazo dado que la póliza se encontraba rescindida a la época de la pretendida incapacidad, que no se hallaba cubierto el riesgo de incapacidad total y permanente, toda vez que la “…La última caracterización de esta cobertura, que fue suprimida por endoso número 48 en abril de 1.992, se efectuaba por el endoso número 47…” (confr. fs. 120 vta.), modifi-cando los requisitos y condiciones para acceder al beneficio por incapacidad total y permanente.
Agrega, que tampoco existe denuncia del siniestro por parte del actor. Y además, que el hecho de haber obtenido el accionante una jubilación por invalidez no implica que dicha circunstancia lo habilite a obtener el beneficio plasmado en la póliza 10513, puesto que “…El régimen de jubilaciones (en este caso por incapa-cidad) es diferente al del seguro para la determinación del grado de incapacidad…” (confr. fs. 122). Y finalmente, señala que el capital asegurado es menor al pretendido por la parte contraria.- En la sentencia dictada en primera instancia, se rechazó la demanda y se impusieron las costas al demandante (confr. fs. 275/278).-
Apelado que fue el decisorio, la Cámara de Apelaciones en su sentencia de fs. 311/315, procedió al rechazo del recurso confirmando la sentencia dictada en la instancia anterior, por considerar que de las constancias del expediente administrativo “Moreno, Hugo Jesús s/ anexo médico”, Expte. Adm. M-256048/05 surge que el accionante “…presentó un cuadro psiquiátrico con diagnóstico de psicosis borderline. Con fecha 30/03/05 la junta médica de la Caja de Servicios Sociales dictamina una incapacidad del 66% grado total de carácter transitorio 24 meses para cualquier actividad (v. fs. 7). En base a este dictamen la Caja de Previsión Social le concede el beneficio de jubilación por invalidez mediante Acuerdo N° 1025/05 del 06/07/05, con fundamento en una incapacidad, destaco, de carácter transitoria por una enfermedad psiquiátrica.
Cabe resaltar que la demandada no fue anoticiada del procedimiento incoado por el actor a los fines de determinar el grado de incapacidad…” (confr. fs. 313 vta./314).- Contra ese pronunciamiento la actora interpone formal recurso de casación, argumentando que “…La sentencia dictada es elusiva no sólo de la normativa aplicable al caso sino también por haber omitido cuestiones introducidas en la causa, lo que la convierten (sic) en una sentencia arbitraria…” (confr. fs. 325). Explica que el decisorio impugnado, al confirmar la sentencia de grado, no tiene en cuenta que el rechazo de la demanda propuesto por el señor juez de la primera instancia sostiene que en la pericia médica realizada en sede judicial se establece una discapacidad total y permanente del 11.93%, cuando en el año 2005 se dictaminó una incapacidad total del 66% y por plazo mayor a los seis meses, cumpliéndose así con las condiciones establecidas en el artículo 15 de la póliza de seguro.
Destaca igual-mente que al rechazarse la acción articulada, se ponderó la falta de comunicación a la aseguradora, obviándose toda referencia a la negativa de la aseguradora a recibir la denuncia del siniestro “…Esta circunstancia fue manifestada en la carta documento CD 77426705 3 que le remitiera a la accionada, en la que se afirmó “ANTE LA REITERADA NEGATIVA VERBAL DE ESA ASEGURADORA A RECIBIR LA DENUNCIA FORMAL DEL SINIESTRO”, circunstancia que no fue negada por la aseguradora en la misiva que me remitiera…” (confr. fs. 325 vta./326). Y concluye afirmando que la arbitrariedad está plasmada pues “…el fallo impugnado ha prescindido de las normas de derecho aplicables al caso, incurriendo en consecuencia, en un grave defecto de juzgamiento…” (confr. fs. 326 vta.).- A fs. 329/330 vta., la Excma.
Cámara de Apelaciones declara formalmente inadmisible el recurso de casación interpuesto, interponiendo la parte actora recurso de queja a fs. 358/359 vta. que este Tribunal receptó favorablemente a fs. 368 y vta., poniéndose los autos a los fines del artículo 8° de la ley 1687.-
En su memorial de fs. 372/376 vta., la demandada alega que el actor no padece la incapacidad requerida para obtener el beneficio que reclama. Destacando que con la pericia se ha probado que el actor tiene un grado de incapacidad del 11.93% y no del 66% como pretende (confr. fs. 375); y que al no haber impugnado la pericial, la ha consentido en todos su términos (confr. fs. 375 y vta.). Manifiesta asimismo, que tanto el grado de incapacidad establecido en sede administrativa, como el procedimiento implementado, son inoponibles a la aseguradora (confr. fs. 375 vta.). Y reitera que “…el actor no padece de incapacidad total y perma-nente para el trabajo. Y aunque sea una redundancia afirmarlo, ante el planteo que hoy efectúa, debe aclarse (sic) que tampoco “padeció” incapacidad permanente…” (confr. fs. cit.). En síntesis, entiende la demandada que el recurso de casación impe-trado no debe tener receptación favorable, y que “…se impone la necesidad del recha-zo de la demanda, por cuanto la póliza base de la acción se encontraba rescindida a la fecha de ocurrencia de la supuesta incapacidad del actor (julio de 2.005)…” (confr. fs. 376 vta.).- A fs. 378 se ordena correr vista al Sr. Agente Fiscal ante este Tribunal, quien dictamina a fs. 379/380 vta., sosteniendo -por los argumentos que allí esgrime y a los cuales se remiten por razones de “brevitatis causae”- que la casación no es procedente (confr. fs. 380 vta.).-
III. Que, conforme ha sido planteada la vía extraordinaria provincial por el recurrente, su desarrollo está propuesto a través de la pretoriana causal de arbitrariedad por considerar que la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, omite la valoración de hechos y pruebas que resultan cruciales para la dilucidación del caso. Refuerza su argumentación, señalando “…Que la doctrina y la jurisprudencia están contestes en que este déficit apuntado configura un vicio iuris, que autoriza su solución acudiendo al presente recurso de casación, previsto en la Ley 1687…” (confr. fs. 354 vta.). Que, corresponde aclarar “ab initio” que la invocada arbitrariedad, no se halla contemplada como causal casatoria en el marco de la ley 1.687, su fuente responde a una creación pretoriana de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ha sido receptada por este Tribunal Superior de Justicia, condicionando su procedencia para casar un fallo sólo cuando el vicio apuntado resulta de tal entidad que constituye un impedimento para declarar la ley aplicable, razón por la que correspondería anular esa sentencia.-
Asimismo, es propicio recordar que “... la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir en tercera instancia sentencias equivocadas o que se estimen tales, sino que sólo se encuadrarían en ella casos excepcionales en que mediara absoluta carencia de fundamentación o un apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso...” (L.L. 1997-E, pág. 753, “Silveyra, Alber-to c/ Empresa Ferrocarriles Argentinos y otros”), acotando que “...la jurisprudencia elaborada por esta Corte en materia de sentencias arbitrarias ha establecido reiteradamente que ella no tiene por objeto la corrección en tercera instancia de decisiones equivocadas o que se estimen tales (Fallos 245:327 y los allí citados), sino que, por el contrario, está dirigida a la revisión de los pronunciamientos en los que se advierta la inexistencia de las calidades mínimas para que el acto impugnado constituya una sen-tencia judicial...” (Fallos 237:74; 247:715; 310:2306, entre otros).- Calificada doctrina destaca con énfasis, que el instituto pretoriano invocado solo resulta procedente cuando el vicio de arbitrariedad es “grave y manifiesto” (Hitters, Juan Carlos, “Técnica de los Recursos Extraordinarios y de la Casación”, 2da. edición, Editorial Librería Editora Platense, 1998, pág. 481), puesto que “...para que se configure el absurdo evidente, es menester que en la apreciación o valoración de las cuestiones de hecho medie un error notorio, palmario y fundamental, es decir, un desvío notable y patente de las leyes del raciocinio que evidencian una contradicción entre las circunstancias de la causa y la sentencia...” (Gualberto Lucas Sosa y Francisco Mancuso, “El absurdo en la jurisprudencia de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires”, publicado en “Temas de casación y recursos extraordinarios”, pág. 266, Editorial Librería Editora Platense, 1982).- En orden a lo expuesto, se ha dicho que sentencias arbitrarias son: a) Las que menoscaban la defensa en juicio (Fallos: 291:245; 303:1134); o la regla del debido proceso (Fallos: 296:256; 303:242). b) Pronunciamientos que impli-can violación de la esencia del orden constitucional, cuyo primer enunciado es afian-zar la justicia (Fallos: 289:107). c) Cuando exista decisiva carencia de fundamentación (Fallos: 295:140, 278). d) Apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso (Fallos: 295:417). e) Decisiones emitidas sobre la base de la mera voluntad de los jueces (Fallos: 296:456). f) Sentencias que no comportan una derivación razonada del derecho vigente, con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa (Fallos: 292:254). g) Resoluciones que adolecen de omisiones, errores y desaciertos de gravedad extrema, que las tornan inhábiles como actos judi-ciales (Fallos: 294:425). h) Fallos que violan el adecuado servicio de justicia (Fallos: 303:1646).-
Por ello, no se aprecia en la presente causa que el decisorio dictado por la Excma. Cámara se encuentre incurso en un palmario apartamiento de la solución normativa, ni que la sentencia en crisis adolezca de fundamentación sufi-ciente para arribar a la solución cuya desacreditación se propicia.-
En efecto, veamos:
En primer lugar, adviértase que según afirma el recurrente “…el fallo impugnado ha prescindido de las normas de derecho aplicables al caso, incurriendo en consecuencia, en un grave defecto de juzgamiento…” (confr. fs. 326 vta.). No obstante, omite indicar cuáles son las normas que han sido desechadas.-
De tal modo, el agravio basado en la arbitrariedad resulta huérfano de fundamentación suficiente, ya que no se logra demostrar el vicio alegado. Sobre la materia, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, ha expresado que para que se dé el supuesto de sentencia arbitraria, a los efectos de ser atendida en una instancia extraordinaria de revisión, “…‘…tiene que existir un apartamiento ine-quívoco de la solución normativa, prevista en la ley, o una falta absoluta de fundamentación’. Por lo tanto ‘debe demostrarse que la operación intelectual desarrollada en el proceso de formación de la sentencia, que ella exterioriza, carece de bases acep-tables con arreglo a los preceptos legales que gobiernan la valoración de las probanzas’…” (confr.
SCBA, Ac. 24.739, ‘Díaz de Giocco, Carmen c/Fundiciones en matrices Junker S.A. Despido y salarios’, del 21-III-978, DJBA, v. 114, nº 8325; ídem, Ac. 24.985, ‘Acebey de Dega, J.E c/Cía. Swift S.A. Enfermedad accidente’, del 19-VIII-78; Ac. 25.048, ‘Correa de A.A. V. c/Cía. Swift S.A. Enfermedad accidente’, del 15-VIII-78, DJBA, v. 116 p. 54, citado en Hitters, Juan Carlos, ob. cit. pág. 479, 480;).- En efecto, recuérdese que en la sentencia arbitraria el vicio se presenta como “…un desvío lógico, una falla del razonamiento, la incongruencia o el grosero error material en la interpretación de algún elemento probatorio, que llevará a sentar premisas incompatibles con las reglas de la común experiencia o contradichas por piezas fehacientes de la causa, en grado tal que justifiquen su revisión por la úl-tima instancia provincial…” (confr.
Tomo VII, Sentencia, Reg. 254, Folio 1383/ 1389; Tomo VII, Sentencia, Reg. 255, Folio 1390/1394, entre otros). Tal es el sentido por el que nos hemos expresado al establecer que: “…La doctrina de la arbitrariedad no ha sido instituida para corregir sentencias equivocadas, o que el recurrente estime tales según su criterio, sino que atiende sólo a supuestos de gravedad extrema, en los que se verifica un apartamiento palmario de la solución prevista por la ley o una abso-luta carencia de fundamentación” (confr. Tomo III, Interlocutorio, Reg. 282, Folio 457/458; Tomo VI, Interlocutorio, Reg. 881, Folio 1022/1025, entre varios).- En tal sentido, debe señalarse que conforme surge del examen realizado del escrito recursivo, se advierte que carece de técnica suficiente al no cumplir con la debida fundamentación del recurso.
En efecto, no surge, ni se indica cuál es la norma o conjunto de normas que se pretenden infringidas; cuando es una exigencia del recurso articulado, la indicación concreta de las disposiciones violadas, erróneas o falsamente aplicadas, expresando cuál es la ley que ha debido aplicarse (confr. artículo 4 inciso ‘a’ Ley 1687). Es decir, invocada la arbitrariedad por el recu-rrente, resultará indispensable que cite las normas legales transgredidas (conf. Hitters, Juan Carlos, ob. cit., pág. 485).- Por otra parte, la valoración de la prueba es tarea soberana que tienen a su cargo los jueces de mérito. De modo que, contra la interpretación que la Excma. Cámara ha realizado de la prueba pericial practicada en autos, no alcanza con que el recurrente enarbole la arbitrariedad del decisorio, sino indica concretamente la violación normativa concreta en que se ha incurrido y el quiebre lógico o absurdo, en que se ha incurrido en su apreciación.
Es decir, que además de la expresa y concreta expresión de la norma violada, debe indicarse la falta de coherencia en la tarea subsunción de los hechos y las pruebas al derecho aplicable al caso concreto. Tarea que no se avizora en el caso que nos ocupa; razón por la cual, el recurso de casación deviene improcedente y no puede tener favorable receptación.-
IV. No obstante, corresponde examinar la cuestión a los efectos de verificar la existencia de la argumentada arbitrariedad. Cometido que impone necesariamente una muy breve descripción de las circunstancias de hecho que dieron origen al reclamo que se persigue.-
Como es sabido, Hugo Jesús Moreno, trabajó bajo relación de dependencia para la empresa Servicios Públicos Sociedad del Estado. El 1° de Noviembre de 2004 solicita la jubilación por invalidez, que le es concedida a partir del 30 de junio de 2005, por Acuerdo 1.025/05-CPS. (confr. fs. 1 y vta. y fs. 36, Expte 255630/04). El dictamen sustento del acuerdo referenciado, expresamente con-templa que la incapacidad es transitoria y que se presentó durante la relación laboral pero por causas ajenas a dicha relación (confr. fs. 7 y vta. Expte 256048/05-Anexo Médico-).-
Al momento de iniciar el trámite jubilatorio, el accionante alega que contaba con una póliza de seguro de vida colectivo que su empleadora había tomado con la Caja de Ahorro y Seguro, plasmado en la póliza 5230-10.51301-01 (confr. fs. 34/118), que consistía en el pago de treinta (30) sueldos (confr. fs. 55).-
En este punto, y más allá de la negativa expresada por la demandada, podemos preguntarnos cuáles eran las condiciones que el accionante debía alcanzar para acceder al cobro del seguro.-
La respuesta al interrogante, surge del artículo 15 de la póliza mencionada. Allí se fijaron las condiciones que el asegurado debía cumplir para hacer efectivos los efectos del contrato y obtener el beneficio. La primera cuestión reposa en el carácter de la incapacidad, que debía ser “total y permanente”, derivada de una enfermedad o accidente laboral que no le permitiese desempeñar por cuenta propia o bajo relación de dependencia, cualquier tipo de actividad remunerativa por un término mínimo e ininterrumpido de seis meses, y ello debía ocurrir dentro del período de vigencia de la póliza de seguro, en virtud de la relación de dependencia con el empleador (tomador), no haber alcanzado los sesenta y seis años de edad y que la incapacidad fuese determinante en la pérdida del derecho a percibir los haberes. Debe resaltarse que expresamente se excluyen los casos que afecten al beneficiario en forma parcial o temporal (confr. fs. 54).- En la misma cláusula se estableció que sería la aseguradora quien determinase el estado de la incapacidad, incluyendo a las calificadas como total y permanente en sede administrativa a los fines de la jubilación por invalidez (confr. fs. 54, cláusula 15, punto b.1.2, segundo párrafo).-
En ese orden de ideas, hemos dicho en los párrafos precedentes que el accionante invoca las actuaciones administrativas donde se acredita que pade-ció una incapacidad total y temporaria del orden del sesenta y seis por ciento, pro-ducida durante la relación de trabajo, pero por causas ajenas al vínculo laboral (confr. fs. 7 y vta. Expte 256.048/05-Anexo Médico). Sin embargo, tal acreditación resulta insuficiente a los fines de alcanzar el beneficio del seguro colectivo que pretende, pues la condición de temporaria de la incapacidad obsta tal pretensión. No se trata, entonces, de una antojadiza consideración de la Cámara, sino sencillamente de los términos emergentes de la póliza y del resultado de la pericia.- Tal conclusión no sólo se mantiene incólume a la luz de la pericia médica practicada en estos autos, sino aún también si lo ponderamos en virtud de la pericia llevada a cabo en sede administrativa en el año 2005. En efecto, en el primer supuesto es clara la conclusión de que, si bien presenta una incapacidad per-manente, la misma es del 11,93%, resultando una capacidad restante del 88,07% (confr. fs. 254). Siendo elocuente en el sentido que no le impide al actor desempeñar actividad remunerativa. No siendo posible asignar, como lo hace el recurrente, al re-sultado de la pericia médica un alcance distinto del ya mencionado, intentando que se extienda la conclusión de ella a los fines de demostrar que la situación del actor se en-cuentra alcanzada por el riesgo cubierto por el seguro en cuestión.- En cuanto a la pericia efectuada en sede administrativa, aún en el supuesto de que se interprete a favor de su consideración valorativa en estos autos, siguiendo en este sentido la doctrina sentada por este Tribunal en el caso “Del Moral” (Tomo XV, Sentencia, Reg. 530, Folio 2975/2978), tampoco sería válido para abonar la postura del recurrente, ello en razón de que la conclusión de la junta médica llevada adelante en sede administrativa, le otorga al actor una incapacidad transitoria por 24 meses, y no permanente como establece la póliza en cuestión.-
Como tampoco es correcto el argumento esgrimido por el recurrente respecto a que resultaría suficiente que la incapacidad sea mayor de 6 meses para lograr su pretensión. Ello en razón de que la póliza establece como una de las condiciones que la incapacidad sea total y permanente, y que como mínimo haya continuado ininterrumpidamente por seis meses. En este sentido, la incapacidad per-manente puede definirse “...como la pérdida de la capacidad de trabajo que presenta características de perdurabilidad...” (confr. “Tratado de Derecho del Trabajo”, Direc-tor Mario E. Ackerman, 1º Ed., Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2007, Tomo VI, pág. 83), no siendo suficiente para que la misma sea considerada permanente, únicamente que permanezca por un plazo mínimo de seis meses como considera la recurrente, ya que a la luz de la junta médica producida en la instancia administrativa, la incapacidad su-frida por el actor es temporaria o transitoria.- Por lo tanto, corresponde rechazar el recurso extraordinario provincial de casación interpuesto por la parte actora a fs. 324/326 vta., contra la sen-tencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial que luce a fs. 311/315. Con cos-tas a cargo de la recurrente en virtud al principio objetivo de la derrota (art. 68 del CPC y C). -
Por todo lo expuesto, y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia,
1. Rechazar el recurso de casación interpuesto por la parte actora a fs. 324/326 vta., contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial que obra agregada a fs. 311/315, con costas.-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal por constituir mayoría concordante en la solución del caso (art. 27, 2º párrafo, de la ley Nº Uno, t.o. ley Nº 2404).-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal a/c Presidencia-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti -Vocal-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal- Secretario: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1005S.141 Tomo: XVII Sentencia: 566.-
Folio N°: 3.219/3.223.-
Secretaría: 1
Fin de la sentencia