Abriendo la norma
Corte de Catamarca
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar formalmente inadmisible, por falta de impugnabilidad objetiva, el recurso de casación interpuesto por el Dr. Héctor Sebastián Ibáñez, en defensa de Eliana Elizabeth Moreyra, contra el punto I) del Auto Interlocutorio N° 117/2026 de la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos, y tenerlo por erróneamente concedido mediante Auto Interlocutorio N° 134/2026, sin pronunciamiento sobre el fondo.
II. Imponer las costas de esta instancia a la imputada recurrente (arts. 536 y 537 del C.P.P.).
III. Tener presente la reserva del caso federal formulada por la defensa.
AUTO INTERLOCUTORIO Nº: CUARENTA Y TRES
San Fernando del Valle de Catamarca, nueve de octubre de dos mil veintiséis.
Estos autos, expte. Corte Nº 102/2026, caratulados: “Moreyra, Eliana Elizabeth – usurpación de autoridad –s/rec. de casación c/auto int. n° 117/26 de expte. N° 121/25.
I. El Auto Interlocutorio N° 117/2026, dictado por la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos, no hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la defensa y confirmó el Auto Interlocutorio N° 784/2025 del Juzgado de Control de Garantías de Cuarta Nominación, que había rechazado una excepción de previo y especial pronunciamiento por falta de acción.
Contra el punto I) de esa decisión, el defensor, Dr. Héctor Sebastián Ibáñez, interpone recurso de casación e invoca los motivos previstos en los incisos 1° y 2° del art. 454 del C.P.P.
Sostiene que la continuidad del proceso vulnera el principio de legalidad penal y que la Cámara de Apelaciones aplicó erróneamente las reglas de la sana crítica al no reconocer la manifiesta atipicidad de la conducta atribuida a Moreyra como partícipe necesaria del delito de usurpación de autoridad. Afirma que la participación necesaria presupone una cooperación dolosa y que ese elemento subjetivo se encuentra ausente en el caso.
Explica que Moreyra, en su carácter de presidenta del Concejo Deliberante de Los Altos, mocionó y votó a favor de la reincorporación de Ramón Carlos Olveira en la sesión del 29 de mayo de 2025, sin conocer la Sentencia Definitiva N° 012/2024 de esta Corte, del 6 de noviembre de 2024, que, según señala, impedía disponer aquella reincorporación por decisión del cuerpo.
En sustento de su posición, invoca el acta de esa sesión, de la que extrae que no se informó a su asistida sobre la existencia del fallo; la nota presentada por Nora Fernández el 13 de agosto de 2025, mediante la cual afirma que Moreyra recién tomó conocimiento de aquella decisión; y el acta de la sesión del día siguiente, en la que promovió y votó la exclusión y expulsión de Olveira.
Sostiene que no existe constancia de comunicación formal o informal ni otro elemento que permita inferir que conocía la sentencia antes o al momento del hecho, y que, por imperio de la presunción de inocencia, corresponde al Ministerio Público Fiscal acreditar el dolo de la participación imputada. Aduce que la valoración racional de la prueba incorporada evidencia, por el contrario, su ausencia y, con ello, la manifiesta atipicidad de la conducta.
Sobre esa base, solicita que se revoque la resolución de la Cámara, se haga lugar a la excepción de falta de acción prevista en el art. 193, inc. 2°, tercer supuesto, del C.P.P. y se dicte el sobreseimiento de Moreyra conforme al art. 198 del mismo código.
Para justificar la equiparación de la resolución recurrida a definitiva, invoca la Sentencia N° 12/2025, de esta Sala Penal, “Ortega”, y sostiene que la cuestión no es susceptible de revisión eficaz en otra oportunidad. Finalmente, anuncia que informará oralmente y formula reserva del caso federal.
II. La Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos, mediante Auto Interlocutorio N° 134/2026, concedió el recurso de casación interpuesto por la defensa.
III. Corresponde determinar, antes de examinar los motivos propuestos bajo el art. 454 del C.P.P., si la resolución contra la cual se dirige el recurso reúne el requisito de impugnabilidad objetiva necesario para habilitar la instancia de casación.
La defensa individualiza un interés en obtener el sobreseimiento y atribuye al pronunciamiento de la Cámara una infracción a la legalidad penal y a la sana crítica. Sin embargo, la legitimación para recurrir y la formulación de motivos casatorios no sustituyen el requisito de impugnabilidad objetiva. La ausencia de ese presupuesto basta para decidir la inadmisibilidad, sin necesidad de examinar el plazo de interposición ni los restantes recaudos formales.
El art. 430 del C.P.P. consagra la taxatividad de los recursos y el art. 455 limita la casación, en lo que aquí interesa, a las sentencias definitivas y a los autos allí previstos, sin perjuicio de los supuestos de equiparación reconocidos cuando la decisión ocasiona un perjuicio actual que no puede ser eficazmente reparado en el curso ulterior del proceso.
La equiparación excepcional exige mostrar que la decisión ocasiona un perjuicio actual cuya reparación ulterior sería imposible o insuficiente. La concesión dispuesta mediante el Auto Interlocutorio N° 134/2026 permitió elevar la impugnación a esta instancia, pero no agotó el examen de sus requisitos formales. Conforme a los arts. 441 y 462 del C.P.P., corresponde a esta Corte verificar nuevamente esos recaudos y declarar erróneamente concedido el recurso cuando falte alguno de ellos, sin pronunciarse sobre el fondo.
El punto I) del Auto Interlocutorio N° 117/2026 confirma el rechazo de la excepción de falta de acción promovida durante la investigación penal preparatoria. Esa decisión permite que la causa continúe. No declara probado el conocimiento que la imputación atribuye a Moreyra, no establece definitivamente su responsabilidad y tampoco impide que la defensa discuta la tipicidad de su conducta con el desarrollo ulterior de la prueba.
El art. 195 del C.P.P. prevé la apelación de la resolución de las excepciones, que en este caso fue ejercida; de allí no se sigue que la decisión de la Cámara de Apelación reúna, por sí misma, el carácter definitivo exigido para abrir la casación.
La defensa procura obtener en esta instancia una decisión definitiva acerca de la alegada ausencia de conocimiento y dolo de Moreyra. Sin embargo, aun cuando esos extremos integren el planteo de atipicidad formulado, su relevancia para la responsabilidad atribuida no determina, por sí sola, la naturaleza recursiva del auto cuestionado. Para equipararlo a sentencia definitiva debe demostrarse que la continuación del proceso privaría a la imputada de una revisión eficaz de aquella defensa
Esa consecuencia no resulta de los argumentos expuestos en el recurso. El acta del 29 de mayo de 2025, la nota del 13 de agosto y el acta de la sesión del 14 de agosto son elementos invocados por la defensa para sostener que Moreyra tomó conocimiento del fallo con posterioridad a la reincorporación de Olveira.
Determinar el alcance que corresponde atribuir a esos elementos respecto del conocimiento y del dolo supone ingresar en una valoración de mérito que el auto recurrido no ha clausurado. Resolver ahora esa controversia para habilitar la instancia implicaría anticipar precisamente el examen que el recurso pretende obtener, cuando la cuestión permanece abierta a la contradicción y a la prueba en el curso ulterior del proceso.
La posibilidad de producir prueba en el trámite de una excepción, prevista en el art. 194 del C.P.P., impide sostener que toda controversia fáctica sea ajena a ese instituto. Lo determinante aquí es el efecto del rechazo ya confirmado, que no decide definitivamente si Moreyra conocía la sentencia ni torna inmutable la calificación jurídica de su conducta.
La defensa conserva la posibilidad de controvertir la imputación, ofrecer los elementos que estime pertinentes y obtener, si correspondiere, una decisión desvinculante. La casación no identifica una oportunidad de defensa que se pierda de manera irreversible como consecuencia del auto recurrido.
La Corte de Justicia ha aplicado esa distinción ante decisiones que rechazaban planteos de atipicidad y permitían la continuación del proceso.
En el Auto Interlocutorio N° 42 del 23 de septiembre de 2016, Expte. Corte N° 107/15, “Moreno, Walter del Valle”, declaró inadmisible la casación contra el rechazo de una excepción de falta de acción fundada en la falta de encuadre típico, porque la decisión no ponía fin al proceso ni clausuraba el examen de la calificación provisional.
En el Auto Interlocutorio N° 49 del 24 de octubre de 2023, Expte. Corte N° 88/23, “Guillou, Bernardo Cristian”, al resolver una queja vinculada con una alegación de atipicidad durante la investigación, esta Sala consideró que la sola continuación del proceso no demostraba un perjuicio irreparable. La diferencia entre aquella queja y la casación aquí deducida no altera la razón pertinente; la definitividad se aprecia por los efectos concretos del pronunciamiento y no por la importancia del agravio que la parte procura discutir.
Tampoco conduce a una solución distinta la Sentencia N° 12 del 11 de abril de 2025, Expte. Corte N° 069/24, “Ortega, Cristian del Valle”. En la primera cuestión de ese fallo se consideró equiparable a definitiva la denegación de la suspensión del juicio a prueba por tratarse de una cuestión que no sería susceptible de revisión eficaz en otra oportunidad.
Aquí no se deniega una solución procesal cuya oportunidad es anterior al juzgamiento; se rechaza una excepción basada en la alegada falta de dolo, cuestión cuyo examen probatorio y jurídico no queda cerrado por la continuidad del proceso. El recurrente no demuestra por qué la revisión posterior de esa defensa perdería eficacia.
La invocación del art. 18 de la Constitución Nacional y de los incisos 1° y 2° del art. 454 del C.P.P. no suple la ausencia de una resolución recurrible en los términos del art. 455. Los reproches relativos a la valoración de la prueba y a la tipicidad sólo pueden ser tratados en esta instancia una vez superado el presupuesto de admisibilidad objetiva. Por la misma razón, el anuncio de que el defensor informará oralmente no impide este control liminar ni obliga a ingresar al fondo de la impugnación.
En consecuencia, corresponde declarar formalmente inadmisible el recurso de casación, sin decidir si Moreyra conocía la sentencia anterior, si su intervención constituyó una contribución dolosa al hecho imputado o si corresponde su sobreseimiento. En cuanto a las costas de esta instancia, corresponde imponerlas a la imputada recurrente vencida, conforme a los arts. 536 y 537 del C.P.P.; la invocación de “Ortega”, examinada en su alcance propio, no ofrece una razón notoria para apartarse de la regla legal. Debe tenerse presente la reserva del caso federal formulada.
Por ello, en mérito a lo dispuesto por los arts. 430, 441, 454, 455, 462, 536 y 537 del C.P.P., la Sala Penal de la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA,
I. Declarar formalmente inadmisible, por falta de impugnabilidad objetiva, el recurso de casación interpuesto por el Dr. Héctor Sebastián Ibáñez, en defensa de Eliana Elizabeth Moreyra, contra el punto I) del Auto Interlocutorio N° 117/2026 de la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos, y tenerlo por erróneamente concedido mediante Auto Interlocutorio N° 134/2026, sin pronunciamiento sobre el fondo.
II. Imponer las costas de esta instancia a la imputada recurrente (arts. 536 y 537 del C.P.P.).
III. Tener presente la reserva del caso federal formulada por la defensa.
IV. Protocolícese, notifíquese y, oportunamente, remítanse las actuaciones al tribunal de origen a sus efectos.
FIRMADO: Dres. María Fernanda Rosales Andreotti –Presidenta de la Sala Penal-, Néstor Hernán Martel y Rita Verónica Saldaño. ANTE MÍ: Dra. Érica Gorkiewicz Moroni –Secretaria (P/L/T) - CERTIFICO: Que el presente es copia fiel del original que obra agregado al protocolo de la Secretaría Penal. Conste.
Fin de la sentencia