Abriendo la norma
Tribunal del Trabajo N.º 4 de Lomas de Zamora · Causa 54410
Registro de Sentencias Definitivas N° .......
Registro de Honorarios N° .......
En la ciudad de Lomas de Zamora, en el día de la firma digital impuesta al pie (Ac. 3971/20), reunido el Tribunal del Trabajo N° 4 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, integrado para este acto por los Doctores LAREQUI MARIA EUGENIA, RIVOLTA BLANCA ESTER y BUDNIK GUSTAVO DANIEL, bajo la Presidencia de la primera de los nombrados, y presente la Actuaria, a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados: " MOREYRA HÉCTOR ANÍBAL C/ "SERENA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A.U." S/ RECURSO CONTRA DECISION COMISION MEDICA JURISDICCIONAL. LEY 14997 ", Expediente N° 54410; se procedió a practicar el sorteo de ley, resultando del mismo que los Señores Jueces debían observar en la votación el siguiente orden: Dres. LAREQUI MARIA EUGENIA, RIVOLTA BLANCA ESTER, BUDNIK GUSTAVO DANIEL
El Tribunal resolvió plantear y votar la siguiente cuestión:
UNICA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA UNICA CUESTION PLANTEADA LA DRA. LAREQUI MARIA EUGENIA DIJO:
I. ANTECEDENTES:
En fecha 03/04/2025 se presenta el Dr. JOSE LUIS TORRANDEL como letrado apoderado del actor Sr. HÉCTOR ANÍBAL MOREYRA, iniciando la presente acción contra " OMINT ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A.." para obtener el cobro de la prestación dineraria por el daño que dice padecer. Relata los hechos. Funda en derecho. Plantea la inconstitucionalidad de diversas normas. Practica liquidación. Ofrece prueba y peticiona el progreso de la acción con costas.-
En fecha 28/04/2025 se presenta la Dra. NOLI MARÍA SOL como letrada apoderada de " OMINT ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A..".. Reconoce el contrato de seguros que unía a su mandante con la empleadora de la parte actora, haber recibido denuncia de accidente de trabajo y haber otorgado prestaciones en especie al accionante . Niega las circunstancias de la relación laboral y de la contingencia relatadas, como así también la incapacidad alegada en la demanda. Contesta la demanda y el planteo de inconstitucionalidad articulado por la parte actora. Funda en derecho. Ofrece prueba y peticiona el rechazo de la acción con costas.-
En fecha 09/05/2025 la parte actora contesta el traslado previsto por el art. 34 de la Ley 15.057 ratificando los términos de la demanda .-
En fecha 24/06/2025 se abre a prueba la causa. Se produce la prueba informativa.-
En fecha 04/02/2026, la demandada acredita cambio de denominación social a " "SERENA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A.U."
Se producen las pruebas periciales ordenadas y en fecha 13/08/2026 se colocan los autos para alegar. En fecha 18/08/2026 alega la parte demandada, en fecha 28/08/2026 lo hace la parte actora .
En fecha 03/11/2026 pasan los autos al Acuerdo del Tribunal para el dictado de sentencia.-
II. SOLUCION PROPUESTA:
En función de los siguientes hechos acreditados:
1. Atento los términos de la contestación demanda en la que la accionada reconoce expresamente haber otorgado prestaciones en especie al accionante por la contingencia denunciada en autos y no alega haber rechazado el siniestro dentro de los plazos establecidos por el art. 6 del 717/96 -texto ordenado por Decreto 1475/15- tengo por acreditada la relación laboral que unía a la parte actora con su empleadora, el contrato de seguro que unía a esta última con la legitimada pasiva de autos y la contingencia denunciada en la demanda acaecida en fecha 20/11/2024 mientras realizaba sus tareas laborales , se le caen 20 aberturas encima , golpeando sus piernas y cabeza .-. Siendo que la misma parte actora relata que desde el momento del hecho sufrió sus consecuencias, considero apropiado determinar que toma conocimiento de su primera manifestación invalidante el mismo día del infortunio.-
2. En virtud de la prueba pericial médica presentada fecha 29/03/2026 por la Dra. CENDRA ANA SILVIA que se encuentra científicamente fundada (art. 474 C.P.C.C.) tengo por acreditado que el accionante padece un 3,24% de incapacidad parcial y permanente de la total obrera- incluyendo los factores de ponderación- por limitación funcional de tobillo izquierdo ,y que la misma guarda adecuada relación de causalidad con el hecho debatido en autos.-
El informe es impugnado por la parte demandada en fecha 16/04/2025 , y ratificado por el experto en fecha 04/05/2026 .-
Siendo que tanto el informe pericial, así como la contestación a su impugnación se encuentran cientificamente fundados, no hallo mérito para apartarme .-
En virtud de la prueba pericial psicológica presentada fecha 30/05/2026 por la perito psicóloga GONZALEZ CUIDET ANGELA ANA que se encuentra científicamente fundada (art. 474 C.P.C.C.) tengo por acreditado que el accionante padece un 5% de incapacidad parcial y permanente de la total obrera, por reacción vivencial anormal neurótica de grado I, y que la misma guarda adecuada relación causal con el hecho debatido en autos.-
El informe es impugnado por la parte demandada en fecha 10/06/2026, ya ratificado por la experta en fecha 28/06/2026 .-
Sin perjuicio de ello, estimo prudente apartarme de las conclusiones a la que arribara la experta en cuanto al grado de incapacidad hallada en la salud del trabajador.-
Atento a que en autos se ventila la revisión de la resolución emitida por la Comisión Médica Jurisdiccional (art. 2 Ley 27.348), para lo cual debe emplearse el parámetro usado en el dictamen atacado (Decreto 659/96),
En el caso que nos ocupa la experta determina que el trabajador padece R.V.A.N. grado I, pero conforme La Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales del Decreto 549/25 por consiguiente considero ajustado a derecho determinar que padece R.V.A.N. grado II conforme Baremo Decreto 659/96 atento que las del grado I del referido baremo no conllevan incapacidad alguna y que la misma guarda relación causal con el accidente de trabajo debatido en autos.-
3. Respecto del ingreso base mensual del accionante, conforme remuneraciones informadas por ARCA en fecha 27/11/2025, determino el mismo en la suma de $ 1.234.713,73 , actualizado con RIPTE al momento del hecho sin la incidencia de la tasa activa que será calculada en sentencia en caso de una eventual condena favorable.
4. De la imagen de DNI glosada extraigo que el trabajador nació en fecha 25/03/1980 por lo que a la fecha de la primera manifestación invalidante contaba con 44 años de edad.-
5. La parte demandada no alegó ni acreditó en autos haber abonado al accionante los rubros reclamados en autos.-
6. Expuestos los antecedentes del caso, me ocuparé seguidamente de las circunstancias legales, conforme los términos de la demanda y las circunstancias fácticas acreditadas, de acuerdo a lo previsto por los arts. 57 de la Ley 15.057 y 163 Del Código Procesal Civil y Comercial.-
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha sentado doctrina legal en sentido que: "La indemnización por un infortunio del trabajo es la fijada por la legislación vigente en la época en que el trabajador tuvo conocimiento de la incapacidad derivada de la dolencia padecida, que es su consecuencia y determina su exigibilidad sin que una ley posterior pueda modificar el crédito preexistente , ya que el fallo judicial que declara la existencia previa de tal consecuencia y determina sus efectos no equivalen a la consecuencia misma" (L-36.936; L-35.909; L-35.908; L-36.679; L-44.932; L-45.109).-
Sentado ello, resulta de aplicación a la presente causa la Ley 24.557 con las modificaciones previstas por el Decreto 1694/09 (B.O. 6/11/09) y Ley 26.773 (B.O. 24/10/12) y Ley 27.348 (B.O. 24/2/17) por resultar las normas vigentes al momento de toma de conocimiento de la primera manifestación invalidante del trabajador (20/11/2024).-
Habiéndose dado cumplimiento con el trámite obligatorio ante las Comisiones Médicas, considero abstracto expedirme en relación al planteo de inconstitucionalidad de los arts. 8, 9, 21, 22, 40 y 46 de la Ley 24.557, Ley 14.997 , Ley 27.348.
Lo mismo ocurre en relación al art. 12 Ley 24.557 habida cuenta que los puntos atacados de la norma fueron modificados por el art. 11 de la Ley 27.348, y el resto de los artículos y resoluciones atacadas en virtud de resultar inconducente, haber sido modificados o no resultar aplicables al caso de autos.-
Sobre el tema la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha sostenido que: "Es impropio de las decisiones judiciales el dictado de pronunciamientos abstractos, por lo que no corresponde a la judicatura emitirlos." (SCBA, L 91159 S 9-6-2010, "Casati, Horacio Alfredo c/ Establecimiento Los Ceibos y otros s/ Indemnización ley 3750/46").-
7. Sentado ello, me encuentro en condiciones de establecer el quantum indemnizatorio, conforme los hechos probados y tal cual lo prescribe el art. 14 ap. 2 inc. a) de la Ley 24.557, modificado por el Decreto 1278/00 y conforme lo establece el Decreto 478/98 y ley 26.773.-
Atento a la preexistencia denunciada por la demandada respecto de la causa caratulada "MOREYRA HÉCTOR ANÍBAL C/ "SERENA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A.U." S/ RECURSO CONTRA DECISION COMISION MEDICA JURISDICCIONAL. LEY 14997 ,Nº 54170, en trámite también ante este Tribunal , habiéndose constatado que el trabajador padece en dicha causa un 5 % de incapacidad, conforme pericia obrante en las mismas, para calcular la incapacidad en estas actuaciones parto del 95% de capacidad restante ( luego de haber restado dicha incapacidad ), sobre la cual calculo el 3,24 % de incapacidad física por limitación funcional de tobillo izquierdo determinado en autos, lo arroja 3,07%; del 91,93 % restante calculo el 5 % de incapacidad psicológica determinado en autos, lo que arroja un 4,59% , totalizando una incapacidad psicofísica del 7,66 % .-
No tendré en cuenta la preexistencia denunciada por la demandada por el 2,40 % de incapacidad respecto del expediente administrativo SRT N° 503855/24, por tratarse del mismo hecho por el cual este Tribunal reconoció el 5% de incapacidad .-
La operación matemática que corresponde es la siguiente:
53 X $ 1.234.713,73 X 7,66% X 65/44 ( 1,47) = $ 7.368.655,47
Dicho importe supera el piso mínimo previsto por Decreto 1694/09 actualizado por RIPTE (art. 17 apartado 6 Ley 26.773) conforme lo estatuido por Res. 55-2024 - 1/9/24 de la Secretaría de Seguridad Social dependiente del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social ($ $ 55.699.217 X 7,66% = $ 4.266.560,02) por lo que debe considerarse el primero -
Al monto establecido deberá sumarse la indemnización adicional de pago único establecida por el art. 3 de la Ley 26.773 (20 %) la que asciende a la suma de $ 1.473.731,09.-
Consecuentemente, la indemnización que le correspondería percibir al Sr. HÉCTOR ANÍBAL MOREYRA por el accidente de trabajo padecido en fecha 20/11/2024 ,ascendería a la suma de pesos OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y SEIS ( $ 8. 842.386,56) en concepto de prestación por incapacidad permanente parcial (IPP) con más la indemnización adicional de pago único tal como lo establecen los arts. 14 apartado 2) inc. a) de la Ley 24.557 conforme Decretos 1694/09 y 478/98 y arts. 3, 8 y 17 Ley 26.773).-
8. La suma de condena determinada precedentemente devengará intereses desde su exigibilidad, es decir desde el 20/11/2024 y hasta el día 11/11/2026 conforme la tasa activa cartera general nominal anual vencida a 30 días del Banco de la Nación Argentina extraída de https://consejo.jusbaires.gob.ar/institucional/calculo-de-interes " style="color:#0000FF;text-decoration:underline ;"> https://consejo.jusbaires.gob.ar/institucional/calculo-de-interes , que ascienden a la suma de pesos SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE CON NOVENTA Y OCHO ( $ 6.372.147,98) totalizando la condena a cargo de "SERENA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A.U." , la suma de pesos QUINCE MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y CUATRO ( $ 15.214.534,54) , siendo aplicable a partir de la mora en el pago de estos montos, el interés previsto por el art. 770 del Código Civil y Comercial de la Nación (art. 11 inc. c) de la ley 27.348).-
9. Al planteo efectuado por la parte actora , para que se declare la inconstitucionalidad de la Ley 23.928, y se aplique la doctrina establecida por la SCBA en fecha 17/4/24 en autos "Barrios, Héctor Francisco c/ Lascano, Sandra Beatriz y/o s/ Daños y perjuicios", considero que éste no resulta aplicable al caso de autos por haber sido dictado dicho fallo en una causa de naturaleza civil, en que la indemnización es integral y no tarifada como en el derecho laboral, y por entender que en este caso la indemnización se encuentra debidamente actualizada con la aplicación del RIPTE al ingreso mensual base, y con la aplicación de la tasa activa del Banco Nación al capital de sentencia; en consecuencia, sostengo que el planteo articulado por la parte actora , debe ser desestimado.-_
Además considero que el fallo aludido "Barrios" no resulta aplicable al caso de autos por haber sido dictado sobre la base de presupuestos fácticos y jurídicos disímiles a los que se verifican en el presente caso.-_
10. La parte actora solicita en la demanda se le brinden al trabajador las prestaciones médicas asistenciales, farmacéuticas y de rehabilitación necesarias para el restablecimiento de su salud.-
Siendo que los peritos médico y psicóloga intervinientes informaron en sus pericias que el daño en la salud del trabajador tiene carácter permanente, corresponde colegir que el mismo se encuentra consolidado; por lo que deberá desestimarse el pedido de condena a la A.R.T. para que brinde prestaciones en especie al trabajador.
11. Atento la vigencia del DNU 669/19, debo expedirme en relación a su aplicación, adelantando desde ya mi postura a favor de la Inconstitucionalidad del mismo puesto que al dictar el DNU 669/19 el Poder Ejecutivo se arroga facultades legislativas vedadas por el art. 99 inciso 3 de la CN, toda vez que las expresiones utilizadas para el dictado del mismo no se encontrarían justificados, ni serían razonables para evitar la intervención del Congreso tal como lo exige la Constitución Nacional, no encontrándose acreditadas la existencia de necesidad y urgencia que ameritaría el dictado del mismo.-
Por los argumentos esgrimidos más arriba y en virtud de lo dispuesto en reiteradas oportunidades por la doctrina legal emanada de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en sentido que: "La declaración oficiosa de inconstitucionalidad puede y debe hacerse cuando las circunstancias así lo exijan, toda vez que el tema de la congruencia constitucional de las normas a aplicar se le plantea al juez antes y más allá de cualquier propuesta formulada por las partes (conf. entre otras, causas P. 102.521, "I., D", sent. del 2-IX-2009; L. 69.523, "Barone", sent. del 1-IV-2004);
En igual sentido observamos que: "Los jueces deben, aun de oficio, declarar la inconstitucionalidad de las normas que en su aplicación concreta, padezcan dicho vicio, ya que el tema de la congruencia constitucional se les plantea antes y más allá de cualquier propuesta de Inconstitucionalidad formulada por las partes, por lo que declaro la Inconstitucionalidad de los arts. 1, 2 y 3 del Decreto 669/19.-
12. Las costas del juicio, propongo que se impongan a la demandada vencida (Art. 24 Ley 15.057 y 68 del C.P.C.C.).-
13. La parte actora plantea la inconstitucionalidad de la ley 24.432 y art. 730 C.C.C. estimo que "el art.8 de la citada ley no desplaza al régimen arancelario provincial en la materia, ni contempla pautas regulatorias, sino que solamente limita la responsabilidad de los obligados por el pago de las costas.
De esa manera, y bajo tales consideraciones, no resultan atendibles los agravios dirigidos a cuestionar la constitucionalidad de la misma, fundamentados en la existencia de un desplazamiento del sistema regulatorio o en la adopción de pauta alguna a su respecto.
Asimismo, se ha expresado nuestro Supremo Tribunal, a partir del dictado del fallo en autos "Zuccoli Marcela A. c/ Sum S.A. (SCBA L. 77914 del 2/10/02) y en coincidencia con la doctrina de la Suprema Corte Provincial (Spagnolo Miguel A. c/ Autolatina Argentina S.A. s/ ley 9688" L.60313 del 18/11/97), al sostener que "el art.8 de la ley 24432 no desplaza al régimen arancelario provincial en la materia, ni contempla pautas regulatorias, sino que solamente limita la responsabilidad de los obligados por el pago de las costas".
A fin del mantenimiento del criterio supra resumido, resulta pertinente acatar sus conclusiones procediendo, al efecto, a otorgar operatividad a lo establecido por la ley 24432 (y en su consecuencia sobre el art. 277 de la LCT) distribuyendo los montos regulados en los términos por ella normados.
Al efecto, entiendo que "el acatamiento debido a la doctrina legal de nuestra Corte Provincial, en tanto no impida al Juzgador, dejar a salvo sus opiniones personales, no constituye un ciego seguimiento de sus pronunciamientos, ni menoscaba las facultades que los Jueces detentan. Lo contrario (apartarse de los criterios del Alto Tribunal) derivaría en irremediables casaciones (ante el respectivo Recurso Extraordinario) que, en definitiva redundaría en perjuicio de las partes litigantes".
Bajo tales consideraciones, estimo que el planteo articulado por la parte actora deviene impropio y debe ser rechazado.
14. Consecuentemente corresponde regular los honorarios de los letrados intervinientes en función de lo previsto por la ley 14.967 y teniendo en cuenta calidad, extensión y resultado de las tareas desarrolladas Dr. TORRANDEL JOSE LUIS (letrado de la parte actora en todas las etapas del proceso) en la suma de $ 1.750.000 los que al día de la fecha equivalen a 31,01 jus (a un valor de $ 56.426); Dra. NOLI MARÍA SOL (letrada de la parte demanda en todas las etapas del proceso) en la suma de $ 1.200.000 los que al día de la fecha equivalen a 21,26 jus -quienes deberán dar cumplimiento con el pago del bono ley 8480 y jus previsional según corresponda- y peritos : médico CENDRA ANA SILVIA , y psicóloga GONZALEZ CUIDET ANGELA ANA , en la suma de $ 650.000 para cada uno de ellos; todos con más aportes previsionales e IVA según corresponda (arts. 12 y 14 ley 6716 s/ley 8455y arts. 21, 22, 23, 24 sgtes. y ccdtes. de la Ley 14.967, arts. 12 y 14 ley 6716 s/ley 8455, Ac. 3869/17, SCBA L 73016 8/11/17 MORCILLO HUGO C/PROVINCIA DE BS. AS. s/Inc. Dec. Ley 9020 y arts. 193, 207 y conc. Ley 10.620 modif. ley 13750 y Art. 25 inc.b) Ley 10.765, Arts. 3, 5 y conc. Ley 23.349/Ley 23.871).-
ASI LO VOTO
Los Doctores RIVOLTA BLANCA ESTER y BUDNIK GUSTAVO DANIEL, por compartir los fundamentos adhieren al voto precedente.-
Con lo que terminó el ACUERDO, firmando los Sres. Jueces, por ante mí de lo que doy fe.-
Lomas de Zamora, en el día de la firma digital impuesta al pie.-
AUTOS Y VISTOS: Considerando los fundamentos del precedente acuerdo, el Tribunal del Trabajo N° 4 de Lomas de Zamora, fallando los autos caratulados: " MOREYRA HÉCTOR ANÍBAL C/ "SERENA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A.U." S/ RECURSO CONTRA DECISION COMISION MEDICA JURISDICCIONAL. LEY 14997 ", Expediente N°54410;
1. Obviar el planteo de inconstitucionalidad de los arts. 8, 9, 21, 22,40 y 46 de la Ley 24.557, Ley 14.997 y Ley 27.348 en cuanto imponen el cumplimiento de un trámite administrativo previo ante las Comisiones Médicas por resultar abstracto habida cuenta que la parte actora dio cumplimiento con el mismo, art. 12 Ley 24.557 habida cuenta que los puntos atacados de la norma fueron modificados por el art. 11 de la Ley 27.348. , y resto de los arts. atacados por resultar inconducente, haber sido modificados o no resultar aplicables al caso de autos (SCBA, L 91159 S 9-6-2010, "Casati, Horacio Alfredo c/ Establecimiento Los Ceibos y otros s/ Indemnización ley 3750/46").-
2. Hacer lugar a la demanda, condenando a "SERENA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A.U.". a abonar al actor HÉCTOR ANÍBAL MOREYRA, en el término de diez (10) días, por el accidente de trabajo padecido en fecha 20/11/2024 , la suma de pesos OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y SEIS ( $ 8. 842.386,56) en concepto de prestación por incapacidad permanente parcial (IPP) con más la indemnización adicional de pago único tal como lo establecen los arts. 14 apartado 2) inc. a) de la Ley 24.557 conforme Decretos 1694/09 y 478/98 y arts. 3, 8 y 17 Ley 26.773).-
3. La suma de condena determinada precedentemente devengará intereses desde su exigibilidad, es decir desde el 20/11/2024 y hasta el día 11/11/2026 conforme la tasa activa cartera general nominal anual vencida a 30 días del Banco de la Nación Argentina extraída de https://consejo.jusbaires.gob.ar/institucional/calculo-de-interes " style="color:#0000FF;text-decoration:underline ;"> https://consejo.jusbaires.gob.ar/institucional/calculo-de-interes , que ascienden a la suma de pesos SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE CON NOVENTA Y OCHO ( $ 6.372.147,98) totalizando la condena a cargo de "SERENA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A.U." , la suma de pesos QUINCE MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y CUATRO ( $ 15.214.534,54) , siendo aplicable a partir de la mora en el pago de estos montos, el interés previsto por el art. 770 del Código Civil y Comercial de la Nación (art. 11 inc. c) de la ley 27.348).-
4. Rechazar el planteo de inconstitucionalidad de la Ley 23.928 y la aplicación del caso "Barrios" por entender que éste no resulta aplicable al caso de autos por haber sido dictado dicho fallo en una causa de naturaleza civil, en que la indemnización es integral y no tarifada como en el derecho laboral, y por considerar que en este caso la indemnización se encuentra debidamente actualizada con la aplicación del RIPTE al ingreso mensual base, y con la aplicación de la tasa activa del Banco Nación al capital de sentencia.-
5. Rechazar el pedido de condena a la A.R.T. para que brinde prestaciones en especie al trabajador por carecer de causa legal que lo sustente habida cuenta que el daño en la salud del trabajador se encuentra consolidado (art. 726 C.C.C.) .-
6. Hágase saber a la A.R.T. que conforme el art. 17 de la ley 27.348 todas las prestaciones dinerarias e indemnizaciones que se liquiden administrativa o judicialmente, deberán ser depositadas en la "cuenta sueldo" del respectivo trabajador, creada en virtud de lo establecido en la ley 26.590 y normativa complementaria y siempre que aquella se encuentre disponible.-
Hágase saber al actor a que deberá comunicar a la ART demandada entidad y sucursal Bancaria; CBU ; Número de cuenta y CUIL bajo su titularidad a la cual se transferirán los fondos que le correspondieren, quedando suspendidos los plazos procesales para el pago hasta tanto el acreedor de cumplimiento con ello .-
7. Declarar la inconstitucionalidad del DNU 669/19 habida cuenta que el Poder Ejecutivo se arroga facultades legislativas vedadas por el art. 99 inciso 3 de la CN al modificar la tasa de interés que debe utilizarse hasta el momento de liquidar la indemnización por incapacidad laboral definitiva prevista por el art. 11 de la Ley 27.348 que modifica el art. 12 de la Ley 24.557.-
8. Las costas del juicio, se imponen a la demandada vencida (Art. 24 Ley 15.057 y 68 del C.P.C.C.).-
9. Rechazar el planteo de inconstitucionalidad de la Ley 24.432 por no advertirse lesión constitucional alguna (SCBA en autos Spagnolo Miguel A. c/ Autolatina Argentina S.A. s/ ley 9688" L.60313 del 18/11/97).-
10. Regular los honorarios de los letrados intervinientes en función de lo previsto por la ley 14.967 y teniendo en cuenta calidad, extensión y resultado de las tareas desarrolladas Dr. TORRANDEL JOSE LUIS (letrado de la parte actora en todas las etapas del proceso) en la suma de $ 1.750.000 los que al día de la fecha equivalen a 31,01 jus (a un valor de $ 56.426) ; Dra. NOLI MARÍA SOL (letrada de la parte demanda en todas las etapas del proceso) en la suma de $ 1.200.000 los que al día de la fecha equivalen a 21,26 jus -quienes deberán dar cumplimiento con el pago del bono ley 8480 y jus previsional según corresponda- y peritos : médico CENDRA ANA SILVIA , y psicóloga GONZALEZ CUIDET ANGELA ANA , en la suma de $ 650.000 para cada uno de ellos; todos con más aportes previsionales e IVA según corresponda (arts. 12 y 14 ley 6716 s/ley 8455y arts. 21, 22, 23, 24 sgtes. y ccdtes. de la Ley 14.967, arts. 12 y 14 ley 6716 s/ley 8455, Ac. 3869/17, SCBA L 73016 8/11/17 MORCILLO HUGO C/PROVINCIA DE BS. AS. s/Inc. Dec. Ley 9020 y arts. 193, 207 y conc. Ley 10.620 modif. ley 13750 y Art. 25 inc.b) Ley 10.765, Arts. 3, 5 y conc. Ley 23.349/Ley 23.871).-
11. Hágase saber a la demandada que el depósito judicial previsto por el art. 277 de la LCT no rige para el pago de los honorarios de los profesionales intervinientes en autos.-
Hágase saber a los profesionales que deberán comunicar al obligado al pago los datos de cuenta bancaria de su titularidad para percibir los emolumentos pertinentes y acompañar la factura correspondiente, quedando suspendidos los plazos procesales para el pago hasta tanto el acreedor de cumplimiento con ello.-
Hágase saber a la parte obligada al pago que deberá acreditar en autos la efectivización de las transferencias por los créditos reconocidos en la presente sentencia, bajo apercibimiento de darle curso a las medidas ejecutivas que eventualmente promuevan los interesados (art. 12 ley 15.057).
12. Expídase comunicación de desvinculación de los peritos peritos CENDRA ANA SILVIA, GONZALEZ CUIDET ANGELA ANA, al Señor Secretario del Organismo de Contralor de la Excma Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Departamental.- (art. 27 anexo I, Acuerdo 2728, texto según Acuerdo 2873 SCJBA), a sus efectos.-
11. Hágáse saber a la parte demandada que si pretende recurrir ante la SCBA la presente sentencia, deberá peticionar con antelación suficiente la apertura de la correspondiente cuenta judicial para cumplir con el depósito previo dentro del plazo para recurrir.-
12. Regístrese. Notifíquese. Practíquese por Secretaría la correspondiente liquidación. Oportunamente archívese.-
A tal efecto se transcribe el art 54 de la ley 8904: "Los honorarios regulados judicialmente deberán abonarse dentro de los diez (10) días de quedar firme el auto regulatorio. Los honorarios por trabajos extrajudiciales se abonarán dentro de los diez (10) días de intimado su pago, cuando sean exigibles. Operada la mora, el profesional podrá optar por: a) reclamar los honorarios revaluados con el reajuste establecido en el art. 24, con más un interés del ocho (8) por ciento anual. b) Reclamar los honorarios, con más el interés que perciba el Banco de la Provincia de Buenos Aires en operaciones de descuento. Los honorarios a cargo del mandante o patrocinado quedarán firmes a su respecto si la notificación se hubiere practicado en su domicilio real. En la cédula de notificación, en todos los casos y bajo apercibimiento de nulidad, deberá transcribirse este artículo." y el Art. 54 de la Ley 14.967: "Las providencias que regulen honorarios deberán ser notificadas personalmente, por cédula a sus beneficiarios, al mandante o patrocinado y al condenado en costas, si lo hubiere. Asimismo, será válida la notificación de la regulación de honorarios efectuada por cualquier otro medio fehaciente, a costa del interesado. Los honorarios a cargo del mandante o patrocinado quedarán firmes a su respecto si la notificación se hubiere practicado en su domicilio real y a la contraparte en su domicilio constituido. Habiendo cesado el patrocinio o apoderamiento y constituido el ex cliente nuevo domicilio, la notificación de honorarios a este podrá ser efectuada en este último domicilio. En todos los casos, bajo pena de nulidad, en el instrumento de notificación que se utilice para ello, deberá transcribirse este artículo. Los honorarios regulados por trabajos judiciales deberán abonarse dentro de los diez (10) días de haber quedado firme el auto regulatorio. Los honorarios por trabajos extrajudiciales se abonarán dentro de los diez (10) días de intimado su pago, cuando sean exigibles. Operada la mora, el profesional podrá optar por: a) reclamar los honorarios expresados en la unidad arancelaria Jus prevista en esta ley, con más un interés del 12% anual. b) reclamar los honorarios regulados convertidos al momento de la mora en moneda de curso legal, con más el interés previsto en el artículo 552 del Código Civil y Comercial de la Nación".-
Firmas
Funcionario firmante: LAREQUI Maria Eugenia - JUEZ
Funcionario firmante: RIVOLTA Blanca Ester - JUEZ
Funcionario firmante: BUDNIK Gustavo Daniel - JUEZ
Funcionario firmante: CORVINI Solange - SECRETARIO
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 2167-2026
Fin de la sentencia