Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Haciendo lugar al recurso de casación interpuesto a fs. 675/680 por el Sr. Defensor particular del imputado CRISTIAN DARIO MORIONES, anulando la decisión atacada por lo considerado ut supra, debiéndose integrar un nuevo tribunal a fin de resolver según lo expresado en los considerandos precedentes.-
PROVINCIA: SANTA CRUZ LOCALIDAD: RIO GALLEGOS FUERO: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA SECRETARIA: PENAL INSTANCIA: TERCERA SENTENCIA Nº:009 OBJETO: RECURSO DE CASACIÓN
FECHA: 22 de abril de 2014 AUTOS: "MORIONES, CRISTIAN DARIO S/HOMICIDIO SIMPLE COMETIDO CON EXCESO EN LA LEGÍTIMA DEFENSA DE TERCERO" Expte. Nº M-783/13/TSJ.-
En la ciudad de Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz, a los veintidos días del mes de abril de dos mil catorce, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia integrado por los vocales, Dres. Enrique Osvaldo Peretti, Alicia de los Ángeles Mercau y Paula Ernestina Ludueña Campos, bajo la presidencia del Dr. Mauricio Daniel Mariani, con la asistencia del Sr. Secretario Dr. Ricardo Javier Albornoz, pronuncia la presente sentencia dictada en los autos caratulados "MORIONES, CRISTIAN DARIO S/HOMICIDIO SIMPLE COMETIDO CON EXCESO EN LA LEGÍTIMA DEFENSA DE TERCERO" Expte. Nº M-783/13/TSJ, en razón que la Excma. Cámara de la Segunda Circunscripción Judicial a fs. 672/673 rechazó el beneficio de suspensión de juicio a prueba solicitado por el imputado CRISTIAN DARIO MORIONES, quien se encuentra imputado por el delito de homicidio simple cometido con exceso en la legítima defensa de un tercero (arts. 34 inc. 7º, 35, 79 y 84 del CP). Que en esta instancia han actuado en calidad de partes, el imputado Cristian Dario Moriones, quien se encuentra asistido por el Dr. Heraldo Juan Nanni, y se desempeñó como Fiscal ante este Tribunal Superior de Justicia el Dr. Claudio Roberto Espinosa y,
I.-) Que, contra el interlocutorio dictado por la Excma. Cámara de la Segunda Circunscripción Judicial que luce a fs. 672/673, interpuso recurso de casación el Defensor particular del imputado Moriones, Dr. Nanni fundándolo en los artículos 439, 440 y ccs. del C.P.P. en función de lo establecido por el art. 446 y ccs. del C.P.P. y arts. 4 y ccs. de la ley Pcial. Nº 1687, planteando se case y nulifique la sentencia recurrida, resolviendo el caso conforme la ley y en definitiva, revoque la sentencia recurrida otorgando la posibilidad de solicitar y obtener el beneficio de suspensión del juicio a prueba a mi defendido Cristian Dario Moriones en orden al delito de homicidio cometido con exceso en la legítima defensa por el cual ha sido elevada la causa a juicio oral.
También se solicita la nulidad de la sentencia toda vez que se ha tomado una decisión sin realizarse la respectiva audiencia prevista por los arts. 76 bis del C.P. y 277 del C.P.P..- La defensa sostuvo que "...ratifica los términos del recurso de casación deducido a fs. 675/680, agregando que consideran el fallo de la Cámara infundado e irrazonable ya que no contempló diversas circunstancias que afectan el derecho de defensa. Que el pedido de probation fue negado por el Fiscal de Cámara en forma infundada, toda vez que el delito prevé una pena en suspenso. El Fiscal adelantó la pena a pedir y la estableció en cinco años. Que nadie discute que el hecho ha sido grave ya que falleció una persona.
Pero el hecho es muy traumático toda vez que la víctima era una persona que tenía problemas con la ingesta de alcohol y tenía prohibición de acceso a la vivienda; no obstante, éste ingresó y en forma causal, como Moriones tenía un cuchillo y lo lesionó en una herida de tres centímetros. Agrega que Moriones está criando los cinco hijos de la persona fallecida, por lo que no se entiende que se rechaza atento a las condiciones personales. Que la suspensión del juicio a prueba permite en este caso toda vez que tiene una pena que puede dejar en suspenso. Que cerrar el capítulo de la historia de la familia a través de una suspensión de juicio era totalmente razonable. Agrega que la cámara debió analizar las razones y fundamentos de la oposición del fiscal, sin perjuicio que también no se realizó la audiencia.
Sostiene que Moriones hace seis meses está trabajando y una pena en este caso agravaría la situación familiar...".- Para finalizar, el Dr. Claudio Roberto Espinosa, Agente Fiscal ante este Alto Cuerpo, expresó que "...el caso ya ha sido tratado por este Tribunal Superior de Justicia, la discusión de la fiscalía y defensa cae ya que no se llevó a cabo la audiencia toda vez que la Cámara no hace lugar a la Suspensión del juicio a prueba, pero para llegar a esa solución el art. 277 establece una audiencia específica donde se expresan las partes. Al no efectuarse la audiencia, solicita la nulidad de lo actuado por no haberse llevado a cabo la audiencia...".- Atento todo lo manifestado por las partes intervinientes corresponde resolver las cuestiones a tratar: PRIMERA CUESTIÓN: ¿Resulta admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 675/680 por la defensa del imputado CRISTIAN DARIO MORIONES?
SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Se verifican las violaciones legales de orden procesal? TERCERA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.-
Dada la importancia y complejidad de la causa, el Tribunal resuelve pasar a deliberar a los fines de dictar la presente sentencia y,
PRIMERA CUESTIÓN: ¿Resulta admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 675/680 por la defensa del imputado CRISTIAN DARIO MORIONES?
I.-) En principio, en términos generales, el recurso de casación deducido por el Sr. Defensor particular Dr. Heraldo Juan Nanni en representación de su pupilo Cristian Dario Moriones, es admisible toda vez que el estudio de la problemática sometida a resolución, surge dentro de los términos del art. 440 del CPP, es decir, se puede equiparar la resolución como definitiva.-
Lo expuesto resulta concordar con la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que equiparó a sentencia definitiva la decisión denegatoria del pedido de la denominada probation: "...es doctrina del tribunal que las resoluciones cuya consecuencia sea la obligación de seguir sometido a proceso criminal no reúne por regla, la calidad de sentencia definitiva a los efectos del artículo 14 de ley 48, sin embargo corresponde hacer excepción a dicha regla en los casos en los cuales su aplicación podría provocar un gravamen de insuficiente, imposible o tardía reparación posterior. Tal supuesto se da cuando se rechaza el beneficio de la suspensión del juicio a prueba, pues el gravamen de tal denegatoria no resulta susceptible de reparación posterior, en tanto se restringe el derecho del procesado a poner fin a la acción y evitar la imposición de una pena...". Así, "...la finalidad de quien requiere la suspensión del juicio a prueba no es la de obtener una sentencia absolutoria, sino la de no seguir sometido a proceso mediante la extinción de la acción penal..." (Fallos: 320:2451, "Padula, Osvaldo Rafael y otros s/Defraudación", 11/11/97; voto conjunto de los Dres. Nazareno, O'Connor, Fait, Bellucio, Bolggiano, López, Bossert y Vázquez).- Por todo lo expuesto, corresponde votar por la afirmativa.-
II.-) SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Se verifican las violaciones legales de orden procesal? En este entendimiento, y abocados ya en el estudio de los agravios presentados por la parte recurrente, corresponde analizar si la resolución de los jueces de la Excma. Cámara en lo Criminal y Correccional de la Segunda Circunscripción judicial, de rechazar la solicitud de suspensión del juicio a prueba, sin que se lleve a cabo la audiencia respectiva, se encontró ajustada a derecho.- En este orden de ideas, es oportuno destacar lo sostenido por la Corte Suprema de Justicia cuando dice que el imputado en juicio criminal tiene derecho a un proceso tramitado legalmente, en el que se guarden las formas sustanciales, de manera que puedan ejercitar sus derechos con las solemnidades establecidas por las leyes de procedimiento (Conf. Fallos: 310:57 y 310:745, entre muchos otros).-
Precisamente, la suspensión del juicio a prueba, prevista en el art. 277 del C.P.P.; tiene expresa previsión normativa que en el ámbito formal aseguran su trámite dentro del proceso, otorgando a las partes intervinientes el derecho a expresarse en el ámbito de una audiencia, tras la cual el órgano jurisdiccional podrá pronunciarse sobre el beneficio solicitado.-
La doctrina dice con relación al tema "...La finalidad que se persigue mediante la realización de la audiencia es la de otorgar al imputado la posibilidad de ser oído, aspecto fundamental del derecho de defensa. Se destaca la importancia de celebrar la audiencia ante el juez y en presencia de todos los actores del proceso toda vez que, para adoptar este tipo de decisiones, se requiere la participación activa de las partes del proceso...En dicha audiencia, además de la lógica presencia del imputado, necesariamente debe encontrarse el fiscal y, si lo requieren, el querellante y el actor civil, en caso de que quieran defender sus derechos con respecto al resarcimiento que pretendan, debiéndoselos notificar fehacientemente a todos...Es así que el imputado tiene derecho, personalmente o por medio de su defensor, según el caso, a estar presente en ciertos actos a los fines de su legalidad: contralor y advertencia de medios aptos para su defensa.
De esta forma, este concepto encuentra razón en el derecho del individuo a tomar parte en todo acto cuyo desenvolvimiento puede encontrar una oportunidad o un elemento para alegar en su defensa, sea en relación al fondo del asunto, sea respecto de su situación procesal. Por consiguiente, la violación de todas aquellas normas que prescriben determinados actos, formalidades, circunstancias de tiempo y de lugar, a fin de poner al imputado en condiciones de presentarse en el procedimiento, da lugar a la nulidad..." (Código Procesal Penal de la Nación,, Miguel Ángel Almeyra -Director-, Mariano La Rosa -Suspensión del Proceso a Prueba-, ed. La Ley, pág. 492/493.).- Teniendo en cuenta la previsión legislativa, y aún en el supuesto que se considere, para la procedencia del instituto, la previa conformidad del Ministerio Público -aspecto que será tratado más adelante-, no hay razón suficiente para sostener que la realización de la audiencia signifique un dispendio jurisdiccional, toda vez que el cumplimiento de las distintas formas procesales que el ordenamiento jurídico acuerda a los sujetos intervinientes en el proceso es por naturaleza garantía de las partes, las cuales no pueden quedar sometida a la discrecionalidad del juzgador.(Conf..
"Fernández Larrandaburu, Martín Aníbal s/recurso de casación", CNCP, Sala II, 30/4/04, MJ-JU-M-2245-AR).- La jurisprudencia ha sido clara sosteniéndose que "...el debido proceso legal en lo instrumental comprende el conjunto de procedimientos que deben jurídicamente cumplirse para que un pronunciamiento judicial que se refiere a la libertad individual sea formalmente válido; pues cabe recordarlo, en materia criminal en donde se encuentran en juego los derechos sustanciales de la persona en orden a la libertad y el honor, deben extremarse los recaudos orientados a garantizar en plenitud un efectivo y concreto ejercicio del derecho de defensa..." (Conf. Causa nº 1646, "Abdon, Diego A. y Lemos, Isidro J. s/recurso de casación" Reg. 2052, Rta. 24/6/98).- En otros términos, el art. 277 del C.P.P., faculta al Tribunal para conceder el beneficio en audiencia única.
Asimismo -a contrario sensu- en la misma oportunidad podrá decidir no hacer lugar a lo solicitado por el imputado; ahora bien en modo alguno puede implicar per se, la no realización de la audiencia, toda vez que es allí donde las partes han de fundamentar sus peticiones; máxime como en el caso de autos donde el delito imputado, no tornaba manifiestamente improcedente la aplicación del beneficio.- Así, "...el derecho a ser oído, no se concreta de cualquier modo, toda vez que el código adjetivo, establece una forma específica para ello: 'en audiencia única', donde las partes tendrán derecho a expresarse..."; por lo tanto omitir la mencionada formalidad, es establecer un procedimiento distinto al dispuesto en el ordenamiento procesal.-
El derecho a ser oído lleva necesariamente a que el sistema procesal se estructure en forma tal que posibilite al contradictorio... Al momento de ser oído, el imputado goza de plena libertad para expresar todo lo que considere conveniente, para explicar lo que estime ante la incriminación formulada en su contra... esta manifestación de voluntad no puede ser coartada, perturbada ni direccionada..." (Jauchen, Eduardo "Tratado de Derecho Procesal Penal", T. I, pág. 137).- De allí entonces que omitir un procedimiento establecido precisamente como ámbito para atender a las argumentaciones de las partes, implica en relación al imputado una restricción al pleno ejercicio del derecho a ser oído, menoscabando, por tanto el derecho de defensa y el debido proceso.-
Tal falencia no puede pasar inadvertida en la presente causa, donde por un lado -como se manifestara ut supra- no parece manifiestamente improcedente la petición articulada, (recaudo exigido en alguna jurisprudencia para omitir la realización de la audiencia) en tanto por otro lado, la intervención del Ministerio Público Fiscal presenta esmirriados argumentos. Por tal motivo, la realización de la audiencia prevista en el artículo 277 del CPP, no puede considerarse un dispendio jurisdiccional, sino por el contrario, el marco procesal necesario para que el Tribunal escuche las argumentaciones de las partes y funde fáctica y jurídicamente su decisorio.- Es oportuno aclarar que el criterio expuesto en los considerandos precedentes en relación a la omisión de realización de la audiencia prevista en el artículo 277 CPP, no implica opinión alguna en torno a la procedencia del instituto normado en el artículo 76 bis del Código Penal, situación que deberá ser merituada por el tribunal de grado al momento de realizarse la referida audiencia, ponderando allí si, los argumentos de la Fiscalía.-
Así, en coincidencia con el criterio expuesto en el presente, sostiene la jurisprudencia el derecho a expresarse en el ámbito de una audiencia tras la cual el órgano judicial podrá pronunciarse sobre el beneficio solicitado (CNCP, Sala II, in re: "Garcete, Federico Ramón s/recurso de casación, causa nº 1990, rta. el 12/05/99; "González, Ricardo H. s/rec. casación e inconstitucionalidad", causa nº 2147, rta. el 14/07/99, reg. nº 2684; "Mascimo, María Susana s/recurso de casación" causa nº 2166, rta. 6/09/99, reg. nº 2774; "Carcacci, Fernando Gabriel s/recurso de casación", causa nº 2753, rta. el 6/09/00, reg. nº 3500 y López Belastegui, Carlos A. s/recurso de casación", causa nº 12930, reg. nº 15994 de la sala I, rta. 08/06/2010, entre otros).- Conforme la doctrina y jurisprudencia expuestas, en el caso concreto de autos, al no celebrarse la audiencia que fija el artículo 277 del Código Procesal Penal, se ha privado al imputado de la oportunidad de expresar los fundamentos sobre los cuales sustentó la solicitud de suspensión del proceso a prueba, circunstancia ésta que resulta atendible a los fines de anular la decisión atacada, toda vez que se afectó el derecho a ser oído y por consiguiente el derecho de defensa en juicio consagrado en el artículo 18 de nuestra Carta Magna.- Similar criterio ha seguido este Alto Cuerpo en los precedentes "Andrade, Octavio Ramiro s/abuso sexual simple reiterado" Expte. Nº A-700/11/TSJ y "Aguilar, Juan Bautista s/abuso sexual simple reiterado -dos hechos-" Expte. Nº A-714/11/TSJ.-
III.-) No obstante lo expuesto, corresponde abordar el análisis de si el dictamen fiscal resulta ser vinculante para el tribunal conforme a la normativa prevista por el 76 bis cuarto párrafo del Código Penal.-
Sobre el tema en estudio, es dable señalar que, si bien es cierto la doctrina sostiene que la oposición del Ministerio Público Fiscal en principio es vinculante para el otorgamiento de la suspensión del juicio a prueba, no es menos cierto que también se ha sostenido que el mencionado dictamen se encuentra siempre sujeto al control de logicidad y fundamentación por parte del órgano jurisdiccional, atento al deber que les compete de motivar las conclusiones con sus dictámenes (art. 62 del ordenamiento ritual).- En este sentido se ha dicho: 'No puede obstar a la concesión de la suspensión del juicio a prueba, la opinión del Ministerio Público Fiscal, si carece de los recaudos necesarios para atribuirle motivación suficiente que le confiera validez, no ajustándose a las constancias de la causa de las que arbitrariamente prescinde, al tiempo que se margina de la norma integradora' (S.T. Entre Ríos, Sala I, 'M., R. y otros' del 07.03.2001, citado por Edgardo Alberto Donna, 'El Código Penal y su interpretación en la jurisprudencia', tomo 1, Rubinzal-Culzoni, 2003, pág. 617, comentario al art. 76 bis); 'Aún cuando una de las condiciones de procedencia de la suspensión del proceso a prueba -art. 76 bis del CPen.- la constituye el consentimiento del fiscal; para que esa opinión negativa vincule al juez, resulta ineludible que el dictamen se encuentre debidamente fundado' (T.S.Córdoba, Sala Penal, 'Pérez, Martín F.' del 12.09.2003, Lexis nº 1/70013175-1) y 'Si bien la ley exige dictamen favorable para hacer lugar a la suspensión del juicio a prueba, la oposición debe ser fundada y serlo en base a argumentos convincentes. La fundamentación de las decisiones judiciales y de los dictámenes de los funcionarios públicos son un imperativo constitucional que hace al Estado de Derecho' (Cám.Nac.Crim.y Correc., Sala Iª, c. 44.764 'F., C. A.' del 05.03.96, voto del Dr. Donna, también citado en la obra antes indicada).- En concordancia con lo expuesto, el art. 62 del código de forma establece como requisito sine quanon que los requerimientos y conclusiones de los representantes del Ministerio Público Fiscal deben ser motivados y específicos.-
Desde este punto de vista, la oposición fiscal debe ser fundamentada de manera lógica y razonable, toda vez que si la misma no reúne los mencionados requisitos el juez aún ante la oposición de la fiscalía puede resolver con prescindencia del dictamen ante lo que se llama palmaria irrazonabilidad.-
Teniendo en cuenta el carácter vinculante que se le adjudicó al dictamen del Sr. Fiscal, conviene resaltar que lo argüido por el representante de la vindicta pública resulta ser muy impreciso ya que no alcanza con manifestar que "...luego de evidenciar los hechos acontecidos y la gravedad de los mismos, como así también las condiciones personales del imputado y los motivos que llevaron a delinquir...", sin aclarar cuales son las condiciones personales del imputado que lo hacen menos merecedor del beneficio o cuales supone el Sr. Fiscal que fueron los motivos ocultos que lo 'llevaron a delinquir' o cualquier otra fundamentación en razón de una política criminal fijada por la Fiscalía.- En esta línea, las carencias de motivación del pronunciamiento fiscal obrante a fs. 665 y 669, afectan su legitimidad dentro de la sistemática del art. 76 bis del Código Penal y que afectan la solución sobre el fondo del asunto.-
Es dable tener en cuenta, lo manifestado por el Sr. Fiscal por ante este Alto Cuerpo durante la sustanciación de la audiencia de debate, donde solicitó se declare la nulidad de la resolución por no haberse sustanciado la audiencia del 277 del CPP.-
Así pues, ante la carencia de fundamentación, se ha privado al imputado y su defensa de expresar en la audiencia -tal cual como se analizara precedentemente-, los fundamentos sobre los cuales sustentaba la solicitud de suspensión de juicio a prueba, oportunidad en la cual el Sr. Agente Fiscal debía fundamentar su criterio, en base a una política criminal razonable y fundada, de manera que la defensa pueda ejercer correctamente su ministerio sin afectación alguna.- Sostiene la jurisprudencia "...en principio, la opinión del fiscal es de carácter vinculante al prestar acuerdo o al oponerse a la probation, puesto que la suspensión del proceso a prueba no es otra cosa que interrumpir el curso de la acción penal, facultad de la que el órgano jurisdiccional carece porque los poderes autónomos para promoverla y la continuidad de su ejercicio dependen exclusivamente, por mandato constitucional (art. 120), del representante del Ministerio Público. Sin embargo, es posible apartarse de su opinión en aquellos supuestos en que el representante de la vindicta pública se expide sin siquiera evaluar la razonabilidad del ofrecimiento formulado por el imputado, ni analizar las circunstancias concretas del caso que permitan o no conceder el beneficio solicitado, debido a que 'tanto los dictámenes como los pronunciamientos que carecen de apoyatura suficiente ocultan la verdad objetiva y entorpecen el derecho de defensa, que en modo alguno es factible restringir porque reconoce raigambre constitucional'..." (CFed. de Gral. Roca, 27/11/97, "M., L.B., JPBA 102-157).- Sobre las bases de las consideraciones señaladas, corresponde hacer lugar al Recurso de Casación deducido por el defensor particular en representación de Cristian Darío Moriones, anulando la resolución recurrida, debiéndose remitir las presentes actuaciones a la Excma. Cámara Penal a fin de que imprima el trámite conforme la doctrina aquí sentada (Art. 454 del C.P.P).-
IV.-) TERCERA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?. De conformidad a lo establecido en los arts. 446 y 448, 454 C.P.P., corresponde HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto a fs. 675/680 por el Sr. Defensor particular de CRISTIAN DARIO MORIONES, anulándose la resolución dictada a fs. 672/673 por la Excma. Cámara Criminal de la Segunda Circunscripción Judicial, debiéndose realizar la audiencia establecida por el artículo 277 del Código Procesal Penal, a fin de resolver luego la procedencia o no del instituto.-
Por ello, normas legales, jurisprudencia y doctrinas citadas, el EXCMO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
1. HACIENDO LUGAR al recurso de casación interpuesto a fs. 675/680 por el Sr. Defensor particular del imputado CRISTIAN DARIO MORIONES, ANULANDO la decisión atacada por lo considerado ut supra, debiéndose integrar un nuevo tribunal a fin de resolver según lo expresado en los considerandos precedentes.-
2. Regístrese. Notifíquese. Oportunamente devuélvanse los autos mediante oficio de estilo.-
FIRMADO: Dr. Mauricio Mariano-Presidente Tribunal Superior de Justicia; Dr. Enrique Osvaldo Peretti-Vocal; Dra. Alicia de los Ángeles Mercau-Vocal; Dra. Paula E. Ludueña Campos- Vocal; Ante mí: Dr. Ricardo Javier Albornoz-Secretario.-
PROTOCOLIZACION: TSS2002S.141 TOMO:VI– SENTENCIAS- T.S.J.
REGISTRO Nº:009 FOLIO Nº: 058/062 SECRETARIA: 2
Fin de la sentencia