Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala A · Causa 47.782-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Tener a la recurrente por desistida parcialmente de la acción y del derecho, incluso el de repetición, con respecto a los impuestos e intereses correspondientes, conforme el Considerando VII, con costas; y condonar la multa aplicada y los intereses en la proporción que corresponda, con costas por su orden.
2Revocar el ajuste fiscal de conformidad con el Considerando VIII. Con costas al Fisco Nacional.
3Confirmar los ajustes fiscales conforme el Considerando IX. Con costas a la recurrente.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-103483509-APN-VOCII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 17 de Septiembre de 2025 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reúnen los miembros de la Sala “A”, Dres. Laura A. Guzmán (Vocal Titular de la Segunda Nominación) y Pablo A. Porporatto (Vocal Subrogante de la Tercera Nominación) a fin de resolver el expediente N° 47.782-I, caratulado: “MORIXE HERMANOS S.A.C.E.I. s/recurso de apelación“, La Dra. Guzmán dijo:
I. Que a fs. 69/80 la recurrente interpuso recurso de apelación contra las Resoluciones N° 265/2016, 266/2016 y 267/2016 (DV RRII P) de la AFIP-D.G.I., todas de fecha 29/12/2016, en las cuales se determinan de oficio los impuestos a las ganancias -periodo fiscal 2011-, a las ganancias-salidas no documentadas -periodos fiscales 10/2010 a 05/2011- y al Valor Agregado -periodos fiscales 06/2010 a 05/2011-, respectivamente. En la Resolución N° 265/2016, se determinó de oficio la obligación tributaria como consecuencia de la impugnación de la deducción, la cual el Fisco Nacional entendió improcedente.
Con relación a la Resolución N° 266/2016, además se liquidaron intereses resarcitorios y se aplicó multa graduada en tres veces del monto total del tributo evadido, en los términos de los arts. 46 y 47 inc. d) de la ley 11.683. Finalmente, mediante la Resolución N° 267/2016, se estableció el saldo técnico a favor de la recurrente.
En primer término, efectúa una reseña detallada de las resoluciones apeladas y los cargos efectuados por el organismo fiscal.
Sostiene que los actos recurridos son una reiteración de los argumentos dados en la etapa administrativa sin superar falencias de forma incurridas en instancias anteriores. Por ese motivo, expresa que los actos carecen de motivación y de tratamiento real de las defensas planteadas por su parte en el descargo, lo que conlleva su nulidad. Funda su pedido en doctrina y jurisprudencia.
Manifiesta que “las resoluciones apeladas no efectúan un tratamiento de los hechos acaecidos, no ponderan las manifestaciones vertidas por mi representada, y lo peor de todo, tampoco consideran la prueba ofrecida en tal oportunidad, lo cual no hacer más que evidenciar violaciones al debido proceso”. Por ello, considera que es aplicable la doctrina de arbitrariedad a los actos apelados.
Cuestiona el ajuste fiscal sobre la cuenta contable “Trigo a fijar”. Dice que el Fisco Nacional parte de una inexactitud, pues la reversión de la cuenta contable “Trigo a fijar” ocurrió en el ejercicio fiscal 2011 y no en el 2012, tal como se sostuvo en la resolución del Impuesto a las Ganancias (N° 265/2016).
Explica que se impugna un gasto que no habría formado parte del resultado contable ni del resultado impositivo del periodo fiscal analizado. Detalla que la impugnación de gastos se relaciona con el asiento N° 6570 del 31/05/2011, afirmándose que se refiere a existencias finales de ejercicio.
Aclara que dicho cargo contable representaba un resultado contable temporal que luego fue anulado por el asiento contable N° 1341 de la misma fecha 31/05/2011, en la cuenta contable “Cuenta Compensación Gastos y Compras de Producción”. Sobre este último asiento, refiere que la diferencia de montos consiste en que también anuló otras imputaciones contables. En ese sentido, calcula que el saldo del periodo fiscal 2011 es de cero. Controvierte la observación del ente fiscal sobre las facturas deducidas de Molino Osiris S.A.
correspondientes a la cuenta “Mercadería y Servicios a facturar”, de fecha 30/09/2011, 12/10/2011 y 14/11/2011 y por ende, serían operaciones del ejercicio fiscal siguiente.
Al respecto, sostiene que son válidas y cumplen con todos los requisitos formales y que la impugnación surge porque el proveedor no consignó en el cuerpo de las facturas el periodo fiscal donde se prestó el servicio de fasón. Este aspecto -entiende- sería contradictorio toda vez que no fueron impugnados los costos de producción en el periodo fiscal 2011 y sin este servicio la recurrente no podría haber producido la harina suficiente para las ventas de ese periodo.
Por otro lado, cuestiona el ajuste sobre la impugnación de los gastos y créditos fiscales originados en facturas emitidas por los proveedores TRANSPORTES ALC S.R.L y JVZ S.R.L. En ese sentido, controvierte la responsabilidad que se le endilga por el deber de controlar a los proveedores con los que contrata. A su vez, afirma que el rechazo y falta de valoración de la prueba ofrecida en sede administrativa vulneró su derecho al debido proceso.
Con relación a la multa impuesta en concepto de Salidas No Documentadas, realiza un análisis de la figura prevista en el art. 46 de la ley 11.683 y sus elementos, para concluir que no se probó que actuó con dolo y en todo caso, correspondería la aplicación de la figura de la sanción prevista en el art. 45. Además, expone que no es posible aplicar multas con sustento en el art. 46 cuando comprende el instituto de salidas no documentadas. Por último, ofrece prueba y formula reserva del caso federal.-
II. Que a fs. 103/117vta. contesta el recurso la representación fiscal, quien por las razones de hecho y de derecho que expone, solicita se rechace la nulidad articulada y se confirmen las resoluciones recurridas, con imposición de costas. Acompaña como prueba las actuaciones administrativas y hace reserva del caso federal.
III. Que mediante su escrito obrante a fs. 100/vta., la recurrente informó su acogimiento a la ley 27.260. Incluye los ajustes fiscales vinculados al cómputo de gastos y créditos fiscales improcedentes originados en facturas emitidas por los proveedores TRANSPORTES ALC S.R.L y JVZ S.R.L. Así ello, manifestó su desistimiento parcial de la acción y derecho, incluso de repetición y solicitó la condonación de la multa aplicada en concepto de Salidas No Documentadas.
Posteriormente, a fs. 150/vta. se abre la causa a prueba. A fs. 161 se da por decaído su derecho a la producción de la prueba pericial contable. A fs. 165 se da por decaído su derecho a producir la prueba informativa y se elevan los autos a consideración de la Sala “A”.
Finalmente, a fs. 175 se llaman los autos para dictar sentencia.-
IV. Que a partir del informe de inspección obrante en los antecedentes administrativos (vid. fs. 673/683 del cuerpo principal N°4) y los argumentos esbozados en las resoluciones recurridas, surge que: - La actividad principal por la que se encontraba inscripta la recurrente es Molienda de trigo, a través de la cual obtenía harinas y otros tipos de alimentos. El cierre de los ejercicios contables era el 31/05. El cargo fue generado a raíz de una nota en la que se informó que la recurrente era usuaria de facturas emitidas por la empresa Transportes ALC. S.R.L., calificada como una “Usina de Facturación Apócrifa”. Poseía cuentas bancarias y era titular de cuatro automotores Toyota Corolla y propiedades. Registraba en promedio entre 53 y 55 empleados en relación de dependencia. Con fecha 31/05/2013 presentó multinota indicando la actividad desarrollada, domicilios, cuentas bancarias utilizadas y autoridades de la firma. También acompañó los Estados Contables y los papeles de trabajo del ejercicio comercial 2011. Ante la auditoría sobre firmas que operaron con la recurrente, se impugnaron los gastos de las operaciones celebradas con los proveedores Transportes ALC S.R.L. y JZV S.R.L., por una serie de irregularidades.
- A partir del examen de los estados contables y los registros aportados se observaron provisiones imputadas a la cuenta “Mercaderías y Servicios a Facturar” por parte de Molino Osiris S.A., operaciones de fecha 01/10/2011, 12/10/2011 y 31/11/2011, que fueron computadas como del ejercicio 2011 (con cierre el 31/05/2011), cuando no se encontraban relacionadas con operaciones llevadas a cabo durante el mismo. Por ende, las mismas fueron impugnadas.
- Por otra parte, de la compulsa del Libro Diario aportado por la recurrente, se detectó el registro de una operación en fecha 31/05/2011, con cargo a resultados sobre la cuenta "Trigo a Fijar", y su contrapartida fue la constitución de un pasivo sobre la cuenta "Proveedores Trigo a Fijar" por el total de la operación. Toda vez que no se detectó en los registros de la firma y la documental aportada un incremento de los activos por la mercadería adquirida –que dio lugar al pasivo constituido y considerando posibles costos por el procesamiento y venta de los bienes-, el cargo fue impugnado.
- En cuanto las salidas no documentadas, ante la impugnación de los gastos mencionados y un aporte parcial del detalle y pagos efectuados por la recurrente, se procedió a ajustar en relación a aquellas operaciones sobre las que no se comprobó su pago, con relación a la firma JVC S.R.L.
- Por último, respecto al impuesto al valor agregado, fueron analizados los libros de IVA Ventas e IVA Compras y se ajustaron los créditos fiscales correspondientes a las operaciones con los proveedores mencionados que no pudieron ser corroboradas.
Con sustento en esos elementos, se iniciaron los respectivos procedimientos determinativos que concluyeron en las resoluciones aquí recurridas.
V. Que en primer término corresponde tratar la nulidad articulada, con fundamento en que las resoluciones apeladas carecen de motivación y que no fueron tratadas las defensas y pruebas ofrecidas en el descargo, vulnerando la garantía del debido proceso.
En efecto, ante todo, debe señalarse que del análisis de las actuaciones administrativas acompañadas puede constatarse que se cumplió debidamente con las pautas establecidas en los arts. 17 y siguientes de la ley 11.683, toda vez que -mediante las resoluciones dictadas, firmadas por el Juez Administrativo-, surgen claramente los hechos tenidos en cuenta para efectuar los ajustes, habiéndose otorgado el plazo correspondiente de 15 (quince) días para que formule su descargo y ofrezca las pruebas que estimare convenientes para la defensa de sus derechos, lo que así ha hecho (vid. fs. 774/782vta. del cuerpo principal N°4 de los antecedentes administrativos). Ello así, corresponde señalar que surge de los actos apelados que el Juez Administrativo analizó las pruebas presentadas y ofrecidas en sede administrativa, pero las consideró inhábiles para destruir los ajustes fiscales.
Sobre la cuestión, cabe destacar que es conteste la doctrina emanada de nuestro Máximo Tribunal en sostener que “...cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en un procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del artículo 18 de la Constitución Nacional no se produce, en tanto exista la posibilidad de subsanarse esa restricción en una etapa jurisdiccional ulterior, porque se satisface la exigencia de la defensa en juicio ofreciendo la posibilidad de ocurrir ante un organismo jurisdiccional en procura de justicia” (cfr. CSJN, Fallos: 205:549, 267:393, entre otros).
Ello así, en autos el recurrente ha podido ofrecer y producir las medidas probatorias tendientes a probar sus dichos, por lo que tales agravios no pueden ser acogidos favorablemente.
Con respecto al cuestionamiento efectuado a los actos administrativos por carecer de motivación, cabe señalar que la motivación consiste en la exposición de las razones que llevaron al órgano administrativo a emitir el acto, exponiendo los antecedentes de hecho y derecho que precedieron al mismo y justifican su dictado. Ha sido precisada por la doctrina jurisprudencial como “una necesidad tendiente a la observancia del principio de legalidad en la actuación de los órganos estatales y que desde el punto de vista del particular o administrado traduce una exigencia fundada en la idea de una mayor protección de los derechos individuales, ya que de su cumplimiento depende que el administrado pueda conocer de una manera efectiva y expresa los antecedentes y razones que justifiquen el dictado del acto” (conf. S.C.B.A., “Ferrara”, DIBA, 94-13).
En ese contexto, la defensa debe ser rechazada pues de la simple lectura de los actos en crisis se desprenden claramente las consideraciones respecto a las defensas, pruebas ofrecidas y los elementos tenidos en cuenta para llegar a la conclusión inserta en su parte resolutiva de cada uno de ellos. En definitiva, los agravios se emparentan más con discrepancia con las conclusiones del juez administrativo que con la ausencia de motivación. Por lo expuesto, corresponde rechazar la defensa de nulidad articulada por la recurrente.
VI. Que corresponde ahora abocarse al acogimiento parcial informado a fs. 100/vta. -a partir de la documentación acompañada a fs. 90/99vta. y 131/133vta.- correspondientes al cómputo de gastos y créditos fiscales indebidos a partir de facturas emitidas por los proveedores TRANSPORTES ALC S.R.L y JVZ S.R.L, en los términos de los arts. 52 a 62 de la ley 27.260.
Corrido el pertinente traslado, el Fisco Nacional a fs. 140/vta. manifestó que la actora se acogió parcialmente a la ley 27.260 respecto de dichos ajustes fiscales. Ello así, solicitó que se dicte sentencia teniendo a la parte actora por desistida de la acción y del derecho incluso el de repetición, con costas y que se continúe el tramite respecto de los restantes cargos fiscales controvertidos.
VII. Que cabe recordar que la ley 27.260 dispuso en su artículo 52 que los contribuyentes y responsables de los impuestos y de los recursos de la seguridad social, cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentra a cargo de la AFIP, podrán acogerse por las obligaciones o infracciones vencidas al 31 de Mayo de 2016, al régimen de regularización de deudas tributarias y de exención de intereses, multas y demás sanciones, siempre que no se encuentren alcanzados por las causales de exclusión del artículo 84 de la ley, debiendo desistir de toda acción y derecho, incluso el de repetición, asumiendo el pago de las costas y gastos causídicos -cfr. artículo 53 del mismo cuerpo legal-.
En concordancia con aquélla disposición, la Resolución General AFIP N° 3920/2016 en su artículo 11, establece que en aquellos casos en los cuales la deuda se encuentre en discusión administrativa, contencioso - administrativa o judicial, y siempre que la determinación de oficio no se encuentre firme a la fecha de promulgación de la ley, a fin de formalizar el allanamiento, deberá presentarse el formulario de declaración jurada N° 408 (Nuevo Modelo) ante el organismo fiscal, en el Tribunal Fiscal de la Nación, o Juzgado o Tribunal donde se sustancia la causa, según sea el ámbito en el que se encuentre radicada la respectiva discusión administrativa, contencioso-administrativa o judicial.
En ese contexto, cabe destacar que la recurrente cumplió con los requisitos exigidos por la ley y su reglamentación, habiendo prestado su conformidad el Fisco Nacional con el acogimiento efectuado. Ello así, conforme lo expuesto por las partes en sus escritos presentados de acuerdo con los traslados conferidos, y no surgiendo de las constancias de autos que se halla incursa en alguna de las causales de exclusión previstas en el art. 84 de la ley 27.260, corresponde tenerla parcialmente por desistida de la acción y del derecho, incluso el de repetición, con costas.
Por otro lado, cabe tener en consideración que el art. 55 de la ley 27.260 dispuso, con alcance general, para los sujetos que se acogieran al régimen previsto y mientras cumplan con los pagos previstos, las siguientes exenciones y/o condonaciones, en lo que aquí interesa: “a) De las multas y demás sanciones previstas en la ley 11.683 (t.o. 1998) y sus modificaciones..., que no se encontraren firmes a la fecha del acogimiento al régimen de regularización previsto y c) De los intereses resarcitorios y/o punitorios previstos en los artículos 37, 52 y 168 de la ley 11.683 (t.o. 1998) y sus modificaciones..., en el importe que por el total de intereses supere el porcentaje que para cada caso se establece a continuación: 1. Período fiscal 2015 y obligaciones mensuales vencidas al 31 de mayo de 2016: el diez por ciento (10%) del capital adeudado. 2. Períodos fiscales 2013 y 2014: veinticinco por ciento (25%) del capital adeudado. 3. Períodos fiscales 2011 y 2012: cincuenta por ciento (50%) del capital adeudado. 4. Períodos fiscales 2010 y anteriores: setenta y cinco por ciento (75%) del capital adeudado. Lo dispuesto en el párrafo anterior será de aplicación respecto de los conceptos mencionados que no hayan sido pagados o cumplidos con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley y correspondan a obligaciones impositivas, aduaneras y de los recursos de la seguridad social vencidas o por infracciones cometidas al 31 de mayo de 2016.”
Ello así, la adhesión al régimen de la ley 27.260 implicaba la condonación de la multa aplicada frente al Impuesto a las Ganancias-Salidas No Documentadas en la Resolución N° 266/2016 y la eximición parcial de los intereses resarcitorios de todas las resoluciones, en relación a los períodos fiscales incluidos en el desistimiento, de acuerdo con lo previsto en el art. 55, inciso a) y c) apartados 3 y 4, lo que así corresponde resolver. Costas por su orden.
Sin perjuicio de ello, corresponde aclarar que ese beneficio se encuentra sujeto al control que el organismo fiscal efectúe en su oportunidad respecto del régimen de regularización excepcional, como así también de los extremos que deba satisfacer la actora para gozar de los beneficios establecidos por la ley. En mérito a lo expuesto, corresponde tener a la recurrente por desistida parcialmente de la acción y del derecho, incluso el de repetición, con respecto a los impuestos e intereses correspondientes a las obligaciones tributarias del impuesto a las ganancias por el periodo fiscal 2011, el impuesto a las ganancias-salidas no documentadas por los periodos fiscales 10/2010 a 05/2011 y el impuesto al valor agregado por los periodos fiscales 06/2010 a 05/2011, en concepto del cómputo de gastos y créditos fiscales indebidos por las operaciones realizadas con los proveedores TRANSPORTES ALC S.R.L y JVZ S.R.L, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 52 de la ley 27.260, con costas; y condonar la multa aplicada frente al Impuesto a las Ganancias-Salidas No Documentadas en la Resolución N° 266/2016 y los intereses de todas las resoluciones en la proporción que corresponda conf. art. 55 de la citada norma, costas por su orden.
VIII. Que corresponde analizar el ajuste referido a la operación efectuada el 31/05/2011 y registrada en el Libro Diario de la recurrente, en la cuenta de pérdida “42020102 Trigo a fijar” (Resolución N° 265/2016). Sobre el particular, la fiscalización actuante advirtió un asiento efectuado el 31/05/2011 -último día del ejercicio comercial 2011- donde registraba como resultado negativo del ejercicio, a través de la cuenta “Trigo a Fijar”, un monto de $ 8.571.698,50 equivalente a 8.686,06 toneladas de trigo (fs. 1078/1079 y 1096/1099 del cuerpo Diario 4to. Trimestre; fs 346, 388/392 y 673/683 del cuerpo principal de los antecedentes administrativos). Además, verificó, según las constancias obrantes en el expediente administrativo, que la operación observada fue revertida el primer día del ejercicio comercial siguiente, el 01/06/2011 (fs. 388 y 412 cuerpo principal). En razón de lo expuesto, concluye el Juez Administrativo que surge claro del propio actuar de la contribuyente que dicho cargo a resultados, que ascendía a $ 8.571.698,50, incidió en la liquidación del impuesto del período fiscal 2011, procediendo a su impugnación por considerarlo improcedente. Se añade que, si bien se trataba de un cargo a resultados temporal, recién fue revertido por la empresa, en el período fiscal siguiente, por lo cual al cierre del período fiscal bajo análisis el cargo a resultados objetado incidía en el resultado del ejercicio y luego, en el resultado impositivo vía costo de las mercaderías vendidas.
Al respecto, la recurrente plantea que la reversión de la cuenta contable denominada “Trigo a fijar”, tuvo lugar en el mismo ejercicio fiscal, y no en el ejercicio siguiente, como sostuvo el Fisco Nacional. Añade que el organismo fiscal impugnó un gasto que no formó parte del resultado contable, ni del resultado impositivo del período fiscal analizado.
Conforme lo expuesto, este Tribunal debe decidir sobre la procedencia del ajuste efectuado por el Fisco sustentado en la impugnación del importe de $ 8.571.698,50, en concepto de “Trigo a Fijar”, por considerar que se trató de un resultado negativo computado al finalizar el ejercicio fiscal 2011 de forma improcedente, por tratarse de un cargo temporal, que fue revertido en el ejercicio fiscal siguiente, y por ende no debió incidir en la liquidación del impuesto correspondiente al período fiscal 2011.
Sentado ello, corresponde señalar que surge del mayor de la cuenta en cuestión (vid. fs. 502 del cuerpo principal N° 3) que al 31/05/2011, la cuenta “Trigo a fijar” resultó con saldo cero, y por ende le asiste razón a la recurrente en su planteo, toda vez que no incidió en el resultado del ejercicio, resultando evidente que la reversión se produjo en el mismo ejercicio fiscal, y no en el siguiente.
Por su parte, respecto del planteo del Fisco sobre la existencia de una doble anulación del cargo, en ambos ejercicios fiscales, circunstancia que considera carente de toda lógica y razonabilidad, corresponde señalar que no resulta hábil para confirmar el ajuste fiscal, toda vez que, como se expuso, al cierre del ejercicio fiscal 2011, ocurrido el 31/05/2011, la cuenta referida no tenía saldo alguno.
Por tal razón, considero que le asiste razón a la actora en su planteo y por lo tanto, corresponde revocar el ajuste fiscal en este punto. Con costas al Fisco Nacional.
IX. Que finalmente, corresponde analizar la situación respecto a las facturas observadas de la firma Molino Osiris S.A.
La actora sostiene que las operaciones fueron celebradas durante el periodo fiscal 2011 y que fueron facturadas posteriormente por la firma proveedora, más allá que ella no había declarado en el contenido de las facturas en qué momento se prestaron los servicios.
Asimismo, atribuye que las facturas cumplían con las formalidades y que sin los servicios de fasón brindados no habría podido producir la harina suficiente para las ventas de ese periodo.
Así ello, de la revisión de la copia de las facturas (vid. fs. 591/593 del cuerpo principal N°3 de los antecedentes administrativos) se puede observar que en las tres, todas por la suma $212.289,55, fueron consignadas las fechas 30/09/2011, 12/10/2011 y 14/11/2011.
Conforme el Mayor contable de la cuenta “21010404 Mercaderías y Servicios a facturar”, el 31/05/2011 se computó en el haber la suma de $638.868,65, que equivale a la sumatoria de los conceptos de las tres facturas emitidas (vid. fs. 588 del cuerpo principal N°3). Sin embargo, a fs. 589 del mismo cuerpo obra que según la fecha de las facturas emitidas, se computaron en el debe las respectivas sumas de $212.289,55, las que sí corresponden a las facturas acompañadas, pero por sus fechas, integran el periodo fiscal 2012.
De lo expuesto, surge palmario de la documental mencionada que las operaciones corresponden al periodo fiscal 2012 -por ser posterior al 31/05/2011- y fueron deducidas en el impuesto a las ganancias en el periodo fiscal 2011 fiscalizado y disminuido del crédito fiscal del impuesto al valor agregado de forma improcedente, en concordancia con el criterio fiscal.
En consecuencia, corresponde confirmar los presentes ajustes fiscales, en las resoluciones N° 265/2016 y 267/2016. Con costas a la recurrente.
X. Que en mérito a lo expuesto, voto por: 1°) Tener a la recurrente por desistida parcialmente de la acción y del derecho, incluso el de repetición, con respecto a los impuestos e intereses correspondientes, conforme el Considerando VII, con costas; y condonar la multa aplicada y los intereses en la proporción que corresponda, con costas por su orden; 2°) Revocar el ajuste fiscal de conformidad con el Considerando VIII. Con costas al Fisco Nacional; 3°) Confirmar los ajustes fiscales conforme el Considerando IX. Con costas a la recurrente.
El Dr. Porporatto dijo:
Que adhiere al voto que antecede.-
Por ello, SE RESUELVE:
1. Tener a la recurrente por desistida parcialmente de la acción y del derecho, incluso el de repetición, con respecto a los impuestos e intereses correspondientes, conforme el Considerando VII, con costas; y condonar la multa aplicada y los intereses en la proporción que corresponda, con costas por su orden.
2. Revocar el ajuste fiscal de conformidad con el Considerando VIII. Con costas al Fisco Nacional.
3. Confirmar los ajustes fiscales conforme el Considerando IX. Con costas a la recurrente.
Se deja constancia que la presente resolución se dicta de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 52, segundo párrafo del R.P.T.F.N.
Regístrese, notifíquese y oportunamente, archívese.-
Date: 2025.09.16 16:10:15 ART Date: 2025.09.17 12:10:03 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Laura Amalia Guzman Vocal Subrogante Vocal Vocalía III Sala A Competencia Impositiva Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2025.09.17 12:12:17 -03:00
Fin de la sentencia