Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 22952-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la apelación del Fisco y confirmar la resolución de fojas 1275/80;
2Imponer las costas de esta instancia a la recurrente vencida (art. 68, 2º parte, CPCCCN).
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Expte. N° CAF 5554/2021 MORRISON, JUAN CARLOS (TF 22952-I) C/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA S/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de abril de 2024.-
VISTOS Y
El Sr. Juez de Cámara, Dr. Guillermo F. Treacy dijo:
I. Que mediante la resolución de fojas 1275/80 (de la causa en soporte papel) la Sala B del Tribunal Fiscal de la Nación: i) confirmó las Resoluciones nros. 36/04 (DV RRCR) de la AFIP-DGI del 30 /01/2004, y 158/05 (DV RRCR) del 16/09/2005, mediante las cuales se determinó de oficio en forma parcial la obligación del contribuyente en el Impuesto a las Ganancias por los períodos fiscales 2000 y 2001, respectivamente; y ii) revocó las Resoluciones nros. 37/04 (DV RRCR) de la AFIP-DGI, del 30/01/2004, y 159/05 (DV RRCR) de la AFIP-DGI de fecha 16 de septiembre de 2005, mediante la cuales se determina de oficio en forma parcial la obligación del recurrente en el Impuesto al Valor Agregado, por los períodos fiscales 07/2000 a 12/2000 y 01/2001 a 12 /2001, respectivamente. Impuso las costas por lo primero al recurrente y por la parte en la que prosperó el recurso, al Fisco Nacional. Para así decidir, descartó en primer lugar la defensa de cosa juzgada administrativa indicando que la declaración rectificativa relativa al impuesto a las ganancias del período 2000 había sido realizada por la recurrente en la etapa de inspección, es decir, una etapa previa al inicio de la determinación de oficio (y sobre todo, anterior a la vista que estipula el art. 17 de la Ley Nº 11.683), siendo la naturaleza de dichas tareas la de actos previos o preparativos que no tienen un carácter definitivo. Además, desestimó la tacha de nulidad de las determinaciones destacando que las resoluciones apeladas contienen los elementos jurídicos formales consustanciales a su validez, invocan las normas en que se basan, contienen los conceptos y montos determinados, y se han dictado con arreglo a los procedimientos establecidos, posibilitando al contribuyente conocer la pretensión fiscal y elaborar su defensa.
En cuanto al fondo del asunto, señaló que las determinaciones respecto del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto Alta en sistema: 10/04/2024 a las Ganancias que se discuten en autos, tienen sus fundamentos en los excedentes de depósitos bancarios detectados por la fiscalización respecto a los montos de ingresos declarados por el recurrente a los fines de dichos gravámenes. A raíz de ello y conforme el artículo 18 de la Ley 11.683, el Fisco Nacional presumió que dichas diferencias representaban ingresos no declarados en el Impuesto a las Ganancias y ventas netas gravadas no declaradas en el Impuesto al Valor Agregado en los períodos cuestionados.
Destacó que en esa materia, tiene lugar una inversión de la carga probatoria que recae, en definitiva, en cabeza del contribuyente. Entendió que su tarea debía consistir en analizar si las resoluciones apeladas se ajustan a derecho siendo que la discusión gira en torno a una cuestión de hecho y prueba, correspondiendo a la recurrente, en ejercicio de su derecho de contradicción, desvirtuar las conclusiones a las que arriba el juez administrativo. En este sentido, destacó que la actora ha alegado como principal defensa que la fiscalización habría realizado incorrectamente las depuraciones bancarias, pero no aportó en las presentes actuaciones ningún tipo de prueba documental que acreditase que los fondos cuestionados tuvieron un origen preciso y previo para rebatir la presunción de ingresos o ventas omitidas sobre esa tenencia de dinero. Y consideró que su sobreseimiento en sede penal con relación a la imputación de evasión no tenía incidencia, en el caso, en la configuración del hecho imponible. Concluyó por eso que ni las pruebas producidas en autos ni las producidas en sede penal acompañadas a las presentes actuaciones lograban conmover las conclusiones a las que arribara el juez administrativo en las Resoluciones apeladas, en lo referido al impuesto a las ganancias.
Sin embargo, con relación al IVA, entendió que –dado que durante los períodos discutidos no estaba vigente la Ley nº 25.795- no siempre que se verificara un incremento patrimonial no justificado, el fisco se encontraba habilitado para efectuar el ajuste impositivo en el IVA., suponiendo que tal incremento responde a ventas omitidas alcanzadas por dicho gravamen, siendo necesario para ello que motivara suficientemente el acto determinativo. Y consideró que no había habido en los actos una motivación expresa para la comprobación de esas ventas omitidas en lo que hace al impuesto al valor agregado, adonde el organismo recaudador se había limitado a reiterar lo expresado respecto del impuesto a las ganancias, hecho que imponía la revocación de las Resoluciones N°37/04 y N°159/05 (DV RRCR).
Alta en sistema: 10/04/2024 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V II.- Que contra la decisión reseñada en el considerando anterior, la parte demandada apeló a fojas 1281 y expresó agravios a fojas 1285/91, que fueron replicados mediante el escrito de fojas 1301/6. La recurrente se agravia, en sustancia, de la descalificación que efectúa el Tribunal Fiscal del empleo de los métodos presuntivos (normados en el primer párrafo del artículo 18 de la ley 11.683) que hizo el ente recaudador para determinar el IVA de los períodos fiscales 07/2000 a 12/2000 y 01/2001 a 12/2001.
En ese sentido, indica que ni en las actuaciones administrativas como en ningún escrito, resolución o informe, se manifestó que el ajuste haya sido realizado en función de lo prescripto en el artículo 18 inciso g) de la ley de rito fiscal. Asimismo, insiste en que la pretensión fiscal es válida y tiene suficiente respaldo en la aplicación de la presunción dispuesta en el primer párrafo de dicho artículo (texto vigente al momento de los hechos) -en el caso, movimientos de cuentas bancarias tomadas como indicios de ventas omitidas-, en virtud de la cual correspondía la inversión de la carga probatoria, correspondiendo que el contribuyente aportara la totalidad de las pruebas que hicieran a su derecho para desvirtuar la aludida presunción. Estos elementos fueron -a su entender- apreciados en forma arbitraria por el a quo, pues no puede considerarse que hayan logrado desvirtuar la determinación fiscal.
III. Que esta Cámara ha recordado en reiteradas ocasiones el carácter limitado del recurso previsto en el artículo 86 inciso b) de la Ley Nº 11.683, que conduce, en principio, a estar a las conclusiones del Tribunal Fiscal sobre los hechos probados (Sala I, in re “Merlino Automotores S.A.”, del 12/03/2009; Sala II, in re “Frigorífico Marejada S.A.”, del 29/12/2009; Sala IV, in re “Agropecuaria Laishi S.A.” del 15/04/2010; esta Sala, in re “Agro Beef S.R.L (TF 31471-I) c/ DGI”, del 6/3/2014). Esa premisa, sin embargo, puede ceder cuando se haya omitido sustanciar o incorporar al proceso determinados hechos o material probatorio conducente para resolver la cuestión en debate, o ante supuestos de arbitrariedad, ilegalidad o irrazonabilidad en la apreciación de aquéllos (esta Sala, in re “Agro Beef S.R.L”, cit.).
En otras palabras, el recurso impetrado no da acceso a una instancia ordinaria que haga posible un nuevo pronunciamiento sobre la prueba y sobre la conclusión a la que dicho órgano jurisdiccional hubiera arribado al ponderarla, salvo supuestos de error manifiesto (esta Sala, in re “Amadeo Camogli y Ciminari SC”, del 01/11/2007, entre otros). Alta en sistema: 10/04/2024 III.1.- Pues bien, no se advierte que en el caso la apreciación que hizo el Tribunal Fiscal de la prueba y de la fundamentación del acto determinativo apoyada en aquella haya sido arbitraria, de manera que cabe tener por válidas las conclusiones a las que el a quo ha arribado respecto de los hechos analizados. Es que la decisión del organismo jurisdiccional administrativo, cuya revisión pretende el Fisco Nacional, tuvo especialmente en consideración el hecho de que el ente recaudador se fundó para la determinación del Impuesto al Valor Agregado exclusivamente en el indicio que constituye la constatación de un saldo en exceso de las ventas, luego de la depuración de las cuentas bancarias del contribuyente (conf. fs. 8/28 y 1067/80 del expediente en soporte papel).
Señaló, por ello, que el ajuste en el IVA había consistido en trasladar el incremento patrimonial no justificado como ventas netas omitidas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18, inciso f), apartado 2º de la ley 11.683. Y, con apoyo en pronunciamientos de esta Cámara que citó, concluyó que en este caso resultaba evidente que no había existido motivación expresa para la comprobación de esas ventas omitidas en lo relativo al impuesto al valor agregado, para cuya determinación el Fisco se había limitado a replicar lo expresado con relación al impuesto a las ganancias.
III.2. Además, es preciso poner de resalto que la cuestión traída resulta análoga a la resuelta por la Corte federal en el precedente de Fallos 332:343 (causa “Bellizi, Jorge Héctor (TF 9871-I) y otro c/ DGI”, sentencia del 17/03/2009).
Allí el tribunal cimero señaló que según el texto del art. 18 de la ley 11.683 anterior a la reforma de la ley 25.795 (que introdujo el inciso g al artículo 18 de la ley 11.683), los movimientos de las cuentas bancarias no constituían una presunción legal sino un indicio simple, que, como tal, requería de su complementación y lógica coordinación con otros elementos probatorios para permitir llegar a un resultado que sea la razonada derivación de ellos, a los fines de una estimación válida de la materia imponible.
Y advirtió sobre la posible invalidez de las determinaciones de oficio realizadas al amparo de aquella norma únicamente sobre la base del indicio de las cuentas bancarias, pero que no estuvieran apoyadas, a su vez, en un esquema probatorio u otros elementos complementarios que pudiesen robustecer su empleo legítimo y la razonabilidad de sus conclusiones en materia de impuesto omitido. Haciendo propias las conclusiones alcanzadas por el Tribunal Fiscal en aquel caso, la Corte explicó que si el indicio utilizado, no guarda una relación de razonabilidad con las circunstancias comprobadas en el caso, Alta en sistema: 10/04/2024 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V no se verifica la inversión de la carga probatoria, que continúa en cabeza de la Administración Fiscal, pues su aplicación en esos casos importaría una clara afectación del derecho de defensa en juicio del contribuyente. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar la apelación del Fisco y confirmar la resolución de fojas 1275/80 (conf. en el mismo sentido, Sala III, causa nº 49055/2015, “Lerda Hnos TF 22193-I c/ Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo” del 11/08/2016).
IV. Que las costas de esta instancia se imponen a la recurrente vencida, por no advertirse motivos que justifiquen el apartamiento del principio general (art. 68, 2º parte, CPCCCN). En conscuencia, corresponde: 1) Rechazar la apelación del Fisco y confirmar la resolución de fojas 1275/80; 2) Imponer las costas de esta instancia a la recurrente vencida (art. 68, 2º parte, CPCCCN). ASÍ VOTO.
El Sr. Juez de Cámara, Dr. Jorge F. Alemany dijo:
I. Que adhiero a la solución propiciada en el voto que antecede toda vez que los agravios del recurrente no constituyen una crítica concreta y razonada del fallo apelado. Ello, en la medida en que no se hace cargo de lo decidido por el Tribunal Fiscal de la Nación en el sentido de que, de conformidad con el texto del artículo 18 de la ley 11.683 que se encontraba vigente respecto de los períodos fiscales de julio de 2000 a diciembre de 2000 y enero de 2001 a diciembre de 2001, la detección de depósitos bancarios que no se correspondieran con las ventas declaradas no constituía per se una de las presunciones de dicho artículo a los efectos de determinar el Impuesto al Valor Agregado, en la medida en que no existían en los términos actuales los incisos f) y g) del mencionado artículo, toda vez que mediante la ley 25.795, sancionada el 29 de octubre de 2003 y vigente desde el 17 de noviembre de ese mismo año, se modificó el texto del inciso f) y asimismo se agregó el inciso g). En consecuencia, y tal como puso de manifiesto el Tribunal Fiscal, la circunstancia reprochada, en todo caso, constituía un indicio más a ser valorado por el organismo fiscal al momento de establecer el importe del ajuste, pero requería de pruebas adicionales tendientes a demostrar la relación explícita o implícita con la realización de ventas cuya declaración fue omitida (cfr. en tal sentido, esta Sala V en la causa n° 41.154/2013, “Coop. De Prov. De Obras y Servicios Púb. Clorinda c/ Dirección General Impositiva”, del 1° de septiembre de 2014).
Alta en sistema: 10/04/2024 Al respecto, en la causa “Alsur Bahía S.A. (TF 19.839-I) c /DGI”, expediente n° 13.182/2006, del 18 de junio de 2008 esta Sala V ya ha expresado que “…no siempre que se verifica un incremento patrimonial no justificado, el Fisco Nacional se encuentra habilitado para efectuar el ajuste impositivo en el Impuesto al Valor Agregado, suponiendo por tanto, que tal incremento responde a ventas omitidas alcanzadas por este gravamen. Esta operación, requiere, para que sea ajustada a derecho, una intensa motivación del organismo, avalada por determinada fiscalización puntual en relación a cada período. En el caso, la inspección, ni siquiera ha intentado demostrar la existencia de ventas omitidas. Esto es, presume que hubo ventas omitidas, cuando perfectamente podrían darse otras formas de evadir el gravamen…ha operado en el caso de autos un automatismo injustificable”. En sentido concordante con lo expuesto también se ha pronunciado la Sala IV de esta Cámara en el expediente n° 151.613/2002, caratulado “Gral Al S.A. (TF 16.613-I) c/DGI”, del 5 de julio de 2007.
A mayor abundamiento, cabe destacar que el Tribunal Fiscal también fundo su decisión en los mencionados precedentes y el Fisco no se hizo cargo de las conclusiones expuestas en ellos. En efecto, en la sentencia apelada se sostuvo que precisamente el Fisco no había ni afirmado ni probado que el incremento patrimonial no justificado proviniera de ventas omitidas gravadas con el Impuesto al Valor Agregado y, en consecuencia, resultaba inadmisible exigir el pago de ese impuesto con base en que la detección de un incremento patrimonial no justificado verificado en relación al Impuesto a las Ganancias necesariamente implicaba que tuviera incidencia sobre el Impuesto al Valor Agregado. En todo caso, tales consideraciones pueden reputarse opinables pero no arbitrarias, pues no se apartan de los elementos de prueba efectivamente incorporados a la causa ni revelan una apreciación manifiestamente errada de ellos.
ASÍ VOTO.
El Sr. Juez de Cámara, Dr. Pablo Gallegos Fedriani adhiere al voto del Dr. Treacy.
En virtud de las consideraciones precedentes, el Tribunal
1. Rechazar la apelación del Fisco y confirmar la resolución de fojas 1275/80; 2) Imponer las costas de esta instancia a la recurrente vencida (art. 68, 2º parte, CPCCCN).
Alta en sistema: 10/04/2024 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V Regístrese, notifíquese a las partes y oportunamente, devuélvanse.
Guillermo F. TREACY Jorge F. ALEMANY Pablo GALLEGOS FEDRIANI Alta en sistema: 10/04/2024
Fin de la sentencia