Abriendo la norma
Cámara Civil y Com
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la sentencia apelada en cuanto ha sido materia de agravios excepto en cuanto a los importes a) por "valor vida" por fallecimiento de su hijo, para Gustavo Alberto Mourelle y Blanca Graciela Ahmad que se eleva a la de $ 80.000 para cada uno; b) por daño moral de la Sra. Adela Jodor como damnificada directa que se eleva a $ 15.000; c) por daño moral de Gustavo Alberto Mourelle y Blanca Graciela Ahmad como damnificados indirectos por el fallecimiento de su hijo que se eleva a $ 200.000 para cada uno, y como damnificados directos por las consecuencias espirituales provocadas a raiz de lesiones físicas padecidas en el accidente, incrementarlos a $ 20.000 y $ 10.000 respectivamente y d) por daño moral de Florencia Gabriela Mourelle derivado del fallecimiento de su hermano a $ 140.000 y por lesiones personales a $ 40.000.
Las costas de Alzada teniendo en cuenta el éxito alcanzado se fijan en un 90% a los demandados y en un 10% a los apelantes. (arts. 68 y 71 del CPCC). Difíérese la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad (arts. 31 y 51 de la ley 8904).
Expte. N°: JU-289-2008 MOURELLE GUSTAVO ALBERTO Y OTROS C/ SEMENTO OSCAR OMELIO Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS ------------------------------------------------------------------------------ N° Orden: 187 Libro de Sentencia Nº: 53 encia - Folio:
/NIN, a los 27 días del mes de Noviembre del año dos mil doce, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Junín Doctores JUAN JOSE GUARDIOLA Y RICARDO MANUEL CASTRO DURAN, en causa Nº JU-289-2008 caratulada: "MOURELLE GUSTAVO ALBERTO Y OTROS C/ SEMENTO OSCAR OMELIO Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS", a fin de dictar sentencia, en el siguiente orden de votación, Doctores: Guardiola y Castro Durán.-
La Cámara planteó las siguientes cuestiones:
1a.- ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
2a.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION, el Sr. Juez Dr. Guardiola dijo:
1. En la sentencia dictada a fs. 1330/1355 se hizo lugar a la demanda que por daños y perjuicios entablaron Gustavo Alberto Mourelle, Blanca Graciela Ahmad, Florencia Gabriela Mourelle y Adela Jodor contra Oscar Omelio Semento - hoy fallecido- , Marcelo Ernesto Semento, Anibal Oscar Semento, y la citada en garantía Lua Seguros La Proteña SA- hoy su liquidación- , condenándolos al pago de la indemnización que fija en las siguientes sumas: $ 131.130 para el primero; $ 99.600 para la segunda y $ 85.600 para cada una de las restantes, con más intereses a la tasa pasiva desde el momento del hecho ( 8/7/2001) y hasta el efectivo pago y costas.
El pronunciamiento del por entonces titular del Juzgado n° 1 Dr.Rizzo se refiere a un accidente de tránsito ocurrido en la ruta nacional n° 7 cuando circulando los vehículos de las partes por la misma en sentido contrario, la camioneta conducida por Oscar Omelio Semento y de propiedad de los otros demandados realiza un giro a la izquierda para ingresar a la ciudad de Chacabuco colisionando al Peugeot 405 en los que iban los actores, a raiz de los cual sufrieron lesiones de distinta entidad y falleció el menor Matias Gabriel - hijo del matrimonio Mourelle- Ahmad, hermano de Florencia y nieto de Jodor- que estaba en el asiento trasero izquierdo. Analizando las constancias de la causa penal y la prueba rendida en estas actuaciones, particularmente la pericia del Ingeniero Janke, que fue la incorrecta maniobra del demandado fallecido la causa exclusiva del hecho, sin que se haya probado ningún aporte fracturario del nexo por la conducta del Mourelle que excluya o limite la responsabilidad emergente del art. 1113 2da. parte, 2do párrafo CCivil. En este sentido, en relación al argumento defensivo de fs. 155 de excesiva velocidad, considera con base en la pericia mencionada que el Peugeot circulaba a menos de 60km/h.
En materia resarcitoria y en lo interesa a los recursos deducidos, entendió el juzgador con sustento en el fallo de la SCBA C 85129 que la restricción en cuanto a la legitimación activa de los damnificados indirectos por daño moral en caso de fallecimiento, del art. 1078 CCivil es inconstitucional, receptando así el reclamo por tal rubro de la abuela y deducido por la hermana respecto al deceso de Matias, que en item separado al padecido por lesiones propias, fija en $ 65.000 para cada una. Asimismo desestimó el daño psicológico pretendido por todos los accionantes como rubro autónomo, considerando que queda comprendido en el daño moral, limitándose a fijar al tratar dicho concepto la suma de $ 4.800 por el tratamiento psicológico pericialmente aconsejado. Cuantificó el daño moral por las propias lesiones de los actores en $ 10.000 para Gustavo Mourelle; $ 4.000 para su esposa, $ 20.000 para la hija y $ 5.000 para Jador y por el fallecimiento del hijo también en $ 65.000 para cada uno de los progenitores. Por el denominado "valor vida" estipula $ 20.000 para cada uno de los padres.
Apelaron el fallo los actores y los codemandados , a la vez sucesores de Oscar Omelio Semento, Marcelo Ernesto y Anibal Oscar Semento. Habiendo arribado a la mayoría de edad Florencia Gabriela Mourelle, toma la intervención por derecho propio que le corresponde. Expresan agravios los demandados a fs. 1410/1412 criticando la atribución de responsabilidad y la admisión de la pretensión de daño moral deducida por la abuela y la hermana del fallecido Matias. No reviste en cambio la entidad de agravio la mera alusión genérica que formula respecto a que se reputan excesivos los montos de los diferentes daños, en la medida que ningún cuestionamiento concreto y fundado desarrolla (art. 260 CPCC). Por su parte, la contraria a fs. 1413/1433 desgrana diferentes objeciones al criterio y valoración del juez de grado respecto de los conceptos indemnizatorios reseñados y en relación a la tasa interés pasiva dispuesta.
Con las recíprocas contestaciones de fs. 1439/1444 y de fs. 1445 y vta. resistiendo las impugnaciones y firme que quedó el llamado de autos para sentencia de fs. 1447, se está en condiciones de resolver (art. 263 del CPCC)
2. En esa tarea y comenzando por un orden lógico por la cuestión de la responsabilidad, adelanto que el recurso en este aspecto no puede prosperar.
En efecto, pese a los esfuerzos argumentativos de los demandados , como afirma Barreiro Maurenza "En circulación hay que partir de la base de que la marcha rectilínea es la normalidad, mientras que la maniobra de cualquier tipo es la anormalidad perturbadora". Ellas, en relación a la corriente - complementa Carlos Tabasso- alteran su normalidad debido a las restricciones que ocasionan al libre movimiento de los demás, en lo que se justifica el máximo rigor en la exigencia de un cumplimiento perfecto por causa del elevadísimo riesgo que generan. En ello se originan las obligaciones técnicas fundamentales a las que se sujeta su realización: cerciorarse previamente, autoseñalizar la acción, adecuación de la operativa al modelo normativo y respetar la preferencia de situación.." (Derecho del Tránsito- Los Principios" Edit. B de F-. Faira pág. 280).
Refiriéndose específicamente a la maniobra de giro, viraje o cambio de dirección, el maestro en su completa obra sobre la materia ("Fundamentos del Tránsito" to. 1 pág.221 y ss.), dice:
"Su realización es, para el sujeto, enteramente libre o voluntaria, con todas las consecuencias que ello importa, especialmente las exigencias generales de calificada atención, prudencia, diligencia y pericia, y las especiales de otorgar la preferencia de situación estrictamente y autoseñalizar el movimiento previamente a su realización, indicando incluso su sentido." "A más de generar el efecto de anormalización del flujo de tránsito propio de toda maniobra, el giro presenta rasgos especiales que lo acentúan. Ello justifica la observación que hace Gamarra: "El viraje es una de las maniobras que encierra mayores riesgos, por éste, su carácter altamente perturbador [de lo cual] el conductor que gira para cambiar de dirección o sentido de su marcha se presume responsable en caso de accidente" (t. XXII, Ps. 103 y 105)." "Aquel efecto se produce, en principio, porque al salir de la directriz rectilínea, el vehículo, inevitablemente, cruza las directrices de los que vienen a la zaga, se les interpone en "corte de vía", según la expresión técnico-accidentológica, con lo cual se genera el inmediato riesgo de colisionar o de ser colisionado por los traseros." "El incremento del riesgo se multiplica cuando se trata de vías de dos manos y el giro es hacia la izquierda, por el hecho de que, además, el maniobrante cruza o "corta" por delante a quienes transitan por la mano de sentido inverso, con lo cual se crea el peligro cierto de la tan temida colisión frontal."
Agregando más adelante:
"Cuando en una vía de doble mano -así cada una tenga uno o varios carriles- el viraje es efectuado hacia la derecha, el caso no presenta ninguna particularidad, pues se lo resuelve conforme a lo expresado anteriormente."
"Pero cuando se verifica hacia la izquierda el corte de la mano contraria -pasando a través de las directrices de marcha del tránsito de sentido inverso-, se trata del tipo de giro más perturbador y riesgoso. En tal caso, es fundamental que el maniobrante espere la producción de una brecha espacio-temporal suficiente en el continium del flujo de la mano contraria ..."
Por su parte Jorge Gamarra (Tratado de Derecho Civil Uruguayo, To. XXII 2ª ed., Fundación de Cultura Universitaria, cap. VI p. 89 y ss) luego de recordar que "el viraje a la izquierda puede interceptar la trayectoria de cuatro corrientes de circulación", es decir "interfiere macroscópicamente en la circulación" también concluye que "requiere mayores cuidados (una diligencia más acentuada) por parte del conductor que la realiza", destacando que este desplazamiento lateral es "una de las maniobras que encierran mayores riesgos, por éste su carácter altamente perturbador", siendo fundamental la tempestividad del cambio de dirección, ya que "en realidad el cálculo de distancia y velocidad respecto del vehículo que marcha en dirección opuesta por la misma vía ...., nos sitúan en el común ámbito de la preferencia de paso, ya que el vehículo que gira está declarado no-preferente respecto de todos ellos" y " se presume responsable en caso de accidente".
Haciéndose eco de esta incontrastable realidad, nuestro Superior ha tenido oportunidad de establecer que "Constituye una maniobra irresponsable, con incidencia en la relación causal, encarar en una vía de doble circulación el giro a la izquierda invadiendo la mano contraria, aún cuando no se demostrara que ello estuviese vedado y que los automotores circularan a gran velocidad" ( SCBA, Ac 82273, S, 24-3-2004, Juez DE LAZZARI; CARATULA: Ferro, Ada María c/ Patrone, Reynaldo y otro s/ Daños y perjuicios; mi voto en Expte. Nº 41252 MUSCHIETTI SERGIO C/ TOSCANO GUSTAVO D. Y OTROS S/ Daños y Perjuicios LS 47 nº 158 sent. del 30/5/2006) Por su parte Beatriz A. Areán ("Juicio por accidentes de tránsito" To. 2 ed. Hammurabi p. 369 y ss), caracteriza con cita de abundante jurisprudencia al mismo como una "maniobra más peligrosa aún que la consistente en atravesar la encrucijada entre una calle y una avenida de doble mano. Al interponerse en la línea de marcha de quienes se desplazan por la mano contraria, el giro sólo debe intentarse cuando se tenga la certeza de poder cumplirlo sin peligro..." ya que agrega la posibilidad de colisionar (embestir o ser embestido) con un rodado que desplace por la contramano, exponiéndose a colisiones sobre sus planos laterales o sobre el frente.
En el mismo sentido Marcelo López Mesa (" Responsabilidad civil por accidentes de tránsito" Ed. Rubinzal Culzoni p. 188 y ss) luego de recordar los deberes que hacen a la preservación de la normalidad de la corriente , consistentes en cerciorarse sobre la posibilidad de maniobrar sin provocar daños o alarmas innecesarias, de advertir a los restantes conductores con antelación suficiente de la intención de maniobrar en determinado sentido y de respetar la prioridad automática de paso, apunta en relación al giro a la izquierda en vías de doble mano que "debe deternese, dejando paso a los vehículos que transitan por el carril opuesto; ello es así, pues no hacerlo importa una grave imprudencia, pues se trata de una maniobra de suma peligrosidad, constituye un obstáculo para los demás conductores y altera el normal desarrollo del tránsito vehicular", a lo que agrego que verificándose en una vía rápida como una ruta, dicha exigencia debe ser apreciada con rigor ( arts. 512 y 902 CCivil)
A la luz de tales premisas comparto el criterio del sentenciante de grado en cuanto a que el accionar del demandado se ha erigido en la única y exclusiva causa del siniestro, que impide la imputación siquiera en forma parcial y limitada de las consecuencias dañosas a la actuación de la cosa cointerviniente (arts. 512, 906, 1111 y 1113 del CCivil).
Es que en la materia como expresa Zavala de Gonzalez:
"...aún cuando pesa sobre el actor la prueba genérica sobre el hecho, no siempre soporta esa carga respecto de sus circunstancias. Por el contrario, muchas veces, sobre la base de la primera demostración se traslada al demandado la de circunstancias aptas para excluir la responsabilidad. Así se verifica, por ejemplo, en el supuesto de daños derivados del riesgo o vicio de una cosa ( art. 1113): el actor debe demostrar un hecho en que haya tenido intervención activa la cosa riesgosa o viciosa, y el demandado, si quiere enervar la imputación, tendrá que acreditar las circunstancias fácticas que evidencien que el daño reconoce su origen en una causa ajena al riesgo o vicio" (...) "la apreciación de la prueba sobre esta eximente debe ser severa: se requiere certeza de que el daño no obedece a la causa aparente que se imputa a dicho sujeto" (Resarcimiento de daños to. 3 p. 156/7 y 214)." (de mi voto en expte.
Nº 41107 BORRONI VDA. DE TALLEDO MARIA Y OTRO C/ CARDOZO VDA. DE ROGGERO NORMA Y OTROS S/ Daños y Perjuicios, sent del 7/3/2006 LS 47 nº49), debiendo tenerse presente que ".....inexcusablemente quien invoca alguna causa exonerativa, eximente o más propiamente dicho el hecho extraño -en el caso el del propio afectado- como impedimento de la responsabilidad que le cabe como propietario o guardián de la cosa cuya participación activa haya generado el resultado dañoso corre con el cargo de la prueba de su existencia y de su alcance. Es el agente a quien se atribuye el perjuicio quien debe acreditar que el mismo es extraño total o parcialmente a su conducta, que se enlaza, liga o relaciona con otro comportamiento por el cual no debe responder, que ha tenido un origen distinto liberándose en la medida de la incidencia causal de dicho factor sobre el resultado final.
( Expte. Nº 37395 BUGALLO OSVALDO C/ PEREZ RODRIGUEZ NORBERTO ANDRES Y OTRA S/ Daños y Perjuicios" LS 43 nº 427; Goldenberg, ob cit. p. 134/5)" (...), "no se puede olvidar que precisamente frente a la insatisfacción de la demostración acabada de una fractura causal que opere como eximente es cuando la concepción objetiva muestra su verdadera trascendencia y utilidad jurídica y que la carga de la prueba - en el caso el hecho de la víctima invocado- no solo constituye una imposición de la referida relación jurídica sustancial o procesal a las partes para que observen determinadas conductas, sino que al mismo tiempo aparece como un regla para el juzgador indicándole como debe fallar cuando faltare la prueba de los hechos (Morello y colab.
"Códigos..." to. V-A p. 142)" ( mi voto en Expte. Nº 37397 MONACCI GUSTAVO HORACIO C/ ALVAREZ JORGE OSCAR Y OTROS S/ Daños y Perjuicios LS 44 nº 6)
En el caso a la presunción hominis de responsabilidad proveniente del carácter de embistente lateral, reconocido por todos los peritajes, que realza la participación mecánicamente activa que tuvo la camioneta en la colisión y a la declaración del Sr. Semento en la causa penal como imputado, transcripta en la sentencia, según la cual no vió Peugeot (pese a la autoiluminación y la del lugar) lo que revela sino déficit visual una notoria desatención, se aduna que la circunstancia invocada como determinante de una interposición abrupta en la línea de avance ya iniciado el giro, esto es una preferencia ganada en base a una excesiva velocidad, no ha sido demostrada (arts. 375 y 384 del CPCC)
En efecto, en criterio del sentenciante que comparto no ha podido fehacientemente establecerse siquiera que haya superado la velocidad máxima prescripta por el cartel indicador ( 60 km/h) - ver diligencia y croquis obrantes en la causa penal en fotocopias foliadas con nros. 648/652- y el art. 77 inc. 6 ap. d de la ley 11430 entonces vigente. Es que por más que los pericias accidentológicas de la causa penal (fs. 739/740 y 830 y vta.) la hayan determinado en algo superior a los 80 km/h. ( lo que por sí y aisladamente tampoco en mi opinión alcanzaría a erigir a esa infracción en algo más que una condición del suceso para convertirla en causa adecuada de su producción) considero que produce mayor fuerza convictiva el cálculo efectuado por el perito desinsaculado en estos obrados Dr. Janke (arts. 473 y 474 del CPCC) - prescindiendo incluso de las conclusiones corroborantes del consultor técnico de los actores Ing. Payba ( fs. 1042 y ss) al poder reprochárseles parcialidad- cuando la estima en el orden de los 56 km/h. Como fundadamente expone ( v. fs. 980 vta. /987vta. ), y no logró a mi modo de ver ser enervado por la impugnación de fs. 1065/6 suficientemente rebatida por el experto a fs. 1084/1087, la diferencia resulta de una más ajustada ponderación del menor coeficiente de fracción en relación al tipo de superficie; el que no pueden considerarse huellas de frenado las de arrastre y la no computada cesión de energía al automóvil por el desplazamiento transversal y giro antihorario.
Por si no bastasen estas razones que a mi parecer justifican plenamente la responsabilidad exclusiva atribuida, deben tener presente los recurrentes que sólo es eximente de la reponsabilidad objetiva del dañador por el riesgo de la cosa la causa esclarecida no la dudosa e incierta en su existencia e idoneidad genética.
3. Dada la solución que propongo respecto a la obligación de responder, paso a abordar las impugnaciones que versan sobre las cuestiones indemnizatorias.
Comenzando por el "valor vida", denominación bajo la cual de un modo simple quedan comprendidos el lucro cesante o la pérdida de chances de naturaleza patrimonial que según el caso provoca el fallecimiento de una persona - y dando por sentado que la vida humana no tiene valor económico per se sino como fuente actual o potencial de bienes, por lo que corresponde posicionarse en el perjuicio que resulta para los allegados de la víctima directa, que son quienes sufren desde el punto de vista patrimonial su muerte (art. 1079 CCivil)- nada nuevo digo al señalar las dificultades que provoca el caso de un hijo de corta edad (como en el presente en que Matías contaba con 14 años a su deceso) que no permite prever sino en perspectiva y en forma difusa la ayuda económica de la que se vieron privados sus progenitores.
La frustración de esta expectativa de asistencia que el hijo podría brindar en la mayor edad de los padres o frente a determinadas circunstancias de la vida, aún cuando constituye una probabilidad cierta en el curso natural y ordinario de la vida y eficiente de la obligación de reparar, no puede ser cuantificada sino a través de medios indirectos y elementos indiciarios; máxime al no haberse cumplido el estadio de preparación indispensable que permita visualizar las realizaciones socioeconómicas que esa existencia podría llegar a alcanzar en el curso ulterior de su desarrollo ( v. los informes de la Escuela Técnica 27 Especialidad química de Capital Federal de fs. 468 y de una asociación de Kung Fu de fs. 486).
En esta materia indócil por su naturaleza constituyen parámetros valorativos según la regla de la experiencia y el sentido común no sólo la edad de los padres ( 42 y 40 años al accidente los aquí actores) en la medida que va a determinar el período estimado al que esa ayuda se proyectaría, sino también las demás condiciones personales, entre ellas su situación patrimonial y capacidad generadora de recursos, ya que a menor holgura se potencia el que tengan que ser socorridos por los hijos, inclusive en lo directamente dinerario, y la existencia de otros hijos ( en el sublite además de Florencia, está otra hija nacida con posterioridad al hecho: Sol v. fs. 1192) ya que es razonable pensar que esas futuras necesidades se verían satisfechas de manera compartida, por lo que aquella muerte no acarrea la privación de todo sostén.
Otra pauta es que la prestación no se ceñiría sólo o simpre a efectivos desembolsos para el sostenimiento, sino que se extiende a múltiples actos de colaboración de innegable significación material indirecta (supervisión, gestión, asesoramiento, acompañamiento, traslados, cohabitación, quehaceres domésticos, etc). Con tal guía, sostenida doctrinariamente ( v. Zavala de Gonzalez , Resarcimiento de daños to. 2b p. 257 y ss; Abrevaya, El daño y su cuantificación judicial p. 248 y ss) y valorando asimismo las constancias del proceso ( JU 291/2008) sobre beneficio de litigar sin gastos concedido, es que considero procedente elevar las sumas otorgadas en este item para Gustavo Alberto Mourelle y Blanca Graciela Ahmad a la de $ 80.000 para cada uno (arts. 1085,1079,1069 CCivil y 384, 165 CPCC).
En lo que respecta al daño psíquico ( que viene objetado por los esposos y su hija; ver puntos IV(i) y IV (ii) del memorial actoral) "Si bien en el plano de las ideas no se puede dudar de la autonomía conceptual que poseen las lesiones a la psiquis (el llamado daño psíquico o psicológico) y a la integridad del aspecto o identidad corpórea del sujeto (el denominado daño estético), cabe desechar en principio -y por inconveniente- que a los fines indemnizatorios estos daños constituyen un "tertium genus", que deban resarcirse en forma autónoma, particularizada e independiente del daño patrimonial y del daño moral. Porque tal práctica puede llevar a una injusta e inadmisible doble indemnización." (voto del Dr. Roncoroni SCBA, AC 77461 S 13-11-2002, Ac 90471 S 24-5-2006).
El Dr. Rizzo decidió que en el caso este tipo de daño "queda comprendido dentro del rubro daño moral" ( v. fs. 1350 vta.) El que no lo haya computado al resolver sobre la incapacidad sobreviniente, donde abordó el daño patrimonial de los recurrentes, no ha sido objeto concreto de crítica , en tanto además de no haberse cuestionado dicho concepto, cuantificación y aspectos comprendidos, en el extenso desarrollo que se efectúa sobre la procedencia del daño psíquico como rubro a cuantificarse en forma independiente, ningún argumento particular se esgrime en cuanto a la afectación por dicha secuela a la capacidad productiva o derivaciones de índole económica de los Sres. Mourelle y Ahmad.
Sin perjuicio de ello es de señalar que del muy completo informe de la perito psicóloga Falco, procede diferenciar siguiendo en esto a Zavala de Gonzalez (obra citada To. 2a p. 216/7) lo que son aspectos propios de la personalidad de la víctima o determinados factores de su contexto vital, de lo que ha sido desencadenado, aún sirviendo aquello de condición, por el hecho en juzgamiento. Los rasgos maníacos concomitantes del Sr. Mourelle que hacen a su estructura no pueden entonces ser considerados como efectos del trágico accidente, sino exclusivamente el cuadro de depresión postraumático, el que no representa una patología severa (suele ser eficaz en todas la áreas de su personalidad y a menudo hiperexigente consigo mismo y muy racionalista y realista, no presenta conflicto mentalizado que podría actuarlo en el cuerpo, posee capacidad para hacer una tarea en forma sistemática etc. cfr. fs. 1195/1197. Respecto de su cónyuge, lo mismo cabe decir de los rasgos fóbicos concomitantes, a lo que se agrega que en este caso ha sido más leve el debilitamiento de su estructura yoica por el cuadro secuelar a predominio depresivo. Que en este caso las secuelas no hayan sido tan desvastadora, está relacionado con su propia personalidad por lo que "ha podido integrar las secuelas de angustia y depresión relativamente bien a su personalidad" manifiesta la experta. El que haya reducido su contacto social y se vea poco deseosa de desarrollar sus potenciales, generando cambios en el terreno afectivo, al margen de que no provoque un daño económico tratándose de una persona que siendo ama de casa no desarrolla laboralmente sus capacidades productivas, como también ha dictaminado la licenciada con un tratamiento psicológico se revierte su cronificación ( ver fs. 1207/1208 y 1223).
Sobre esto último, es de mencionar que según un criterio si las secuelas son reversibles, corresponde la indemnización al importe del tratamiento (C. Civ., y Com. San Martín, sala 1ª, 5/2/2004, "Reinoso, Roberto v. Cataldo, Rafael y otros", JA 2004-III, fasc. 11, p. 88; v Higthon, Elena, "Accidentes de tránsito. Daño resarcible como lucro cesante y daño emergente en caso de lesiones a las personas, desde la óptica de los jueces", en Revista de Derecho de Daños, n. 2, "Accidentes de tránsito II", p. 54; C. Nac. Civ., sala 1ª, 23/6/2000, "F. M. N. v. V. G. D. y otros", LL 2001-B-722; dictámen de Procuración y voto en minoría del doctor Pettigiani de la SCBA Ac 69.476 9/5/2000).
Si bien en mi opinión expresada en reiterados votos, ninguna incompatibilidad se verifica en aceptar el rubro incapacidad sobreviniente y el daño emergente futuro del tratamiento para no agravar, mejorar y en determinadas situaciones suprimir el daño representado por esas secuelas psíquicas, la cuestión depende de las disquisiciones que corresponda efectuar en cada caso según los informes en la especialidad.
Si por el diagnóstico y pronóstico es factible vislumbrar con alto grado de probabilidad - ya que es inviable certidumbre en la materia- la remisión o rehabilitación, es decir un alcance curativo más que paliativo de la terapéutica aconsejada (en el caso no cuestionada en frecuencia, costo y duración) y si hasta ese entonces no existen elementos que permitan entrever que la incapacidad que provocaron se proyecte mas allá del plano extrapatrimonial ( ver a contrario sensu el voto del Dr. Laborde que hizo mayoría en el Ac. SCBA nº 69476 citado), parece razonable que hayan abordado sus implicancias bajo los rubros daño moral, en el caso procedente para todos los ascedientes de Matías por su deceso como se verá, y a tenor de las lesiones personales padecidas.
Si deliberadamente no hice consideración alguna sobre este aspecto en lo que hace al reclamo de Florencia es porque aunque en su caso sí considero que se presentan proyecciones de su incapacidad por tales secuelas (ver fs. 1224 in fine) potencialmente en el plano patrimonial ( vgr. disminución en el rendimiento intelectual potencial o efectivo fs. 1213), no cumplía actividad lucrativa al momento de la experticia, desconociéndose si la disminución de aptitudes fue transitoria, cesó o se mantuvo cuando adquirió edad laboral ( Zavala de Gonzalez idem p. 344). Ttratándose de un asunto básicamente metodológico para evitar duplicaciones u omisiones indemnizatorias (ver la opinión del Dr. Roncoroni en Ac. SCBA 83432 S 24-5-2006 cuando no fue evaluada en cualquiera de las dos esferas), y no existiendo agravio como dije centrado en la incapacidad, con tal aclaración en cuanto a su alcance, es decir en cuanto a lo comprometido, he de computarlo al tratar el daño moral que es donde el sentenciante de grado lo ubicó.
Encarando la última partida impugnada, el daño moral, para una mayor claridad, lo haré en función de los damnificados, sin perjuicio de establecer las distinciones correspondientes según se trate de un daño directo o indirecto, legitimación y aspectos que comprende en cada caso.
a) Por el padecido por la Sra. Adela Jodor a raiz del fallecimiento de su nieto Matias no correspondía declarar la inconstitucionalidad del art. 1078 CCivil, ya que su texto conforme interpretación que es doctrina legal de nuestro superior y que comparto, la comprende como legitimada activa.
Por las razones explicitadas en la causa Ac. 82.356, “Ojeda, Mirta Yolanda y otro c/ Provincia de Buenos Aires (Servicio Penitenciario). Daños y Perjuicios” del 1 de abril de 2004, cuando el precepto se refiere a ´herederos forzosos´, corresponde asignar a tal mención una interpretación amplia, de modo que alcance a todos aquellos que son legitimarios con vocación eventual, aunque -de hecho- pudieran quedar desplazados de la sucesión por la concurrencia de otros herederos de mejor grado, comprensión que, por otra parte, se compadece con el carácter iure proprio de esta pretensión resarcitoria y, además satisface la necesidad de evitar soluciones disvaliosas. E indudablemente la abuela como ascendiente reviste potencialmente ese carácter(arts. 3592, 3567 CCivil). En el mismo sentido SCBA C 98107 S 14-9-2011; C 100285 S 14-9-2011. Dije en Expte. Nº 42868 "MERCADO..... LS 49 n° 313 sent.
del 18/11/2008 "...que si bien una orientación doctrinaria y jurisprudencial postula que el reclamante debe ser heredero forzoso en concreto (Borda "La reforma de 1968 del Código Civil", ed. Perrot, Bs. As, 1971, N. 134; Cichero "La reparación del daño moral y la reforma civil de 1968" ED 66- 163; Mosset Iturraspe, "Responsabilidad por daño. El daño moral", t. IV, pág. 221; Belluscio, Augusto, "Código Civil y leyes complementarias. Comentado, acordado y concordancias", t. 5, pág. 117), hoy prevalece la orientación contraria que apoya la legitimación de herederos forzosos potenciales. Esta es por ejemplo la opinión de Llambías, Joaquín, "Código Civil Anotado", Ed. Abeledo Perrot, 1984, t. II-B, pág. 328 y "Tratado de Derecho Civil. Obligaciones", Ed. Abeledo-Perrot, 1973, t. IV-A-108; Pizarro, Daniel, "Daño moral", Ed. Hammurabi, 1996,págs. 224 y ss.; Kemelmajer de Carlucci, Aída Rosa, "Legitimación activa para reclamar daño moral en caso de muerte de la víctima actualización jurisprudencial" ED 140- 892; Zannoni, Eduardo, "Código Civil y leyes complementarias", Ed. Astrea, 1984, t. 5, pág. 117; Trigo Represas-Compagnucci de Caso, "Responsabilidad civil por accidentes de automotores", Ed. Hammurabi, 1987, t. 2, nº 25, pág. 573; Andorno, Luis, "Legitimación activa iure proprio amplia de los herederos forzosos por reclamación de daño moral indirecto"; "La Ley", 1998-E-193; Zavala de Gonzalez Matilde "Indemnización del daño moral por muerte" Editorial Juris nº 18 p. 65; de la CSJN, 09/12/1993 - Gómez Orue de Gaete, Frida A. y otra v. Provincia de Buenos Aires y otras- Fallos 316- 2894; la CNCiv. en pleno 28/2/94 JA 1994-II-678; la SC Mendoza 2/10/02 RCyS 2003-560; el TSJ Córdoba 30/5/03 LLCórdoba 2003-1253 y la doctrina legal de la SCBA a partir de Ac. 82.356, "Ojeda, Mirta Yolanda y otro contra Provincia de Buenos Aires (Servicio Penitenciario). Daños y perjuicios" del 1/4/2004 LLBA 2004-836 " toda vez que demandan en virtud de un derecho propio y no hereditario, y el art. 1078 del Cód. Civil se vale del orden sucesorio sólo para circunscribir la legitimación, mas no para desplazar un heredero por tener otro mejor derecho de acuerdo con las reglas del derecho sucesorio". En razón de ello y por estricta aplicación del art. 1078 del CCivil y no por su descalificación constitucional como entendió el A-quo" es que el concepto aquí procede.
Despejada entonces esta cuestión, en cuanto a su cuantificación en $ 65.000, independientemente de que no dándose situaciones especiales la equiparación efectuada con la otorgada a los padres aparece por el mismo vínculo desajustada, estimo que en la actualidad y conforme la afectación de esta naturaleza de que se da cuenta en el informe de fs. 1215/1221 y la proximidad con ese nieto, dicho importe debe ser confirmado en cuanto representa una suma seria, justa y posible ( Zavala de Gonzalez idem to. 5a p. 235 y ss). Entiendo en cambio escasa la cantidad de $ 5.000 fijada por el daño moral sufrido como damnificada directa por las lesiones físicas que el accidente le provocó. A tenor del informe pericial médico de fs. 904/7 y 909/910 y las secuelas incapcitantes del latigazo cervical y sus repercusiones anímico-espirituales proponga se eleve la indemnización por por este concepto a $ 15.000.
b) En relación a los padres de Matias puede decirse que no hay sufrimiento más intenso que la pérdida de un hijo, no existiendo suma dineraria alguna que pueda repararlo.No se verifican diferencias etiológicas entre el padecimiento que provoca según se trate de la madre o el padre, sin perjuicio de lo cual deben ponderarse las consecuencias extrapatrimoniales que individualmente apareja la lesión psíquica, que en el presente y más allá de las diferencias de personalidad no ostentan visibles disimilitudes. En la siempre difícil tarea de traducir en un importe esta clase de daños, tomando como pautas la muerte tan prematura , la impotencia frente a la fría y cruel dinámica del hecho que también vivieron, el que se trataba del hijo mayor y único varón y lo insustituible de su presencia aunque tengan otras dos hijas, circunstancia que también debe ser computada, es que de acuerdo a parámetros de este tribunal para supuestos análogos y a valores actuales, es que considero que la suma a fijarse a favor de Gustavo A. Mourelle y Blanca G. Ahmad debe ser elevada a $ 200.000 para cada uno.
Respecto del daño moral que como damnificados directos les fue ocasionado, fijado en $ 10.000 para él y $ 4.000 para su esposa, apreciando las secuelas derivadas de las lesiones físicas que ilustra la pericia médica, en lo pertinente trascripto en el fallo a fs. 1343vta/1345vta. , también considero que tales sumas deben ser aumentadas a $ 20.000 y $ 10.000 respectivamente.
c) En cuanto al daño moral de Florencia provocado por el fallecimiento de su hermano, liminarmente me permito recordar que según expresé también en el expte. "Mercado..." ya citado "... la solución resultante de la prédica de un sector mayoritario de la doctrina, las conclusiones de Congresos y Jornadas vgr. Jornadas sobre temas de responsabilidad civil por muerte o lesión de personas Rosario 1979; Segundas Jornadas Sanjuaninas de Derecho Civil 1984; II Congreso Internacional de Daños Bs. As. 1991; XIV Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Tucumán 1993 y los Proyectos de reforma del Código Civil elaborados por la Comisión Decreto 468/92, la Comisión de Legislación General Comisión Federal de 1993, y el del año 1998, en cuanto a la necesidad de ampliar la legitimación activa en materia de daño moral respecto de pretensores damnificados indirectos, ensanchando la categoría cerrada de la norma en vigencia, encontró en el ámbito provincial con el fallo de la SCBA del 16/5/2007 recaído en causa C. 85.129 "C. , L. A. y otra contra Hospital Zonal de Agudos General Manuel Belgrano y otros. Daños y perjuicios" ( ver Derecho de Familia 2008-I-41 y ss), aunque referido al caso de lesiones y no muerte de la víctima del hecho dañoso, un fuerte respaldo, sobre todo por los fundamentos de los destacados votos de los Dres. Roncoroni y de Lazzari, en su lucha por revertir exclusiones injustificadas (piénsese por ejemplo en el caso de integrantes de uniones de hecho o hermanos, impedidos de accionar en caso de fallecimiento cuando puede hacerlo un bisabuelo o la de los padres cuando su hijo queda cuadripléjico, en cuyo caso el detrimento espiritual de aquellos puede ser mayor con esa sobrevivencia que con la misma muerte).
Sin embargo, tal como se encargó de puntualizar el primero de los sufragantes, para descalificar constitucionalmente la norma - único camino para no aplicarla- resulta necesario además de la existencia en la singularidad del caso de circunstancias excepcionales, como se verificaron en el resuelto (" el criterio que propugno en este acuerdo en modo alguno habrá de constituirse en un portalón que facilite la cascada de reclamos indemnizatorios de damnificados indirectos") que patentizan incontestablemente la irrazonabilidad del precepto en su concreta aplicación, "la certeza adquirida sobre el daño cuya reparación se pretende y la relación causal adecuada con el hecho, también incuestionable".
Es que si bien como norma de clausura el art. 1078 del CCivil puede considerarse disvalioso, no por ello deja de ser una expresión de oportunidad, mérito y conveniencia por la que optó el legislador (por ende él es el órgano encargado de modificarla), cuyo test de constitucionalidad no en todos los casos, sin medida ni coto, arroja como resultado una evidente irrazonabilidad ni vulnera abiertamente postulados de raigambre superior. Tal como dijo la Corte Suprema nacional -y cita expresamente el Dr. Roncoroni- la declaración de inconstitucionalidad " es un acto de suma gravedad, al que sólo debe recurrirse cuando una estricta necesidad lo requiera, en situaciones en las que la repugnancia con la cláusula constitucional sea manifiesta e indubitable y la incompatibilidad inconciliable".
Tratándose de un precepto cuya letra y espíritu claramente se inclina por la solución restrictiva, limitativa de quienes tienen derecho a reclamar daños de esta naturaleza, criterio éste que cabe aclarar todavía suscita adhesiones de parte de la doctrina nacional y extranjera y en el derecho comparado (ver Mosset Iturraspe Responsabilidad por daños To. V p. 247 y ss), corresponde proceder con suma prudencia en el análisis de razonabilidad o tolerancia constitucional, máxime cuando no existe unánime consenso si dicha titularidad puede sujetarse, condicionarse a determinados parámetros o admitirse legitimación sin cartabones de personas excluidas. Repárese que de lege ferenda, en los proyectos de reforma no ha existido siquiera uniformidad en la propuesta de tratamiento. Así mientras en el Proyecto de Código Unico de 1987 ninguna modificación se previó, la Comisión decreto 468/92 agrega al elenco legal la de las personas que convivan con la víctima fallecida al tiempo del hecho, en tanto la Comisión Federal hace caso omiso de esa circunstancia e incluye únicamente a los hermanos y el Proyecto de 1998 (art. 1689) da una formula mucho más amplia, sobre uno de cuyos aspectos volveré. Tal diversidad de propuestas, a cuyo abanico podrían sumarse la de Trigo Represas-Lopez Mesa (Tratado IV p. 481) quienes solo admiten la potencialidad reclamante de quien está unido al occiso por un vínculo jurídico pero no por uno de hecho; la de 'los vínculos de parentesco con un entendimiento flexible, abarcando a quienes desempeñen roles familiares aunque no lo sean', como propugna Zavala de Gonzalez ( ob. cit. p. 83 y 87), y la derogación lisa y llana del segundo párrafo del artículo como lo hace Vazquez Ferreyra (JA 1991- II-826), revela las dificultades que presenta visualizar lo que reglamentariamente es mínimamente justo y razonable.
En ese contexto, estimo útil para desentrañar el alcance de lo que es la doctrina de nuestro Superior y precisar, en la medida de lo posible mientras no se produzca la reforma, las pautas y condiciones para el apartamiento de la norma con el fin de no sustituir con "conceptos" propios los del derecho objetivo en tanto no se afecte una "concepción" constitucional (Dworkin Ronald " Los derechos en serio" p. 213), recurrir como guía a la regla del Proyecto de 1998, expresada de la siguiente forma: "Los tribunales tienen atribuciones para asignar legitimación a otros sujetos, en los casos especiales en los que el hecho tiene un grado de repercusión que excede del ordinario, habida cuenta de su vinculación con el damnificado y las demás circunstancias". Creo sinceramente que ese fue el entendimiento de la cuestión en el voto que hizo mayoría y lo que tuvo en mente su emisor en función de las particularidades del caso decidido."
Recordaba luego el fallo de la Sala II de la Cam. Civil y Comercial de Azul, con el voto del Dr. Galdós, en autos "A., H. M. y Otros c/ Q., C. y otros s/ Daños y Perjuicios" (Causa Nº 51.466) y "G. de S., M. c/ A., H. M. Y A., A. R. S/ Daños y Perjuicios" (Causa Nº 51.467) del 29/4/2008 denegatoria de la legitimación activa de los hermanos para reclamar daño moral por muerte, que en sentido similar exigía probar circunstancias excepcionales que viabilicen una evidente y grosera oposición a la Constitución Nacional y Provincial, y concluí que ese presupuesto era imprescindible, máxime que conlleva un apartamiento legal, debe ser riguroso, categóricamente probado ("serán los jueces quienes sabrán apreciar y afrontar ese posible desborde litigioso, constatando rigurosamente la reunión de los presupuestos necesarios para la admisión de la responsabilidad y ejercitando activamente sus atribuciones para marginar abusos (art. 1071 CCiv)..." expresa el voto del Dr. De Lázzari).
Esa misma prudencia ha sido reclamada por Emilio A.
Ibarlucia en " Los cuestionamientos constitucionales al artículo 1078 del Código Civil" , trabajo publicado en la RRCyS agosto 2011 n° 8 p. 10 y ss proponiendo "sólo apartarse del texto de la ley en casos excepcionales, y propiciar que las modificaciones legislativas que se encaren establezcan la legitimación para reclamar resarcimiento del daño moral con precisión y la menor derivación posible a la discrecionalidad judicial"
Se sustrae de una posible observación al respecto el art. 1741 del Proyecto de Código Civil y Comercial redactado por la Comisión designada por decreto PE 191/2011, actualmente en debate, en cuanto dispone en relación a la indemnización de las consecuencias no patrimoniales que "si del hecho resulta su muerte o sufre gran discapacidad también tienen legitimación a título personal, según las circunstancias, los ascendientes, los descendientes, el cónyuge y quienes convivían con aquél recibiendo trato familiar ostensible" (en cuya letra tendría cabida la reclamante como hermana conviviente del fallecido)
Volviendo a lo que es el régimen de lege lata, la Corte provincial en coherencia con la exigencia de una concreta situación fáctica para traspasar el límite legal (v. comentario de López Barvo "La nueva visión de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Bs. As. respecto al art. 1078 del Código Civil en LLBA 2007-504) aún antes de ampliar la legitimación a quienes están en situación de concubinato ( v. causa C. 100.285, "R. , A. H. contra Kelly, Santiago y otros. Daños y PerjuiciosCiTag2". sent. del 14/9/2011), cuando sostenía que la concubina estaba excluida, por medio del art. 1079 dijo que podía reconocerse derecho a la indemnización si una pericial psicológica hubiera determinado que la reclamante padecía un trauma psíquico (L 87.342 del 20/6/2007). También en fallo C. 97.144, "M. , E. N. y otros contra Municipalidad de Tres Lomas. Daños y Perjuicios" del 30/9/2009, considerando se trataba de una cuestión de hecho no hizo lugar al recurso de inaplicabilidad de ley deducido contra la sentencia de la Cámara Civil y Comercial de Trenque Lauquen que admitió la legitimación activa por daño moral del hermano del fallecido.En esta oportunidad el Dr. de Lázzari agregó ".. que a la luz de las particularísimas circunstancias del caso, en función del estrecho lazo fraternal exhibido entre los peticionantes y el occiso fruto de la convivencia en el seno familiar que aumenta las relaciones entre pares, así como, el desequilibrio existencial de cada uno de ellos ante la sorpresiva ausencia del hermano que perdura en el relato familiar, en tanto todas ellas han sido acreditadas en la causa y exhiben certeza de la existencia del daño cuya reparación se reclama, la legitimación acordada a los CiTag91 hermanosCiTag93 en concepto de daño CiTag92 moralCiTag94 , tal como fuera concebida por la alzada en virtud de la declaración de inconstitucionalidad del art. 1078 del Código Civil, evidencia una solución justa."
Con tales premisas, creo que en este particular supuesto dado el estrecho vínculo entre legitimación y daño, y el carácter cierto e importante de éste, Florencia tiene titularidad resarcitoria. Concluyó la Lic. Falco que su cuadro secuelar es de "predominio depresivo con rasgos esquizoides y con posibles actuaciones contrafóbicas", que "su estructura yoica se encuentra gravemente debilitada", con "capacidades inhibidas o bloqueadas por causas emocionales, por lo cual no puede pensar bien, tendiendo a reaccionar inmediatamente", que la carga conflictiva es intensa, que al perder a su hermano perdió a la "persona con quien compartía todo. Ella se quedó sin nada", que "el impacto emocional ha sido tan intenso que en la actualidad parecería que no ha podido tramitar psiquicamente nada acerca de la pérdida que ha sufrido" y "presenta indicadores de riesgo suicida como así también de daño psíquico" (ver fs. 1214/5). Los informes parciales de los test que le fueron realizados, individualmente dan cuenta de la trascendencia en su vida psíquica y sentimental de aquella muerte, acontecida en un episodio traumático que ella protagonizó en forma personal y además como damnificada directa.
Sobre esto último es de puntualizar que sin contradicción alguna con la causalidad adecuada exigible para cualquier clase de perjuicio, sino antes bien confirmando las razones de admisión de la pretensión, que en cuanto a la causación de la afectación en esta esfera de la personalidad, resulta harto difícil delimitar - y ningún indicador hay de ello en la pericia- la medida en que éste resultado es atribuible al mismo fallecimiento del hermano, o concurre con la vivencia personal del accidente, sus circunstancias y consecuencias, del cual ella misma fue víctima.
Sopesando además del peso que tenía el hermano en la estructura de su mundo interno, por lo que su fallecimiento la dejó en un "estado de desvalimiento emocional muy profundo"
(conclusiones finales), el estadio de la vida en que se verifican esas secuelas y las posibilidades de reversión o corrección a través de la terapia no psicoanalítica aconsejada, en lo que hace a la cuantificación del padecido como damnificada directa (según comprensión mayoritaria de la doctrina) por las propias lesiones, la índole de las mismas e incluso el daño estético aquí comprendido, amén de las posibles incidencias de su merma como generadora de incapacidad en otras esferas, es que propongo además de confirmar la procedencia de daño moral por esta doble causalidad, incrementar sus importes a $ 150.000 por el fallecimiento de Matías y de $ 40.000 por sus personales lesiones.
Resta el tratamiento del agravio expuesto por la parte actora contra la tasa de interés que el sentenciante mandó a aplicar a las sumas indemnizatorias.
En tal tarea, es dable recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha resuelto invariablemente, sentando de tal modo doctrina legal, que a los créditos reconocidos judicialmente que estén pendientes de pago, debe aplicárseles la tasa de interés que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a treinta días, vigente durante los distintos períodos de aplicación; criterio que mantuvo recientemente en las causas C.101.774, "Ponce , Manuel Lorenzo y otra contra Sangalli, Orlando Bautista y otros. Daños y perjuicios" y L.94.446, "Ginossi, Juan Carlos contra Asociación Mutual U.T.A. Despido", ambas en acuerdo del 21 de octubre de 2009.
Vale acotar que el acatamiento de los tribunales de grado a la doctrina legal de la Suprema Corte de Justicia provincial responde al objetivo del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, que es mantener la unidad de la jurisprudencia, propósito que se frustraría si aquellos, apartándose del criterio sentado por ésta, insistieran en adoptar decisiones que irremediablemente habrían de ser casadas (art. 161 inc. 3º ap. a Const. Pcial.; conf. Cámara 2ª Sala 1ª de La Plata, sent. del 13-5-1997, Sumario Juba B151967; S.C.B.A., Ac. 92695, sent. del 8-3-2007). Por ello, este agravio no puede prosperar.
ESTE ES MI VOTO
El Señor Juez Dr. Castro Durán, aduciendo análogas razones dio su voto en igual sentido.-
A LA SEGUNDA CUESTION, EL Señor Juez Dr. Guardiola, dijo:
Atento el resultado arribado al tratar la cuestión anterior , preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso -artículo 168 de la Constitución Provincial y 272 del CPCC-, Corresponde: CONFIRMAR la sentencia apelada en cuanto ha sido materia de agravios excepto en cuanto a los importes a) por "valor vida" por fallecimiento de su hijo, para Gustavo Alberto Mourelle y Blanca Graciela Ahmad que se eleva a la de $ 80.000 para cada uno; b) por daño moral de la Sra. Adela Jodor como damnificada directa que se eleva a $ 15.000; c) por daño moral de Gustavo Alberto Mourelle y Blanca Graciela Ahmad como damnificados indirectos por el fallecimiento de su hijo que se eleva a $ 200.000 para cada uno, y como damnificados directos por las consecuencias espirituales provocadas a raiz de lesiones físicas padecidas en el accidente, incrementarlos a $ 20.000 y $ 10.000 respectivamente y d) por daño moral de Florencia Gabriela Mourelle derivado del fallecimiento de su hermano a $ 140.000 y por lesiones personales a $ 40.000.
Las costas de Alzada teniendo en cuenta el éxito alcanzado se fijan en un 90% a los demandados y en un 10% a los apelantes. (arts. 68 y 71 del CPCC). Difíérese la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad (arts. 31 y 51 de la ley 8904).
ASI LO VOTO.-
El Señor Juez Dr. Castro Durán, aduciendo análogas razones dio su voto en igual sentido.-
Con lo que se dio por finalizado el presente acuerdo que firman los Señores Jueces por ante mí: FDO. DRES. JUAN JOSE GUARDIOLA Y RICARDO MANUEL CASTRO DURAN, ANTE MÍ, DRA. MARIA V.
ZUZA (Secretaria).-
//NIN, (Bs. As.), 27 de Noviembre de 2012.-
AUTOS Y VISTO:
Por los fundamentos consignados en el acuerdo que antecede, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso – artículos 168 de la Constitución Provincial y 272 del CPCC-, se
CONFIRMAR la sentencia apelada en cuanto ha sido materia de agravios excepto en cuanto a los importes a) por "valor vida" por fallecimiento de su hijo, para Gustavo Alberto Mourelle y Blanca Graciela Ahmad que se eleva a la de $ 80.000 para cada uno; b) por daño moral de la Sra. Adela Jodor como damnificada directa que se eleva a $ 15.000; c) por daño moral de Gustavo Alberto Mourelle y Blanca Graciela Ahmad como damnificados indirectos por el fallecimiento de su hijo que se eleva a $ 200.000 para cada uno, y como damnificados directos por las consecuencias espirituales provocadas a raiz de lesiones físicas padecidas en el accidente, incrementarlos a $ 20.000 y $ 10.000 respectivamente y d) por daño moral de Florencia Gabriela Mourelle derivado del fallecimiento de su hermano a $ 140.000 y por lesiones personales a $ 40.000.
Las costas de Alzada teniendo en cuenta el éxito alcanzado se fijan en un 90% a los demandados y en un 10% a los apelantes. (arts. 68 y 71 del CPCC). Difíérese la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad (arts. 31 y 51 de la ley 8904). Regístrese, notifíquese y oportunamente remítanse al Juzgado de origen.- FDO. DRES. JUAN JOSE GUARDIOLA Y RICARDO MANUEL CASTRO DURAN, ANTE MÍ, DRA. MARIA V. ZUZA (Secretaria).-
Fin de la sentencia