Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa EX-2022-129283201-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar las resoluciones apeladas en cuanto determinan el Impuesto a las Ganancias y el Impuesto a las Ganancias -Salidas No Documentadas-, con más intereses resarcitorios, con costas.
2Confirmar la multa aplicada en la Resolución N° 95/2022 del Impuesto a las Ganancias -Salidas No Documentadas-, con la reducción que se determina en el Considerando VIII del voto de la mayoría, con costas, salvo en la proporción en que se reduce la multa, aspecto en el que se imponen por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2023-95550078-APN-VOCV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 16 de Agosto de 2023 El Expediente EX-2022-129283201-APN-SGAI#TFN, caratulado: “MOVE CONCERTS ARGENTINA S.A.” a resolución de los miembros que integran la Sala “B” de este Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Armando Magallón (Vocal Titular de la Cuarta Nominación), José Luis Pérez (Vocal Titular de la Quinta Nominación) y Pablo A. Porporatto (Vocal Titular de la Sexta Nominación);
El Dr. Pérez dijo:
I. Que mediante IF-2022-129283079-APN-DTD#JGM la actora interpone recurso de apelación contra las Resoluciones N° 94/2022 (DV RR1P) y N° 95/2022 (DV RR1P) ambas dictadas en fecha 3 de noviembre de 2022, por la División Revisión y Recursos I de la Dirección Regional Palermo de la A.F.I.P-D.G.I., en virtud de las cuales se dispuso determinar de oficio el impuesto a las ganancias por los períodos fiscales 2016 y 2017 disminuyendo quebranto en el período fiscal 2016 y disminuyendo el saldo a favor del período fiscal 2017, con más intereses resarcitorios; por otro lado resuelve determinar de oficio el impuesto a las ganancias –salidas no documentadas - por los períodos fiscales 07/2016, 08/2016 y 11/2016 a 10/2017 con sus respectivos intereses resarcitorios, y aplicar multa equivalente a tres veces el impuesto a las ganancias –salidas no documentadaspresuntamente evadido, por los períodos fiscales 07/2016, 08/2016 y 11/2016 a 10/2017, de conformidad con lo previsto por los artículos 46 y 47 inc. d) de la ley N° 11.683 graduada en 3 veces el impuesto dejado de ingresar. Opone en primer lugar la nulidad de las actuaciones, en tanto las resoluciones carecen de “causa”. Considera que la fiscalización reconoce como único fundamento la detección de operaciones realizadas con el proveedor “Hey Group S.A.” que fue incluido en la base eApoc.
Sostiene que los indicios recolectados respecto del proveedor observado no resultan idóneos para sustentar los ajustes propuestos por cuanto, en primer lugar los mismos resultan incumplimientos no imputables a la firma y, en segundo lugar, debido a que la prueba que fuera aportada en el curso de la fiscalización acredita la existencia de las operaciones impugnadas e individualizan al proveedor con el que se ha operado.
Esgrime que la constatación del domicilio fiscal es un requisito que el Fisco exige para el otorgamiento del CUIT, asimismo, obliga a informar las actualizaciones del mismo. Por ende, considera que este extremo debió haber sido verificado por el Fisco al momento de otorgar el número de identificación tributaria.
Destaca al respecto que al momento de comenzar y durante toda la relación comercial con HEY GROUP S.A. no estaba incluido en la base de facturas apócrifas de ese Organismo.
Resalta que la promoción y difusión del espectáculo es uno de los gastos más importantes en la actividad de la productora pues el éxito del espectáculo depende necesariamente de la envergadura de dicho gasto. Agrega que toda la documentación registrada por MOVE, así como la prueba de las publicidades efectuadas, acreditan la existencia de la operación.
En relación al ajuste efectuado en el impuesto a las ganancias –salidas no documentadas-, plantea la violación al principio de legalidad. Indica que a la luz de la norma legal, la procedencia del ajuste requeriría 2 elementos concurrentes los cuales no fueron evidenciados por el Fisco Nacional: (i) ausencia de documentación, y ii) falta de acreditación de la necesidad del gasto para la obtención de ganancias gravadas.
Observa las irregularidades del proveedor, expuestas por el fisco (no localización en el domicilio, no responden los requerimientos, sin bienes registrables) y señala que en ningún caso se expone la ausencia o la irregularidad de la documentación vinculada a las operaciones o bien, la ausencia de su vinculación con las ganancias alcanzadas por el impuesto.
En punto a lo afirmado, resalta que los comprobantes son válidos no sólo desde un punto de vista formal sino también material, en relación a su contenido. A su vez asevera que la vinculación del gasto con la obtención de ganancias gravadas de MOVE es evidente.
Plantea la violación al principio de capacidad contributiva en tanto no permite la deducción de gastos, modificando así la naturaleza del tributo. Cita jurisprudencia.
Por otra parte, sostiene la improcedencia de los intereses resarcitorios aplicados considerando su inaplicabilidad en tanto la mora no le es atribuible a la firma. Cita normativa y jurisprudencia en apoyo de su postura. En referencia a la sanción aplicada, como planteo preliminar, invoca la prescripción de las facultades del Fisco Nacional para aplicar multa con relación al Impuesto a las Ganancias –Salidas no documentadas – por los períodos fiscales 07/2016, 08/2016, 11/2016 y 12/2016, por cuanto el plazo quinquenal establecido en el art. 56 comenzó a correr a partir del 1 de enero de 2017 prescribiendo el 1 de enero de 2022. Por tanto, al momento en que esa administración impuso multa, ya se había producido la prescripción de la potestad del fisco nacional para aplicar la sanción en cuestión. De esta manera, la suspensión del plazo de prescripción dispuesto en el artículo agregado a continuación del art. 65 de la ley 11.683 resulta inaplicable al caso. Cita jurisprudencia. Sostiene la falta de configuración de los elementos objetivo y subjetivo, y subsidiariamente plantea la existencia de un error excusable, solicita el reencuadre de la conducta en la figura de omisión (art 45 de la LPT). Finalmente, ofrece prueba, reserva la cuestión federal y solicita se revoquen los actos apelados, con costas.
II. El Fisco Nacional mediante IF-2023-23528519-APN-DTD#JGM contesta el recurso y niega todos y cada uno de los hechos alegados por la recurrente.
En primer lugar, solicita el rechazo del planteo de nulidad de los actos apelados, atento su improcedencia, en tanto señala que la actora no esgrime argumento válido que permita fundamentar la misma. En tanto de la simple lectura de las resoluciones e incluso, de las distintas piezas que conforman las actuaciones administrativas, se desprenden claramente cuáles fueron los elementos que tuvo en cuenta la fiscalización actuante a fin de proceder a dictar los actos discutidos. Indica que se cumplimentaron todos los requisitos esenciales y sustanciales exigidos por la Ley 11.683 y la ley nacional de procedimientos administrativos.
Respecto a sostener la veracidad de los servicios cuestionados, sostiene que resulta aplicable la regla onus probandi incumbit el qui dicit, cita el art. 377 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación afirmando así, que corresponde a la actora demostrar la existencia de sus proveedores (no de su situación fiscal o la identidad definitiva del mismo) y acreditar la sustantividad de las operaciones impugnadas por la inspección actuante. Señala que más allá de los argumentos esgrimidos por la actora, lo cierto es que no ha podido aportar detalles fehacientes y relevantes de las supuestas prestaciones de servicios que le fueron facturadas por el proveedor impugnado y, mucho menos, ha logrado producir alguna prueba fehaciente de la real existencia del mismo, cuya relevancia en materia fiscal resulta innegable.
Menciona que la circunstancia de que HEY GROUP S.A se encuentre registrada en la base de facturación apócrifa de esta Administración Federal con posterioridad a la fecha de las operaciones comerciales criticadas, no enerva la postura asumida, habida cuenta que el mentado suceso temporal no acredita en forma fehaciente la efectiva existencia de los servicios bajo análisis.
Señala que el hecho de haber otorgado una CUIT no obsta de impugnar la personería otorgada por considerarla apócrifa.
Por otro lado, en respuesta al argumento esgrimido por la actora en torno a que la promoción y difusión del espectáculo es uno de los gastos más importantes en la actividad de la productora, sostiene que la contribuyente no ha aportado respecto de la proveedora impugnada contratos firmados por los servicios solicitados; antecedentes laborales; capacidad operativa y económica para hacer frente a los servicios contratados; equipos e infraestructura para cumplir con las obligaciones asumidas; facturas por los derechos de uso de espacios de publicidad contratados por la proveedora (afiches, promoción en los subtes, carteles gigantes en la calle, etc.). A modo de conclusión advierte que la actora no incorpora nuevos elementos de juicio que permitan desvirtuar las imputaciones formuladas en las resoluciones, por lo que solicita su confirmación con costas.
Con respecto al agravio en torno a la aplicación de intereses resarcitorios manifiesta que cabe desestimar su pretensión conforme los elementos probatorios y de los considerandos expuestos a lo largo de la resolución en tanto evidencian un accionar encaminado a defraudar a la Administración Pública.
En cuanto al planteo de prescripción de las facultades para aplicar multa por los períodos 07/2016, 08/2016, 11/2016 y 12/2016, destaca que, si bien eran períodos en los que no existía la obligación de presentar declaraciones juradas y se regían por la RG 893 -correspondía su ingreso/pago por volante de pago-, se equipara el concepto de volante de pago al de declaración jurada y se aplica el artículo 46 de la Ley 11.683. Sosteniendo que el plazo obligatorio para su ingreso eran los 15 días hábiles siguientes al momento en que se produjo la erogación.
Continúa aseverando que, en dicho entendimiento y computando los plazos de suspensión legales de prescripción (Ley 27.562), para los períodos 07/2016, 08/2016 y 11/2016 operaba su prescripción el 31/12/2022 siendo que la Vista fue notificada el 12/09/2022; mientras que en el caso del 12/2016 – considerando la fecha de las erogaciones - operaba el 31/12/2023. Cita jurisprudencia en apoyo de su postura.
Finalmente, en cuanto a la sanción endilgada indica que la actora perjudicó al Fisco mediante la ocultación maliciosa de su situación impositiva real, mediante la utilización de facturas apócrifas y su correlativo cómputo indebido de gastos del impuesto a las ganancias y crédito fiscal en exceso en el impuesto al valor agregado. A su vez, argumenta que de las acciones de la actora, puede observarse que las mismas son exteriorizantes del dolo, puesto que encuadra en la presunción que el legislador receptó al mismo efecto en el artículo 47 inciso d) de la Ley de Procedimiento Tributario. Por otra parte alega que en las infracciones tributarias se produce una inversión de la carga de la prueba, corriendo por cuenta de la actora demostrar su inocencia lo que no ocurre en los presentes autos.
Hace reserva de caso federal, efectúa oposición a la prueba y solicita se confirmen los actos, con costas.
III. Que, contestado el traslado a la oposición a la prueba efectuado por el Fisco Nacional (vide IF-2023- 31533902-APN-DTD#JGM), el Tribunal resuelve mediante PV-2023-40905696-APN-VOCV%TFN requerir a las partes que manifiesten, si consideran que la audiencia prevista por el artículo 173 de la Ley 11683 deviene inoficiosa en atención a las presentaciones ya efectuadas, quedando en consecuencia este Tribunal en condiciones de resolver sobre la pertinencia y admisibilidad de las pruebas ofrecidas.
La representación fiscal por IF-2023-44045818-APN-DTD%JGM y la actora mediante IF-2023-52218780-APN- DTD%JGM contestan el requerimiento y señalan que la audiencia no resulta necesaria.
Considerando el estado de autos, la prueba documental agregada por la actora al interponer el presente recurso y que la restante prueba por su parte ofrecida en su líbelo recursivo, ya se encontraba producida en las actuaciones administrativas acompañadas por su contraria, en atención a lo manifestado por las partes en sus presentaciones IF-2023-23528519-APN-DTD#JGM e IF-2023-37194658-APN-DTD#JGM; el 24/05/2023 el Tribunal por PV- 2023-59817147-APN-VOCV#TFN resolvió hacer saber a las partes que la presente causa se resolverá con las constancias de autos y sus actuaciones administrativas, quedando la misma conclusa para definitiva. A través de PV-2023-88222273-APN-VOCV#TFN se elevan los autos a consideración de la Sala “B” y mediante IF-2023-91897794-APN-VOCV#TFN pasan los autos a sentencia.
IV. Que procede en primer término analizar los planteos de nulidad articulados por la actora en relación a los actos administrativos apelados.
Argumenta que estos carecen de causa y motivación, en tanto la fiscalización reconoce como único fundamento la detección de operaciones realizadas con el proveedor “Hey Group S.A.” que fue incluido en la base eApoc. Cabe señalar, en primer lugar, que los ajustes determinados en autos por el Fisco Nacional se sustentan en la impugnación por apócrifo del proveedor Hey Group SRL –siendo conformados los ajustes de los restantes proveedores conforme se desarrollará en acápites subsiguientes-, lo que lleva a cuestionar en definitiva la facturación que a éste le atribuye la recurrente.
Corresponde tener presente, que para la procedencia de una nulidad interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origina el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a la indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría visto privado de oponer el impugnante, debiendo además ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (ver en tal sentido “Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica - AMET. c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ amparo”, CSJN, 5/10/95, T. 318 , P. 1798; “Aguirres, Mirta Ramona c/ La Rioja, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios”, CSJN, 6/02/01, T. 324 , P. 151; “Simijosky Juan c/ E.N. (E.M.G.E.) s/ personal militar y civil de las FFAA. y de Seg. Causa: 31.321/94”, C. NAC. CONT. ADM. FED. SALA II , 9/10/96, entre otros).
Que respecto de lo estrictamente formal, las resoluciones apeladas en cuanto actos administrativos, aparecen satisfaciendo acabadamente los requisitos estatuidos por el artículo 7 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Asimismo, no se observa que el organismo fiscal se haya apartado en su accionar del ordenamiento jurídico positivo.
Que en definitiva, los agravios de la actora son argumentos que hacen a su disconformidad con la forma en que resolviera el juez administrativo, circunstancia ésta que excede el marco de la nulidad planteada. Que corresponde señalar aquí que, si bien el planteo mereció un tratamiento previo por razones de lógica precedencia, lo cierto es que no fue articulado por la actora como excepción en los términos del art. 171 de la ley ritual sino como defensa contra el acto determinativo apelado y con la finalidad de obtener la revocación del criterio fiscal (vide petitorio del escrito de apelación), razón por la cual no corresponde una imposición de costas autónoma. En este aspecto cabe traer a colación lo dicho por la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, in re “Ferioli, Jorge Oscar” (sentencia de fecha 24/08/2007), por cuanto “...al estar subsumidos los planteos de nulidad dentro del ámbito recursivo, y por tanto, no haber generado o dado lugar a una actividad procesal autónoma, distinta o específica de aquella que es propia de la sustanciación ordinaria de la apelación de fondo, no se justifica tampoco un tratamiento especial y distinto -en materia de costas- que aquel asignado al resolverse la cuestión sustancial...”.
Que en el mismo sentido se ha expedido la Corte Suprema de Justicia en cuanto “Que tampoco pueden prosperar los agravios dirigidos a que se impongan a la actora las costas por el rechazo de la nulidad planteada ante el Tribunal Fiscal; ya que con independencia de que esa defensa había sido introducida como excepción de previo y especial pronunciamiento (conf. fs. 132), lo cierto es que fue tratada y resuelta en la sentencia de fondo y —tal como lo puso de relieve el a quo— la actora la planteó "como defensa contra la determinación tributaria y encaminada a obtener la revocación de la pretensión fiscal" (conf. sentencia de cámara, considerando V, fs. 735). En tales condiciones, y si bien a ese resultado se llegó en virtud del examen y la decisión del aspecto sustancial de la controversia, cabe coincidir con el a quo en cuanto a que no corresponde una imposición de costas autónoma por la aludida incidencia” (B-485-XLV, “Bolland y Cía. S.A.”, sentencia de fecha 21/02/2013).
V. Que para entrar a analizar el fondo de la cuestión, corresponde revisar los hechos constatados por la inspección actuante y expuestos en los antecedentes administrativos.
El contribuyente de referencia, cuyo nombre de fantasía es “Live Pass”, tiene como actividad declarada la de prestar servicios de espectáculos artísticos.
Conforme se desprende del informe final de inspección (fs. 769/776. Cuerpo IVA a.a.) la inspección tuvo origen en la detección de operaciones con sujetos incluidos en la base eApoc de contribuyentes de usinas de facturación apócrifa con la contribuyente de marras, procediendo a analizar las operaciones con los proveedores apócrifos detectados por los períodos fiscales 2016 a diciembre de 2017 en torno al Impuesto al Valor Agregado períodos fiscales 01/16 a 12/17 y al Impuesto a las Ganancias, Períodos Fiscales 2016 y 2017.
Durante el transcurso de la fiscalización la contribuyente aportó copias de las facturas de pago, recibos, órdenes de pago (fs. 40 a 96 por el ejercicio 2017 y 558 a 571 y 624 a 663 por el ejercicio 2016 cuerpo IVA a.a.), aportó Libro IVA Compras y extractos bancarios de donde se debitaron los cheques respectivos.
Conforme la verificación realizada, sobre la documental aportada se verificó el cómputo de crédito fiscal y gastos emitidos por los siguientes proveedores que se encuentran en la Base de contribuyentes no confiables: Klako SRL, Landriel Claudia Noemi y Hey Group.
Del informe final de inspección, surge que la actora aceptó la impugnación de los proveedores Klako SRL y Landriel. A su vez regularizó las diferencias detectadas por el Impuesto al Valor Agregado, respecto del proveedor Hey Group S.A., manteniendo la discusión en relación al cómputo de gastos en el impuesto a las ganancias (vide fs. 771/773 Cuerpo IVA a.a.) y el impuesto a las ganancias –salidas no documentadas-. A título de síntesis y sin perjuicio de que cabe remitirse a las actuaciones administrativas, se detallan algunas de las irregularidades expuestas respecto del proveedor Hey Group S.A.
Hey Group S.A.: Incluido en la base eApoc bajo la condición “sin capacidad económica” por parte de la Dirección Regional Centro de la AFIP-DGI. No surgen pagos efectuados en el impuesto al valor agregado ni en el impuesto a las ganancias ni depósitos bancarios desde julio de 2016 en adelante. No posee personal en relación de dependencia. No pudo ser localizado, realizándose una circularización y recibiendo una carta devuelta por el correo con la leyenda “se mudó” (fs. 501/502 cuerpo IVA a.a.). A su vez se circularizó al BBVA Banco Francés por los cheques emitidos para cancelar las operaciones verificándose que la mayoría de ellos fueron cobrados por el presidente de la empresa Armando Grillo y algunos de ellos fueron endosados a terceros (fs. 503 a 557 cuerpo IVA a.a.). No posee inmuebles, rodados ni otro bien registrable a su nombre. Las únicas compras informadas son las comisiones del banco. Insignificancia en los pagos del IVA. Créditos fiscales similares a los débitos fiscales. No actúa como agente de retención ni presenta declaraciones juradas del impuesto a las ganancias. La contribuyente efectuó 14 operaciones con la firma señalada en el período 2016 por un monto neto de $1.353.270,02 y $284.186,70 impuesto de valor agregado y en 2017, 15 operaciones por un monto neto de $2.037.500 y $427.875 impuesto de valor agregado siendo el concepto facturado “pegado de carteles publicitarios” (fotos de los carteles publicitarios obrantes a fs. 355 a 395 y 665 a 735 del cuerpo N° 4 IVA a.a.). Por lo expuesto, en relación con la verificación efectuada por el impuesto a las ganancias, la fiscalización resuelve impugnar los gastos computados originados en las operaciones con el proveedor cuestionado, y de los que no se justificó que fuesen necesarios para generar, conservar o mantener la fuente de ganancias. A su vez con fecha 29/03/2019 se notificó a la encartada de los ajustes correspondientes en el impuesto a las ganancias - salidas no documentadas- períodos fiscales 07/2016, 08/2016 y 11/2016 a 10/2017 por aplicación del artículo 37 de la ley de impuesto a las ganancias, siendo rechazados por la apelante. En relación al Impuesto al Valor Agregado, la apelante conformó las diferencias detectadas.
VI. Que corresponde entonces entrar al análisis de la cuestión de fondo, esto es, si la misma se ajusta o no a derecho, a tenor de los agravios formulados por la recurrente en su escrito de inicio, concretamente referidos a la determinación en el impuesto a las ganancias, como resultado de la tacha de apócrifo del proveedor Hey Group y la efectiva prestación de los servicios de publicidad.
En lo que aquí interesa, el art. 17 de la LIG prevé que "Para establecer la ganancia neta se restarán de la ganancia bruta los gastos necesarios para obtenerla o, en su caso, mantener y conservar la fuente, cuya deducción admita esta ley, en la forma que la misma disponga", mientras que el art. 80 de la citada ley dispone que "Los gastos cuya deducción admite esta ley, con las restricciones expresas contenidas en la misma, son los efectuados para obtener, mantener y conservar las ganancias gravadas por este impuesto y se restarán de las ganancias producidas por la fuente que las origina".
A su vez, el artículo 55 del decreto reglamentario de la ley del impuesto a las ganancias establece que cuando las circunstancias del caso evidencien que tales erogaciones se han destinado al pago de servicios para obtener, mantener y conservar ganancias gravadas, podrá admitirse la deducción del gasto en el balance impositivo, sin perjuicio del impuesto al que hace referencia el artículo 37.
En efecto, se trata aquí de establecer, según la realidad económica, la procedencia de la deducción de los gastos en que indispensablemente se haya incurrido para obtener las ganancias gravadas o mantener y conservar la fuente que las produce.
Que entrando al análisis de la impugnación del citado proveedor, corresponde señalar que a la luz de lo expuesto en el considerando precedente, su impugnación ha sido adecuadamente ponderada por el organismo fiscal, habiendo demostrado la existencia concomitante de una serie de indicios comprobados, graves y precisos, que llevan a presentar un cuadro de ciertos reparos respecto de la validez de las facturas y que se trata de sujetos sin capacidad operativa y económica necesarias para efectuar las operaciones comerciales que registran con la actora. Que como surge en el acápite precedente, la contribuyente efectuó 29 operaciones con la firma señalada, siendo el concepto facturado “pegado de carteles publicitarios”, la misma aportó fotos de los carteles publicitarios (obrantes a fs. 355 a 395 y 665 a 735 del cuerpo N° 4 IVA a.a.), copias de las facturas de pago, recibos, órdenes de pago (fs. 40 a 96 por el ejercicio 2017 y 558 a 571 y 624 a 663 por el ejercicio 2016 cuerpo IVA a.a.), aportó Libro IVA Compras y extractos bancarios de donde se debitaron los cheques respectivos.
Que no obstante lo señalado, no cuenta este Tribunal con elementos suficientes a efectos de considerar la existencia del servicio involucrado en los ajustes de marras, más allá de quienes hubieran sido los reales prestadores de los mismos. Siendo que, en el caso de las fotos aportadas de los carteles en la vía pública, por sí solas no dan cuenta de la identidad del prestador del servicio cuestionado, ni tampoco de la empresa contratante, es decir no queda demostrada la efectiva concreción del gasto. Con lo cual, dicha prueba no ha resultado conducente para acreditar la veracidad de la operación.
Cabe destacar que en el caso de marras se presentan concretas y graves impugnaciones que se proyectan sobre aspectos sustantivos que ponen seriamente en duda que el tercero haya sido el proveedor de los servicios involucrados, cuyo gasto se encuentra controvertido, frente a lo cual la recurrente no puede limitarse a manifestar que los indicios colectados por la fiscalización en su mayoría son imputables a terceros.
Que siendo así, en el presente contexto resulta aplicable la regla invocada por el Fisco Nacional "onus probandi incumbit ei qui dicit", es decir, la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues como lo establece el artículo 377, C.P.C.C.N., cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción. Al ser ello así, correspondía que la actora, en ejercicio de su derecho de contradicción, acreditara la verdad de sus dichos, esto es, demostrar y evidenciar la sustantividad de las operaciones impugnadas por la inspección actuante, toda vez que es la parte que se encuentra en mejores condiciones de hacerlo y en cuanto tales impugnaciones poseen entidad suficiente para poner seriamente en duda la real existencia de las operaciones que se intentan probar mediante la documentación exhibida (cfr. “Molla, Pedro José”, TFN, Sala A, 27/03/2002, confirmado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Cont. Adm. Federal, Sala IV, 27/04/2007). Si bien el organismo fiscal no puede colocar en cabeza del contribuyente una obligación fiscal de control a título de obligación delegada o sustitutiva de sus propias obligaciones referidas a este aspecto, lo cierto es que los indicios reunidos por el Fisco Nacional son suficientes para dudar de la existencia de las operaciones, siendo la recurrente la que carga con la prueba de demostrar lo contrario.
Que cabe precisar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido que las exigencias derivadas del art. 377 del CPCCN deben ser interpretadas en armonía con la presunción de legitimidad del acto administrativo de determinación de oficio, a fin de que el Estado no termine obligado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta, cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos 328:53).
Que cuando se presentan impugnaciones fundadas, donde han surgido distintos elementos que podrían dar lugar a la existencia de una maniobra fiscal, el contribuyente tiene, inexcusablemente, que recurrir a todos los medios de prueba que estén a su alcance para reconstruir y acreditar fehacientemente distintos aspectos que si bien no obligatorios en principio, pueden concurrir a derrumbar la tesis fiscal dotando a las facturas cuestionadas de un soporte extra fiscal, más propiamente comercial, que les devuelva su verosimilitud. Queda claro que ello no puede realizarse por medio de afirmaciones genéricas o dogmáticas formuladas en abstracto, sino por medio de documentación u otras pruebas fehacientes en tal sentido.
Que formado el convencimiento en cuanto a la imposibilidad del sujeto emisor de las facturas en juicio de efectuar tales operaciones, resulta lógico que se observen las mismas por la falta de confianza que inspira dicha documentación, justificando su impugnación.
Que, no obstante compartir la tesis que propugna la actora en cuanto sostiene que no puede aceptarse que el organismo fiscal pretenda colocar en cabeza del contribuyente una obligación fiscal de control a título de obligación delegada o sustitutiva de sus propias obligaciones referidas a este aspecto, lo cierto es que los indicios reunidos por el Fisco Nacional son suficientes para dudar de la realización de las operaciones con el proveedor impugnado, siendo la recurrente la que carga con la prueba de demostrar lo contrario.
Que, por otro lado, y volviendo al cuestionamiento respecto de la deducibilidad de los gastos efectuados en el impuesto a las ganancias, surge de autos que no sólo no se ha logrado probar que Hey Group fue el verdadero prestador, sino que en virtud de la normativa del impuesto a las ganancias, no se han aportado elementos tendientes a acreditar que los servicios han sido efectivamente prestados, ni se han arrimado elementos que acrediten el valor real de dichas operaciones, por lo que corresponde confirmar este ajuste.
Que, en cuanto a la determinación de salidas no documentadas respecto de la facturación impugnada, corresponde señalar que como con acierto lo expresara el Dr. Torres, se trata de “un impuesto proporcional y real a la renta neta presunta que se atribuye al beneficiario oculto. Pero esta misma ocultación ha llevado al legislador a adoptar un arbitrio técnico de inobjetable razonabilidad, cual es el de indicar como sustituto tributario al pagador de la erogación quien desplaza así en la relación jurídica impositiva al verdadero contribuyente, esto es el beneficiario oculto o sustituido tributario” y recuerda que “el sustituto tributario debe ingresar el pago definitivo por la salida no documentada en el término de quince días desde que la erogación se efectuó (art. 52, último párrafo del decreto reglamentario)” (Torres, A.; “Salidas no documentadas”, D.T.E., setiembre 1990; pg. 232).
Que, al respecto cabe señalar que más allá de la carencia absoluta o simple falencia en la documentación que haga presumir su falsedad, debe analizarse si el pago es real (pero no deducible ni generador de crédito fiscal) o directamente simulado. Tener un comprobante de una erogación falsa equivale jurídicamente a no tener ninguno, desde que no puede identificarse, ni en un supuesto ni en otro, fehacientemente, al receptor de dicho pago. Que en estas condiciones, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema, cabe concluir que el hecho de la carencia o falencia de la documentación de la erogación tiene la virtud de dar nacimiento a la obligación fiscal de pagar el gravamen previsto en el artículo 37 de la ley del impuesto.
Al respecto resulta de aplicación la doctrina jurisprudencial sentada por la Excma. Corte Suprema de Justicia en la causa “Red Hotelera Iberoamericana S.A”, sentencia del 26/8/2003, donde sostuviera que “Que en tales circunstancias resulta aplicable lo dispuesto por el artículo 37 de la ley del impuesto a las ganancias (t.o. en 1986 y sus modif.), ya que debe interpretarse que una salida de dinero carece de documentación -a los fines de esa norma- tanto cuando no hay documento alguno referente a ella, como en el supuesto en que si bien lo hay, el instrumento carece de aptitud para demostrar la causa de la erogación e individualizar -al tratarse de actos carentes de sinceridad- a su verdadero beneficiario.”
Con respecto a los agravios de la recurrente por cuanto sostiene que en el caso los pagos correspondientes a las facturas impugnadas por el Fisco, son válidos no sólo desde un punto de vista formal sino también material, en relación a su contenido y que por lo tanto no pueden ser consideradas como salidas no documentadas, siendo posible conocer a quien resulta ser el beneficiario definitivo y efectivo del importe. Cabe señalar que la doctrina jurisprudencial sentada por la Excma. Corte Suprema de Justicia en la causa “Red Hotelera Iberoamericana S.A”, antes citado, que “...los hechos probados en la causa llevan a coincidir con el criterio del organismo recaudador en cuanto a que los pagos efectuados ... carecen de documentación respaldatoria válida, ya que los instrumentos respectivos no son aptos para determinar cuál fue la contraprestación que la empresa actora recibió por ellos ni para individualizar al verdadero beneficiario de las erogaciones, más allá de quienes nominalmente recibieron los fondos. En efecto, al haberse realizado actos y emitido documentación carente de sinceridad, se ignora cuál ha sido la operación económica realmente realizada ..., y quiénes y en qué proporción han obtenido beneficios pecuniarios de ella”.
Que, esta posición se ve corroborada por la Corte Suprema de Justicia el 27/9/2011 al resolver in re “Interbaires S.A. (TF 15.828-I) c/ DGI”, donde compartió los fundamentos expuestos por el dictamen de la Procuradora Fiscal, a los que se remite en mérito de brevedad, resolviendo a favor de la procedencia del ajuste y devolviendo los autos a la Cámara para que se pronuncie sobre la multa que el organismo fiscal pretende aplicar sobre tal concepto.
En el citado dictamen se sostuvo que “Ha interpretado el Tribunal que una salida de dinero carece de documentación, a los fines de la aplicación del art 37 de la ley del impuesto a las ganancias, tanto cuando no hay documento alguno referente a ella, como en el supuesto en que si bien lo hay, el instrumento carece de aptitud para demostrar la causa de la erogación e individualizar -al tratarse de actos carentes de sinceridad- a su verdadero beneficiario (Fallos: 326:2987, cons. 18°).”
“De lo expuesto se colige que ambos aspectos -la debida identificación de los beneficiarios y la demostración de la causa de la erogación- adquieren una importancia capital para dilucidar la aplicación del instituto.” “Por el contrario, advierto que la cámara realizó un estudio parcial y sesgado de la cuestión en un doble aspecto. Por un lado, tuvo por individualizado al beneficiario de los pagos únicamente sobre la base del informe pericial contable producido en la misma, cuyo contenido, a mi modo de ver, resulta notoriamente insuficiente para tal fin. Por el otro, omitió todo análisis respecto de la causa de las erogaciones impugnadas." “En efecto, como lo reconoce el propio pronunciamiento recurrido, el informe pericial se limitó a especificar que la actora llevaba sus libros en legal forma, que los pagos efectivamente se realizaron, que se emitieron los comprobantes y facturas respectivos, que ellos fueron debidamente registrados, que se practicaron las retenciones del impuesto a las ganancias por esos abonos y que ellas. fueron ingresadas al Fisco. Observo que con estas aseveraciones habrá quedado eventualmente acreditada la salida del dinero mas no, como era menester, la individualización de su receptor ni tampoco la real existencia y la materialidad de las operaciones que originaron ese movimiento de fondos.”
Allí se agrega que “...frente a la impugnación que el Fisco Nacional realizó de la documentación en trato, basada en razones sustantivas y no en meras cuestiones formales, estimo -como también oportunamente lo señaló el Tribunal Fiscal (cfr. fs. 597 vta.)- que estaba a 'cargo del. contribuyente el deber de individualizar al beneficiario de las salidas no documentadas no sólo nominalmente, sino también por medio de la acreditación de la realidad de los servicios prestados, (Fallos: 326:2987, cons. 17°)...”.
“En síntesis, ante la impugnación sustantiva del Fisco Nacional -quien imputa que las operaciones económicas y la documentación recibida por Interbaires S.A. carecen de sinceridad- el contribuyente debía probar por otros medios que tales erogaciones fueron realmente efectuadas para obtener, mantener y conservar ganancias gravadas (arg. art. 37, ya citado), carga con la que no cumplió, por lo que, según estimo, su suerte adversa en esta controversia queda definitivamente sellada.”
Se agregó además que “En concordancia con lo resuelto por V.E. en Fallos: 326:2987 (en especial, cons. 10), pienso que este simple acto de cobro bancario ... no puede mejorar la suerte de la impugnación basada en la total orfandad probatoria en torno a los referidos servicios concretos que se dicen haber prestado.” Que como puede apreciarse, no existen elementos de juicio contundentes que permitan identificar sin hesitación al verdadero beneficiario de las erogaciones; ni, como ya se advirtió, se aprecian circunstancias fácticas coherentes que permitan colegir la causa de aquellas.
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde confirmar los actos apelados en cuanto determinan el Impuesto a las Ganancias e Impuesto a las Ganancias Salidas no documentadas. Con costas.
VII. Que en materia de los intereses resarcitorios, cabe señalar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias. Respecto de los agravios vinculados a los intereses resarcitorios, en donde se aduce la ausencia de mora culpable, cabe señalar que, en forma reciente, la CSJN ha revisado la doctrina de fallos “Ika Renault” en donde se expuso que “si bien en el precedente de fallos 304:203 el Tribunal estableció que resulta aplicable la última parte del art. 509 del Cod. Civil que exime al deudor de las responsabilidades de la mora cuando ésta no le es imputable, las particularidades del derecho tributario... que indudablemente se reflejan en distintos aspectos de la regulación de los mencionados intereses (fallos 308:283, 316:42 y 321: 2093), llevan a concluir que la exención de tales accesorios con sustento en las normas del código civil queda circunscripta a casos en los cuales circunstancias excepcionales ajenas al deudor que deben ser restrictivamente apreciadas han impedido a éste el oportuno cumplimiento de su obligación tributaria. Es evidente entonces que la conducta del contribuyente que ha dejado de pagar el impuesto o que lo ha hecho por un monto inferior al debido en razón de sostener un criterio en la interpretación de la ley tributaria sustantiva distinto del fijado por el órgano competente para decidir la cuestión no puede otorgar sustento a la pretendida exención de los accesorios, con prescindencia de la sencillez o complejidad que pudiese revestir la materia objeto de controversia. Ello es así máxime si se tiene en cuenta que, como lo prescribe la ley y lo puntualizó la corte en otros precedentes..., se trata de la aplicación de intereses resarcitorios cuya naturaleza es ajena a la de las normas represivas” (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000).
Por lo expuesto, corresponde confirmar los intereses resarcitorios calculados en la medida que se confirman los actos apelados.
VIII. Que resta tratar el aspecto sancionatorio. Que en primer término, corresponde expedirse con relación al planteo de prescripción efectuado por la actora y analizar, en consecuencia, si la acción del fisco para aplicar sanciones, en base al impuesto a las ganancias –salidas no documentadas- por los periodos fiscales 07/2016, 08/2016, 11/2016 y 12/2016, se encuentra prescripta de conformidad con lo previsto por las disposiciones de la ley 11.683.
Que dicha ley, en su artículo 56, dispone que las acciones y poderes del Fisco para determinar y exigir el pago de los impuestos y para aplicar y hacer efectivas las multas y clausuras previstas en la ley de rito prescriben, conforme el inc. a), por el trascurso de cinco (5) años en el caso de contribuyentes inscriptos, por su parte el art. 58 establece, que el término de la prescripción de la acción para aplicar multas comenzará a correr desde el 1° de enero siguiente al año en que haya tenido lugar la violación de los deberes formales o materiales. Siendo así, se podría sostener prima facie, que el plazo de prescripción habría vencido el 01/01/2022. Toda vez que las resoluciones apeladas son de fecha 03/11/2022, notificadas el 07-11-2022 y la vista conferida durante el proceso de fiscalización se notificó el 12-09-2022, corresponde analizar entonces si se presenta en el caso algún supuesto de suspensión del término de la prescripción Que la Ley Nº 27.562 (B.O. 26/8/2020) en su artículo 17 dispuso: “Suspéndase con carácter general por el término de un (1) año el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización esté a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos y para aplicar multas con relación a los mismos, así como la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales”; debiendo tenerse presente que de conformidad con el artículo 18 de dicha norma, sus disposiciones son de orden público y entraron en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial. Toda vez que el texto legal que nos ocupa es, indudablemente, de una claridad meridiana y como es sabido, cuando una norma es clara en su formulación y sus alcances no ofrecen inconvenientes interpretativos, no cabe sino su directa aplicación (Fallos 308:1745: 320:2145).
Tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la primera regla de interpretación de las leyes es dar pleno efecto a la intención del legislador y la primer fuente para determinar tal voluntad es la letra de la ley (Fallos: 299:167), cuyas palabras deben ser comprendidas en el sentido más obvio del entendimiento común (Fallos: 306:796. consid. 11 y sus citas) sin que quepa a los jueces sustituir a aquel, sino aplicar la norma tal como éste la concibió (Fallos: 300:700); las leyes deben interpretarse conforme al sentido propio de las palabras que emplean sin molestar su significado especifico (Fallos 295:376), máxime cuando aquel concuerda con la acepción corriente en el entendimiento común y la técnica legal empleada en el ordenamiento jurídico vigente (Fallos 295:376).
Acerca de esto último, cabría adicionar que la cuestión que aquí se debate ya ha merecido tratamiento por parte del Máximo Tribunal, en ocasión de establecerse similares alcances para la ley 23.495 del año 1987 que instauró un régimen de normalización impositiva cuyo artículo 49 establecía que se suspendía "con carácter general por el termino de 1 (un) año, el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación percepción y fiscalización está a cargo de la Dirección General Impositiva y para aplicar multas con relación a los mismos, así como la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales” - resolviéndose que la suspensión del curso de la prescripción prevista en el artículo transcripto alcanzaba a la generalidad de los contribuyentes, toda vez que no se había establecido vinculación exclusiva entre la suspensión y los contribuyentes que hubiesen ejercido el derecho de acogerse al régimen de normalización tributaria (Fallos: 314:1656).
Vale destacar que dicho criterio fue ratificado por el mismo tribunal in re "AFIP-DGI c/Paredes Cereales Sociedad Anónima s/recurso extraordinario” del 15/10/15 - adhiriendo al dictamen de la Procuración General de la Nación del 29/5/15- en donde, con relación al artículo 44 de la ley 26.476, se pronunció por la aplicación literal del precepto.
Que se entiende que el art. 17 de la ley 27.562 dispone expresamente que el curso de la prescripción se suspenderá por el término de un año con carácter general, desprendiéndose —con total claridad—, la intención del legislador, la cual ha sido extender los efectos de la suspensión a todos los contribuyentes sin excepción, esto es, hayan o no acogido sus deudas a los beneficios conferidos por dicha ley. Por lo considerado, a los fines de resolver la cuestión planteada, incumbe considerar el cómputo de la prescripción según el criterio establecido precedentemente.
Que por lo expuesto, las facultades del fisco para aplicar sanciones por los períodos fiscales citados precedentemente, no se encontraban prescriptas a la fecha del dictado de la resolución que diera origen al procedimiento determinativo ni al momento del dictado del acto determinativo recurrido, donde se aplicó la sanción en crisis.
Por ello, se resuelve no hacer lugar al planteo de prescripción incoado por la actora.
Que toda vez que el planteo de prescripción no fue tratado como de previo y especial pronunciamiento sino como una defensa más frente a la pretensión fiscal, no puede considerarse de forma escindida o autónoma respecto de la unidad sentencia a los efectos de la imposición de costas (arg. C.S.J.N, in re "Colorín- IMSSA (T.F.N 24.123-I) c/DGI" sentencia del 2 de Julio de 2013).
En segundo lugar, y ya resuelta la prescripción interpuesta, en cuanto a la multa aplicada en la Resolución 95/2022 correspondiente al Impuesto a las Ganancias -Salidas no documentadas- cabe señalar que en materia de sanciones derivadas del impuesto sobre salidas no documentadas, tal como lo sostuvo la Sala “B” de este Tribunal -en su anterior composición- al sentenciar, entre otras, las causas "Correo Argentino S.A.". sentencia del 25/10/04 y “Translavial S.A.” del 21/11/2005, el instituto previsto por el artículo 37 de la ley del impuesto a las ganancias, conforme el criterio sustentado por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos “Radio Emisora Cultural S.A.”, del 9/11/00, y “Red Hotelera Iberoamericana S.A.”, del 26/8/2003, es un tributo, que debe ser ingresado por quien hace la erogación, debiendo hacerlo a título propio. En estas condiciones, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema, cabe concluir que el hecho de la carencia o falencia de la documentación de la erogación tiene la virtud de dar nacimiento a la obligación fiscal de pagar el gravamen previsto en el artículo 37 de la ley del impuesto, cuyo incumplimiento da lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 11683.
Que, por otra parte, la cuestión ha sido tratada por nuestro Máximo Tribunal, con fecha 12 de octubre de 2010, en los autos: "D'Ingianti, Rosario Vicente (TF 16.331-I) c/ DGI”, compartió los fundamentos expuestos por la Señora Procuradora Fiscal en su dictamen. Si bien en dicha causa se concluyó confirmando el fallo de la instancia anterior que revocaba la multa aplicada por el Organismo Fiscal en Salidas No Documentadas, conforme se desprende de la lectura del dictamen en cuestión, ello se fundamentó en la ausencia de una disposición que estableciera "forma" y "plazo de presentación" de la declaración jurada del impuesto a las ganancias -salida no documentada- en el período 1995, o bien especificara las boletas de depósito o los requisitos de las comunicaciones de pago que debían ser empleados para exteriorizar la obligación y satisfacerla.
Que, en cambio, para los períodos posteriores a la vigencia de la Resolución General (AFIP) Nº 893 (esto es, 20/10/2000), conforme el dictamen de la Procuradora, dicha resolución vino a establecer la forma y plazo de ingreso, señalando que no puede discutirse que como indica el artículo 15 de la Ley Nº 11683, las boletas de depósito y las comunicaciones de pago confeccionadas por el responsable con datos que él mismo aporte tienen el carácter de declaración jurada. Siendo ello así, las omisiones, errores o falsedades que en dichos instrumentos se comprueben sería pasibles de las sanciones de los artículos 39, 45 y 46 de la ley ritual.
Sentado ello, cabe entonces analizar si la multa aplicada en autos, con sustento en los artículos 46 y 47 inciso d) de la Ley 11.683, se ajusta a derecho.
Que cabe recordar que el artículo 46 de la ley de rito sanciona a quien mediante declaraciones engañosas u ocultación maliciosa defraudare al Fisco. Ahora bien, las formas genéricas del fraude son el ardid y el engaño, que tienen como finalidad hacer creer a la víctima o mantenerla en la creencia o reforzarla en su creencia de que lo que no es verdadero lo es. Pero el ardid o el engaño han de ser “idóneos”, esto es aptos para inducir a error, en el caso, al organismo especializado en la fiscalización y recaudación tributaria.
Es decir, para que se configure el ilícito tipificado en el artículo 46 de la ley 11683, se requiere no sólo la intención de evadir el pago del impuesto, sino que también se exige un plus representado por la existencia de un ardid o engaño realizado por el sujeto activo del ilícito con el objeto de generar un error en la víctima de aquél. No toda falta de pago intencional del impuesto adeudado constituye un supuesto de defraudación fiscal, sino sólo aquella evasión que va acompañada de un artificio dirigido a evadir el tributo (ver en tal sentido CNCAF, Sala I, in re “Georgalos Hnos S.A.I.C.A.” con fecha 1/10/2008).
Que con relación a la multa por defraudación, debe dejarse sentado que cuando se pretende aplicar las sanciones previstas en el artículo 46 de la ley de rito, ello exige del Ente Recaudador acreditar no sólo la conducta omisiva del gravamen, sino, también, el proceder engañoso o malicioso mediante hechos externos y concretos. Para facilitar la probanza de tal elemento subjetivo el legislador estableció presunciones (artículo 47 de la ley ritual). En las mismas, a partir de un hecho cierto que debe ser probado por el Organismo fiscalizador (los descriptos en sus incisos) se deriva la afirmación sobre la probabilidad de la existencia de otro hecho (que ha existido la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas), lo que posibilita tener por cierto que se obró en fraude al Fisco.
En el mismo sentido lo ha entendido la Alzada al afirmar que “el ilícito tipificado en el artículo 46 de la ley procedimental requiere la realización de una conducta que debe ir acompañada de tres elementos, a saber: a) la existencia de un ardid o engaño desplegado por el sujeto activo del ilícito; b) un error en la víctima del ilícito y c) la existencia de una lesión ocasionada al patrimonio del sujeto pasivo del ilícito. A ello, el artículo 47 incorpora una serie de presunciones legales "iuris tantum" tendientes a invertir la carga de la prueba del elemento subjetivo de la defraudación tributaria. Esto es, que la consecuencia de la existencia de estas presunciones legales consiste en que una vez que el Ente Fiscal probó que se configura alguno de los casos previstos en los cinco incisos que contiene la norma citada, se presume que el infractor ha tenido dolo de realizar la defraudación y será éste quien deberá probar la inexistencia de dicha intención dolosa” (Batello, Tarcisio Ludovico - CNFED. CONT. ADM. - SALA V – 29/3/1999).
Que por su parte, tal como sostuvo la Sala V in re “Italiano, Antonio Alberto” (12/02/2008) cabe dejar en claro que aceptar la procedencia de esta clase de presunciones, no importa desconocer la doctrina acuñada por nuestro Máximo Tribunal, en la que ha plasmado en forma indubitada el principio de culpabilidad subjetiva como única posibilidad para la aplicación de sanciones (Fallos: 282:193; 284:42; 289:336; 290:202; 292:195; entre muchos otros). En efecto, en el precedente “Mazza, Generoso” la Corte inequívocamente expresó que las presunciones no pueden servir de fundamento de la culpabilidad del infractor debido a que la ley vigente al tiempo de los hechos no las establecía ni concretamente les asignaba dicho efecto, circunstancia que cambió con posterioridad al ser modificado el texto de los artículos 46 y 47 de la ley por la ley 23314. b) En segundo lugar, en razón de la heterogeneidad de las infracciones administrativas y de las consiguientes dificultades para establecer un régimen unitario para juzgar las conductas reprimidas por el derecho administrativo sancionador, tampoco corresponde excluir de plano la posibilidad de presumir la culpabilidad en base a hechos directos mediante un enlace preciso y fundado en una serie de indicios efectivamente probados. Ello es así siempre que el órgano sancionador haga explícito el razonamiento en virtud del cual, partiendo de tales indicios, obtiene la conclusión de que la conducta del infractor es reprochable (así lo ha entendido también esta Sala “B” in re “Triunfadores S.A.” del 18/11/2008; y “Tamalet, Jorge Omar” del 15/04/2009, entre otros).
Cabe destacar que la valoración que realiza el organismo se refiere a circunstancias tipificantes que luego de probar el soporte fáctico de las presunciones aplicadas permite inferir la conducta dolosa que, efectivamente, es la que corresponde asignar como resultado de los hechos y fundamentaciones alegados por el ente recaudador. Dicha valoración, provoca la convicción de que la vulneración del bien jurídico se produjo no solo con conocimiento sino también con la voluntad del sujeto, a través de una conducta defraudatoria.
Que no puede negarse que la pretensión penal fiscal deriva de atribuir actos fraudulentos, claramente determinados y fundados en la respectiva resolución y que particulariza en el ajuste practicado, todo lo cual llevó a considerar que el comportamiento observado por la encartada ha asumido el carácter de fraudulento. Cabe destacar, en este orden de ideas, que la conducta de la recurrente constituye una maniobra por la que se perjudicó al Fisco Nacional, por lo que ha sido correctamente subsumida en la figura prevista en el citado artículo 46, la que corresponde confirmar.
No obstante ello, en cuanto al quantum de la sanción aplicada si bien la graduación de la pena es discrecional del juez administrativo en función de las circunstancias de la causa, obviamente no queda exenta de la revisión posterior que este Tribunal pueda realizar de la aplicación de dicha facultad punitiva como juez revisor de la razonabilidad del acto sancionatorio. Ello así, se advierte en el acto atacado una falta de merituación concreta de los hechos que conducen al juez administrativo a graduarla en tres veces el impuesto omitido, por el contrario no surgiendo de las constancias de autos la existencia de antecedentes sumariales de la encartada, se considera prudente reducirla al mínimo legal del artículo 46 de la ley procedimental.
Las costas en este aspecto se imponen a la actora en la proporción de la multa que se confirma y por su orden en la parte que se reduce.
El Dr. Porporatto dijo:
Que adhiere al voto del Dr. Pérez.
El Dr. Magallón dijo:
I. Que comparto los relatos, los fundamentos y las conclusiones arribadas por el Dr. Pérez en su voto con relación a las determinaciones de oficio practicadas por el Fisco Nacional en los impuestos a las Ganancias y a las Salidas no documentadas, las que deben ser confirmadas.
II. Que en lo que se refiere a la multa aplicada en el Impuesto a las Salidas no documentadas por los periodos fiscales por los períodos fiscales 07/2016, 08/2016 y 11/2016 a 10/2017, con base en la imputación del tipo infraccional descripto en el art. 46 de la Ley 11.683 -con apoyo en la presunción del inc. d) del art. 47 de la ley ritual-, ya he tenido la oportunidad de abordar la cuestión en el Considerando III del voto emitido al resolver la causa “Quercia, José Luis”, sentencia de esta Sala “B” -en su anterior integración- fechada el 9 de abril de 2012, a cuyos fundamentos me remito en mérito a la brevedad a los fines de postular idéntica solución para el sub lite.
III. Que sin perjuicio de lo señalado y a mayor abundamiento de lo expresado en aquella ocasión, creo conveniente puntualizar aquí que la solución que propuse oportunamente para dilucidar la cuestión que también ahora nos convoca no depende, a mi modo de ver, de la fecha de entrada en vigencia de las disposiciones de la RG. (AFIP) 893, tal como parecería surgir de las consideraciones efectuadas en el dictamen de la Sra. Procuradora Fiscal a las cuales remitió la Corte Suprema de Justicia al emitir sentencia en el precedente “D'Ingianti, Rosario Vicente” del 12/10/2010.
Que ello así pues, tal como señalé en “Quercia”, la imposibilidad de aplicar multas por las infracciones materiales previstas en el ordenamiento procedimental respecto del Impuesto sobre las Salidas no documentadas -en imputaciones efectuadas bajo los mismos términos que los utilizados en estos autos- deriva del carácter del instrumento con el que el tributo base de la multa debe ser cancelado -volante de pago-, el que carece de los atributos propios de una declaración jurada determinativa.
Que no empece a dicha conclusión, según entiendo, la circunstancia de que el art. 15 de la Ley 11.683 atribuya a tales boletas de depósito y comunicaciones de pago el “carácter” de declaración jurada. En efecto, la norma señala que serán pasibles de las sanciones previstas en los arts. 39, 45 y 46 “...las omisiones, errores o falsedades que en dichos instrumentos se comprueben...”, por lo que parece obvio que (i) sólo las deficiencias consignadas en tales instrumentos podrían generar la imputación infraccional y, (ii) la falta de presentación de volantes de pago ante el organismo no podría identificarse o asimilarse con errores, falsedades u omisiones volcadas o consignadas en ellos -según los términos expresos de la norma examinada-, pues es evidente que se trata de dos situaciones distintas.
Que puede advertirse entonces, con meridiana claridad, que la imputación de autos -centrada en que se habría verificado el tipo del art. 46 por la falta de presentación de volantes de pago (página 15 de la resolución apelada N° 095/22, 1° párrafo)- no podría ser convalidada en esta instancia ni aun mediando la inapropiada caracterización -relativa a la comunicación de pago- que lleva a cabo el juez administrativo interpretando la norma del aludido art. 15 de la ley procedimental. Ello así, en tanto y en cuanto no se le reprocha a la contribuyente el hecho de haber presentado documentos (comunicaciones de pago o boletas de depósito) que contengan falsedades y/o errores sino el hecho de no haberlos presentado. Como puede advertirse, se trata de situaciones bien distintas.
Que por su parte y en cuanto a las “omisiones” a que se refiere el citado art. 15, adviértase que según su texto las mismas deben, al igual que los errores o las falsedades, ser comprobadas “en dichos instrumentos”, vale decir, que éstos instrumentos deben contener a aquellos errores o falsedades. Ergo, la norma bajo análisis no se refiere - y por ende no podría penalizar- a la omisión de presentar el comprobante de pago o boleta de depósito, omisión a la que, como medio comisivo, sí hacen referencia (cuando se trata de verdaderas declaraciones juradas determinativas) tanto el art. 46 como el art. 45 de la ley procedimental.
Que como ya se ha señalado, ninguna aplicación podría tener en la especie la previsión contenida en el art. 15 antes citado, en la medida que éste remite a situaciones fácticas -errores, falsedades u omisiones contenidas en boletas de depósito y/o comunicaciones de pago- que no se verifican en el caso bajo análisis.
La Corte Suprema de Justicia tiene dicho que “La correlación entre sanción y bien jurídico es la que, con fundamento en la proscripción de la analogía, permite fundar la prohibición de que, so pretexto de interpretación, se amplíen los tipos legales a la protección de bienes jurídicos distintos de los que el legislador ha querido proteger” (Fallos 318:207), como así también que “La cláusula del art. 29 de la Constitución Nacional según la cual ¨los jueces no podrán ampliar por analogía las incriminaciones legales ni interpretar extensivamente la ley en contra del imputado¨, impide aumentar los supuestos susceptibles de sanción penal, más allá de los comprendidos en el precepto aplicable, entendido con el alcance que los términos en que está redactado llanamente autorizan” (Fallos 215:23).
Que siendo así, no podría pretenderse la subsunción en el tipo infraccional del art. 46 de la conducta aquí reprochada -la omisión de ingreso del Impuesto sobre las salidas no documentadas mediando falta de presentación de volantes de pago- cuando ello no encuentra expresa previsión normativa, pues lo contrario implicaría una manifiesta y grave violación de los principios constitucionales de legalidad y tipicidad penal.
IV. Que en virtud de lo expuesto voto por: 1) Confirmar las determinaciones de oficio dictadas respecto del Impuesto a las Ganancias y en el Impuesto a las Ganancias–Salidas no Documentadas, con costas. 2) Revocar la multa aplicada en el Impuesto a las Ganancias – Salidas no documentadas, con costas.
Por ello, por mayoría, SE RESUELVE:
1. Confirmar las resoluciones apeladas en cuanto determinan el Impuesto a las Ganancias y el Impuesto a las Ganancias -Salidas No Documentadas-, con más intereses resarcitorios, con costas.
2. Confirmar la multa aplicada en la Resolución N° 95/2022 del Impuesto a las Ganancias -Salidas No Documentadas-, con la reducción que se determina en el Considerando VIII del voto de la mayoría, con costas, salvo en la proporción en que se reduce la multa, aspecto en el que se imponen por su orden.
Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.
Date: 2023.08.15 18:03:51 ART Date: 2023.08.16 09:14:03 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Armando Magallon Vocal Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.08.16 12:38:21 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.08.16 12:38:39 -03:00
Fin de la sentencia