Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa M-569/05-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No conceder el recurso extraordinario federal interpuesto por la parte actora a fs. 543/556 vta., con costas en el orden causado.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Única Expte. N°: M-569/05-TSJ Sentencia N°: 338 Actor: MOYANO HUGO OMAR Demandado: CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ Objeto: DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA Fecha: 26/03/14 Texto:
TOMO VII - OTROS RECURSOS - T.S.J..-
REGISTRO Nº: 338 FOLIO N°: 1284/1288 PROT. ELECT. TSS1 002 O.141
Río Gallegos, 26 de marzo de 2014.-
Los presentes autos caratulados: “MOYANO HUGO OMAR C/ CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ S/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA”, Expte. N° M-569/05-TSJ, venidos al Acuerdo para resolver y;
I. Que, llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia en virtud del recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación que articulara la parte actora a fs. 543/556 vta., efectuándose su tratamiento a la luz de la doctrina sentada por el cimero Tribunal Nacional (confr. E.D. t. 126-170 y 171) y por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz (T.S.J., Santa Cruz, Otros Recursos, Tomo I, Reg. 34, Folio 100/103, entre otros), en cuanto obliga a resolver circunstanciadamente por el Tribunal Superior de la causa, si la apelación federal 'prima facie' valorada, cuenta respecto de cada uno de los agravios que la originan con fundamentación suficiente para dar sustento a la invocación de un caso de inequívoco carácter excepcional, como lo es el de arbitrariedad por violación al principio de congruencia y gravedad institucional (confr. fs. 547, 551, y 556).- En este sentido, la parte actora suscita la instancia extraordinaria nacional por entender que: “...El CASO FEDERAL se configura en autos, por cuanto la sentencia dictada rechaza la demanda contencioso administrativa interpuesta en contra de la exoneración de mi mandante de la Administración Pública Provincial luego de un proceso en que se violó el principio de congruencia (art. 18 CN), en tanto la orden de instrucción sumarial, el acto de imposición de cargo y el informe de clausura de las instrucción se referían a un hecho pero fue sancionado por hechos distintos, lo que torna a la Sentencia en Arbitraria por violación del principio de congruencia, violación [del] debido proceso y derecho de defensa garantizado por el art. 18 C.N., y violación del art. 14 bis C.N. que protege la estabilidad del empleo público…” (confr. fs. 544 vta.).- En tal orden de ideas, el primer agravio se sustenta en que la sentencia rechaza de modo arbitrario “…la denuncia de violación al principio de congruencia…” (confr. fs. 547).-
El segundo agravio se afirma en: “...El carácter arbitrario de la sanción impuesta por falta de elementos que ameriten su aplicación…” (confr. fs. 551 in fine). Para sostener su aseveración, el recurrente hace referencia a circunstancias fácticas y a las pruebas producidas en autos de las que surge, según su particular visión, elementos que le permiten asegurar que “…La sanción así aplicada resulta arbitraria por no guardar ninguna relación con el hecho efectivamente acreditado, que a lo sumo y en el peor de los casos, solo puede significar una actitud de culpa simple, pero jamás como copartícipe de hechos que se le atribuyen a VERA…” (confr fs. 554).- Como tercer agravio manifiesta que se convalida una trasgresión al artículo 95 del Acuerdo 219/96 -Reglamento de Sumarios del Consejo Provincial de Educación- y al artículo 7 inciso d) de la ley 1260 al haberse omitido el dictamen exigido en las citadas normas provinciales, expresando que este Tribunal Superior al señalar la existencia del dictamen jurídico omitió expedirse “…acerca del requisito/garantía que establece el art. 95 del Acuerdo 219/96 y el art. 7 inc. d) de la Ley Provincial 1260, al exigir dictamen del cuerpo “permanente” de asesoría letrada…” (confr. fs. 555).- Finalmente, se expide con relación al cuarto agravio, donde destaca que “…la sentencia dictada causa un gravamen personal, concreto, directo y actual en mi representado, y no derivado de su propio accionar. Es que la sentencia recurrida deja firme la sanción administrativa de exoneración que ilegal e injustamente se le aplica al Sr. Moyano… Asimismo, se resalta que la flagrante omisión de tratamiento por parte del TSJSC de las cuestiones esenciales que interpusiera el Sr. Moyano en su demanda... provoca otro gravísimo daño al actor, puesto que implica lisa y llanamente una denegación de justicia…” (confr. fs. 556).-
II. Que, corrido el pertinente traslado contesta el Sr. Fiscal de Estado de la Provincia de Santa Cruz, quien solicita el rechazo del recurso extraordinario federal articulado por su contraria. Señala que de “…La simple lectura del memorial que se contesta pone de relieve que lo que intenta la parte actora es reeditar en la instancia extraordinaria los argumentos que ya fueron vertidos y refutados por V.E. a lo largo de este proceso…” (confr. fs. 561).-
Al responder los agravios expresa que no se configura en la especie la pretendida arbitrariedad, toda vez que el proceso administrativo fue transparente y el accionante “…contó desde el inicio del mismo con todos los recursos administrativos disponibles para hacer valer sus derechos, donde se le puso en conocimiento cada elemento reunido en la investigación…” (confr. fs. 563 vta./564). Destacando que “...no se advierte en ningún extremo que hubiere violación del principio de congruencia y menos aún que exista arbitrariedad en la decisión adoptada por los magistrados…” (confr. fs. 564 in fine).- A fs. 567/568 dictamina el Sr. Agente Fiscal por ante este Tribunal Superior de Justicia, propiciando la inadmisibilidad del recurso extraordinario federal articulado por la parte actora. Arriba a esta conclusión el Sr. Fiscal, luego de considerar que “…los motivos señalados para explicar los vicios presuntamente detectados en el pronunciamiento impugnado no logran ab initio demostrar la ausencia de razones en un andamiaje intelectual, como así tampoco que el fallo en cuestión, se haya apartado manifiestamente de la ley aplicable al caso de marras…” (confr. fs. 567 vta.). Y agrega: “…La expresión de los fundamentos del Recurso Extraordinario debe ser completa, integral y abarcadora de todo lo ocurrido en la causa resultando necesario para su admisibilidad el desarrollo jurídico demostrativo de que la resolución cuestionada por el Recurso sea contraria al derecho federal invocado y que cause gravamen. El agravio que sustente al recurso debe ser propio, jurídicamente protegido, concreto, efectivo y actual, este recaudo no cumplido en el presente y exigido por el art. 15 de la ley 48 constituye lo que en doctrina se denomina fundamentación autónoma del recurso extraordinario, de tal modo que su fundamento resulte de los autos y tenga una relación directa e inmediata con las cuestiones de validez de los artículos de la Constitución, leyes, tratados o comisiones en disputa. Esta exigencia consiste en que el escrito mediante el cual se articula el remedio federal, demuestre la presencia de una cuestión Federal, cuya solución no ha logrado satisfacer las expectativas de los recurrentes…” (confr. fs. cit.).-
III. Que, el recurso extraordinario federal ha sido interpuesto oportunamente de conformidad con los plazos establecidos en el artículo 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Siendo ello así, corresponde, tal como lo ha sostenido este Tribunal Superior de Justicia “…el análisis de las previsiones de la acordada 4/2007 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictada el 21/3/2007, la que dispone el comienzo de su vigencia para los recursos que se interpusieren a partir del primer día posterior a la feria judicial de invierno del año 2007...” (confr. Tomo VI -Otros Recursos-, Reg. 286, Folio 1100/1103).- En dicha tarea, se evidencia que si bien la extensión y diseño del escrito se ajustan a las pautas reglamentarias y que se acompaña la carátula en hoja separada del cuerpo del recurso, alcanzando las exigencias estipuladas por los artículos 1º, 2º y 3º inciso a), a partir de allí, se comprueba un cumplimiento insuficiente de los restantes extremos requeridos como reglas para la interposición del recurso extraordinario federal (Acordada 4/2007), toda vez que el tenor del escrito recursivo no logra poner de manifiesto la observancia de los requerimientos del artículo 3º incisos b), c), d) y e) de dicha acordada, conforme se detallará a continuación. En este análisis se advierte que la presentación no supera las 40 páginas y ha sido escrita con letra claramente legible (art. 1) y cuenta con la carátula en hoja aparte con las exigencias establecidas en el artículo 2. Cada hoja no supera los 26 renglones, máximo permitido por la norma.- En el artículo 3º inciso a) de la acordada 4/2007, se prevé una demostración de que la decisión apelada proviene del Superior Tribunal de la causa y de que es definitiva o equiparable a tal según la jurisprudencia de la Corte, extremo que se ha cumplimentado en el presente caso.-
Es criterio sentado en la materia que es requisito de procedencia del recurso extraordinario que la decisión apelada revista el carácter de sentencia definitiva, entendiéndose por tal aquella que pone fin al pleito o hace imposible su continuación, como así también las que causan un gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior, siempre que priven al interesado de otros medios legales para obtener la tutela de sus derechos o impidan el replanteo de la cuestión en otro juicio (CSJN, Fallos: 303:633; 306:1670). En ese orden de ideas, en primer lugar es necesario destacar que la resolución recurrida exhibe el carácter de sentencia definitiva en los términos que exigen el Código Procesal de la Nación y la jurisprudencia del Máximo Tribunal elaborada en la materia, fue dictada por el máximo Tribunal de la Provincia y se agotaron las instancias revisoras locales.- En el inciso b) se exige que “...el relato claro y preciso de todas las circunstancias relevantes del caso que estén relacionadas con las cuestiones que se invocan como de índole federal, con indicación del momento en el que se presentaron por primera vez dichas cuestiones, de cuándo y cómo el recurrente introdujo el planteo respectivo y, en su caso, de cómo lo mantuvo con posterioridad...”, exigencia que no se ha alcanzado pues, sólo se indica que el planteo fue introducido en el apartado X del escrito inicial, omitiéndose manifestar las oportunidades en que ha sido mantenido posteriormente.- Por otro lado, el recurrente no logra demostrar cuál es el perjuicio constitucional concreto que el pronunciamiento impugnado le ocasiona, sino que sólo se limita a mencionar una serie de derechos que emanan de la Carta Magna y que, dice, han sido menoscabados (inc. c).-
La Corte Suprema ha establecido que la sola mención de la afectación de preceptos constitucionales no alcanza para abrir la vía extraordinaria (doctrina de Fallos: 165:62; 266:135; 310:2306; entre otros). No basta la mera invocación, sino que se requiere la demostración plausible de la agresión a un derecho que la Carta Magna resguarda para que pueda prosperar la cuestión federal. De otro modo, la jurisdicción extraordinaria sería indebidamente privada de todo límite, pues no hay derecho que en definitiva no tenga raíz y fundamento en la Constitución Nacional, aunque esté directa e inmediatamente regido por el derecho no federal (Fallos: 295:335; 310:2306).- Siguiendo con los restantes requisitos establecidos por el artículo 3º de la citada Acordada, no se encuentran cumplidos siquiera mínimamente.
En efecto, el recurrente en un párrafo que titula “Cuestión Federal” afirma que “…se configura en autos, por cuanto la sentencia dictada rechaza la demanda contencioso administrativa interpuesta en contra de la exoneración de mi mandante de la Administración Pública Provincial luego de un proceso en que se violó el principio de congruencia (art. 18 CN), en tanto la orden de instrucción sumarial, el acto de imposición de cargo y el informe de clausura de la instrucción se referían a un hecho pero fue sancionado por hechos distintos, lo que torna a la Sentencia en Arbitraria por violación del principio de congruencia, violación debido proceso (sic) y derecho de defensa garantizado por el art. 18 C.N, y violación del art. 14 bis C.
N. que protege la estabilidad del empleo público…” (confr. fs. 544vta.).- Basta recordar que “la cuestión federal” tiene una definición propia. No sin ánimo docente, diremos que las cuestiones federales presentan dos grandes campos: a) las llamadas cuestiones constitucionales “simples” (vinculadas con la interpretación directa de normas o actos de naturaleza federal que ponen en crisis a disposiciones de la Constitución Nacional, art. 14 inc. 3º, ley 48) y b) las cuestiones constitucionales “complejas” (referidas a los denominados “conflictos de constitucionalidad”, es decir, al enfrentamiento entre normas o actos de carácter infra constitucional con la Constitución Federal, art. 14 incs. 1º y 2º, ley 48).
Como fácil puede advertirse el planteo del recurrente no encuadra en esta regla, y pretende ingresar al más alto Tribunal de la Nación por la vía excepcional -de creación pretoriana de la C.S.J.N.- de la arbitrariedad.- En general, la “doctrina de la arbitrariedad” ha permitido sortear el requisito de “la cuestión federal” para abrir el camino al pronunciamiento sobre cuestiones dirimidas en un proceso común, donde se haya interpretado el derecho de una manera errática que viole claramente el debido proceso.-
Tal como se adelantara, la arbitrariedad como causal de apertura de la instancia extraordinaria federal es excepcional y debe, como el resto de los agravios en un recurso de esta naturaleza, ser alegado y demostrado.-
Este cometido no es cumplido por el recurrente, quien se limita a enunciar sus agravios, sin realizar un relato (aunque sea mínimo) claro y preciso de las circunstancias relevantes del caso y como obvia consecuencia, en ningún momento las relaciona con las cuestiones que se invocan como de “índole federal”.-
Un capítulo aparte deberemos dedicar a la inobservancia del artículo 3, incisos d) y e) de la Acordada 4/2007 y artículo 14 de la ley 48. Para la admisibilidad del recurso extraordinario se exige que se haya debatido en el pleito una cuestión federal (Fallos 101:70; 148:62; 306:1740; 307:129).-
Siendo ello así, la impugnación resulta improcedente ya que las cuestiones traídas a juzgamiento de este tribunal atañen exclusivamente al orden local, de modo que se agotan en el ámbito de la jurisdicción provincial, sin posibilidad de ser revisadas por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuya competencia apelada ha sido creada en resguardo exclusivo de las instituciones nacionales, las que en el caso no se encuentran comprometidas.-
En efecto, la interpretación y aplicación de las leyes de procedimientos provinciales, son cuestiones de derecho común local, y es clara la constitución federal al establecerlo (arts. 121, sgtes. y 75 inc. 12), pacífica la doctrina y la jurisprudencia respecto de que no deben considerarse federales, por lo que las controversias que suscite su interpretación constituyen materia propia de los jueces de la causa y extraña a la vía impugnativa del art. 14 de la ley 48.-
De esta manera, corresponde agregar que “…la interpretación y aplicación de la Constitución y normas de derecho local efectuadas por los tribunales provinciales son ajenas a la instancia extraordinaria…” (confr. Fallos 312:2110) y tampoco constituyen materia federal que habiliten el recurso intentado.-
Tampoco se advierte en el escrito bajo estudio “…la refutación de todos y cada uno de los fundamentos independientes que den sustento a la decisión apelada en relación con las cuestiones federales planteadas…” (confr. art. 3º inciso d) de la acordada 4/2007 de la CSJN), ni “…la demostración de que media una relación directa e inmediata entre las normas federales invocadas y lo debatido y resuelto en el caso, y de que la decisión impugnada es contraria al derecho invocado por el apelante con fundamento en aquellas…” (confr. art. 3º inciso e), de la acordada cit.).- Contrariamente a lo que sostiene el recurrente, en el fallo se efectuó un adecuado tratamiento de las cuestiones propuestas que satisface lo exigido a los pronunciamientos judiciales, pues cuenta con fundamentación suficiente y constituye una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa, todo lo cual descarta el vicio que se le atribuye (Fallos: 313:559; 315:2969; 316:2718; 319:103 y 321:1909).-
La doctrina jurisprudencial elaborada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de recurso extraordinario federal ha establecido reiteradamente que dicho remedio resulta improcedente si los argumentos desarrollados en el decisorio que se impugna no han sido rebatidos en términos que satisfagan el requisito de “fundamentación autónoma” a que se refiere el artículo 15 de la ley 48 pues, según esta exigencia, la presentación recursiva debe contener una crítica prolija del fallo, de modo que el apelante debe rebatir los argumentos en que se apoya el tribunal para arribar a las conclusiones que lo agravian (Fallos: 308:761 y 2421; 310:722; 311:499).- No configura una correcta fundamentación del recurso extraordinario la aserción de determinada solución jurídica en tanto no esté razonada, constituya agravio concretamente referido a las circunstancias del juicio y contemple los términos del fallo en recurso, del cual deben rebatirse, mediante una prolija crítica, todos y cada uno de los argumentos en que se apoya y dan lugar a agravios (Fallos 308:761, 2263 y 2421; 310:722; 311:499 y 2619).-
Del mismo modo, no basta a ese efecto la reiteración dogmática de meras manifestaciones. En el presente caso, el recurso denota la ausencia de debida fundamentación, toda vez que el ensayo recursivo esbozado se limita únicamente a afirmar que se ha convalidado una decisión administrativa que vulnera el principio de congruencia, expresando tan sólo que en distintas etapas del proceso administrativo se le informó cuáles eran los hechos que se le imputaban y luego se lo exoneró por otros diferentes. Omitiéndose explicar y demostrar cuáles han sido los hechos a los que en cada caso alude. Es decir, el recurrente no logra una argumentación crítica capaz de revertir la decisión lograda, limitándose a la mera enunciación de normas constitucionales supuestamente vulneradas, que no logran demostrar la configuración de la cuestión federal en el caso.- Ello, por cuanto el verdadero agravio del requirente es el criterio adoptado por este Tribunal Superior, quedando en claro que su pretensión es, entonces, que se sustituya éste por una interpretación más favorable a sus intereses. En este sentido, este Tribunal ha dado las razones jurídicas derivadas de la solución normativa aplicable que fundamentan la decisión adversa a su postura.-
IV. Respecto del otro carril por el que pretende encauzar el recurrente su agravio, debe recordarse que la Corte Suprema ha establecido que la doctrina de la arbitrariedad es de aplicación excepcional y no puede pretenderse, por su intermedio, el reexamen de cuestiones no federales cuya solución es del resorte exclusivo de los jueces de la causa, si es que no se demuestran groseras deficiencias lógicas de razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo que impidan considerar el pronunciamiento de los jueces ordinarios como la “sentencia fundada en ley” a que hacen referencia los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional (Fallos 325:3265 y sus citas).- La Corte Suprema en materia de sentencias arbitrarias ha establecido reiteradamente que ella no tiene por objeto la corrección en tercera instancia de decisiones que a criterio de los recurrentes se estimen equivocadas (Fallos 245:327), sino que, por el contrario, está dirigida a la revisión de los pronunciamientos en los que se advierta la inexistencia de las calidades mínimas necesarias para que el acto impugnado constituya una sentencia judicial (Fallos 237:74).-
Su finalidad es resguardar las garantías de defensa en juicio y debido proceso, exigiendo que los pronunciamientos de los jueces sean fundados y constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa (Fallos 261:209; 274:135; 279:355; 284:119; 297:100).-
La tacha de arbitrariedad, en consecuencia, cabe sólo frente a desaciertos u omisiones de gravedad extrema, a resulta de los cuales los pronunciamientos no pueden adquirir validez jurisdiccional (Fallos: 311:1950; 315:449; 323:3139), esto es, atiende a aquellos casos excepcionales en que, deficiencias lógicas del razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo, impiden considerar al pronunciamiento de los jueces ordinarios como la sentencia fundada en ley a que hacen referencia los arts. 17 y 18 de la Constitución Federal (Fallos 311:786).- Ninguna de las circunstancias apuntadas acontece en autos, toda vez que este Tribunal ha explicado las razones jurídicas en las cuales se apoya la decisión, adunándolas con citas doctrinarias y jurisprudenciales que son contestes con el criterio sustentado.-
V. Que, en conclusión, los agravios esgrimidos resultan inhábiles para alcanzar la apertura del remedio federal, toda vez que se soslayan los requisitos de la Acordada Nº 4/2007 y de la Ley Nº 48, no logrando rebatir los argumentos del resolutorio, poniendo al descubierto la mera disconformidad con la solución dada a la causa, extremos que en modo alguno viabilizan la admisibilidad del remedio intentado, por lo que deberá rechazarse el recurso articulado, con costas por su orden en razón de la naturaleza y fin institucional del recurso (confr. Fallos: 261:246; Morello y otros en ‘Códigos…’, Tomo III, p. 716; TSJ Santa Cruz, Tomo I -Interlocutorio-, Reg. 117, Folio 192/194; ídem, Tomo I -Otros Recursos-, Reg. 10, Folio 24/25, entre otros).-
Por ello y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. No conceder el recurso extraordinario federal interpuesto por la parte actora a fs. 543/556 vta., con costas en el orden causado.-
2. Regístrese y notifíquese. Devuélvanse las actuaciones administrativas reservadas en Secretaría, a cuyos efectos ofíciese.- Oportunamente, archívese la presente causa.-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal A/C Presidencia-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti -Vocal-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-, Domingo Norberto Fernández -Vocal Subrogante-.-
Secretario: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1002O.141 Tomo: VII Sentencia: 338 Folio N°: 1284/1288 Secretaría: 1
Fin de la sentencia