Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo de Mar del Plata · Causa 9569
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Por mayoría, hacer lugar al recurso de apelación articulado por la accionada, revocar el pronunciamiento de grado en cuanto desestimó la impugnación llevada a cabo por esa parte contra la liquidación del 12-04-2021, la que se admite conforme la doctrina legal sentada por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en la causa A.75.502 "Mascali", sent. del 29-12-2020, debiendo restituirse la causa al Juzgado de grado para que continúe con su trámite de conformidad con lo que aquí se decide. Las costas de ambas instancias, por la incidencia de liquidación, corren a cargo de la letrada vencida en contradicción [arts. 68 y 69 del C.P.C.C., art. 25 ley 13.928, t.o. ley 14.192].
2Difiérese la regulación de honorarios por trabajos de alzada para su oportunidad.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, de conformidad con lo establecido en el art. 8 del Anexo Único del Acuerdo S.C.B.A. 3975/20, en Acuerdo, pronuncia sentencia en la causa A-9569-MP0 “ELORDI MIRTA BEATRIZ s. AMPARO”, con arreglo al siguiente orden de votación según sorteo de ley: señores Jueces doctores Riccitelli, Ucín y Mora.
I. El 24-06-2022, la titular del Juzgado de Familia N° 6 del Departamento Judicial Mar del Plata, tras recibir en devolución las actuaciones producto de la sentencia dictada por este Tribunal con fecha 22-12-2021, emitió resolución por la cual aprobó la liquidación presentada por la doctora Silvia Sandra Fernández -abogada de la actora-, en torno a los honorarios que le fuera regulados en autos por su actuación profesional, rechazando concomitantemente la impugnación presentada por la Dra. Karina Elcoaz, apoderada de la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires en fecha 28/05/2021.
II. El mismo día fue librado el anoticiamiento electrónico de lo resuelto tanto a la profesional como a la parte accionada, obligada al pago.
III. En tiempo hábil, con fecha 4-07-2022, la apoderada de la accionada articula recurso de apelación contra lo decidido en el grado, alegando –en lo sustancial- violación de la doctrina legal sentada por la S.C.B.A. en la causa A.75.502 "Mascali", sent. del 29-12-2020.
IV. El remedio fue concedido por el a quo, corriéndose traslado de sus fundamentos a la letrada Fernández, la que hizo uso del derecho de réplica, según escrito de fecha 01-08-2022.
V. Dispuesta la elevación de las actuaciones a este Tribunal y pasados los autos al Acuerdo para examen de admisibilidad y en su caso, para sentencia, [proveído de Presidencia del 22-08-2022], corresponde votar y plantear la siguiente
¿Es fundado el recurso?
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Riccitelli dijo:
I.1.1. A la hora de resolver, la juez de grado rememora que:
[i] el 12-04-2021 la Dra. Silvia Sandra Fernández, abogada de la actora, presenta liquidación de los honorarios regulados en autos por su actuación profesional. En la liquidación de mención incluye el capital adeudado, los aportes de ley a cargo de la parte y los intereses devengados. La letrada de la amparista efectúa el cálculo de la deuda y procede a actualizar los honorarios regulados en fecha 04-02-2020 con más sus aportes conforme tasa activa de descuento a 30 días del Banco de la Provincia de Buenos Aires por aplicación del art. 552 del Cód. Civil y Comercial de la Nación y del art. 54 inc. b) de la ley 14.967. El monto final de la liquidación asciende al 06/04/2021 a la suma de $ 69.834.75. [ii] habiéndose corrido traslado a la contraria, en fecha 28-05-/2021 se presenta la Dra. Karina Elcoaz apoderada de la Fiscalía de Estado de la Provincia de Bs. As. impugna la liquidación presentada por la Dra. Silvia Sandra Fernández. Refiere que la letrada de la amparista debió practicar liquidación tomando para el cálculo de los accesorios la Tasa Pasiva BIP. Cita jurisprudencia de la SCBA. y solicita sea rechazada dicha liquidación.
1.2. Puesta a dirimir el debate, luego de la manda que recibiera de este Tribunal, la magistrada de la instancia vuelca una serie de razones por las que entiende que la liquidación practicada es correcta y a partir de las cuales postula una visión antagónica con la doctrina sentada por el Superior Tribunal Provincial en la causa A.75.502 "Mascali", sent. del 29-12-2020.
En resumen, formulando su visión en contrapunto con lo plasmado en la doctrina legal, sostiene que:
[i] El precedente “Mascali” data del 28-12-2020 y describe que se mantiene vigente la doctrina legal de la Corte que determina la aplicación de la tasa pasiva para la actualización de los créditos de honorarios con fundamento en la vigencia de la Ley Federal de Convertibilidad Nro. 23.928 que establece la prohibición de indexar deudas dinerarias. Empero –en opinión del a quo-, a tenor del recuento normativo que plasma en su sentencia, resulta que la última prórroga referida a la ley 23.928 denominada "Ley de Convertibilidad" es al 31 de diciembre de 2019, pero sólo en lo referido a la emergencia social, mas no a la administrativa, económica y financiera que caducaron en 2017. Luego, la ley 27.541 declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, y la delegación en el Poder Ejecutivo nacional de las facultades comprendidas en la ley en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional, con arreglo a las bases de delegación establecidas en el artículo 2°, ello hasta el 31 de diciembre de 2020, no habiéndose prorrogado hasta la actualidad.
Desde allí predica el a quo que la principal consecuencia de la finalización de la declaración del estado de emergencia general es la recuperación, por parte del Congreso, de una serie de atribuciones que habían sido oportunamente delegadas al Poder Ejecutivo Provincial durante la vigencia de las sucesivas prórrogas de esa emergencia. Y –en su opinión- el fundamento nodal del Máximo Tribunal Provincial en el año 2020 para aplicar la tasa pasiva digital en la actualización de los créditos dinerarios es la vigencia de la Ley 23928 -arts. 7 y 10- y Ley 25561 -art. 4- ha desaparecido, pues no subsistiría –a la fecha, según postula- la prohibición de indexar las deudas dinerarias, que constituye uno de los principales fundamentos de la sostenida doctrina legal de la Corte provincial.
[ii] El segundo fundamento esgrimido por la Suprema Corte de Justicia en el fallo "Mascali", es el de considerar al honorario del abogado de naturaleza alimentaria "lato sensu" y no "stricto sensu" como la obligación alimentaria a parientes, fundamento por el cual no considera de aplicación para la actualización del crédito de honorarios la pauta del art. 552 del CPCC.
Respecto de dicho criterio, la magistrada vuelca su opinión disidente, para lo cual recurre a un fallo de la Excma. Cámara de Apelaciones Civil y Comercial del Departamento Judicial Mar del Plata y desde allí, considera objetable la postura del Supremo Tribunal local “… en la medida en que parece tomar distancia de los efectos prácticos que la doctrina genera…”, destacando que “… las consecuencias que se siguen de utilizar tasas inferiores a la inflación (afectación al derecho patrimonial del actor, enriquecimiento incausado del deudor, litigiosidad, financiación judicial, etc.) no deben ser consideradas como meras externalidades negativas de un problema estrictamente coyuntural (consecuencias indeseadas de la inflación) sino como lo que en verdad son: un resultado injusto que, además de ser causado por la inflación, reconoce como concausa a la elección desacertada que hacemos los jueces al elegir un parámetro económico estéril para tarifar el daño moratorio…”.
Por los referidos argumentos, la sentenciante decide apartarse de la doctrina legal de la Suprema Corte de Justicia y, en consecuencia, rechazar la impugnación interpuesta por la Fiscalía de Estado, a la par que advierte haber valorado los derechos constitucionales en juego, en particular, teniendo en cuenta que el crédito por honorarios está amparado por el derecho constitucional a la justa retribución por el trabajo personal.
2. La apoderada de la accionada articula recurso de apelación denunciando la violación de la doctrina legal de la Suprema Corte de Justicia provincial sentada en la causa A.75.502 "Mascali", sent. del 29-12-2020, sin perjuicio de responder –aunque escuetamente- a sendos pareceres de la juez de grado para desoír la jurisprudencia del Supremo Tribunal provincial en la materia.
Solicita la revocación de lo decidido.
3. La letrada Silvia Sandra Fernández, por su propio derecho, replica el memorial de apelación, convalida la visión del a quo sobre el tema en debate y solicita el rechazo de la impugnación, con costas.
II. El recurso prospera.
Es preciso señalar que la Suprema Corte de Justicia provincial tiene dicho que si bien la doctrina legal emanada de ese Tribunal no es vinculante directamente, lo es en forma "indirecta" a través de los motivos o causales de procedencia del recurso extraordinario de inaplicabilidad (violación o errónea aplicación de la doctrina legal; art. 279, CPCC), por cuanto la Suprema Corte cuenta con la facultad de casar las sentencias que se aparten de sus pronunciamientos y de dictar una nueva que se ajuste a la ley o doctrina que se declare aplicable (art. 289, CPCC; doct. S.C.B.A. causa C. 118.704, "Chiariello", sent. de 15-07-2015). Radica su función en mantener la unidad en la jurisprudencia bonaerense y este propósito se frustraría si los tribunales de grado, apartándose del criterio establecido, insistieran en propugnar soluciones que irremisiblemente habrían de ser casadas. Esto no significa propiciar un ciego seguimiento a los pronunciamientos de esta Corte, ni un menoscabo del deber de los jueces de fallar según su ciencia y conciencia, pues les basta -llegado el caso- con dejar a salvo sus opiniones personales [doct S.C.B.A. causas A. 71.973, "Dairo", sent. de 13-04-2016; A. 73.853, "Bahía Petróleo S.A.", sent. de 14-02-2018].
El relato de antecedentes efectuado precedentemente es demostrativo de un encomiable esfuerzo del a quo para contrarrestar el criterio sentado en la materia debatido por la Suprema Corte de Justicia provincial en la causa A.75.502 "Mascali", sent. del 29-12-2020. Empero, el desarrollo argumental desplegado por la sentenciante, en especial, en lo referente a la imposibilidad de predicar una equiparación entre los honorarios profesionales y aquel instituto del derecho de familia al que se refiere el art. 552 del C.C.C., pasa por alto que tanto respecto del actual art. 54 inciso b) de la ley 14.967 –conforme el precedente “Mascali” citado-, como respecto de una aplicación integrativa que formulaban en las instancias ordinarias en tiempos del art. 54 del decreto ley 8904/77 – cfr. doct. S.C.B.A. causa A. 71.170 “Isla, Sara E. contra Provincia de Buenos Aires. Amparo. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley”, sent. de 10-06-2015”-, la Suprema Corte Provincial brindó fundamentos jurídicos relevantes que no logran ser sorteados por aquellos denunciados como perniciosos efectos prácticos que la juez, con apuntalamiento en una sentencia de un tribunal ordinario provincial, dice encontrar en la aplicación de la doctrina legal.
Sea dicho, además, que esta Cámara ya ha seguido aquel criterio diferenciador propiciado por la Casación extraordinaria provincial, tanto al adoptar la doctrina legal del precedente “Isla” [cfr. causas C-6600-MP2 “Martín”, sent. del 30-06-2016, A-7409-MP0 “Resua”, sent. del 01-08-2017); A-7572-MP0 “Barrutia”, sent. del 28-12-2017, A-7667-MP0 “Cellillo”, sent. del 23-10-2018, P-5632-DO1 “Deli Quadri”, sent. de 18-10-2019] como al sentenciar conforme el precedente “Mascali” [cfr. causa A-9307-BB0E “García Steel”, sent. de 14-07-2022, por mayoría].
III. Con todo, corresponde hacer lugar al recurso de apelación articulado por la accionada, revocar el pronunciamiento de grado en cuanto desestimó la impugnación llevada a cabo por esa parte contra la liquidación del 12-04-2021, la que se admite conforme la doctrina legal sentada por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en la causa A.75.502 "Mascali", sent. del 29-12-2020, debiendo restituirse la causa al Juzgado de grado para que continúe con su trámite de conformidad con lo que aquí se decide. Las costas de ambas instancias, por la incidencia de liquidación, corren a cargo de la letrada vencida en contradicción [arts. 68 y 69 del C.P.C.C., art. 25 ley 13.928, t.o. ley 14.192].
Voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor Ucín, con igual alcance y por idénticos fundamentos a los brindados por el señor Juez doctor Riccitelli, vota a la cuestión planteada por la afirmativa.
A la misma cuestión planteada, el señor Juez doctor Mora dijo:
I. 1. Disiento con la solución –y, asimismo, con los fundamentosque propone el voto que abre el Acuerdo.
Frente a lo decidido –que se recoge a modo de antecedentes en la aludida propuesta- la recurrente se alza en razón de encontrarlo opuesto el criterio emanado de la Suprema Corte de Justicia provincial en la causa “Mascali” (sent. de fecha 29-12-2020, de una base fáctica y jurídica disímil a la que es posible verificar en este juicio), sin mayores desarrollos que permitan transpolar el criterio pretendido al presente, máxime cuando en la mencionada causa se trató una cuestión vinculada a la tasa de interés aplicable a los aportes previsionales adeudados en concepto de CAO (Cuota Anual Obligatoria), supuesto regido por el art. 24 de la ley 6716 (de creación y funcionamiento de la Caja de Previsión para Abogados de la provincia de Buenos Aires) que, a su vez, remitía a la ley arancelaria entonces vigente (art. 54 tercer párrafo inc. b) del decreto ley 8904/77).
Siendo ello así, tal como este Tribunal tuvo ocasión de destacar en la causa A-9935-BB0E "Litre Martínez”, sent. del 19-11-2020, si la propia Suprema Corte provincial no se aboca a conocer recursos de inaplicabilidad de ley cuando la situación fáctica a partir de la cual se formuló la doctrina legal que cita es diversa de aquella que se exterioriza en el caso concreto (cfr. doct. S.C.B.A. causa C. 107.153 "Quipildor", sent. de 04-04-2012), entonces, los restantes tribunales no resultan compelidos a seguir una doctrina legal elaborada o aplicada a un cuadro procesal diverso (en el caso, ejecución de honorarios que transitó al amparo de la ley 14.967).
Desde allí, las conclusiones de aquel precedente del Máximo Tribunal provincial que ponderó las pautas de fijación de accesorios en un tema por demás diferenciado del aquí juzgado -cuyo marco arancelario rector fue el decreto ley 8904/77- y que constituyó el eje argumental del casi insuficiente agravio traído ante este Tribunal en tanto exclusivo soporte del mismo, no pueden ser extrapoladas de modo directo y/u oficioso por este Tribunal respecto del diverso precepto que contiene el art. 54 de la ley 14.967, a menos que el interesado en que tal norma no se aplique al caso hubiera planteado tempestivamente su inconstitucionalidad (si considera que por el contenido de aquella doctrina, el art. 54 inciso b) de la ley 14.967, quebrantara algún precepto de las Constituciones nacional y/o provincial), ya que mal podría la judicatura apartarse de la ley que brinda solución al debate si esa norma no ha sido declarada previamente inconstitucional por la jurisdicción (doct. S.C.B.A. causa B. 60.574 “Gurquel”, res. del 11-07-2007, considerando 3°; esta Cámara causas Q-663-MP1 “Liello”, res. del 24-06-2008; C-1706-MP2 "Lagrasta", sent. del 9-09-2010; P-3839-AZ1 "Prado", sent. del 07-03-2013; P-6819-BB1 "Casa Scagnetti S.A.", sent. del 01-12-2016; A-8005-MP0 "Rivarola", sent. del 07-06-2018) [ver mi voto en minoría en la causa A-9307-BB0E “García Steel”, sent. del 28-06-2022].
Y, claramente, esto último no aconteció en la especie.
La lacónica referencia que en el precedente “Mascali” se realiza acerca de que las razones que, en su momento, dieran paso a la inaplicación del art. 54 tercer párrafo inc. b) del decreto ley 8904/77 bien podrían considerarse respecto a parecida norma de la nueva ley arancelaria, no autoriza a extender sin más tal criterio que, indiscutiblemente, no ha sido fijado respecto de esta última por el solo hecho de tratarse de un aspecto diverso.
2. De conformidad con lo anterior, los agravios defectuosamente expuestos no logran conmover la decisión adoptada por el juzgador de anterior grado.
II. Por todo lo cual correspondería desestimar el recurso de apelación articulado por la demandada y confirmar la providencia recurrida en lo que fuera materia de agravio.
Las costas de Alzada deberían corren a cargo de la apelante, vencida (arts. 68 y 69 del C.P.C.C., art. 25 ley 13.928, t.o. ley 14.192). Voto, en suma, por la negativa.
De conformidad a los votos precedentes, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, dicta la siguiente:
1. Por mayoría, hacer lugar al recurso de apelación articulado por la accionada, revocar el pronunciamiento de grado en cuanto desestimó la impugnación llevada a cabo por esa parte contra la liquidación del 12-04-2021, la que se admite conforme la doctrina legal sentada por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en la causa A.75.502 "Mascali", sent. del 29-12-2020, debiendo restituirse la causa al Juzgado de grado para que continúe con su trámite de conformidad con lo que aquí se decide. Las costas de ambas instancias, por la incidencia de liquidación, corren a cargo de la letrada vencida en contradicción [arts. 68 y 69 del C.P.C.C., art. 25 ley 13.928, t.o. ley 14.192].
2. Difiérese la regulación de honorarios por trabajos de alzada para su oportunidad.
Regístrese, notifíquese por Secretaría electrónicamente (cfr. art. 10, Anexo Único del Acuerdo SCBA n°4013/21, t.o. Ac. SCBA 4039/21). Cumplido, devuélvanse las actuaciones a la instancia de grado.
Fin de la sentencia