Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo de Mar del Plata · Causa 10.151
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Por mayoría de fundamentos concordantes, hacer lugar al recurso de apelación de la parte actora, dejar sin efecto el pronunciamiento de grado recurrido y, ejerciendo jurisdicción positiva, reencauzar el pedimento formulado el 31-07-2020 como una medida autosatisfactiva -sin inmiscuirse en torno a la suerte sustantiva del pedimento referido a la pensión excepcional que persigue la actora para su hijo discapacitado ni en los tiempos de su trámite-, condenando al Instituto de Previsión Social para que en el término de cinco (5) días hábiles de notificado del presente pronunciamiento mediante oficio electrónico dirigido al señor Fiscal del Estado, ponga en conocimiento a la actora, por medio fehaciente, sobre: [i] el lugar físico sito en la ciudad de Mar del Plata -ciudad de residencia del menor discapacitado- donde habrá de recibirse no solo su petición de beneficio previsional en favor de su hijo discapacitado, sino también la documentación requerida para ello [art. 6 ley 10.205, t.o. ley 11.968] y [ii] el modo, tiempo y lugar en la que se realizará la encuesta social que prevé el art. 13 de la ley 10.205. Las costas de Alzada se imponen en el orden causado (art. 68 del C.P.C.C.)
2Diferir la regulación de honorarios de Alzada para su oportunidad.
REGISTRADO BAJO EL N° (S) FN°
Mar del Plata, 22 de Octubre de 2020.-
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, de conformidad con lo establecido en el art. 8 del Anexo Único del Acuerdo S.C.B.A. 3975/20, en Acuerdo, pronuncia sentencia en la causa A-10151-MP0E “VIDAL LARA MICAELA c. INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL s. AMPARO”, con arreglo al siguiente orden de votación según sorteo de ley: señores Jueces doctores Mora, Riccitelli y Ucín.
I. El Tribunal del Trabajo N° 1 del Departamento Judicial Mar del Plata, con fecha 07-08-2020, desestimó la medida cautelar innovativa peticionada por la parte actora en el punto IX del escrito de demanda, por advertir “… que su tratamiento en este estado implicaría agotar el objeto del presente amparo …”.
II. No conforme, la actora interpuso en su contra recurso de apelación fundado el 14-08-2020, concedido por resolución del 19-08-2020, acto por el que, asimismo, confirió vista de lo actuado a la Asesoría de Incapaces en turno quien, por intermedio de su funcionario a cargo, la contestó el 24-08-2020.
III. Dispuesta la elevación de la causa a este Tribunal con fecha 25-08-2020, fue ingresadas el 07-09-2020 y puesta al Acuerdo para examen de admisibilidad y, en su caso, para dictar Sentencia el 24-09-2020, corresponde plantear la siguiente:
¿Es fundado el recurso?
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Mora dijo:
I.1. El único argumento al que echó mano el Tribunal a quo para desestimar la medida cautelar solicitada por la parte actora, fue su identidad con el objeto del amparo promovido, en la medida que su tratamiento hubiera importado la conclusión de este último.
2. La refutación de la amparista no se hizo esperar.
Se agravia de lo decidido, por cuanto (i) “… es de público y notorio que las oficinas de la ciudad de Mar del Plata del IPS se encuentran cerradas, sin ningún tipo de atención para el inicio de trámites y que no se ha informado medio alternativo ni de presentación de documentación ni de realización de entrevista con asistente social …”; (ii) a pesar de estar la demandada debidamente intimada por carta documento para que se le informe el modo para solucionar el grave inconveniente que se le presenta, “… no ha respondido a la intimación fehaciente a que brinde solución …”; (iii) la paralización del trámite de pensión que necesita el menor Eloy Chávez para acceder a la cobertura de salud de IOMA, necesaria y fundamental para continuar con sus terapias de rehabilitación de conformidad con la discapacidad que padece y acredita, implica en los hechos el NO acceso a una vida digna, y la privación llana de la posibilidad de mejorar su salud, desenvolvimiento y crecimiento; (iv) sin perjuicio de la acreditación de la gravedad de la situación, de la urgencia en retomar las terapias de rehabilitación y la necesidad del niño de acceder a una salud plena, el Tribunal del Trabajo Nº 1 rechaza la medida cautelar que fuera solicitada, aduciendo que se encontraría agotado el objeto de autos y, así, haciendo caso omiso de todo lo expuesto y de la documentación acompañada, así como a la reiterada jurisprudencia que, a efectos del otorgamiento de las medidas cautelares que protegen la salud, máxime de un niño con discapacidad, explican la necesidad de acceder a la petición cautelar, sin que ello implique en modo alguno prejuzgamiento o adelantamiento de sentencia; (v) la resolución resultaba infundada, en la medida que “… No es fundamento válido de rechazo de una medida cautelar, la coincidencia de la petición con el objeto del proceso, puesto que siempre debe estarse al menor perjuicio de quien solicita tutela de su salud …”.
Dicho lo anterior, mocionó por la revocación de lo decidido y se intime al Instituto de Previsión Social (I.P.S.) “… a que active la tramitación de la pensión del menor …”, en los términos requeridos en la demanda -los que reitera.
II. Estimo que el recurso merece prosperar.
1. Del escrito inicial se desprende que Lara Micaela Vidal promovió, en representación de su hijo Eloy Giovanni Chávez, la presente acción de amparo contra el Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires (I.P.S.), a fin de que se ordene a este último dar inicio al trámite de pensión por discapacidad en favor del menor indicando lugar y/o medio para la atención y presentación de la documentación respectiva, así como también realizar la visita a su domicilio para la realización del informe del asistente social, necesario para obtener el beneficio que persigue (v. capítulo II de la demanda).
Adicionó el pedido de dictado de una medida cautelar innovativa para que se ordene al I.P.S. a recibir la documentación que tiene en su poder -vinculado con la solicitud de pensión- y a proceder a realizar el informe de asistente social para la realización de a encuesta social del art. 13 de la ley 10.205.
Refirió que su hijo padece cuadripesia espástica, parálisis cerebral (esquizencefalia, polimicrogiria, ausencia septum pellucidu), cuadro que le genera un retraso mental generalizado del desarrollo y requiere la permanente, ineludible y urgente necesidad de mantener las terapias y estímulos para impulsar su desarrollo que, de no contar con dichas terapias, cae en un retroceso que su propia condición de salud le impone, todo lo cual surge de la historia clínica emitida por I.N.A.R.E.P.S. que acompañó al escrito de inicio.
Narró que hasta el dictado de las medidas de aislamiento por la pandemia de COVID-19, el menor era asistido en el I.N.A.R.E.P.S. aunque luego, en tanto las instalaciones médicas del sector público fueron destinadas al control y cuidado del virus, fueron suspendidas allí todas las terapias y prestaciones de rehabilitación, junto con la atención en consulta con neurólogos y pediatras, lo que significa que desde entonces su hijo carece de atención médica acorde su discapacidad. En función de ello y frente a la situación de desamparo en que se encuentra, dado que carece de obra social, pretende acceder a la pensión que establece el art. 6 de la ley 10.205 que, más allá de la ayuda económica, en los hechos implica el ingreso de su hijo como afiliado del Instituto de Obra Médico Asistencial de la provincia de Buenos Aires (I.O.M.A.), posibilitándole el acceso a las instituciones y sanatorios privados que sí están atendiendo controles, rehabilitación, terapias y demás prestaciones que necesita.
Ante la imposibilidad de acceder en forma personal al Centro de Atención Previsional (CAP) de su domicilio, que se encuentra cerrado, remitió una carta documento a la demandada -recibida el 17-07-2020- en la que daba cuenta de su situación y requería le brindaran una forma alternativa -a la presencial- para el inicio del trámite de pensión por discapacidad. Dicha comunicación dio resultado negativo, razón por la cual se vio precisada a promover la presente acción.
2. Al abordar la temática vinculada a la tutela precautoria, y precisando los lineamientos sobre los cuales se asientan esta clase de remedios, este Tribunal ha tenido oportunidad de sostener que las medidas cautelares reflejan una actividad de tipo preventiva dentro del proceso que, enmarcada en una objetiva posibilidad de frustración, riesgo o estado de peligro, según un razonable orden de probabilidades acerca de la existencia del derecho que invoca el peticionante, y exigiendo el otorgamiento de garantías suficientes para el caso de que la petición no reciba finalmente auspicio, anticipa los efectos de la sentencia de fondo ordenando la conservación o mantenimiento del estado de cosas existentes o, a veces, su innovación según sea la naturaleza de los hechos sometidos a juzgamiento (esta Cámara causas A-983-MP0 “Barbini”, sent. de 18-11-2008; A-1176-BB0 “Gándara”, sent. del 05-02-2009; A-1657-NE0 “González”, sent. del 1-12-2009; A-1772-DO0 “Funes”, sent. de 29-VI-2010; A-2377-BB0 “C., M.C.”, sent. del 02-08-2011, entre muchas otras).
Desde allí se desprenden como presupuestos esenciales que habilitan al despacho de medidas cautelares: (i) la verosimilitud del derecho invocado en relación con el objeto del proceso (esta Cámara causa A-1657-NE0 “Benítez”, sent. del 1-12-2009) y, (ii) la posibilidad de sufrir, por quien introduce el planteo cautelar, un perjuicio inminente o el agravamiento de una determinada situación de hecho o de derecho (esta Cámara causa A-1498-MP0 “Vidal”, sent. del 15-09-2009), exigiéndose -a fin de justificar el otorgamiento de la tutela precautoria- una mayor o menor presencia de tales recaudos legalmente establecidos, empero, sin llegar a admitirse la total prescindencia de cada cual (argto. doct. S.C.B.A. causa B. 64.769 “C., d”, sent. del 8-XI-2006; esta Cámara causas A-1173-NE1 “Gómez”, sent. del 23-12-2008 y A-1424-AZ0 “Capdeville”, sent. de 16-03-2010).
Sentado ello, corresponde poner de relieve que cuando la tutela en estudio persigue obtener anticipadamente un remedio que, en esencia, constituye el propio objeto del reclamo de fondo -como ocurre en el caso, donde la actora solicita precautoriamente se ordene a la demandada que habilite una vía alternativa para el inicio del trámite de pensión graciable por discapacidad que le permitirá gozar de los beneficios que otorga el I.O.M.A. para el tratamiento de la dolencia de su hijo-, los recaudos de viabilidad de las medidas cautelares deben ser ponderados con mayor y especial prudencia (esta Cámara causas A-1235-MP0 “Club Atlético Peñarol”, sent. de 8-01-2009; A-1123-MP0 “Asociación Civil de Consumidores Defendete”, sent. de 26-05-2009). Tal agravamiento en el examen de los citados requisitos se justifica en el hecho de que, al poder predicarse cierta similitud entre la pretensión cautelar y el objeto del reclamo, su concesión podría configurar un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa (cfr. doct. C.S.J.N. Fallos 316:1833; 320:1633; 324:4520), actividad judicial censurable por importar un claro exceso jurisdiccional (cfr. doct. C.S.J.N. Fallos 327:5111; esta Cámara causa A-1210-MP0 “Carosella”, sent. de 31-03-2009).
No obstante lo expuesto, esta Alzada ha resuelto que la aludida severidad en la apreciación de los recaudos de admisibilidad de las medidas precautorias no resulta predicable en aquellos casos en los que el material probatorio obrante en la causa permite avizorar, con el grado de patencia requerido en materia cautelar, que se encuentra comprometido el derecho a la preservación de la salud que remite, a su vez, a un concepto amplio de bienestar psicofísico integral de la persona y tiene, además, una directa relación con el principio de la dignidad humana, soporte y fin de los demás derechos humanos, encontrándose aquél reconocido y garantizado tanto por la Constitución Nacional como por nuestra Carta Magna Provincial (arts. 42 y 75 incs. 22° y 23° Const. Nac.; art. 36 inc. 8º Const. Pcial; cfr. doct. C.S.J.N. Fallos 316:479; 321:1684; 323:3229; 324:3569; esta Cámara causas A-938-DO0 “Pastorino”, sent. del 7-10-2008; A-1522-MP1 “Cangini”, sent. del 10-09-2009; A-1658-DO0 “Castañero”, sent. del 1-12-2009), máxime cuando se trata de personas que podrían ver agravadas sus patologías y que requieren prima facie un tratamiento acorde a sus necesidades (esta Cámara causa A-1275-MP0 “Miño”, sent. del 15-05-2009), sin dilaciones (esta Cámara causa A-304-AZ0 “Comparato”, sent. de 26-06-2008) e indicado por los profesionales médicos que los atienden (esta Cámara causa A-1004-MP0 “Garciarena”, sent. de 25-11-2008).
En suma, cuando se denuncia comprometido el derecho a la salud del amparista, debe evaluarse si las constancias obrantes en la causa permiten tener por acreditada prima facie la razonabilidad y premura de la tutela reclamada o si, por el contrario, el adelanto jurisdiccional solicitado resulta altamente opinable en cuanto a su necesidad, razonabilidad y/o urgencia (arg. esta Alzada causa A-1691-MP0 “Oliviero”, sent. del 23-02-2010).
Además, es del caso apuntar que la tutela requerida importa una solicitud precautoria de aristas positivas, cuyo otorgamiento importa la emisión de un mandato judicial encaminado a que la Obra Social demandada observe el cumplimiento de una conducta activa, esto es, lisa y llanamente una específica obligación de hacer, de contenido contrario al acto denegatorio de la concreta petición de la amparista (esta Alzada causa A-1069-DO0 “Aramburu”, sent. del 28-10-2008).
En tal contexto, no puede perderse de vista que la procedencia de este tipo de medidas, cuya naturaleza cabe definir como excepcionalísima (cfr. doct. S.C.B.A. causas B. 67.042 “Buey”, res. 22-IX-2004; B. 64.121 “Sedería Venus”, res. de 14-VI-2006), exige, además de los requerimientos generales de procedencia de la tutela cautelar, la alegación puntual y específica de la urgencia en cierto modo agravada- que justifica el pedido, para permitir, ante la denegatoria de la demandada, la emisión de mandatos determinativos de las precisas conductas debidas a seguir (esta Cámara causa A-1522-MP1 “C., P. M.”, sent. de 17-11-2009).
3. Partiendo de tales premisas y efectuando una adecuada valoración de las constancias de autos -a la luz del conocimiento expedito y superficial característico de los despachos de naturaleza cautelar-, verifico que se encuentran debidamente configurados los recaudos de procedencia de la cautelar requerida.
En cuanto a la verosimilitud del derecho, se acredita tanto la condición física de salud del hijo de la amparista, como la necesidad de continuar con las específicas terapias de rehabilitación, a través de la documentación aportada en ocasión de demandar, a saber: copia del certificado de discapacidad, historia clínica extendida por el I.N.A.R.E.P.S. y estudios e informes de salud realizados en distintas fechas vinculados al menor de autos.
Desprendo, asimismo, de tales elementos, la presencia de peligro en la demora, ante la conveniencia de procurar que el menor sea asistido a la mayor brevedad -tanto a través de las terapias de rehabilitación como de sus controles médicos específicos-, y la incontrastable realidad de que la suspensión de tales prestaciones contribuirá, sin duda, a deteriorar el complejo estado de salud del hijo de la amparista.
Y si bien reconozco que el pedido de tutela bajo trato luce -en alguna medida- infrecuente, lo cierto es que la preocupación que es posible desprender de la presentación de la amparista justifica el dictado de la medida pretendida, máxime cuando, frente al conocimiento de los hechos por parte de la demandada comunicados a través de la carta documento remitida -como así también de la indiscutible conciencia de que inconvenientes del tipo al planteado bien podían suceder a partir del cierre de la dependencia local-, aquella nada hizo para despejar el estado de incertidumbre en que razonablemente pudo verse sumida la actora frente a la imposibilidad de iniciar una solicitud de pensión ante su propia sede, siendo que tal obstáculo bien podría haberse salvado con relativa facilidad.
III. Por lo expuesto hasta aquí, debido a encontrarse reunidos los recaudos de procedencia previstos en los arts. 9 de la ley 13.928 -texto según ley 14.192- y 22, 23 y 24 del C.P.C.A., previa caución juratoria que la amparista deberá prestar ante el Actuario en la instancia de grado, corresponderá receptar favorablemente el pedido de medida cautelar formulado en la demanda y ordenar al Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires (I.P.S.) para que en el término de tres (3) días de notificada indique, en razón de encontrarse cerrado el Centro de Atención Previsional (CAP) de Mar del Plata, ciudad de residencia del menor amparista, el lugar donde procederá a recibir la documentación prevista en el art. 6 de la ley 10.205 que la madre del niño acompañe en pos de la obtención de la pensión para menores discapacitados y fije fecha para la realización de la encuesta social que prevé el art. 13 de la citada ley, la que deberá realizarse en un plazo no superior a los siete (7) días contados a partir de la fecha de la recepción de la documentación antes mencionada. Las costas de Alzada deberían imponerse en el orden causado por ausencia de contradicción (art. 19 de la ley 13.928, texto según ley 14.192).
A la cuestión planteada voto, en consecuencia, por la afirmativa. A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Riccitelli dijo: Doy por reproducidos los antecedentes del caso que fueron plasmados en el voto que encabeza el Acuerdo, que hago míos en mérito a la brevedad.
Habré, empero, de acoger la crítica de la apelante, por otros fundamentos a tenor del excepcional contexto que presenta la causa.
I.1. Resalto en primer lugar que los límites de la jurisdicción apelada, una vez abierta resultan ser los capítulos litigiosos propuestos al juzgador de grado inferior y no la propia sentencia apelada [cfr. doct. Segunda Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Depto. Jcial. La Plata, Sala III in re "Fidel", sent. de 08-11-2016]. Así, el recurso de apelación devuelve al Tribunal ad quem la jurisdicción en plenitud aunque solo en la medida del recurso y siempre que las temáticas a ser abordadas hayan sido propuestas a la decisión del a quo [cfr. doct. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Depto. Jcial. Mar del Plata, Sala II in re "Larluz", sent. de 07-09-2010; doct. esta Alzada causa C-9099-MP1 "Unilever de Argentina S.A.", sent. de 19-09-2019].
2. Si bien no podría desconocerse cierta cuota de razón al Tribunal de grado en cuanto observa una coincidencia entre el pedimento cautelar y el objeto de la acción de amparo que lo llevó a actuar con prudencia a la luz de ciertos lineamientos jurisprudenciales en la materia, no es menos válido que haberse detenido allí en su faena lo hizo incurrir -como mínimo- en una respuesta judicial dotada de excesivo rigor formal y alejada de una tutela judicial efectiva en tanto las constancias del proceso, según remarcaré seguidamente, permiten brindar una satisfacción a la justificable acorde a los derechos en juego y sin violentar garantías procesales de la contraparte.
2.1. El relato de antecedentes del caso que contiene la demanda grafica un prístino escenario de obstaculización material al derecho constitucional de petición ante las autoridades, asegurado a todo habitante de la Provincia por el art. 14 de la Carta Magna bonaerense. A más de seis meses de decretadas las primeras medidas gubernamentales de aislamiento preventivo como consecuencia de la pandemia desatada por conoravirus, es de público conocimiento que en vastos sectores de la burocracia administrativa del gobierno provincial -en particular, en aquellas dependencias con asiento en los Partidos en los que todavía la reanudación de actividades públicas y privadas transita por fases iniciales- la recepción de trámites indispensables para los ciudadanos presenta aristas de marcada similitud con la fotografía que describe la accionante al incoar este proceso constitucional.
Aquí, la amparista ha recurrido a la jurisdicción en busca de respuestas ante los obstáculos encontrados al tiempo de intentar peticionar por un beneficio previsional plasmado en una norma provincial. Y no paso por alto que su presentación ante los estrados de la justicia fue precedida de una previa conducta extrajudicial pro-activa para vencer las barreras, aunque con nulo resultado a la fecha. En suma, la Administración provincial fue debidamente requerida, se le hizo saber las dificultades que las restricciones de atención al público generaban para la canalización de la particular petición que aquí se analiza y, no obstante, ningún trazado administrativo fue ofrecido, en tiempo acorde con la urgencia del caso, para asegurar la materialización del derecho constitucional consagrado por el art. 14 de la norma fundamental provincial.
Presente ello y volviendo a la respuesta judicial al caso planteado, podría decirse que el cuadro que se presenta ante esta Alzada, de singular factura y de tan particularísimas aristas [mayormente exteriorizadas como resultados disfuncionales de la Administración producto de la irrupción de la pandemia] -difícilmente replicable en otras circunstancias procesales más comunes- reclama una solución jurisdiccional acorde. Como ilustra el señor Juez doctor de Lázzari en la causa de la Suprema Corte de Justicia C. 119.234 "L., M.G." [sent. de 06-04-2016], en estos supuestos el órgano jurisdiccional está legítimamente investido de la facultad de reencauzar de oficio una petición defectuosa, a través del carril procesal que estime más adecuado para tramitarla, ya que la reconducción procesal es la operación por medio de la cual el juez de oficio inserta una petición de parte en la vía procesal que resulta legalmente adecuada para sustanciarla. Y agrega el señor Ministro que el fundamento de todo ello se vincula con el principio del iura novit curia (art. 163 inc. 6, C.P.C.C.), pues el juez debe tramitar y dirimir los conflictos según el derecho aplicable, supliendo las fallas de las partes, a cuyo fin debe calificar tanto la relación jurídica material como la relación jurídica procesal, al margen del nomen iuris utilizado a su respecto, brindando el trámite ritual que cabe a cada caso concreto, teniendo en cuenta el poder de dirección que incumbe al órgano judicial (arts. 34 y 36 C.P.C.C.), y la facultad que le asiste para determinar el tipo de proceso a aplicar en cada caso (arg. arts. 319, 321, 322, ídem); se suma a ello la vigencia del principio de economía procesal (art. 34 inc. 5, e) y fundamentalmente la tutela judicial efectiva (art. 15 de la Constitución provincial) así como la instrumentalidad de las formas (art. 169 C.P.C.C.). Cierra su alocución el señor Juez doctor de Lázzari advirtiendo, sin embargo, que esta facultad no es ilimitada pues no podría el juez variar la causa o el objeto de la petición.
Adoptando el criterio expuesto y advirtiendo que la urgencia que denota la atención del cuadro de salud descripto en la acción pudo influir en la estrategia procesal adoptada por la actora, cuyo efecto no deseado haya sido la ausencia de contornos entre el objeto de la acción y el contenido del mandato cautelar peticionado, juzgo que el trámite que mejor se adecua para asegurar el derecho constitucional de petición, sería el de una medida autosatisfactiva, con los recaudos que seguidamente se exponen.
2.2. Las medidas autosatisfactivas –como instituto procesal de gesta doctrinaria y jurisprudencial- han sido concebidas como soluciones urgentes, no cautelares, despachables in extremis, que procuran aportar una respuesta jurisdiccional adecuada a aquellas situaciones que reclaman una pronta y expedita intervención del órgano judicial, cuya característica esencial radica en que su vigencia y mantenimiento no dependen de la interposición coetánea o ulterior de una pretensión principal (cfr. doct. Cámara de Apelación Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mar del Plata, Sala II in re “Rivas”, sent. del 27-IV-2000; Sala I in re “Cafiero y Pollio S.A.”, sent. del 7-IX-2006), toda vez que su concesión constituye una suerte de decisión de mérito sobre cuestiones que no hallarán, en principio, otro espacio para su debate (cfr. doct. C.S.J.N., Fallos 323:3075; 330:5251).
En ese sentido se ha dicho que la medida autosatisfactiva concede una tutela definitiva e irreversible, en una actuación autónoma que –debido a la propia naturaleza del pedimento incoado- se agota en sí misma. No es accesoria, ni está subordinada a otro proceso. Ella se da en el marco de un proceso urgente, en el cual, el órgano jurisdiccional, al satisfacer la pretensión que le diera nacimiento, cumple acabada y totalmente con su obligación pública de prestar el servicio de justicia, obligación que también se extingue en el caso, cerrándose el proceso con aquella sentencia definitiva e irreversible y, por ende, con autoridad de cosa juzgada (cfr. S.C.B.A. causa Ac 92.711 “Fanessi”, sent. del 26-09-2007, por mayoría de fundamentos; esta Cámara causa C-3089-MP1 "Maldonado", sent. del 25-09-2012).
Consecuentemente, dado que su otorgamiento implica el dictado inmediato de la sentencia de mérito, deben ser justipreciadas con un criterio sumamente restrictivo (cfr. doct. C.S.J.N. Fallos 323:3075; Cámara de Apelación Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mar del Plata, Sala II in re “Maidana”, sent. del 11-03-2004), por lo que nos encontramos ante un proceso autónomo de neto carácter excepcionalísimo (cfr. doct. Cámara de Apelación Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mar del Plata, Sala I in re “Consorcio de Propietarios Bolívar”, sent. del 8-07-2005).
En orden a dichas particularidades, la jurisprudencia ha extremado los requisitos de procedencia de este tipo de medidas, como bien lo resaltó esta Alzada en la causa C-9686-MP1E "Luenzo" [sent. de 18-08-2020].
Así, se ha sostenido reiteradamente que su dictado está sujeto a la existencia de una fuerte probabilidad de que el derecho del postulante sea atendible –casi certeza- y no a la mera verosimilitud con la que se contentan las diligencias cautelares (cfr. doct. Cámara de Apelación Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mar del Plata, Sala I in re “Bedoya”, sent. del 20-05-2003; “Pietropaolo”, sent. del 26-02-2004 -entre otros-; Cámara de Apelación Contencioso Administrativo con asiento en San Martín in re “Karagozian”, sent. del 19-07-2007); por lo que, en aquellos casos en los que la dilucidación del derecho esgrimido por el accionante requiera de un cierto grado de verificación probatoria, la vía autosatisfactiva resultará inadmisible (cfr. Cámara de Apelación Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mar del Plata, Sala II in re “Yane”, sent. del 19-08-2003).
A lo dicho, debe adicionarse la existencia de una situación de urgencia impostergable, caracterizada por la concurrencia de un peligro serio y concreto que comprometa intrínsecamente de modo palmario, notorio y ostensible la subsistencia del derecho pretendido si se demora en la decisión; en otras palabras, la llamada “irreparabilidad del perjuicio” que se derivaría de canalizar el reclamo por las vías procesales existentes (cfr. doct. Cámara de Apelación Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Martín, Sala II in re “Cruz Roja Argentina”, sent. del 4-02-2003; Cámara de Apelación Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mar del Plata, Sala II in re “Yane” supra citada, entre muchos otros; Cámara Nacional Contencioso Administrativo Federal, Sala III in re “Galeri”, sent. del 22-08-2006).
En suma, este carril está exclusivamente reservado para aquellos supuestos en los que la lesión al interés o al derecho subjetivo invocado sea de tal magnitud y evidencia que, a simple vista, demuestre la ausencia de necesidad de acudir a las vías ordinarias disponibles al efecto (cfr. doct. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Quilmes, Sala I in re “Quarter Land”, sent. del 13-07-2006; doct. esta Cámara causa C-8940-MP1 "Rivero", sent. de 18-02-2020).
2.3. En orden a dichos parámetros –y sin entrar en el debate acerca de la existencia o no como figura procesal autónoma de las denominadas “medidas autosatisfactivas”-, considero que cabría aquí otorgar una respuesta jurisdiccional a la actora acorde a la presencia de los recaudos de procedencia de este tipo de solución procesal al entuerto. Aunque no queda claro si los miembros de la Suprema Corte de Justicia provincial, en toda circunstancia, ven con disfavor este instituto [cfr. a modo de ejemplo de posturas encontradas las causas C. 119.234 citada supra y A. 74.076 "Sanabria", sent. de 06-11-2019], juzgo que en el presente contexto resulta la herramienta procesal idónea.
2.3.1. Así, en cuanto a "la fuerte probabilidad de que el derecho de la postulante sea atendible", la considero acreditada.
Con la documentación acompañada al escrito inicial, la accionante hubo probado que: [i] el ente accionado, en su sitio web oficial, exterioriza que solo prevé la recepción de documentación exigida para iniciar el trámite de pensión perseguido por la actora para su hijo discapacitado en forma presencial en los lugares que allí se individualizan; [ii] la demandante hubo requerido por carta documento al Instituto de Previsión Social se le informe lugar donde el ente oficial recibirá la documentación que se debe presentar para el inicio del trámite de pensión; [iii] la mentada intimación epistolar fue llevada a cabo luego de que le fuera informada a la actora en la línea telefónica de consulta del accionado que el Centro de Atención Personalizada del I.P.S. sito en General Pueyrredon se encuentra cerrado por la pandemia y que el referido trámite de pensión no puede ser iniciado a través de la página web oficial del Instituto; [iv] a pesar de haber sido intimado, la dependencia previsional no hubo adoptado ninguna medida que le permitiera canalizar su petición.
Para más, nada de lo que aquí se decida impactará sobre la procedencia o no de lo que, en sustancia, es el fin último perseguido por la demandante con el trámite administrativo que no ha podido iniciar. En todo caso, no solo la suerte que obtenga su petición administrativa, una vez que pueda articularla, sino también los tiempos que pudiera demandar su completa tramitación en aquella sede, no son cuestiones cuyo abordaje resulte habilitado, sin más, a través de esta excepcionalísima vía y en el contexto pretensional que se emite este voto. En suma, mal podría pensarse que en este caso el organismo provincial haya asegurado a la accionante el ejercicio del derecho constitucional de peticionar ante las autoridades, lo que sumado a las razones de salud expuestas en la carta documento remitida al ente, patentiza un escenario de obstaculización gravosa al referido derecho constitucional que torna altamente verosímil el interés de la demandante en recurrir a la jurisdicción en busca de una respuesta que derribe el referido valladar. Reitero aquí que la actora hubo acreditado una previa conducta extrajudicial pro-activa para vencer las barreras, aunque con nulo resultado a la fecha; ello descarta cualquier cuestionamiento que la accionada pudiera blandir, sea una prematura concurrencia de la demandante a los estrados judiciales en la búsqueda de un resultado ni siquiera peticionado previamente a la Administración, sea el dictado de un mandato judicial que hubiera desbordado el cuadro fáctico descripto en el escrito de inicio que, a la fecha, no es otro que una imposibilidad material de peticionar ante el organismo con competencia para resolver un reclamo de beneficio de pensión especial.
2.3.2. También media en la especie la existencia de una situación de urgencia impostergable. Con el escrito de demanda se acompaña captura de pantalla de la página oficial del Instituto accionado, mediante la cual se informa que todos los beneficiarios del organismo cuenta con cobertura médico asistencial del Instituto de Obra Médico Asistencial de la Provincia, practicado que sea el descuento del 4,8% del haber.
La actora en su escrito inicial vincula adecuadamente la urgencia de obtener la apertura de un canal para articular su petición del beneficio de pensión para su hijo discapacitado [derecho de petición obstaculizado, como se expusiera supra] con la posibilidad, de ser acordado tal beneficio, de contar con la cobertura médica que brinda el otro organismo provincial con competencia en la materia para que el menor reciba los tratamientos imprescindibles para la atención de sus patologías. Si bien podría decirse que aquella ulterior finalidad de cobertura médica se encuentra subordinada a la admisión del pedido de pensión -tema que excede este proceso-, también es cierto que cuanto más se dilate la presentación de la documentación necesaria para el inicio del trámite administrativo correspondiente a ese beneficio, mayor tiempo discurrirá sin saberse si el menor discapacitado obtendrá el beneficio previsional especial y, con ello, la cobertura médica que brinda el I.OM.A. a los afiliados al I.P.S.
3. Con todo, el excepcional contexto administrativo ponderado y las particularísimas aristas del caso justifican reencauzar el pedimento del 31-07-2020 como una medida autosatisfactiva que -sin inmiscuirse en torno a la suerte sustantiva del pedimento referido a la pensión excepcional que persigue la actora para su hijo discapacitado ni en los tiempos de su trámite- le asegure un canal que iniciar el mentado trámite frente al escenario de obstaculización del derecho constitucional de petición ante las autoridad que ha logrado acreditar la accionante en la presente causa.. Por ello, soy de la opinión que la solución que mejor se adecua a todo lo aquí relevado es la emisión por la jurisdicción de un mandato con carácter de sentencia definitiva por el cual se obligue al Instituto de Previsión Social para que en el término de tres (3) días de notificada, ponga en conocimiento por medio fehaciente a la actora: [i] el lugar físico sito en la ciudad de Mar del Plata -ciudad de residencia del menor discapacitado- donde habrá de recibirse no solo su petición de beneficio previsional en favor de su hijo discapacitado, sino también la documentación requerida para ello [art. 6 ley 10.205, t.o. ley 11.968] y [ii] el modo, tiempo y lugar en la que se realizará la encuesta social que prevé el art. 13 de la ley 10.205.
II. Si lo expuesto es compartido, propongo al Acuerdo hacer lugar al recurso de apelación de la parte actora, dejar sin efecto el pronunciamiento de grado recurrido y, ejerciendo jurisdicción positiva, reencauzar el pedimento formulado el 31-07-2020 como una medida autosatisfactiva -sin inmiscuirse en torno a la suerte sustantiva del pedimento referido a la pensión excepcional que persigue la actora para su hijo discapacitado ni en los tiempos de su trámite- condenando al Instituto de Previsión Social para que en el término de cinco (5) días hábiles de notificado del presente pronunciamiento mediante oficio electrónico dirigido al señor Fiscal del Estado, ponga en conocimiento a la actora, por medio fehaciente, sobre: [i] el lugar físico sito en la ciudad de Mar del Plata -ciudad de residencia del menor discapacitado- donde habrá de recibirse no solo su petición de beneficio previsional en favor de su hijo discapacitado, sino también la documentación requerida para ello [art. 6 ley 10.205, t.o. ley 11.968] y [ii] el modo, tiempo y lugar en la que se realizará la encuesta social que prevé el art. 13 de la ley 10.205. Las costas de todo el presente proceso, atento la reconversión ordenada y las particularidades del caso, deberían ser fijadas en el orden causado [art. 68 del C.P.C.C.].
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor Ucín, por idénticos fundamentos a los brindados por el señor Juez doctor Riccitelli, vota a la cuestión planteada por la afirmativa.
De conformidad a los votos precedentes, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, dicta la siguiente:
1. Por mayoría de fundamentos concordantes, hacer lugar al recurso de apelación de la parte actora, dejar sin efecto el pronunciamiento de grado recurrido y, ejerciendo jurisdicción positiva, reencauzar el pedimento formulado el 31-07-2020 como una medida autosatisfactiva -sin inmiscuirse en torno a la suerte sustantiva del pedimento referido a la pensión excepcional que persigue la actora para su hijo discapacitado ni en los tiempos de su trámite-, condenando al Instituto de Previsión Social para que en el término de cinco (5) días hábiles de notificado del presente pronunciamiento mediante oficio electrónico dirigido al señor Fiscal del Estado, ponga en conocimiento a la actora, por medio fehaciente, sobre: [i] el lugar físico sito en la ciudad de Mar del Plata -ciudad de residencia del menor discapacitado- donde habrá de recibirse no solo su petición de beneficio previsional en favor de su hijo discapacitado, sino también la documentación requerida para ello [art. 6 ley 10.205, t.o. ley 11.968] y [ii] el modo, tiempo y lugar en la que se realizará la encuesta social que prevé el art. 13 de la ley 10.205. Las costas de Alzada se imponen en el orden causado (art. 68 del C.P.C.C.)
2. Diferir la regulación de honorarios de Alzada para su oportunidad.
Regístrese, notifíquese y ofíciese al Fiscal de Estado conforme lo en la RESO-2020-100-GDEBA-FDE y su modificatoria RESO-2020-103-GDEBA-FDE. Fecho, devuélvanse las actuaciones al Tribunal de origen por Secretaría.
Fin de la sentencia